Sentencia T-529 de 2012

T-529-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-529/12 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Configuración Esta corporación ha reconocido el defecto procedimental absoluto como el error en que incurre el juez cuando se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con fundamento en su sola voluntad. Es importante reconocer que estaría viciado todo proceso en el que se pretermitan etapas señaladas en la ley para el desarrollo de un asunto relevante para asegurar las garantías de los sujetos procesales, como la solicitud y práctica de pruebas o la comunicación de inicio del proceso que permita su participación en el mismo. Un elemento esencial del defecto procedimental absoluto es que la desviación cometida por el juez frente al procedimiento legal establecido, hubiese sido sin justificación. Al respecto ha dicho esta Corporación que el fallador incurre en defecto procedimental cuando sin motivo alguno niega la solicitud o práctica de testimonios o de cualquier otro medio probatorio, o cuando habiéndolo decretado, después, por simple capricho, se abstiene de continuar o culminar su práctica para apresurar y tramitar etapas posteriores, lo que conlleva la vulneración al derecho fundamental al debido proceso”. Por tanto, resulta de esencial importancia que el error se hubiese cometido sin un fundamento proveído por el juez a las partes, pues el elemento de arbitrariedad cumple un esencial rol dentro del defecto bajo estudio. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Dejar sin efectos las actuaciones de proceso ejecutivo adelantado contra la tutelante ante el Juzgado 45 Civil Municipal Referencia: expediente T-3398723 Acción de tutela instaurada por Elizabeth Acosta López contra el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá. Magistrada Ponente (e): ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO Colaboró: Ana Bejarano Ricaurte. Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil doce (2012) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza y Adriana María Guillén Arango, quien la preside, en ejercicio de sus competencias legales y constitucionales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de la providencia del 24 de enero de 2012 del Juzgado 8º Civil del Circuito de Bogotá por medio de la cual se negaron las pretensiones de la peticionaria. I. ANTECEDENTES La accionante solicita que se protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, a la vida digna, a la integridad personal, a la salud, a la seguridad social y al debido proceso, pues el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá ordenó el embargo de su salario y falló en su contra sin atender las pretensiones que presentó en la contestación de la demanda, según las cuales, el título ejecutivo con el cual se adelantó el proceso ejecutivo es falso. Petición que se fundamenta en los siguientes 1. Hechos. 1. La señora Elizabeth Acosta López padece de diabetes y es madre cabeza de familia, de quien dependen su madre enferma y sus cinco hijos. 2. El señor Edgar Martínez Paz presentó demanda ejecutiva contra la señora Elizabeth Acosta López, alegando que el día 19 de junio de 2007 suscribieron un título valor por el monto de cinco millones de pesos y que la señora Acosta no cumplió con el pago oportuno de la obligación así adquirida. 3. En virtud de la demanda ejecutiva, el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá avocó conocimiento y por medio de auto del 4 de marzo de 2009 expidió mandamiento de pago, ordenando a la señora Elizabeth Acosta López el pago de “la suma de cinco millones de pesos m/cte ($5.000.000.00), por concepto de capital representado en la Letra de Cambio allegada como base de la presente ejecución”. (Folio 17, cuaderno 1). 4. Por medio de auto expedido el 21 de abril de 2009, el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá, ordenó el embargo y retención de una quinta parte del excedente del salario mínimo mensual que “la demandada devengue como empleada de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL de esta ciudad, limitando esta medida a la suma de $10’000.000.00”. (Folio 16, cuaderno 1). 5. Siendo el momento procesal propicio, la señora Elizabeth Acosta López contestó la demanda ejecutiva, oponiéndose a cada una de las pretensiones y planteando un acápite de “EXCEPCIONES” de la siguiente manera: “- Que se revise y suspenda en forma inmediata el proceso ejecutivo en mi contra por cuanto yo no le debo dinero al Sr. EDGAR MARTÍNEZ PAZ. - Se revise la autenticación de mi firma grafológica, y que las costas corran por cuenta del demandante. - La letra de Cambio demuestra que fue llenada en todos sus espacios en blanco con una letra diferente a la mía y por ende el valor es de su Invención, ya que no tengo compromisos económicos a nombre del Sr. EDGAR MARTÍNEZ PAZ. - He iniciado una Denuncia Penal, contra el ejecutante aquí, ante la Fiscalía por el delito de Fraude Procesal, Art. 453 del Código Penal. (anexo copia de la misma)”. (Folio 18, cuaderno 1). 6. Concluida la etapa para la contestación de la demanda, el Juzgado 45 Civil Municipal expidió un auto el 7 de diciembre de 2009 por medio del cual afirmó “sería el caso decretar las pruebas solicitadas por las partes, sin embargo observa el despacho que las manifestaciones elevadas por el demandado al contestar la demanda no tienen el carácter de excepciones y por lo tanto no hay lugar a correr traslado de las mismas y darles el trámite previsto en el Art. 510 del C. de P.C., tal como se dispuso mediante auto de fecha 4 de noviembre de 2009”. (Folio 21, cuaderno 1). (Negrilla por fuera del texto original). 7. Siguiendo esta misma argumentación, el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá expidió sentencia el 28 de abril de 2010 por medio de la cual consideró que “respecto del documento aportado como base de la presente ejecución cumple los requisitos enunciados en los arts. 621 y 671 del C. del Co., y reúne las calidades señaladas en el art. 488 del C. de P.C., para demandar ejecutivamente la obligación en el contenido, lo cual impone proferir sentencia que ordene llevar adelante la ejecución en la forma señalada en el art. 507 del mismo ordenamiento”. (Folio 22, cuaderno 1). 8. Más de un año después, el día 30 de septiembre de 2011, se presentó informe grafológico en el proceso penal adelantado por la señora Acosta contra el señor Martínez por el delito de fraude procesal, según el cual la firma plasmada en el título valor “NO ES UNIPROCEDENTE, ya que no guarda claridad gráfica en su contenido frente a las muestras aportadas como patrón de referencia. Lo referido anteriormente se observa en las imágenes a lo largo del informe”. (Folio 27, cuaderno 1). Es decir, según dicho informe, la firma de la señora Acosta plasmada como referencia y la firma del título valor no tienen un mismo origen. 