Sentencia T-481 de 2011

T-481-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-481/11 DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Protección constitucional La materialización del derecho fundamental a la salud exige que todas las entidades que prestan dicho servicio, se obliguen a la óptima prestación del mismo, en la búsqueda del goce efectivo de los derechos de sus afiliados conforme al marco normativo señalado, comoquiera que la salud compromete el ejercicio de distintas garantías, en especial el de la vida y el de la dignidad. Ahora bien, en relación con los servicios de salud incluidos y no incluidos en los planes obligatorios, este Tribunal Constitucional ha establecido un criterio simple, que permite identificar la condición de fundamentabilidad del derecho a la salud; el cual se sintetiza en que las personas tienen derecho a que se les preste de forma integral los servicios que requieran, conforme a la regulación establecida y con indiferencia de la pertenencia de los servicios al POS. TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE SALUD Y SU NEXO CON EL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD Es evidente para la Sala que el transporte en ciertos casos permite la observancia del principio de integralidad en salud, toda vez que el respeto a esta garantía fundamental no solo incluye el reconocimiento de la prestación del servicio que se requiere (POS y no POS), sino también su acceso oportuno, eficiente y de calidad. De tal manera, que estas características de las prestaciones integrales en salud se ven truncadas cuando los usuarios de las EPS no pueden acceder a las atenciones hospitalarias realizadas en lugar diferente al de su residencia, dado que la carga es desproporcionada respecto de la capacidad económica del paciente y su familia. En efecto, la prestación del servicio en salud es oportuna cuando la persona la recibe en el momento que corresponde para recuperar su salud sin sufrir mayores dolores y deterioros; sobre esta característica se incluye el derecho al diagnostico del paciente, gracias a que la intervención del procedimiento quirúrgico será adecuado cuando se tenga un exacto diagnostico de la enfermedad que padezca el usuario. De forma similar, el servicio en salud es eficiente cuando los trámites administrativos a los que está sujeto son razonables, no demoran excesivamente el acceso y no imponen al interesado una carga que no le corresponde asumir. Así mismo, el servicio público de salud se reputa de calidad cuando los tratamientos, medicamentos, cirugías, procedimientos y demás prestaciones en salud requeridas contribuyen, en la medida de las posibilidades, a mejorar la condición del paciente. Por último, cabe acotar que la integralidad en la prestación del servicio de salud está encaminada a: “(i) garantizar la continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología”. PRECEDENTE CONSTITUCIONAL RELACIONADO CON EL TRANSPORTE MEDICALIZADO-Subreglas Al no producirse el traslado se afecta la integridad de la accionante, puesto que no se permite el acceso a los servicios de salud que permitan su diagnóstico, tratamiento y cura de su enfermedad. Adicionalmente, dado el estado físico de la señora se perturba su salud mental, comoquiera que su sobrepeso y problema de grasa en las piernas la obliga a permanecer postrada en su cama, además de requerir ayuda en sus labores cotidianas. Para esta Sala, conforme a lo expresado la decisión del juez de primera instancia se produce en el contexto de una imprecisión al aplicar las reglas jurisprudenciales previstas por la Corte. Así, se observa que se reúnen a cabalidad los requisitos necesarios para concluir que la empresa accionada debe asumir el transporte medicalizado del lugar de la residencia de la demandante al centro hospitalario. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Deberá asumir los gastos de transporte y estadía en otra ciudad CUBRIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE POR EPS-Paciente debe ser totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento El precedente judicial que no considera el transporte o pago del mismo como un servicio de salud, sino como una prestación que da acceso a aquella. De tal forma, la Sala procederá hacer uso de las reglas jurisprudenciales sobre el pago de la remisión del paciente con un acompañante. Para comenzar, la Corte ha considerado que para conceder la pretensión señalada, el paciente debe ser totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento; requisito presente en el caso bajo estudio, pues como lo afirma el propio accionante en el escrito de tutela, este necesita de otra persona al momento de la finalización de las diálisis, en la medida en que en ese momento adquiere un estado de debilidad corporal. De similar modo, el accionante no arguyó dentro del proceso de la referencia que requiere de atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas; empero, debe darse una interpretación garantista y flexible a este requerimiento, de ahí que, el punto esencial para corroborar la situación enunciada por el precedente, es el estado que el paciente adquiere al terminar el procedimiento médico señalado. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR FALLECIMIENTO DEL PACIENTE-Reiteración de jurisprudencia Referencia.: expedientes T-2968756, T-2979047, T-2988815 y T-2994471. Acciones de tutela instauradas por: (i) Ingrid Marcela Romero Daza en calidad de agente oficioso de Teodosia Daza de Romero contra Nueva EPS; (ii) María Rosario Reinosa de Bedoya contra CAFESALUD EPS, Dirección Territorial de Salud; (iii) José María Pinzón contra SALUDCOOP EPS; y (iv) Darwin Rafael Vargas Posada, como agente oficioso de María Esneda Posada de Vargas contra EPS Servicio Occidental de Salud. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, DC., trece (13) de Junio de dos mil once (2011). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA Mediante la cual se pone fin al trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela dictados dentro de los procesos de la referencia: Expediente Fallos de tutela T-2968756 Primera Instancia: Sentencia del Juzgado Único Administrativo del Circuito de Barrancabermeja, del 26 de noviembre de 2010. T-2979047 Primera Instancia: Sentencia del Juzgado Sexto Civil Municipal de Manizales, del 2 de febrero de 2011. T-2988815 Primera Instancia: Sentencia del Juzgado Primero Civil Circuito de Zipaquirá, del 3 de febrero de 2011. T-2994471 Primera Instancia: Sentencia del Juzgado Once Penal Municipal de Santiago de Cali, del 17 de diciembre de 2010. Segunda Instancia: Sentencia del Juzgado Veinte Penal Circuito de Santiago de Cali, del 20 de enero de 2011. I. ANTECEDENTES Acumulación de procesos. La Sala de Selección de Tutelas Número Dos, mediante auto proferido el 25 de febrero de 2011, ordenó seleccionar para revisión el expediente T-2.968.756. Así mismo, la Sala de Selección de Tutelas Número Tres, a través de proveído del 17 de marzo de 2011, dispuso elegir y acumular los expedientes T-2.979.047, T-2.988.815 y T-2994471 para los mismos efectos. El reparto de los cuatro asuntos correspondió al Despacho del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. Posteriormente, mediante auto del 9 de mayo de 2011, la Sala de Selección Número Nueve acumuló el radicado T-2.968.756 a los expedientes T-2.979.047, T-2.988.815 y T-2994471, para que fuesen fallados en una sola sentencia, tras considerar que presentan unidad de materia. Expediente T-2.968.756 De los hechos y la demanda de tutela. 