Sentencia T-479 de 2010

T-479-10 Sentencia T-479/10 Sentencia T-479/10 DERECHO DE PETICION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-Para el goce efectivo de éste es necesario tener en cuenta la relación de especial sujeción en que se encuentran las personas privadas de la libertad con el Estado Considera la Sala que no se pueden exigir los mismos requisitos del derecho de petición de una persona que detenta el ejercicio pleno de sus derechos, ya que como se analizaba con anterioridad la persona privada de la libertad se encuentra vinculada con el Estado por una relación de especial sujeción y depende de éste para ejercer plenamente el mencionado derecho. Por tanto, no se puede exigir que la petición llegue a manos de la autoridad competente como un requisito sine qua non para poder tutelar la violación del derecho en el caso de los reclusos. En estos casos el juez de tutela debe verificar si dicho recibo no se cumplió por la inactividad, omisión o negligencia en la entrega por parte de las autoridades o funcionarios estatales. ACCION DE TUTELA CONTRA EL INPEC-Caso en que se vulneró de forma reiterativa el derecho de petición al omitir el trámite de la solicitud interpuesta por el recluso sobre redención de pena ACCION DE TUTELA-Hecho superado al haberse satisfecho la pretensión del actor en el curso del proceso DERECHO DE PETICION DEL INTERNO-Vulneración de otros derechos fundamentales por falta de recibo de éste y falta de notificación de providencias al recluso La Sala subraya que con la vulneración del derecho de petición al tutelante por la omisión en la entrega de su derecho de petición a la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del INPEC de Bellavista se le violó concomitantemente la posibilidad de redimir la pena y así poder obtener el derecho de libertad condicional de manera más expedita. Por otra parte, en la recolección de las pruebas se constató por parte del Magistrado Sustanciador que al tutelante se le estaba violando el derecho fundamental al debido proceso, ya que no se le había notificado del Auto Interlocutorio por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en donde se le informaba de esta providencia, el tiempo que descontaba y la posibilidad de pedir el beneficio de libertad condicional para el día 31 de diciembre de 2010. La notificación al tutelante se dio a raíz de la llamada que se le hizo al INPEC por parte del despacho del Magistrado Sustanciador con miras a pedir pruebas. Dicha notificación se dio el día 12 de mayo de 2010, diez días después de haberse proferido el Auto por parte del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Referencia: expediente T-2538905 Acción de tutela instaurada por Mauricio Álvarez Martínez contra Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”. Magistrado Ponente: Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil diez (2010) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO y JUAN CARLOS HENAO PÉREZ, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA dentro del trámite de revisión del fallo proferido por la Sala Dual Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, el cuatro (4) de diciembre de dos mil nueve (2009), en el asunto de la referencia. I. ANTECEDENTES 1. Hechos El señor Mauricio Álvarez Martínez presentó en nombre propio acción de tutela el 24 de noviembre de 2009, por estimar vulnerado el derecho fundamental de petición, por parte de la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”. Sustenta su solicitud, en los siguientes hechos: 1. El tutelante considera vulnerado su derecho fundamental de petición puesto que la entidad accionada ha omitido dar respuesta a su solicitud entregada el 21 de septiembre de 2009 y al recordatorio de 10 de noviembre de 2009. 2. A su vez expresa el tutelante que en varias oportunidades ha solicitado la posibilidad de que se le permita redimir la pena en rancho o granjas, que da lugar a la rebaja 2 por 1, pero la respuesta de ello era que hasta que no estuviera en mediana seguridad no podía obtener dicho beneficio. 3. El tutelante dice que, “…acudí al señor juez cuarto de penas y medidas de seguridad quien es el encargado de vigilar mi pena el cual ordenó mi cambio de fase a los señores funcionarios de tratamiento y desarrollo quedando en mediana seguridad el 9 de octubre de 2009 estos a su vez solo me pidieron firmar la notificación quedando en espera de la certificación de mi ubicación para redimir pena dos por uno conforme al artículo 79 y 80 de la ley 65 de 1963 [sic][1]…”. 4. Alega el tutelante que otros internos, conforme a los artículos 79 y 89 de la Ley 65 de 1993, cuando pasan de alta a mediana seguridad reciben el beneficio 2 por 1. Cita como ejemplo a su “compañero de causa”, Alexander Cardona Posada, quien empezó a redimir pena 2 por 1 en el área sección expendio el 11 de noviembre de 2009 y en donde se le notificó días antes de su nueva rebaja de penas, lo cual no ha sucedido con el impugnante[2]. 5. El tutelante expresa que teme que por elevar la acción de tutela lo saquen en remisión. Dice que esto “…ya sucedió con dos compañeros de celda, por ecijir [sic] sus servicios administrativos”. 6. El actor anexa como pruebas de su tutela los siguientes documentos: - Fotocopia de derecho de petición de tratamiento y desarrollo con fecha de 21 de septiembre de 2009. Se observa que en este documento se encuentra un sello del Comandante del Patio No 2 del INPEC y una huella (folio 7). - Escrito recordatorio de 10 de noviembre de 2009 dirigido al INPEC de Bellavista sobre el derecho de petición entregado el 21 de septiembre de 2009 con sello del Comandante del Patio No 2 y con una huella. (folio 5 y 6). - Fotocopia de la notificación del Consejo de Evaluación y Tratamiento de 10 de septiembre de 2009 en donde se le informa al actor que de acuerdo a los artículos 144 y 145 de la Ley 65 de 1993 queda en mediana seguridad mediante Acta No 529 de 9 de septiembre de 2009. En dicha notificación se subraya que el interno desarrolle como planes de tratamiento hábitos ocupacionales y académicos básicos para su desempeño en libertad, que continúe en la actividad ocupacional actual y que se siga revisando su desempeño (Folio 8). - Fotocopia de la notificación de 28 de septiembre de 2009 del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en donde se le informa al tutelante el tiempo que lleva recluido y el tiempo de redención de la pena por trabajo y estudio[3]. En dicho escrito se le comunica que de la sanción impuesta por los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado, restan 2090 días de prisión, y que salvo nuevas redenciones, “…cumplirá las tres quintas partes de la pena el 21 de febrero de 2010, requisito que de acuerdo con el artículo 64 del Código Penal, debe cumplir al igual que el presupuesto subjetivo de buena conducta intracarcelaria, para la concesión de la libertad condicional” (Negrilla fuera del texto) (Folio 9). 2. Petición de la tutela El tutelante pide que “se le ordene a los señores funcionarios de tratamiento y desarrollo la respuesta de mi petición y la ubicación de mi rebaja, reitero la cual es dos por uno y se ordene se me apliquen todos los beneficios administrativos que rigen dentro del penal”. 