Sentencia T-468 de 2022

T-468-22 Sentencia T-468/22 ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE GRAVAMEN AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR-Configuración del defecto sustantivo en la interpretación del artículo 4º del numeral 7º de la Ley 258 de 1996 (i) La existencia de un tercero perjudicado al que no le es posible ejecutar sus obligaciones crediticias por la existencia de la afectación, no es un motivo suficiente para que se ordene el levantamiento del gravamen (…); (ii) Si bien, el titular del derecho de dominio se encuentra privado de la libertad, esto no implica que no pueda ser beneficiario de la afectación a vivienda familiar o que haya dejado de pertenecer a la familia (…); (iii) La accionante adquirió la obligación 10 años después de la constitución del gravamen de afectación de vivienda familiar, por lo que es forzoso concluir que el acreedor conocía o debería conocer sobre la existencia de dicho gravamen al momento de suscribir la obligación. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR-Características AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR-Finalidad AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR-Levantamiento del gravamen Referencia: Expediente T-8.294.966 Acción de tutela interpuesta por Elsa Lourdes Acosta Arias en contra del Juzgado 30 de Familia del Circuito de Bogotá. Magistrado ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO Bogotá D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, han proferido la siguiente: SENTENCIA Dentro del trámite de revisión de los fallos proferidos por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en primera instancia, y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en segunda, en el marco de la acción de tutela instaurada por Elsa Lourdes Acosta Arias (en adelante, “ELAA” y/o “accionante”) en contra del Juzgado 30 de Familia del Circuito de Bogotá. I. ANTECEDENTES A. LA DEMANDA DE TUTELA 1. A través de apoderada, la señora ELAA instauró[1] acción de tutela contra el Juzgado 30 de Familia de Bogotá, al considerar que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales al “debido proceso, propiedad y vivienda digna” a través de la sentencia del 26 de julio 2019, proferida por la accionada, en la que se ordenó el levantamiento de la afectación a vivienda familiar a un inmueble de su propiedad que afirmó habitar[2]. En su criterio, la decisión atacada deja desprotegida su familia, conformada por ella, una mujer de la tercera edad, su hijo mayor de edad y su esposo, un adulto mayor privado de la libertad. Por lo anterior, solicitó revocar dicha sentencia, y en su lugar, ordenar que se constituya de nuevo la afectación a vivienda familiar. B. HECHOS RELEVANTES Antes de la sentencia del proceso declarativo de levantamiento de afectación a vivienda familiar 2. El 18 de abril de 2005, la accionante adquirió un inmueble en Bogotá a través de la escritura pública 656 de la Notaría 15 de la misma ciudad[3]. En la escritura, ELAA declaró tener sociedad conyugal vigente con el señor Julio Enrique Acosta Bernal (en adelante, “JEAB”) y constituyó gravamen de afectación a vivienda familiar en el inmueble[4]. 3. El 1° de octubre de 2015, ELAA y Daniel Linares suscribieron a favor de Francisco Alberto García Galíndez (en adelante, “FAGG”), una letra de cambio[5] por el valor de $232.000.000 de pesos y con fecha de exigibilidad del 1° de noviembre de 2015. Debido al incumplimiento del pago de la obligación, FAGG instauró demanda ejecutiva singular de mayor cuantía en contra de la señora ELAA y el señor Daniel Linares en la ciudad de Arauca[6]. 4. El 30 de marzo de 2016, el Juzgado Civil del Circuito de Arauca libró mandamiento de pago a favor del demandante y en contra de ELAA y el señor Daniel Linares[7]. Además, decretó medidas cautelares en contra del patrimonio de los demandados, entre ellas, el embargo a tres inmuebles de propiedad de ELAA: dos inmuebles ubicados en Arauca y el inmueble ubicado Bogotá[8]. Sin embargo, estas medidas no fueron ejecutadas debido a que el inmueble de Bogotá estaba gravado con afectación a vivienda familiar y los otros dos inmuebles fueron embargados dentro de otros procesos ejecutivos de terceros contra ELAA[9]. El proceso declarativo de levantamiento de afectación a vivienda familiar 5. El 24 de abril de 2017, el Juzgado 30 de Familia del Circuito de Bogotá admitió demanda[10] declarativa instaurada por FAGG contra ELAA, cuya pretensión principal era el levantamiento de la afectación a vivienda familiar del inmueble ubicado en Bogotá[11] y se sustentó de la siguiente manera: (i) FAGG afirmó ser perjudicado por el incumplimiento del pago de la obligación adquirida por ELAA, “toda vez que este dinero fue producto de un crédito obtenido en (…) Bancolombia y ahora le han iniciado proceso ejecutivo, viéndose afectado en su patrimonio”[12]; (ii) Las medidas cautelares decretadas por el Juzgado Civil de Arauca contra los inmuebles de ELAA no fueron ejecutadas por la existencia de otros embargos y el gravamen de afectación a vivienda familiar; (iii) El inmueble en cuestión no cumple con el “objetivo constitucional”[13] del gravamen de afectación a vivienda familiar, debido a que los hijos de ELAA son mayores de edad y su esposo JEAB no lleva vida marital ni cohabita con ella, ya que desde tiempo atrás convive con la señora Ingrith Núñez; y (iv) En consecuencia, con base en el artículo 4º numeral 7º de la Ley 258 de 1996[14] y su calidad de tercero perjudicado, es posible que el juez de familia ordene el levantamiento de la afectación a vivienda familiar del inmueble en cuestión. 6. El 17 de mayo de 2017 y a través de apoderada, ELAA contestó en término al traslado de la demanda: (i) señaló si eran o no ciertos los hechos relatados por FAGG y declaró que cohabita con su esposo JEAB, quien se encuentra privado de la libertad; (ii) realizó oposición a las pretensiones de la demanda sin proponer ninguna excepción de mérito; (iii) indicó que el inmueble en discusión es el “sustento de su vejez”, ya que “no devenga salario de ninguna índole”[15]; (iv) aseveró que el inmueble es inembargable conforme a la Ley 258 de 1996 y en ningún momento fue usado en garantía de la obligación; y (v) aceptó todas las pruebas aportadas por el demandante al proceso, salvo la prueba testimonial de la señora Ingrith Núñez, a la que hizo oposición “toda vez que entre el señor Acosta Bernal y la señora Acosta Arias aún existe sociedad conyugal vigente y su testimonio es irrelevante en el proceso”[16]. 7. El 23 de noviembre de 2018 y a través de la misma apoderada, JEAB contestó en término al traslado de la demanda. Reiteró los mismos argumentos alegados por ELAA en su contestación y destacó que el inmueble en discusión “es el lugar de habitación de ELAA, adulta mayor, y será el lugar donde vivirá una vez cumpla su condena”[17]. 