Sentencia T-496 de 2018

T-496-18 Sentencia T-496/18 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EN PROCESO DE PERTENENCIA RURAL/TERRENOS BALDIOS ADJUDICABLES SOLO PUEDEN ADQUIRIRSE POR TITULO OTORGADO POR EL INCODER ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia/CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES-Criterios para valorar la legitimidad de un incumplimiento REGIMEN JURIDICO APLICABLE A BIENES BALDIOS BIENES IMPRESCRIPTIBLES-Concepto/BALDIOS-Imprescriptibilidad BALDIOS ADJUDICABLES SOLO PUEDEN ADQUIRIRSE POR TITULO OTORGADO POR EL INCODER, HOY AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS PRESUNCION DE BIENES BALDIOS-Reiteración de jurisprudencia/PRESUNCION DE BIENES PRIVADOS-Reiteración de jurisprudencia BALDIOS-Jurisprudencia constitucional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por configurarse defecto fáctico por no decretar pruebas de oficio necesarias para determinar naturaleza jurídica del bien ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por configurarse defecto orgánico por falta de competencia del Juez para disponer sobre adjudicación de un terreno respecto del cual no existe claridad ni certeza de que se trate de un bien privado o baldío ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por configurarse defecto sustantivo por no existir examen sistemático de las disposiciones legales ni constitucionales que componen el régimen jurídico de los bienes baldíos Referencia: Expediente T-6.410.249 Acción de tutela instaurada por Mary Catalina Molina de Farfán contra la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar y la Superintendencia de Notariado y Registro. Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS Bogotá D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos proferidos en primera instancia por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, Sala Jurisdiccional, el catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017), y en segunda instancia por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, el diecinueve (19) de abril de dos mil diecisiete (2017), en el trámite de la acción de tutela instaurada por Mary Catalina Molina de Farfán contra la la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar y la Superintendencia de Notariado y Registro. En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, remitió a la Corte Constitucional el expediente T-6.410.249; el cual fue seleccionado para revisión por parte de ésta Corporación, mediante Auto del 27 de octubre de 2017. I. ANTECEDENTES Mary Catalina Molina de Farfán a través de apoderado judicial interpuso acción de tutela contra la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar y la Superintendencia de Notariado y Registro, por considerar vulnerado su derecho fundamental al “debido proceso”, toda vez que las accionadas negaron el registro de la sentencia judicial proferida el 7 de marzo de 2014, aclarada mediante proveído del 13 de junio de la misma anualidad por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, Cesar, en el proceso de pertenencia que tramitó por prescripción adquisitiva de dominio del inmueble rural denominado “El Progreso” identificado con folio de matrícula inmobiliaria N°. 190-0003716. De acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la actora sustenta sus pretensiones en los siguientes: 1. Hechos 1.1 La ciudadana Guiomar Cecilia Angarita de Fernández Oñate, por escritura pública Nº. 0842 del 9 de agosto de 1995, transfirió a Mary Catalina Molina de Farfán, a título de venta, el derecho de propiedad y dominio del predio rural identificado con folio de matrícula inmobiliaria 190-3716 y con un área superficiaria de 55 hectáreas más 7.500 metros cuadrados, inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar el 6 de agosto de 1995. 1.2. En la citada escritura pública Nº. 0842, la vendedora expresó en el parágrafo del Artículo Primero lo siguiente: “por la situación y linderos del predio este bien lo compró como un cuerpo cierto que en consecuencia efectuadas las nuevas medidas dio una extensión superficiaria mayor, encontrándose sin titular una extensión de tierra de VEINTIDÓS HECTÁREAS MÁS SIETE MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS (22HTS 7.500 M2), (…) que autoriza a la compradora para titular estas tierras y que en consecuencia, la finca EL PROGRESO, queda con una extensión real de SETENTA Y OCHO HECTÁREAS MÁS CINCO MIL METROS CUADRADOS (78 HTS 5.000 M2).” 1.3. En virtud de lo anterior, Mary Catalina Molina de Farfán inició proceso de pertenencia contra Guiomar Cecilia Angarita de Fernández y demás personas indeterminadas o inciertas. Así, en sentencia del 7 de marzo de 2014, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar declaró que la demandante adquirió por prescripción adquisitiva de dominio, parte del predio rural denominado “El Progreso” ubicado en el Municipio de Valledupar, Corregimiento de Valencias de Jesús[1] y ordenó las correspondientes anotaciones en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (en adelante ORIP) de Valledupar. 1.4. No obstante, la ORIP de Valledupar, mediante nota devolutiva del 24 de abril de 2014, se abstuvo de registrar la anterior Sentencia, con sustento en que “no se ha aclarado si Mary Catalina Molina de Farfán (…) pretende una adjudicación por prescripción parcial de 22 hectáreas más 7.500 metros cuadrados o de la totalidad de 55 hectáreas más 7.500 metros cuadrados contenidas en el folio de matrícula inmobiliaria N°. 190-3716 (…)”. 1.5. Frente a la negativa anterior, el Juzgado de conocimiento procedió a aclarar la sentencia en proveído del 13 de junio de 2014, así: “(…) por error en la presentación de la demanda se aportó dicho folio, con una extensión superficiaria de 55 hectáreas más 7.500 metros cuadrados aproximadamente, por compra que le hiciera a la señora GUIOMAR CECILIA ANGARITA DE FERNÁNDEZ OÑATE mediante escritura pública número 0842 del 9 de agosto de 1995 que de las tierras vendidas de la finca el progreso hay 22 hectáreas más 7.500 metros cuadrados aproximadamente que no comprende dicho folio N°. 190-3716 las que se pretenden adquirir por prescripción mediante este proceso de pertenencia y de las cuales con la escritura en mención se compró su posesión a la anterior propietaria y desde la fecha de compra ha sido poseída de manera quieta, pacífica e ininterrumpida por la demandante (…)”. 1.6 Así, el juzgado ordenó a la ORIP de Valledupar, César, (i) cancelar la inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria N°. 