9. A raíz de las nuevas conclusiones que se aportaron al proceso penal por medio del informe mencionado, la señora Elizabeth Acosta López presentó acción de tutela contra el Juzgado 45 Civil Municipal por los hechos narrados. 2. Solicitud de tutela. Con base en los hechos expuestos previamente, la señora Acosta presentó acción de tutela contra la decisión del Juzgado, para que se anule y en su lugar se ordene que “los títulos judiciales no le sean entregados al demandante hasta tanto el órgano judicial penal competente falle el proceso que cursa en contra del señor EDGAR MARTÍNEZ PAZ. Todo en cuanto la prueba pericial practicada por el C.T.I. de la Policía Judicial no ha sido sometida a debate dentro del proceso penal que se adelanta bajo el sistema acusatorio por el delito de fraude procesal y termine con la sentencia que en derecho se obtenga”. (Folio 32, cuaderno 1). Esta declaración se fundamenta en virtud de que la ejecución ordenada en el proceso bajo estudio, condujo al embargo de una parte del salario de la peticionaria y esta actuación puede constituir una afectación real al derecho del mínimo vital y móvil de la accionante y su familia, por ser la señora López Acosta quien mantiene a su madre enferma y sus cinco hijos, además de cuidar su delicado estado de salud por la diabetes que padece. 3. Decisión que se revisa. i. Única instancia. El Juzgado 8º Civil del Circuito, profirió sentencia el 24 de enero de 2012, negando las pretensiones de la accionante al considerar que “el juzgado accionado en sentencia adiada el 28 de abril de 2010 ordenó seguir adelante la ejecución conforme a lo establecido en la orden de apremio, pues la demandada no presentó excepción alguna frente a dicha acción (Folio 53, cuaderno 1) (…) la tutelante acude a esta acción de tutela con el fin de que se lleve a cabo la suspensión del aludido litigio, sin embargo, es del caso acotar que tal petición se torna improcedente , pues ésta vía constitucional no es el medio idóneo para ello, toda vez, que la Ley Adjetiva Civil establece los presupuestos y trámite para dar aplicación a dicha figura procesal, de tal manera que no se puede desconocer el carácter excepcional y subsidiario de la presente acción”.(Folio 53 a 54, cuaderno 1). 4. Intervención del Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá. El Juzgado accionado no presentó escrito alguno interviniendo en el trámite de la tutela que obra en su contra. 5. Pruebas que obran en el expediente. 1. Demanda ejecutiva presentada por el señor Edgar Martínez Paz contra Elizabeth Acosta López por el supuesto incumplimiento en el pago de una letra de cambio por el valor de $5’000.000.00. (Folios 13 a 15, cuaderno 1). 2. Auto del Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá del 21 de abril de 2009 por medio del cual decretó el embargo y retención de un porcentaje del salario de la señora Acosta. (Folio 16, cuaderno 1). 3. Auto del Juzgado 45 Civil Municipal de Bogota del 4 de marzo de 2009 por medio del cual se libró mandamiento de pago. (Folio 17, cuaderno 1). 4. Escrito de contestación de la demanda presentado por la señora Elizabeth Acosta López el 21 de octubre de 2009. (Folio 18 a 19, cuaderno 1). 5. Oficio 1432 del Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá del 12 de mayo de 2009 por medio del cual se informó a la Secretaría de Educación Distrital el decreto del embargo y retención de la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual que la demandada devenga. (Folio 20, cuaderno 1). 6. Auto del Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá del 7 de diciembre de 2009 por medio del cual se afirmó que las manifestaciones elevadas por la demanda “no tienen el carácter de excepciones” y por tanto no se dará el trámite indicado. (Folio 21, cuaderno 1). 7. Sentencia del Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá del 28 de abril de 2010 por medio de la cual se ordenó la ejecución de la señora Elizabeth Acosta López. (Folios 22 a 23, cuaderno 1). 8. Comunicado de la Jefe de Oficina de Nómina de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, Martha Lucia Vélez Vallejo, por medio de la cual se informó al Juzgado 45 Civil Municipal que la señora Elizabeth Acosta López se encuentra con otras deducciones por el juzgado 51 Civil Municipal por tanto “no le figura capacidad de endeudamiento” (Folio 24, cuaderno 1). 9. Examen grafológico presentado por la Policía Judicial CTI -Documentología y Grafología Forense- ante la Fiscalía 365 de la Unidad de Orden Económico, Social y Lavados de Activos, por medio de la cual se estableció que la firma de la señora Elizabeth Acosta López no es la que se encuentra plasmada en el título valor utilizado para la ejecución. (Folios 25 a 27, cuaderno 1). 10.Escrito de tutela presentada por la señora peticionaria contra el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá. (Folios 29 a 34, cuaderno 1). 11.Sentencia que negó las pretensiones de la tutela, expedida por el Juzgado 8º Civil del Circuito, el 24 de enero de 2012. II. Revisión por la Corte Constitucional. 1. Competencia. Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del caso que hizo la Sala de Selección, mediante auto del 22 de marzo de 2012. 2. Actuaciones en sede de revisión. En sede de revisión el entonces Magistrado Sustanciador expidió auto el 19 de abril de 2012 ordenando “SUSPENDER, a partir de la notificación de esta providencia y hasta tanto sea decidida la presente causa en sede de tutela, cualquier medida encaminada a concretar la ejecución ordenada en la sentencia del 28 del abril de 2010 del proceso ejecutivo singular de Edgar Martínez Paz contra Elizabeth Acosta López”. (Folio 11, cuaderno 2). En virtud de dicha orden, el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá respondió mediante escrito del 30 de abril de 2012, señalando que “se suspenden las presentes diligencias [encaminadas a concretar la ejecución] hasta tanto sea decidida la causa en sede de tutela por la Corte Constitucional”. (Folio 15, cuaderno 2). 3. Consideraciones 3.1. Problema jurídico y esquema de resolución. Para atender las pretensiones alegadas por la accionante, se resolverá el siguiente problema jurídico: ¿incurrió el Juzgado 45 Civil Municipal en defectos procedimentales al negar el decreto de la prueba grafológica solicitada y al no estudiar la posibilidad de suspender el proceso por una posible prejudicialidad, al concluir que la contestación de la demanda presentada ‘no podía considerarse como tal’ y no dar motivación alguna? Para responder a este problema jurídico la Sala atenderá las consideraciones de la siguiente manera: a la luz de los hechos que constituyen el caso, primero se verificará la existencia de los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Una vez constada la procedencia de la acción, se indagará por la existencia de los defectos procedimentales específicos señalados por la solicitante, más precisamente el defecto fáctico frente a la negación del decreto de la prueba grafológica, el defecto procedimental absoluto frente al desvío del procedimiento indicado y la falta de motivación de las providencias denegatorias. 