8. El 26 de julio de 2019, el Juzgado 30 de Familia de Bogotá realizó audiencia de instrucción y juzgamiento en la que las partes expusieron sus alegatos de conclusión, sintetizados de la siguiente manera: (i) El apoderado de FAGG reiteró los mismos hechos, consideraciones y pretensiones de la demanda. Consideró que se logró demostrar “la medida de afectación familiar [se] ha manipulado para perjudicar y defraudar créditos de tercero y no [se] ha destinado el bien inmueble mencionado a la protección del núcleo familiar” ya que el señor JEAB está una unión libre con Ingrid Núñez[18], no convive con la demandada[19] y sus dos hijos ya son mayores de edad[20]. (ii) Por el contrario, la apoderada de ELAA explicó las razones por las que consideró que no se configuraron la causal 7ª del artículo 4º de la ley 258 de 1996 que permiten el levantamiento de la afectación a vivienda familiar[21]. A su parecer: (i) el demandante no es un tercero perjudicado porque la afectación a vivienda familiar se constituyó “muchísimo antes de la obligación”. Además, tiene otros bienes para perseguir y ya se le realizó un abono a la deuda por la suma de cien millones de pesos. (ii) En el presente caso, no existe una relación permanente entre Ingrith Núñez y el esposo de la demanda puesto que “hay un matrimonio legalmente constituido vigente” entre JEAB y ELAA que “no ha sido disuelto ni por divorcio ni por muerte del cónyuge”; y (iii) ninguno de los dos cónyuges han “tenido la voluntad de levantar [la afectación] porque es el único bien que tiene la señora [ELAA] en el que vive”[22]. 9. Una vez culminado los alegatos de conclusión, la Juez 30 de Familia de Bogotá profirió sentencia en la que ordenó el levantamiento de la afectación a vivienda familiar del inmueble de ELAA y condenó en costas a la parte demandada. Sustentó su decisión en dos premisas: (i) el incumplimiento del aspecto teleológico de la Ley 258 de 1996 en el asunto objeto de estudio; y (ii) la condición de tercero perjudicado de FAGG frente al gravamen de afectación a vivienda familiar del inmueble. Señaló que: (i) Frente al “aspecto teleológico”, el fin de la afectación a vivienda familiar es proteger al núcleo familiar que habita el inmueble. Sin embargo, en el presente caso no se cumple esta finalidad toda vez que en el inmueble solo residía ELAA y su hijo mayor de 30 años, ya que su esposo JEAB decidió de manera libre no vivir en ella y no por la “mera circunstancia de la privación de [su] libertad”[23]. (ii) En cuanto a la calidad de tercero perjudicado de FAGG, resaltó que, aun cuando la afectación a vivienda familiar se constituyó años antes de la existencia de la obligación, el avalúo del patrimonio embargable de ELAA no son suficientes para el pago total de la deuda. En consecuencia, FAGG sí se encuentra perjudicado con la afectación a vivienda familiar del inmueble de propiedad al no tener garantías para el cumplimiento total de su obligación[24]. Después de la sentencia del proceso declarativo de levantamiento de afectación a vivienda familiar 10. El 8 de noviembre de 2019, ELAA, a través de apoderada, instauró acción de tutela en contra del Juzgado 30 de Familia de Bogotá al considerar que la sentencia vulneró sus derechos al debido proceso, propiedad y vivienda digna[25]. A su parecer: (i) la decisión es contraria a la Ley 258 de 1996 porque desconoce el “querer del legislador que no es otro que proteger la doble firma como mecanismo de protección del cónyuge no propietario”[26]; (ii) el inmueble afectado es el único que destina a su vivienda, ya que sus demás bienes se encuentran embargados para cubrir otras obligaciones; (iii) el hecho que JEAB esté privado de libertad no significa que sus derechos como cónyuge no propietario desaparezcan, ni la inexistencia de una familia que proteger con el gravamen; y (iv) no ha sido su intención defraudar a sus acreedores dado que el gravamen lo constituyó diez años antes de adquirir la obligación. 11. Inicialmente, el 25 de noviembre de 2019, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá denegó el amparo solicitado en primera instancia[27]. La decisión fue impugnada en término[28] y el 24 de febrero de 2020, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de instancia para en su lugar conceder lo pretendido, dejar “sin valor ni efecto la sentencia de 26 de julio de 2019, proferida en el proceso de afectación a vivienda familiar”[29] y ordenar al juzgado accionado, dictar una nueva decisión. 12. La señora Adda Stella García Galíndez instauró acción de tutela contra la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Familia Tribunal Superior de Bogotá al considerar vulnerado su debido proceso al no ser vinculada al trámite constitucional de la tutela de ELAA. Señaló ser cesionaria de los derechos económicos de FAGG y que la decisión de tutela afectó la medida cautelar a su favor, emitida en el proceso ejecutivo 2016-00030. En consecuencia, solicitó se declare la nulidad de todo lo actuado en sede de tutela y se le permita actuar durante el nuevo trámite. En primera instancia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo[30]. Sin embargo, mediante fallo de segunda instancia del 24 de septiembre de 2020, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho al debido proceso de la señora García Galíndez y ordenó dejar sin efectos las actuaciones adelantadas en el trámite de la acción de tutela instaurada por ELAA[31]. 13. En atención a lo anterior, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá nuevamente admitió y tramitó la acción de tutela instaurada por ELAA en contra del Juzgado 30 de Familia de Bogotá de la que trata esta sentencia de la Sala Tercera de Revisión. C. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 14. El 2 de febrero de 2021[32], el Juzgado 30 de Familia de Bogotá remitió al juez de tutela todo el expediente del proceso verbal sumario de levantamiento de afectación a vivienda familiar[33]. En relación con lo expuesto en la tutela, no realizó pronunciamiento alguno. D. RESPUESTA DE TERCEROS INTERVINIENTES 15. Francisco Alberto García Galíndez (FAGG)[34] solicitó negar la acción de tutela al considerar que la decisión del juzgado accionado fue ajustada a derecho. Consideró que ELAA pretende subsanar su inactividad dentro del proceso declarativo a través de la tutela, en vista de que no aprovechó las oportunidades procesales para controvertir las pretensiones de la demanda. Por último, solicitó oficiar “a la Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander para que allegue con destino a este proceso copia de la audiencia virtual llevada a cabo el 1 de febrero de 2021 (…)” con el objetivo de demostrar que ELAA manifestó bajo la gravedad de juramento que se encuentra separada de JEAB. 16. Adda Stella García Galíndez[35] pidió negar el amparo ya que a su parecer, se intenta “revivir extemporáneamente términos y oportunidades que la actora tuvo al interior del proceso con el que se buscó el levantamiento de la medida de protección”[36]. 