Sentencia T-504 de 2013

T-504-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-504/13 (Bogotá D.C., julio 26) ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA FUNCIONARIO JUDICIAL-Reglas y procedimiento En el proceso disciplinario, las faltas disciplinarias se clasifican en gravísimas, graves y leves, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002. Dependiendo de la falta disciplinaria, las sanciones pueden consistir en la destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima; la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas; la suspensión, para las faltas graves culposas; la multa, para las faltas leves dolosas; o la amonestación escrita, para las faltas leves culposas. Cabe anotar que, en el derecho disciplinario, las faltas se consignan en tipos abiertos debido a que el legislador no puede preveer todos los comportamientos que prohibidos o los actos antijurídicos de los servidores públicos, razón por la cual, es necesario acudir a otras disposiciones en las que se señalen las conductas proscritas de las autoridades. INVESTIGACION DISCIPLINARIA-Término El término general de la investigación disciplinaria es de seis meses, y en ella se trata de establecer la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió la conducta, determinar el perjuicio causado a la administración pública y esclarecer la responsabilidad del disciplinado. La apertura de la investigación se debe notificar al investigado. De acuerdo con los artículos 161 y 162 de la Ley 734 de 2002, por regla general, transcurridos seis meses de investigación, una vez recaudadas las pruebas que demuestren objetivamente la falta disciplinaria o vencido el término de la investigación, dentro de los quince días siguientes, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará el archivo de la actuación. Contra dicha decisión no procede recurso alguno. PROCESO DISCIPLINARIO-Notificación del pliego de cargos y oportunidad de variación El pliego de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere. De no presentarse el procesado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación, se procederá a designar defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal. Las restantes notificaciones se surtirán por estado. Es importante anotar que el pliego de cargos puede variar una vez concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La modificación se notificará en la misma forma del pliego de cargos y puede otorgarse un término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas. La Corte ha considerado que no contradice la Constitución y en particular la presunción de inocencia, el hecho de que pueda variarse la calificación jurídica en el pliego de cargos, en efecto “el carácter provisional de la calificación de una falta disciplinaria se aviene con la garantía del debido proceso, toda vez que mantiene la presunción de inocencia del procesado en cuanto a la falta por la cual se lo acusa, presunción únicamente desvirtuable mediante el fallo disciplinario por medio del cual se impone una determinadas sanción”. FALLO EN PROCESO DISCIPLINARIO-Contenido/FALLO EN PROCESO DISCIPLINARIO-Debe ser motivado ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DISCIPLINARIO-Procedencia por cuanto Consejo Superior de la Judicatura desconoció precedente sobre fuerza mayor y caso fortuito como eximente de responsabilidad disciplinaria cuando la falta es resultado de la negligencia de otros miembros del Despacho ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DISCIPLINARIO-Caso en que se desconoce derecho a la igualdad por apartarse del precedente jurisprudencial del Consejo Superior de la Judicatura sobre fuerza mayor y caso fortuito como eximentes de responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados por incumplimiento de términos en acciones de tutela ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por incumplir requisito de inmediatez en proceso disciplinario Referencia: Expedientes acumulados T-3.832.911 y T-3.840.830. Accionantes: T-3.832.911 Julio Antonio Ojito Palma; T-3.840.830 Felipe Santiago Restrepo Posada. Accionados: T-3.832.911 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, integrada por los Magistrados José Ovidio Claros Polanco, María Mercedes López Mora, Jorge Armando Otálora Gómez, Pedro Alonso Sanabria Buitrago; T-3.840.830 Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria. Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. I. ANTECEDENTES. 1. Expediente T-3.832.911. 1.1. Elementos de la demanda. 1.1.1. Derechos Fundamentales invocados. El señor Julio Antonio Ojito Palma invocó el desconocimiento del derecho a la igualdad de trato jurídico, buen nombre, trabajo, salario móvil y dignidad humana. 1.1.2. Conducta que causa la vulneración. El fallo del 15 de febrero de 2012 del Consejo Superior de la Judicatura en el que se le declaró responsable del incumplimiento previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 15 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, a raíz del cual se le sancionó con suspensión de un mes en el cargo de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. 1.1.3. Pretensiones. El accionante solicitó: (1) Declarar la nulidad de lo actuado a partir de la notificación del auto del 16 de marzo de 2011, fecha en la que se formularon cargos en su contra; (2) Revocar el fallo del 15 de febrero de 2012, dictado por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, dentro del radicado 2010-003028-00; (3) Ordenar la suspensión, de manera provisional, de la ejecución de la sanción impuesta por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en providencia del 15 de febrero de 2012. 1.2. Fundamentos de la pretensión[1]. 1.2.1. El accionante, en su calidad de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, conoció de una acción de tutela interpuesta contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. El reparto del libelo se realizó el 2 de junio de 2010; su entrega a la secretaría de la Sala se efectuó el 4 de junio de 2010; la radicación por la secretaría de la Sala fue ese mismo día. La demanda fue luego entregada al despacho el 8 de junio de 2010 y ese mismo día se dictó por el Magistrado Ponente auto admitiendo el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenando que se le oficiara a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que ejercieran sus derechos a la defensa y a la contradicción. 