1. Ingrid Marcela Romero Daza en calidad de agente oficiosa de Teodosia Daza de Romero interpuso acción de tutela contra Nueva EPS al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, y a la salud en conexidad con la vida, con base en los siguientes hechos y consideraciones: 2. 1.1 La señora Teodosia Daza de Romero es una persona de 54 años de edad, residente de la ciudad de Barrancabermeja, que se encuentra afiliada a la Nueva EPS en el régimen contributivo. Adicionalmente, la señora Daza laboraba como modista para sufragar sus necesidades básicas. 1.2 Sin embargo, debido a su obesidad y problema de acumulación de grasa en las piernas se encuentra inmovilizada, por lo que no puede desempeñar el trabajo referido. 1.3 Como resultado de lo anterior, la agente oficiosa se dirigió a las instalaciones de la demandada con el fin de solicitar el servicio de transporte en ambulancia o de atención médica domiciliaria para su progenitora; estas prestaciones fueron negadas por la EPS. 1.4 Por esta razón, la peticionaria suplica la protección de los derechos a la vida digna y la salud en conexidad con la vida de su ascendiente, en consecuencia, se solicita ordene a Nueva E.P.S que autorice los procedimientos, medicamentos, servicios y productos que requiera la señora Teodosia Daza de Romero, para el tratamiento integral de la enfermedad que padece, por encontrarse imposibilitada para moverse por sí misma. Entre ellas se encuentran: a. atención de urgencia para su correspondiente valoración; b. servicio de ambulancia del lugar de residencia de la paciente al centro de atención; en su defecto c. atención domiciliaria; y d. exoneración de la afiliada de los copagos o cuota de recuperación. Intervención de la parte demandada. 3. Claudia Patricia Fernández Acuña Hernández, coordinadora zonal de la Nueva E.P.S S.A., se opuso a las pretensiones de la tutela apoyándose en los siguientes argumentos: § No se encuentra contemplado dentro de la reglamentación vigente del POS-C, el transporte en ambulancia del lugar de residencia del paciente a los centros de atención; por el contrario, los planes de salud solo cobijan el transporte medicalizado entre las instituciones de salud. § Adicionalmente, en lo referente al servicio de atención domiciliaria, la EPS informó que no cuenta con dicha prestación en el municipio de Barrancabermeja, motivo por el cual no lo puede ofrecer. § Así mismo, manifestó que “si bien es cierto que la usuaria es pensionada con el mínimo, también es cierto que tiene hijos, quienes deben por el principio de solidaridad consagrado en la constitución y las diversas sentencias de la corte. Colaborar con el sustento madre así como ella lo hizo en los año anteriores con sus hijo”. § En este orden de ideas, afirmó la representante de la EPS que en el caso concreto no se cumplen las reglas jurisprudenciales establecidas por esta Corte para la inaplicación de las normas de los planes obligatorios de salud, toda vez que carece de la prescripción del médico tratante para la prestación del transporte. Por consiguiente, la familia de la usuaria es la obligada a correr con los gastos de esta atención. § Por lo anterior, la accionada pide no acceder a las pretensiones de la tutela, y subsidiariamente, en caso de que el fallo le sea adverso, solicita “adoptar las medidas las medidas necesarias para prever el equilibrio financiero del sistema, disponiendo el respectivo recobro dentro del menor tiempo posible, dando cumplimiento al principio de celeridad que debe caracterizar dicho trámite”. Del fallo de tutela. 4. El Juzgado Único Administrativo del Circuito de Barrancabermeja, en sentencia proferida el 26 de noviembre de 2010, decidió negar el amparo, por considerar que tanto el transporte medicalizado como la atención domiciliaria no fueron prescritos por el médico tratante. Con esta lógica, según el a-quo no obra en el plenario un respaldo científico que sustente la necesidad de los servicios requeridos en la acción de tutela. En este punto cita in extenso la jurisprudencia de esta Corporación[1]. 5. Este fallo no fue impugnado por alguna de las partes, razón por la cual se remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Pruebas relevantes que reposan en el expediente. 6. Pruebas practicadas por el juez de primera instancia: § Prueba testimonial: practicada en audiencia con el fin de recibir el testimonio de la agente oficiosa, puesto que la tutelante no puede moverse de la cama, en la cual, dijo la agente oficiosa que se desconoce con exactitud la enfermedad que sufre su progenitora. No obstante, esta patología le impide movilizarse por sí misma, y solo ha sido atendida por la demandada en el mes de agosto de 2010, porque sus hijos contrataron una ambulancia de la cruz roja para que fuera llevada al centro de salud más cercano de su residencia.(Fls. 16 – 17 Cuaderno 2) 7. La parte accionante allegó al proceso las siguientes pruebas: § Copia de fotos que demuestran la inmovilidad de la señora Teodosia Daza de Romero por su obesidad mórbida (Fls. 6-7 Cuaderno 2). § Copia de solicitud de historia clínica de la señora Teodosia Daza de Romero (Fls. 8 Cuaderno 2) § Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Teodosia Daza Romero (Fl. 9 Cuaderno 2). § Copia del certificado de registro civil de nacimiento de Ingrid Marcela Romero Daza (Fls. 10 Cuaderno 2) 8. La parte accionada no allegó pruebas al proceso. Expediente T-2.979.047 De los hechos y la demanda. 1. María del Rosario Reinosa de Bedoya presentó acción de tutela contra Cafesalud EPS, por considerar que esta entidad vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, con base en los siguientes hechos: 1.1 La señora María del Rosario Reinosa de Bedoya es una persona de 67 años de edad, residente en el municipio de Aguadas (Caldas), que se encuentra afiliada a Cafesalud EPS en el régimen subsidiado, a la cual le fue diagnosticada Diabetes Mellitus e Hipertensión. 1.2 Como consecuencia de la mencionada patología, la peticionaria ha sufrido de leucoma entre otras complicaciones que repercutieron en su cuerpo. Ahora bien, el tratamiento de la enfermedad se lleva a cabo en Manizales, esto es, un municipio diferente al de la residencia de la señora Reinosa. 