3. Intervención de la parte demandada En respuesta a la tutela instaurada por Mauricio Álvarez Martínez el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- envió un fax el dos de diciembre de 2009. En dicha comunicación se le envía a la Sala Dual del Consejo Seccional de la Judicatura de Medellín los siguientes documentos: - Respuesta de José Naudin Zuleta Quintero, Representante Legal del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Medellín (Folios 35 a 37)[4]. - Respuesta del Teniente Luis Eduardo Herrera Delgado Coordinador Tratamiento y Desarrollo (Folio 38)[5]. - Documentos anexados sobre la rebaja de penas del interno (Folios 39 a 43). 3.1 Respuesta de José Naudin Zuleta Quintero, Representante Legal del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Medellín 3.1.1 José Naudin Zuleta Quintero, Representante Legal del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Medellín, ejerciendo su derecho de defensa y contradicción respondió a la tutela en escrito de 1º de diciembre de 2009. En dicho escrito el funcionario explica que la afirmación del accionante de que en ejercicio de su derecho de petición entregó un escrito pidiendo la redención de pena dos por uno en granjas o rancho el 21 de octubre de 2009 es “parcialmente cierto”, y que la afirmación de que el tutelante llevaba mucho tiempo solicitando a través de peticiones la redención de pena en los programas establecidos en el penal para los citados fines “no es cierta”. 3.1.2 Sobre el primer punto, apunta la entidad demandada que el escrito que anexa el demandante como derecho de petición no tiene el sello de Tratamiento y Desarrollo que confirme haber sido recibido por esa dependencia. Además sostiene que, “para acceder a los programas de redención los internos saben que deben inscribirse ante la Escuela de Formación Ambiental (EFA) para que promueva los programas ambientales dentro del centro penitenciario, hecho que le fue notificado al interno mediante acta Nro. 12 del 6 de Noviembre de 2008 donde le aprueba la junta de trabajo, estudio y enseñanza para que iniciara su preparación en la mencionada escuela dentro del penal…”[6]. 3.1.3 Señala el funcionario que el tutelante fue retirado de la EFA por inasistencia a la formación del programa mediante Acta No 24 del 15 de octubre del 2009 y que es, “Bien sabido por los internos del centro penitenciario que las faltas reiteradas a los programas son tomadas como negativa en las diferentes instancias dentro del establecimiento carcelario”[7]. Dice además el funcionario que, “…no es cierto que el coordinador de tratamiento y desarrollo se niegue a las peticiones de los internos para la redención de penas, solo que estos saben de antemano que se debe cumplir unos requisitos para acceder a estos pedidos”[8]. 3.1.4 Explica que de acuerdo a la información del coordinador de Tratamiento y Desarrollo Teniente Luis Eduardo Herrera Delgado, y la señora Ángela Restrepo, responsable de la escuela, el señor Álvarez Martínez fue retirado por inasistencia. Sin embargo, subraya que a raíz de la denuncia del actor de omisión y negación sin fundamento de los beneficios mencionados se remitirá copia a la entidad competente para que investigue y así mismo se entregará copia al Teniente Herrera Delgado para que responda la acusación. 3.1.5 De otra parte, el funcionario contradice lo expresado por el actor en el sentido de que en el penal se den sanciones, castigos o retaliaciones por el hecho de interponer peticiones o por ejercer la acción de tutela. En este sentido dice el funcionario demandado que, “…mucho menos es cierto que el interno que interponga un derecho de petición o una tutela por derechos vulnerados, se le impongan prebendas o se traslade a otro centro carcelario por retaliaciones pues los traslados son potestativos del INPEC, contrario censu [sic] el Juez puede en la misma tutela ordenar el traslado porque hay imposibilidad de tenerlo en celda dentro del establecimiento carcelario, nunca por castigo a sus pedimentos o exigencias a las que tiene derecho como persona protegida por la constitución y la ley.”.[9] 3.1.6 Por último, el funcionario, “solicita respetuosamente se declare improcedente la presente acción de tutela y se ordene el archivo definitivo de las diligencias”[10], pues considera que los hechos y las pruebas aportadas, “evidencian que no se ha configurado violación alguna a derechos fundamentales, toda vez que desde el ingreso al establecimiento se le ha brindado un trato acorde con los Principios y Derechos Fundamentales consignados en la Constitución Política y los Tratados internacionales ratificados por Colombia, no existiendo omisión o negligencia de nuestra parte”[11]. 3.2. Respuesta del Teniente Luis Eduardo Herrera Delgado, Coordinador de Tratamiento y Desarrollo 3.2.1 En respuesta al memorando enviado por el Dragoneante Luis Lopera Gómez (Asesor Jurídico EPMSCM), el Teniente Luis Eduardo Herrera Delgado, Coordinador Tratamiento y Desarrollo de la Cárcel de Bellavista expresa que, “El accionante en ningún momento ha presentado derecho de petición solicitando ser incluido en un programa de redención de pena, pues dicho anexo en la presente acción de tutela no tiene el sello del recibido del Área de Tratamiento y Desarrollo” (negrilla fuera del texto). 3.2.2 Que mediante Acta No 12 del 6 de noviembre de 2008, se aprobó por la Junta de Trabajo Estudio y Enseñanza que el tutelante iniciará la preparación en la Escuela de Formación Ambiental (EFA) del Establecimiento, para ser promovido posteriormente a laborar en el Plan Ambiental, donde la redención es dos por uno. Sin embargo, subraya el Teniente que necesariamente para poder laboral en el Plan Ambiental el interno debe ser formado previamente en la EFA. 3.2.3 Explica el funcionario que mediante Acta No 024 de 15 de octubre de 2009, el tutelante fue retirado de la EFA, previo informe suscrito por el responsable de dicha escuela, “pues la inasistencia a la formación del señor Álvarez fue causal suficiente para que la Junta de Trabajo Estudio y Enseñanza, tomara la decisión de retirarlo del programa de formación”[12]. 3.3 Documentos anexados por la parte demandada La parte demandada anexó los siguientes documentos: - Un escrito en donde se establece que el tutelante se retiró de un curso con la firma del Dragoneante Guevara Ladino José, sin fecha (Folio 39). - Un documento titulado “Histórico de la actividad del interno” en donde se expresa que el tutelante inicio el curso de artes y oficios de educación informal, el 24 de agosto de 2008 y que lo terminó el 15 de octubre de 2009. En dicho documento se destaca que el interno fue calificado como sobresaliente (Folio 40). - Acta de terminación de Trabajo, Estudio y Enseñanza de 15 de octubre de 2009, en donde en el curso de artes y oficios realizado por el actor del 24 de agosto de 2008 al 15 de octubre de 2010, “se retira a solicitud del Dragoneante José Guevara Ladino coordinador de la actividad de Trabajo y desarrollo” (Folio 41). 