1.2.2. El 18 de junio de 2010, la secretaría de la Sala realizó un informe secretarial en el que informaba sobre la contestación de la acción de tutela por parte del vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico. 1.2.3. El 21 de junio de 2010 se registró en el expediente constancia dejada por el auxiliar judicial del Magistrado, de que la acción referenciada se había traspapelado con otros expedientes razón por la cual se pasaba al despacho del Magistrado en esa fecha. 1.2.4. El 11 de agosto de 2010 se profirió fallo denegando el amparo invocado. 1.2.5. Las comunicaciones de notificación de la acción de tutela fueron realizadas por la secretaría de la Sala el 17 de agosto de 2010, y una vez notificado, el apoderado de la accionante presentó escrito de impugnación que fue recibido el 23 de agosto de 2010 en la secretaría de la Sala. 1.2.6. Mediante auto del 23 de agosto de 2010 se concedió la impugnación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 1.2.7. En sentencia del 7 de octubre de 2010, se revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, se amparó el derecho de petición de la accionante. 1.2.8. Los fallos de tutela fueron remitidos a la Corte Constitucional que en auto del 23 de noviembre de 2010, los excluyó de revisión. 1.2.9. El 22 de octubre de 2010, el Consejo Superior de la Judicatura, dictó auto abriendo investigación disciplinaria en contra del accionante para establecer si había incurrido en responsabilidad disciplinaria debido a que la fecha de ingreso de la mencionada tutela fue el 8 de junio de 2010 y la fecha en la que se profirió el fallo fue el 11 de agosto del mismo año. 1.2.10. El 16 de marzo de 2011 se avaluó el mérito de la investigación formulándose cargos en contra del Magistrado por el posible incumplimiento del deber previsto en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1994, en concordancia con el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 15 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, falta que se consideró bajo la modalidad culposa y fue calificada como grave. 1.2.11. El señor Ojito Palma fue notificado del pliego de cargos el 31 de mayo de 2011. 1.2.12. El 15 de febrero de 2012, el Consejo Superior de la Judicatura profirió sentencia declarando disciplinariamente responsable al accionante y sancionándolo con suspensión de su cargo por el término de un mes. 1.2.13. El accionante consideró que en el trámite procesal se desconoció el artículo 166 de la Ley 734 de 2002[2] puesto que, luego de la notificación del pliego de cargos, el expediente no se mantuvo en la Secretaría del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, para que estuviera a disposición de los sujetos procesales para efectos de aportar o solicitar pruebas, o para que presentaran sus descargos. Asimismo alegó el desconocimiento de los artículos 107 y 120 del Código de Procedimiento Civil así como el artículo 167 de la Ley 734 de 2002. Esta irregularidad no fue advertida por el Despacho que siguió el curso del proceso sin pronunciarse sobre la misma. Acorde con lo anterior, el accionante alegó que su silencio en la oportunidad procesal de presentar descargos y solicitar pruebas se debió a la omisión de la judicatura, y esta situación incidió en la decisión final del Consejo Superior de la Judicatura. 1.2.14. De este modo, el señor Ojito Palma concluye que se viola gravemente el derecho al debido proceso, proyectándose lo anterior a otros derechos, debido a la omisión de la Judicatura que le impidió defenderse o solicitar pruebas. Cita en este punto el caso adelantado contra el doctor Angelino Lizcano Rivera en el que la Sala Disciplinaria detectó la omisión de correr traslado a los sujetos procesales y reconoció que lo anterior suponía una violación del principio de legalidad. 1.2.15. Alegó que en su caso se desconoció el derecho a la igualdad porque el Consejo Superior de la Judicatura se apartó de múltiples decisiones que dictó en varios casos y en los que resolvió de manera distinta el mismo punto de derecho, para lo cual cita la manera como frente a las mismas circunstancias se decidió el caso del Doctor Jorge Eliécer Cabrera Jiménez. 1.2.16. Finalmente, el actor argumentó que los Magistrados José Ovidio Claros Polanco, María Mercedes López Mora, Jorge Armando Otálora Gómez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, se debieron declarar impedidos por cuanto el asunto sobre el que se falló, se refería a una acción de tutela, en la que fungía como entidad accionada el propio Consejo Superior de la Judicatura. 1.3. Contestación de la demanda. 1.3.1. Contestación del Magistrado Angelino Lizcano Rivera en su calidad de Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En escrito presentado el 1º de junio de 2012 y dirigido al Consejo Superior de la Judicatura, el Magistrado Angelino Lizcano Rivera solicitó negar el amparo de los derechos invocados por el accionante. Señaló que en el citado fallo se realizó un análisis exhaustivo de todas las pruebas aportadas en su oportunidad procesal, consideradas por el ponente como pertinentes y conducentes, lo cual llevó a la decisión que generó el descontento del accionante. Además advirtió que al señor Ojito Palma siempre se le garantizó el derecho a la defensa y al debido proceso, y que el accionante actuó dentro del trámite en su propia causa presentando únicamente alegatos de conclusión y guardando silencio en los descargos. El argumento según el cual se estaría desconociendo el derecho a la igualdad porque en casos semejantes se falló de diferente manera, obedece en realidad a la diferencia fáctica y probatoria de los asuntos examinados. Adicionalmente, consideró que la tutela debe ser negada porque las sentencias judiciales son “inmodificables en aras de la seguridad jurídica y el respeto a la separación de poderes”, y son procedentes, en casos excepcionales, ante causales genéricas de procedibilidad que ha establecido la jurisprudencia. Agregó que no es un juez de instancia y que su función se limita a examinar si una decisión judicial ha sido arbitraria. Estimó que en el presente caso no se presentó ninguna de las causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra sentencias y que el hecho de que el accionante no estuviera de acuerdo con la decisión no era razón suficiente para hacer procedente la acción de amparo. 1.4. Decisiones de instancia. 