1.3 Manifestó la accionante que no cuenta con recursos económicos para sufragar su tratamiento en la capital del departamento de Caldas. Con su precaria situación económica debe costear los medicamentos necesarios para recuperar su estado de salud, y al mismo tiempo cubrir los gastos de traslado además de estadía en Manizales. 1.4 Por lo anterior, la peticionaria solicita la protección a sus derechos a la vida digna y la salud, para que se ordene a Cafesalud EPS-S que autorice los procedimientos, medicamentos, servicios y productos que requiera, para el tratamiento integral de la enfermedad que padece, entre ellas se encuentran: a. pago y reconocimiento de transporte y estadía en Manizales; b. los medicamentos prescritos por el médico tratante. Intervención de la parte demandada. 2. Ángela María Aguirre Zuluaga, en su calidad de administradora de agencia de Cafesalud EPS se opuso a las peticiones de la acción de tutela apoyándose en los siguientes argumentos: § En primer lugar, la conducta de su representada se ajustó a lo dispuesto en las normas que rigen el plan obligatorio de salud en el régimen subsidiado, comoquiera que según el decreto 128 de 2010 “los traslados intraurbanos cuyo destino y origen sean distintos al lugar de la prestación del servicio médico deberán ser cubiertos por el paciente o sus familiares”. Igualmente, la resolución 5261 de 1994 expresa que los gastos de desplazamiento de la residencia del usuario al lugar del procedimiento quirúrgico, en virtud del principio de solidaridad deberán ser cubiertos por el paciente o sus familiares. § En segundo lugar, la representante de la EPS señaló con base en la jurisprudencia de la Corte[2] que el Estado es el encargado de cubrir los costos de los tratamientos médicos de los afiliados cuando las prestaciones realizadas excedan el ámbito de los planes de salud del régimen subsidiado, como acaece en el caso del transporte solicitado por la señora Reinoso. § Además, manifestó que le está vedado al juez constitucional condenar al tratamiento integral a la demandada, debido a que esta ha cumplido con las obligaciones a su cargo y la negativa de prestación de algún servicio no ha sido verificada, pues “de ninguna manera cabe la solicitud de la acción de amparo en relación con los hechos futuros e inciertos”[3]. § Para finalizar, la representante de la accionada solicitó denegar la tutela por improcedente, debido a la falta de legitimidad por pasiva, puesto que el encargado de brindar los servicios excluidos del POS-S es la Dirección Territorial de Salud de Caldas a través de la IPS que determine. Del fallo de tutela. 3. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Manizales, en sentencia del 2 de febrero de 2011, decidió negar el amparo de tutela, por considerar que Cafesalud EPS ha actuado diligentemente para el tratamiento integral de la tutelante. Sobre este punto, el juez de instancia aseveró que no es una arbitrariedad de la demandada solicitarle a la señora Reinoso de Bedoya que se dirija a la ciudad de Manizales, para ser atendida por el especialista, en la medida “que a todos los usuarios les toca como a ella desplazarse para recibir el servicio”. Adicionalmente, según el a-quo en virtud del principio de solidaridad, es la familia de la señora Reinosa de Bedoya la que debe cubrir los gastos de transporte al lugar de realización del tratamiento médico, puesto que el POS-S solo sufraga las erogaciones de traslado entre instituciones del sistema de salud. 4. Este fallo no fue impugnado por ninguna de las partes, razón por la cual se remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Pruebas relevantes que reposan en el expediente. 5. La parte accionante allegó al proceso las siguientes pruebas: § Copia de historia clínica de la señora María Rosario Reinoso de Bedoya (Fls. 5-12 Cuaderno 2) § Copia de la cédula de ciudadanía de la señora María Rosario Reinoso de Bedoya (Fl. 3 Cuaderno 2). § Copia del carnet de afiliación de María Rosario Reinoso de Bedoya a Cafesalud EPS-S (Fl. 3 Cuaderno 2). § Copia de los medicamentos prescritos a la señora María Rosario Reinoso de Bedoya, para el tratamiento de su enfermedad (Fls. 4 Cuaderno 2) 6. La parte accionada no allegó pruebas al proceso. 7. Pruebas solicitadas por la Sala de Revisión. En sede de revisión, el miércoles primero de julio de 2011 el despacho del Magistrado Sustanciador revisó las bases de datos del FOSYGA y del SISBEN, en las cuales se encontró que la señora María del Rosario Reinoso está afiliada al régimen subsidiado del sistema de seguridad social en salud con la EPS- Cafesalud, y se halla catalogada en el SISBEN nivel III. Expediente T-2.988.815 De los hechos y la demanda. 1. José María Pinzón presentó acción de tutela contra Saludcoop EPS, por considerar que esta entidad vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, con base en lo siguiente: 1.1 El señor José María Pinzón es una persona de 74 años de edad, residente en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca), y se encuentra afiliado a Saludcoop EPS en el régimen contributivo; aquel le fue diagnosticado enfermedad renal crónica. 1.2 Como efecto de la mencionada enfermedad, la demandada autorizó el “tratamiento con diálisis a través de hemodiálisis de forma indefinida,” en la fundación Renal Esensa ubicada en el Distrito Capital. Por lo tanto, para acceder a la prestación reseñada el señor Pinzón debe trasladarse del municipio de Zipaquirá a Bogotá. 1.3 Adicionalmente, manifestó el accionante que es persona de escasos recursos y carece de ingresos que le permitan sufragar sus gastos de transporte para él y un acompañante, pues necesita el auxilio de otra persona, dado al estado de debilidad con el que termina las diálisis. 1.4 Como consecuencia de lo anterior, el peticionario presentó el 7 de octubre de 2010 un derecho de petición ante Saludcoop EPS solicitando un subsidio de transporte para él y un acompañante. Luego, ante falta de respuesta de la accionada, el señor Pinzón interpuso de nuevo un derecho de petición con la misma solicitud, la cual obtuvo contestación negativa por parte de la EPS. Intervención de la parte demandada. 