Sentencia T-484 de 2025

T-484-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-484/25 DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Reiteración de jurisprudencia/DERECHOS DE LOS MIGRANTES-Extranjeros gozan de los mismos derechos civiles y garantías que gozan los nacionales, salvo las limitaciones que establece la Constitución o la ley (…) el derecho al agua potable para el consumo humano es un derecho fundamental autónomo y universal del cual son titulares todos los seres humanos que se encuentren en el territorio nacional, sin excepción alguna. El reconocimiento, garantía y protección de dicho derecho fundamental penden únicamente de la condición natural de ser humano y no de ninguna circunstancia relacionada con la nacionalidad, estatus migratorio, origen, raza, sexo, ideología, creencia o similar, menos, con situaciones concernientes a la identificación de las personas migrantes venezolanas que habitan este país. LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-No establece diferencia entre persona nacional o extranjera LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA Y AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL AGUA-Procedencia excepcional/LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Presentación por Personero Municipal CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Reiteración de jurisprudencia ACCION DE TUTELA-No se configura carencia actual de objeto por permanencia de los hechos (…) el acceso a las redes de agua potable y alcantarillado con el que actualmente cuenta el predio no es continuo, suficiente y reglado, precisamente, porque no están siendo suministrados por la accionada, la cual está llamada a hacerlo para garantizar la prestación efectiva y adecuada de los mismos. RÉGIMEN MIGRATORIO COLOMBIANO-Permiso por Protección Temporal-PPT PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL PPT-Requisitos PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL-Naturaleza jurídica (…) documento de identidad válido de las personas migrantes venezolanas que permanecen de manera transitoria en Colombia (…) DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Instrumentos internacionales que reconocen su importancia/ACCESO CONTINUO Y PERMANENTE AL AGUA POTABLE-Marco normativo y jurisprudencial DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Naturaleza y alcance DERECHO AL AGUA POTABLE-Toda persona tiene derecho fundamental prima facie a disponer y acceder a cantidades suficientes, y de calidad, de agua apta para el consumo humano/DERECHO AL AGUA POTABLE-Doble connotación como derecho fundamental y como servicio público DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Requisitos para acceder al servicio público DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Obligaciones del Estado para garantizar disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio de agua DERECHO A LA IGUALDAD-Concepto relacional/IGUALDAD-Triple naturaleza constitucional, valor, principio y derecho fundamental DERECHO A LA IGUALDAD-Dimensiones/DERECHO A LA IGUALDAD-Prohibición de discriminación DERECHO A LA IGUALDAD-Discriminación por origen nacional/DERECHO AL AGUA POTABLE Y A LA VIVIENDA DIGNA-Vulneración por negativa de instalación de acueducto y alcantarillado (…), el Permiso por Protección Temporal de la accionante sí reúne los presupuestos legales y constitucionales para que ésta se identifique ante la accionada en el marco del trámite de vinculación como usuaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en tanto es su documento de identificación válido y vigente durante su permanencia transitoria en este país como persona migrante venezolana. REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Octava de Revisión SENTENCIA T- 484 DE 2025 Referencia: Expediente T-11.198.840 Asunto: Acción de tutela formulada por la Defensoría del Pueblo, como agente oficiosa de Wilmary Pastora Meléndez Peña, contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. Tema: Derecho al agua potable para el consumo humano de una familia migrante venezolana con Permiso por Protección Temporal Magistrado ponente: Héctor Alfonso Carvajal Londoño Bogotá D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño –quien la preside–, el magistrado Carlos Camargo Assis y la magistrada Natalia Ángel Cabo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2591 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo adoptado el 06 de mayo de 2025 por el Juzgado 04 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN La Sala inicialmente encontró procedente la acción de tutela, al considerar reunidos los requisitos de procedencia formal: legitimación en la causa por activa, legitimación en la causa por pasiva, inmediatez y subsidiariedad de la acción de tutela formulada para solicitar el amparo del derecho fundamental al agua potable para el consumo humano de personas migrantes venezolanas. Seguidamente, la Sala descartó la existencia de la carencia actual de objeto, al estimar que no se configuró ninguna de sus modalidades o tipologías: hecho superado, daño consumado y situación sobreviniente. La Sala pasó a estudiar el fondo del asunto con el planteamiento del problema jurídico y la metodología de resolución. Para tal fin, desarrolló (i) la naturaleza jurídica y alcance del Permiso por Protección Temporal otorgado a las personas migrantes venezolanas; (ii) el alcance, contenido y universalidad del derecho fundamental al agua potable de los habitantes del territorio nacional; y (iii) el derecho fundamental a la igualdad y la prohibición de discriminación. Con fundamento en ello, la Sala realizó el análisis del caso concreto y evidenció que la accionada vulneró los derechos fundamentales al agua potable para el consumo humano, a la vida digna, a la salud y a la igualdad de Wilmary Pastora Meléndez Peña y de su familia, al haberse negado a vincularla como usuaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado bajo el argumento de que el Permiso por Protección Temporal otorgado en su favor por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia no reunía los requisitos para llevar a cabo el correspondiente trámite de vinculación. Vulneración de los derechos fundamentales al agua potable para el consumo humano, a la vida digna y a la salud. Para la Sala no fue de recibo el proceder de la demandada, pues no se ajustaba a los tratados internacionales ratificados y aprobados por Colombia en la materia, a la Constitución, a la respectiva normatividad interna y a la jurisprudencia constitucional. Precisó que el Permiso por Protección Temporal de la agenciada sí reunía los presupuestos legales y constitucionales para que ésta se identificara ante la accionada en el marco del trámite de vinculación como usuaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en tanto es su documento de identificación válido y vigente durante su permanencia transitoria en este país como persona migrante venezolana. Explicó que ese documento de identidad permite a la agenciada, entre otras cosas y si así lo desea, identificarse en el ejercicio de cualquier actividad u oficio, como es el caso de las actividades relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios suministrados por el Estado o por los particulares, con el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el ordenamiento jurídico. Mediante el referido documento, ella está habilitada para llevar a cabo el correspondiente trámite y suscribir los contratos a que haya lugar para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, a cuyo efecto es suficiente que se identifique con su Permiso por Protección Temporal, ya que es su documento de identidad válido en el territorio nacional, por lo que no debe exigírsele otro documento o requisito adicional alguno para tales efectos. La Sala constató que ese actuar irrazonable y desproporcionado de la demandada implicó obstáculos para que la agenciada y su familia accedieran de forma regular, efectiva y adecuada al agua potable, pues debido a esta situación han tenido que afrontar dificultades para satisfacer sus necesidades vitales diarias e inherentes a su dignidad humana. Además, se desconocieron los componentes esenciales de cantidad suficiente, disponibilidad, calidad adecuada, accesibilidad física y asequibilidad que deben concurrir para el disfrute del derecho fundamental al agua potable para el consumo humano. Vulneración del derecho fundamental a la igualdad. La Sala consideró que el proceder de la demandada también configuró el desconocimiento del derecho fundamental a la igualdad de la agenciada y su familia, pues implicó abiertamente un trato desigual y discriminatorio en razón de los criterios sospechosos de la nacionalidad y la condición migratoria de esa familia. La Sala encontró demostrado que (i) existe un predio principal en el cual se realizó de manera informal “reloteo”, por lo que está dividido en cuatro familias que han organizado sus viviendas dentro del mismo, incluida la de la agenciada; (ii) a excepción del inmueble que habita la agenciada, los otros tres sí cuentan con el servicio de agua potable instalado y suministrado por la accionada, pese a que a la agenciada y a su familia, al igual que a todas las personas que se encuentran en el territorio colombiano, también les asiste el derecho fundamental al agua potable para el consumo humano; y (iii) el reconocimiento, garantía y protección de ese derecho fundamental únicamente penden de su condición natural de seres humanos y no de otra circunstancia como su nacionalidad o estatus migratorio, como se desprende del actuar injustificado de la demandada al haberles restringido el acceso al agua potable bajo el infundado argumento de que el Permiso por Protección Temporal de la agenciada no es su documento de identificación válido. La Sala agregó que ese trato desigual y discriminatorio injustificado también se evidenció a partir de que está probado que (i) actualmente la accionada presta el servicio de agua potable en la vivienda vecina a la de la agenciada y con la cual a la fecha comparten y pagan equitativamente el agua que consumen; (ii) la residente de ese predio aledaño igualmente es una persona migrante venezolana que se identifica con el Permiso por Protección Temporal, es decir, que se encuentra en las mismas condiciones en las que se sitúa la agenciada; y (iii) no obstante, la demandada optó por no tratar de igual manera a la agenciada a fin de que ésta y su familia accedieran al agua potable para el consumo humano, con lo cual incumplió los mandatos constitucionales de trato igualitario y prohibición de discriminación (art. 13 CP) y desconoció la jurisprudencia constitucional desarrollada en la materia. La Sala hizo un llamado a la demandada para que se abstuviera de incurrir nuevamente en las acciones lesivas de los derechos fundamentales que dieron lugar a esta solicitud de amparo y, en lugar de ellas, interiorizara e implementara prácticas humanistas y conscientes en el marco de la prestación de los servicios públicos domiciliaros de acueducto y alcantarillado, es decir, prácticas constitucionales. A partir de lo constatado, la Sala revocó el fallo de tutela de única instancia y, en su lugar, concedió el amparo pedido y adoptó las medidas correspondientes. II. ANTECEDENTES A. Hechos de la demanda[1] y del expediente de tutela 1. La Defensoría del Pueblo -Regional Norte de Santander- señaló que su agenciada, migrante venezolana identificada con Permiso por Protección Temporal (en adelante PPT), otorgado por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia[2], y de escasos recursos, compró la posesión[3] de un lote mejora ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, el cual carece de servicios públicos y habita en calidad de poseedora junto con su esposo e hijo. 2. El 25 de julio de 2024, la agenciada solicitó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. (en adelante Aguas Kpital) realizar el estudio de viabilidad de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para el mencionado inmueble[4]. 3. Con acto administrativo[5] No. 202403209575 del 08 de agosto de 2024, la accionada dispuso no acceder a lo pedido. De acuerdo con visita realizada a ese predio el 29 de julio de 2024, consideró que no era viable lo solicitado, por cuanto “no se puede llevar a cabo vinculación sin cédula de ciudadanía, el usuario aporta permiso por protección temporal; una vez cuente con la documentación legal se continúa con el proceso de vinculación”. 4. El 14 de marzo de 2025, la agenciada nuevamente pidió a la demandada la prestación de tales servicios públicos. Sostuvo que familias venezolanas con PPT han accedido a dichos servicios y, no obstante, en su caso ha sido negado[6]. 5. Mediante oficio[7] del 31 de marzo de 2025, la accionada reiteró su negativa emitida el 08 de agosto de 2024, sin adicionar argumento alguno. 6. Según la Defensoría del Pueblo, al insistir la demandada en exigir a la agenciada cédula de ciudadanía para vincularla como usuaria en la prestación de los referidos servicios públicos, desconoce que en su caso debe requerirse identificación con el PPT de Migración Colombia que se expidió en su favor con el objeto de legalizar su situación en este país, mas no cédula de ciudadanía. Advirtió que no se debe impedir el acceso y disfrute del derecho fundamental al agua potable con base en criterios xenofóbicos[8]. 7. El 21 de abril de 2025, se formuló la acción de tutela de la referencia, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al agua potable para el consumo humano, a la vida digna y a la salud de la agenciada[9]. B. Pretensiones de la demanda 8. Se solicitó: (i) amparar los derechos fundamentales invocados, (ii) ordenar a la accionada suministrar el servicio de agua potable en el aludido predio y (iii) prevenir a la demandada para que no vuelva a incurrir en los hechos que dieron lugar a la presente solicitud de amparo. C. Trámite procesal de la acción de tutela 9. Mediante auto[10] del 21 de abril de 2025, el Juzgado 04 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cúcuta admitió la demanda de tutela y dispuso (i) vincular a la Alcaldía de Cúcuta, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta EIS Cúcuta S.A. E.S.P.; (ii) notificar o comunicar por el medio más expedito y eficaz; y (iii) correr traslado de la demanda a la accionada y a las vinculadas para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción. Efectuadas las comunicaciones, se produjeron las siguientes respuestas. 