4. Intervenciones de terceros interesado en el Proceso En auto de 24 de noviembre de 2009, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, decide vincular al proceso como terceros interesados al Director del Centro Penitenciario de “Bellavista”, al Juez Cuarto (4º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Medellín y al Juez Cuarto (4) Penal del Circuito Especializado de Medellín. Posteriormente en Auto de 3 de diciembre de 2009, la Sala jurisdiccional disciplinaria decidió vincular como tercero interesado al Comandante del Patio Segundo (2º) de la Penitenciaria de Bellavista[13] como tercero interesado dentro de la acción de tutela, pero en el expediente no consta la respuesta de este funcionario. 4.1. Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. 4.1 El juez Jorge Eliécer Olano, del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad intervino el 25 de noviembre de 2009 como tercero interesado en el proceso, mediante Oficio No 2670 (Folio 20). 4.2 En dicho Oficio dice que el tutelante, que fue capturado el 23 de mayo de 2003, está pagando pena de prisión de 13 años y 6 meses, impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, por el delito de secuestro simple y hurto. 4.3 Explica que la última redención que se le dio al tutelante ocurrió el 28 de septiembre de 2009, y que a la fecha se le han reconocido un total de 449 días de prisión como redención de su condena. 4.4 Explica que el Juzgado no tiene competencia para disponer de redención o la incorporación de los internos en labores de estudio, trabajo o enseñanza, para adquirir beneficios de redención “…puesto que si bien es cierto que dentro de nuestras funciones se encuentra precisamente la de efectuar redenciones de penas, por trabajo, estudio o enseñanza, la regulación de estas actividades se encuentra taxativamente consagrada en el Código Penitenciario, ley 65 de 1993 y corresponde a las autoridades de aquél orden regular lo concerniente a las diferentes modalidades de redención de pena.”[14] 4.5 Dice que en múltiples oportunidades las directivas de los centros carcelarios responden a las inquietudes de los jueces de ejecución, y que la redención en los centros carcelarios dependen de un listado de aspirantes y se asignan de acuerdo, no solo a ese orden, “sino también al perfil que se requiere para las mismas…”[15]. Señala que en el tema de la redención de penas de carácter intracarcelario siempre se han denunciado casos de corrupción. 4.6 Con relación al caso del señor Álvarez Martínez dice que, “según un estudio detallado de la cartilla se observa que este despacho en varias oportunidades a [sic] requerido a las autoridades penitenciarias con el fin de que remitan los certificados de labores de este ciudadano o que nos informen qué actividad se encuentran desplegando”[16]. Explica que el 16 de mayo de 2007 se solicitaron los cómputos de la pena del actor y que el 31 de octubre de 2008 “…se puso en conocimiento denuncia o queja del señor Álvarez en torno al cobro de sumas de dinero por redenciones, el 12 de agosto de 2009 se efectuó otro requerimiento sobre el mismo tema”[17]. 4.7 Finaliza el Oficio diciendo que como se ve, “…la actuación del despacho no ha sido pasiva frente a las inquietudes del señor Mauricio Álvarez en torno al tema de la redención de pena por actividades intracarcelarias y a su incorporación a las mismas”[18], que a pesar de que el juez de ejecución de penas no tiene injerencia directa sobre las mismas, “si hemos prestado buenos oficios para que las inquietudes del interno se tengan en cuenta, al extremo de que, como se observa en la copia del historial anexa, a la fecha se ha redimido cerca de año y medio de su pena”[19]. 4.8 El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas anexó los siguientes documentos a su respuesta: - Solicitud del tutelante de 29 de octubre de 2008 en donde se pide que se verifiquen las condiciones del establecimiento de reclusión, que se haga seguimiento de las actividades dirigidas a la integración del interno y que se haga la rebaja 2 por 1 que se encuentra prevista en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993, ya que cumplió cinco (5) años y seis (6) meses de prisión física. Denuncia el tutelante en el escrito que en el centro carcelario en donde se encuentra interno para poder obtener el beneficio 2 por 1 se presentan hechos de corrupción para poder obtener las rebajas[20]. - Oficio 919 de mayo 16 de 2007 en donde se pide al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Bellavista certificado sobre las labores realizadas por Mauricio Álvarez Martínez[21]. - Oficio No 2200 de 31 de octubre de 2008 en donde se le envía copia al Director Regional del INPEC del escrito signado por el interno Mauricio Álvarez Martínez, con el fin de que el interno ingrese a los programas que se llevan en Bellavista y así poder redimir pena[22]. - Oficio No 2198 de 31 de octubre de 2008 en el que se le envía copia a los Señores de la Cárcel Distrital de Bellavista “con el fin de que se digne adoptar las medidas que sean del caso en orden a que dicho señor sea ingresado a los programas que se llevan en ese centro para obtener redención de pena”[23]. - Oficio 2199 de 31 de octubre de 2008 dirigido a la Procuraduría Provincial en donde le pide que “se dignen adoptar las medidas que sean del caso –de orden disciplinario-…” (Folio 31), atendiendo a los hechos de corrupción denuncia el tutelante, además que “en caso de establecerse la ejecución de conductas al margen de la ley, se adelanten las indagaciones respectivas y se promuevan la acciones penales pertinentes”[24]. - Comunicación del 31 de octubre de 2008 en donde se dice que teniendo en cuenta las denuncias del actor de que para poder ingresar a labores programadas en el penal y obtener rebajas “hay que pagar” y de que se le de oportunidad “de redimir pena progresivamente”, se ordena remitir copia del escrito a las mismas “advirtiéndoles que deben adoptar todas las medidas que sean del caso, en aras de que el señor Álvarez Martínez pueda acceder a los programas ejecutados”[25]. También se dice en el escrito que se enviará copia a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo e INPEC para lo de su competencia. - Oficio No 1852 de 12 de agosto de 2009 en donde se le dice al Director de la Cárcel de Bellavista que informe los períodos recientes en que el actor ha ejecutado labores intracarcelarias, cuáles desempeña actualmente y qué programas de redención está incluido y de no ser así el por qué de los motivos[26]. - Comunicación de 12 de agosto de 2009 en donde se dice que el actor ha tratado de que se le ubique en uno de los programas del centro carcelario con el fin de adelantar actividades productivas durante su estancia en el penal y de esta manera acumular tiempo para redimir la pena, “sin embargo, dice sus esfuerzos ha sido infructuosos pues su solicitud no ha sido atendida y tampoco se le ha hecho el cambio de fase”. En dicha comunicación se dice que el trabajo carcelario regulado en los artículos 79 y siguientes de la Ley 65 de 1993 se tiene como actividad terapéutica obligatoria para los condenados, pero que su planeación y organización compete al INPEC y no a los despachos de ejecución de penas[27]. II. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN 1.1 La Sala Dual Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, admitió la demanda de tutela mediante Auto de 24 de noviembre de 2009, ordenando vincular como terceros interesados al Director del Centro Penitenciario de la Cárcel de Bellavista, al Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y al Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado ambos de la ciudad de Medellín. El 4 de diciembre de 2009, la Sala Dual Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia tomó la decisión de instancia negando el amparo del tutelante por vulneración del derecho de petición. En los siguientes apartados la Sala resumirá la parte motiva y resolutiva de dicha decisión. 1.2 El juez de instancia después de hacer un resumen de los hechos, de las pruebas presentadas por la parte accionante, de la respuesta de la entidad demandada - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”-, y del Juzgado Cuarto Penal del Circuito especializado de Medellín, entra a la parte motiva de la sentencia, en donde considera que el problema jurídico a resolver es si el derecho fundamental de petición del ciudadano Mauricio Álvarez Martínez se vulnera “… con la no respuesta real, concreta y efectiva del derecho de petición elevado el Veintiuno (21) de Septiembre de la presente anualidad…”[28] por parte de la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del INPEC. 1.3 La Sala encuentra que el derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la C.P. en donde se faculta a los particulares a elevar solicitudes respetuosas a las autoridades públicas. Cita la Sala la Sentencia T-377 de 2000[29], en donde se establece que “el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”[30]. 1.4 La Sala, citando el precedente de la Sentencia en comento, dice que la respuesta del derecho de petición debe cumplir con los requisitos de oportunidad, que la respuesta debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con la solicitud y ser puesta en conocimiento del peticionario. “Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional de petición”[31]. 1.5 En la resolución del caso en concreto, dice la Sala que “… a pesar de que en efecto el señor Álvarez Martínez presentó ante el Comandante del Patio Nro. 2 del Instituto Penitenciario de Bellavista el escrito que reposa a folio 7, no menos cierto resulta que en las presentes diligencias no existe prueba alguna que indique de manera inequívoca que la entidad accionada, esto es la subdirección de tratamiento y desarrollo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC” recibió el derecho de petición y en consideración a ello es que no se puede acceder a las pretensiones del actor en la presente acción constitucional” (Negrilla fuera del texto)[32]. 1.6 Considera que esta decisión se motiva en que en el folio 7 se constata que el tutelante elevó el 21 de septiembre de 2009, derecho de petición a efectos de ser trasladado para rancho o granja a fin de cumplir con la redención de la pena dos por uno. También indica la Sala que a folios 5 y 6 se encuentra el escrito recordatorio presentado por el tutelante el 10 de noviembre de 2009, en el cual se ratifica el contenido del documento antes reseñado[33]. En ambas peticiones comprueba la Sala que se encuentra el sello de recepción que de manera textual dice “Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, patio Nro. 2 Comandante INPEC”. 1.7 Sin embargo, encuentra la Sala que si bien es cierto el sello constituye prueba fehaciente de la entrega del documento al comandante de turno “…ello no quiere significar que el mismo hubiera sido remitido por este a su destinatario final” (Negrillas fuera del texto). Dice la Sala que al parecer el derecho de petición no fue remitido a tiempo a la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo, ya que el Teniente encargado de esta entidad en el memorando 502 EPMSCMED-ATYD del primero de diciembre del 2009 indica que, “El accionante en ningún momento ha presentado derecho de petición solicitando ser incluido en un programa redención de pena, pues dicho anexo en la presente acción de tutela no tiene el sello de recibido del Área de tratamiento y desarrollo”[34]. 1.8 Por esta razón considera la Sala, que no existe prueba alguna que soporte el hecho de que en efecto la entidad accionada tuvo conocimiento alguno del derecho de petición presentado por el actor. En este sentido dice la Sala que, “Conforme el recuento antes expuesto se enfatiza en el hecho de que el Comandante del Patio 2 de la Penitenciaria Bellavista recibió, ello no precisamente significa que la unidad de tratamiento y Desarrollo hubiera conocido el derecho de petición y en ese orden de ideas no se puede predicar que existiera un deber de la parte accionada de dar respuesta a un escrito que nunca les fue puesto en conocimiento, siendo evidente que no existe prueba alguna que permita inferir que en efecto la entidad accionada conoció de la petición elevada por el actor, máxime cuando la guía que allega el propio actor, tiene la anotación de que presuntamente se negaron a recibir la misma, lo que conlleva a colegir que la calidad en contra de la cual se presentó la acción constitucional, nunca conoció el derecho de petición…”[35] 1.9 Teniendo en cuenta este hecho la Sala cita la Sentencia T-010 de 1998 en donde se dice que “los extremos fácticos en los cuales se funda la tutela del derecho de petición –que deben estar claramente demostrados son, de una parte la solicitud, con la fecha cierta de la presentación ante la autoridad a la cual se dirige, y de otra, el transcurso del tiempo señalado en la ley sin que la respuesta se haya comunicado al solicitante”[36]. Citando la misma Sentencia, la Sala indica que, “La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte debe probar que respondió oportunamente”[37]. 1.10 La Sala estima que en el caso concreto no se puede probar que se hizo la solicitud en una fecha cierta ante la autoridad competente del requerimiento o la petición y considera que la prueba del no recibo por parte de la entidad se puede inferir por el sello que consta en los documentos de los folios 5, 6 y 7 del expediente. Con dicho sello lo que se infiere es que el Comandante del patio No 2 recibió la solicitud del tutelante pero no la envió a su destinatario final, es decir a la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del INPEC. Por esta razón la Sala compulsa copias con destino a la Oficina de Control Interno y Disciplinario del INPEC y a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburra, “con la finalidad de que se investigue la posible omisión del deber legal en que incurrió el citado servidor, ya que según la prueba allegada se puede inferir que este no efectúo [sic] la remisión como era su deber del derecho de petición signado”[38]. 1.11 En razón de lo expuesto la Sala Dual Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia decidió negar el amparo invocado por el señor Mauricio Álvarez Martínez en contra de la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del INPEC, respecto del derecho fundamental de petición, “por cuanto no ha quedado probado que la entidad accionada o el tercero vinculado hayan vulnerado derecho fundamental alguno al tutelante”. 