Sentencia T-530 de 2019

T-530-19 Sentencia T-530/19 ACCION DE TUTELA CONTRA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS MIGRATORIAS-Procedencia excepcional La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela, excepcionalmente, puede proteger los derechos que puedan verse afectados por las medidas administrativas migratorias, en razón al mayor grado de idoneidad y eficacia que este medio puede adquirir frente a las medidas cautelares dispuestas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así lo ha determinado esta Corte, al tener en cuenta que: (i) mientras el fallo de tutela, por regla general, produce efectos definitivos, las providencias que decretan cualquiera de las medidas cautelares de las que trata el CPACA, surten efectos transitorios; y (ii) el tiempo legal establecido para la resolución de la medida cautelar, que puede tardar más de diez (10) días[39], excede los límites temporales perentorios en los que se debe resolver una acción de tutela, para lo cual, “[e]n ningún caso podrán trascurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”[40]. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN MATERIA MIGRATORIA-Alcance En el caso concreto de los deberes consagrados en el régimen migratorio y las posibles consecuencias que se derivan de su incumplimiento, la Corte ha reiterado que si bien es cierto el Estado tiene la potestad para definir la permanencia del extranjero en el territorio nacional con el fin de salvaguardar fines constitucionales imperiosos (ver infra, sección II.E), también lo es que el ejercicio de esta atribución exige el cumplimiento de las garantías que se desprenden del derecho fundamental al debido proceso. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN MATERIA MIGRATORIA-Etapas DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE MIGRANTES-Autoridad migratoria está en la obligación de motivar adecuadamente acto administrativo que sanciona al extranjero con la medida de deportación o expulsión La Corte ha señalado que la motivación de las decisiones es una de las facetas del derecho fundamental al debido proceso, cuya satisfacción no se reduce a la presentación de argumentos ligados a la aplicación formal de las normas, sino que, por el contrario, exige la exposición de razones suficientes que expliquen de manera clara, detallada y precisa el sentido de la determinación adoptada. Este mandato, lejos de oponerse a la facultad discrecional que tiene el Estado para permitir el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio colombiano, se articula con el deber de garantizar los derechos fundamentales a estas personas, al margen de que su situación migratoria sea legal o irregular. DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE MIGRANTES-Obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos fundamentales de los extranjeros El marco constitucional reconoce que, sin importar la condición legal o irregular del extranjero, el Estado debe garantizar en los procedimientos administrativos sancionatorios que se adelantan por infracciones al régimen migratorio, que eventualmente finalizan con medidas de deportación o expulsión, los componentes estructurales del derecho al debido proceso. En caso contrario, la autoridad migratoria vulnera el derecho al debido proceso del extranjero afectado por la sanción, al imponer una decisión que es producto, no de la facultad discrecional y de la soberanía estatal, sino de la arbitrariedad y capricho del funcionario. De esta forma, conforme a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, la determinación y graduación de la sanción por infracciones al régimen migratorio debe estar precedida por el cumplimiento de las etapas procesales descritas y el análisis detallado de las circunstancias personales de cada sujeto, entre estas, factores como la unidad familiar y el riesgo que implica para el extranjero regresar al país de origen. DERECHOS DEL NIÑO A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE ELLA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN MATERIA MIGRATORIA-Alcance Desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional, el Estado tiene el deber de garantizar el interés superior del menor durante todo el trámite administrativo sancionatorio de carácter migratorio, de manera que se maximicen los mandatos constitucionales que protegen los derechos fundamentales de los niños y las niñas a la unidad familiar y a tener una familia y no ser separados de ella. Lo anterior, supone para la autoridad migratoria el deber de evaluar de forma detallada y diligente los eventuales vínculos naturales o jurídicos de paternidad o maternidad que la persona extranjera involucrada mantenga en el país con menores. En todo caso, se aclara que este análisis sobre la unidad familiar, de ninguna manera se sobrepone al ineludible deber de las autoridades por proteger el interés público y asegurar la vigencia de un orden justo, ni a las consecuencias que se derivan para el extranjero que ha incumplido con los deberes y obligaciones impuestos por la Constitución y la ley. Por ello, la Corte ha señalado que el hecho de que los menores hijos de los extranjeros sean nacionales colombianos no les confiere a sus padres, ipso iure, el derecho a una permanencia legal y automática en el país, sin el previo cumplimiento de los requisitos que el ordenamiento jurídico les impone. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN MATERIA MIGRATORIA-Vulneración por cuanto en orden de deportación no se tuvo en cuenta vínculo paterno que accionante sostiene con su menor hijo, nacido en territorio colombiano Referencia: Expediente T-7.224.482 Acción de tutela interpuesta por Tirso Oriol Duarte Lescay, por intermedio de apoderado y en representación de su menor hijo Luciano Duarte León, contra la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO Bogotá D.C., doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES A. LA DEMANDA DE TUTELA 1. El ciudadano cubano Tirso Oriol Duarte Lescay, actuando por intermedio de apoderado judicial y en representación de su menor hijo Luciano Duarte León, interpuso acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (en adelante, “Migración Colombia”), solicitando la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la familia y el derecho de los niños a tener una familia y no ser separados de ella, los cuales considera que fueron vulnerados por la entidad accionada al haber expedido la Resolución de junio veintidós (22) de dos mil diecisiete (2017), confirmada por las Resoluciones de septiembre veintisiete (27) del mismo año y de junio doce (12) de dos mil dieciocho (2018), por medio de las cuales fue sancionado con la medida de deportación y la prohibición de ingresar a este país por el término de tres (3) años. 2. Por lo anterior, formuló ante el juez de tutela las siguientes pretensiones: (i) conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, (ii) dejar sin efectos la resolución por medio de la cual se ordenó la deportación del accionante. De manera subsidiaria, solicitó que se ordenara a la entidad accionada suspender de inmediato los efectos del acto administrativo sancionatorio “hasta tanto se resuelva la controversia en sede de medio de control”[1]. Adicionalmente, solicitó como medida provisional la suspensión de los efectos del acto administrativo que ordenó la deportación hasta tanto se resolviera la acción de tutela. B. HECHOS RELEVANTES 3. Manifestó el apoderado judicial que el ciudadano cubano Tirso Oriol Duarte Lescay, de 41 años[2], es cantante y músico de profesión, con una carrera artística de más de veinte (20) años de experiencia y recorrido. Por este motivo, desde el año 1999 ha ingresado y salido de Colombia en múltiples ocasiones con visa de trabajo. 