1.4.1. Sentencia de primera instancia. En providencia del 14 de junio de 2012, la Sala Dual de Decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, negó el amparo de los derechos fundamentales del accionante. Si bien estimó que se cumplían los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, advirtió que el Consejo Superior de la Judicatura al emitir su fallo disciplinario encontró que se daban todos los presupuestos legales estructurales de las faltas disciplinarias imputadas, así se concluyó que desde el punto de vista objetivo, el accionante en su condición de juez constitucional, había tardado 33 días en emitir la decisión de fondo sin que pudiera justificarse el retraso. En este sentido, el juez disciplinario consideró que se afianzaba la teoría de la culpabilidad, en la medida en la que el mismo Magistrado Ojito Palma sostuvo “no tener control de los procesos pues “esa labor es de mi auxiliar””[3]. Así, se advirtió que aún siendo el accionante un Magistrado de larga trayectoria en la rama judicial, no tenía control pleno de su despacho evidenciando absoluta negligencia y descuido, que no podía endilgar a un subalterno. La falta disciplinaria imputada al Magistrado fue a título de grave culposa al no haberse demostrado el dolo en sus actuaciones. Se atendió al contenido de los artículos 44 numeral 2, 45 y 47 de la Ley 734 de 2002, estableciendo que la conducta disciplinaria cumplía los presupuestos de ser típica, antijurídica y realizada con negligencia revelada por el funcionario. Se infirió de lo anterior, que la decisión adoptada no desconoció los derechos fundamentales del accionante y que se desprendió de un análisis ponderado del material probatorio allegado al expediente. 1.4.2. Impugnación En su escrito de impugnación, el señor Ojito Palma manifestó que la tutela no se pronunció sobre la solicitud de nulidad del proceso disciplinario. Señaló que la Corporación accionada siempre ha distinguido entre el simple acontecimiento de carácter fáctico, consistente en la demora en resolver un proceso, y la falta disciplinaria que se produce como resultado de la infracción al deber de dispensar pronta y cumplida justicia. En este caso, el accionante aceptó que la tutela fue fallada fuera del término pero argumentó que no era posible atribuirle dicha mora y expuso una serie de consideraciones que no fueron valoradas por el juez disciplinario. Por lo anterior, se produjo una vía de hecho porque se dedujo la responsabilidad a partir de la demora para proferir el fallo de tutela, sin que el señor Ojito Palma fuera realmente culpable. El reproche fue edificado sobre consideraciones erradas y desconoció el derecho a la igualdad al apartarse de una serie de decisiones previas del Consejo Superior de la Judicatura que fallaron de forma diferente casos semejantes al presente. De este modo, el accionante consideró que posiblemente la manera como expuso sus descargos produjo una decisión del juez disciplinario diferente a la de otros casos, sin tener en cuenta sus estadísticas de evacuación de los procesos que le han merecido sendas distinciones, ni los años que lleva dedicándose con diligencia a la rama judicial. Estimó el actor que lo sucedido en su caso obedeció al algo fortuito y que el juez disciplinario incurrió en un error al momento de tomar su decisión. 1.4.3. Sentencia de segunda instancia. En decisión del 21 de febrero de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, decidió confirmar el fallo de primera instancia. Con respecto a la presunta lesión del derecho a la igualdad, la Sala destacó, en primer lugar, que el accionante no presentó descargos ni solicitó la práctica de pruebas en la oportunidad procesal correspondiente, y ahora pretendía que el juez de tutela justificara la conducta por la cual se encontró disciplinariamente responsable. Con respecto a los otros casos que citó el señor Ojito Palma, señaló que se trataba de circunstancias distintas que fueron justificadas en su momento, a diferencia del accionante que, reiteraron no alegó al interior del proceso disciplinario. Así, no podía el investigado invocar una causal de fuerza mayor que no expuso en el proceso. Las ocasiones en las que la Sala ha justificado la conducta omisiva referida a la mora, responden a la carga excesiva debidamente demostrada por el funcionario y la producción consistente en el proferimiento de más de una sentencia de tutela diaria. Sobre la presunta indebida valoración probatoria, el a quem estimó que la Sala accionada valoró adecuadamente las pruebas y los hechos, incluida la carga laboral del funcionario en la época de los hechos. 2. Expediente T-3.840.830. 2.1. Elementos de la demanda. 2.1.1. Derechos fundamentales invocados. El accionante alegó la vulneración del derecho al debido proceso. 2.1.2. Conducta que causa la vulneración. La sentencia disciplinaria dictada en su contra por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca el 6 de mayo de 2011, confirmada por el Consejo Superior de la Judicatura el 3 de agosto de 2011, a raíz de la cual se le sancionó con suspensión de un mes en el cargo de Juez 9º Civil del Circuito de Cali. 2.1.3. Pretensiones. Declarar nula la sentencia sancionatoria en su contra. 2.2. Fundamentos. 2.2.1. El 4 de diciembre de 2006, el Despacho del cual es titular el accionante, es decir, el Juzgado 9º Civil del Circuito de Cali, avocó conocimiento de la acción de tutela instaurada por la sociedad SERTES LTDA., contra BCH en Liquidación. 2.2.2. De acuerdo con las disposiciones legales, la sentencia debía dictarse el 18 de diciembre de 2006, sin embargo, el juez tuvo que ausentarse durante los días 7, 13, 14 y 15 de diciembre del mismo año para atender una calamidad doméstica, por lo cual, el término fue interrumpido durante esos días y la fecha para dictar sentencia se extendió hasta el 15 de enero de 2007 debido a la vacancia judicial. 2.2.3. El 12 de enero de 2007, el representante legal de BCH en Liquidación respondió un requerimiento hecho por el mismo juzgado en razón del cual el juez decidió ordenar la vinculación de los acreedores del accionado y solicitó a la Superintendecia Financiera que les notificara la decisión. 2.2.4. Dado que la Superintendencia se negó a cumplir la orden impartida, el Juez decidió suspender el término para dictar sentencia y notificar a través de lista de estados a los vinculados. 2.2.5. La suspensión abarcó el tiempo de notificación en estados, es decir cuatro días que se iniciaron el 17 de enero de 2007, por lo que el término para dictar sentencia se amplió hasta el 26 de enero. 