3.2. Estudio de los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 3.2.1. En virtud de que se está ante una acción de tutela contra una providencia judicial, la Corte debe analizar si se reúnen los requisitos necesarios para que proceda el amparo incoado. Por medio de una reiterada línea jurisprudencial, esta Corporación ha fijado los criterios que se deben analizar ante una acción de tutela en contra de una providencia judicial. Siendo que sólo en casos excepcionales puede proceder una acción de amparo constitucional contra una sentencia, la Corte distinguió unos criterios de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela y, otros de carácter específico, que tratan la procedencia misma de la acción, una vez presentada. 3.2.2. La verificación de los requisitos generales constituye la puerta de entrada a la cuestión procesal, a las posiciones jurídicas iusfundamentales del procedimiento en cuestión. Estos requisitos han sido sintetizados de la siguiente manera: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela.”[1] 3.2.3. Solamente cuando se ha constatado el cumplimiento de los requisitos generales, puede el juez constitucional entrar a determinar la existencia de alguno de los defectos que ha establecido la Corte, de los que puede padecer una providencia judicial y que la convierte en un instrumento de vulneración a los derechos fundamentales. Los defectos que ha señalado la Corte se pueden concretizar así: “a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h. Violación directa de la Constitución. Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.[2] 3.2.4. La existencia de alguno de los defectos señalados previamente sólo se puede verificar una vez se haya constatado el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Por este motivo, la excepcionalidad de la tutela contra providencias judiciales conduce a la imperiosa necesidad de que se compruebe el cumplimiento de todos los requisitos de procedibilidad y además la existencia por lo menos de uno de los defectos procedimentales que ha establecido la Corte. 3.2.5. En este sentido, pasa la Sala a comprobar los requisitos de procedibilidad sólo si se encuentran reunidos todos ellos, procederá al estudio de la existencia de los defectos de carácter procedimental. 3.3. Relevancia constitucional de la cuestión estudiada. 3.3.1 Esta primera condición hace referencia a que el asunto tratado involucre realmente derechos de rango constitucional y no sea una cuestión que deba resolverse ante el juez ordinario de manera exclusiva. La Corte ha descrito el alcance de este requisito de la siguiente manera: “Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.[3] 3.3.2 En el presente caso, la cuestión a estudiar tiene una evidente relevancia constitucional. La importancia de esta materia se encuentra respaldada en la Carta por el artículo 29 de la Carta que prescribe: “quien sea sindicado tiene derecho (…) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”. En efecto, esta Corporación se ha pronunciado en diversas ocasiones reiterando el carácter de derecho fundamental que tiene la prueba y la posibilidad de pedirla dentro del proceso para quienes en él actúan. Como se sentó en una de las primeras sentencias sobre el tema, la T-393 de 1994, “el derecho de toda persona de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra (…), constituye un derecho constitucional fundamental”[4]. Por este motivo, cuando en un proceso judicial se desconoce el derecho que tiene toda persona para pedir pruebas que le permitan sustentar sus pretensiones, se está ante una posible vulneración de los derechos constitucionales del sujeto procesal. En este sentido, la situación puesta a consideración de la Sala tiene una evidente relevancia constitucional pues el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá negó las pruebas pedidas por la demandante al considerar que la petición de las mismas se había realizado de forma insuficiente. En efecto, en el escrito de contestación de la demanda, la peticionaria solicitó se revisara “la autenticación de mi firma grafológica, y que las costas corran por cuenta del demandante”. (Folio 18, cuaderno 1). Así, y a pesar de no responder a las fórmulas sacramentales que la práctica jurídica ha dispuesto para la petición de pruebas, es evidente que la señora Acosta López estaba solicitando una prueba grafológica que permitiera constatar la autenticidad de la firma plasmada en el título. De esta manera, por medio del estudio del escrito presentado como contestación de la demanda por la peticionaria, la Sala considera que en el mismo sí se consagraron una serie de excepciones y la petición de una prueba. Aunque la práctica jurídica ha consagrado, de manera consuetudinaria, algunas formas específicas para la presentación de la contestación de la demanda por medio de la cual se aducen excepciones, las contestaciones que por fuera de ellas se realicen no pueden considerarse como equívocas. Por ejemplo, una forma en que usualmente se contesta la demanda en un proceso civil para presentar excepciones es el esquema por medio del cual se identifica al actor y su apoderado, se da respuesta a cada uno de los hechos (planteando si es cierto o no), se presenta un acápite de pretensiones por medio de la cual se enumeran las excepciones presentadas (otorgándole a cada una de ellas un nombre específico), se enumeran las pruebas solicitadas y las razones que fundamentan su solicitud y finalmente el señalamiento de los lugares donde podrán realizarse las notificaciones correspondientes. A pesar de dicha fórmula, que se ha instaurado como regla general en la práctica procesal colombiana, el Código de Procedimiento Civil, estatuto que debe guiar el actuar del abogado litigante, no consagra ninguna norma que establezca de manera específica cómo deben presentarse una contestación de la demanda. Más aún, no existe en el Código consecuencia negativa alguna para el no cumplimiento de fórmulas sacramentales, tal como la que se señaló previamente. Por estos motivos, a pesar de que el escrito presentado por la señora Acosta no correspondió a una forma específica, como la planteada previamente, se puede evidenciar claramente que sí se estaban presentando excepciones y solicitando una prueba: la