4. Refirió que, en el año 2012, mientras se encontraba en una presentación en la ciudad de Cali, el accionante conoció a la ciudadana colombiana Helen Elisa León Mesa, con quien afirmó contrajo matrimonio. Por ello, decidió radicarse en este país, cambiando su visa de trabajo por una visa de cónyuge de nacional colombiano, que le fue otorgada en dos ocasiones. De dicha unión nació el menor de edad Luciano Duarte León, el dieciocho (18) de febrero de 2015[3]. Tras el nacimiento de dicho menor, el actor inició los trámites para obtener la visa de residente. 5. Manifestó que, en octubre del año 2015, el accionante y su cónyuge decidieron de común acuerdo terminar la relación y separarse de hecho. Informó que en la actualidad la custodia del menor Duarte León está a cargo del tutelante, en razón a que la señora León Mesa (madre) se encuentra privada de la libertad en Estados Unidos de América, por el delito de “tráfico sexual”[4]. 6. Mediante Auto No.20167080118515 del veinticuatro (24) de octubre de 2016, el Director Regional Occidente de Migración Colombia ordenó dar apertura a la actuación administrativa en contra del accionante, con el objeto de verificar si había inducido a error al Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la presentación de un Registro Civil de Matrimonio “espurio”, para obtener las visas que le fueron expedidas el ocho (8) de febrero de 2013 y el siete (7) de enero de 2014[5]. 7. Agotadas las etapas del procedimiento administrativo de carácter migratorio, mediante Resolución No.20177080010676 de junio veintidós (22) de 2017, el Director Regional Occidente de Migración Colombia sancionó al actor por haber incurrido en la causal de deportación prevista en el numeral 4 del artículo 2.2.1.13.1.2 del Decreto 1067 de 2015[6], esto es, por haber obtenido “una visa mediante fraude al presentar un Registro Civil de Matrimonio espurio que indujo a error al Ministerio de Relaciones Exteriores para su legalización y permanencia en el territorio colombiano.” En consecuencia, resolvió (i) deportar al ciudadano cubano; y (ii) prohibir su ingreso a este país por el término de tres (3) años, contados desde la fecha de su salida, advirtiendo que solo podrá regresar con una visa otorgada por las oficinas consulares de Colombia. Para tal efecto, (iii) dispuso que se expidiera a nombre del sancionado el salvoconducto necesario para salir del país[7]. Así mismo, (iv) dispuso compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación “con el fin de que investigue la ocurrencia del presunto delito de falsedad en documentos”[8]. El accionante, por intermedio de apoderado judicial, formuló recurso de reposición, en subsidio apelación, contra esta decisión. 8. Mediante Resolución No.20177080016406 de veintisiete (27) de septiembre de 2017, el Director Regional Occidente de Migración Colombia confirmó la resolución cuestionada, al considerar que (i) las pruebas solicitadas por el apoderado fueron rechazadas de manera razonable por falta de pertinencia y conducencia; (ii) el principio de buena fe quedó desvirtuado, en tanto el extranjero no actuó con un mínimo de prudencia y cuidado al iniciar los trámites de la visa con base en un registro civil de matrimonio falso; y (iii) en la sentencia T-215 de 1996, la Corte Constitucional estableció que si bien prevalece el interés superior de los niños, esto no resulta compatible con los casos en que se comete una acción fraudulenta, tal y como ocurre en el asunto bajo estudio[9]. 9. Por medio de la Resolución No.20185020000296 de doce (12) de junio de 2018, la Subdirectora de Verificación Migratoria de la entidad accionada, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la resolución del veintisiete (27) de septiembre de 2017, argumentando que, con independencia de la culpabilidad en la comisión de la conducta, se presentó el registro de un matrimonio inexistente para el trámite de la visa. Agregó que “la aplicación de la sanción fue proporcional, objetiva y razonable, teniendo en cuenta las condiciones personales favorables [del accionante], entre ellas lo que respecta a la existencia de su menor hijo, no obstante que la unidad y continuidad de la familia de origen del menor fu[e] y se mantiene en estado de separación tal y como lo confiesa [el actor] (folio 64) y así fue verificado”[10]. 10. El apoderado informó que el ciudadano cubano residía en la ciudad de Cali, en compañía de su núcleo familiar integrado por su compañera permanente Katherine Trochez Gordillo y su menor hijo Luciano Duarte León. En el momento que Migración Colombia resolvió imponer la medida de deportación, el accionante se encontraba en una gira artística por España, la cual interrumpió para regresar al país, sin embargo, no fue posible por decisión de las autoridades migratorias[11]. 11. Por lo anterior, el cinco (5) de octubre de 2018[12], el señor Tirso Oriol Duarte Lescay interpuso, por intermedio de apoderado y en representación de su menor hijo, acción de tutela contra Migración Colombia. Además de reiterar los argumentos expuestos en los recursos de reposición y apelación, alegó que el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter migratorio “estuvo plagad[o] de irregularidades pues el suscrito (…) durante la etapa probatoria solicito [sic] la práctica de testimonios, y aporto [sic] documentos que además de demostrar que mi poderdante no es responsable de ninguna infracción a la normatividad migratoria, pretendían demostrar que el mismo es padre de un menor de edad colombiano y que es él quien en la actualidad asume todos los gastos de MANUTENCIÓN, EDUCACIÓN y la CUSTODIA del menor LUCIANO DUARTE LEON, pues su madre la señora HELEN ELISA LEON MESA, se encuentra privada de la libertad en los Estados Unidos de América (….)”[13]. 12. Con base en lo anterior, solicitó que se concediera el amparo de los derechos fundamentales invocados (ver supra, numeral 1) y, en consecuencia, se accediera a las pretensiones mencionadas con antelación en el numeral 2 de esta sentencia. C. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 13. La Jefe de la Oficina Jurídica de Migración Colombia, solicitó que se negaran las pretensiones del accionante, bajo el argumento que existen otros mecanismos judiciales ordinarios ante el juez administrativo, mediante los cuales el extranjero puede solicitar la protección de los derechos invocados. Además, manifestó que la entidad desarrolló el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en la ley y bajo el pleno respeto de las garantías constitucionales. En ese sentido, señaló que el accionante, a través de su apoderado, fue notificado de todas las etapas e intervino para ejercer su derecho de defensa y contradicción[14], de tal manera que no existió violación de derechos fundamentales. D. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN Primera instancia: sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali, Valle del Cauca, el veintidós (22) de octubre de 2018 14. El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali, Valle del Cauca, resolvió tutelar provisionalmente el derecho a la unidad familiar del menor de edad Luciano Duarte León, al considerar que estaba expuesto a la configuración de un perjuicio irremediable, debido a que su padre fue deportado del país, a pesar de que es el único que se ocupa de su cuidado. Para el juez de primera instancia, Migración Colombia dejó de estudiar esta circunstancia y, en efecto, desconoció que los derechos de los menores de edad y la unidad familiar “prevalecen sobre los de los demás”. 15. En consecuencia, resolvió amparar provisionalmente y por un lapso de seis (6) meses a partir del ingreso al país del accionante, “la permanencia en Colombia, para proteger el derecho a la unidad familiar y demás inherentes al [hijo del actor]”. En consecuencia, ordenó suspender por ese mismo lapso, los efectos de la resolución que impuso la medida de deportación, para que el extranjero ingresara al país y acudiera ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver su situación migratoria, “sin que su regular permanencia se vea sometida al pago de ninguna sanción y atienda sus deberes familiares”. Impugnación 16. Migración Colombia recurrió la decisión de primera instancia, reiterando que la acción de tutela es improcedente porque el actor tiene a su disposición mecanismos judiciales ordinarios para reclamar la protección de sus derechos. Así mismo, advirtió que la orden impuesta por el juez de primera instancia representa un riesgo para la seguridad nacional, en tanto el extranjero obtuvo la visa de residente mediante la inducción a error del Ministerio de Relaciones Exteriores. Segunda instancia: sentencia proferida por la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Valle del Cauca, el once (11) de diciembre de 2018 17. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revocó el fallo dictado por el juez de primera instancia, y en su lugar, negó el amparo de los derechos invocados. Argumentó que la acción de tutela no era procedente, en razón a que el accionante “cuenta con otros mecanismos para el restablecimiento de sus derechos y así obtener la suspensión del acto administrativo y de forma definitiva la revocatoria de éste (…)”. Agregó que este mecanismo de defensa judicial tampoco procede de forma transitoria porque no existía prueba de un perjuicio irremediable. En concreto, manifestó que “no hay prueba que efectivamente el menor se encuentra en absoluto abandono (…), tampoco hay prueba que no exista familiares (…) que deban suplir a sus padres hasta tanto el padre realice las diligencias ante el Juez Natural (…)”. E. ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL 18. Mediante auto del veinte (20) de mayo de 2019, el Magistrado sustanciador, a fin de recaudar pruebas para mejor proveer, requirió al apoderado judicial del accionante, a Migración Colombia y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que suministraran información relacionada con los hechos objeto del proceso. Información allegada por Oscar Dicar Lizarazo Castillo, apoderado judicial del señor Tirso Oriol Duarte Lescay 19. El apoderado judicial del accionante, en atención a lo dispuesto en el auto de pruebas, aportó copia del poder especial para actuar en sede de revisión ante la Corte[15] y suministró la siguiente información: a. En cuanto a la situación actual del señor Duarte Lescay, informó que (i) se encuentra domiciliado en la ciudad de Cali, Valle del Cauca; (ii) la medida de deportación impuesta en su contra está vigente; (iii) por lo que, considera que es imposible realizar cualquier trámite administrativo tendiente a regularizar su situación en territorio colombiano. b. Manifestó que el menor Luciano Duarte León reside en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, en compañía de “su bisabuela BLANCA JAIDIVE CARDONA DÍAZ, (…) su abuela ADRIANA MERCEDES MESA CARDONA, (…) de profesión independiente, su hermana de madre, la menor NAISHA DUQUE LEÓN, de profesión estudiante y su padre TIRSO ORIO DUARTE LESCAY, de profesión Artista y/o Cantante.”[16]. Informó que los ingresos del hogar provienen de los recursos que aporta el accionante, quien figura como cotizante en la E.P.S. Salud Total y tiene afiliados como beneficiarios a sus dos hijos menores. c. Adujo que, si bien la situación familiar, personal, social y de salud del menor Luciano Duarte León no es la mejor por la ausencia de su madre, en todo caso, se encuentra estable gracias a la relación que mantiene con su padre, su bisabuela y su abuela. En ese sentido, informó que la custodia del niño está en cabeza del accionante y que no han iniciado acciones legales ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o la Comisaria de Familia de Cali. d. Señaló que el accionante no ha activado el medio de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. e. Refirió que, con relación a la compulsa de copias ordenada en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad en documento público, no encontró radicado alguno en el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cali. Por otro lado, señaló que la Fiscalía 67 Seccional de Cali fue la asignada para dar impulso a la denuncia penal que presentó por haber sido víctima del fraude en el registro de su matrimonio, actuación que se encuentra en etapa de indagación[17]. f. Informó el apoderado judicial que ha presentado dos acciones de tutela, en representación del accionante, contra Migración Colombia. La primera, motivada por el rechazo de todas las solicitudes de práctica de pruebas en el procedimiento administrativo de carácter migratorio[18]. La segunda, por los hechos que ahora ocupan la atención de la Corte. g. Por último, manifestó que, en consideración a que el actor sale con frecuencia del país para atender compromisos profesionales, previeron de mutuo acuerdo mantener poder especial para actuar firmado y autenticado, para que en caso de que él estuviera de gira y fuera necesario interponer acción de tutela, el apoderado pudiera hacerlo[19]. Información allegada por Migración Colombia 20. En respuesta al requerimiento realizado por la Corte, Migración Colombia remitió en formato digital copia íntegra del expediente administrativo migratorio del accionante[20] y copia del informe rendido por la Regional Occidente de Migración Colombia, el veintinueve (29) de mayo de 2019, con relación al procedimiento sancionatorio que concluyó con la medida de deportación. Así mismo, respondió a los interrogantes formulados en el auto de pruebas, de la siguiente manera: a. ¿Migración Colombia indagó y/o investigó acerca de la situación familiar y personal del accionante y de su hijo menor, previo a la expedición del acto administrativo sancionatorio? La entidad manifestó que “conocía que el extranjero tiene un hijo colombiano menor de edad; se indagó la situación familiar de este, siendo informados por parte de la madre del menor que él se encontraba bajo su cuidado y el de su abuela materna.”