2. Claudia Patricia López Ochoa, en su calidad de gerente regional de Saludcoop EPS, solicitó que se negara el amparo, con fundamento en los siguientes argumentos: § Con base en la jurisprudencia de la Corte,[4] el representante de la demandada, arguyó que es necesaria la orden del médico tratante para que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales. En esta lógica, la acción resulta improcedente en el caso sub judice, gracias a que dentro de los registros de la entidad “no se encontró evidencia de orden médica actual por los servicios de transporte solicitado por el accionante,” por lo tanto, no es posible inaplicar las normas del plan obligatorio de salud, toda vez que no se cumplen con los requisitos jurisprudenciales para acceder a una prestación por fuera del POS. § Señaló que el servicio de transporte no se encuentra dentro de los beneficios del plan obligatorio de salud, dado que la resolución 5261 de 1994 faculta a las entidades promotoras de salud a remitir a los pacientes a otros municipios cuando en la ciudad de residencia del afiliado no se cuente con el servicio requerido, pero los gastos incurridos en el traslado deberá ser cubiertos por el tutelante o sus familiares. § De similar forma, que le está vedado al juez constitucional condenar al tratamiento integral a la demandada, debido a que esta ha cumplido con las obligaciones a su cargo y la negativa de prestación de algún servicio no han sido verificadas. Por consiguiente, de su actuar no se desprende el futuro incumplimiento de la EPS. § Por último, señaló al juez “que la acción de tutela impetrada en contra de esta EPS, no puede tener acogida favorable por falta de legitimación en el extremo pasivo, debido a que el cubrimiento de los servicios que exceden el POS, es responsabilidad del respectivo ente territorial a través de su red de prestadores”. Del fallo de tutela. 3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá admitió la demanda y procedió a practicar una audiencia con el fin de recibir el testimonio del petente; este declaró que es dueño de un vehículo de servicio público en Bogotá, una vivienda en el municipio de Zipaquirá y carece de obligaciones, salvo los gastos de manutención de su familia y enfermedad. Por consiguiente, en sentencia del 3 de febrero de 2011 el a-quo negó la tutela impetrada, por considerar que no se cumplieron los requisitos establecidos por este Tribunal Constitucional en su jurisprudencia[5] para la procedencia de la orden de traslado, dado que según las pruebas obrantes en el expediente el señor Pinzón no demostró su falta de capacidad económica para no asumir el costo de la prestación solicitada. 4. Este fallo no fue impugnado por alguna de las partes, razón por la cual se remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Pruebas relevantes que obran en el expediente. 5. Pruebas practicadas por el juez de primera instancia: Prueba testimonial: practicada en audiencia con el fin de recibir el testimonio del señor Pinzón; en la cual, se dijo que dentro de su patrimonio se encuentra un vehículo de servicio público en Bogotá, una vivienda en el municipio de Zipaquirá y carece de obligaciones que deban ser pagadas, salvo los gastos de manutención de su familia y enfermedad. (Fls. 35 – 36 Cuaderno 2) 6. La parte accionante allegó al proceso las siguientes pruebas: § Copia de la cédula de ciudadanía del señor José María Pinzón (Fls. 1 cuaderno 2). § Copia de carnet de afiliación a Saludcoop EPS del señor José María Pinzón (Fls. 2 cuaderno 2). § Copia de controles de diálisis nefrológica del señor José María Pinzón, llevadas a cabo en Bogotá Distrito Capital (Fls. 3-4 cuaderno 2). § Copia del derecho de petición y respuesta, interpuesta por el señor José María Pinzón a Saludcoop EPS (Fls. 4-7 cuaderno 2). 7. La parte accionada no allegó pruebas al proceso. Expediente T-2994471 De los hechos y la demanda. 1. El 2 de noviembre de 2010, el señor Darwin Rafael Vargas Posada actuando como agente oficioso de su madre, la señora María Esneda Posada de Vargas, interpuso acción de tutela contra el Servicio Occidental de Salud – S.O.S.-, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la vida y la salud, atendiendo los siguientes hechos: 1.1. En el mes de marzo de 2010, a la señora María Esneda Posada de Vargas le detectaron una enfermedad renal crónica en el Hospital de Dagua (Valle del Cauca). Por este motivo, fue remitida a la Clínica de Occidente de Cali (Unidad Renal), en donde se le ordenó y practicó una diálisis. Según la historia clínica la demandante presenta un cuadro médico de hipertensión arterial, diabetes tipo II, glaucoma bilateral, enfermedad renal (diálisis peritoneal) y úlcera en las piernas. 1.2. En los meses de abril y mayo de 2010 la tutelante presentó úlceras en ambas piernas, razón por la cual fue enviada nuevamente al Hospital de Dagua (Valle del Cauca) a la Clínica de Occidente de Cali. 1.3. El 23 de julio de 2010, la accionante ingresó nuevamente a la Clínica de Occidente de Cali, sin embargo por recomendación de la EPS accionada, la enviaron a la Clínica Tequendama para que fuera atendida por un médico vascular, pero a pesar de ello fue asistida por un médico general que le dio de alta al día siguiente. 1.4. Por lo anterior, el agente oficioso solicitó ante la entidad accionada una consulta con un médico vascular para su progenitora. En efecto, el 25 de agosto de 2010 fue atendida por el Dr. Horacio Ruiz Tenorio, quién la remitió a la Clínica de Occidente de Cali con una valoración de nivel IV urgencia, para manejo de pies con necesidad de hospitalización. 1.5. Así las cosas, en la Clínica de Occidente de Cali se ordenó la hospitalización de la señora María Esneda Posada de Vargas, debido a su complicado estado de salud. En dicha institución permaneció hasta el 1º de septiembre de 2010. 1.6. Luego, el 4 de Octubre de 2010, la demandante fue llevada nuevamente de urgencia al Hospital de Dagua, donde fue hospitalizada por 8 días. El 6 de Octubre de 2010, la EPS autorizó el traslado de la señora María Esneda Posada a la Clínica Versalles. No obstante, hasta el 11 de octubre ingresó a urgencias del mencionado establecimiento. Así mismo, al no contar con habitaciones disponibles para hospitalizar a la paciente, fue dejada en observación hasta el 13 de Octubre. 1.7. El 15 de Octubre se le practicó a la señora Posada, una cirugía en las piernas sin las sesionas de diálisis correspondiente. Por ello, el 18 de octubre presentó complicaciones (paros respiratorios) y fue remitida a cuidados intensivos. 1.8. Por ello, solicitó el agente oficioso que la atención médica que requiera su señora madre se lleve a cabo en la Clínica Valle del Lili, ya que es una institución que cuenta con toda la infraestructura adecuada para los casos renales. De igual manera, requiere el suministro del medicamento Isopto Maxidex e Isopto Atropina para tratar el Glaucoma. Además, pretende que se autorice el servicio de ambulancia para el traslado de Dagua (Valle del Cauca) a Cali de la señora María Esneda Posada de Vargas tres veces a la semana, así como la asignación de una enfermera y la exoneración de las cuotas moderadoras y copagos. Intervención de la parte demandada. 