1.12 Empero, la Sala decide en el numeral segundo de la decisión requerir a la Subdirección de Tratamiento y desarrollo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”, en cabeza del teniente Luis Eduardo Herrera Delgado, a efectos de que le dé el trámite legal correspondiente a la solicitud elevada por el quejoso que reposa a folios 5 a 7. Por último, en el numeral tercero de la decisión, la Sala decide, como ya se había dicho, compulsar copias de la decisión a la Oficina de Control Interno Disciplinario del INPEC y a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, para que sea investigado el accionar del Comandante del Patio No 2 de la Penitenciaria Nacional de Bellavista, relacionado con el hecho de la no entrega de la petición del actor a la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del INPEC para obtener los beneficios de la redención de pena que se consagra en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993. III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala de Selección Número Dos, mediante Auto del diecinueve (19) de febrero de dos mil diez (2010), dispuso su revisión por la Corte Constitucional. 1. Competencia Esta Corte es competente para conocer de los fallos materia de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del caso por la Sala de Selección. 2. Actuaciones adelantadas por la Sala de Revisión y pruebas recolectadas en el proceso 2.1 En comunicación telefónica del 11 de mayo de 2010 el despacho del Magistrado Sustanciador le preguntó al director jurídico del INPEC de Bellavista – Bello, Antioquia -, José Naudil Zuleta Quintero, la situación jurídica del tutelante Mauricio Álvarez Martínez. El funcionario envió vía fax el Auto Interlocutorio No 424[39], proferido el 3 de marzo de 2010 por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en donde se especifican los días de redención de pena del tutelante y en donde se le niega el beneficio de libertad condicional. La comunicación remitida establece lo siguiente: - Mauricio Álvarez Martínez, quien descuenta pena de 4860 días de prisión como autor penalmente responsable de Secuestro Simple y Hurto calificado y agravado, solicita al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que teniendo en cuenta los días en que se ha dado la redención de la pena se le otorgue el beneficio de libertad condicional. - El Juzgado señala que en cuanto a la redención de pena fue allegada por el tutelante la documentación legalmente exigida[40], y expresa que teniendo en cuenta el artículo 82 de la Ley 65 de 1993 el tutelante lleva 2472 días de detención física y 460 días de redención, por ende le faltan todavía 1928 días de pena por cumplir[41]. - Por ende, estima el juzgado con relación a la petición de la libertad condicional[42] que ésta se encuentra regulada actualmente por el artículo 5º de la Ley 890 de 2004 y no por el artículo 64 de la Ley 599 de 2000[43]. En dicha legislación se indica que se debe tener en cuenta para otorgar el beneficio de la libertad condicional, en primer lugar, la gravedad de la conducta punible; en segundo término, que el sentenciado haya cumplido con las dos terceras partes de la pena; en tercer lugar, que durante la reclusión el detenido haya observado buena conducta; en cuarto término, que el detenido haya pagado la multa, y por último que éste haya cancelado el monto de los perjuicios. - Con base en esta legislación el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, considera que el tutelante no tiene derecho todavía al beneficio de libertad condicional, ya que teniendo en cuenta la Ley 890 de 2004, se le otorga el beneficio cuando haya cumplido las dos terceras partes de la pena y no cuando haya cumplido los tres quintos. Dice el Juzgado que en el caso del señor Álvarez Martínez “… para acceder al beneficio de la libertad condicional, debe cumplir todos y cada uno de los presupuestos exigidos en el artículo 5 de la ley 890 de 2004, entre ellos, el de carácter objetivo, que en este evento solo viene a cumplirse el día 31 de diciembre de 2010, salvo a nuevas redenciones”.[44] - Teniendo en cuenta esta comunicación el Juzgado Resuelve, en primer lugar, redimir 11 días a la pena de 4860 días impuesta al tutelante por haber estudiado 132 horas. En segundo término el Juzgado decide, “no otorgar a Mauricio Álvarez Martínez la libertad condicional por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”. El auto es firmado por el juez Jorge Eliécer Olano Asuad del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. 2.2 En una segunda llamada al director jurídico del INPEC de la Cárcel de Bellavista, realizada por este despacho el día 12 de mayo de 2010, se le preguntó si al tutelante se le había notificado la decisión del Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad respecto a la petición del tutelante. El Asesor Jurídico del INPEC, José Naudil Zuleta Quintero, dijo que no se le había notificado de la decisión del Juzgado de Ejecución de Penas y procedió a hacerlo. La notificación del Auto Interlocutorio proferido por el Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se dio el 12 de mayo de 2010 en donde se dice lo siguiente: “Me permito notificar al interno Álvarez Martínez el Oficio No 9793 donde le comunican la sentencia emitida por el Honorable Magistrado Dr. Gustavo Adolfo Hernández Quiñones fechada el 4 de diciembre de 2009 dentro de la Acción de tutela citada en el Asunto y el Auto interlocutorio No 424 Rad. 2006-3587 emanado del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín fechado 3 de Marzo de 2010 donde Resuelve: Redimir 11 días a la pena de 4860 días impuesta, Segundo: No otorgar la libertad Condicional. Entrego copia del oficio No 9.793 del 4 de diciembre de 2009 e Interlocutorio No 424 del 3 de marzo de 2010”. En la notificación se encuentra la firma del tutelante y su huella. Como responsable de la notificación figura el Dragoneante Jhon Jairo Restrepo. 2.3 Mediante Auto proferido el veinte (20) de mayo de dos mil diez (2010), el Magistrado Ponente ordenó requerir a la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) de Bellavista, para que informará lo siguiente: 1. Primero. Si efectivamente respondió el derecho de petición interpuesto por el señor MAURICIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ el 21 de septiembre de 2009, conforme al fallo de la Sala Dual Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, en el que se ordena “que le de el trámite legal correspondiente a la solicitud elevada por el quejoso”. 2. Segundo. Que en caso de haber respondido el derecho de petición del tutelante, envíe la respuesta del derecho de petición y la notificación que se le hizo al señor MAURICIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ 3. Tercero Que informe a la Corte Constitucional si el tutelante MAURICIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ se encuentra detenido en un patio de alta seguridad o si fue trasladado a un patio de mediana seguridad a partir de la comunicación de 9 de septiembre de 2009 de la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo. 4. Cuarto. Que informe a la Corte Constitucional si el interno MAURICIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ ha recibido el beneficio de redención de pena por trabajo, de acuerdo al artículo 82 de la Ley 65 de 1993. 