190-3716 y (ii) abrir un nuevo folio de matrícula a la finca denominada “El Progreso” con una extensión de 22 hectáreas más 7.500 metros cuadrados aproximadamente por no tener folio de matrícula ni propietario inscrito, pero que había sido poseído por Mary Catalina Molina de Farfán por más de 17 años.[2]. 1.7 Sin embargo, el Registrador, se abstuvo mediante nota devolutiva del 21 de julio de 2014, de realizar la inscripción con sustento en que “el inmueble que se pretende adquirir se prescribió contra personas indeterminadas y/o sobre quienes ostentaban solo la posesión por lo tanto el trámite para adquirir se debe surtir ante el INCODER (Art. 12 # 13 Ley 160/94)”[3]. Fijó su posición con base en la Ley precitada, en la sentencia de esta Corporación T-488 de 2014[4] y en la “Instrucción Administrativa Conjunta N°. 251-13 emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER del 2014”.[5] 1.7 El apoderado de Mary Catalina Molina de Farfán, inconforme con lo anterior presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, decisión que fue confirmada mediante Resolución No. 090 del 5 de diciembre de 2014[6], tras considerar que no es viable el registro de aquellos bienes rurales que se presumen baldíos “con ocasión a una decisión adoptada en una sentencia judicial que declara la pertenencia del mismo a un particular”.[7] Igualmente expresó que “la labor de identificación de baldíos está en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras –ANT-”; que si bien, el INCODER se hizo parte dentro del proceso, el Juzgado solo se refirió a sus representantes y “no se lee en el texto de la providencia los mecanismos de defensa esgrimidos por dicho instituto que conllevan a señalar que el inmueble objeto de litigio es un baldío; y menos la controversia suscitada por la contraparte que determinara que el inmueble es de aquel que se puede usucapir”.[8] 1.8 Posteriormente, por Resolución No. 8748 del 12 de agosto de 2016[9], el Subdirector de Apoyo Jurídico Registral, adscrito a la Superintendencia de Notariado y Registro de Bogotá, resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la decisión recurrida.[10]Arguyó con sustento legal y jurídico, artículo 16 parágrafo 1 Ley 1579 de 2012, Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, antes Decreto 1250 de 1970, artículo 6 vigente para la época, y el artículo 31 del Decreto 1260 de 1970 Estatuto de Notariado, que: “La venta de un inmueble como cuerpo cierto no lo exime de contar con los linderos determinados, perímetro, área en el sistema métrico decimal y cabida que permitan identificarlos plenamente (…) los cuales deben coincidir real y efectivamente con la información que refleje el folio de matrícula inmobiliaria (…) queda claro que el folio de matrícula inmobiliaria 190-3716 que comprende un área de 55 hectáreas más 7.500 metros cuadrados, no coincide ni física ni jurídica ni registralmente con las 22 HTS 7.500M2 que se le adicionan basados en la teoría de venta de un inmueble como cuerpo cierto (….) La adjudicación de las tierras baldías podrá hacerse por el instituto mediante solicitud previa de parte interesada o de oficio (…)”. 1.9 Manifiesta la accionante que, excepto la Ley 160 de 1994, las demás disposiciones en las que se basaron las entidades accionadas para emitir su pronunciamiento sobre el recurso de reposición en subsidio de apelación del presente caso, son posteriores a la sentencia declarativa de pertenencia que data del 7 de marzo del 2014, mientras que el pronunciamiento de la Corte Constitucional es del 9 de julio de 2014, y la Instrucción Administrativa Conjunta No. 251-13 emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, fue emanada el 13 de noviembre del mismo año; por lo tanto, es claro que se está generando una indebida aplicación de la retroactividad de la norma, indicó. Finalmente, adujo que la conducta omisiva desplegada por el Registrador de Instrumentos Públicos de Valledupar, coadyuvado por la Superintendencia de Notariado y Registro de la ciudad de Bogotá, es generadora de inseguridad jurídica dado que se está desconociendo una sentencia judicial que está debidamente ejecutoriada. 1.10. Por lo anterior, la accionante a través de apoderado judicial interpuso acción de tutela,[11]e invocó la protección de su derecho fundamental al “debido proceso”, pues pese a que agotó los recursos pertinentes ante la ORIP de Valledupar y la Superintendencia de Notariado y Registro para lograr la inscripción de la sentencia judicial proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, Cesar, en el proceso de pertenencia, la ORIP persistió en su negativa de no inscribir la providencia. 1.11. Del material probatorio recaudado en esta instancia de revisión, fue allegado el expediente de pertenencia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar. En las actuaciones surtidas en el proceso, se observa que el INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, fue debidamente vinculado.[12] 2. Solicitud de tutela Con fundamento en los hechos expuestos, el accionante solicitó se ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar y la Superintendencia de Notariado y Registro abrir un nuevo folio de matrícula inmobiliaria, y se inscriba la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar el 7 de marzo de 2014, que declaró que la tutelante adquirió por prescripción adquisitiva de dominio parte del predio denominado “El Progreso”, cuya extensión superficiaria y linderos se encuentran determinados en la parte resolutiva de la citada sentencia. 3. Pruebas relevantes aportadas al proceso En el trámite de la acción de tutela se allegaron las siguientes pruebas: 3.1. Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar del 07 de marzo de 2014[13]. 3.2. Copia de la nota devolutiva No. 2014-190-6-8182 emitida por la Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar, el 21 de julio de 2014, por medio de la cual “se inadmite y se devuelve sin registrar” la precitada sentencia.[14] 3.3. Copia del recurso de reposición y apelación interpuestos por el apoderado de la actora contra nota devolutiva N°. 2014-190-6-8182 emitida por la ORIP de Valledupar, el 21 de julio de 2014. [15] 3.4. Copia de la respuesta al recurso de reposición. Resolución No.090, de la ORIP de Valledupar del 5 de diciembre del 2014, “Por la cual se confirma el acto administrativo -‘nota devolutiva’-”[16]. 3.5. Copia de respuesta de recurso de apelación. Resolución No. 8748 emanada de la Superintendencia de Notariado y Registro el 12 de agosto del 2016, “Por la cual se confirma el acto administrativo –‘nota devolutiva’-”[17]. Dicha Resolución fue notificada el 16 de septiembre de 2016. 3.6. Respuesta a la tutela por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro[18]. 3.7. Respuesta a la tutela del Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Valledupar[19]. 