2. Edgar Mauricio Pineda Ramos, como apoderado judicial de la EPS Servicio Occidental de Salud S.A SOS, solicitó que se niegue el amparo bajo las siguientes razones: § La E.P.S. Servicio Occidental de Salud S.O.S., menciona que la señora María Esneda Posada de Vargas es una “paciente de 59 años de edad, con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes miellitus, sepsis de tejidos blandos de origen en miembros inferiores, por germen multiresistente, insuficiencia renal crónica en diálisis peritoneal 3 veces por semana”. § La paciente tiene “indicaciones de especialista de amputación”, pero no ha sido aceptado por los familiares, ya que insisten en que se remita a la Clínica Valle de Lili. § Afirmó que la tutelante fue valorada por psiquiatra, el cual dictaminó que ella no está en condiciones mentales de decidir sobre la realización de procedimientos quirúrgicos y por tanto, le corresponde a los familiares dar la autorización correspondiente. § En cuanto a los copagos, refirió que son un mandato legal que debe ser asumido por los usuarios y que las inconformidades de cualquier obligación económica deben ventilarse ante las autoridades judiciales competentes. Del fallo de tutela en primera instancia. 3. Mediante sentencia del 17 de noviembre de 2010, el Juzgado 11 Penal Municipal de Santiago de Cali, protegió los derechos fundamentales a la salud, vida digna y seguridad social de la señora María Esneda Posada de Vargas, para lo cual ordenó a la entidad accionada que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, se adelantaran las gestiones administrativas necesarias para que se autorizara el traslado de un profesional especializado hasta la residencia de la paciente con el fin que de manera permanente le sea realizada la diálisis que requiere, y según como lo prescriba el médico tratante. Igualmente el a-quo autorizó medicamentos, pañales desechables, transporte en ambulancia y enfermera por 8 horas, insumos, tratamientos clínicos y hospitalarios, intervenciones quirúrgicas, consultas médicas generales y especialistas, cuidados intensivos e intermedios y todo aquello que sea requerido por el médico tratante y que no se encuentre contemplado dentro del POS. Impugnación y fallo de segunda instancia. 4. La accionada por intermedio de su representante solicitó revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, conceder las pretensiones elevadas inicialmente. Para ello insistió que la EPS ha cumplido con todos los requerimientos hechos por la paciente y su familia, al punto que la señora Posada no cuenta con órdenes medicas pendientes. Igualmente, manifestó que para la EPS Servicio de Occidental de Salud S.A. es un requisito para la prestación de un servicio de salud solicitado por los usuarios, la existencia de la orden del médico tratante. En este punto cita in extenso la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional[6]. En cuanto a la orden de tratamiento integral, sostuvo que el juez de tutela no puede establecer mandatos frente a la negativa de su representada que no han ocurrido. En esta lógica, se “parte de supuesto hipotético de que serán negadas sus solicitudes y, al parecer, estima que el camino más fácil para obtener lo pretendido consiste en acudir directamente a la acción de amparo.”[7] En lo referente a la exoneración de los copagos o cuotas moderadores, agregó el representante que esta medida no es viable para la entidad, toda vez que tienen un soporte legal y contractual. Adicionalmente, son una exigencia mínima de la EPS para garantizar su funcionamiento. Por último, que el juez de primera instancia le impuso a EPS SOS SA la sanción de cobrar al FOSYGA solamente el 50% de recobro en los servicios en que se incurra en los procedimientos de atención a la patología de la señora Posada sin el cumplimiento de los requisitos legales (lit. j. art. 14 ley 1122 de 2007). En esta lógica, la ilegalidad se produce porque se condenó a la EPS al pago de prestaciones futuras, presumiendo que no estudiará las solicitudes de servicios de salud, ni tramitará las mismas ante el comité técnico científico, por lo cual la accionante se verá obligada a interponer nuevamente acción de tutela. 5. Por su parte, mediante sentencia del 20 de enero de 2011 el Juzgado 20 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santiago de Cali, confirmó parcialmente lo decido por el a quo, revocando lo ordenado en relación con el suministro de pañales desechables y el servicio de enfermera por 8 horas, ya que estos no han sido prescritos por el médico tratante. Pruebas relevantes que obran en el expediente. 6. Pruebas que allegó la parte demandante: § Copia de la historia clínica de la accionante, expedida por la EPS SOS SA. (Fls. 10-120 Cuaderno 2) § Copia de la cédula de ciudadanía de la señora María Esneda Posada de Vargas y el agente oficioso (Fls. 7-8 Cuaderno 2) 7. La parte accionada no allegó pruebas al proceso. Pruebas solicitadas por la Sala de Revisión. 8. Mediante auto del 9 de mayo de 2011, el Magistrado Sustanciador decretó la práctica de las siguientes pruebas: § “Por Secretaría comuníquese por vía telefónica con el señor Darwin Rafael Vargas Posada, con el objeto de establecer si la señora María Esneda Posada de Vargas requiere de pañales desechables y servicio de enfermería. Asimismo, verifíquese (i) a cuanto ascienden sus ingresos mensuales y de dónde provienen; (ii) qué gastos mensuales tiene; (iii) si vive en arriendo o en casa propia; (iv) cuantas personas tiene a cargo; y (v) cuántos hijos tiene”. En cumplimiento de esta orden, siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) del día diez (10) de mayo de 2011, se procedió a llamar al señor Darwin Rafael Vargas Posada, quien informó “que la señora María Esneda Posada de Vargas falleció el 15 de diciembre del 2010”. II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN. Competencia. 1. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Problemas jurídicos. 2. En el presente asunto corresponde a la Sala establecer si las Entidades Promotoras de Salud accionadas vulneraron los derechos a la vida digna, a la salud y a la integridad personal de los accionantes al negar la autorización, por una parte, del transporte medicalizado de la residencia de los pacientes al lugar de la prestación del servicio de salud[8], por otra el pago de los gastos de traslado (con acompañante[9] o estadía[10]) de los pacientes, desde sus viviendas a las ciudades de Bogotá o Manizales, lugares en los cuales se llevara a cabo la práctica del procedimiento médico. En relación con el expediente T-2994471, le hubiera correspondido a la Corte determinar si la EPS Servicio Occidental de Salud – S.O.S., vulneró el derecho a la vida y la salud de la señora María Esneda Posada de Vargas, al no autorizar el transporte medicalizado entre instituciones del sistema salud y suministrarle pañales desechables y servicio de enfermera por 8 horas, debido a que no habían sido prescritos por el médico tratante. No obstante, dado el fallecimiento de la accionante, el problema jurídico en esta causa versará sobre la configuración de la carencia de objeto en el proceso. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala reiterará y armonizará su jurisprudencia sobre: i) la protección constitucional del derecho fundamental a la salud; ii) el transporte en el sistema de salud y su nexo con el principio de integralidad; iii) carencia de objeto por daño consumado; y iv) los casos en concreto. Dado que el problema jurídico que plantea la presente acción de tutela ya ha sido objeto de otros pronunciamientos por parte de esta Corporación, la Sala de Revisión reiterará lo dis­pues­to por la jurisprudencia sobre la materia. Por tal razón, el presente fallo será motivado brevemente.[11] La protección constitucional del derecho fundamental a la salud. Reiteración Jurisprudencial 3. La jurisprudencia de la Corte ha sido contundente en aseverar que el derecho a la salud, tiene naturaleza de fundamental en forma autónoma[12]. Así, esta garantía ha sido definida como “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser.”[13] Esta concepción vincula el derecho la salud con el principio de dignidad humana, toda vez que “responde a la necesidad de garantizar al individuo una vida en condiciones dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho indispensable para el ejercicio de las demás garantías fundamentales[14]. De ahí que esta salvaguarda no solo protege la mera existencia física de la persona, sino que se extiende a la parte psíquica y afectiva del ser humano[15]. Al mismo tiempo, se encuentran instrumentos internacionales que consideran el derecho a la salud como elemento esencial de la persona e inherente a la misma; a su vez, estas normas forman parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido[16], entre las cuales se enuncian: i) El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que afirma en su párrafo 1º que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”; ii) El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales contiene una de las disposiciones más completas y exhaustivas sobre el derecho a la salud. En su párrafo 1º determina que los Estados partes reconocen: “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental’, mientras que en el párrafo 2 del artículo 12 se indican, a título de ejemplo, diversas ‘medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho”; iii) la Observación No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que “La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos”. (Subrayas fuera de texto) Así, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido la procedencia del amparo por vía de tutela de este derecho cuando se verifica alguno de los siguientes puntos: “(i) falta de reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes obligatorios, siempre que su negativa no se haya fundamentado en un criterio estrictamente médico y, (ii) falta de reconocimiento de prestaciones excluidas de los planes obligatorios, en situaciones en que pese a la necesidad de garantizarlas de manera urgente, las personas no acceden a ellas a causa de la incapacidad económica para asumirlas. En estos eventos, el contenido del derecho a la salud no puede ser identificado con las prestaciones de los planes obligatorios.”[17] Por lo tanto, la materialización del derecho fundamental a la salud exige que todas las entidades que prestan dicho servicio, se obliguen a la óptima prestación del mismo, en la búsqueda del goce efectivo de los derechos de sus afiliados conforme al marco normativo señalado, comoquiera que la salud compromete el ejercicio de distintas garantías, en especial el de la vida y el de la dignidad[18]. Ahora bien, en relación con los servicios de salud incluidos y no incluidos en los planes obligatorios, este Tribunal Constitucional ha establecido un criterio simple, que permite identificar la condición de fundamentabilidad del derecho a la salud; el cual se sintetiza en que las personas tienen derecho a que se les preste de forma integral los servicios que requieran, conforme a la regulación establecida y con indiferencia de la pertenencia de los servicios al POS.[19] El transporte en el sistema de salud y su nexo con el principio de integralidad. 4. Por medio del acuerdo 008 de 2009 la Comisión de Regulación en Salud, dio cumplimiento a lo establecido por esta Corporación en el numeral décimo séptimo de la sentencia T-760 de 2008, que se refería a la actualización integral de los Planes Obligatorios de Salud (POS). En materia de transporte el acuerdo de actualización de los planes obligatorios en salud tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo dispone, que “se incluye el transporte en ambulancia para el traslado entre las instituciones prestadoras del servicio de salud dentro del territorio nacional de los pacientes remitidos”[20], y en un medio diferente a la ambulancia cuando el servicio que requiere el paciente no esté disponible en el municipio de su residencia. Además, el servicio de traslado cubrirá el medio adecuado y disponible en el contorno geográfico en que se encuentre el paciente[21]. Con anterioridad a esta normatividad, la Corte ya se había apoyado en el principio constitucional de solidaridad, consagrado en el numeral 2º del artículo 95 de la Constitución Política, para ordenar la financiación de los gastos de desplazamiento y hospedaje de una persona para facilitarle el acceso a los servicios de salud que requiriera. Este principio impone a toda persona el deber de responder “…con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”[22]. Sobre el tema, esta Corte ha calificado como de carácter necesario el traslado además el alojamiento en el diagnóstico y tratamiento a ciertas enfermedades; puesto que, “si bien el transporte y hospedaje del paciente no son servicios médicos, en ciertos eventos el acceso al servicio de salud depende de que al paciente le sean financiados los gastos de desplazamiento y estadía en el lugar donde se le pueda prestar atención médica. (…) Así pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado”[23]. La jurisprudencia constitucional, ha señalado en varias ocasiones “que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud que requiera, lo cual puede implicar tener derecho a los medios de transporte y gastos de estadía para poder recibir la atención requerida[24]. Bajo el acuerdo 008 de 2009, esta Corporación ha destacado que la obligación de asumir el transporte medicalizado o gastos de traslado para el paciente con un acompañante y estadía de las mismas, corresponde a las entidades promotoras de salud, en otras palabras, “nace para el Estado la obligación de suministrarlos, sea directamente, o a través de la entidad prestadora del servicio de salud (…) Para los efectos de la obligación que se produce en cabeza del Estado, es indiferente que el afectado se encuentre en el régimen contributivo o subsidiado”.[25] En consecuencia, será procedente la acción de amparo para solicitar el traslado en ambulancia o subsidio de transporte, incluido el hospedaje para el paciente cuando se acredite: “(i) que el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona[26]; (ii) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado; y (iii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.”[27] Adicionalmente, ha definido la Corporación que procede la tutela constitucional para garantizar el pago del traslado y estadía del usuario con un acompañante en aquellos casos en los que: “(i) el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado”[28]. Así las cosas, cuando se verifican los requisitos mencionados, el juez constitucional debe ordenar el desplazamiento medicalizado o el pago total del valor de transporte y estadía para acceder a servicios médicos que no revistan el carácter de urgencias médicas[29]. 5. Ahora bien, es evidente para la Sala que el transporte en ciertos casos permite la observancia del principio de integralidad en salud, toda vez que el respeto a esta garantía fundamental no solo incluye el reconocimiento de la prestación del servicio que se requiere (POS y no POS), sino también su acceso oportuno, eficiente y de calidad[30]. De tal manera, que estas características de las prestaciones integrales en salud se ven truncadas cuando los usuarios de las EPS no pueden acceder a las atenciones hospitalarias realizadas en lugar diferente al de su residencia, dado que la carga es desproporcionada respecto de la capacidad económica del paciente y su familia. En efecto, la prestación del servicio en salud es oportuna cuando la persona la recibe en el momento que corresponde para recuperar su salud sin sufrir mayores dolores y deterioros; sobre esta característica se incluye el derecho al diagnostico del paciente, gracias a que la intervención del procedimiento quirúrgico será adecuado cuando se tenga un exacto diagnostico de la enfermedad que padezca el usuario. De forma similar, el servicio en salud es eficiente cuando los trámites administrativos a los que está sujeto son razonables, no demoran excesivamente el acceso y no imponen al interesado una carga que no le corresponde asumir.[31] Así mismo, el servicio público de salud se reputa de calidad cuando los tratamientos, medicamentos, cirugías, procedimientos y demás prestaciones en salud requeridas contribuyen, en la medida de las posibilidades, a mejorar la condición del paciente[32]. Por último, cabe acotar que la integralidad en la prestación del servicio de salud está encaminada a: “(i) garantizar la continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología”[33]. Carencia de objeto por daño consumado. Reiteración de Jurisprudencia. 6. La finalidad de la acción de tutela estriba en garantizar la protección de los derechos fundamentales. En primer lugar, para la Sala cabe acotar que “si bien la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden del juez de tutela, relativa a lo solicitado en la demanda de amparo, no surtiría ningún efecto; esto es, caería en el vacío, este fenómeno puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado”[34]. En esta lógica, cuando acaece la carencia actual de objeto por hecho superado, en el interregno de la presentación de la acción de tutela y la decisión de la misma, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”[35]. Por otra parte, esta Corporación ha sostenido que hay daño consumado en aquellos eventos en los que ha cesado la causa que generó el daño y éste se ha producido o “consumado”. En estos casos, la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo de protección judicial, puesto que cualquier decisión que el juez de tutela pueda adoptar frente al caso concreto carece de fundamento fáctico[36]. En este sentido, la Corte ha entendido que una decisión judicial bajo estas condiciones resulta inocua y contraria al objetivo constitucionalmente previsto para la acción de tutela[37]. Así, frente al fenómeno de la carencia actual de objeto por daño consumado la Corte ha indicado que el mismo “supone que no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela. En estos casos resulta perentorio que el juez de amparo, tanto de instancia como en sede de Revisión, se pronuncie sobre la vulneración de los derechos invocados en la demanda, y sobre el alcance de los mismos. Igualmente, debe informar al demandante o a los familiares de éste, sobre las acciones jurídicas de toda índole, a las que puede acudir para la reparación del daño, así como disponer la orden consistente en compulsar copias del expediente a las autoridades que considere obligadas a investigar la conducta de los demandados cuya acción u omisión causó el mencionado daño. En algunos casos, en los que se ha configurado carencia de objeto por daño consumado, la Corte Constitucional ha dispuesto la imposición de sanciones a los demandados cuya conducta culminó con la vulneración de los derechos fundamentales, de la cual a su vez se derivó el daño”[38]. Los casos en concreto. Expediente T-2.968.756 7. En el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte se discute si la Nueva EPS ha vulnerado los derechos fundamentales de la señora Teodosia Daza de Romero al omitir autorizar el servicio de transporte en ambulancia para que remita a la paciente a un centro hospitalario, con fin de valorar y diagnosticar la enfermedad que padece. La accionante es una persona de 54 años de edad, reside en Barrancabermeja, cuenta con pensión de vejez lo cual la vincula al régimen contributivo de salud. Se desempeñaba como modista hasta que su obesidad y acumulación de grasa en las piernas se lo permitió, es decir, al día de hoy la señora Daza no puede realizar ninguna labor por sí misma que implique levantarse de su cama (Fls. 16 -17 Cuaderno 2). La EPS negó la autorización del transporte medicalizado del lugar de residencia de la accionante a un centro hospitalario de la ciudad de Barrancabermeja en la que pueda ser atendida. El juez de instancia no accedió a la pretensión de la acción de tutela porque no existía la orden del médico tratante. Por consiguiente, en el caso sub judice se debe verificar la posible afectación de un derecho fundamental como lo es la salud. No obstante, el problema jurídico versa sobre el transporte, lo cual conlleva a resaltar como se afirmó en la parte motiva de esta providencia que, este no es un servicio médico, pero si permite el acceso a las atenciones de salud (supr 4.). En consecuencia, son ajustables a la presente causa las subreglas jurisprudenciales sobre la solicitud de servicios médicos de salud contempladas o no en los POS, sino el precedente constitucional relacionado con la prestación del traslado medicalizado; el cual se procederá a aplicar (supra 4). En efecto, la primera de las subreglas establecidas por la jurisprudencia, obedece a que el traslado permite el acceso a un procedimiento o tratamiento indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona. En relación con las circunstancias fácticas planteadas, el transporte medicalizado garantiza no solo el acceso a los servicios de