grafológica frente a la firma del título allegado. En respuesta, el Juzgado en cuestión negó la solicitud de dicha prueba al considerar que “sería el caso decretar las pruebas solicitada (sic) por las partes, sin embargo observa el despacho que las manifestaciones elevadas por el demandado al contestar la demanda no tienen el carácter de excepciones y por lo tanto no hay lugar a correr traslado de las mismas”. (Folio 21, cuaderno 1). De esta manera, y en virtud de una consideración sin fundamento legal por medio de la cual no se aceptó la forma en que se solicitó la prueba, el juez que conoció de la ejecución impugnada, procedió a denegarla. Esta actuación debe revisarse con especial cuidado pues como se mencionó previamente, siendo el ejercicio probatorio un elemento de esencial importancia para el desarrollo del derecho fundamental al debido proceso, la denegación de una oportunidad probatoria tiene evidente relevancia constitucional y amerita la revisión por parte de la Sala. 3.3.3. Esta misma consideración se obtiene, en cuanto la medida que ordenó el embargo de una parte del salario de la peticionaria puede amenazar el derecho al mínimo vital y móvil de la accionante, más aun cuando la orden proferida por el juez dispone “el embargo y retención de la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual que la demandada ELIZABETH ACOSTA LOPEZ devengue como empleada de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL de esta ciudad, limitando esta medida a la suma de $10’000.000.oo”. (Folio 16, cuaderno 1). Con la cual el decreto del embargo dobla la suma debida. Aunque se podría pensar que el porcentaje embargado no representa un parte significativa del salario, como lo puso en evidencia la peticionaria, de dichos ingresos no depende únicamente el cuidado de su diabetes, sino también el de su madre enferma y sus cinco hijos[5], por tanto, cualquier porcentaje de este monto que se vea retenido representa una dificultad económica delicada. Por esta razón, y teniendo en cuenta que la orden de embargo expedida a raíz del proceso ejecutivo impugnado puede afectar el derecho al mínimo vital y móvil de la peticionaria y su familia, el presente litigio reviste una evidente importancia constitucional, que amerita el estudio por parte de la esta Corporación. 3.3.4. Por último, el caso concreto reviste un asunto de esencial relevancia constitucional, pues la señora Acosta López alegó la falta de una defensa técnica en el desarrollo del proceso. Esta ausencia de consejo especializado es la causa por medio de la cual la accionante fundamentó la inacción de su defensa en el proceso ejecutivo. Como lo señaló la solicitante en la acción de tutela, una vez fue demandada para lograr el cobro ejecutivo de la deuda “me notifiqué personalmente y dentro del término que allí me señalaban, procedí a contestar la demanda, sin acudir a abogado alguno ya que en ese juzgado me dijeron que podía hacerlo sin asesoría pues se trataba de una demanda de mínima cuantía. Advierto que no soy abogada, soy una simple Bachiller con deseo de prosperar”. (Folio 30, cuaderno1). En efecto, el régimen procesal civil colombiano exige en el artículo 63 de su estatuto el deber de que “las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos que la ley permite su intervención directa”[6]. Dentro de las excepciones que contempla la norma citada, se encuentra la salvedad contenida en el artículo 28 del Decreto 196 de 1971, que plantea: “por excepción se podrá litigar en causa propia sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos: (…) en los procesos de mínima cuantía”. En virtud de este esquema normativo, la alegación de la señora López Acosta es cierta, y es posible que, cuando se está ante una causa de mínima cuantía, se haga parte del proceso sin mediación de un abogado, pero en este caso particular ésta regla actuó en pro del deterioro del derecho del acceso efectivo a la justicia de la señora López Acosta. Esta Corporación ha reconocido y desarrollado la especial importancia que se deriva del derecho a la defensa dentro del orden constitucional y para el sistema judicial colombiano. En este sentido, cuando se constata una situación específica por medio de la cual una persona enfrentó el desarrollo de un proceso judicial sin el adecuado consejo técnico, y que esta situación condujo a la afectación de su estrategia de defensa, se evidencia una cuestión de esencial relevancia constitucional. A pesar de que en este caso específico existe licencia legal (el artículo 28 del Decreto 196 de 1971 citado previamente) para que la señora Acosta López actuara en nombre propio y sin necesidad de apoderado, cuando el juez advirtió que esta situación actuó en desmedro del derecho a la defensa de la accionante, tenía el deber, como director del proceso y guardián de las garantías constitucionales que se deben preservar en el mismo, de señalar soluciones posibles a la situación. Aunque es evidente que el juez debe preservar su absoluta imparcialidad y tratar con igualdad a las partes, pues así lo estatuye el numeral 2º del artículo 37 del C.P.C., otro de los deberes consagrados en dicha norma es el de dirección del proceso. Así, dentro de la potestad que se le atribuye al juez como Director del proceso, si el mismo advierte que a una de las partes no se le está asegurando su derecho al acceso efectivo a la administración de justicia, por carecer del consejo técnico del cual pende la interacción apropiada en un proceso judicial, debe señalarle las posibilidades que tiene para remediar esta situación y conseguir un abogado. De esta manera, el juez compensa la falta que se estructura en el proceso cuando una persona no puede adelantar sus pretensiones por encontrarse sin asesoría técnica y le señala los servicios por medio de los cuales puede obtener este consejo, por ejemplo la asistencia de los consultorios jurídicos, en caso de no tener los recursos necesarios para los servicios requeridos. Esta actuación no vulnera el derecho a la igualdad entre las partes, al contrario, lo garantiza pues por medio de ella se asegura que ambos lados del contradictorio actúen en el proceso a la luz de las reglas exigidas y acorde con el concepto técnico de una persona que conoce las vicisitudes del proceso y la forma en que se deben adelantar las pretensiones de cada parte. En congruencia, la facultad de dirección del proceso que adelanta el juez involucra lo que doctrinariamente se conoce como la fijación de la litis, actividad por medio de la cual debe realizar todos los esfuerzos necesarios para determinar con claridad cuáles son las pretensiones de cada parte, los elementos probatorios que sustentan sus solicitudes y el proceder legal por medio del cual se deben tramitar. Carnelutti describe este