5. Quinto. Que en caso de que el interno MAURICIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ no se encuentre dentro del beneficio de redención de pena por trabajo, informe a la Corte Constitucional si en éste momento el tutelante hace parte de algún programa de redención de pena ofrecido por el “INPEC” de Bellavista. Si no es así que explique cuáles son las razones para que el interno no reciba dichos beneficios. 6. Sexto. Que explique las razones de porqué al interno Alexander Cardona Posada se le dio el beneficio de Redención de la Pena por Trabajo. 2.3.1 La Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) de Bellavista envió respuesta al cuestionario anteriormente trascrito mediante escrito de 25 de mayo de 2010[45], en donde se estableció lo siguiente: 2.3.2 Que según el Memorando No 0007785 suscrito por el Teniente Luis Eduardo Herrera Delgado, Coordinador del Área de Reinserción Social, antiguamente Tratamiento y Desarrollo, se dio cumplimiento al derecho de petición interpuesto por el señor Mauricio Álvarez Martínez, conforme al fallo de la Sala Dual Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, y en el Acta No 034 del 11 de febrero de 2010 se ubicó al tutelante en actividad ocupacional como anunciador en el patio segundo[46]. 2.3.3 Que no se accedió a la petición del tutelante de laborar en “Granjas o Rancho”, toda vez que es función exclusiva del Cuerpo Colegiado de la Junta de Evaluación de Trabajo Estudio y Enseñanza (JETEE), determinar la actividad ocupacional a la que debe vincularse, puesto que la ubicación del interno depende de un perfil objetivo y subjetivo, es decir que los criterios de caracterización de cada actividad en concreto se debe adecuar a los rasgos de personalidad del interno que recibe la redención. 2.3.4 Que la decisión de no ubicar al tutelante en “Granjas o Rancho” se debe a que éste presenta falencias en el desempeño ocupacional en la Escuela de Formación Ambiental (EFA) por su inasistencia y porque la Resolución 2392 de 2006 establece que los internos se ubican ocupacionalmente por la JETEE, de acuerdo al Plan de Acción y Sistema de Oportunidades (PASO), el cual está conformado por actividades educativas y laborales. Se dice que en el caso del tutelante no se cumplió a cabalidad con las normas establecidas por el INPEC sobre asistencia y por ende no se dio respuesta a la solicitud de ubicarlo donde éste deseaba. 2.3.5 Que el sistema PASO es progresivo, y por tanto, se inicia en actividad educativa y posteriormente laboral, y no se puede pasar directamente de paso inicial (Fase de Alta Seguridad) a paso final (Fase de Mínima Seguridad), tal como lo pretende el accionante. 2.3.6 Que desde el punto de vista subjetivo se observa que el recluso según “Certificados de Evaluación y Ubicación en fase No 522825 y 524817”, “manifiesta características de depresión que afecta la estabilidad emocional, además es descrito como una persona compulsiva, agresiva e intolerante, consumidor de sustancias psicoactivas desde la edad de los 13 años y comportamiento disocial en la infancia, que lo llevaban durante su edad adulta a asumir conductas de carácter antisocial por lo que generalmente viola y desprecia los derechos de los otros. Presenta dificultad para adaptarse a la norma social, es deshonesto, refiere dificultad para planear el futuro; adicionalmente es introvertido, tiene bajos procesos reflexivos y de autocrítica y su estilo de pensamiento es concreto”. 2.3.7 Que basado en el Área de reinserción social y basado en las anteriores evaluaciones y en el proceso ocupacional al interior del Establecimiento, la JETEE, determinó la ubicación laboral del interno Mauricio Álvarez Martínez. Esta entidad dispuso que el tutelante no puede ser promovido a rancho o granjas “porque no es disciplinado lo que ha conllevado a no tener un proceso ocupacional progresista”. 2.3.8 Que se envió copia del Acta No 034 del 11 de febrero de 2010, mediante la cual se asignó la actividad válida para redención de pena y Orden de trabajo No 171854[47]. 2.3.9 Ante la pregunta de la Sala de si el tutelante se encuentra detenido en un patio de alta seguridad o si fue trasladado a un patio de mediana seguridad a partir de la comunicación del 9 de septiembre de 2009 de la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo, la entidad demandada indica que: “En este Establecimiento no existen patios de Alta Seguridad, todos son de Mediana y Mínima Seguridad, continua en el mismo patio, pues corresponde única y exclusivamente a la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza (JETEE) según el artículo 80 del Acuerdo 0011 de 1995[48] valorar en que [sic] programa se puede adoptar mejor el interno, respondiendo a su perfil ocupacional, a los requerimientos del puesto de trabajo, estudio o enseñanza, a los beneficios de redención de la pena y al desarrollo ocupacional del establecimiento de reclusión”. 2.3.10 Ante la pregunta de si en la actualidad el interno Mauricio Álvarez Martínez ha recibido el beneficio de la redención de penas por trabajo dos por uno, de acuerdo al artículo 82 de la Ley 65 de 1993, la institución demandada respondió que la actividad de anunciador en el patio segundo da lugar a la redención de dos por uno, tal como consta en la Orden de Trabajo No 171854 y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 4º de la Resolución 2392 de 2006. 2.3.11 Respecto al interrogante de que en qué condiciones carcelarias se encuentra el “compañero de causa” del tutelante Alexander Cardona Posada, la respuesta de la entidad demandada fue que a dicho interno “no le ha sido asignada actividad ocupacional válida para redención de pena, pues aún se encuentra en lista de espera para iniciar el proceso de Evaluación y posterior ubicación en fase de seguridad por parte del Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET), una vez terminado este proceso, será presentado ante la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza (JETTE), para que le asigne una actividad válida para redención de pena”. 3. Problema jurídico y esquema de resolución De los hechos narrados y probados en el proceso, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el derecho de petición de Mauricio Álvarez Martínez dirigido a la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”, para que se le otorgue la posibilidad de redención de pena por trabajo dos por uno, que se encuentra previsto en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993[49], Código Penitenciario y Carcelario, se encuentra vulnerado. Para resolver el caso en concreto la Sala tratará los siguientes puntos: en primer lugar (3.1), lo referente al derecho de petición de las personas privadas de la libertad y la violación del derecho de petición en el caso concreto, en segundo término (3.2), analizará la improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto por hecho superado y carencia actual de objeto; por último (3.3), estudiará la violación de otros derechos fundamentales del tutelante por la falta de recibo del derecho de petición y la falta de notificación y se harán unas órdenes puntuales teniendo en cuenta este último punto. 