2.2.6. El 24 de enero de 2007 se dictó sentencia denegando las pretensiones de la acción de tutela. 2.2.7. El 15 de febrero de 2007, al desatar el recurso de impugnación propuesto por el accionante, el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil, compulsó copias al Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria, para que se adelantara la investigación respectiva, al considerar que la extensión en el tiempo para decidir el fallo, era injustificada. 2.2.8. El 21 de abril de 2008, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca abrió investigación en contra del accionante y, el 21 de enero de 2009, se le formularon cargos dentro del proceso disciplinario, por considerarlo responsable a título de dolo objetivo. 2.2.9. El accionante señaló que en razón de dicha calificación de la conducta, se negó la práctica de la prueba testimonial. El 2 de marzo de 2009 y el 11 de enero de 2011, en desarrollo del proceso disciplinario el accionante solicitó que se decretaran pruebas pero la solicitud fue rechazada de plano por impertinentes e inútiles. 2.2.10. El 6 de mayo de 2011, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca emitió un fallo condenatorio en contra del accionante en el que se estableció que el hecho de dictar un fallo de tutela posterior al término dispuesto por la ley no tiene justificación aceptable y constituye falta disciplinaria responsable a título de culpa grave. 2.2.11. De acuerdo con el accionante se le investigó por dolo objetivo pero se le sancionó por culpa grave. 2.2.12. Dicho fallo fue confirmado en su totalidad en segunda instancia por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, el 3 de agosto de 2011, el cual tachó la conducta del demandante como imprudente. 2.2.13. El señor Restrepo Posada alegó que la investigación disciplinaria desconoció los principios rectores del derecho disciplinario, en particular lo indicado en el artículo 20 de la Ley 734 de 2002[4] en el sentido que “en la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen y atendiendo el derecho a la defensa”. Adujo que la investigación se fundamentó en la mora al momento de dictar la sentencia de tutela, sin precisar cuál fue el perjuicio concreto que se ocasionó con tal demora, a quién se afectó con tal accionar y qué derechos fundamentales adicionales se violan cuando se dicta una sentencia con fecha posterior a la que debiera dictarse, lo cual se traduce en una sentencia sin el debido sustento jurídico, que impide la debida defensa y configura una nulidad constitucional insaneable (por lo cual hay incluso un salvamento de voto del Magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago en segunda instancia). 2.2.14. Así, el accionante consideró que la providencia atacada adolece de los siguientes vicios: 1) nulidad constitucional por violación del derecho de defensa ya que se omitió el debido sustento jurídico al momento de la imputación de cargos; 2) defecto fáctico por ausencia de valoración de las pruebas aportadas al expediente las cuales demuestran que la conducta desplegada por el Juez, que fue calificada y sancionada en el proceso en cuestión, se evaluó sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal, es decir que carece de apoyo probatorio para aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; 3) defecto sustantivo porque los jueces disciplinarios fundaron su decisión en una norma inaplicable, esto es, sin tener en cuenta los principios fundamentales del derecho disciplinario. 2.2.15. Señaló adicionalmente, que el fallo del 3 de agosto de 2011 no le fue notificado, por ende, se cumple con el principio de inmediatez por cuanto han pasado tres meses desde que se expidió la Resolución 081 del 30 de mayo de 2012 expedida por la Presidencia del Tribunal Superior de Cali en la que se le informa la ejecución de la mencionada providencia. 2.2.16. Cabe anotar que de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, el accionante interpuso acción de tutela en contra de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por la indebida notificación de la sentencia dictada el 3 de agosto de 2011. En aquella ocasión la Sala Dual Quinta de Decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en decisión del 23 de julio de 2012, resolvió declarar improcedente el amparo porque al momento de tomar la decisión, la sanción disciplinaria contra el accionante ya se había ejecutado, por lo cual la acción constitucional carecía de sentido procesal en relación con los hechos invocados. 2.3. Contestación de la demanda. 2.3.1. Contestación del Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Solicitó la improcedencia de la acción de tutela, considerando que no cumple con el requisito de la inmediatez. Advirtió que al accionante se le envió un telegrama el 6 de diciembre de 2011 y dado que este no compareció para notificarse personalmente, se le notificó por edicto el 18 de enero de 2012. De lo anterior se despende que no existe justificación para que el accionante interponga acción de tutela siete meses después de acaecidas las presuntas circunstancias que se aducen como violatorias de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la publicidad de las decisiones judiciales, ni tampoco se advierte la ocurrencia de hechos nuevos que hagan necesaria la protección de sus derechos fundamentales. 2.4. Decisiones de instancias. 2.4.1. Sentencia de primera instancia. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria en sentencia del 28 de septiembre de 2012, consideró que no se configuraba ninguna de las causales expuestas por el accionante en su escrito de tutela contra la providencia proferida por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y por el Consejo Seccional del Valle del Cauca, las cuales fueron debidamente motivadas, dando pleno cumplimiento a la aplicación de normas legales aplicables al proceso disciplinario. Tampoco advirtió interpretaciones erradas o el desconocimiento de sentencias con efecto erga omnes, ni violación de las normas procesales propias de los procesos disciplinarios que dieran lugar a una vía de hecho y a la violación del debido proceso. Tampoco se verificó defecto fáctico alguno porque tanto el a quo como el a quem valoraron todo el material probatorio aportado a la actuación disciplinaria. Así, se estimó que en realidad lo que pretende el accionante es que se revise el