ejercicio como el deber del juez de “dirigir, orientando, estimulando o modelando, los debates entre las partes a través de los cuales se forma el cuadro definitivo de las respectivas razones”[7]. Este deber en cabeza del juez no se suspende cuando existe autorización legal para que las partes actúen sin representación de un apoderado, pues esta excepción se estructura como una facilidad y no como un obstáculo para la realización de la justicia material. En efecto, el profesor López Blanco plantea al respecto “la finalidad de la ley al establecer esta excepción fue evitar a quien litiga en procesos por sumas tan bajas las erogaciones que demanda contratar un abogado, cuyos honorarios podrían resultar mayores que lo pretendido”[8]. Por este motivo, es claro que la posibilidad de actuar sin un apoderado en los procesos de mínima cuantía se presenta como una garantía para el acceso efectivo a la administración de justicia, y así poder evitar un costo excesivo para quien enfrenta una causa de un monto dinerario pequeño. Por tanto, esta excepción no puede entonces actuar en deterioro del derecho a la defensa, derecho que inspiró su misma consagración. Al contrario, cuando existe falta de asesoría legal para alguna de las partes, el deber de dirección del proceso del juez se vigoriza, pues debe ser más acucioso en aras de lograr una apropiada integración de la litis, realizando esfuerzos adicionales para entender aquello expresado por las partes ante la falta del consejo técnico de un abogado. En definitiva, una parte no se expresa de la misma manera cuando está asesorada por un abogado que cuando no lo está. Por tanto, el juez debe comprender y actuar de manera consecuente con esta diferencia, utilizando criterios más flexibles cuando se enfrenta a una persona que actúa sin consejo legal, contribuyendo a un verdadero entendimiento de lo que quiso decir y de sus pretensiones reales en el transcurso del proceso. En virtud de esta argumentación, se puede evidenciar que la falta de un consejo técnico en este caso y la actitud poco diligente del juez, sí se tradujo en una afectación del derecho al efectivo acceso a la administración de justicia de la accionante, como ella misma lo afirma en el escrito de tutela (Folio 30, cuaderno 1) y por tanto se estructura como un elemento de esencial relevancia constitucional. 3.4. Agotar todos los medios de defensa judicial posibles o en su defecto la acreditación de la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable. 3.4.1. Este segundo requisito hace referencia al “deber del actor de desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos”.[9] La teleología tras esta condición de procedibilidad es preservar el carácter alternativo y subsidiario que inspiró la consagración de la acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano. Así, se pretende evitar que la tutela invada las competencias asignadas a las distintas autoridades de la justicia ordinaria, conllevando a un desborde institucional a través del abuso de la jurisdicción constitucional. 3.4.2. En el presente caso es posible evidenciar que sí existían otros medios de defensa judicial que hubiese podido utilizar la peticionaria para adelantar sus pretensiones. En primera instancia, y para remediar la negación a practicar la prueba grafológica solicitada, la accionante hubiese podido interponer recurso de apelación contra dicha decisión. Este recurso no se presentó y por tanto la decisión que cercenó la práctica de la prueba adquirió firmeza dentro del proceso ejecutivo. Una vez consumado el término para presentar el recurso de apelación contra el auto que negó el decreto de la prueba, y puesta en firme la sentencia, la señora Acosta López hubiese podido solicitar la práctica del incidente de nulidad, alegando la causal sexta que establece esta posibilidad cuando “se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión”[10]. En el presente caso, el Juzgado 45 Civil Municipal consideró que aquello presentado por la peticionaria para responder la demanda no satisfizo las formas básicas y por el mismo motivo entendió que la oportunidad propicia no se había utilizado para pedir las pruebas. En efecto, en la sentencia de ejecución, el juez consideró que la demandante “no opuso excepción alguna al ejercicio de la acción” (Folio 22, cuaderno 1), desconociendo así la actuación adelantada y omitiendo la oportunidad legal y constitucional para pedir la prueba grafológica. Por último, la peticionaria hubiese podido presentar recurso extraordinario de revisión ante la aparición de la prueba grafológica en el proceso penal iniciado contra el señor Edgar Martínez Paz, invocando la causal primera que según el artículo 380, numeral 1 del C.P.C. se presenta al “haberse encontrando después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”. En efecto, el informe grafológico según el cual la firma de la señora López Acosta no es la que se encuentra plasmada en el título, se realizó el 30 de septiembre de 2011, aproximadamente un año y medio después de que se expidiera la sentencia el 28 de abril de 2010. 3.4.3. A pesar de los recursos que se señalaron en cabeza de la señora Acosta López, y que en principio cercenarían la procedencia de la presente acción de tutela, la falta de acción de la peticionaria no se constituye como razón suficiente para declarar la improcedencia de la presente acción, pues conduciría a la consumación de un perjuicio irremediable. Frente a esta posibilidad la Corte ha reconocido que “aun existiendo otro medio de defensa judicial, es posible promover la tutela como mecanismo transitorio, cuando el actor logra acreditar que el derecho presuntamente afectado se encuentra sometido a un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción debe orientarse a evitar la consumación del perjuicio y los efectos del fallo serán transitorios, mientras se resuelven los recursos ordinarios que deben ser interpuestos”[11]. Finalmente, y para poder utilizar la acción de tutela en aras de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable, resulta de imperiosa necesidad que el peticionario lo pruebe sumariamente sus pretensiones. Pues: “si se alega como perjuicio irremediable la afectación del mínimo vital, la Corte ha señalado que si bien en casos excepcionales es posible presumir su afectación, en general quien alega una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de pago de alguna acreencia laboral, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria. Esta Corporación ha reconocido que la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones”.