[21]. b. ¿De qué forma fue tenido en cuenta el vínculo familiar entre el accionante y su hijo menor, así como la presunta ausencia de familia cercana que pudiera cuidar de aquel, en el trámite del procedimiento administrativo sancionatorio de naturaleza migratoria y en la determinación de la sanción de deportación? La entidad afirmó que el vínculo entre el actor y su hijo “no era muy estrecho, debido a que el menor NO se encontraba bajo el cuidado de su padre, sino el de su madre y abuela materna”[22]. Ello, entre otras razones, porque el accionante por su profesión de músico se encuentra “continuamente fuera del país”. Por este motivo, consideró que la medida de deportación por tres (3) años, es proporcional, objetiva y razonable respecto de la infracción cometida, y no desconoce el derecho a la unidad familiar. c. ¿Cuáles son los criterios jurídicos que Migración Colombia aplica en el marco de los procesos administrativos sancionatorios por infracciones a la normatividad migratoria, para garantizar los derechos de los niños y las niñas a tener una familia y a no ser separados de ella? La entidad señaló que los criterios jurídicos y jurisprudenciales aplicados por la Regional Occidente de Migración Colombia son los establecidos por la Corte en la sentencia T-215 de 1996. Además, manifestó que, en el caso concreto, actuó conforme a los lineamientos previstos en la Resolución No.714 de 2015, pues valoró el grado de la infracción del actor y verificó las circunstancias del núcleo familiar de su menor hijo, con el fin de determinar con quienes convivía, y de esa forma garantizar su derecho a la unidad familiar. En virtud de tales averiguaciones, constató que el niño reside con su abuela materna, quien manifestó que el extranjero visita esporádicamente a su hijo y que los aportes económicos que este realiza son insuficientes para su manutención[23]. Por lo anterior, afirmó que no se viola el derecho a la unidad familiar del menor. d. Con relación a la ubicación actual del accionante, la entidad informó que este realizó inmigración al país el veintiuno (21) de noviembre de 2018 por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, y la última dirección de contacto es en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. e. En cuanto al estado actual de la compulsa de copias ordenada por Migración Colombia contra el accionante por la presunta comisión del delito de falsedad en documento público, informó que la entidad se encuentra adelantando los trámites correspondientes para entregar la información a la Fiscalía General de la Nación. Información allegada por el Ministerio de Relaciones Exteriores 21. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en respuesta a la información requerida por la Corte, además de aportar la copia de las actuaciones administrativas de las solicitudes de visas presentadas por el actor, manifestó lo siguiente: a. Informó que este Ministerio ha expedido dos (2) tipos de visa al accionante. La primera le fue autorizada el siete (7) de enero de 2014, con vigencia hasta el seis (6) de enero de 2017, tipo TP-10, equivalente hoy a Visa Migrante por vínculo con nacional colombiano, estado actual: vencida. La segunda le fue otorgada el siete (7) de enero de 2014, en calidad de Residente con fecha de vigencia de la etiqueta hasta el once (11) de octubre de 2020; sin embargo, el estado actual es cancelada por deportación. Agregó que no se encuentran más solicitudes de visas a nombre del accionante[24]. b. Refirió que los requisitos comunes para cualquier tipo de solicitud de visa están establecidos en el artículo 36 de la Resolución 6045 de 2017 y los requisitos específicos para la visa Migrante por Vínculo Marital (cónyuge o compañero permanente de nacional colombiano) están previstos en el artículo 43 de la resolución precitada[25]. Adicionalmente, realizó una descripción del trámite para las solicitudes de visas. c. En lo que respecta al trámite de la visa Migrante por cónyuge o compañero permanente nacional colombiano, informó que el registro civil de matrimonio debe ser presentado en copia auténtica, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Resolución 6045 de 2017. Este documento y los demás exigidos para la expedición de la visa son sometidos a diferentes procesos de verificación, tales como la entrevista a los cónyuges, la revisión del historial migratorio del extranjero, entre otros, que permiten evidenciar la affectio maritalis y no el compromiso con fines migratorios. 22. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por este despacho en el auto de pruebas del veinte (20) de mayo de 2019, la Secretaría General de esta Corte puso a disposición de las partes o terceros con interés la información allegada en sede de revisión. En respuesta a lo anterior, el apoderado judicial del actor intervino a fin de ratificar los argumentos que sustentan la solicitud de amparo[26]. II. CONSIDERACIONES A. COMPETENCIA 23. Esta Corte es competente para conocer de estas acciones de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del Auto del quince (15) de marzo de 2019, notificado el primero (1°) de abril del mismo año, expedido por la Sala de Selección de Tutela Número Tres de esta Corte, que decidió seleccionar para revisión el proceso de la referencia. B. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA 24. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional dictada en la materia[27] y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual solo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto. Así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, el accionante deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[28]. 25. Antes de realizar el estudio de fondo de la acción de tutela seleccionada, la Sala procederá primero a verificar si esta cumple los requisitos formales de procedibilidad. Procedencia de la acción de tutela – Caso concreto 26. Legitimación por activa: Al regular la acción de tutela, la Constitución establece quiénes son los legitimados para interponerla. Dice al respecto el artículo 86: “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar […], por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales” (Subrayado fuera del texto original). En desarrollo de esta norma, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 reguló las distintas hipótesis de legitimación en la causa por activa, de la siguiente forma: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos” (Subrayado fuera de texto original). 