17. La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte[37] compartió información relacionada con la escritura pública que contiene el acto de cancelación de afectación a vivienda familiar ordenado por el juzgado de familia. Además, requirió ser desvinculada al considerar que carece de competencia para pronunciarse sobre las inconformidades planteadas por la accionante frente a la decisión del juzgado. 18. La Procuradora 135 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia[38] suplicó amparar los derechos de la accionante. A su parecer, en el presente caso se descarta que la accionante quisiera defraudar al acreedor porque la afectación al inmueble se realizó con diez años de antelación a la firma del título valor que respaldó la obligación y que es el sustento de la demanda declarativa adelantada ante el juzgado accionado. 19. El Juez Catorce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá[39] solicitó su desvinculación dentro de la acción de tutela. Tomó en consideración que el proceso[40] que originó su vinculación al trámite terminó por transacción de la obligación mediante auto del 14 de agosto de 2017. 20. El Defensor de Familia adscrito a Juzgados[41] no vislumbró afectación a derechos de “niños, niñas o Adolescentes, que amerite desempeñar las funciones establecidas en el artículo 82 del C.I.A con el fin de propender por la garantía y materialización de sus derechos”. 21. El Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá[42] rindió informe sobre la «diligencia de secuestro» comisionada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Arauca. 22. Julio Enrique Acosta Bernal (JEAB), Ingrid Núñez y la Notaría 15 del Círculo de Bogotá guardaron silencio. El señor Elkin Samuel Carreño Salguero[43], acreedor de ELAA y tercero interesado, dio respuesta a la acción de manera extemporánea. E. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN Primera instancia: sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá[44] 23. El 5 de febrero de 2021, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá denegó el amparo de los derechos fundamentales solicitados en la tutela. Sustentó su decisión en que la accionante no manifestó en el momento procesal oportuno las inconformidades que hoy pretende a través de la tutela, puesto que su participación en el trámite de la demanda solo se limitó a la contestación de algunos hechos, sin fundamentar los motivos por los que se oponía a las pretensiones y sin aportar elementos de juicio encaminados a sustentar su defensa. Además, afirmó que el juzgado accionado decidió conforme a la ley y el material probatorio aportado en el proceso, lo que permitió demostrar la hipótesis prevista en la ley para levantar la afectación a vivienda familiar del inmueble objeto de la demanda. 24. Por último, señaló que “revivir la discusión ante el Juez Constitucional a través de la acción de tutela, no es de recibo, pues sería usurpar la competencia que ha establecido el legislador en cada caso concreto, máxime cuando los motivos expuestos en la decisión, corresponden al criterio de la Juez como Directora del proceso, y frente a esto, no puede expresar nada este juez de tutela, pues en los asuntos sometidos por competencia a su conocimiento, el juez natural del asunto es autónomo, por lo que no se puede por estas razones, acceder a la tutela de los derechos invocados”[45]. Impugnación[46] 25. El 15 de febrero de 2021, ELAA[47] impugnó la sentencia de primera instancia. Reiteró los argumentos expuestos en la tutela con relación a la inembargabilidad y la protección que prevé la figura de la afectación de vivienda familiar. Agregó que la decisión atacada desconoce el concepto de familia unipersonal y otros conceptos de familia aplicables al presente asunto y que fueron demostrados dentro del proceso declarativo, por lo que solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar, se tutelen sus derechos. Segunda instancia: sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[48] 26. El 2 de marzo de 2021, el magistrado ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo profirió auto interlocutorio en el trámite de la segunda instancia[49], en el que rechazó por improcedente las recusaciones planteadas en su contra por el apoderado de FAGG, conforme a lo estipulado en el artículo 39 del decreto 2591 de 1991. 27. El 11 de marzo siguiente, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo impugnado y en su lugar, amparó los derechos fundamentales al “debido proceso, acceso a la administración de justicia, «protección de la familia», vivienda digna y propiedad privada”[50] de ELAA; dejó sin valor la providencia atacada y ordenó al accionado proferir una nueva sentencia en un plazo no mayor a quince días. Fundamentó su fallo en lo siguiente: 28. Señaló que el juez de tutela está legitimado para intervenir “con el fin de restablecer el orden jurídico” en las situaciones que los funcionarios judiciales incurran en un “proceder claramente opuesto a la ley”[51] y en el caso concreto, se “denota un defecto de carácter sustantivo”[52] en la sentencia atacada, ya que la juez accionada interpretó erróneamente el artículo 4 del numeral 7 de la ley 258 de 1996. La Corte advirtió que FAGG no ostenta el carácter de “tercero perjudicado” debido a que ELAA adquirió la obligación diez años después de la constitución del gravamen disputado, por lo que se debía concluir que el acreedor conocía o habría de conocer sobre el gravamen al momento de suscribir la obligación. En consecuencia, la afectación a vivienda familiar no se puede levantar per se por una deuda personal adquirida con posterioridad a la creación de la afectación porque se “podría lacerar la garantía de la vivienda digna, la cual es de carácter esencial”[53]. 29. Por último, decidió no realizar pronunciamiento con relación al argumento del desconocimiento a la familia unipersonal que agregó la accionante en la impugnación de la tutela, ya que no fue expuesto ante el juez natural y la “justicia iusfundamental no es remedio de último momento a fin de rescatar oportunidades precluidas”[54]. II. CONSIDERACIONES A. COMPETENCIA 30. Esta Sala de Revisión es competente para conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del auto del 30 de agosto de 2021, expedido por la Sala Octava de Selección de Tutelas de esta Corte, que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia. B. CUESTIÓN PREVIA: PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. – Reiteración de jurisprudencia 31. La acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario[55], razón por la cual solo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo en los casos que (i) el posible afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; y (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales. De otro lado, procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, extendiéndose la protección hasta que se produzca una decisión por parte del juez natural del asunto[56]. 