10. Aguas Kpital[11]. Solicitó la improcedencia de la tutela, por hecho superado, al estimar haberse dado respuesta clara y de fondo a las peticiones presentadas por la señora Meléndez Peña. La no viabilidad para establecer un contrato para la prestación del servicio de condiciones uniformes se debe a que el documento aportado (el PPT), no corresponde a uno legal, lo cual generaría inconvenientes comerciales para establecer cobros de facturación. La negación de la solicitud de la agenciada obedece al documento allegado, pues no cumple con los requisitos. En caso de una persona extranjera, el documento que la certifica es el pasaporte, no un documento temporal como el PPT. 11. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta EIS Cúcuta S.A. E.S.P.[12]. Pidió excluirla de responsabilidad, por carecer de legitimación en la causa por pasiva. Mediante el contrato[13] de concesión No. 030 de 2006 suscrito con la demandada, entregó a esta última la operación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y gestión comercial de la infraestructura de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Cúcuta. 12. Alcaldía de Cúcuta[14]. Solicitó la desvinculación del trámite de tutela, ante la falta de legitimación en la causa por pasiva. El objeto de la solicitud de amparo es la protección del derecho fundamental al agua potable de la señora Meléndez Peña, lo cual no es de competencia de citada entidad. 13. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios[15]. Pidió declarar que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, junto con la improcedencia de la acción de tutela y su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. No conoció de los hechos, pues la señora Meléndez Peña no ejerció el debido proceso de reclamación ante la demandada y así haber posibilitado resolver el recurso de alzada, tampoco obra prueba de reclamación, queja ni denuncia de la agenciada. Para realizar el control de legalidad sobre los actos de la accionada, el suscriptor, usuario o potencial usuario debe agotar el mecanismo establecido para ello, es decir, efectuar el debido agotamiento de la vía administrativa u otrora vía gubernativa. 14. Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cúcuta - Subdirección de Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios[16]. De conformidad con el mencionado contrato de concesión, sostuvo que la responsabilidad es de la empresa accionada, por lo que solicitó se la exonere. D. Sentencia[17] objeto de revisión – sin impugnación 15. Mediante sentencia del 06 de mayo de 2025, el Juzgado 04 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cúcuta declaró improcedente la acción de tutela. Estimó incumplido el presupuesto de subsidiariedad, en la medida que la señora Meléndez Peña cuenta con otros mecanismos administrativos y judiciales para la defensa de sus derechos ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y/o la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Esa decisión no fue objeto de impugnación. E. Actuaciones realizadas en sede de revisión 16. El expediente se envió a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de Tutelas Número Seis[18] de este Tribunal, en Auto[19] del 26 de junio de 2025, seleccionó el fallo de tutela contenido en el expediente T-11.198.840 para su revisión y, de acuerdo con el sorteo realizado, lo repartió al Despacho del Magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño para que tramitara y proyectara la sentencia correspondiente. 17. Por Auto[20] del 31 de julio de 2025, el despacho sustanciador comisionó al Juzgado 04 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cúcuta para que (i) llevara a cabo inspección judicial en el inmueble a fin de verificar la situación fáctica y jurídica relacionada con el suministro de agua potable en el predio donde reside la señora Meléndez Peña y su familia; y (ii) citara a la referida señora a fin de recibirle testimonio acerca de las vulneraciones concretas a sus derechos fundamentales. Igualmente, decretó pruebas con el objeto de obtener elementos de juicio para adoptar una decisión fundada. Entre otras cosas, solicitó a las partes y vinculados información actualizada sobre el suministro de agua potable en ese inmueble, pues desde la formulación de la tutela había transcurrido un lapso en virtud del cual las condiciones iniciales hubiesen podido variar. 18. Realizadas las comunicaciones y vencido el término probatorio, la demandada[21], la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios[22], el Juzgado 04 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, la Defensoría del Pueblo -Regional Norte Santander- y la Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales allegaron respuesta. La Alcaldía Municipal de Cúcuta guardó silencio. 19. La accionada[23]. Aguas Kpital informó lo siguiente: (i) En el trámite interno de la empresa sólo se revisó la documentación de la señora Meléndez Peña, la cual no cumple con los requisitos mínimos para elaborar el contrato de nueva cometida. Se le informó que debe presentar un documento “mas (sic) certero”, pues el PPT es un documento temporal de protección para migrantes venezolanos. Según el artículo 40 del Decreto 216 de 2021, el migrante venezolano debe solicitar y obtener una visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores antes del 28 de mayo de 2031, si desea permanecer en el territorio nacional. A dicha señora no se le negó la vinculación por ser extranjera, sino por el documento que presenta, de modo que el proceder de la empresa se ajusta a los lineamientos legales. 20. (ii) Según la señora Meléndez Peña, el predio se encuentra en desenglobe, es decir, hay un inmueble de mayor extensión y una parte de este es el que ella ocupa. Hay que verificar si ese predio cuenta con servicio de acueducto y, mediante una red derivada, podría efectuarse la conexión al inmueble de ella. El 5 de agosto de 2025, se buscó el predio y no se encontró. Se preguntó a los residentes del sector por la agenciada y dijeron no conocerla, por lo que no fue posible constatar la situación actual del inmueble. 21. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios[24]. La entidad dividió su respuesta en cuatro secciones. 22. De las condiciones y posibilidades jurídicas a disposición de la usuaria a efectos de obtener el acceso al agua potable. De acuerdo con los artículos 365 de la Constitución, 14 -numeral 14.22-, 130 y 134 de la Ley 142 de 1994, 1502 y 1503 del Código Civil, y el concepto unificado SSPD-OJU-2010-12, (i) se desprenden 2 requisitos para acceder a los servicios públicos domiciliarios: a) persona con capacidad legal para contratar, teniendo en cuenta que, para la prestación del servicio debe existir un contrato entre la empresa prestadora del servicio y el usuario y/o suscriptor; y b) habitar o utilizar de modo permanente un inmueble a cualquier título. (ii) Una persona es considerada capaz cuando tiene la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones. (iii) Todas las personas se presumen legalmente capaces, excepto aquellas que la ley declare incapaces y se consideran absolutamente incapaces, los impúberes. (iv) En el contrato de servicios públicos las empresas pueden exigir requisitos no solo respecto de las condiciones del bien, sino de la persona que solicita el servicio. Sin embargo, esas condiciones deben ser razonables y proporcionadas, especialmente, ajustadas a la ley, con el fin de evitar que se viole el derecho de acceso a los servicios públicos. Y (v) corresponde al prestador verificar la capacidad legal de la persona para suscribir el contrato, teniendo en cuenta los requisitos en el contrato de condiciones uniformes, sin que le sea dable exigir requerimientos adicionales a los previstos en la normatividad. 