4. Respuesta de las entidades demandadas 4.1. Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Valledupar solicitó que se declare improcedente el presente trámite constitucional, al considerar que no ha vulnerado el derecho al debido proceso de la interesada, por el contrario, aseveró que ha garantizado y salvaguardado los principios de contradicción y doble instancia, con ocasión de la interposición de los recursos de reposición y apelación contra la nota devolutiva proferida por dicha oficina, los cuales fueron respondidos en debida forma. En cuanto al fondo del asunto, puso de presente “que para el momento de la inscripción de la sentencia el argumento de la devolución se basa en la sentencia T-488 de 2014, el proceso de declaración de pertenencia no tiene el alcance de cambiar la naturaleza de un bien baldío convirtiéndole de imprescriptible a prescriptible, con el solo fundamento del numeral 5 del art 407 del CPC, la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el estado a través del INCODER”.[20] 4.2. Superintendencia de Notariado y Registro El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, manifestó que la acción de tutela impetrada por Mary Catalina Molina de Farfán no reúne los requisitos de procedibilidad fijados por esta Corporación, dada su improcedencia contra decisiones de carácter judicial o administrativa.[21] 5. Sentencias objeto de revisión 5.1. Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, Sala Jurisdiccional Disciplinaria En sentencia del 14 de marzo 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar negó por improcedente la acción de tutela impetrada por Mary Catalina Molina de Farfán. Encontró la Sala que la tutelante tiene a su disposición las acciones contenciosas administrativas, como lo es la de nulidad o nulidad y restablecimiento de derecho, y además puede solicitar, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de los actos administrativos con los que se encuentra en desacuerdo. Resaltó el juez de instancia, que la negativa por parte de las accionadas “(…) no se antojan contrarias a derecho, como una vía de hecho administrativa, porque se advierte que actuaron de manera legal, acorde con los principios de legalidad que los funcionarios de la Oficina de Instrumentos de Registros Públicos deben hacer a todos los documentos sometidos a registro, porque este control permite inscribir únicamente aquellos títulos actos que reúnan los requisitos de procedibilidad que establece la Ley(…)”,[22] requisitos con los que las providencias emitidas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar no cumplen, toda vez que dicha decisión versa sobre un bien inmueble baldío que no puede ser prescriptible, indicó. 5.1.1. Impugnación El apoderado de Mary Catalina Molina de Farfán presentó escrito de impugnación contra el fallo de primera instancia. Fundamentó que el juez ignora que el control de legalidad lo asumió el Juez Tercero Civil del Circuito Oralidad de Valledupar, mediante la sentencia que le adjudicó el predio a su representada. Además, arguyó que debe tenerse en cuenta que las sentencias en los procesos declarativos de prescripción adquisitiva de dominio generan efectos erga omnes; que la sentencia en mención se encuentra debidamente ejecutoriada y, por tanto, hizo tránsito a cosa juzgada. 5.2. Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria En sentencia del 19 de abril de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, modificó la decisión de primera instancia y declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Mary Catalina Molina de Farfán. Precisó, “que el requisito de caducar los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, no fue cumplido por la accionante, asumiendo el amparo un carácter alternativo, situación que lo hace improcedente”.[23] Agregó, que debe ser el juez natural, esto es, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, “quien defina la legalidad o no de las decisiones que son cuestionadas con la presente tutela”; que “tampoco adquiere la supuesta inseguridad jurídica” que causa la negativa al registro de la sentencia por parte de las entidades accionadas, habida cuenta de que es la propia Ley 1579 de 2012 la que permite a las accionadas abstenerse de registrar un título cuando carece de los presupuestos legales. 6. Pruebas relevantes aportadas al proceso 6.1 Copia del oficio 20181030082751, del 21 de febrero de 2018, allegado por la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras – ANT- en respuesta al oficio OPTB 380/18, por medio del cual dio respuesta al presente trámite tutelar y solicitó “negar el amparo invocado” tras considerar que la actuación del Registrador de Instrumentos Públicos de Valledupar y la Superintendencia de Notariado y Registro no vulneraron los derechos de la accionante. Señaló que “tuvieron toda la razón y deber legal al devolver sin registrar el fallo declarativo de pertenencia (…)”.[24] 6.2 Oficio del 26 de agosto de 2018, procedente del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, Cesar, en el cual aclaró y precisó aspectos relacionados con el trámite del procedimiento del Proceso Declarativo de Pertenencia que se tramitó en dicho despacho judicial.[25] 6.3 Oficio con fecha del 20 de febrero de 2018, procedente de la ORIP de Valledupar, a través del cual adjuntó el archivo digitalizado de la historia registral del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N°. 190-3716 y copia simple del certificado de tradición de dicho bien. [26] 6.4 Dos memoriales allegados por el apoderado de la accionante. En el primero advierte que (i) Guiomar Cecilia Angarita de Fernández Oñate falleció el 26 de octubre de 2017[27]; y en el segundo que (ii) la ORIP de Valledupar no ha acatado lo ordenado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, en providencia del 7 de marzo de 2014, ni la aclaración del 13 de junio siguiente.[28] 6.5 Expediente del proceso declarativo de pertenencia, radicado con N°. 20001 31 03 003 2013-00055 00, allegado por el Juzgado vinculado. 7. Actuaciones en sede de revisión 7.1 Decreto de Pruebas A través de Auto del 13 de febrero de 2018, el Magistrado Sustanciador ordenó vincular a la Agencia Nacional de Tierras –ANT-, al Juez Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar y a Guiomar Cecilia Angarita de Fernández Oñate, para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones objeto de la presente acción de tutela.