27. Con base lo anterior y en cuanto a la posibilidad que tiene el extranjero de interponer la acción de tutela, la Corte en la sentencia T-250 de 2017 señaló que, la legitimación en la causa por activa radica en el titular de los derechos fundamentales que se consideren vulnerados o amenazados, sin distinción alguna por razones como, por ejemplo, la nacionalidad o la ciudadanía, lo que indica que un extranjero puede hacer uso de ella[29]. 28. En el caso concreto, la acción de tutela que se revisa fue presentada por el señor Tirso Oriol Duarte Lescay, por intermedio de apoderado judicial y en representación de su mejor hijo Luciano Duarte León, el cinco (5) de octubre de 2018. No obstante, llama la atención de la Sala que el abogado adjuntó el poder especial que le fue conferido por el accionante ante la Notaría Octava del Círculo de Cali, el treinta y uno (31) de agosto de 2017[30]. En esta fecha Migración Colombia no había proferido aún las resoluciones por medio las cuales resolvió los recursos de reposición y en subsidio apelación (septiembre de 2017 y junio de 2018), que fueron interpuestos contra el acto administrativo de deportación, y que se atacan mediante la presente acción de tutela. 29. La anterior situación, aunque no fue advertida por los jueces de primera y segunda instancia, es una inconsistencia que, prima facie, pone en duda la existencia de un mandato específico para que el abogado actuara en este proceso de tutela[31], puesto que la fecha en la que se confirió el poder especial para la interposición de la solicitud de amparo es anterior a los hechos que motivaron las presente acción de tutela (actos administrativos que resolvieron los recursos de reposición y en subsidio apelación). Sin embargo, advierte la Sala que desde el veintidós (22) de junio de 2017, ya se había sancionado al actor por haber incurrido en la causal de deportación (numeral 4 del artículo 2.2.1.13.1.2 del Decreto 1067 de 2015), lo cual justificaba que el accionante hubiese otorgado poder especial para la interposición de la acción de tutela a su apoderado, con el fin de que por esta vía procurara la defensa de los derechos fundamentales y los de su menor hijo que consideró amenazados. Adicionalmente y teniendo en cuenta que en el escrito de tutela se alega la violación de los derechos del hijo menor del accionante, la Corte, en sede de revisión, decretó la práctica de pruebas, a fin de determinar si el apoderado judicial estaba o no autorizado para representar los intereses del extranjero y de su mejor hijo (ver supra, numeral 19). 30. En respuesta a dicho requerimiento, el accionante allegó a la Corte la copia del poder especial que confirió a su apoderado, para que en su nombre y en representación de su hijo menor, actúe “en el proceso de revisión del fallo de tutela”[32]. Con base en lo anterior, y debido a que es un criterio reiterado de la Corte el que los extranjeros que no residan en el territorio nacional, pueden solicitar vía acción de tutela la protección de sus derechos fundamentales y de sus menores hijos “cuando la autoridad o particular con cuya acción u omisión se vulnera el derecho fundamental se halle en Colombia”[33], la Sala considera que la demanda de tutela objeto de estudio cumple con el requisito de la legitimación en la causa por activa. 31. Legitimación por pasiva: La acción de tutela se dirige contra Migración Colombia, entidad que cuenta con personería jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto Ley 4062 de 2011. Se trata entonces de una autoridad pública, por lo cual existe legitimación en la causa por pasiva, en los términos del artículo 5 del Decreto 2591 de 1991. 32. Inmediatez: Conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y el alcance que le ha dado la jurisprudencia constitucional al principio de inmediatez, la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un término prudente y razonable respecto del momento en el que presuntamente se causa la vulneración[34]. Cabe anotar que la razonabilidad del término no se valora en abstracto, sino que corresponde al juez de tutela evaluar, a la luz de las circunstancias de cada caso, lo que constituye un término razonable. 33. En el caso bajo estudio, la acción de tutela que se revisa se radicó el cinco (5) de octubre de 2018 y fue admitida este mismo día por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali[35]. El último acto que el accionante considera lesivo de sus garantías constitucionales es la Resolución del doce (12) de junio de 2018, notificada el doce (12) de septiembre del mismo año[36], por medio de la cual, la Subdirectora de Verificación de Migración Colombia resolvió el recurso de apelación y confirmó la medida de deportación dispuesta a través de la Resolución del veintidós (22) de junio de 2017. Conforme a lo anterior, considera la Sala que entre la fecha en la que fue notificado el último acto administrativo que dejó en firme la decisión atacada, y el momento de la presentación de la solicitud de amparo, transcurrió menos de un mes, lo cual, a la luz de la jurisprudencia constitucional, se ha considerado un plazo prudente y razonable para el ejercicio de la acción de tutela[37]. 34. Subsidiariedad: En el presente caso, el demandante alega que las resoluciones por medio de las cuales, Migración Colombia ordenó la deportación y fijó la prohibición de ingresar al país por el plazo de tres (3) años, violan sus derechos fundamentales. Al respecto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, fungiendo como juez de segunda instancia de tutela, consideró que la acción de tutela era improcedente, al considerar que el actor tenía la posibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en ese trámite, solicitar que se decreten las medidas cautelares a fin de que se suspendan los efectos de los actos administrativos acusados. 35. Por lo anterior, la procedencia o no de la acción de tutela está supeditada a que la Sala verifique si existe un medio ordinario de defensa judicial que sea idóneo y efectivo para lograr las finalidades de la tutela, esto es, el restablecimiento y protección de los derechos fundamentales vulnerados. 36. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Teniendo en cuenta esta norma, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció como causal de improcedencia de esta acción la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a ella como mecanismo transitorio para remediar un perjuicio irremediable. 37. En la sentencia T-143 de 2019, la Corte se pronunció acerca de la procedibilidad de la acción de tutela cuando a través de esta se pretende dejar sin efectos las decisiones de la Administración que definen la situación migratoria de un extranjero en el país. En efecto, señaló que, por regla general, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo y eficaz para controvertir la legalidad de los actos administrativos, por medio de los cuales, la autoridad migratoria ordena la deportación o expulsión de un extranjero del territorio nacional. En el marco de este trámite, el interesado puede incluso solicitar ante el juez de lo contencioso administrativo que adopte medidas cautelares con el fin de proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia[38]. 38. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela, excepcionalmente, puede proteger los derechos que puedan verse afectados por las medidas administrativas migratorias, en razón al mayor grado de idoneidad y eficacia que este medio puede adquirir frente a las medidas cautelares dispuestas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así lo ha determinado esta Corte, al tener en cuenta que: (i) mientras el fallo de tutela, por regla general, produce efectos definitivos, las providencias que decretan cualquiera de las medidas cautelares de las que trata el CPACA, surten efectos transitorios; y (ii) el tiempo legal establecido para la resolución de la medida cautelar, que puede tardar más de diez (10) días[39], excede los límites temporales perentorios en los que se debe resolver una acción de tutela, para lo cual, “[e]n ningún caso podrán trascurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”[40]. 39. En esa misma línea, la Corte ha señalado que la idoneidad y eficacia del medio de control ante el juez administrativo, en los casos donde la decisión de la autoridad migratoria (deportación, expulsión y prohibición de ingresar al país) puede llegar a afectar los derechos de los niños y las niñas a la unidad familiar, debe evaluarse de cara a las circunstancias particulares en las que aquellos se encuentren, de tal manera que se realice el principio de interés superior del menor, al tiempo que se garantice la protección reforzada que la Constitución y los instrumentos de derecho internacional les reconocen[41]. 40. En el asunto bajo estudio, en principio, el mecanismo de defensa judicial diseñado para controvertir los actos administrativos por medio de los cuales Migración Colombia resolvió sancionar con la medida de deportación al actor es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, considera la Corte que, de cara a las circunstancias particulares del caso concreto y en aplicación de los criterios jurisprudenciales expuestos con antelación (ver supra, numerales 38 y 39), la acción de tutela es la vía judicial idónea y eficaz para resolver de manera definitiva la solicitud de protección de los derechos fundamentales invocados por el accionante, en nombre propio y en representación de su mejor hijo. 41. Los elementos de prueba que reposan en el expediente advierten la urgencia de pronunciarse de manera definitiva sobre la eficacia del derecho del hijo menor del accionante a tener una familia y no ser separado de ella. En efecto, la vigencia de la medida de deportación contra el accionante y la información alusiva a la privación de la libertad en el extranjero de la madre del menor, prima facie, permiten inferir que la materialización de la sanción de carácter migratorio podría llegar a afectar el bienestar y el núcleo familiar del menor Luciano Duarte León, comoquiera que lo distanciaría de su padre, por lo menos, por el término de tres (3) años, aun cuando, de acuerdo con la información suministrada en sede de revisión ante la Corte (ver supra, núm. 19 y 20), es el accionante quien asume el cuidado y manutención del menor de edad. 42. Por lo anterior, y en contraste con lo sostenido por el juez de tutela de segunda instancia, concluye la Sala que, en razón al riesgo que conlleva la inmediata salida del país del actor para el derecho a la unidad familiar de su menor hijo y en atención a la situación personal y familiar en la que este se encuentra, no es dado someter la solución de fondo del caso concreto a los términos ordinarios de un proceso judicial de carácter administrativo. En este caso, la competencia residual del juez de tutela se habilita para resolver con prontitud los cargos y las pretensiones formuladas por el accionante y, en efecto, pronunciarse acerca de la eficacia de los derechos fundamentales de su hijo, quien, por su condición de menor de edad, es un sujeto de especial protección constitucional, lo que permite a su vez flexibilizar el análisis de procedencia de la acción de tutela[42]. 43. Sobre la base de las anteriores razones, la Sala considera que se encuentran acreditados los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela. Por ello, procederá a emitir una decisión de fondo sobre el problema jurídico que emerge de los hechos expuestos en el caso concreto. C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN 44. Acorde con los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I anterior de esta providencia, le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si Migración Colombia vulneró el derecho al debido proceso administrativo del señor Duarte Lescay y el derecho de su menor hijo a tener una familia y no ser separado de ella, por proferir en su contra una medida de deportación del país, con la prohibición de ingreso por el término de tres (3) años, sin haber comprobado la responsabilidad administrativa del extranjero, por un lado, ni haber analizado el vínculo familiar que mantiene con su hijo, por el otro. 45. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala, primero, reiterará el marco normativo relacionado con los derechos y deberes de los extranjeros. Segundo, analizará el alcance del derecho al debido proceso de los extranjeros en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter migratorio. Tercero, estudiará el contenido del derecho fundamental de los niños y las niñas a tener una familia y no ser separados de ella. Finalmente, con base en ese marco de análisis, se procederá a resolver el caso concreto. D. LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS Y SU DEBER DE CUMPLIR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 46. En cuanto a la condición jurídica de los extranjeros, el artículo 100 de la Constitución Política prescribe que “los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros”. Así mismo, esta disposición consagra que los extranjeros gozarán de las mismas garantías concedidas a los nacionales, salvo las excepciones contempladas en la Constitución o la ley y precisa cuestiones relacionadas con los derechos políticos. 47. Unido al reconocimiento de derechos a los extranjeros, el Constituyente, en el artículo 4° de la Carta, estableció que estas personas, al igual que los nacionales colombianos, tienen el deber de acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. 