3.1 Derecho de petición de las personas privadas de la libertad y violación del derecho de petición en el caso concreto. Reiteración de jurisprudencia. 3.1.1 Como ha dicho en varias oportunidades la Corte Constitucional, las personas privadas de la libertad son sujetos de especial vulnerabilidad por la especial relación de sujeción entre el recluso y el Estado[50]. En la sentencia T-153 de 1998, se explicó que “los reclusos se encuentran vinculados con el Estado por una especial relación de sujeción. Ello significa que este último puede exigirle a los internos el sometimiento a un conjunto de condiciones que comportan precisamente la suspensión y restricción de distintos derechos fundamentales, condiciones sobre las cuales deben añadirse que deben ajustarse al las prescripciones del examen de proporcionalidad”[51]. 3.1.2 También se ha dicho por parte de la Corte que la privación de la libertad implica la suspensión absoluta de algunos derechos como la libertad personal o la libre locomoción, que se encuentran limitados a partir de la captura. Sin embargo, otro grupo de derechos, como el derecho a la intimidad personal y familiar y los de reunión y asociación, pese a que pueden llegar a ser fuertemente limitados, nunca podrán ser completamente suspendidos. En tercer término, estima la Corte, que la persona privada de su libertad, sin importar su condición o circunstancia, está protegida por un catálogo de derechos que no pueden ser objeto de restricción jurídica durante la reclusión[52]. Esta línea jurisprudencial fue precisada con detalle en la Sentencia T-153 de 1998, en donde se dice que un grupo de derechos como “…la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud y al debido proceso, y el derecho de petición[53], mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que está sometido su titular”[54]. Por último, la Corte ha establecido el deber positivo[55] en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias[56] que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización[57] de los reclusos[58]. 3.1.3 En este orden de ideas la Corte ha reiterado en su jurisprudencia que el derecho de petición de los reclusos es uno de aquellos que no sufren ningún tipo de limitación por la privación de la libertad[59]. En la Sentencia T- 705 de 1996 dijo la Corte que: “El derecho de petición es uno de aquellos derechos fundamentales que los reclusos ostentan en forma plena, vale decir, que no está sometido a ningún tipo de limitación o restricción en razón de la situación de privación de la libertad a que se encuentran sometidas estas personas. Lo anterior se deriva de la naturaleza misma de la relación de especial sujeción que vincula al interno a la administración carcelaria. La única razón que justificaría una eventual limitación del derecho fundamental de petición de un recluso consistiría en que el titular del mencionado derecho abusara de éste en detrimento de los derechos fundamentales de otras personas. El derecho de petición de los reclusos no comporta la obligación de las autoridades carcelarias de dar respuesta positiva a las solicitudes que aquellos eleven, ni de realizar las gestiones que se les soliciten. Los deberes de estas autoridades, en punto al derecho fundamental de petición, consisten en adoptar todas aquellas medidas necesarias para que los internos reciban una respuesta completa y oportuna a sus peticiones. Las autoridades penitenciarias están en la obligación de motivar, en forma razonable, las decisiones que adoptan frente a las peticiones que un recluso ha elevado. No basta con que se ofrezca una respuesta a la petición del interno sino que, además, es necesario que se expongan las razones que la autoridad contempló para decidir en el sentido que efectivamente lo hizo, de manera que el recluso pueda conocerlas y, eventualmente, controvertirlas”[60]. 3.1.4 Del mismo modo, en la Sentencia T- 439 de 2006, estableció la Corte que la administración penitenciaria, así como la administración de justicia, deben garantizar el derecho de petición de manera plena “… (i) suministrando respuestas oportunas y evitando todo tipo de dilación injustificada, (ii) motivando de manera razonable sus decisiones, (iii) garantizando que las solicitudes que los internos formulen contra otras autoridades sean recibidas por éstas oportunamente”[61]. 3.1.5 Así mismo en la Sentencia T-1074 de 2004[62], dijo la Corte con relación al derecho de petición de los reclusos que: “Debe observarse que el derecho del recluso a obtener una respuesta de fondo, clara y oportuna, no puede verse afectado por trámites administrativos internos del establecimiento penitenciario y carcelario en el cual se encuentra recluido el interno, pues podría tornarse nugatorio su derecho fundamental de petición. Así mismo, es claro que en los eventos en que el recluso formule un derecho de petición dirigido a otro funcionario o entidad del sistema penitenciario o en general ante otra autoridad del aparato estatal, el Estado, a través de las autoridades carcelarias del INPEC, -quienes actúan como tutores del interno mientras permanece privado de la libertad-, se encuentran en la obligación legal de remitirlo efectiva y oportunamente a la autoridad destinataria de la solicitud y comprobar que la misma positivamente ha llegado a su destino, a fin de que esta última pueda tener acceso al contenido de la misma y obtenga la oportunidad de darle el correspondiente trámite y respuesta”. 3.1.6 Teniendo en cuenta esta línea jurisprudencial, no tiene razón el juez de instancia cuando negó la tutela al considerar que en el caso concreto no se vulneró el derecho de petición. Como quedó resumido en los antecedentes, el juez a quo, citando la Sentencia T-010 de 1998, dijo que el tutelante no cumplió con los requisitos generales del derecho de petición ya que no se dieron uno de los extremos fácticos para el ejercicio de dicho derecho, que consiste en que se demuestre que la solicitud sea presentada en fecha cierta a la autoridad competente[63]. 3.1.7 Como quedó probado en el proceso, el señor Álvarez Martínez presentó su petición para ser trasladado a rancho o granja y de esta manera poder obtener el beneficio dos por uno consagrado en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993, ante el Comandante del Patio Número 2 del Instituto Penitenciario de la cárcel de Bellavista. Además, el tutelante presentó un escrito recordatorio el 10 de noviembre de 2010, solicitud que también fue entregada al mismo Comandante. Estos dos documentos que contienen la petición fueron recibidos por dicho funcionario como se demuestra con el sello y la huella de recibo. Por ende, considera la Sala que el derecho de petición del tutelante no solo fue vulnerado una vez, al no ser entregada su petición por parte del Comandante del Patio No 2 del INPEC, sino que dicha violación del derecho se repitió al no ser remitida el recordatorio de 10 de noviembre de 2009 a la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo de la cárcel de Bellavista. 