proceso disciplinario como si el juez de tutela representara otra instancia del mismo. Sin embargo, la acción de tutela representa un mecanismo residual de protección de derechos fundamentales y no una tercera instancia de decisión. Además advirtió que en el presente caso no se cumple con el presupuesto de inmediatez puesto que transcurrieron más de seis meses desde la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante. 2.4.2. Impugnación. En su escrito de impugnación, el señor Restrepo Posada, señaló que la sanción afectó su sustento diario ya que su hogar, conformado por su esposa y dos sobrinas, depende de su salario como juez, por lo cual cuando éste dejó de percibir el sueldo del mes de julio no pudo inscribir a sus sobrinas en la universidad ni solicitar créditos financieros porque no tenía la certificación laboral que demostrara cuáles eran sus ingresos. La intempestiva forma como se le comunicó la sanción, le hizo imposible prever otro medio de subsistencia y comunicarle a sus acreedores que no tendría como pagar sus deudas durante los meses de junio y julio. Además, la sanción que ahora y que por un periodo de cinco años figurará en sus antecedentes, afectó su derecho al buen nombre. El juez de instancia no se pronunció sobre las acusaciones expuestas por él y declararon improcedente la tutela. Alegó que sus derechos fundamentales se siguen violando hasta la fecha por lo cual la acción de amparo es absolutamente relevante. 2.4.3. Sentencia de segunda instancia. En providencia del 11 de diciembre de 2012, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, confirmó la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, estimando que no se cumplía en este caso con el requisito de inmediatez. En efecto, señaló que la comunicación sobre la sanción disciplinaria al accionante se libró el 6 de diciembre de 2011, respecto de la sentencia de segunda instancia emitida por esa Colegiatura el 3 de agosto de 2011, y la acción de tutela se interpuso el 30 de agosto de 2012, por lo cual transcurrieron más de seis meses antes de la interposición de la acción de tutela. Se indicó adicionalmente que dentro del expediente no consta justificación alguna sobre la tardanza del actor para interponer la tutela. Finalmente, adujo que los jueces, dentro de la órbita de sus competencias, son autónomos e independientes, en la interpretación del derecho, en la valoración probatoria y su aplicación frente al caso concreto. 3. Pruebas solicitadas Mediante auto del 5 de julio de 2013, el Magistrado Sustanciador solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y al Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria, para que en el término de dos días suministraran a este Despacho, información sobre el proceso disciplinario con el radicado 2007-00248 en contra del señor Felipe Santiago Restrepo Posada, y para que remitieran copias de los fallos que, en el marco de dicho proceso, se profirieron en contra de él. En respuesta a la solicitud de pruebas del Magistrado Sustanciador, el día 12 de julio de 2013 se recibió en la Secretaría de la Corte Constitucional, un escrito remitido por la Secretaría Judicial del Consejo Superior de la Judicatura con la copia del reporte del sistema gestión del siglo XXI, que señala el trámite del proceso adelantado contra el señor Felipe Santiago Restrepo Posada. Igualmente, se remitió copia de las providencias de fecha 2 de junio de 2010 y 3 de agosto de 2011, siendo el Magistrado ponente el Doctor Pedro Alonso Sanabria Buitrago. II. CONSIDERACIONES. 1. Competencia. La Sala es competente para la revisión de los presentes casos, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Nacional y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 15 de abril de 2013 de la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro que ordenó la acumulación de los expedientes T-3.832.911 y T-3.840.830. 2. Problema jurídico De acuerdo con la situación fáctica expuesta, corresponde a esta Sala de Revisión resolver si en los presentes casos, en el marco de los procesos disciplinarios, se han desconocido garantías fundamentales y, en especial, el derecho al debido proceso de los accionantes. Para responder el problema planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el proceso disciplinario contra funcionarios judiciales y sus etapas; y el (iii) análisis de los casos concretos. 3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. 3.1. En reiterada jurisprudencia[5], la Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, a pesar del carácter subsidiario de la misma, cuando está de por medio la amenaza o vulneración de derechos fundamentales[6] y asimismo ha venido afinando en sucesivas sentencias los criterios de procedibilidad de la tutela en estos casos. 3.2. La sentencia C-590 de 2005, recogiendo la jurisprudencia constitucional en esta materia estableció, además de los requisitos genéricos[7] y concurrentes que deben ser verificados en su conjunto para estudiar el fondo del asunto, una serie de requisitos específicos cuyo fin es determinar la prosperidad de la acción. 3.3. Con todo, la acción de tutela contra providencias judiciales, procede excepcionalmente si se cumplen los siguientes requisitos generales: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[8]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[9]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[10]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[11]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[12]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[13]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”[14]. 3.4. En cuanto a los requisitos específicos o causales especiales de procedibilidad, la sentencia C-590 de 2005 determinó que es necesario demostrar al menos uno de los siguientes vicios o defectos: “a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[15] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[16]. i. Violación directa de la Constitución”[17]. Con respecto al requisito específico de desconocimiento del precedente, múltiples sentencias de la Corte[18] han reiterado que, cuando un funcionario judicial se aparta de su propio precedente o del que haya establecido su superior jerárquico, por no referirse al mismo o porque no expone las razones que justifican su nueva posición, se desconocen los derechos a la igualdad y al debido proceso, que pueden ser amparados por vía de tutela. Así, se ha señalado que “cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica cuando analiza los mismos supuestos de hecho, incurre en una vía de hecho que puede ser superada por medio de la acción de tutela”[19]. 