23. De las condiciones técnicas que debe cumplir el inmueble para obtener la conexión de los servicios públicos domiciliarios. (i) El prestador debe atenderlas de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.1.3.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015. Y (ii) según el concepto SSPD-OJ-2023-509, el operador no está obligado a suministrar el servicio público de acueducto a las personas que no reúnan los requisitos para acceder al mismo. No obstante, sí están obligados a suministrar, por el medio más idóneo (carro tanques, pilas públicas o por conexión del servicio de acueducto), el mínimo de agua potable, esto es, 50 litros al día por persona, según la Organización Mundial para la Salud (OMS). 24. De los deberes en esta materia a cargo de las entidades territoriales. (i) Las entidades territoriales, en especial los municipios, son los responsables directos de garantizar el acceso y la prestación eficiente del servicio de agua potable a sus habitantes, ya sea de manera directa o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios (oficiales, privadas o mixtas) (en adelante ESP). (ii) Promover, financiar o cofinanciar proyectos de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos, especialmente, de agua potable y saneamiento básico. (iii) Tomar medidas para corregir desigualdades sociales y facilitar la inclusión de sectores vulnerables, a fin de asegurar el acceso al agua potable como parte de los fines sociales del Estado. (iv) En zonas rurales o donde no exista infraestructura, buscar soluciones alternativas como pilas públicas, carrotanques, puntos de suministro o sistemas comunitarios, para garantizar, al menos, el suministro mínimo vital de agua potable, si no hay ESP que brinde el servicio público. Y (v) coordinar sus actuaciones con los departamentos y la Nación bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, para asegurar la efectiva prestación del servicio cuando no tengan la capacidad suficiente. 25. De los deberes en esta temática a cargo de las empresas de servicios públicos domiciliarios. (i) Prestar el servicio de agua potable de forma continua, eficiente y en condiciones de calidad, sin interrupciones injustificadas y en las cantidades necesarias para satisfacer las necesidades básicas de los usuarios. (ii) Garantizar el suministro de agua potable apta para el consumo humano, con observancia de los estándares técnicos y sanitarios fijados en la normatividad. (iii) Si el usuario o el inmueble no cumple con los requisitos para la conexión formal al servicio, la empresa debe, de todas formas, garantizar el suministro mínimo vital de agua potable por medios alternativos. (iv) Realizar el mantenimiento y reparación de las redes públicas de acueducto y alcantarillado, y a mantener registros actualizados sobre la infraestructura y los usuarios. Y (v) suscribir contratos de condiciones uniformes con los usuarios, fijándose los derechos y deberes de ambas partes respecto a la prestación del servicio, por lo que, en el caso específico, no pueden presentar trabas a la vinculación de una potencial usuaria por considerar que el documento que la identifica no es el idóneo para realizar la vinculación respectiva. 26. Juzgado 04 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cúcuta. Recepción del testimonio de la señora Meléndez Peña[25] efectuada el 4 de agosto de 2025. (i) El hogar de dicha señora está conformado por ella, su esposo y su hijo, de 31, 41 y 13 años de edad, respectivamente, y se identifican con los PPT correspondientes. Desde enero de 2025 habitan el aludido inmueble ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander; antes eran arrendatarios de otro predio del mismo sector; y residen en Colombia desde hace 7 años, aproximadamente. 27. (ii) La agenciada y su esposo trabajan, ella en un restaurante 5 días a la semana con un salario diario de $35.000 y su esposo como maestro de obra con un salario semanal de $350.000. Su hijo cursa el grado séptimo de básica secundaria. Ella y su esposo cursaron hasta los grados séptimo y décimo de bachillerato en Venezuela, respectivamente. Ella sufre de hipertensión arterial y está en tratamiento médico. Su esposo perdió la visión en el ojo derecho y en el ojo izquierdo presenta dificultades para ver, por lo que se le realizará una cirugía. Los tres se encuentran afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud -régimen subsidiado- a través de la EPS-S Coosalud, y cuentan con registro Sisbén en el nivel A3 pobreza extrema. 28. (iii) El inmueble que ella y su familia habitan cuenta con suministro de agua potable desde hace 4 meses, debido a que una vecina les permitió conectarse a la tubería de su hogar, cuyo pago de la factura es dividido equitativamente. Anteriormente, compraban el agua a otro vecino mediante el almacenamiento en baldes para el consumo diario. Desde enero de 2025, dicho predio cuenta con alcantarillado, dado que su esposo realizó la conexión al tubo madre que pasa por el patio del inmueble. Actualmente, el predio no cuenta con la prestación de otros servicios públicos domiciliarios, ya que el gas propano lo adquieren con la compra de bombona o pipeta, y la luz eléctrica la reciben del mismo inmueble de la vecina que les proporciona el agua, cuyo pago de la factura también lo hacen de forma similar. 29. (iv) La señora Meléndez Peña reside en el inmueble en calidad de poseedora. El 11 de septiembre de 2023, ella y su esposo compraron la posesión sobre el lote mejora, donde está ubicada su vivienda, por el valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000), cuya extensión es de 5.5 metros de frente por 10 metros de fondo. Ella y su esposo construyeron la mejora, la cual está elaborada en madera y zinc, consta de dos habitaciones, baño, cocina y sala. El predio que habitan está en desenglobe de uno de mayor extensión registrado con código catastral 01010347008001. A la fecha, se surte trámite de inscripción de esa mejora sobre terreno ajeno (mutación quinta) ante la Subsecretaría de Catastro Multipropósito de Cúcuta, con ocasión de solicitud elevada por ella el 10 de marzo de 2025, radicado SOL-2025-01109. 30. Inspección judicial[26] realizada el 4 de agosto de 2025. De la inspección se extraen los siguientes hallazgos soportados con material fotográfico: (i) en el predio principal registrado con el código catastral 01010347008001 se realizó de manera informal “reloteo”, por lo que está dividido en cuatro familias que han organizado sus viviendas dentro del lote principal. Para acceder a las viviendas, incluida la de la agenciada, se debe descender desde la avenida principal (avenida 6) por una pendiente expuesta, camino que comparten las familias residentes para acceder a la avenida principal y al exterior. 