[29] A través del mismo Auto, se ordenó al Juez Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar que notificara personalmente de esta acción a Guiomar Cecilia Angarita de Fernández Oñate, para que se pronunciara acerca de los hechos y las pretensiones, y se dispuso oficiar al Registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar para que remitiera todo lo relacionado con la historia registral del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 190-0003716, en particular, el certificado de tradición y libertad. Finalmente se puso a disposición de las partes los elementos probatorios recepcionados y se decretó la suspensión de términos del proceso por el término de 1 mes contado a partir del momento en que se allegaran las respectivas pruebas al Despacho del Magistrado Sustanciador, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015, el 22 de marzo del año en curso. Así mismo, mediante auto del 9 de mayo de 2018 se requirió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar para que remitiera el expediente de declaración de pertenencia. Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras [30] Mediante escrito N°. 20181030082751 del 21 de febrero de 2018, la Jefe de la Oficina Jurídica de la citada Agencia pidió negar el amparo solicitado por la actora, tras considerar que el proceso de pertenencia era improcedente para adquirir bienes baldíos. Así mismo, con sustento en jurisprudencia alusiva a este tipo de bienes señaló que el Registrador de Instrumentos Públicos de Valledupar y la Superintendencia de Notariado y Registro “tuvieron toda la razón y deber legal al devolver sin registrar el fallo declarativo de pertenencia proferido el 07 de marzo de 2014, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad Bogotá”, razón por la cual no vulneraron sus derechos. Respuesta del Juzgado Tercero Civil de Circuito de Oralidad –Valledupar, Cesar-.[31] El 27 de febrero de 2017, el despacho judicial informó su imposibilidad para notificar a Guiomar Angarita de Fernández Oñate por cuanto desconoce su dirección de notificación personal, ya que, en el proceso declarativo de pertenencia que se inició en su contra, fue representada a través de curador ad- litem. Indicó que en el proceso declarativo de pertenencia se ordenó emplazar a Guiomar Angarita de Fernández Oñate y se informó de su existencia a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural Incoder, a la Unidad Administrativa Especial de atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a la Unidad de Tierras. Agregó que agotada la actuación procesal y probatoria, se alegó de conclusión, se profirió sentencia el 7 de marzo de 2014, y, concedió las pretensiones de la demanda. Precisó que previo estudio sobre los hechos del proceso, no se vislumbró ninguna actuación ilegal en el asunto; que se actuó conforme a derecho. Por tal razón, la acción de tutela es improcedente. La accionante tampoco demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, señaló. Adujo que debió seguir el procedimiento administrativo ante la misma entidad que profirió el acto administrativo o ante el superior. Respuesta de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar [32] El Registrador Principal de Instrumentos remitió la historia registral del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N°. 190-3716, para lo cual presentó las siguientes pruebas documentales: (i) copia del certificado de tradición del inmueble[33], (ii) copia de Escritura Pública N°.1.359 de 1985[34], (iii) copia Escritura Pública N°. 353 del 18 de marzo de 1992[35], copia Escritura Pública N°. 0842 del 9 de agosto de 1995[36], copia del oficio N°. 489 de marzo 13 de 2013, a través del cual, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar solicitó la Inscripción de la demanda[37], (iv) oficio N°. 940 del 1 de julio de 2014, del mismo despacho judicial dirigido al Jefe de Archivo de la Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar. Solicitó la inscripción de la providencia debidamente ejecutoriada el 7 de marzo de 2014[38], (v) copia de la providencia del Juzgado precitado en la que ordena a la ORIP de Valledupar cancelar la inscripción de la demanda de pertenencia en el folio de matrícula inmobiliaria Nº. 190-3716 y abrir un nuevo folio a la parte de la finca “El Progreso” con una extensión de 22 hectáreas más 7.500 mts2 aproximadamente, dado que no tiene folio con propietario inscrito pero que ha poseído Mary Catalina Molina de Farfán por más de 17 años[39], (vi) copia de la “Nota devolutiva” de la ORIP de Valledupar de fecha 21 de julio de 2014. Allí se informó que “el documento que se pretende aclarar no es objeto de inscripción, toda vez que, no fue registrada en el folio de matrícula inmobiliaria”[40], (vii) copia del recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la actora contra el “acto administrativo” que negó la inscripción de la sentencia declaratoria de pertenencia[41], (viii) resolución N°. 090 del 05-12-2014, por medio de la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición y concedió el de apelación[42], (ix) resolución N°. 8748 del 12 de agosto de 2016, de la Superintendencia de Notariado y Registro que confirmó el acto administrativo en la nota devolutiva con radicación N°. 2014-190-6-8182 del 21 de julio de 2014, emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar[43]. Respuesta del apoderado de la accionante Mary Catalina Molina Farfán La actora, a través de su apoderado judicial allegó al presente trámite tutelar certificado de defunción de Guiomar Cecilia Angarita de Fernández expedido por la Notaría Primera del Círculo de Valledupar. Así, advirtió la imposibilidad de vincularla al trámite conforme fue ordenado por auto del 13 de febrero del 2018[44]. Adicionalmente informó que la ORIP de Valledupar le dio estricto cumplimiento a la instrucción administrativa Nº. 1 de la Superintendencia de Notariado y Registro[45], pero no a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar de fecha 7 de marzo de 2014, ni a la providencia aclaratoria del 13 de junio de 2014. Expresó que la prenombrada oficina “segregó equivocadamente las 22 hectáreas 7.500 m2, dando como resultado el folio 190-173544,” es decir, desconoció que la sentencia ordenó abrir un nuevo folio no segregado del de mayor extensión (190-3716), razón por la cual pide dar estricto cumplimiento a la multicitada sentencia.[46] II. CONSIDERACIONES 1. Competencia Esta Corte es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 27 de octubre de 2017 expedido por la Sala de Selección Número Diez de esta Corporación, que decidió someter a revisión el presente asunto. 2. Planteamiento del caso objeto de estudio y del problema jurídico 2.1. La Sala de Revisión encuentra que la acción de tutela gira en torno al cumplimiento de la sentencia proferida en proceso de pertenencia de un bien rural iniciado por Mary Catalina Molina de Farfán, en el que adquirió la propiedad (parcial) del predio denominado “El Progreso” tras ejercer posesión por más de 17 años. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar falló a su favor y ordenó la respectiva inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria. Sin embargo, la ORIP de Valledupar no acató esta decisión, y argumentó que “la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, solo puede adquirirse mediante título otorgado por el Incoder”. 2.2 En consecuencia, la actora considera que la ORIP de Valledupar está vulnerando su derecho fundamental al debido proceso, al negarse a inscribir la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de la misma ciudad, la cual está debidamente ejecutoriada. 2.3 Conforme a la demanda y a las contestaciones allegadas, esta Sala de Revisión interpreta que la acción de tutela debe estudiar tanto el acto del registrador de instrumentos públicos que negó la inscripción del fallo judicial, como la sentencia de pertenencia sobre el presunto bien baldío, como origen de la controversia legal suscitada. A partir de esto y atendiendo que el juez constitucional tiene la obligación de guardar la integridad y supremacía de la Constitución (art. 241) y la facultad de fallar extra y ultra petita en materia de tutela para hacer prevalecer el derecho sustancial (art. 3 Decreto ley 2591 de 1991)[47], se formulan los siguientes problemas jurídicos: ¿La declaratoria de prescripción adquisitiva que realice un juez sobre un terreno baldío en un proceso de pertenencia trasgrede el ordenamiento constitucional y legal? ¿Vulnera la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar y la Superintendencia de Notariado y Registro, el derecho al debido proceso ante la negativa de inscribir el fallo del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar que declaró la pertenencia de un bien bajo el argumento de que es baldío? 2.4 Con la finalidad de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala de Revisión abordará los siguientes asuntos: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y actos administrativos, reiteración jurisprudencia; (ii) el cumplimiento de los fallos judiciales; (iii) marco legal, constitucional y jurisprudencial aplicable a los bienes baldíos, reiteración de jurisprudencia; y, (iv) la Sala resolverá el caso concreto. 3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y actos administrativos. Reiteración de jurisprudencia.[48] 3.1. Desde los iniciales pronunciamientos de esta Corporación[49], como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución Política de 1991 (art. 241), se ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales.[50] Esta postura descansa sobre un sólido fundamento normativo, los artículos 2 y 86 de la Carta que reconocen su procedencia cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, así como el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la obligación de los Estados parte de proveer un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos. La supremacía de la Constitución se traduce en la “omnipresencia”[51] del texto Superior en todas las áreas jurídicas y en la responsabilidad de las autoridades judiciales dentro de los procesos ordinarios, como primer escenario para asegurar la protección de los derechos fundamentales. Excepcionalmente, podrá el juez constitucional intervenir cuando advierta la trasgresión del mandato constitucional. Mediante providencia C-543 de 1992, la Sala Plena de esta Corporación, si bien declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, previó también la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales al afirmar lo siguiente: “Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable (...) En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia” (Subrayado fuera del original). Así, es evidente un desarrollo jurisprudencial sobre la materia. Inicialmente, la Corte Constitucional recurrió al concepto de la “vía de hecho”, definida como la actuación judicial absolutamente caprichosa o carente de cualquier fundamento jurídico. Posteriormente, el precedente se rediseñó para dar paso a los “criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales” e incluir aquellas situaciones en las que “si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.[52] Esta nueva aproximación fue sistematizada por la sentencia C-590 de 2005, mediante la cual la Corte explicó que el juez constitucional debe comenzar por verificar las condiciones generales de procedencia, entendidas como “aquellas cuya ocurrencia habilita al juez de tutela para adentrarse en el contenido de la providencia judicial que se impugna”.[53] Tales requisitos genéricos son: “(i) si la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados todos los recursos o medios –ordinarios o extraordinarios- de defensa de los derechos, a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario; (iii) si se cumple el requisito de la inmediatez (es decir, si se solicita el amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación); (iv) si se trata de irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la decisión cuestionada, salvo que de suyo afecten gravemente los derechos fundamentales; (v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si –de haber sido posible- lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la providencia impugnada no es una sentencia de tutela”.[54] El juez de tutela podrá conceder el amparo solicitado si halla probada la ocurrencia de al menos una de las causales específicas de procedibilidad, que la Corte ha organizado de la siguiente forma:[55] a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h. Violación directa de la Constitución. Respecto a la procedibilidad de la tutela contra actos administrativos, la Corte ha señalado como regla general, que la solicitud de amparo no es el medio adecuado para controvertirlos, puesto que existen mecanismos administrativos y judiciales para lograrlo.[56] No obstante, ha aceptado su procedencia excepcional, al menos como mecanismo transitorio, cuando: “(i) la actuación administrativa ha desconocido los derechos fundamentales, en especial los postulados que integran el derecho al debido proceso; y (ii) los mecanismos judiciales ordinarios, llamados a corregir tales yerros, no resultan idóneos en el caso concreto o se está ante la estructuración de la inminencia de un perjuicio irremediable”.[57] En estos casos, con el fin de analizar la afectación del derecho al debido proceso, la Corte ha hecho remisión a las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por tratarse de las formas más usuales de vulneración.