3.5. De lo anterior se desprende que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, reiterada en esta materia desde 1993 hasta sus más recientes fallos, establece la procedencia de la acción de tutela contra providencias en casos excepcionales y considera contrario a la Carta que se excluya de manera general y absoluta la instauración de este amparo incluso contra las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado[20]. 4. El proceso disciplinario contra funcionarios judiciales. Reglas y procedimiento. 4.1. En el marco del Estado Social de Derecho, el derecho disciplinario cumple un rol preventivo y correctivo, asegurando el cumplimiento de los principios y fines esenciales consagrados en la Constitución y la ley relativos al ejercicio de la función pública[21]. En efecto, la Corte ha reiterado que, en el cumplimiento de los fines del Estado y en el ejercicio de las funciones públicas, los servidores públicos deben cumplir los deberes que les corresponden de acuerdo con la Constitución y la ley, sirviendo al Estado y a la comunidad. Por ello, pueden ser sujetos de responsabilidad pública de índole disciplinaria, cuando en el desempeño de sus funciones desconozcan el ordenamiento jurídico, o por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus competencias[22]. Así, se ha considerado que el derecho disciplinario garantiza “la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”[23]. En nuestro ordenamiento, este derecho sancionatorio del Estado, se encuentra regulado por la Ley 734 de 2002. Los funcionarios judiciales también se encuentran sometidos a este régimen definiéndose como sujetos disciplinables del mismo. 4.2. En el Código Disciplinario Único se describen los deberes y prohibiciones de los servidores públicos, lo cual se complementa con las obligaciones establecidas en la Ley 270 de 1994 para el caso de los funcionarios judiciales. La competencia para investigar a este tipo de funcionarios se encuentra en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura. En el proceso disciplinario, las faltas disciplinarias se clasifican en gravísimas, graves y leves, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002. Dependiendo de la falta disciplinaria, las sanciones pueden consistir en la destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima; la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas; la suspensión, para las faltas graves culposas; la multa, para las faltas leves dolosas; o la amonestación escrita, para las faltas leves culposas. Cabe anotar que, en el derecho disciplinario, las faltas se consignan en tipos abiertos debido a que el legislador no puede preveer todos los comportamientos que prohibidos o los actos antijurídicos de los servidores públicos, razón por la cual, es necesario acudir a otras disposiciones en las que se señalen las conductas proscritas de las autoridades[24]. 4.3. El proceso disciplinario se inicia de oficio, por información suministrada por otro servidor público o por cualquier persona o por la información recabada en la indagación preliminar. La indagación preliminar en general dura seis meses y tiene como fin verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria, si existe causal de exoneración de responsabilidad e identificar e individualizar al autor de la falta disciplinaria. Una vez terminada la indagación preliminar y habiendo evaluado el material probatorio, se determina el archivo de la diligencia o la apertura de la investigación. No obstante lo anterior, cabe señalar que, como lo ha reiterado la Corte en múltiples sentencias, la indagación preliminar no es obligatoria en todos los casos ya que se considera “de carácter eventual y previa a la etapa de investigación, pues sólo tiene lugar cuando no se cuenta con suficientes elementos de juicio y, por lo tanto, existe duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria; por consiguiente dicha indagación tiende a verificar, o por lo menos establecer con cierta aproximación, la ocurrencia de la conducta, si ella es constitutiva o no de falta disciplinaria y la individualización o la identidad de su autor”[25]. 4.4. El término general de la investigación disciplinaria es de seis meses[26], y en ella se trata de establecer la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió la conducta, determinar el perjuicio causado a la administración pública y esclarecer la responsabilidad del disciplinado. La apertura de la investigación se debe notificar al investigado. 4.5. De acuerdo con los artículos 161 y 162 de la Ley 734 de 2002, por regla general, transcurridos seis meses de investigación, una vez recaudadas las pruebas que demuestren objetivamente la falta disciplinaria o vencido el término de la investigación, dentro de los quince días siguientes, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará el archivo de la actuación. Contra dicha decisión no procede recurso alguno. El pliego de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere. De no presentarse el procesado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación, se procederá a designar defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal. Las restantes notificaciones se surtirán por estado. Es importante anotar que el pliego de cargos puede variar una vez concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La modificación se notificará en la misma forma del pliego de cargos y puede otorgarse un término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas. La Corte ha considerado que no contradice la Constitución y en particular la presunción de inocencia, el hecho de que pueda variarse la calificación jurídica en el pliego de cargos, en efecto “el carácter provisional de la calificación de una falta disciplinaria se aviene con la garantía del debido proceso, toda vez que mantiene la presunción de inocencia del procesado en cuanto a la falta por la cual se lo acusa, presunción únicamente desvirtuable mediante el fallo disciplinario por medio del cual se impone una determinadas sanción”[27]. El artículo 166 de la Ley 734 de 2002 dispone que el término para presentar descargos o aportar y solicitar pruebas por parte de los sujetos procesales, corre desde la notificación del pliego de cargos, durante diez días. Para estos efectos, el expediente quedará en la secretaría de la oficina de conocimiento. 