32. Sin embargo, si la afectación de los derechos fundamentales es consecuencia de una providencia judicial, esta Corte ha expuesto que la tutela procede con base en el artículo 86 de la Constitución[57], haciendo la salvedad que se debe evitar que la acción se transforme en un mecanismo ordinario o instancia adicional a los procesos judiciales, pues con ello se afectaría la autonomía e independencia judicial de los jueces y la seguridad del ordenamiento jurídico. Por lo anterior, al momento de estudiar la procedibilidad de la acción de tutela instaurada en contra de una providencia judicial, la jurisprudencia constitucional desarrolló unos requisitos generales y unas causales específicas que de no cumplirse, tornarían improcedente el amparo. 33. Los requisitos generales de procedibilidad[58] de la tutela contra providencias judiciales son los siguientes: (i) Que exista legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva. (ii) Que exista un término razonable y proporcionado entre la interposición de la tutela y el hecho que originó la vulneración, cumpliendo así el requisito de inmediatez. (iii) Que cumpla con el carácter subsidiario de la acción, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable. (iv) Que la cuestión discutida tenga relevancia constitucional, lo que exige establecer objetivamente qué asuntos competen al fallador del amparo y cuáles son de conocimiento de los jueces ordinarios, por lo que el debate planteado debe girar en torno al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales. (v) Que el accionante cumpla con las cargas argumentativas y explicativas mínimas, que permita identificar los derechos fundamentales afectados y los hechos que generan la vulneración. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, sentencias de control abstracto de constitucionalidad de la Corte Constitucional, ni sentencias de nulidad por inconstitucionalidad del Consejo de Estado. (vii) En los casos que se trate de una irregularidad procesal, debe precisarse que la misma conlleva un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. 34. Adicional a estos requisitos, la tutela contra providencia judicial debe cumplir con, al menos, una de las causales específicas denominadas por la jurisprudencia como defectos: Defectos de providencias judiciales[59] Defecto orgánico Este defecto se configura cuando una persona o un asunto son juzgados por un juez que carece de manera absoluta de competencia para ello, conforme a lo previsto en las normas procesales prexistentes. Defecto procedimental absoluto Este defecto ocurre cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, bien sea porque sigue un trámite ajeno al pertinente -y en esa medida equivoca la orientación del asunto-, o porque omite etapas del procedimiento establecido. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto Este defecto se genera cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, de tal suerte que sus actuaciones devienen en una denegación de justicia. Defecto fáctico Este defecto ocurre tanto en dimensión negativa, como positiva. El primer caso se presenta cuando el juez carece de apoyo probatorio que permita aplicar los argumentos legales en los que sustenta la decisión, valora de forma absolutamente irrazonable la prueba recaudada o rehúsa ilegítimamente el decreto de alguna prueba crucial para alguna de las partes. El segundo escenario se presenta cuando se decide con base en pruebas inexistentes, se valoran pruebas ilícitas o se decretan otras de manera irregular. Defecto material o sustantivo Este defecto se configura en aquellos casos en los cuales el juez decide con base en normas inexistentes o inexequibles, o cuando las providencias judiciales presenten una evidente y grosera contradicción entre la norma aplicada y la decisión. Error inducido o vía de hecho por consecuencia Este defecto acaece cuando, a pesar del obrar razonable y ajustado a derecho del juez, su decisión se afecta por el engaño de terceros, por fallas estructurales en la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público. Decisión sin motivación Este defecto sucede en los casos que el juez incumple su deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que soportan su decisión, o habiendo motivado la providencia, los argumentos presentados no corresponden con la decisión efectivamente adoptada. Desconocimiento del precedente Este defecto aparece en los casos que la Corte establece el alcance de un derecho fundamental y el juez aplica la ley limitando de manera sustancial dicho alcance, se desconocen providencias de unificación de las altas cortes o sentencias con efectos erga omnes. Violación directa de la Constitución Este defecto se realiza cuando el juez da alcance a una disposición normativa contraria a la Constitución, o cuando el juez no ejerce el control de constitucionalidad difuso, vía excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente la inconstitucionalidad de la norma aplicable y a que lo haya solicitado alguno de los sujetos procesales. Procedencia de la acción de tutela – Caso concreto 35. Legitimación por activa: el artículo 86 de la Constitución y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 permiten que la tutela sea instaurada en todo momento y lugar, por cualquier persona directamente afectada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales. En el caso concreto, ELAA está legitimada en la causa por activa ya que ejerció la acción a través de apoderada con el propósito de solicitar la protección de sus derechos al debido proceso, propiedad y vivienda digna[60]. 36. Legitimación por pasiva: esta corporación ha señalado[61] que para satisfacer el requisito de legitimación en la causa por pasiva es necesario acreditar dos elementos: (i) que se trate de uno los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y (ii) que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión. En el asunto que nos ocupa, se observa que se cumple con este requisito dado que la tutela se instauró en contra del Juzgado 30 de Familia del Circuito de Bogotá, autoridad judicial a la que se le acusa de vulnerar los derechos de ELAA al ordenar el levantamiento de afectación a vivienda familiar dentro del proceso declarativo instaurado por FAGG. 37. Inmediatez: el artículo 86 de la Constitución dispone que la tutela podrá ser ejercida en todo momento. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional precisó que, aunque no es posible consagrar un plazo o término para su instauración[62], dada la vocación de la acción para ser una respuesta inmediata a una violación o amenaza del derecho, este término debe ser un tiempo prudente y razonable a partir la existencia del hecho que amenaza o vulnera los derechos[63]. Así, al no existir un término de caducidad, la Corte consideró que en las tutelas contra providencia judicial “un término de seis (6) meses podría resultar suficiente para declarar la tutela improcedente”[64]. En el caso bajo examen, se observa que entre el 26 de julio de 2019, día que se profirió la sentencia del proceso declarativo de levantamiento de afectación a vivienda familiar; y el 8 de noviembre del mismo año, día en el que ELAA instauró la tutela, transcurrieron tres meses y trece días, plazo que se considera razonable para el cumplimiento del requisito de inmediatez. 