31. (ii) La vivienda de la señora Meléndez Peña cuenta con dos puntos de acceso a agua potable, uno para el lavaplatos y otro para el sanitario y la ducha. Se observa tubería de color negro por la que la vivienda recibe el agua potable (proveniente de la casa de una vecina) y la caja sanitaria de tapa de cemento cuadrada, fabricada por su esposo para conectarse a la red de alcantarillado. El suministro de agua es inestable, ya que es compartido con la vivienda vecina, de modo que, si en una vivienda se usa el agua, al tiempo, en la otra se disminuye el caudal. No tiene tanque aéreo para almacenar el agua y el sanitario funciona por medio de baldes con agua. La vecina que les permite acceder al agua también es de nacionalidad venezolana y su vivienda cuenta con los servicios de acueducto y luz, prestados por Aguas Kpital y Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P. (en adelante CENS), respectivamente. 32. (iii) A excepción de la vivienda de la agenciada, las otras tres viviendas sí reciben los servicios de acueducto y energía eléctrica por parte de Aguas Kpital y CENS, por lo que cuentan con los correspondientes contadores. Como se indicó, una de esas familias es la que actualmente comparte los servicios de acueducto y energía eléctrica a la agenciada y su familia. 33. Defensoría del Pueblo -Regional Norte de Santander[27]. De acuerdo con la respuesta de la superintendencia, está demostrado que la accionada sigue vulnerando el derecho fundamental al agua potable de la señora Meléndez Peña y su familia, toda vez que “Cualquier persona capaz de contratar que habite o utilice de modo permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios públicos.” La agenciada tiene capacidad legal para obligarse, ya que es una persona capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, y habita de forma permanente el mencionado predio, por lo que no le asiste razón a la demandada para negarle el acceso al agua potable. 34. De la inspección judicial efectuada se observa una flagrante vulneración del derecho fundamental a la igualdad de la agenciada por parte de Aguas Kpital, dado que la vivienda de una de las vecinas, también de nacionalidad venezolana y con PPT vigente, es decir, en las mismas condiciones de la agenciada, sí cuenta con el servicio de agua potable instalado por la demandada y a su nombre. Ello no justifica las negativas de cesar la vulneración de los derechos fundamentales de la agenciada y de acceder a la instalación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 35. Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales[28]. El derecho al agua potable encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana, e implica acatar las normas técnicas especializadas para la correcta prestación del servicio, así como el suministro eficiente del mismo. La prestación del servicio de acueducto, para la efectividad del derecho fundamental al agua potable, no puede menoscabarse con la exigencia de una visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que el PPT es un documento de identificación válido para acceder a varios derechos y ejercer durante su permanencia cualquier actividad u ocupación legal en el país. Según la naturaleza del PPT, no hay razón por la cual ese documento no sea suficiente para adquirir la obligación de contratar dicho servicio público de tal importancia para la vida diaria. Las pruebas se practicaron conforme a derecho y dan cuenta de la situación vulnerable de la señora Meléndez Peña. En cualquier caso, se le debe garantizar el derecho fundamental al agua potable. III. CONSIDERACIONES A. Competencia 36. Con fundamento en los artículos 86 y 241 –numeral 9– de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia. B. Estructura de la decisión 37. De conformidad con los antecedentes del presente asunto, inicialmente, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos de procedencia formal de la acción de tutela. En caso de encontrar procedente la solicitud de amparo, verificaría si operó la carencia actual de objeto, dada la información suministrada durante el trámite de revisión. En el evento de descartar la existencia de tal fenómeno, abordaría el estudio de fondo. C. Análisis de la procedencia formal de la acción de tutela 38. La Sala reiterará las reglas jurisprudenciales establecidas en la materia y, con base en ellas, constatará si la acción de tutela resulta procedente. 39. Legitimación en la causa por activa. La acción de tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales que toda persona puede formular “por sí misma o por quien actúe a su nombre.” No es necesario que el titular de los derechos formule directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo a su nombre. Ese tercero puede tener la calidad de representante del titular de los derechos, agente oficioso o personero municipal o defensor del pueblo[29]. 40. En cuanto a ese último supuesto, la Constitución Política faculta al Defensor del Pueblo para formular acciones de tutela, “sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados.”[30] En desarrollo de ese mandato Superior, los artículos 10 y 46 del Decreto 2591 de 1991 prevén que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales podrán ejercer la solicitud de amparo, “sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión.”[31] 41. En línea con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la Defensoría del Pueblo está facultada para formular acciones de tutela en representación de terceras personas, en los siguientes eventos: (i) que el titular de los derechos haya solicitado actuar en su representación, sin necesidad de que ocurra un acto de apoderamiento; o (ii) que la persona se encuentre en situación de desamparo o indefensión[32]. 42. En relación con las acciones de tutela promovidas por extranjeros y/o en su representación, se han reiterado los siguientes parámetros para verificar la legitimación en la causa por activa, con énfasis en la agencia oficiosa: 43. (i) El ejercicio de la acción de tutela no está supeditado a que exista vínculo político con el Estado Colombiano, pues ello simplemente se debe a la circunstancia natural de ser persona, independientemente de las condiciones de nacionalidad o ciudadanía[33]. (ii) Cualquier individuo que estime amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales está legitimado para formular la demanda de amparo, ya que todas las personas, nacionales o extranjeras, son titulares de derechos fundamentales[34]. (iii) Todo ser humano que se encuentre en territorio colombiano está habilitado para ejercer la acción de tutela, o, en el caso que no se sitúe en el mismo, cuando la autoridad o particular que vulnere o amenace el derecho fundamental se encuentre en Colombia[35]. (iv) La agencia oficiosa se acredita cuando: a) el agente manifiesta o se infiere del escrito de tutela que actúa en esa calidad; b) el titular del derecho es una persona en situación de vulnerabilidad que se le imposibilita ejercer la acción tutelar a nombre propio; o c) el agenciado expresa su voluntad de solicitar la protección constitucional[36]. Y (v) la condición de vulnerabilidad del agenciado también se constata según el contexto en el que se situé, a modo de ejemplo, afrontar una crisis humanitaria como la migración masiva de personas de un Estado a otro[37]. 