[12] Por tanto, frente a la existencia del perjuicio irremediable existen diversos elementos que han de tenerse en cuenta a la luz de la jurisprudencia citada previamente. Primero, cuando se constatan en cabeza del peticionario otras acciones para adelantar la defensa de sus pretensiones, procederá la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Segundo, la ocurrencia de dicho perjuicio debe sustentarse de manera sumaria en los documentos allegados. 3.4.4. En el caso que estudia la Sala, la peticionaria allegó suficiente material probatorio para constatar ante el juez de tutela que se encuentra en una situación económica precaria, que varios miembros de su familia dependen de ella y por tanto, que el embargo de una parte de su salario, conduciría a la afectación de su mínimo vital y el de su familia. En efecto, obran en el expediente los certificados médicos que constatan que la solicitante padece de Diabetes Mellitus y ha sido tratada por ansiedad y depresión.[13] El nivel de diabetes que padece la solicitante la convierte en una paciente dependiente de la insulina para sobrevivir, por tanto, es una delicada situación de salud que requiere recursos para su cuidado apropiado. En el expediente también obran pruebas de la delicada condición de la madre de la peticionaria por padecer síndrome de colon irritable y arritmia cardiaca.[14] Por último, también se encuentra el contrato que suscribió la señora Acosta, para arrendar el apartamento en el cual vive con sus cinco hijos.[15] En virtud de los documentos citados previamente, se hace evidente que la situación económica de la señora López Acosta sí es ciertamente precaria, pues debe responder por su delicado estado de salud, el de su madre y por sus cinco hijos, de modo que el embargo de un porcentaje de su salario implicaría una afectación a su vida y la de sus familiares que dependen de ella. Por ese motivo, procede la acción de tutela en aras de evitar un perjuicio irremediable con efectos transitorios, como se justificará al resolver el caso concreto que ocupa a la Sala. 3.4.5. Frente a la inacción de la señora López Acosta es preciso traer a colación la falta de consejo técnico desarrollado en el acápite número 3.2.4. de esta providencia y puede constituirse como una explicación a la posterior inacción de la peticionaria en el proceso ejecutivo. En efecto, la falta de certeza por parte del juez de qué cuantía se trataba el asunto sometido a su conocimiento, y la falta de apoderado judicial condujo a la inacción de la peticionaria en el proceso ejecutivo. Por un lado, mediante la providencia que ordenó la ejecución de la señora López Acosta se evidencia que no hubo certeza sobre la cuantía durante el desarrollo del proceso, y por tanto tampoco fue clara la necesidad o no de un apoderado judicial. En efecto, la sentencia de ejecución del 28 de abril de 2010 dictada por el Juzgado 45 Civil Municipal se pretendió aclarar que “téngase en cuenta que el presente proceso es de mínima cuantía y no de menor como quedó señalado en el auto de mandamiento de pago”. (Folio 22, cuaderno 1). Así, se pone en evidencia la forma en que el juez intentó subsanar un error que hubiese conducido a la nulidad del proceso pues, de haber adelantado un proceso de menor cuantía sin que la parte demandada actuara por medio de un apoderado judicial, se hubiera incurrido en una causal de nulidad, además de una afectación al derecho al acceso efectivo a la administración de justicia de la señora López Acosta. Por este motivo, cuando acaeció el momento de fallar, el juez subsanó dicha inconsistencia aclarando que el proceso era de hecho de mínima cuantía y que por tanto la falta de un apoderado durante todo su transcurso, no afectaría su validez. A pesar de haber subsanado, la falta de certeza frente a un asunto de vital importancia durante el desarrollo del proceso, actuó en desmedro de los derechos de la señora López Acosta quien se presentó sin apoderado judicial que prestara su consejo técnico para adelantar una estrategia de defensa acorde con sus intereses. En virtud de esta situación, aunque sí es posible que la peticionaria actuase en el proceso sin apoderado judicial, se hace evidente -como ella misma lo relata en el escrito de tutela- que la falta de asesoría condujo a su inacción en el proceso ejecutivo y por tanto no se puede endilgar esta situación como motivo para sustentar la improcedencia de la presente acción de tutela. 3.5. Requisito de la inmediatez. 3.5.1. El tercer requisito propugna porque la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la supuesta vulneración. Esta condición está encaminada a proteger los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, pues de permitir que la acción de tutela proceda años después de proferida la decisión, contribuiría a su menoscabo. Si bien en el artículo 86 constitucional y en el Decreto 2591 de 1991 no se consigna ningún término de caducidad de la acción de tutela, la jurisprudencia de esta Corte ha insistido en que su formulación debe realizarse en un término razonable desde la configuración del acto o de la omisión que amenaza o que vulnera algún derecho fundamental[16]. Es de señalar, sin embargo, que el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 consagraba originalmente un término de caducidad aplicable a la acción constitucional[17]. Sin embargo, esta norma fue declarada inexequible en la sentencia C-543 de 1992, providencia que encontró “palpable la oposición entre el establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede intentarse ‘en todo momento’”. En virtud de esta declaración y tras realizar un estudio del marco normativo de la acción de tutela, resulta evidente que este mecanismo de defensa judicial es el más fulminante, breve y urgente para el amparo de los derechos fundamentales, salvo el mecanismo del habeas corpus en relación exclusiva con el derecho a la libertad personal cuando alguien es privado de ella con violación de las garantías constitucionales o legales. En este orden de ideas, la Sala recuerda que “[e]n ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”[18], es decir que esta acción cuenta con un privilegio especial entre el conjunto de acciones compiladas en el ordenamiento jurídico, ya que debe ser fallada en un término que, además de perentorio, es muy corto, lo que hace de éste un procedimiento preferente y sumario[19], como en efecto lo establece el primer inciso del artículo 86 de la Carta y el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991. Dada la relevancia de los bienes jurídicos que la tutela protege, ésta no sólo debe ser resuelta prontamente sino que puede ser interpuesta en cualquier momento. Por ello es que el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 prevé que “[t]odos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela” y que “[l]a acción de tutela procederá aún bajo los estados de excepción”. Así pues, el juez de tutela está investido del