38. Subsidiariedad: de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 6° del Decreto 2591 de 1991, la tutela es improcedente si existe un mecanismo de defensa idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico sometido a decisión y no existe el riesgo de que opere un perjuicio irremediable respecto de los derechos alegados. A esta regla general se adicionan dos hipótesis específicas derivadas de la articulación de los citados conceptos, conforme a las cuales: (i) el amparo es procedente de forma definitiva, si no existen medios judiciales de protección que sean idóneos y eficaces para resolver el asunto sometido a consideración del juez; y por el contrario, (ii) es procedente de manera transitoria, en el caso en que la persona disponga de dichos medios, pero exista la posibilidad de que se configure un perjuicio irremediable, situaciones en las que la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[65]. 39. En las situaciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha señalado que la tutela es improcedente en tres situaciones: (i) cuando el asunto discutido está aún en el trámite ante el juez natural del asunto; (ii) cuando es utilizada como mecanismo alterno a los procesos judiciales ordinarios y extraordinarios; y (iii) cuando se pretende reabrir términos procesales por no haberse interpuesto oportunamente los recursos de ley o no haberse utilizado los procedimientos correspondientes al interior del proceso. En síntesis, es requisito del accionante agotar todas las instancias, solicitudes y recursos que tiene a disposición dentro del ordenamiento jurídico[66]. En el asunto bajo examen, la Sala encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad por las siguientes razones. 40. Primero, si bien es cierto que en el marco del proceso declarativo la accionante no aportó pruebas, no presentó excepciones de mérito a la demanda y no ahondó a profundidad las razones por las que se opuso a la pretensión del levantamiento de la afectación a vivienda familiar[67]; estas falencias fueron subsanadas a través de los alegatos de conclusión expuestos en la audiencia de instrucción y juzgamiento del 26 de julio de 2019. En efecto, los argumentos expuestos por la apoderada de ELAA desarrollan el mismo razonamiento de lo expuesto en el escrito de tutela y que fueron expuestos en los antecedentes – ver supra, numeral 8–. 41. Segundo, según el artículo 10 de la Ley 258 de 1996, la demanda declarativa de levantamiento de afectación a vivienda familiar es un proceso verbal sumario, por lo que le son aplicables las normas del Título II de la Sección Primera del Libro Tercero del Código General del Proceso, y en especial, el parágrafo 1º del artículo 390 que refiere que este tipo de procesos son de única instancia. Y, aunque el mismo Código en su artículo 355 regula las causales para que proceda el recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas, la Sala no advierte, prima facie, la configuración de alguna de ellas[68]. En ese orden de ideas, se concluye que la accionante agotó todos los medios judiciales ordinarios y extraordinario que el ordenamiento jurídico dispone para la protección de sus derechos. 42. Tipo de decisión judicial cuestionada en la tutela: en principio, la acción de tutela no procede contra tres tipo de providencias: (i) las que resuelven otra acción de tutela; (ii) las que se den en el marco de control abstracto de constitucionalidad de la Corte Constitucional y (iii) las que deciden una acción de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado. El asunto bajo estudio cumple este requisito, en la medida que la tutela cuestiona una sentencia adoptada por el Juzgado 30 de Familia de Bogotá que resolvió la demanda declarativa de levantamiento de afectación a vivienda familiar. 43. Relevancia constitucional: esta corporación ha precisado que el juez de tutela únicamente puede conocer de los asuntos que trascienden lo legal y/o económico e involucran una discusión ius fundamental[69]. Este requisito cumple tres finalidades: la primera es garantizar la independencia y competencia de los jueces naturales y así evitar que el juez constitucional aborde temas que competen a otras jurisdicciones[70]. La segunda, se encamina a impedir que la tutela se transforme en otra instancia para cuestionar las decisiones judiciales, transgrediendo la estructura procesal establecida en el ordenamiento jurídico[71]. Por último, la tercera refiere a que las discusiones de sede de tutela deben suponer una vulneración a estos derechos y no a otro tipo de intereses[72]. 44. En el presente caso, la Sala Tercera de Revisión considera que la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional porque, aun cuando la tutela se centra en discutir la interpretación del numeral 7 del artículo 4º de la ley 258 de 1996[73] que realizó la Jueza 30 de Familia de Bogotá en ejercicio de la sana crítica y la valoración de las pruebas aportadas al proceso, esta interpretación se encuentra estrechamente relacionada con el derecho fundamental a gozar de una vivienda digna de la accionante, ya que esta habita el inmueble al que se le ordenó el levantamiento de la afectación. Además, de los hechos objeto de revisión surge la discusión constitucional respecto de la protección de la familia y de la finalidad del gravamen de afectación a vivienda familiar en los eventos en los que posiblemente uno de los cónyuges está ausente. 45. Cargas mínimas argumentativas: aunque la acción de tutela tiene un carácter informal, en los casos de tutela contra providencia judicial es necesario que el accionante indique un nivel mínimo de detalle consistente en la vulneración de los derechos fundamentales alegados y precise de qué forma la providencia es contraria al orden jurídico[74]. Lo anterior se sustenta en el principio de seguridad jurídica y en la institución de la cosa juzgada, elementos que obligan al juez constitucional a realizar un examen más riguroso de la procedencia de la acción de tutela, cuando ella se interpone en contra de una providencia judicial. 46. Es por esto por lo que este tribunal ha resaltado la obligación de los interesados de señalar con suficiencia y precisión los hechos que causan la vulneración de los derechos fundamentales, ya que resultaría desproporcionado que se exija a un juez constitucional, la revisión integral de un proceso judicial para determinar si por alguna razón, se transgredió una prerrogativa de carácter fundamental[75]. 47. Lo anterior no implica dotar a la tutela de exigencias formales contrarias a su naturaleza, sino exigir al demandante claridad y suficiencia respecto de la acreditación del defecto que afectaría la providencia y de la posible vulneración de uno o de varios derechos fundamentales, pues no resulta procedente que se promueva un amparo en contra de una providencia judicial cuando este se funda en argumentos vagos, contradictorios, equívocos, ambiguos o reiterados. La aceptación de este tipo de falencias produciría el riesgo de que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural en perjuicio de los principios de seguridad jurídica, autonomía e independencia judicial. 