48. La Sala Plena de esta Corporación, en la sentencia SU-677 de 2017, se pronunció acerca de las implicaciones que se derivan de los preceptos constitucionales precitados. En concreto, señaló que estas normas (i) garantizan a los extranjeros un tratamiento en condiciones de igualdad en materia de derechos civiles; (ii) aseguran la protección jurídica de las garantías constitucionales a las que tienen derecho por su calidad de extranjero[43]; y (iii) establecen en cabeza de estas personas la responsabilidad de acatar y cumplir de manera estricta con los deberes y obligaciones que el ordenamiento jurídico exige a todos los residentes en el territorio nacional. Sobre este punto, en múltiples ocasiones[44], este Tribunal ha determinado que del reconocimiento constitucional de derechos se deriva para los extranjeros el deber de cumplir la Constitución Política y la ley, y por consiguiente, la carga de responder ante las autoridades competentes cuando desconozcan o incumplan las obligaciones que el ordenamiento jurídico les impone. 49. En el caso concreto de los deberes consagrados en el régimen migratorio y las posibles consecuencias que se derivan de su incumplimiento, la Corte ha reiterado que si bien es cierto el Estado tiene la potestad para definir la permanencia del extranjero en el territorio nacional con el fin de salvaguardar fines constitucionales imperiosos (ver infra, sección II.E), también lo es que el ejercicio de esta atribución exige el cumplimiento de las garantías que se desprenden del derecho fundamental al debido proceso. A continuación, analizará la Sala la jurisprudencia constitucional que ha desarrollado el alcance del derecho al debido proceso en el marco del proceso administrativo sancionatorio de carácter migratorio. E. ALCANCE DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER MIGRATORIO 50. De acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución, le corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales del Estado, lo cual incluye la facultad de definir políticas migratorias que regulen el ingreso, la permanencia y la salida de personas de su territorio. En desarrollo de lo anterior, y en virtud del principio constitucional de soberanía, la autoridad migratoria ha sido investida de la facultad discrecional para determinar las condiciones de acceso, permanencia y salida del país respecto a los nacionales y aquellos que no lo son, con sujeción a los tratados internacionales[45]. En el caso de los extranjeros, la rama ejecutiva en ejercicio de su potestad de configuración en materia migratoria, ha diseñado los procedimientos para regular su permanencia en el territorio nacional y, así mismo, sancionar a aquellos que han incumplido con los deberes y las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico (Art. 4 C.P.). Lo anterior, con el propósito de asegurar los fines esenciales del Estado, esto es, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios y valores, asegurar la convivencia pacífica y el respeto por la vigencia de un orden justo (Art. 2 C.P.). 51. Con relación a la naturaleza de los procedimientos administrativos sancionatorios de carácter migratorio, la Corte ha precisado que, conforme a lo establecido en el artículo 100 de la Carta y lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional[46], la discrecionalidad del Estado para crear los procedimientos y definir la situación migratoria del extranjero, no puede entenderse como una potestad arbitraria exógena al Estado constitucional[47]. 52. En efecto, derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, ha sido definido como el derecho que tienen las partes de hacer uso del conjunto de facultades y garantías que el ordenamiento jurídico les otorga, para efecto de hacer valer sus derechos sustanciales, dentro de un procedimiento judicial o administrativo[48]. A partir de la revisión de varios fallos de tutela que versaban sobre hechos similares a los que ahora ocupan la atención de la Sala, la Corte ha señalado que la autoridad migratoria es responsable de que, en el curso de los procesos sancionatorios que le corresponde adelantar, se garanticen, por lo menos, los siguientes elementos: a. El Estado debe garantizar el derecho de defensa y contradicción a los extranjeros contra los que se dirige el proceso administrativo sancionatorio, lo cual, presupone que estos deben conocer y comprender el trámite en el que se encuentran involucrados. b. El trámite sancionatorio de naturaleza migratoria debe surtirse en un plazo razonable, el cual debe apreciarse en relación con la duración total de la actuación, desde su inicio hasta la finalización, incluyendo los recursos de instancia que serían procedentes. Esta garantía no solo se refiere a la protección de que el procedimiento se adelante sin dilaciones injustificadas, sino además de que no se lleve a cabo con tanta celeridad al punto de tornar ineficaz o anular el ejercicio del derecho de defensa y en especial de contradicción en forma oportuna y eficaz[49]. c. El contenido del derecho de defensa y contradicción también comprende el deber del Estado de asistir gratuitamente por un traductor o interprete, a todo extranjero que no comprenda o hable con suficiencia el idioma en el que se adelanta el trámite administrativo sancionatorio[50]. d. En el curso del antedicho proceso la autoridad migratoria debe valorar, a la luz de los postulados constitucionales y los compromisos adquiridos por el Estado en tratados internacionales que versan sobre derechos humanos[51], las circunstancias familiares del extranjero. Este mandato cobra mayor relevancia cuando el grupo familiar se encuentra integrado por menores de edad. La Sala se detendrá sobre este tema más adelante cuando estudie la jurisprudencia constitucional dictada en materia del derecho de los niños y las niñas a tener una familia y no ser separados de ella. e. La autoridad migratoria está en la obligación de motivar de manera suficiente el acto administrativo por medio del cual se resuelve sancionar al extranjero con la medida de deportación o expulsión. De esta forma, se evita que se confunda la facultad discrecional en materia migratoria, con la arbitrariedad y capricho del funcionario[52]. 53. Con relación a este último aspecto, la Corte ha señalado que la motivación de las decisiones es una de las facetas del derecho fundamental al debido proceso, cuya satisfacción no se reduce a la presentación de argumentos ligados a la aplicación formal de las normas, sino que, por el contrario, exige la exposición de razones suficientes que expliquen de manera clara, detallada y precisa el sentido de la determinación adoptada. Este mandato, lejos de oponerse a la facultad discrecional que tiene el Estado para permitir el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio colombiano, se articula con el deber de garantizar los derechos fundamentales a estas personas, al margen de que su situación migratoria sea legal o irregular[53]. 54. En este marco, el ejercicio del control migratorio le corresponde a Migración Colombia. Esta entidad se encarga de adelantar las investigaciones que considere necesarias, de oficio o a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, en relación con el ingreso y permanencia de los extranjeros en el país, así como con las visas que ellos portan[54], la ocupación, profesión u oficio que adelantan en el territorio, la autenticidad de documentos, la verificación del parentesco y de la convivencia marital, entre otros aspectos[55]. 