poder de decretar medidas provisionales para proteger un derecho, al igual que puede tutelar un derecho fundamental de manera transitoria cuando, existiendo otro medio de defensa judicial, la acción constitucional busque evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Asimismo, la procedencia de la acción de tutela no está sujeta al previo agotamiento de los recursos de la vía gubernativa[20] y puede ser promovida directamente por las personas sin necesidad de estar representadas por un abogado. La premura que define a la acción constitucional se corrobora con los principios de “publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia”[21] que la irradian. Igualmente, el artículo 18 del Decreto 2591 de 1991 concede al juez constitucional la potestad de “tutelar el derecho, prescindiendo de cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho”, lo cual aporta más elementos al perfil de urgencia que tiene la tutela. La anterior potestad está complementada por el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991 que dispone que “[e]l juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”. Por último, la urgencia que es transversal al procedimiento de tutela es confirmada por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 al prescribir que el recurso de apelación contra un fallo de tutela se concede en el efecto devolutivo, esto es, que entre tanto se define la segunda instancia, no se suspende el cumplimiento de la providencia apelada[22]. En idéntico efecto se concede la revisión por parte de la Corte Constitucional[23]. En resumen, “el constituyente, para evitar dilaciones que prolonguen la vulneración de los derechos invocados y para propiciar una protección tan inmediata como el ejercicio de la acción, permite que se interponga directamente por el afectado, es decir, sin necesidad de otorgar poder a un profesional del derecho; orienta el mecanismo al suministro de protección inmediata; sujeta su trámite a un procedimiento preferente y sumario; dispone que la decisión se tome en el preclusivo término de diez días; ordena que el fallo que se emita es de inmediato cumplimiento y, cuando se dispone de otro medio de defensa judicial, permite su ejercicio con carácter transitorio para evitar un perjuicio irremediable”[24]. Habida cuenta de todas las disposiciones reseñadas que demuestran que la tutela es una acción irradiada por la urgencia, resulta apenas natural que se le exija al demandante actuar con premura en su interposición, esto es, el accionante debe presentar la acción de tutela en un término prudencial contado desde el momento de la lesión o amenaza del derecho fundamental. A contrario sensu, la formulación de la tutela mucho tiempo después de ocurrido el acto o la omisión que vulnera o amenaza un derecho fundamental es indicativo de que el solicitante no requiere de una solución con respecto a sus derechos fundamentales con la prontitud y la inmediatez que simbolizan a esta acción, de suerte que podría acudir a los demás medios de defensa, tanto administrativos como judiciales, previstos en el ordenamiento, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos[25]. Esta premura, que se evidencia como piedra angular del procedimiento de tutela, está llamada a cuidar que el peticionario hubiese actuado ante la jurisdicción constitucional y hubiese puesto de presente sus pretensiones, proscribiendo así la inacción por parte del solicitante. Así, de la mano con la prontitud que se exige al peticionario para presentar la acción de tutela, se debe tener en consideración también la actividad del solicitante ante otras jurisdicciones. Es decir, aunque no debe transcurrir un lapso de tiempo demasiado amplio entre la presentación de la tutela y el hecho constitutivo de la afectación a los derechos fundamentales, esta situación se puede subsanar si se evidenció que el peticionario intentó promover sus pretensiones ante otros jueces y otras jurisdicciones. De esta manera la Corte ha reconocido en diversos pronunciamientos[26] la posibilidad de que se satisfaga el requisito de inmediatez a pesar de que la tutela no se haya presentado justo después del hecho vulneratorio, pues esta falta se subsana si se comprueba que el accionante actúo por otras vías para presentar sus argumentos, pero este ejercicio no le hubiese resultado exitoso y por tanto debió recurrir a la acción de tutela. 3.5.2. En el caso bajo estudio, aunque transcurrió un período de tiempo considerable -20 meses- entre la ocurrencia del proceso judicial estimado vulneratorio del debido proceso y la presentación de la acción de tutela, a juicio de la Sala sí se satisface el requisito de inmediatez. Lo anterior por cuanto es claro que la accionante acudió a otros medios de defensa judicial para presentar sus argumentos en el periodo transcurrido entre la sentencia que la condenó en el proceso ejecutivo y la interposición de la acción de amparo. Durante dicho lapso la accionante acudió al proceso penal con el fin de establecer la falsedad del título; proceso que si bien no es una de las vías civiles señaladas previamente para impugnar la decisión, si es una acción que tiene como fin proteger los intereses de la misma. Así, aunque el proceso ejecutivo finalizó con una providencia del 28 de abril de 2010 y la acción de tutela fue presentada en los días de diciembre del año 2011, es indiscutible que la peticionaria sí tuvo una posición activa e interesada en el entretanto. Por este motivo sí se cumple con el requisito de la inmediatez pues “con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica”.[27] Adicionalmente, como resultado del proceso penal, se efectuó una prueba grafológica que le permitió establecer la falsedad de la firma utilizada en el título, dicho informe se allegó el día 30 de septiembre de 2011. De manera que su actividad en periodo entre la providencia que la condenó y la interposición de la acción de tutela, tuvo como fruto una prueba que respalda sus pretensiones. 3.6. Injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 3.6.1. Frente al cuarto requisito para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta corporación ha establecido: “Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora”.