salud, sino al diagnostico, elemento fundamental para determinar que prestaciones hospitalarias requiere la madre de la agente oficiosa, con el fin de lograr la recuperación de su estado de salud. En esta lógica, según lo establecido en el plenario la señora Daza y su familia no saben con exactitud la patología que padece aquella, dado que se han visto privados de su derecho a que se detecte con mayor precisión en qué consiste la enfermedad que la aqueja y cómo se puede tratar su padecimiento, lo que implica vulnerar sus derechos fundamentales a la vida digna y a la integridad física, psíquica y emocional. Es decir, se configura la afectación al derecho al diagnóstico, el cual hace parte del núcleo esencial del derecho a la salud[39]. Como es evidente para la Sala, con la decisión de negar el traslado en ambulancia de la paciente se ha vulnerado el derecho a la salud, pues como se mencionó este no es prestado de forma integral (supra 5), toda vez que no se ha determinado con precisión la patología que sufre la señora Daza y con ello se ha dilatado la oportuna prestación de los servicios de salud que requiere la demandante. Entrando en la segunda subregla jurisprudencial, la cual se refiere a que ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado se tiene que la sentencia T-022 de 2011[40] se reiteró que las reglas probatorias en materia de incapacidad económica son las siguientes: “(i) sin perjuicio de las demás reglas, es aplicable la regla general en materia probatoria, según la cual, incumbe al actor probar el supuesto de hecho que permite obtener la consecuencia jurídica que persigue; (ii) ante la afirmación de ausencia de recursos económicos por parte del actor (negación indefinida), se invierte la carga de la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo contrario; (iii) no existe tarifa legal para demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se puede intentar mediante negaciones indefinidas, certificados de ingresos, formularios de afiliación al sistema, extractos bancarios, declaración de renta, balances contables, testimonios, indicios o cualquier otro medio de prueba; (iv) corresponde al juez de tutela ejercer activamente sus poderes inquisitivos en materia probatoria, con el fin de establecer la verdad real en cada caso, proteger los derechos fundamentales de las personas y garantizar la corrección del manejo de los recursos del sistema de seguridad social en salud, haciendo prevalecer el principio de solidaridad cuando el peticionario cuenta con recursos económicos que le permitan sufragar el costo de las intervenciones, procedimientos o medicamentos; (v) en el caso de la afirmación indefinida del solicitante respecto de la ausencia de recursos económicos, o de afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en los términos del artículo 83 de la Constitución, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la realidad (vi) hay presunción de incapacidad económica frente a los afiliados al SISBEN teniendo en cuenta que hacen parte de los sectores más pobres de la población”. Estas condiciones se encuentran demostradas en el expediente, ya que la paciente devenga una mesada pensional, para la satisfacción de sus necesidades básicas y el tratamiento su enfermedad. Sin embargo, pese a su pensión la tutelante se veía obligada a laborar como modista para satisfacer sus requerimientos elementales. Aplicando la libertad probatoria y el principio de buena fe a las afirmaciones de la agente oficiosa se encuentra la inexistencia de los recursos necesarios para sufragar los gastos de trasporte en ambulancia; resaltando que derivado del estado físico de la señora Daza, esta solo puede trasladada por este medio (Fls. 6-7 Cuaderno 2). Así mismo, al ser la ausencia de recursos una afirmación indefinida la Nueva E.P.S no desvirtuó el elemento de insolvencia económica de la señora Daza y su familia, solo se concentró en afirmar que, en virtud, del principio de solidaridad los obligados a sufragar los gastos del transporte medicalizado son los hijos de la demandante. (Fls 35 – 44 Cuaderno 2). Por último, se evidencia como indicio el hecho que la accionante ha sido atendida hospitalariamente una vez en 6 meses, porque sus hijos cubrieron los gastos de ambulancia (Fls. 16-17 Cuaderno 2). El último requisito establecido por esta Corporación, se traduce en que de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. Salta a la vista, con base en las pruebas aportadas, que al no producirse el traslado se afecta la integridad de la accionante, puesto que no se permite el acceso a los servicios de salud que permitan su diagnóstico, tratamiento y cura de su enfermedad. Adicionalmente, dado el estado físico de la señora Teodosia Daza se perturba su salud mental, comoquiera que su sobrepeso y problema de grasa en las piernas la obliga a permanecer postrada en su cama, además de requerir ayuda en sus labores cotidianas, tal como lo demuestra con las fotos de la accionante y el testimonio de la agente oficiosa recibos por el a-quo (Fls. 6-7; 16-17 Cuaderno 2). Para esta Sala, conforme a lo expresado la decisión del juez de primera instancia se produce en el contexto de una imprecisión al aplicar las reglas jurisprudenciales previstas por la Corte. Así, se observa que se reúnen a cabalidad los requisitos necesarios para concluir que la empresa accionada debe asumir el transporte medicalizado del lugar de la residencia de la demandante al centro hospitalario Por ello, esta Sala revocará la decisión del juez de primera instancia y, en su lugar, ordenará a la EPS accionada autorizar el transporte en ambulancia de la señora Teodosia Daza al lugar de las prestaciones del servicio de salud, en las cuales se incluya la valoración de la demandante y su posterior tratamiento. De tal manera, que la Sala ampara los derechos de la tutelante, con el fin de garantizar su derecho al diagnostico, y con ello la observancia del principio de integralidad de la prestación del servicio de salud. Expediente T-2.979.047 8. En este asunto que ahora se resuelve se discute si Cafesalud ha vulnerado los derechos fundamentales de la señora María del Rosario Reinoso de Bedoya al omitir autorizar sus gastos de traslado y hospedaje del municipio de Aguadas (Caldas) a la ciudad de Manizales, con el fin de tratar la enfermedad de Diabetes Mellitus e hipertensión que padece. La accionante, residente del municipio de Aguadas y a quien se le diagnosticó Diabetes Mellitus e Hipertensión, es una persona de 67 años de edad afiliada al sistema de salud en el régimen subsidiado. La EPS demandada ha establecido a Manizales como el lugar de realización del tratamiento para la señora Reinoso, por lo cual expresó que su conducta ha sido dirigida a cumplir la normatividad vigente. El juez de primera instancia desestimó la solicitud del accionante acogiendo, en su lugar, los argumentos de...