44. La Sala considera cumplida esta exigencia de procedibilidad. Se evidencia que el extremo demandante de la acción de tutela lo conforma la señora Wilmary Pastora Meléndez Peña, quien, por el simple hecho natural de ser persona, es titular de derechos fundamentales, sin importar que sea de nacionalidad venezolana. Ello es suficiente para que, mediante el ejercicio de la solicitud de amparo, ya sea a nombre propio o a través de un tercero como acontece en este caso, reclame la protección de los derechos invocados que considera lesionados. También se constata que la Defensoría del Pueblo formuló la acción de tutela al manifestar en la demanda que actúa en calidad de agente oficiosa de la mencionada señora, cuya situación de vulnerabilidad es palmaria, como se detallará más adelante. 45. Legitimación en la causa por pasiva. De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra: (i) toda acción u omisión de las autoridades públicas que vulnere o amenace lesionar cualquier derecho fundamental y (ii) las acciones u omisiones de los particulares[38]. La solicitud de amparo puede promoverse frente a particulares cuando: (i) presten servicios públicos, (ii) atenten gravemente contra el interés colectivo o (iii) respecto de los cuales exista un estado de indefensión o subordinación[39]. 46. La Sala haya reunido este presupuesto respecto de la demandada Aguas Kpital, debido a que cuenta con la aptitud legal y constitucional de ser la llamada a responder por la supuesta vulneración alegada. Según las competencias generales de las empresas prestadoras de servicios públicos establecidas en la Ley 142 de 1994[40] y lo fijado en el contrato de concesión No. 030 de 2006[41], entre otros deberes, esa empresa tiene el objeto/deber de prestar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de Cúcuta, lugar donde se ubica la vivienda de la agenciada, razón por la que ésta le solicitó la prestación de tales servicios públicos en ese inmueble y esa empresa se ha negado a hacerlo. 47. Lo anterior descarta, de contera, la legitimidad en la causa por pasiva de la Alcaldía de Cúcuta, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta EIS Cúcuta S.A. E.S.P., lo cual es suficiente para disponer su desvinculación de este trámite de tutela, dadas las particularidades fácticas y jurídicas del presente caso. 48. Inmediatez. Se debe verificar si resulta razonable (i) el tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o constitutivo de la amenaza del derecho fundamental y el día en que se formuló la acción de tutela[42]; o (ii) el lapso comprendido entre el día en que cesaron los efectos de la última actuación que desplegó el accionante en defensa de sus derechos presuntamente vulnerados y el día en que se solicitó el amparo[43]. 49. Para la Sala está acreditado dicho requisito. Entre la fecha en la que la demandada reiteró su negativa en prestar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el predio de la demandante -31 de marzo de 2025- y la data en la que se formuló la acción de tutela -21 de abril siguiente-, transcurrieron 21 días, lapso que se considera razonable en el presente asunto. 50. Subsidiariedad de la acción de tutela formulada para solicitar el amparo del derecho fundamental al agua potable para el consumo humano. La solicitud de amparo es un medio de protección de carácter residual y subsidiario que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de defensa o, existiendo, no resulte oportuno o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[44]. 51. La acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias que surjan en el marco de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en la medida que ello implique la presunta afectación de la faceta individual del derecho fundamental al agua potable, de las condiciones de vida digna o de la salud del demandante y/o su familia[45]. En esa línea, la acción de tutela formulada para solicitar el amparo del derecho fundamental al agua potable procede cuando: (i) el agua se destina al consumo humano; (ii) la ausencia del suministro de agua potable menoscaba otros derechos fundamentales, por ejemplo, la vida digna y la salud; (iii) se verifica que quien solicita el amparo del derecho fundamental al agua potable ha llevado a cabo actuaciones mínimas ante la empresa presuntamente vulneradora de tales derechos[46]; y (iv) la ausencia del servicio de acueducto “pone en riesgo el mínimo de condiciones de vida digna a sujetos de especial protección constitucional, es desproporcionado exigir que acuda a la vía contencioso administrativa o a otras vías judiciales, como la acción popular, para la protección urgente y eficaz de los derechos afectados. Por esa razón, la acción de tutela es procedente como mecanismo definitivo.”[47] 52. En armonía con ello, el examen de procedencia de la acción de tutela se flexibiliza ante la supuesta amenaza o vulneración del derecho al agua potable de una persona de especial protección constitucional[48]. 53. Contrario a lo anterior, el amparo tutelar no procede cuando se constata que el agua está destinada para otros propósitos, como la explotación agropecuaria, terrenos deshabitados, finalidades turísticas, industriales o comerciales, o cuando el demandante no reside en la vivienda respecto de la cual se pide el suministro de agua potable. En esos asuntos no es posible inferir que el agua se requiera para el consumo humano[49], de ahí que sea la acción popular el mecanismo judicial idóneo para los mismos[50]. 54. La Sala también observa cumplida la exigencia de subsidiariedad. Según las pruebas obrantes en el expediente, es evidente que la acción de tutela resulta procedente, por cuanto (i) se formuló con la finalidad de ordenar el suministro de agua potable para el consumo humano de la señora Meléndez Peña y su familia, así como para su higiene personal, doméstica y la preparación de sus alimentos, es decir, con el propósito de satisfacer sus necesidades vitales diarias e inherentes a su dignidad humana; (ii) la falta o deficiente suministro de agua potable en el predio donde residen lleva consigo la presunta vulneración de la faceta individual de su derecho fundamental al agua potable, al igual que sus derechos a la vida digna y a la salud; y (iii) la agenciada actuó ante la accionada con el mínimo de diligencia requerido para acceder a la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, puesto que, en dos ocasiones, acudió ante la misma con ese fin, sin obtener respuesta favorable. 