[28] 3.6.2. En el caso bajo estudio sí se argumentó la existencia de una irregularidad procesal, consistente en la respuesta que dio el juez de la ejecución a la contestación de la demanda presentada por la peticionaria, y esta supuesta irregularidad tuvo determinantes efectos en la providencia atacada. En efecto, la irregularidad procesal consistió en el desconocimiento de la contestación de la demanda y las órdenes que el Juzgado 45 Civil Municipal expidió tras su presentación, olvidando el conducto regular que debía seguir el proceso iniciado, una vez contestada la acción como se contestó. La demanda ejecutiva se contestó el día 21 de octubre de 2009, presentando oposición a las pretensiones de la ejecución, en la que la peticionaria señaló que “la letra que presenta no corresponde a mi firma y nunca he creado a favor del Sr. EDGAR MARTINEZ PAZ, una letra de cambio” y por tanto solicitó que “se revise la autenticación de mi firma grafológica”. (Folio 18, cuaderno 1). A pesar de encontrarse contestada la demanda, como se señaló atrás, el Juzgado 45 Civil Municipal expidió un auto el 7 de diciembre de 2009 por medio del cual afirmó que “sería el caso decretar las pruebas solicitadas por las partes, sin embargo observa el despacho que las manifestaciones elevadas por el demandado al contestar la demanda no tiene el carácter de excepciones y por lo tanto no hay lugar a correr traslado de las mismas”. (Folio 21, cuaderno 2). De esta manera, el juez consideró que los argumentos presentados en la contestación no podían considerarse como excepciones y sin motivar esta decisión, optó por no ordenar la práctica de la prueba grafológica solicitada por la peticionaria. Esta actitud del juez de ejecución constituye una irregularidad procesal pues, se desconoció la contestación de la demanda, considerada como insuficiente y como consecuencia de esta decisión inmotivada se negó la práctica de una prueba solicitada y de trascendental importancia para la decisión a tomar en el proceso. Por último, resulta evidente la injerencia que tuvo esta irregularidad en el proceso ejecutivo cuestionado pues en la sentencia se planteó que “el demandado el día quince de nueve de octubre de 2009 (sic) se notificó personalmente, quien dentro de la oportunidad procesal correspondiente no opuso excepción alguna al ejercicio de la acción, así como tampoco cancelo (sic) la obligación, resultando oportuno tomar la decisión que corresponda con arreglo a lo previsto en el art. 507 del C. de P.C.” (Folio 22, cuaderno 1). Como se puede verificar, el hecho de que el juez considerase que la demanda no fue contestada, a pesar del escrito presentado, sí tuvo una ingerencia determinante en la decisión pues condujo a la ejecución de la señora López Acosta, por la deuda que hoy se cuestiona. Por estos motivos se cumple también este requisito de procedencia de la acción de tutela impetrada pues la irregularidad procesal señalada tuvo una importancia determinante para la decisión que ahora se analiza. 3.7. Identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración y los derechos considerados vulnerados y que se hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. 3.7.1. Este requisito está encaminado a asegurar que quien interpone la acción de tutela identifique de manera clara y razonable cuales fueron las actuaciones u omisiones que condujeron a la vulneración alegada. El segundo elemento que compone este criterio, es que dichos argumentos se hubiesen presentado en el proceso judicial que fue impugnado con la tutela de manera reiterada. 3.7.2. En el presente caso los alegatos sobre la falsedad del título presentado se esgrimieron en la contestación de la demanda, como ya se ha dicho, y en concordancia con ellos también se presentó una denuncia penal tendiente a esclarecer la autenticidad de la firma cuestionada. Por tanto, se satisface este requisito al encontrar que los hechos que configuran la supuesta vulneración a los derechos fundamentales, fueron presentados en sendas ocasiones dentro del presente litigio y por medio de diversas vías jurídicas. 3.8. Que no se trate de sentencias de tutela. La providencia atacada no es una sentencia de tutela, por tanto no incurre en la prohibición contenida en el último requisito. 3.9. Existencia de los defectos específicos en la providencia atacada. Constatados como se encuentran todos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es posible pasar a determinar si en el presente caso se puede verificar la existencia de los defectos alegados por la peticionaria. 3.10. Análisis sobre la existencia de algún defecto en las providencias atacadas. 3.10.1. En el escrito de tutela presentado se pueden evidenciar dos argumentos principales clasificados como un defecto fáctico y un cargo por falta de motivación. Para entender realmente el contenido de los cargos aducidos por la peticionaria, es necesario reiterar la naturaleza de los fenómenos jurídicos traídos a colación. Por un lado, esta Corporación ha definido al defecto fáctico “como aquel que surge o se presenta por omisión en el decreto y la práctica de las pruebas; la no valoración del acervo probatorio y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica; por último, la Corte también lo ha llegado a derivar de problemas intrínsecos relacionados con los soportes probatorios”[29]. Por otro, se ha planteado que la falta de motivación: “es un defecto de las providencias judiciales cuando se adoptan sin justificación suficiente. La deficiencia puede originarse –como lo ha reconocido la Corte Constitucional- o bien en la falta de justificación externa o bien en la carencia de justificación interna. La primera, la falta de justificación externa, se predica de aquellos juicios jurídicos en los cuales la premisa normativa o la premisa fáctica del juicio jurídico aparecen construidas por el juez sin argumentación suficiente. Tanto los elementos fácticos como los normativos empleados en una sentencia podrían, efectivamente, responder a la realidad procesal o a lo que dispone el ordenamiento jurídico. Pero, aún así, si no se ofrecen motivos para sustentarlos, la interpretación estaría indebidamente justificada, porque no existirían muestras de la actuación adelantada por el juez para concluir que esos eran, definitivamente, los componentes determinantes del sentido de su decisión”[30]. Por su parte, la segunda deficiencia, se denomina falta de justificación interna y “se le atribuye a la conclusión cuando no es ‘solidaria con las premisas’ o, como lo señaló la Corte en otra ocasión, cuando no ‘se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación’. Sin embargo, debido a que las decisiones jurídicas, muy a menudo no son evidentes, y no pueden nunca ser arbitrarias, es preciso exponer las razones que justifican el paso de las premisas a la conclusión”[31]. Esta distinción pretende hacer hincapié en que “la argumentación, como medio técnico de control de cualquier decisión en el Estado social de derecho, no es un simple requisito meramente formal, sino de fondo, de allí que la teoría estándar de la argumentación jurídica imponga que las decisiones deban contar no sólo con una justificación externa, sino interna. En está última, como lo enseña el profesor Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.[32] 3.10.2. En el...