48. Con base en las consideraciones expuestas previamente y al contrastarlo con el fondo expuesto en la tutela, la Sala logra identificar que se logra evidenciar unas cargas mínimas ya que: (i) se identificaron los hechos que dieron lugar a la vulneración; (ii) los derechos que se alegan como vulnerados; y (iii) las razones por las que se considera que el juzgado accionado lesionó dichas prerrogativas configurando así, a criterio de la actora, un eventual defecto sustantivo en la decisión del 29 de julio de 2019 que ordenó el levantamiento de la afectación a vivienda familiar. 49. Irregularidad procesal: En el asunto objeto de estudio este presupuesto no es aplicable, por cuanto, los yerros que se endilgan a la sentencia cuestionada son de carácter fáctico. 50. Una vez acreditado los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, la Sala procederá entonces a continuar con el análisis del caso. C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN 51. Acorde con los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I de esta providencia, le corresponde a la Sala Tercera de Revisión determinar si en el presente asunto: ¿incurrió el Juzgado 30 de Familia de Bogotá en un defecto sustantivo que vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna y propiedad de la accionante, al haber ordenado el levantamiento de la afectación a vivienda familiar del inmueble en el que vive por considerar que existe un tercero perjudicado con el gravamen? 52. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado por la Sala, en primer lugar, se caracterizará el defecto sustantivo; luego se estudiará el alcance del artículo 4º de la ley 258 de 1996 y por último, se procederá a resolver el caso concreto con base en esas consideraciones. D. CARACTERIZACIÓN DEL DEFECTO SUSTANTIVO. Reiteración de jurisprudencia 53. La Corte Constitucional ha desarrollado una robusta línea jurisprudencial para determinar las situaciones que configuran un defecto sustantivo como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Así, la procedencia se da cuando la autoridad judicial accionada ha dotado a una disposición de un sentido distinto a una norma jurídica aplicable al caso concreto que desatiende valores constitucionales o que es abiertamente irracional o irrazonable, haciendo que la decisión atacada sea contraria al orden jurídico. 54. En sede de unificación, la Sala Plena de esta corporación ha distinguido los siguientes eventos en los que el defecto sustantivo se puede configurar: (i) cuando la decisión se basa en una norma inaplicable porque “a) no es pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados expresamente por el legislador”[76]; (ii) cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, por fuera de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial; (iii) en aquellos supuestos en los que no se toma en consideración la parte resolutiva de una sentencia de constitucionalidad; (iv) cuando la disposición aplicada es contraria a la Constitución; (v) cuando se utiliza un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico “para un fin no previsto en la disposición”; (vi) cuando la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso; o (vii) cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución, entre otros[77]. 55. Para que la interpretación o aplicación de una norma a un caso concreto constituya un defecto sustantivo, su interpretación o aplicación requiere que el funcionario judicial, en su labor hermenéutica, desconozca o se aparte abierta y arbitrariamente de los lineamientos constitucionales y legales al punto que vulnere o amenace derechos fundamentales de las partes[78]. En cualquier caso, la Corte ha sido enfática en señalar que la interpretación y aplicación resultante de la norma a un asunto no puede ser plausible, ni constitucionalmente admisible ni razonable. De ser así, podrían presentarse situaciones en las que se dejen sin efectos providencias judiciales contentivas de interpretaciones acertadas de las normas jurídicas porque el criterio del juez de tutela no coincide con el del juez natural del asunto. E. BREVE APROXIMACIÓN A LA LEY 258 DE 1996 – LEVANTAMIENTO DE LA AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR. Reiteración de jurisprudencia 56. La Constitución Política de 1991 erigió a la familia como núcleo esencial e institución básica de la sociedad colombiana. Por ello, se estableció que el Estado es el obligado a velar por su protección integral y autorizó al legislador a determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable, entendiéndose como el “conjunto de bienes inembargables (…) de una familia que se garantizan y salvaguardan contra los acreedores para [su] desarrollo y (…) soporte económico (…) ante eventuales riesgos y situaciones críticas como quiebras o crisis económicas”[79]. 57. En la actualidad, el ordenamiento jurídico prevé dos figuras importantes que dotan de inembargabilidad al patrimonio familiar y tiene como objetivo garantizar, entre otras cosas, el derecho a la familia de tener una vivienda digna. Por un lado, está el “patrimonio de familia”, el cual surge a partir de la Ley 70 de 1931 y ha sido reformado a lo largo de los años. Por el otro lado, está el gravamen denominado “afectación a vivienda familiar”, creado a partir de la Ley 258 de 1996, modificado por la Ley 854 de 2003 y del que se profundizará a continuación. 58. Finalidad de la Ley 258 de 1996 y de la afectación a vivienda familiar. A mitad de la década de los noventa, el legislador colombiano evidenció que los propietarios de inmuebles vendían o constituían gravámenes sobre ellos sin tener en cuenta las consecuencias que podrían generar a sus cónyuges (no propietarios) y a sus hijos. A partir de este contexto, se profirió la Ley 258 de 1996, que reguló la afectación a vivienda familiar, la cual tiene como fin proteger el inmueble de habitación del núcleo familiar y así evitar que el cónyuge o compañero no propietario y sus hijos se vean sorprendidos por los actos de disposición del otro cónyuge, padre o madre, actos que normalmente no conoció y a los que no tuvo la oportunidad de oponerse. 