55. Adicionalmente, de conformidad con lo manifestado por la agenciada en su testimonio y lo constatado en la inspección judicial realizada en la vivienda donde ella habita con su familia, no cabe duda que son sujetos de especial protección constitucional, dada la extrema condición de vulnerabilidad en la que se encuentran por la difícil situación económica que afrontan, su calidad de migrantes venezolanos con Permiso por Protección Temporal otorgado por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, su afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y contar con registro Sisbén en el nivel A3 pobreza extrema. De modo que resultaría desproporcionado exigirles que acudan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, luego, a la respectiva vía judicial, ya que esos mecanismos no son idóneos y eficaces para que reclamen la protección urgente y efectiva de sus derechos fundamentales que estiman lesionados, dada su palmaria condición de sujetos de especial protección constitucional. 56. Esas circunstancias de debilidad manifiesta refuerzan la procedencia definitiva de la solicitud de amparo en este caso, lo cual hace factible su acceso a la tutela judicial efectiva y propender por eliminar barreras u obstáculos desproporcionados e irrazonables que puedan generar traumatismos adicionales a los que pudieron haber padecido con ocasión de la crisis humanitaria suscitada en su país de origen. D. Análisis de la carencia actual de objeto 57. La Sala reiterará las reglas jurisprudenciales fijadas al respecto y, con fundamento en ellas, verificará la configuración de dicho fenómeno. Carencia actual de objeto. Reiteración de jurisprudencia 58. La orden en la acción de tutela busca que cese la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, por lo que su eficacia depende de la actualidad del hecho vulnerador o amenazante. De modo que, si cesa la conducta que viola o amenaza los derechos fundamentales, el juez no tiene un objeto sobre el cual pronunciarse, escenario en el que se configura la carencia actual de objeto[51]. 59. La carencia actual de objeto se presenta en tres modalidades: (i) hecho superado, (ii) daño consumado o (iii) situación sobreviniente[52]. 60. El hecho superado se configura cuando, entre la formulación de la demanda de amparo y la decisión del juez de tutela, cesa la supuesta violación o amenaza al derecho fundamental cuyo amparo se solicita, lo cual implica la satisfacción de las pretensiones del tutelante con ocasión del actuar del accionado[53]. Se debe constatar que (i) exista una variación en la situación fáctica que dio lugar a la solicitud de amparo[54]; (ii) esta implique la satisfacción por completo de las pretensiones de la tutela[55]; y (iii) ello derive de la cesación voluntaria de la conducta del accionado[56]. 61. El daño consumado se presenta cuando la amenaza o violación del derecho fundamental producen el perjuicio que pretendía evitarse con la solicitud de amparo[57], por lo que no sería posible adoptar orden alguna para retrotraer la situación[58]. Esta tipología puede ocurrir (i) antes de formularse la acción de tutela o (ii) durante los trámites de instancias o de revisión[59]. 62. La situación sobreviniente alude a eventos que no se enmarcan en las modalidades de hecho superado o daño consumado[60]. Se configura cuando (i) el demandante asume la carga que no le corresponde para superar el hecho amenazante o vulnerador de sus derechos fundamentales[61]; (ii) el accionante pierde interés en el resultado de la litis[62]; o (iii) la actuación de un tercero satisface las pretensiones de la demanda[63]. A diferencia del hecho superado, la situación sobreviniente no surge del actuar del demandado[64]. 63. Descendiendo al caso sub examine, para la Sala no se configura ninguna de las tipologías de la carencia actual de objeto, de conformidad con la información suministrada en sede de revisión. 64. Se descarta la modalidad del hecho superado. Si bien se produjo una variación en los hechos que originaron la acción de tutela, en la medida que, desde abril del presente año, aproximadamente, la vivienda donde residen la señora Meléndez Peña y su familia cuenta con agua potable, lo cierto es que ese cambio fáctico no satisface íntegramente las pretensiones de la tutela, a saber: (i) amparar los derechos fundamentales invocados, (ii) ordenar a la accionada suministrar el servicio de agua potable en ese predio y (iii) prevenir a la demandada para que no vuelva a incurrir en los hechos que dieron lugar a la solicitud de amparo. Además, esa variación fáctica no derivó de la cesación voluntaria del actuar de la accionada, sino del proceder de la agenciada y de un tercero (una de sus vecinas). 65. No se presenta la tipología del daño consumado. Si bien la demandada se mantiene en su negativa de prestar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el inmueble de la señora Meléndez Peña, esa presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados no ha consumado el daño que pretende evitarse con la acción de tutela, por lo que resultaría factible adoptar las órdenes a que haya lugar, si llegare a ser del caso. 66. Tampoco se configura la modalidad del hecho sobreviniente. Debido al proceder de la agenciada, su esposo y una de sus vecinas, desde hace unos meses la aludida vivienda cuenta con dos puntos de acceso a agua potable (uno para el lavaplatos y otro para el sanitario y la ducha) y un punto de conexión a la red de alcantarillado. Sin embargo, para la Sala no implica que con dicho actuar se esté asumiendo carga alguna para superar el presunto hecho vulnerador de los derechos fundamentales invocados, pues no puede concebirse que a esa familia y a su vecina les asiste la obligación de suministrarse a sí mismos los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, sino que ello es un deber legal y constitucional que, en este asunto en particular, compete a la demandada como la empresa encargada de prestar esos servicios públicos domiciliarios en el municipio de Cúcuta, de acuerdo con la normatividad vigente y el contrato de concesión No. 030 de 2006. 67. Las actuaciones de la agenciada, su cónyuge y su vecina no satisfacen por completo las referidas pretensiones de la demanda de tutela, toda vez que el acceso a las redes de agua potable y alcantarillado con el que actualmente cuenta el predio no es continuo, suficiente y reglado, precisamente, porque no están siendo suministrados por la accionada, la cual está llamada a hacerlo para garantizar la prestación efectiva y adecuada de los mismos. 68. Finalmente, la señora Meléndez Peña no ha perdido interés en el resultado de la litis. Por el contrario, según lo expresado por la Defensoría del Pueblo en sede de revisión, (i) se reitera que la demandada continúa vulnerando los derechos fundamentales de la agenciada y su familia; (ii) el cambio de los hechos no justifica las negativas de cesar la violación de los derechos fundamentales alegados; y (iii) se insiste en la instalación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el mencionado inmueble. 69. Superado lo anterior, pasa la Sala a estudiar el fondo del asunto con el planteamiento del problema jurídico y la metodología de resolución. E. Problema jurídico y metodología de resolución 70. La Sala Octava de Revisión establecerá si ¿Aguas Kpital vulneró los derechos fundamentales al agua potable para el consumo humano, a la vida digna, a la salud y a la igualdad de Wilmary Pastora Meléndez Peña y su familia, ante la negativa de vincularla como usuaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la vivienda donde habitan, al estimar que el Permiso por Protección Temporal otorgado en su favor por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia no reúne los requisitos para llevar a cabo el correspondiente trámite? 