4.6. Vencido el término anterior, el funcionario que lleva el proceso disciplinario, ordenará la práctica de las pruebas solicitadas o de oficio, las cuales deberán ser practicadas en un término no mayor de noventa días. El fallo deberá proferirse dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del término para presentar descargos, o al del término probatorio, en caso contrario. De acuerdo con el artículo 170 del Código Disciplinario Único, el fallo debe ser motivado y contener: 1) La identidad del investigado; 2) Un resumen de los hechos; 3) El análisis de las pruebas en que se basa; 4) El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas; 5) La fundamentación de la calificación de la falta; 6) El análisis de culpabilidad; 7) Las razones de la sanción o de la absolución; 8) La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva. Teniendo en cuenta lo anterior, pasa la Sala a examinar cada uno de los casos. 7. Examen de los casos concretos. 7.1. Expediente T-3.832.911. 7.1.1. Hechos relevantes del caso. En el presente caso el accionante pretende que se protejan sus derechos a la igualdad de trato, al buen nombre, al trabajo, al salario móvil y a la dignidad humana para lo cual solicita que se anulen las actuaciones posteriores a la notificación del pliego de cargos el 16 de marzo de 2011 y por ende, que se revoque el fallo del 15 de febrero de 2012, dictado por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además, solicita que se ordene la suspensión, de manera provisional, de la ejecución de un mes del ejercicio de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla impuesta por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en providencia del 15 de febrero de 2012. Frente a los hechos expuestos, la Sala examinará la procedencia de la acción de tutela en este caso. 7.1.2. Verificación de los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la tutela contra sentencias. 7.1.2.1. Requisitos generales de procedibilidad. 7.1.2.1.1. La Sala encuentra que, en el presente caso, se verifican los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias con respecto a dos de los tres defectos alegados por el actor. Los defectos relativos al procedimiento y en particular de la aplicación del artículo 166 del Código Único Disciplinario, así como la presunta vulneración del derecho a la igualdad por el desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura en casos semejantes, cumplen con los criterios anotados ya que en ambos casos: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional dado que se alega el desconocimiento de los derechos fundamentales a la igualdad de trato, al buen nombre, al trabajo, al salario móvil y a la dignidad humana, al parecer vulnerados en el marco del proceso disciplinario. (ii) De otro lado, se han agotado los recursos ordinarios y extraordinarios. (iii) Asimismo, se cumple el requisito de inmediatez, en la medida que la acción de tutela se interpuso el 29 de marzo de 2012 contra la sentencia disciplinaria proferida por el Consejo Superior de la Judicatura el 15 de febrero de 2012, por consiguiente, transcurrió menos de un mes entre la expedición de la providencia atacada y la solicitud de amparo. (iv) En el caso del defecto procedimental, se infiere que la presunta irregularidad procesal fue determinante en la afectación de los derechos del accionante, puesto que una aplicación aparentemente equivocada del artículo 166 de la Ley 734 de 2002, habría impedido al señor Ojito Palma aprovechar la oportunidad procesal posterior a la notificación del pliego de cargos, para solicitar pruebas o rendir descargos. (v) El actor ha identificado en la demanda los hechos que han generado la vulneración de sus derechos. (vii) No se trata de una sentencia contra tutela judicial, sino contra fallos disciplinarios. 7.1.2.1.2. Dichos requisitos generales, en cambio, no se cumplen en relación con el supuesto defecto sustantivo que resulta del hecho de que los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que fallaron el proceso disciplinario en contra del accionante, no se hubiesen declarado impedidos para hacerlo, considerando que el fundamento de dicho proceso fue la demora en la sustanciación de una sentencia en la cual la parte accionada era precisamente el Consejo Superior de la Judicatura. En efecto, si bien se trata de un asunto de relevancia constitucional, este hecho no fue alegado durante el proceso disciplinario, razón por la cual el accionante no puede acusar en el marco de la acción de tutela, una supuesta irregularidad que jamás puso de presente en el proceso ordinario. Por esta razón, se declarará improcedente la acción de tutela con respecto a este defecto. 7.1.2.2. Requisitos específicos de procedibilidad. 7.1.2.2.1. Con respecto a los requisitos específicos de procedibilidad, la Sala encuentra que las alegaciones del accionante se adecuan a dos tipos de defectos que deben ser examinados en detalle. (i) Se acusa un defecto procedimental que también puede encuadrarse como defecto sustantivo por omisión en la aplicación de una norma de obligatorio cumplimiento, en cuanto que, de acuerdo con el accionante, el juez no aplicó adecuadamente el artículo 166 del Código Único Disciplinario y de este modo impidió al actor aprovechar la oportunidad procesal que sigue a la notificación del pliego de cargos. Con relación a este punto, es importante acudir a las pruebas aportadas y reseñar el procedimiento para establecer si efectivamente se produjo el defecto procedimental alegado. Se trata de establecer, con base en lo anterior, si los diez días señalados en el artículo 166 de la Ley 734 de 2002 para que los sujetos procesales presenten descargos y soliciten pruebas, se cuenta desde la notificación de los mismos o desde que el juez disciplinario tiene conocimiento sobre la notificación del pliego de cargos a dichos sujetos procesales. En este orden de ideas, observa la Sala que el 16 de marzo de 2011 el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, evaluó el mérito de la investigación adelantada contra el señor Julio Antonio Ojito Palma resolviendo formular cargos en contra del accionante y ordenando que para los fines señalados en el artículo 166 de la Ley 734 de 2002, se le notificara dicho auto de conformidad con el artículo 165 en concordancia con el