59. En diferentes pronunciamientos[80], la Corte ha afirmado que la afectación a vivienda familiar tiene como finalidad, “además de la inembargabilidad del inmueble, proteger al cónyuge no propietario y a sus hijos de los actos de disposición del cónyuge propietario”, los cuales podrán conservar la protección hasta cuando lleguen a la mayoría de edad. 60. Inmuebles objeto de afectación a vivienda familiar. Antes del 2003, el artículo 1º de la Ley 258 de 1996 determinaba que los inmuebles que podían ser afectados a vivienda familiar, debían cumplir dos condiciones: (i) ser adquiridos en su totalidad por uno solo de los cónyuges, antes o después de la celebración del matrimonio o unión marital de hecho; y (ii) ser destinado a la habitación de la familia. Estas condiciones fueron objeto de estudio de la Corte a través de la sentencia C-560 de 2002. En su momento, la corporación concluyó que la figura de la afectación de vivienda familiar estaba dirigida especialmente a proteger el bien inmueble destinado a vivienda familiar contra los actos de disposición de uno de los cónyuges o compañeros propietarios sobre el otro, para evitar así los riesgos que podrían darse cuando uno de los cónyuges o compañeros decidiera disponer del bien[81]. Con la expedición de la Ley 854 de 2003, el legislador colombiano amplió la posibilidad a que el gravamen operara también sobre el bien inmueble destinado a la vivienda familiar adquirido por ambos cónyuges, la cual sigue vigente en la actualidad. 61. Constitución de la afectación a vivienda familiar y oponibilidad a terceros. El artículo 2º de la Ley 258 de 1996 estableció que la afectación a vivienda familiar opera por ministerio de la ley respecto de las viviendas que se adquieran después del 17 de enero de 1996 y para los inmuebles adquiridos antes de esta fecha, es posible que se afecten a través de escritura pública otorgada por ambos cónyuges y conforme al procedimiento que disponga el ordenamiento jurídico vigente. Además, para el otorgamiento de cualquier escritura pública relacionada con un bien inmueble destinado a vivienda familiar, el legislador obliga a los notarios a que indaguen acerca del estado civil de los propietarios y la existencia de otros inmuebles afectados con este tipo de gravamen, so pena de que incurra en causal de mala conducta. En todo caso, la afectación a vivienda familiar solo será oponible a terceros a partir de la anotación en el folio de matrícula de inmobiliaria ante la oficina de registro de instrumentos públicos. 62. Inembargabilidad del inmueble y constitución de gravámenes sobre el inmueble afectado. Por regla general, los bienes inmuebles bajo afectación a vivienda familiar son inembargables, salvo que exista hipoteca previa al registro de la afectación a vivienda familiar. En sentencia C-664 de 1998, la Corte precisó que esta excepción a la regla para hipotecas, exige haber sido elevada a escritura pública y registrada en la respectiva oficina de instrumentos públicos antes de que se produzca el acto de afectación. Esto tiene una finalidad dual: por un lado, proteger al núcleo familiar que vive en el inmueble afectado y por el otro lado, los derechos del acreedor hipotecario que al momento que registró su hipoteca, no tenía conocimiento de que la vivienda sería elevada a la condición de patrimonio inembargable. Con relación a la enajenación y constitución de gravámenes del inmueble afectados a vivienda familiar, la ley exige el consentimiento libre y voluntario de ambos cónyuges, el cual se entenderá expresado con su firma. 63. Levantamiento de la afectación a vivienda familiar. El artículo 4º de la Ley 258 de 1996 contempló nueve situaciones en las que se podrá levantar la afectación a vivienda familiar de un inmueble. Debido a que es de vital importancia para dar solución al caso concreto, la Sala Tercera de Revisión pasará a extraer a través de la siguiente tabla, las nueve situaciones y los requisitos para su configuración: Primera situación[82] El levantamiento de la afectación se da si: (i) ambos cónyuges están de acuerdo y (ii) se realiza a través de escritura pública sometida a registro. Segunda situación[83] El levantamiento de la afectación se da porque, a solicitud de uno de los cónyuges o compañero permanente y a través de providencia judicial, el juez concluyó que existe o habrá otra vivienda efectivamente habitada por la familia. Tercera situación[84] El levantamiento del gravamen se da a través de providencia judicial, a solicitud de uno de los cónyuges o compañero permanente, o de una entidad pública expropiante o acreedora de impuestos, debido a que: (i) la autoridad competente decretó la expropiación del inmueble o (ii) el juez de ejecuciones fiscales declaró la existencia de una obligación tributaria o contribución de carácter público. En el primer supuesto, la indemnización no puede pagarse mediante bonos o documentos de deuda pública, sino por la totalidad del valor al del inmueble expropiado, de manera previa a cualquier acto que pretenda hacer efectiva la expropiación. Cuarta situación[85] Se levantará la afectación a través de providencia judicial a solicitud de uno de los cónyuges o compañero permanente, cuando se haya declarado judicialmente la suspensión o privación de la patria potestad a uno de los cónyuges. Quinta situación[86] Se podrá levantar la afectación a través de providencia judicial a solicitud de uno de los cónyuges o compañero permanente, cuando se declare judicialmente la ausencia de cualquiera de los cónyuges o compañero permanente. Sexta situación[87] Se podrá levantar la afectación a través de providencia judicial a solicitud de uno de los cónyuges o compañero permanente, cuando se declare judicialmente la incapacidad civil de uno de los cónyuges o compañero permanente. Séptima situación[88] Se podrá levantar la afectación a través de providencia judicial a solicitud de uno de los cónyuges o compañero permanente, cuando se disuelva la sociedad conyugal o patrimonial. Octava situación[89] Se podrá levantar la afectación a vivienda familiar a través de providencia judicial por un justo motivo apreciado por el juez de familiar a solicitud de un cónyuge o compañero permanente, del ministerio público o de un tercero perjudicado o defraudado con el gravamen. Novena situación[90] La afectación a vivienda familiar se extinguirá de pleno derecho por la muerte presunta o real de uno o ambos cónyuges. Sin embargo, los herederos menores que estén habitando el inmueble podrán solicitar al juez mantener la afectación por el tiempo que fuera necesaria, sin que se extienda más allá de la fecha en que cumplan la mayoría de edad o se emancipen. En este último caso, el levantamiento también operará de pleno derecho. 64. Una vez expuesto lo anterior, la Sala profundizará en los elementos del levantamiento de la afectación a vivienda familiar cuando se está ante la octava situación, toda vez a que la demanda objeto de revisión de esta sentencia se encuentra directamente relacionada con esta. 65. Octava situación: Levantamiento de la afectación con base en la séptima causal. La norma determina que un cónyuge o compañero permanente, el ministerio público o un tercero perjudicado o defraudado con el gravamen, a través de un proceso verbal sumario, acuda ante el juez de familia del lugar de ubicación del inmueble para solicitar el levantamiento de la afectación a vivienda familiar. El juez de familia podrá acceder a esta pretensión “por cualquier justo motivo” que aprecie. 