3.1.8 Considera la Sala que no se pueden exigir los mismos requisitos del derecho de petición de una persona que detenta el ejercicio pleno de sus derechos, ya que como se analizaba con anterioridad la persona privada de la libertad se encuentra vinculada con el Estado por una relación de especial sujeción y depende de éste para ejercer plenamente el mencionado derecho. Por tanto, no se puede exigir que la petición llegue a manos de la autoridad competente como un requisito sine qua non para poder tutelar la violación del derecho en el caso de los reclusos. En estos casos el juez de tutela debe verificar si dicho recibo no se cumplió por la inactividad, omisión o negligencia en la entrega por parte de las autoridades o funcionarios estatales. Si el recluso sigue el conducto regular contemplado en las normas administrativas y emplea todos los medios a su disposición para ejercerlo de buena fe, no puede dejar de ser amparado su derecho argumentando que no se ejerció de manera correcta o completa. 3.1.9 En suma, cuando se depende de la intermediación de los funcionarios y las autoridades estatales, como en las relaciones de especial sujeción en el caso de las personas privadas de la libertad, el juez de tutela debe tener en cuenta previamente en la resolución del caso, si la falta de recibo a la autoridad competente se debió a la omisión o negligencia de las autoridades estatales o si dicha omisión se dio por parte del recluso. Este análisis lo debe hacer el juez de tutela teniendo en cuenta los principios de buena fe y el carácter de sujeto de especial vulnerabilidad por la condición de especial sujeción al Estado que tienen las personas privadas de la libertad. Por esta razón, la Sala considera que en el caso concreto sí se presentó una violación del derecho de petición y debió ser tutelado por el juez de instancia, analizando las circunstancias del caso. 3.1.10 No obstante lo anterior, en el numeral segundo de la decisión de la Sala Dual Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, se requiere a la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del INPEC de Bellavista para que en cabeza del teniente Luis Eduardo Herrera Delgado, se le dé el trámite legal correspondiente al derecho de petición del tutelante. Por ende, encuentra la Sala que en el caso concreto se presenta una decisión atípica por parte del juez de instancia en donde por una parte considera que no encuentra vulnerado el derecho de petición del tutelante porque no cumplió con los requisitos generales de hacer llegar la petición a la autoridad competente, pero a renglón seguido decide dar trámite a la petición interpuesta por el actor en la sentencia. Teniendo en cuenta esta orden y con base al Memorando No 0007785 suscrito por el Teniente Luis Eduardo Herrera Delgado[64] en donde se da trámite al recurso de petición del tutelante, encuentra la Sala que en el caso concreto se presenta hecho superado por carencia actual de objeto, en cuanto a la vulneración del derecho de petición alegado por el actor. Por ende, considera la Sala que la acción de tutela no es procedente en este caso como se analizará con más detalle a continuación. 3.2 Improcedencia de la acción de tutela por hecho superado por carencia actual de objeto 3.2.1 Como se ha venido diciendo por parte de la Sala, el derecho de petición del tutelante fue vulnerado por el INPEC de Bellavista al omitir el trámite a la solicitud del actor de 21 de septiembre de 2009 por parte del Comandante del Patio No 2 de la cárcel. Igualmente se presenta una nueva vulneración cuando el mismo Comandante omite dar trámite al recordatorio del derecho de petición de 10 de noviembre de 2009. Por otra parte, con la Sentencia de 24 de noviembre de 2009, proferida por la Sala Dual Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura se comete una nueva vulneración del derecho de petición al estimar la Sala que el elemento fáctico de presentar el derecho de petición ante la autoridad competente no se cumplía. Empero, como se analizó en el numeral anterior, la Sala Dual a pesar de negar la tutela del derecho de petición del señor Mauricio Álvarez Martínez, decide concomitantemente en el numeral segundo de la decisión dar trámite a la solicitud del actor. 3.2.2 Teniendo en cuenta lo anterior la Sala considera que se presenta en el caso concreto un hecho superado por carencia actual de objeto. La jurisprudencia ha establecido que la finalidad de la acción de tutela es evitar una acción u omisión que vulnere o amenace los derechos fundamentales para de ese modo salvaguardarlos. De tal manera que cuando ha cesado la amenaza o la vulneración, la acción de tutela se vuelve inocua, pues no tendría un objeto directo sobre el cual actuar. En este caso se presenta carencia actual de objeto por haberse satisfecho la pretensión del actor en el curso del proceso, circunstancia que se conoce como hecho superado. Como se estableció en un primer lugar en la sentencia T-519 de 1992, “La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente vulnerado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en el sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío. Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela”[65]. 3.2.3 No obstante lo anterior, como ha señalado la misma Corte, aún existiendo un hecho superado se debe analizar de fondo el asunto planteado, a fin de revocar la decisión revisada y declarar carencia actual de objeto[66]. En este sentido ha dicho la Corte que, “…confirmar un fallo contrario a la Carta no es procedente. Por eso, la técnica que se empleará en la parte resolutiva será la de revocar y declarar la carencia de objeto”[67]. El hecho superado se constituye así, en una causal de improcedencia de la acción de tutela por la carencia actual de objeto, generado por el cese de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que dio origen a la queja constitucional, pero que no obsta para realizar un pronunciamiento de fondo con el fin de determinar si era o no tutelable el derecho constitucional invocado como vulnerado. 3.2.4 Como se ha venido analizando en el caso concreto, el juez de instancia a pesar de haber negado la vulneración del derecho ordenó que se diera trámite legal al derecho de petición del tutelante y que se enviará la solicitud a la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del INPEC de Bellavista, en cabeza del Teniente Luis Eduardo Herrera Delgado, para que dicha entidad valorara si el tutelante podía obtener el beneficio dos por uno contemplado en el artículo 85 de la Ley 65 de 1993 y así redimir su pena en granja o rancho. 3.2.5 Como consta en el numeral 2.2.2 de esta providencia, el Teniente Luis Eduardo Herrera Delgado, Coordinador del Área de Reinserción Social, antiguamente Tratamiento y Desarrollo, dio cumplimiento al derecho de petición interpuesto por el señor Mauricio Álvarez Martínez, conforme al fallo de la Sala Dual Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, y en el Acta No 034 del 11 de febrero de 2010 se ubicó al tutelante en actividad ocupacional como anunciador en el patio segundo debido a que el Cuerpo Col...