[58] No obstante, ha insistido en que la jurisdicción contenciosa administrativa es el ámbito propio para tramitar los reproches de los ciudadanos contra las actuaciones de la administración[59], la procedencia de la acción de tutela resulta aún más excepcional que contra decisiones judiciales. En esta medida, el examen constitucional debe ser más estricto,[60] en aras de evitar un uso abusivo del recurso de amparo contra decisiones administrativas que cuentan con su propio procedimiento de control judicial. 3.2. Cumplimiento de fallos judiciales En el marco de la Constitución Política de 1991, el ordenamiento jurídico debe garantizar a todo ciudadano la posibilidad de acudir a los jueces para dirimir conflictos entre sí o como consecuencia de su relación con el Estado, como una verdadera manifestación del Estado social de derecho[61]. La administración de justicia abarca no solo la capacidad con que cuentan los asociados para ejercer acciones que permitan hacer valer sus derechos, sino también “la posibilidad de que las decisiones que se tomen en ese sentido sean cumplidas por parte de quienes son sujetos pasivos de la decisión”[62]. En jurisprudencia de esta Corte, se ha reiterado que "el Estado de Derecho no puede operar si las providencias judiciales no son acatadas, o si lo son según el ánimo y la voluntad de sus destinatarios. Estos (…) no pueden tener la potestad de resolver si se acogen o no a los mandatos del juez que conduce determinado proceso, independientemente de las razones que puedan esgrimir en contra, pues el camino para hacerlas valer no es la renuencia a ejecutar lo ordenado sino el ejercicio de los recursos que el sistema jurídico consagra"[63]. En este sentido, la Corte Constitucional por medio de Auto 060 de 2012, explicó y señaló que el cumplimiento de los fallos judiciales “es un derecho que se desprende del acceso a la administración de justicia y el derecho a un recurso judicial efectivo, establecidos en los artículos 228 de la Constitución Política y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. La adecuada administración de justicia, responde a su vez, a la garantía que debe brindarse del derecho fundamental al debido proceso con el fin de evitar dilaciones injustificadas que hagan efectivo el derecho reclamado. Así, la Corte ha indicado que uno de los elementos sin los cuales los anteriores postulados no podrían funcionar, es el acatamiento de las providencias, con el objetivo de que una real y oportuna decisión judicial se concrete en la debida ejecución de ella[64]. Así, emerge de lo anterior que las providencias judiciales se erigen como un derecho fundamental del carácter subjetivo[65]. Ha señalado la Corte que la tutela es procedente cuando una autoridad pública o un particular se sustrae del cumplimiento de una decisión judicial de hacer (por ejemplo una orden de reintegro), en la medida en que se vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia. No obstante, por regla general esta es improcedente cuando lo que se pretende es satisfacer obligaciones de dar (siempre y cuando no se evidencie un perjuicio irremediable), en la medida en que existen otros mecanismos idóneos para hacerlas efectivas (como por ejemplo un proceso ejecutivo)[66]. Como corolario de lo anterior se deduce que toda entidad pública está en el deber constitucional y legal de ejecutar las sentencias en firme[67]. La misión de los jueces de administrar justicia mediante providencias “exige de los entes ejecutivos una conducta de estricta diligencia en el cumplimiento de las mismas, con el fin de mantener vigente el Estado de Derecho, actuar en concordancia con sus fines esenciales e inculcar en la población una conciencia institucional de respeto y sujeción al ordenamiento”[68]. Según sentencia T-554 de 1992,[69] la legitimidad de cualquier Estado se vería resquebrajada si los mismos órganos del poder público, ya por su inactividad ora por su indolencia, estimulan el desacato de las decisiones de los jueces. Estos eventos son absolutamente excepcionales y no se trata entonces de cualquier inconformidad o diferencia con la decisión judicial, sino de una auténtica imposibilidad de cumplimiento, sea fáctica o jurídica. Para identificar correctamente tales eventos, esta Sala de Revisión considera que la valoración sobre la legitimidad o no del incumplimiento deberá tener en cuenta los siguientes criterios que pasan a exponerse: a) Motivación: El funcionario o entidad pública tiene que presentar los argumentos por los cuales considera que le es imposible dar cumplimiento a la decisión judicial. Su inconformidad no puede permanecer en el fuero interno, sino ser debidamente comunicada a las personas interesadas. b.) Notoriedad: La imposibilidad fáctica o jurídica de dar cumplimiento a la decisión judicial ha de ser notoria. Por ejemplo, porque la orden contradice manifiestamente una disposición constitucional. c.) Grave amenaza: El servidor que objeta el cumplimiento de una providencia judicial debe explicar en qué medida la ejecución de la decisión acarrearía un inminente y grave daño al ordenamiento jurídico o a algún derecho fundamental en particular. De este modo, el simple desacuerdo moral, técnico o administrativo no justifica el incumplimiento. d.) Facultad legal: El servidor debe canalizar su inconformidad a través de los recursos y mecanismos que la propia ley le ha otorgado. No es aceptable que los funcionarios públicos diseñen mecanismos ad-hoc para oponerse al cumplimiento de decisiones judiciales. e.) Oportunidad: La oposición al cumplimiento debe realizarse oportuna y ágilmente, de manera tal que no sirva como excusa para justificar la desidia o la mora en el acatamiento de la orden judicial. f.) Contradicción: El trámite de oposición debe respetar las garantías básicas del debido proceso, especialmente la participación de las personas o autoridades afectadas por el incumplimiento. El juez constitucional habrá de apreciar eficazmente tales elementos para precaver que el incumplimiento de decisiones judiciales se generalice, en detrimento de la conciencia institucional de respeto y confianza por el sistema jurídico. En todo caso, se itera, la acción constitucional es el mecanismo idóneo para exigir el cumplimiento de providencias debidamente ejecutoriadas, cuando el desacato por parte de los funcionarios responsables resulta injustificado o arbitrario[70]. 3.3. Marco legal, constitucional y jurisprudencial aplicable a los bienes baldíos. Reiteración de jurisprudencia[71] La Constitución en su artículo 102 reiteró la tradicional concepción según la cual pertenecen a la Nación los bienes públicos que forman parte del territorio, dentro de los cuales se encuentran los baldíos.[72] Se ha precisado que esa denominación genérica establecida en la referida norma Superior comprende tanto los bienes de uso público como los bienes fiscales, en los siguientes términos: “(i) Los bienes de uso público, además de su obvio destino se caracterizan porque ‘están afectados directa o indirectamente a la prestación de un servicio público y se rigen por normas especiales’[73]. El dominio ejercido sobre ello se hace efectivo con medidas de protección y preservación para asegurar el propósito natural o social al cual han sido afectos según las necesidades de la comunidad.[74] (ii) Los bienes fiscales, que también son públicos aun cuando su uso no pertenece generalmente a los ciudadanos, se dividen a su vez en: (a) bienes fiscales propiamente dichos, que son aquellos de propiedad de las entidades de derecho público y frente a los cuales tienen dominio pleno ‘igual al que ejercen los particulares respecto de sus propios bienes’[75]; y (b) bienes fiscales adjudicables, es decir, los que la Nación conserva ‘con el fin de traspasarlos a los particulares que cumplan determinados requisitos exigidos por la ley’[76], dentro de los cuales están comprendidos los baldíos”[77]. Es sabido que a la luz del ordenamiento jurídico interno y la jurisprudencia de esta Corte, tales bienes son inajenables, imprescriptibles e inembargables, como se pasa a reiterar a continuación. Si bien la prescripción o usucapión es uno de los modos de adquirir el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio, los baldíos obedecen a una lógica jurídica y filosófica distinta, razón por la cual tienen un régimen especial diferente al establecido en el Código Civil[78]. Véase como el artículo 150-18 Superior confirió amplias atribuciones al legislador[79] para regular lo concerniente a los baldíos, específicamente para “dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías”. De esta manera fue expedida la Ley 160 de 1994, por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, cuyo artículo 65 dispone inequívocamente que el único modo de adquirir el dominio es mediante título traslaticio emanado por la autoridad competente de realizar el proceso de reforma agraria y que el ocupante de estos no puede tenerse como poseedor[80]. El inciso segundo de dicha norma legal fue declarado exequible en sentencia C-595 de 1995, al precisarse que la adquisición de las tierras baldías, a diferencia de lo que ocurre en materia civil con los inmuebles en general, no se adquiere mediante la prescripción, sino por la ocupación y posterior adjudicación, previo el cumplimiento de las exigencias legales. Tal posición fue reiterada en el fallo C-097 de 1996: “[m]ientras no se cumplan todos los requisitos exigidos por la ley para tener derecho a la adjudicación de un terreno baldío, el ocupante simplemente cuenta con una expectativa, esto es, la esperanza de que al cumplir con esas exigencias se le podrá conceder tal beneficio”. Nótese entonces como los baldíos son bienes inenajenables, es decir, que están fuera del comercio y pertenecen a la Nación, quien los conserva para su adjudicación si fuere el caso, y únicamente cuando ello se efectúe, el adjudicatario adquirirá el título de propiedad[81]. Esta Corporación ha sostenido que el ordenamiento jurídico contiene cuerpos normativos vigentes que se han ocupado de regular la naturaleza jurídica de los baldíos, pero que, según algunos intérpretes, pareciese existir un conflicto entre esas normas, pues unas de ellas defienden la presunción de ser privado y otras propugnan la presunción de ser baldío[82]. Respecto a aquellas disposiciones que aluden a la presunción de bien privado, se encuentran los artículos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936, según los cuales, los bienes explotados económicamente se suponen de propiedad privada, y no baldíos. En esa medida, todo bien que se encuentre bajo la posesión de un particular y sobre el mismo se realicen hechos de señor y dueño, por ejemplo que esté siendo explotado económicamente, tendrá la presunción de ser privado[83]. Ha dicho este Tribunal que si esos preceptos legales se observan de manera literal y no se interpretan de forma sistemática, es evidente que todo inmueble poseído con fines de explotación económica es de carácter privado. No obstante la Corte ha advertido que, tal y como se estableció en la providencia T-488 de 2014, es necesario acudir a otras normas para “realizar una labor de hermenéutica jurídica aceptable y acorde con el ordenamiento constitucional y legal”[84]. Para tal efecto, esta Corporación ha recurrido a varias disposiciones constitucionales y legales que incorporan parámetros en materia de presunción y fortalecen el régimen de los baldíos. Entre esas normas se destacan las siguientes: El artículo 63 de la Constitución, según el cual, los bienes de uso público, entre los cuales se encuentran los baldíos, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El artículo 64 Superior que fija como “deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.” El artículo 150 (numeral 18) que confiere al Congreso de la República la función de dictar normas relacionadas con la apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. Descendiendo al ámbito legal, el artículo 675 del Código Civil, cuyo texto contiene una presunción de baldío en los siguientes términos: “Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.” Los aún vigentes artículos 44 y 61 del Código Fiscal que, respectivamente, refuerzan la presunción de bien baldío con la que cuentan todos los predios que carecen de registro o de dueño y, ratifican la naturaleza imprescriptible de los mismos, lo cual imposibilita que sean adquiridos por prescripción adquisitiva declarada en trámite de pertenencia. La Corte ha aclarado que si bien los referidos preceptos legales del Código Civil y del Código Fiscal son anteriores a la Ley 200 de 1936, también es cierto que con posterioridad a dicha ley fueron expedidas la Ley 160 de 1994 y el Código General del Proceso, “normas que reivindican la figura de los baldíos, la presunción que favorece a estos y su absoluta imprescriptibilidad.”[85] Como ya se dijo, con la Ley 160 de 1994 se creó el Sistema de Reforma Agraria y se reguló el único procedimiento para hacerse titular de un baldío. En lo atinente, así reza el artículo 65 de ese cuerpo normativo: “Artículo 65. La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en las que delegue esta facultad. Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa. La adjudicación de las tierras baldías podrá hacerse por el Instituto mediante solicitud previa de parte interesada o de oficio. No podrá hacerse adjudicación de baldíos sino por ocupación previa, en tierras con aptitud agropecuaria que se estén explotando conforme a las normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales renovables, en favor de personas naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas, en las extensiones y condiciones que para cada municipio o región del país señale la Junta Directiva.” Según la precitada norma, es claro que el legislador otorgó al entonces Incoder la competencia para generar el título traslaticio de la propiedad de los baldíos, estableciendo que aquel que explote un baldío no lo hace en calidad de poseedor sino en su condición de ocupante con una mera expectativa para la adjudicación por parte del referido instituto. A su turno, el artículo 375 del Código General del Proceso estatuye varias reglas que deben aplicarse en cuanto a las demandas de pertenencia de predios privados, de las cuales se destacan dos, por un lado, la improcedencia de la declaratoria de pertenencia respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad pública, y por otro, que en el auto admisorio se ordene informar de la existencia de ese trámite a varias entidades, entre ellas, el Incoder, para lo de su competencia, en los siguientes términos: “Artículo 375. Declaración de pertenencia. En las demandas sobre declaración de pertenencia de bienes privados, salvo norma especial, se aplicarán las siguientes reglas: (…) 4. La declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público. El juez rechazará de plano la demanda o declarará la terminación anticipada del proceso, cuando advierta que la pretensión de declaración de pertenencia recae sobre bienes de uso público, bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o baldíos, cualquier otro tipo de bien imprescriptible o de propiedad de alguna entidad de derecho público. Las providencias a que se refiere este inciso deberán estar debidamente motivadas y contra ellas procede el recurso de apelación. (…) 6. En el auto admisorio se ordenará, cuando fuere pertinente, la inscripción de la demanda. Igualmente se ordenará el emplazamiento de las personas que se crean con derechos sobre el respectivo bien, en la forma establecida en el numeral siguiente. En el caso de inmuebles, en el auto admisorio se ordenará informar de la existencia del proceso a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para que, si lo consideran pertinente, hagan las manifestaciones a que hubiere lugar en el ámbito de sus funciones. (…)” (Subraya fuera del texto original). Esta Corporación ha señalado que las precitadas reglas constituyen parámetros para que el juez aclare ciertas dudas que se originen en relación con la naturaleza jurídica de los inmuebles objeto de declaratoria de pertenencia, puesto que al informarse a las entidades competentes de la existencia del respectivo trámite ordinario, éstas pueden allegar elementos de convicción que conduzcan a una decisión ajustada a derecho[86]. En suma, la Corte ha concluido que en el ordenamiento jurídico coexisten dos presunciones al respecto: una de bien privado y otra de bien baldío, lo cual implicaría un aparente conflicto normativo. No obstante, ha determinado este Tribunal que dicha situación se resuelve mediante una interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales y legales que componen el régimen de baldíos. Así lo ha manifestado: “(…) los artículos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936 no entran en contradicción directa con las referidas normas del Código Civil, el Código Fiscal, el Código General del Proceso, la Ley 160 de 1994 y la Constitución Nacional, ya que al leerse en conjunto se descubre que el conflicto entre estas es apenas aparente. Lo anterior, debido a que la presunción de bien privado se da ante la explotación económica que realiza un poseedor, y, como se observó, en lo que se refiere a los bienes baldíos no se puede generar la figura de la posesión sino de la mera ocupación. Por lo anterior, no se puede concluir que una norma implique la derogatoria de la otra o su inaplicación, sino que se debe comprender que regulan situaciones jurídicas diferentes y que deben ser usadas por el operador jurídico según el caso. Es por ello que el legislador, de forma adecuada, previó cualquiera de estas situaciones en el Código General del Proceso, brindándole al juez que conoce del proceso de pertenencia las herramientas interpretativas para resolver el aparente conflicto normativo, así como las herramientas probatorias para llevar a una buena valoración de la situación fáctica. Reconociendo, sin lugar a dudas, que en todos los casos en los que no exista propietario registrado en la matrícula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un bien baldío. En conclusión, el juez debe llevar a cabo una interpretación armónica de las diferentes normas existentes en torno a tan específico asunto, tales como los artículos 1º de la Ley 200 de 1936; 65 de la Ley 160 de 1994, 675 del Código Civil, y 63 de la Constitución Política, sin desconocer que existe una presunción iuris tantum en relación con la naturaleza de bien baldío, ante la ausencia de propietario privado registrado, pues tal desconocimiento lo puede llevar a incurrir en un defecto sustantivo por aplicar una regla de manera manifiestamente errada, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable.”[87] (Subraya fuera de texto original).” 3.3.1 Jurisprudencia constitucional. Examinada la jurisprudencia de esta Corporación, esta Sala encuentra los siguientes pronunciamientos que a la fecha han sido adoptados en la materia por algunas Salas de Revisión: T-488 de 2014, T-293 de 2016, T-461 de 2016, T-548 de 2016, T-549 de 2016 y T-407 de 2017, cuyo contenido y alcance se pasan a exponer a continuación. Mediante sentencia T-488 de 2014[88], la Corte estudió el asunto de un ciudadano que solicitaba la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, administración de justicia y confianza legítima, al considerarlos vulnerados por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Paz de Ariporo (Casanare), ante la negativa de inscripción de la providencia judicial con la cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué había declarado a su favor la pertenencia de un inmueble rural que se presumía baldío. Este Tribunal evidenció que la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué adolecía de defecto fáctico, por cuanto no se había valorado “acertadamente el folio de matrícula aportado” y se había omitido “practicar otras pruebas conducentes para auscultar la naturaleza jurídica del terreno en discusión”. Expuso que el juez ordinario...