55. En atención a los hechos objeto de estudio, resulta pertinente mencionar que, conforme lo establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Decreto 1067 de 2015, incurre en una infracción al régimen migratorio el extranjero que, entre otras razones, (i) obtenga “visa mediante fraude o simulación, formular declaración falsa en la solicitud de visa o en desarrollo de procedimientos administrativos adelantados por las autoridades migratorias, así como presentar documentos que induzcan a error al Ministerio de Relaciones Exteriores o a la autoridad migratoria para su ingreso, salida, legalización, control y registro.” (núm. 4, art. 2.2.1.13.1.2. Decreto 1067 de 2015); y (ii) sea “objeto de quejas constantes que califiquen al extranjero como persona no grata para la convivencia social y tranquilidad pública” (núm. 8 art. 2.2.1.13.1.2). 56. Frente a esta situación, Migración Colombia está en la obligación de adelantar una investigación para determinar la responsabilidad que le asiste al extranjero. De conformidad con la Guía para la verificación y el Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionatorio en Materia Migratoria, expedida por la autoridad migratoria y analizada por la Corte en la sentencia T-295 de 2018, el tipo de trámite que se desarrolla en estos casos comprende, en términos generales, las siguientes etapas: a. “Inicio de la actuación administrativa sancionatoria, mediante el informe de orden de trabajo o informe de caso, luego de lo cual la autoridad migratoria puede formular cargos o iniciar una averiguación preliminar. b. Formulación de cargos. Esta etapa orienta el curso del procedimiento, pues en esta se determina cuál es el objeto del proceso, la persona responsable y el sustento normativo. Contra este acto no proceden recursos y la renuncia a términos sólo opera una vez se notifica la formulación de cargos o cuando se decide de fondo. c. Descargos. En este momento procesal, dentro de los 15 días siguientes a la notificación, el investigado puede presentar su defensa en relación con cada uno de los cargos que se le formularon. Así mismo, la persona puede renunciar a los términos procesales de manera verbal o escrita. d. Periodo probatorio. Durante esta etapa tanto la parte como la autoridad administrativa pueden solicitar pruebas[56]. e. Alegatos. Luego de emitirse un Auto de cierre de la etapa probatoria, se ordena traslado. Esta etapa constituye la segunda oportunidad que tiene el investigado para defender su posición y explicar los hechos objeto de investigación. f. Decisión[57]. Mediante resolución de sanción, exoneración o archivo se da por terminado el proceso en primera instancia y en la parte resolutiva se deben incluir los recursos que proceden contra la misma y el plazo para hacerlo”[58]. 57. En el supuesto de que el procedimiento administrativo sancionatorio finalice con la imposición de una sanción, la autoridad migratoria deberá expedir para tal efecto un acto administrativo que, por lo menos, contenga (i) la individualización de la persona natural a sancionar; (ii) la descripción típica de los hechos, así como el análisis de las pruebas con base en las cuales se impone la sanción; y (iii) las normas migratorias infringidas conforme los supuestos probados, es decir, la medida sancionatoria de la que será destinataria el sujeto de control, su clasificación y si existen criterios que la atenúan, agravan o dan lugar a su exención[59]. 58. La autoridad migratoria deberá tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la infracción imputada para determinar la medida con la que sancionará al extranjero[60]. De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución 0714 del 12 de junio de 2015[61], las infracciones se clasifican en leves, graves o gravísimas. En todo caso, el artículo 13 de la resolución anotada dispone que la imposición de la sanción deberá atender y respetar los principios de configuración del sistema sancionador administrativo, fundamentalmente los concernientes a la legalidad, tipicidad, favorabilidad y proporcionalidad. 59. Con base en lo anterior y de acuerdo con las circunstancias constatadas, el Director de Migración Colombia, o sus delegados, podrán imponer: a. Sanciones económicas[62], entre otros supuestos, cuando se incurre en permanencia irregular; no se tramita el salvoconducto correspondiente cuando así se requiera; se ingresa o sale del país sin el cumplimiento de los requisitos legales o se desarrollan actividades remuneradas sin estar habilitado para ello[63]; b. Medida de deportación[64], por ejemplo, cuando se constata que ingresó o salió del país sin el cumplimiento de las normas que reglamentan la materia; se encuentra en permanencia irregular[65]; obtuvo visa mediante fraude o simulación o fue objeto de quejas constantes que lo calificaron como persona no grata para la convivencia social o la tranquilidad pública[66]; y/o c. Medida de expulsión[67], cuando la infracción a la normativa migratoria vigente sea de una gravedad significante con la potencialidad de poner en riesgo la soberanía nacional, la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Entre otros eventos, puede ocurrir cuando el extranjero se abstiene de dar cumplimiento a la resolución de deportación dentro del término establecido en el salvoconducto para salir del país, o regresa antes del término de prohibición o sin la correspondiente visa; es condenado en Colombia a pena de prisión cuya sentencia no contempló como accesoria la expulsión del territorio; cuando la expulsión se decreta como pena accesoria mediante sentencia ejecutoriada[68] o se documentó fraudulentamente como nacional o de otro país. 60. En suma, el marco constitucional reconoce que, sin importar la condición legal o irregular del extranjero, el Estado debe garantizar en los procedimientos administrativos sancionatorios que se adelantan por infracciones al régimen migratorio, que eventualmente finalizan con medidas de deportación o expulsión, los componentes estructurales del derecho al debido proceso. En caso contrario, la autoridad migratoria vulnera el derecho al debido proceso del extranjero afectado por la sanción, al imponer una decisión que es producto, no de la facultad discrecional y de la soberanía estatal, sino de la arbitrariedad y capricho del funcionario. De esta forma, conforme a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, la determinación y graduación de la sanción por infracciones al régimen migratorio debe estar precedida por el cumplimiento de las etapas procesales descritas y el análisis detallado de las circunstancias personales de cada sujeto, entre estas, factores como la unidad familiar y el riesgo que implica para el extranjero regresar al país de origen. F. DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA 61. El artículo 44 de la Constitución Política, relaciona algunos de los derechos fundamentales de los que son titulares los niños, niñas y adolescentes; señala que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus...