Sentencia T-488 de 2023

T-488-23 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-488/23 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUSTITUCION PENSIONAL-Desconocimiento cuando se exige que se prueben circunstancias adicionales a las que están previstas en la ley El trámite para obtener esta prestación (pensión de invalidez) fue iniciado por el afiliado. Sin embargo, por razones de fuerza mayor, aquel no pudo finalizarlo, pues se interrumpió el proceso con su fallecimiento... el accionante cumplió los requisitos para la sustitución pensional de esa prestación porque: (i) el causante consolidó el derecho a la pensión de invalidez; (ii) el demandante es el progenitor del pensionado; y, (iii) sí existió una dependencia parcial del actor respecto del causante al momento de su muerte. DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Concepto, naturaleza y protección constitucional DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Requisitos (i) el cumplimiento del requisito de tiempo de cotización por parte del afiliado; (ii) demostrar la falta de beneficiarios con mejor derecho que el peticionario; y (iii) evidenciar una dependencia económica respecto del causante. SUSTITUCION PENSIONAL Y PENSION DE SOBREVIVIENTES-Comparten la misma finalidad de protección al mínimo vital de las personas que dependían del causante SUSTITUCION PENSIONAL Y PENSION DE SOBREVIVIENTES-Diferencias SUSTITUCION PENSIONAL O PENSION DE SOBREVIVIENTES-Acreditación de la dependencia económica PENSION DE SOBREVIVIENTES DE HIJO FALLECIDO-Dependencia económica que deben acreditar los padres del hijo fallecido puede ser parcial o total (...), los funcionarios que estudian dichas prestaciones económicas solo pueden negar su reconocimiento, siempre y cuando concluyan que el interesado tiene una subsistencia digna, pero sin exigir una dependencia total y absoluta respecto del causante. DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA PENSION DE INVALIDEZ-Concepto, naturaleza y protección constitucional PENSION DE INVALIDEZ-Requisitos para obtener reconocimiento y pago SISTEMA DE FINANCIACION DE PENSION DE INVALIDEZ-En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad DERECHO A LA PRESTACIÓN PENSIONAL-Causación y reconocimiento ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES PENSIONALES-Procedencia excepcional JUEZ DE TUTELA-Facultad de fallar extra y ultra petita DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Orden de reconocer sustitución de pensión de invalidez, por cuanto accionante cumple requisitos REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Novena de Revisión Sentencia T-488 de 2023 Referencia: Expediente T-9.456.624. Acción de tutela instaurada por el señor José en contra de Porvenir S.A. Magistrado ponente: José Fernando Reyes Cuartas. Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). La Sala Novena de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo y los magistrados Juan Carlos Cortés González y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA 1. Dentro del trámite de revisión de los fallos del 26 de octubre y del 30 de noviembre de 2022, proferidos por los Juzgados Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Soacha y Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de la misma ciudad. Estas decisiones resolvieron en primera y en segunda instancia, respectivamente, la acción de tutela de la referencia. 2. Con el objetivo de estudiar la solicitud de amparo formulada, en la sección primera de esta providencia, la Sala expondrá los antecedentes del caso. En primer lugar, la Corte realizará una síntesis de los fundamentos de la acción. En segundo y tercer lugar, efectuará un resumen de la contestación de la demanda y de las decisiones que se revisan. Luego hará referencia a las pruebas aportadas. En la sección segunda de este fallo, esta Corporación delimitará el asunto, planteará los problemas jurídicos que resolverá y la metodología de la decisión. Posteriormente, aludirá a la pensión de sobrevivientes y sus requisitos. A continuación, este Tribunal explicará el derecho a la sustitución pensional. Luego, hará referencia a la condición de dependencia económica de los ascendientes frente al causante. También, expondrá la pensión de invalidez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS). La Corte señalará la distinción entre la causación y el reconocimiento del derecho pensional. Finalmente, estudiará la procedencia excepcional del amparo para garantizar las prestaciones de la seguridad social. Con base en lo anterior, esta Corte resolverá el caso concreto. En este punto, primero, estudiará la procedencia de la acción y, si hubiere lugar a ello, se pronunciará sobre la presunta vulneración de los derechos invocados en la solicitud de amparo. I. ANTECEDENTES[1] 3. El señor José presentó acción de tutela en contra de Porvenir S.A. (en adelante Porvenir) porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital[2]. Para fundamentar la solicitud de amparo, el demandante narró los siguientes: 1. Hechos 4. El señor José tiene 75 años[3]. Informó que es el padre de Antonio quien estaba afiliado a Porvenir. 5. Su hijo, debido a su situación de salud[4], solicitó la calificación de pérdida de capacidad laboral (en adelante PCL) ante el fondo de pensiones accionado[5]. El 16 de octubre de 2019, Seguros de Vida Alfa le determinó una PCL del 57,28% con fecha de estructuración del 6 de julio de 2019. El grupo calificador le diagnosticó al afiliado enfermedad de neuronas motoras, con cuadriparesia e hipotrofia muscular generalizada[6]. 6. El 25 de octubre de 2019 el hijo del accionante falleció por un paro cardiorrespiratorio, derivado de una enfermedad neuromotora[7]. Según la acción de tutela, el causante tenía “más de 50 semanas cotizadas al momento de su muerte”[8]. 7. El demandante afirmó que vivía con su hijo, quien estaba soltero y sufragaba los gastos de aquel “en su totalidad”[9] (i.e. alimentación, arrendamiento, servicios). Agregó que, al momento de la presentación de la tutela, no tenía trabajo. Sostuvo que su única fuente de recursos era un auxilio de adulto mayor por el valor de $80.000 e indicó que trata de “sobrevivir pidiendo ayuda alimentaria a [sus] vecinos”[10]. Resaltó que presentaba una discapacidad visual y del oído. Además, explicó que fue diagnosticado con gonartrosis no especificada en ambas rodillas, pérdida de visión por desprendimiento de retina[11] y adujo que se encontraba en “pobreza extrema”[12]. Finalmente, relató que vivía solo en una habitación en el barrio Esperanza del municipio de Soacha. 8. Solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes. El 17 de diciembre de 2019, el señor José solicitó la pensión de sobrevivientes ante Porvenir[13]. El 6 de julio de 2020, el fondo accionado negó lo pedido por estimar que el interesado no acreditó la dependencia económica respecto del afiliado fallecido[14]. Al parecer, el reclamante pidió nuevamente el reconocimiento de la prestación pensional. Mediante comunicación del 2 de febrero de 2022, Porvenir ratificó la decisión mencionada[15]. 9. Para acreditar la exigencia de la dependencia económica, en mayo de 2022 el ciudadano aportó algunas declaraciones notariales realizadas por sus vecinos[16]. Aquellos afirmaron que les constaba que su hijo lo apoyaba en todos sus gastos. Sin embargo, el 19 de julio de 2022, el fondo rechazó la prestación porque el solicitante no había acreditado la dependencia económica con respecto al señor Antonio. Lo anterior, debido a que “no cumple con los requisitos legales de la dependencia económica en forma total y absoluta al momento del fallecimiento del afiliado”[17]. 10. Acción de tutela. El señor José presentó acción de tutela en contra de Porvenir. Argumentó que el fondo de pensiones demandado le exige un requisito de dependencia total, pese a que “no posee ingreso alguno que garantice su congrua subsistencia, pues era su hijo la única persona que proveía todo lo necesario para su manutención”[18]. Esto último fue comprobado por las declaraciones remitidas a la entidad accionada. Aseguró que se estaban vulnerando sus prerrogativas fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital. Por lo anterior, solicitó que: (i) se tutelen los derechos invocados “para evitar un perjuicio grave, inminente e irremediable que se puede causar en la salud y el bienestar del accionante, al no contar con ingresos mínimos de subsistencia”[19]; y, (ii) se ordene a Porvenir reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes en su favor, así como el retroactivo pensional desde el 1° de noviembre de 2019[20]. 11. Trámite de la acción de tutela. Mediante auto del 18 de octubre de 2022, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Soacha (Cundinamarca) avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y corrió traslado a la entidad accionada[21]. 2. Respuesta de la accionada e interviniente 12. Respuesta de Porvenir. El fondo accionado comunicó que, una vez adelantada la respectiva investigación, encontró que el demandante no dependía económicamente del señor Antonio. En particular, explicó que “no se acreditó (sic) en el expediente pensional soportes de giros y/o transacciones en dinero que permitieran establecer la manutención”[22] del actor a cargo del afiliado. Afirmó que se debe tener en cuenta que el causante se encontraba afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante SGSSS) en calidad de cotizante dependiente, “sin beneficiarios dentro de su núcleo familiar, hecho que resulta relevante para el estudio pensional, pues se observa que la dependencia económica respecto de nuestro afiliado no se situaba en cabeza del señor José”[23]. 13. Porvenir aseveró que la participación económica en la manutención tiene que ser regular y periódica, pero que “dentro de la documentación que reposa en el expediente (…) no se evidencia la regularidad con la que se realizaban los aportes por parte de nuestro afiliado el señor Antonio y que dieran lugar a la dependencia económica”[24]. Por lo anterior, concluyó que el reclamante no tenía la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Finalmente, agregó que le informó al accionante sobre el derecho que tenía de acceder a la entrega de los recursos existentes en la cuenta individual de ahorro pensional del causante, en los términos del artículo 76 de la Ley 100 de 1993. 3. Decisiones que se revisan 14. Sentencia de primera instancia[25]. El 26 de octubre de 2022, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Soacha “negó por improcedente” la acción de tutela, por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Esa autoridad judicial afirmó que el accionante cuenta con otros medios de defensa idóneos para formular las pretensiones que pretende tramitar a través del amparo solicitado. Sin embargo, aquel no acudió a esos mecanismos. Aunado a lo anterior, para ese despacho, el demandante: (i) no demostró que la falta de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ha afectado sus derechos fundamentales y, en particular, su mínimo vital[26]; (ii) no acreditó que hubiera radicado la documentación necesaria para “elevar formalmente la reclamación”[27] de la prestación pensional; (iii) no adujo ningún argumento para evidenciar que el medio judicial ordinario no resultaría eficaz o expedito para brindar una protección en el asunto; y, (iv) no expuso circunstancia alguna que probara un daño o un perjuicio irremediable que ameritara la intervención del juez constitucional. 15. Impugnación[28]. La parte demandante recurrió la anterior decisión. Señaló que, por su edad y sus condiciones de salud, el proceso ordinario no es idóneo ni eficaz para resolver sus pretensiones. Afirmó que la negativa por parte de Porvenir ha generado “un alto grado de afectación”[29] en su derecho al mínimo vital, comoquiera que no puede trabajar por su estado de salud. Aseveró que vive de “la ayuda de algunas personas amigas o vecinos”[30]. Añadió que, pese a tener tres hijos vivos, aquellos “residen en [un] lugar diferente al mío, su situación económica no les permite brindarme apoyo económico”[31]. Destacó que su hijo Antonio era su único apoyo porque “velaba” por su alimentación y sus gastos de servicios públicos, entre otros. El recurrente anexó una epicrisis del diagnóstico de gonartrosis no especificada[32], un control de “retinología” y su registro en el Sisbén[33]. 16. Sentencia de segunda instancia[34]. El 30 de noviembre de 2022, el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Soacha confirmó la sentencia de primera instancia. Esa autoridad judicial advirtió que el demandante es un adulto mayor, por lo que debía analizar otras circunstancias del caso que den cuenta de su vulnerabilidad, (por ejemplo, su estado de salud) conforme a las pruebas que fueron allegadas. Sin embargo, señaló que “el juez de primer grado no tuvo oportunidad de valorarlas, pues, el accionante omitió aportarlas”[35]. 17. En ese contexto, reiteró que el juez de tutela debe evaluar varios requisitos para verificar la procedencia del amparo constitucional cuando se solicita el reconocimiento de prestaciones económicas de la seguridad social. Constató que el accionante sí ha sufrido un alto grado de afectación al mínimo vital tras el deceso de su hijo, de acuerdo con las manifestaciones extrajudiciales de terceros aportadas por el actor[36]. Resaltó que “estas declaraciones no fueron tachadas como falsas por la entidad accionada”[37]. Asimismo, indicó que el ciudadano se encuentra en el grupo C1 (población vulnerable) en el Sisbén. 18. El juez de segunda instancia resaltó que el interesado ha desplegado cierta actividad para reclamar la prestación pretendida, pues ha elevado solicitudes para el reconocimiento pensional ante Porvenir. Consideró que eran evidentes las razones por las que la justicia ordinaria resultaba ineficaz para el reconocimiento pretendido, debido a la edad del accionante[38]. El despacho estimó que someter a una persona con una edad cercana a los 75 años podría configurar un daño consumado porque, “a la vuelta de dos años[,] el reclamante podría fallecer, dado que se encuentra cerca de la expectativa de vida del colombiano”[39]. 19. No obstante, la autoridad judicial de segunda instancia afirmó que no se demostró la titularidad del derecho. Sostuvo que, si bien el accionante acreditó el parentesco[40], no demostró la densidad de semanas requeridas para obtener la pensión de sobrevivientes, establecidas en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Insistió en que, en el escrito de tutela, se tiene “una simple manifestación sin sustento” respecto del cumplimiento del requisito de aportes en los tres años anteriores a la fecha del fallecimiento del causante[41]. 4. Actuaciones en sede de revisión[42] 20. Mediante Auto del 30 de agosto de 2023, el magistrado sustanciador decretó pruebas[43]. En auto del 27 de septiembre siguiente, el despacho requirió al accionante para que remitiera a la Corte la información solicitada[44]. Sin embargo, no se obtuvo respuesta a dicho requerimiento. 5. Respuesta recibida en sede de revisión 21. Porvenir remitió el expediente y la historia laboral legible y actualizada del causante Antonio[45]. El fondo accionado informó que el accionante José presentó las siguientes solicitudes: (i) el 18 de diciembre de 2019 reclamó la pensión de sobrevivientes. Dicha solicitud fue rechazada el 6 de julio de 2020 porque el peticionario no acreditó la condición de beneficiario. Explicó que, cuando falleció el afiliado, aquel no dependía económicamente de su hijo[46]; y (ii) el 30 de marzo de 2023 –esto es, con posterioridad a la sentencia de segunda instancia en el presente proceso de tutela– pidió una respuesta a la solicitud de la pensión. Porvenir comunicó lo siguiente: “se evidencia que 02 de febrero de 2023 (sic), se rechazó pensión de sobrevivencia toda vez que los usted (sic) no acreditó la calidad de beneficiarios de la prestación debido a que no cumplía con el requisito de dependencia económica. Así las cosas, se aprobó la devolución de saldos de la cuenta de ahorro individual incluido el bono pensional, no obstante, para proceder con la devolución de saldos es necesario remita carta de aceptación de la devolución de saldos”[47]. 22. De otra parte, una vez realizado el traslado de las pruebas recibidas, el fondo advirtió que no hubo respuesta del señor José. También relató que el causante Antonio se encontraba desempleado desde agosto de 2018, esto es, más de un año antes de su fallecimiento (25 de octubre de 2019). En ese contexto, conforme a una “investigación realizada por la firma León Asociados con fecha del 06 de marzo de 2020 (…) el señor José, informó que al momento del fallecimiento de su hijo no percibía recursos de este, por su estado de salud”[48]. Porvenir agregó que el señor José cuenta con otro grupo familiar, conformado por cinco hijos más. Por lo anterior, determinó que no se cumplió con el requisito de la dependencia económica entre el beneficiario y el causante, previsto por el artículo 74 de la Ley 100 de 1993[49]. 6. Pruebas que obran en el expediente Tabla 1. Pruebas que obran en el expediente respecto del señor Antonio (causante) 1 Copia de la cédula de ciudadanía del señor Antonio[50]. 2 Copia de los registros civiles de nacimiento y de defunción del señor Antonio[51]. 3 Dictamen del 16 de octubre de 2019, expedido por Seguros de Vida Alfa. A partir de la solicitud previa formulada por el causante, a aquel le fue valorada una pérdida de capacidad laboral (en adelante PCL) del 57,28% con fecha de estructuración el 6 de julio de 2019. La calificación se fundamentó en los siguientes diagnósticos: enfermedad de neuronas motoras, con cuadriparesia e hipotrofia muscular generalizada. 4 Comunicación del 17 de octubre de 2019 por parte de Seguros de Vida Alfa en la cual notificó al causante el dictamen de PCL[52]. 5 Historia laboral del señor Antonio actualizada al 4 de septiembre de 2023, en la cual se evidencia que la última cotización al SGSSP fue del 20 de septiembre de 2018[53]. Tabla 2. Pruebas que obran en el expediente respecto del señor José (accionante) 1 Copia de la cédula de ciudadanía del señor José[54]. 2 Formulario de reclamación de prestaciones económicas del 19 de diciembre de 2019 por solicitud de invalidez[55]. Ahí mismo se encuentra el formulario de sustitución pensional de esa prestación. 3 Informe de investigación para el pago de prestaciones económicas del 6 de marzo de 2020. Como resultado, la entidad responsable encontró que: (i) el señor José no trabaja desde una fecha anterior al fallecimiento de su hijo; (ii) el señor José tiene cinco hijos más, de quienes afirmó que no obtiene ayuda; y, (iii) el solicitante no tiene mesada pensional. El peticionario indicó que su hijo no lo ayudaba en la medida en que “por su estado de salud no podía laborar”[56]. 4 Epicrisis del 3 de julio de 2021 donde se valoró el diagnóstico de gonartrosis no especificada y se encontró esclerosis de platillos tibiales, disminución femorotibial medial por osteoartrosis degenerativa, ligera disminución retropatelar y enfermedad varicosa en la pierna izquierda[57]. 5 Documento que certifica un control por el diagnóstico de desprendimiento de retina del 28 de febrero de 2022[58]. 6 Copia del registro en el Sisbén en el grupo C1 (vulnerable)[59]. 7 Declaraciones extrajuicio del 23 de mayo de 2022 ante notario de personas que afirmaron conocer al señor Antonio y aseveraron que el causante vivía con su padre en Soacha[60]. Aquellos declararon que el señor Antonio “se encargaba de las necesidades básicas de su padre”, no recibía ayuda de ningún familiar y solo tenía un subsidio de adulto mayor. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 23. La Sala Novena de Revisión es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Delimitación del caso, formulación de los problemas jurídicos y esquema de la decisión 24. El señor José tiene 75 años. Su hijo Antonio se encontraba afiliado a Porvenir. Este último fue calificado con una PCL del 57,28% con fecha de estructuración del 6 de julio de 2019. Posteriormente, el causante falleció el 25 de octubre de 2019. El actor afirmó que vivía con su hijo y dependía económicamente de aquel. Agregó que fue diagnosticado con gonartrosis no especificada en ambas rodillas y pérdida de visión por desprendimiento de retina. 25. El peticionario solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes ante Porvenir. Sin embargo, el fondo accionado negó la prestación porque, según la investigación realizada por dicha entidad, el interesado no acreditó la dependencia económica con el afiliado fallecido. Al respecto, aseguró que el solicitante “no cumple con los requisitos legales de la dependencia económica en forma total y absoluta al momento del fallecimiento del afiliado”[61]. Aquel reclamó dicho derecho pensional, de nuevo, pero la negativa fue ratificada. Posteriormente, el accionante aportó algunas declaraciones notariales realizadas por sus vecinos para acreditar la dependencia económica. Sin embargo, Porvenir reiteró el rechazo de lo pedido por la misma razón que había esgrimido previamente. 26. El señor José presentó acción de tutela para obtener la prestación periódica mencionada. En su respuesta en sede de instancias, el fondo accionado reiteró que el demandante no dependía económicamente de su hijo. Añadió que le informó al peticionario que tenía derecho a los recursos existentes en la cuenta individual de ahorro pensional del causante. 27. El juez de primera instancia “negó por improcedente” el mecanismo constitucional por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. A su turno, la autoridad judicial de segunda instancia confirmó dicho fallo, pero por otras razones, esto es, que el accionante no demostró la densidad de semanas requeridas para obtener la pensión de sobrevivientes, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. 28. A partir de los antecedentes descritos, la Corte debe verificar, en primer lugar, la procedencia de la solicitud de amparo. En segundo lugar, en caso de que la acción sea viable, esta Corporación debe resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿Porvenir vulneró los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital del accionante por negar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes bajo el argumento de que el solicitante no acreditó la dependencia económica en forma total y absoluta al momento del fallecimiento del afiliado?; y, (ii) ¿Porvenir vulneró los derechos fundamentales previamente referidos al omitir su deber de verificar si existían prestaciones pensionales causadas por el afiliado cotizante al momento de su deceso y respecto de las cuales el peticionario pudiera tener algún derecho mediante la figura de la sustitución pensional? 29. Con el fin de resolver las cuestiones formuladas, la Sala Novena de Revisión se referirá a: (i) la pensión de sobrevivientes y sus requisitos; (ii) el derecho a la sustitución pensional; (iii) la condición de dependencia económica de los ascendientes frente al causante; (iv) la pensión de invalidez en el RAIS; (v) la distinción entre la causación y el reconocimiento del derecho pensional; y, (vi) la procedencia excepcional del amparo para el reconocimiento de prestaciones de la seguridad social. Finalmente, la Corte (vii) estudiará el caso concreto. 3. La pensión de sobrevivientes en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (SGSSP) 30. La Ley 100 de 1993, que regula el SGSSP, estableció el cubrimiento de los riesgos de vejez, invalidez o muerte. En particular, sobre este último, previó que las personas cercanas al causante, que se ven afectadas por su fallecimiento, pueden obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional –según el caso–, tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el RAIS. 31. En cuanto a la pensión de sobrevivientes, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993[62] estableció que tendrán derecho a dicha prestación “los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”. 32. Los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993[63] prevén los beneficiarios de esa prestación en el siguiente orden: primero, en forma vitalicia o temporal el cónyuge o compañero permanente[64]. Segundo, los hijos menores de 18 años o los mayores de 18 años que no puedan trabajar debido a sus estudios (quienes serán beneficiarios hasta los 25 años). Tercero, los padres del afiliado y, por último, los hermanos en situación de discapacidad. Se debe demostrar que los interesados dependían económicamente del causante al momento de su muerte. 33. La Corte ha precisado que la pensión de sobrevivientes es una prestación que tiene el objetivo de brindar una protección a las personas en condición de vulnerabilidad que dependían económicamente del causante[65]. En concreto, esta pensión “busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento”[66]. Aunado a lo anterior, la pensión de sobrevivientes puede ser un derecho fundamental, en tanto se relaciona con el derecho al mínimo vital y porque, prima facie, sus beneficiarios pueden ser sujetos de especial protección constitucional, por ejemplo, personas de la tercera edad o niños[67]. 34. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (en adelante CSJ) ha determinado que la pensión de sobrevivientes busca cubrir el riesgo de muerte. Para ello, esta prestación ampara a los miembros de la familia más próximos del afiliado que fallece por ser quienes sufren las consecuencias emocionales y económicas generadas por dicho evento[68]. Igualmente, ha insistido en que dicha pensión procura mitigar las consecuencias económicas que genera la muerte del causante en el grupo familiar. Con ello, evita que los dependientes vean afectadas sus condiciones de vida y su derecho a la dignidad humana[69]. 35. En suma, la pensión de sobrevivientes pretende que los miembros de la familia no queden desamparados cuando fallece quien proveía los elementos para el mantenimiento del hogar, siempre y cuando, se acrediten los requisitos para acceder a este derecho. De manera que, para el reconocimiento de esa prestación, se requiere: (i) el cumplimiento del requisito de tiempo de cotización por parte del afiliado; (ii) demostrar la falta de beneficiarios con mejor derecho que el peticionario; y (iii) evidenciar una dependencia económica respecto del causante. 4. El derecho a la sustitución pensional en el SGSSP 36. La sustitución pensional se enuncia en el artículo 46.1 de la Ley 100 de 1993[70]. Esta figura consiste en una defensa “a la familia del pensionado fallecido frente al desamparo económico en el que quedaría si no se reconociera tal prestación”[71]. Es decir, que esta sustitución hace referencia a las situaciones en las que la persona falleció, pero ya tenía un derecho adquirido a una prestación pensional. Aquella tendrá carácter fundamental “si de su reconocimiento depende que se materialicen las garantías de los beneficiarios que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta”[72]. Son beneficiarios de la sustitución pensional, en el siguiente orden: el cónyuge o compañero permanente, hijos, padres o los hermanos[73]. 37. La Corte ha sostenido que el derecho a la sustitución pensional busca materializar tres principios constitucionales: (i) la “estabilidad económica y social de los allegados del causante”[74], consistente en la garantía de contar con un ingreso que les permita mantener el mismo nivel de seguridad social económica que tenían con el afiliado fallecido y evitar su desprotección[75]; (ii) el principio de reciprocidad y solidaridad, comoquiera que la titularidad de esta prestación se deriva de la “relación afectiva, personal y de apoyo que los familiares mantuvieron con el asegurado”[76]; y, (iii) la universalidad del servicio público de seguridad social[77]. 38. Tanto la pensión de sobrevivientes como la sustitución pensional comparten la misma finalidad, que consiste en que los familiares del pensionado o del causante puedan continuar recibiendo los beneficios asistenciales y económicos que aquel les proporcionaba, para que, en su ausencia, no se vean disminuidas sus condiciones de vida y, por ende, no resulten afectados los derechos fundamentales de los beneficiarios[78]. 39. En suma, la sustitución pensional surge cuando el fallecido ya había accedido a una pensión, es decir, que aquel tenía el derecho pensional. Por su parte, la pensión de sobrevivientes se da cuando la persona que fallece aún no es titular de dicho derecho, sino que apenas tiene la posibilidad de pensionarse[79]. De manera que las dos modalidades tienen origen en la misma fuente normativa, pero la diferencia radica en el momento en que ocurre el fallecimiento. Igualmente, ambas prestaciones persiguen salvaguardar la condición de vulnerabilidad en que, en principio, quedan quienes dependían económicamente del causante. 5. Análisis de la condición de dependencia económica de los ascendientes frente al causante 40. Mediante la Sentencia C-111 de 2006[80], la Corte consideró contraria a la Constitución la norma que le permitía a las entidades que reconocen prestaciones de la seguridad social exigir a los padres del causante un grado de dependencia económica total y absoluta hacia su hijo fallecido. Por lo anterior, declaró la inexequibilidad de la expresión “de forma total y absoluta” del artículo 13, literal d, de la Ley 797 de 2003, que contenía dicho requisito. Igualmente, estableció que las respectivas autoridades deben valorar si quienes reclaman la pensión de sobrevivientes gozan de la condición de sujetos de especial protección constitucional, por ejemplo, los padres del causante como únicos beneficiarios y con una avanzada edad, entre otras particularidades. 41. Esta Corporación fijó unas condiciones para poder determinar si una persona goza de independencia económica. Esto, a partir de la evaluación de un mínimo vital cualitativo, que se entiende como “la demostración de los recursos suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia en condiciones dignas”[81]. Este parámetro se fundamenta en los siguientes criterios: “1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna. 2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica. 3. No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993. 4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional. 5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes. 6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica”[82]. 42. Así las cosas, el requisito de dependencia económica para la obtención de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional no puede entenderse como una carencia total y absoluta de recursos porque implicaría que el solicitante se encontrase en situación de indigencia, para que fuera procedente el reconocimiento del respectivo derecho de la seguridad social. Por lo tanto, dicha exigencia debe ser examinada de manera razonable para la protección y el debido respeto de los derechos al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas[83]. 43. Asimismo, la CSJ ha reiterado que, “cuando se trata de la dependencia económica de los padres respecto de sus hijos para acceder a la pensión de sobrevivientes, esta no es total ni absoluta”[84]. Dicho Tribunal sostuvo que sí debe existir un grado cierto de dependencia, a partir de dos condiciones: una falta de autosuficiencia económica y una relación de subordinación en dicha materia, en tanto el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo[85]. 44. Por consiguiente, la CSJ considera que la exigencia sobre dependencia económica debe analizarse en cada caso particular y concreto, para que sea la autoridad correspondiente, quien establezca si los ingresos que reciben los progenitores los hacen autosuficientes desde el punto de vista monetario y les permiten la satisfacción de sus necesidades en condiciones dignas[86]. 45. En definitiva, la pensión de sobrevivientes y, de manera correlativa, la sustitución pensional, protegen a los padres del hijo fallecido cuando aquellos subsistían a partir de los recursos que les suministraba el causante y adquieren el carácter de fundamentales con ocasión al vínculo con otros derechos fundamentales. Para que el peticionario ascendiente acceda a estos beneficios, debe acreditar una dependencia económica frente al causante. Por lo anterior, los funcionarios que estudian dichas prestaciones económicas solo pueden negar su reconocimiento, siempre y cuando concluyan que el interesado tiene una subsistencia digna, pero sin exigir una dependencia total y absoluta respecto del causante. 6. La pensión de invalidez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS)[87] 46. La Corte Constitucional ha señalado que la pensión de invalidez es un derecho irrenunciable y constituye una expresión de la seguridad social[88]. La jurisprudencia de esta Corte ha referido que esta prestación pensional es un derecho subjetivo que adquiere el carácter de fundamental cuando, a través de aquella, se materializan otras garantías superiores como el mínimo vital, la igualdad y la vida digna[89]. 47. En concreto, la pensión de invalidez ha sido definida como la posibilidad de que las personas con una PCL reciban una prestación económica para garantizar su subsistencia debido a que no pueden trabajar para continuar efectuando aportes al sistema[90]. Según los artículos 38 y 39[91] de la Ley 100 de 1993 tendrá derecho a la pensión de invalidez quien (i) tenga una PCL igual o superior al 50% y (ii) hubiere aportado cincuenta semanas al sistema dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración. 48. La Corte ha distinguido la forma de financiación de esta pensión en el RAIS. Las cotizaciones efectuadas por el afiliado van a una cuenta de naturaleza individual que, junto con sus rendimientos, servirá de sustento económico al momento de reconocer y pagar la pensión a la que tenga derecho la persona[92]. Los fondos de pensiones en este sistema contratan un seguro previsional para el cubrimiento de la eventual suma adicional que haga falta para cubrir el riesgo de invalidez[93]. El costo de la prima de ese contrato de seguro es pagado con una parte de las cotizaciones obligatorias que hacen sus afiliados[94]. 49. Esta Corporación ha indicado que el seguro previsional “que contratan las administradoras del RAIS deberá, por mandato de la ley, ser colectivo. (…) Una vez se suscriba el contrato, el pago de la prima debe efectuarse de manera obligatoria toda vez que, si ello no ocurre y el siniestro se produce, le corresponderá al fondo responder por los perjuicios que se causen (…)”[95]. 50. Así las cosas, cuando el afiliado acredite el cumplimiento de los requisitos legales, es decir causó el derecho, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. En tal caso, le corresponde al fondo de pensiones reconocer y fijar el monto de la prestación, conforme al artículo 40 de la Ley 100 de 1993. 7. Distinción entre la causación y el reconocimiento del derecho pensional 51. Es importante distinguir entre dos circunstancias que rodean el proceso pensional, referentes a los momentos de consolidación de la prestación económica de la seguridad social. La causación del derecho pensional “se estructura cuando se reúnen los requisitos mínimos exigidos en la ley para acceder”[96] a la prestación correspondiente. Es decir, que se causa la pensión, según el caso, cuando se acrediten los presupuestos para tal fin. Este escenario resulta distinto de aquellos en los que se tienen meras expectativas o, incluso, expectativas legítimas respecto de un derecho pensional. 52. En efecto, la causación del derecho implica que el titular ha reunido todos los requisitos necesarios para radicar, en cabeza suya, la prestación respectiva. En tal sentido, el derecho ingresa al patrimonio del titular desde el momento mismo en que se configura la causación. Sin embargo, para obtener el pago de la prestación, se requiere de una actuación formal e instrumental que no tiene un carácter constitutivo: el reconocimiento del derecho. 53. Respecto de la pensión de vejez, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, si bien la obligación de cotizar desaparece cuando se cumplen los requisitos de edad y semanas cotizadas, “el disfrute de la pensión está condicionado al retiro efectivo del empleo”[97]. A su turno, la Corte ha precisado que “[l]a sustitución pensional se diferencia de la pensión de sobrevivencia en el hecho de que, en la primera, para su configuración ya debe estar causada la pensión que se pretende sustituir”[98]. Como se advierte, para la sustitución pensional, esta Corporación ha tomado como hito el momento de la causación de la prestación. 54. Por su parte, el momento en el que se empieza a disfrutar del reconocimiento pensional, depende del cumplimiento de la situación expuesta (supra 52). En concreto, desde el punto de vista cronológico, luego de la causación sigue la solicitud del reconocimiento de la pensión a la entidad de seguridad social. Si esta última es procedente, resultaría en el disfrute efectivo de las mesadas pensionales. 55. La CSJ ha distinguido entre la causación, la reclamación y el reconocimiento del derecho pensional. En ese contexto, ha advertido que “son tres circunstancias bien distintas que operan cuando se accede al derecho pensional, sin que los tres momentos (…) deban ser concomitantes al fallecimiento del pensionado so pena de no poderse acreditar posteriormente la dependencia económica o perderse el derecho prestacional”[99]. 56. En particular, la CSJ ha manifestado que la causación de la pensión ocurre cuando se cumplen todos los requisitos exigidos para acceder a ella, “aun cuando no se hubiere efectuado el reconocimiento”[100]. En ese sentido, la Sala de Casación Laboral ha determinado que la causación del derecho pensional “no depende de que su titular lo solicite, puesto que la falta de reclamación no autoriza en forma alguna el desconocimiento del derecho válidamente adquirido que, se podrá reclamar en cualquier tiempo dado el carácter vitalicio e imprescriptible que acompaña al derecho pensional”[101]. 57. En definitiva, la causación es el escenario en el cual una persona adquiere un derecho, consistente en el cumplimiento de los requisitos para el acceso a la prestación pensional que corresponda. A partir de lo anterior, el interesado debe iniciar la etapa de solicitud para el reconocimiento y pago de la respectiva pensión. El reconocimiento de aquella es el acto formal que efectúan los fondos de pensiones y las entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones de la seguridad social. Mediante esta actuación, verifican la acreditación de las exigencias legales. Si se cumplen las exigencias normativas, la entidad procederá a reconocer el derecho pensional y establecerá el monto de la pensión y la forma de pago. En caso contrario, la entidad negará el disfrute de la pensión. No obstante, dicha negativa no tiene la capacidad de impedir el nacimiento del derecho. De ser así, no existiría la posibilidad de reconocer retroactivamente las mesadas dejadas de sufragar desde el momento en que el derecho pensional se causó. 8. La procedencia excepcional del amparo para el reconocimiento de prestaciones de la seguridad social[102] 58. En cuanto al reconocimiento de la pensión de invalidez mediante la acción de tutela, la Corte ha determinado que, dado el carácter subsidiario del amparo, este mecanismo constitucional solo procede cuando no existe otro medio de defensa judicial o si los que se encuentran disponibles no resultan idóneos ni eficaces[103]. De otra parte, este Tribunal ha admitido que es posible ordenar el reconocimiento y pago de derechos pensionales por esta vía cuando exista evidencia de que la protección de otros derechos fundamentales depende de la intervención del juez[104]. 59. Por otra parte, esta Corporación ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo definitivo para el reconocimiento de prestaciones pensionales. Sin embargo, para que esto ocurra, deben desvirtuarse la idoneidad y la efectividad de los medios judiciales ordinarios. Al realizar dicho análisis, el juez debe tener en cuenta que es necesario flexibilizar los parámetros cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional o de personas en situación de debilidad manifiesta. Por ejemplo, cuando se trata de personas vulnerables por problemas de salud o que afrontan una precaria situación económica para satisfacer sus necesidades básicas. 60. Por tal razón, en ciertos casos, este Tribunal ha considerado que la exigencia de agotar la vía ordinaria sería desproporcionada e incluso podría derivar en la afectación de otros derechos. En ese contexto, la Corte ha interpretado que “el derecho a la pensión de invalidez es, en sí mismo, un derecho fundamental” porque quienes la necesitan son personas que, en principio, no se encuentran en un mercado laboral y/o dependen enteramente de la pensión para la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar[105]. Lo anterior, activa la excepcional intervención del juez constitucional para estudiar la posibilidad del reconocimiento de una prestación por vía de la solicitud de amparo (i.e. la pensión de invalidez)[106]. 61. En particular, esta Corporación se ha referido a la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones desplegadas por las administradoras de pensiones. En este tipo de casos, la Corte ha concluido que resulta necesario acreditar: (i) un grado mínimo de diligencia por parte del accionante al solicitar la protección del derecho invocado y (ii) la afectación del mínimo vital[107]. 62. En definitiva, esta Corporación ha flexibilizado la evaluación de los criterios de idoneidad y eficacia de los medios judiciales ordinarios cuando las personas que acuden a la acción de tutela son sujetos de especial protección sin que ello implique la procedencia automática de la acción de tutela. Así, en ciertos casos, la Corte ha concluido que exigirle al accionante que acuda al juez laboral podría resultar lesivo para sus derechos, o comprometerlos aún más. En suma, procede excepcionalmente esta acción cuando el medio de defensa principal no resulta eficaz ni idóneo para garantizar la protección que se reclama, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del titular de los derechos fundamentales que se reclaman. 9. Caso concreto 9.1. Requisitos formales de procedencia 63. Legitimación por activa. De manera reiterada esta Corporación ha indicado que la acción de tutela puede presentarse por: (i) la persona directamente afectada; (ii) su representante legal; (iii) un agente oficioso; o (iv) las personerías municipales o la Defensoría del Pueblo[108]. Este requisito se cumple porque el señor José presentó la acción de tutela a nombre propio. Aquel es el titular de los derechos invocados y la persona presuntamente afectada ante la falta de reconocimiento y pago de la pensión reclamada. 64. Legitimación por pasiva. Esta exigencia apunta a la autoridad o al particular contra quien se dirige la acción de tutela, quien es el llamado a responder por la vulneración o amenaza de los derechos invocados. La acción de tutela se promovió en contra de Porvenir. El causante estaba afiliado a dicha entidad y aquella le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al peticionario. De este modo, la accionada es una entidad privada encargada de la prestación del servicio público de seguridad social dentro del Sistema General de Pensiones[109]. De manera que se cumple este presupuesto. 65. Presupuesto de inmediatez. La Corte ha precisado que la acción de tutela debe presentarse en un tiempo prudente posterior a la vulneración o concomitante con ella, a partir de las circunstancias específicas de cada caso[110]. La presente acción de tutela fue promovida ante la confirmación de la negativa del fondo accionado a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes. Esta decisión tuvo lugar el 19 de julio de 2022. Por su parte, la solicitud de amparo fue radicada el 18 de octubre siguiente. Esto quiere decir que transcurrieron aproximadamente tres meses desde la comunicación que culminó el trámite administrativo de la solicitud pensional que, según la parte actora, desconoció sus derechos fundamentales. Para la Sala es un lapso razonable, por lo cual encuentra satisfecho este parámetro. 66. Presupuesto de subsidiariedad. Este requisito implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro mecanismo judicial para la resolución de la controversia planteada. Sin embargo, esta regla presenta dos excepciones. Por un lado, cuando se pretende el amparo constitucional de forma transitoria, mientras la jurisdicción ordinaria resuelve el asunto, siempre y cuando se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Por otro, cuando se acredite que la vía ordinaria para resolver el asunto no resulta idónea o eficaz para la protección de los derechos fundamentales conculcados[111]. 67. Como fue expuesto anteriormente, el estudio de subsidiariedad puede flexibilizarse cuando quien acude a la acción de tutela es un sujeto de especial protección constitucional, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, entre otros. Por lo tanto, “su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela”[112]. 68. En particular, esta Corporación se ha referido a la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones desplegadas por las administradoras de pensiones. En este tipo de casos, la Corte ha concluido que resulta necesario acreditar: (i) un grado mínimo de diligencia por parte del accionante al solicitar la protección del derecho invocado y (ii) la afectación del mínimo vital. 69. El accionante tiene la calidad de un sujeto de especial protección constitucional. La Sala debe precisar que los adultos mayores son las personas que superan los 60 años o que, sin superar esa edad, “pero con más de 55 años, tenga[n] condiciones de desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”[113]. Por su parte, las personas de la tercera edad son los adultos mayores que han superado la esperanza de vida[114]. Para el efecto, la Corte ha determinado que esta última se establece de acuerdo con la cifra calculada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)[115]. Para el 2023 este parámetro se estimó para las mujeres en 80 años y para los hombres en los 74 años[116]. Por consiguiente, una persona se considera de la tercera edad cuando supera esa edad. Teniendo en cuenta lo expuesto, las personas de la tercera edad gozan de protección reforzada por parte del Estado[117]. 70. El señor José es una persona de la tercera edad porque supera la expectativa de vida para esta anualidad, pues tiene 75 años. Sumado a ello, por su estado de salud aquel es un sujeto de especial protección constitucional. El demandante fue diagnosticado con una discapacidad visual y del oído, con gonartrosis no especificada en ambas rodillas y pérdida de visión por desprendimiento de retina[118]. Además, en una epicrisis del 3 de julio de 2021, el médico refirió que encontró esclerosis de platillos tibiales, disminución femorotibial medial por osteoartrosis degenerativa y una ligera disminución retropatelar[119]. De manera que hay un estado de salud particular que debe ser estudiado con cuidado y minuciosidad por parte del juez constitucional, al tratarse de una persona de 75 años. 71. El actor obró con diligencia para reclamar la prestación pretendida. La Sala advierte que, el causante Antonio falleció el 25 de octubre de 2019. Primero, el 17 de diciembre siguiente, el señor José solicitó, por primera vez, la pensión de sobrevivientes ante Porvenir. Segundo, ante la negativa del fondo de pensiones, fundada en que no acreditó la dependencia económica total y absoluta, el interesado aportó una declaración notarial realizada por sus vecinos para que se constatara tal exigencia. Tercero, frente una posible vulneración de sus derechos radicó la acción de tutela objeto de revisión con el fin de que se ordene a Porvenir reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes en su favor. En el curso de dicho trámite, recurrió la decisión de primera instancia que “negó por improcedente” el amparo. Finalmente, con posterioridad a la sentencia de segunda instancia en tutela, el 23 de marzo de 2023, presentó una nueva petición, en la que reclamó una respuesta a la solicitud de la pensión. 72. La Sala no puede desconocer que el actor manifestó que, “por ignorancia propia”[120] pensó que se le había negado la pensión. Luego de una asesoría por parte de la Defensoría del Pueblo, procedió a demostrar la dependencia económica a través de declaraciones de testigos. Por lo anterior, la Sala estima que la parte actora ha sido diligente para obtener la prestación pensional solicitada. Todo lo anterior demuestra plenamente que, dentro de sus posibilidades, el actor se ha esmerado para reclamar la pensión de sobrevivientes. Por ende, la Sala estima que este requisito jurisprudencial se encuentra satisfecho. 73. Existe una afectación del mínimo vital del demandante. La Sala observa que el accionante no tiene una solvencia económica suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. El señor José manifestó que no tiene trabajo y que su única fuente de ingresos es un auxilio de adulto mayor por la suma de $80.000. Este valor no asciende ni siquiera a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente. También, indicó que trata de “sobrevivir pidiendo ayuda alimentaria a [sus] vecinos”[121]. Para esto, aportó una declaración extrajuicio del 23 de mayo de 2022 ante notario de personas que afirmaron conocer al señor Antonio y aseveraron que el causante vivía con su padre en Soacha[122]. Aquellos declararon que su hijo “se encargaba de las necesidades básicas de su padre”, quien no recibe ayuda de ningún familiar y solo tiene un subsidio de adulto mayor. 74. La Sala no puede perder de vista que el accionante hace parte del grupo C1 (vulnerable) en el Sisbén[123]. Aquel se encuentra afiliado en la EPS Sanitas dentro del régimen subsidiado[124]. Igualmente, vivía con su hijo, lo cual no ha sido controvertido por el fondo accionado. Esto implica que, en principio, compartían gastos del hogar, por lo que su fallecimiento puede afectar sus ingresos económicos. Si bien obra en el expediente que el demandante tiene cinco hijos más, en la investigación realizada por el mismo fondo, el interesado manifestó que aquellos no le brindaban ayuda alguna y ello no fue objeto de controversia por la administradora de pensiones. 75. En la misma indagación de Porvenir, se encontró que el señor José tiene una vivienda propia en el barrio La Esperanza, ubicada en el municipio de Soacha[125]. Esta circunstancia fue corroborada por esta Corporación mediante una consulta en el índice de propietarios en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro. La Sala advierte que, si bien el accionante cuenta con un bien inmueble, ello no permite inferir que el medio de defensa judicial ordinario sea idóneo y eficaz para obtener la protección inmediata de sus derechos. Máxime si consideramos la edad, la situación de discapacidad y el estado de salud de aquel, además de las posibles consecuencias en su sustento a partir de la muerte de su hijo y compañero de residencia. De manera que dicha circunstancia no permite, por sí sola, predicar el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. 76. La Sala estima que la intervención de la Corte es necesaria debido a: (i) la condición de salud del demandante, su situación de discapacidad visual y las enfermedades crónicas con las que fue diagnosticado; (ii) la falta de capacidad para ingresar al mercado laboral; (iii) la calidad de sujeto de especial protección constitucional; (iv) la precaria situación económica del señor José; y, (v) diferir el amparo al curso de un proceso ordinario puede resultar contraproducente por la avanzada edad del accionante (que supera la expectativa de vida). 77. Por lo expuesto, la acción de tutela procede como mecanismo definitivo para determinar si debe concederse o negarse el amparo de los derechos fundamentales del actor[126]. Por un lado, los medios de defensa judiciales ordinarios son ineficaces dadas las particularidades del accionante y, por otro, sería desproporcionado e irrazonable exigirle a la parte actora que acuda al proceso ordinario laboral, teniendo en cuenta la edad del peticionario, su situación de discapacidad visual y la afectación respecto de su mínimo vital. Aunado a lo anterior, la respuesta del fondo de pensiones a la solicitud fue manifiestamente contraria a la jurisprudencia constitucional respecto del requisito de dependencia económica. De manera que, la situación del accionante es apremiante no solo por su discapacidad y enfermedades asociadas a la edad, sino porque tiene muy pocos ingresos y está demostrado que vive gracias a la solidaridad de sus vecinos y a un subsidio de adulto mayor que le brinda el Estado. Por todo lo anterior se supera este presupuesto de subsidiariedad. 78. A continuación, la Corte analizará la posible vulneración de los derechos fundamentales invocados y resolverán los problemas jurídicos planteados. 9.2 Porvenir no vulneró los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital del accionante porque aquel no cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, la Sala hará un llamado de atención a la accionada por exigir una dependencia económica total y absoluta, lo cual contradice abiertamente la jurisprudencia constitucional 79. Esta Corporación ha reiterado que, en principio, la acción de tutela no procede para obtener prestaciones económicas de la seguridad social. Sin embargo, se ha planteado que existe la posibilidad excepcional de ordenar el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional[127]. Lo anterior se justifica en la medida en que la negativa de estas prestaciones puede afectar los derechos fundamentales de los beneficiarios del causante, particularmente la vida digna y el mínimo vital. Debido a que, al faltar la persona que proveía o contribuía con la manutención del hogar, quienes dependían económicamente de aquel quedarían despojados de los recursos necesarios para su subsistencia. 80. Conforme se indicó previamente en esta providencia, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se requiere: (i) el cumplimiento de los requisitos de tiempo de cotización por parte del afiliado fallecido; (ii) demostrar la falta de beneficiarios con mejor derecho que el peticionario; y, (iii) evidenciar una dependencia económica respecto del causante. 81. El artículo 46 de la Ley 100 de 1993[128] estableció que tendrán derecho a dicha prestación los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a su fallecimiento. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003[129] prevé los beneficiarios y determina que aquellos deben acreditar su dependencia económica del afiliado al momento de su muerte. 82. En el caso objeto de estudio y verificado el expediente se constata que el señor Antonio no cotizó 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su muerte (acaecida el 25 de octubre de 2019), como se pasa a exponer. Tabla 3. Densidad de semanas cotizadas por el señor Antonio en los tres años anteriores a su fallecimiento[130] Razón social Fecha de pago Periodo pago Días cotizados Año 2016 Estructura y Acabados Sánchez Rubio Ltda 2016/11/11 2016/10 4 Estructura y Acabados Sánchez Rubio Ltda 2016/12/09 2016/11 30 Estructura y Acabados Sánchez Rubio Ltda 2017/01/04 2016/12 30 Año 2017 Estructura y Acabados Sánchez Rubio Ltda 2017/02/10 2017/01 30 Estructura y Acabados Sánchez Rubio Ltda 2017/03/09 2017/02 30 Estructura y Acabados Sánchez Rubio Ltda 2017/04/10 2017/03 30 Estructura y Acabados Sánchez Rubio Ltda 2017/05/04 2017/04 30 Estructura y Acabados Sánchez Rubio Ltda 2017/06/07 2017/05 20 JNP Construcciones SAS 2018/01/16 2017/12 1 Año 2018 Construcciones el Nuevo Milenio SAS 2018/02/14 2018/01 18 Construcciones el Nuevo Milenio SAS 2018/03/13 2018/02 30 Construcciones el Nuevo Milenio SAS 2018/04/13 2018/03 30 Construcciones el Nuevo Milenio SAS 2018/05/29 2018/04 1 CJP Construcciones SAS 2018/08/13 2018/07 1 Constructora Lams SAS 2018/09/20 2018/08 1 Total de días cotizados 286 días. Total de días semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de la muerte del afiliado (aproximadamente)[131] 40,85 semanas. 83. De esta manera, la Sala concluye que el causante no cumplió las exigencias previstas en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Aquel aportó aproximadamente 40,85 semanas antes de la fecha de su muerte. Por lo tanto, al no superarse ese presupuesto, es innecesario examinar el siguiente requisito legal para el acceso a la pensión de sobrevivientes. En consecuencia, no le asiste al señor José el derecho prestacional reclamado. 84. No obstante lo anterior, la Sala hará un llamado de atención a Porvenir sobre las razones por las que le negó al actor la prestación económica solicitada desde el 2019. El fondo accionado afirmó que el interesado no acreditó la dependencia económica total y absoluta respecto...