71. Para tal efecto, la Sala abordará: (i) la naturaleza jurídica y alcance del Permiso por Protección Temporal otorgado en favor de las personas migrantes venezolanas; (ii) el alcance, contenido y universalidad del derecho fundamental al agua potable de los habitantes del territorio nacional; y (iii) el derecho fundamental a la igualdad y la prohibición de discriminación. Con fundamento en ello, analizará el caso concreto. Naturaleza jurídica y alcance del Permiso por Protección Temporal otorgado en favor de las personas migrantes venezolanas 72. El Permiso por Protección Temporal (PPT) es un mecanismo de regularización migratoria y documento de identificación que otorga la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a las personas migrantes venezolanas cuyo deseo sea permanecer de forma transitoria en Colombia[65], a fin de que cuenten con posibilidades de integración social, laboral y cultural que les proporcionen condiciones para vivir dignamente en este país[66]. 73. Mediante ese documento de identidad, los migrantes venezolanos están autorizados para (i) establecerse en el territorio colombiano bajo especiales condiciones de regularidad migratoria; y (ii) desempeñar actividades u ocupaciones legales de cualquier índole en Colombia, como las que se realicen con ocasión de un contrato o vinculación laboral, o un contrato de prestación de servicios, con la observancia de las exigencias previstas en la normatividad colombiana para el desempeño de las actividades reglamentadas[67]. 74. Tratándose de un documento de identidad, los titulares del Permiso por Protección Temporal también están validados para (i) acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión; (ii) contratar o suscribir productos y/o servicios financieros vigilados y controlados por la Superintendencia Financiera; (iii) convalidar sus títulos profesionales ante el Ministerio de Educación; (iv) tramitar tarjetas profesionales; (v) ingresar y salir de Colombia; (vi) acceder al sistema educativo en todos sus niveles y a los servicios ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); y (vii) todas aquellas situaciones en las cuales necesiten identificarse o acreditar su condición migratoria ante entidades estatales o particulares[68]. 75. Entre esas situaciones donde las personas migrantes venezolanas con Permiso por Protección Temporal requieran identificarse o validar su condición migratoria frente a las autoridades estatales o los particulares, se tienen las concernientes al ejercicio de cualquier actividad u oficio, siempre que cumplan las normas que las regulen. 76. Por consiguiente, las personas migrantes venezolanas que se establezcan de forma transitoria en Colombia bajo condiciones de regularidad migratoria especial y que cuenten con el Permiso por Protección Temporal vigente, podrán ejercer cualquier actividad u oficio, como es el caso de las relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios efectuada por el Estado o por los particulares, con el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el ordenamiento jurídico. Para ello, esas personas podrán llevar a cabo los respectivos trámites a que haya lugar y suscribir los correspondientes contratos para la prestación de cualquier servicio público domiciliario, a cuyo efecto será suficiente que se identifiquen y acrediten su estatus migratorio con el Permiso por Protección Temporal vigente, toda vez que es su documento de identidad válido en el territorio nacional, sin que sea dable exigirles otro documento o requisito adicional alguno para tales efectos, pues, de ser así, se vulneraría su derecho fundamental de acceso a dichos servicios públicos, al igual que aquellos otros derechos que también resulten violados con ocasión de ello. 77. La jurisprudencia constitucional ha refrendado la naturaleza jurídica del Permiso por Protección Temporal (PPT) como documento de identidad válido de las personas migrantes venezolanas que permanecen de manera transitoria en Colombia, al considerar que dicho documento (i) las legitima para acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y les sean prestados los servicios que requieran de ese sistema[69]; y (ii) es un “eslabón fundamental en el régimen de protección”[70], como mecanismo que las autoriza para establecerse en Colombia bajo condiciones regulares y les facilita posibilidades de inclusión social, laboral y acceso a los servicios estatales y particulares que necesitan para la garantía de sus derechos fundamentales[71], entre ellos, los derechos a la salud[72], a la vida[73], al trabajo[74], al mínimo vital[75] y al debido proceso administrativo[76]. Contenido, alcance y universalidad del derecho fundamental al agua potable de los habitantes del territorio nacional 78. De conformidad con los instrumentos internacionales ratificados y aprobados por Colombia, el marco normativo interno y la jurisprudencia constitucional, el derecho al agua potable es un recurso público esencial para la vida y la salud de todos los seres humanos, sin distinción alguna, en tanto es indispensable para la realización de otros derechos. Su fundamentalidad ha sido desarrollada por los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad y los órganos que los interpretan, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional[77]. 79. En el escenario internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad[78], la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer[79] y la Convención sobre los derechos del niño[80] advierten que para disfrutar del derecho a un nivel de vida adecuado es necesario el acceso al agua[81]. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Observación No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas señalan que “el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.”[82] 80. En el ámbito nacional, es bien sabido que el derecho al agua potable no está dispuesto de manera taxativa en la Constitución. Sin embargo, igualmente es bien conocido que, de acuerdo con una interpretación sistemática de los artículos 1, 2, 365 y 366 Superiores, la jurisprudencia constitucional le ha atribuido el estatus de derecho autónomo[83], al indicar que “el agua es un recurso vital para el ejercicio de los derechos inherentes del ser humano y para la preservación del ambiente.”[84] 81. Al respecto, se ha precisado que el agua tiene las siguientes connotaciones: (i) un recurso natural primordial para la conservación de la salud; (ii) patrimonio de la Nación y bien de uso público; (iii) servicio público esencial; (iv) elemento básico del ambiente, de ahí que su preservación, conservación, uso y manejo se hallen relacionados con el derecho que les asiste a todas las personas a disfrutar de un ambiente sano; y (v) el derecho al agua potable para el consumo humano es un derecho fundamental subjetivo que está vinculado a otros derechos de naturaleza constitu...