artículo 201 del Código Disciplinario Único. Para este efecto, se ordenó comisionar a la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico o a la misma Sala del Consejo Seccional correspondiente, por el término de quince días, libres de distancia, para recibir los descargos presentados por el disciplinable[28]. En cumplimiento de lo ordenado en dicho auto, el Magistrado Mario Humberto Giraldo Gutiérrez del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, expidió un auto el 19 de mayo de 2011, en el que se dispuso auxiliar la comisión conferida a esa Sala por el Consejo Superior de la Judicatura, y se ordenó notificar al doctor Julio Antonio Ojito Palma, del contenido de la providencia del 16 de marzo de 2011 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno y que disponía de 10 días contados a partir de la notificación de la sentencia para presentar descargos y solicitar o aportar pruebas[29]. El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, envió escrito a la Secretaría Judicial del Consejo Superior de la Judicatura el 8 de agosto de 2011 devolviendo el despacho comisorio debidamente diligenciado señalando que este constaba de tres cuadernos con 145, 5 y 5 folios escritos[30]. Asimismo se destaca en el expediente, el escrito de notificación personal al accionante el 31 de mayo de 2011[31]. Tal y como lo señala el accionante, este no presentó descargos ni solicitud de pruebas en los diez días siguientes a la notificación de los descargos. De las pruebas aportadas es claro que el expediente quedó a disposición de los sujetos procesales en el Consejo Superior de la Judicatura tal y como se señala en resuelve del auto del 16 de marzo de 2011 en el que se indica que “el expediente permanecerá por igual término en la Secretaría de esta Corporación, a disposición de los sujetos procesales”. Aunque no es muy claro el planteamiento del accionante en el escrito de tutela, parece entenderse que el expediente no estuvo en el Consejo Superior de la Judicatura durante las diligencias de notificación. Sin embargo, la Sala encuentra que de las pruebas aportadas al expediente, no puede desprenderse que el expediente no permaneció en el Consejo Superior de la Judicatura por dos razones. Primero, porque tal y como se anotó anteriormente, el despacho comisorio solo contenía copias. Además el Código de Procedimiento Civil, al cual es posible remitirse por disposición expresa de la Ley 734 de 2002, establece en el artículo 33 que “en ningún caso se puede enviar al comisionado el expediente original”. En segundo lugar, el accionante no aportó ninguna prueba que demuestre que efectivamente el expediente no quedó a disposición de los sujetos procesales sino solamente su afirmación, que contrasta con lo ordenado en el auto del 16 de marzo de 2011 y con el contenido del despacho comisorio. Pero al margen de lo anterior, para la Sala es claro, a partir del resuelve del auto del 16 de marzo de 2011, que la oportunidad procesal indicada en el artículo 166 del Código Único Disciplinario, se cuenta a partir de la notificación del accionado el 31 de mayo de 2011, y no a partir de la fecha de la constancia secretarial en la que se informa al Consejo Superior de la Judicatura que los sujetos procesales han sido notificados. El resuelve tercero del citado auto señala efectivamente que el disciplinado “dispone de diez (10) días contados a partir de la notificación para presentar los correspondientes descargos y solicitar o aportar pruebas” (subrayado fuera del texto original). La constancia secretarial del 30 de septiembre de 2011 en la que se informa al Magistrado que los sujetos procesales han sido notificados es un trámite interno del Consejo Superior de la Judicatura que no se notifica a las partes ni que tiene ningún efecto jurídico para efectos de dar inicio a determinada etapa procesal. Otro de los argumentos del señor Ojito es que antes de contarse el término debieron notificarse todos los sujetos procesales, pero lo cierto es que la Procuraduría ya había sido notificada previamente, el 16 de mayo de 2011, mientras que el accionante fue notificado el 31 de mayo y a partir de ese momento se le concedió el término de los diez días para presentar descargos sin que este se hubiese pronunciado a pesar de que la notificación indicaba el inicio de esa etapa procesal. Así, la Sala encuentra que el accionante dejó pasar sin justificación alguna el término señalado en el despacho comisorio sin solicitar pruebas o presentar descargos, por lo cual no se vislumbra la configuración del defecto alegado por el señor Ojito Palma. (ii) Se alega, de otro lado, el desconocimiento de la Constitución, en particular del derecho a la igualdad, por apartarse la sentencia atacada del precedente jurisprudencial del Consejo Superior de la Judicatura en casos semejantes al examinado en esta ocasión. El accionante aporta al expediente varias sentencias que tienen en común algunos de los presupuestos fácticos del presente caso. Debido a la importancia de este argumento para examinar la violación de los derechos que alega el señor Ojito Palma, resulta relevante citar brevemente los casos que según el accionante fueron fallados de manera diferente al suyo a pesar de tener hechos semejantes. -En primer lugar se cita el fallo disciplinario que examinó la conducta del señor Jorge Eliécer Cabrera Jiménez en su calidad de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar y que fue dictado por el Consejo Superior de la Judicatura el 28 de julio de 2010. En este caso, también se alegaba el incumplimiento de los términos para proferir una acción de tutela a cargo del disciplinado, por lo que la conducta del investigado fue calificada como grave a título de culpa. En aquella ocasión el señor Cabrera alegó que un Despacho se conforma por varios funcionarios, los cuales tienen a su cargo deberes y obligaciones y que las tareas que se llevan a cabo en el mismo son complejas por lo que requieren de las precisas competencias de cada miembro; en el caso particular sus auxiliares no le dieron a conocer de manera oportuna el expediente razón por la cual el Magistrado no se pronunció a tiempo en relación con una acción de tutela. Considerando lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura decidió absolver al disciplinado al constatar que si bien se encontraba objetivamente probada la falta, esta no le era atribuible porque quien recibió el expediente fue su auxili...