66. Frente a la legitimación que tiene un tercero perjudicado o defraudado por la afectación, en la sentencia STC12628-2014[91] de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia estudió una tutela interpuesta por el apoderado de la propiedad horizontal del Edificio Oikos 55 contra una decisión proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Descongestión de Bogotá, dentro de un proceso declarativo de levantamiento de afectación familiar. En las consideraciones, la Corte Suprema señaló que para estimar si procede el levantamiento, el juez natural debe determinar si el tercero que expone el “justo motivo” parte de un perjuicio, entendido como el detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quien lo causa, o de una defraudación, que parte del abuso de confianza de una persona para incumplir obligaciones propias[92]. En todo caso, este “justo motivo”, debe ser demostrado por el interesado ante el juez y no es necesario que el perjuicio implique una defraudación o viceversa[93]. 67. Es de resaltar que, en distintos pronunciamientos[94] en sede de tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia relacionados directa o indirectamente con la aplicación de la causal séptima del artículo 4º de la ley 258 de 1996, la Corte ha optado por evitar pronunciarse de fondo sobre si los argumentos del juez para ordenar el levantamiento pueden ser catalogados como arbitrarios o caprichosos. En principio, más allá “independientemente de que se compara o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho”[95]. En línea con lo anterior, existen dos pronunciamientos relevantes para dar solución al caso concreto: 68. El primer pronunciamiento tuvo lugar en la sentencia STC12504-2019, la cual versa sobre una tutela interpuesta contra la decisión proferida por el Juzgado Décimo de Familia de Oralidad de Bogotá dentro de un proceso de levantamiento de afectación a vivienda familiar. En criterio del actor, “cualquier acreedor que pruebe su crédito impagado puede solicitar el levantamiento de la afectación y, por ende, del embargo, con desconocimiento de los fines de esa institución”. Sin embargo, la Corte le aclara que, la tutela no procede por la mera discrepancia que tenga con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales. Y, en el caso concreto, la decisión de levantar la afectación a vivienda se dio con base en dos supuestos: (i) el reconocimiento de la deuda por cuotas de administración; y (ii) la conclusión que la familia que protegía el gravamen, ya no amerita la protección “porque los hijos de la pareja que adquirió el apartamento son mayores de edad, incluso que ya ellos ostentan una profesión”. 69. El segundo pronunciamiento se dio en la sentencia STC16997-2015. En esa oportunidad, la Corte Suprema nuevamente señaló que más allá de que comparta o no los raciocinios del juzgado accionado, como aquellos no son productos de su subjetividad, es improcedente la intervención del juez de tutela. Así, se avaló la decisión tomada por el Juzgado Séptimo de Familia de Descongestión de Bogotá de levantar la afectación a vivienda familiar de un inmueble elevada a escritura en 2011, con base en un mandamiento ejecutivo del 18 de diciembre de 2013, toda vez que consideró que la actora era una tercera defraudada con la afectación[96]. 70. Conclusiones. Tras las verificación de la norma y jurisprudencia aplicable al levantamiento de la afectación de vivienda, por parte de un tercero perjudicado o defraudado por el gravamen (causal séptima), observó esta Sala de Revisión que existen varias alternativas de interpretación posibles, así: (i) no se puede concluir que es un tercero perjudicado cuando la deuda se adquirió de manera posterior al gravamen de afectación; (ii) podría tratarse como un tercero perjudicado, siempre que se encuentre acreditado un justo motivo que evidencie el perjuicio del acreedor, no podría procederse con el levantamiento de la afectación a vivienda familiar; y (iii) el juez de tutela no debe entrar a analizar la interpretación dada por el juez natural, posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia en múltiples pronunciamientos. F. SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO. SI BIEN EL SEÑOR FRANCISCO GALÍNDES EN UN TERCERO PERJUDICADO POR LA EXISTENCIA DE LA AFECTACIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR, NO EXISTE UN JUSTO MOTIVO QUE PERMITA ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE DICHO GRAVAMEN EN EL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA ACCIONANTE 71. ELAA, a través de apoderada, promovió acción de tutela contra el Juzgado 30 de Familia de Bogotá, al considerar que la decisión del 26 de julio de 2019, por medio de la cual ordenó el levantamiento de la afectación a vivienda familiar del inmueble de su propiedad, incurrió en un defecto sustantivo que le vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, la propiedad y la vivienda digna. Señaló que no ha sido su intención defraudar a FAGG con la afectación, dado que el gravamen lo constituyó diez años antes de adquirir la obligación y al haberse accedido al levantamiento, considera que la decisión es contraria a la Ley 258 de 1996 porque desconoce el “querer del legislador que no es otro que proteger la doble firma como mecanismo de protección del cónyuge no propietario”. Además, el inmueble objeto del levantamiento es el único que destina a su vivienda, ya que sus demás bienes se encuentran embargados para cubrir otras obligaciones y en todo caso, el hecho de que su esposo se encuentre privado de la libertad y haya tenido una relación extramatrimonial, no significa la inexistencia de una familia que proteger con el gravamen. 72. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, actuando en calidad de juez de primera instancia, denegó el amparo de los derechos fundamentales solicitados en la tutela. Sustentó su decisión en que la accionante no manifestó en el momento procesal oportuno las inconformidades que hoy pretende a través de la tutela, puesto que su participación en el trámite de la demanda solo se limitó a la contestación de algunos hechos, sin fundamentar los motivos por los que se oponía a las pretensiones y sin aportar elementos de juicio encaminados a sustentar su defensa. Además, afirmó que el juzgado accionado decidió conforme a la ley y el material probatorio aportado en el proceso permite demostrar la hipótesis prevista en la ley para levantar la afectación a vivienda familiar del inmueble objeto de la demanda. 73. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de juez de segunda instancia, accedió al amparo solicitado y dejó sin valor la providencia atacada. En su criterio, en dicha sentencia se configuró un defecto sustantivo, ya que la juez realizó una interpretación errónea del artículo 4º del numeral 7º de la ley 258 de 1996, debido a que el acreedor no puede ostentar el carácter de tercero perjudicado, toda vez que la obligación fue adquirida diez años después de la constitución del gravamen disputado, por lo que se debía concluir que el acreedor conocía o habría de conocer sobre el gravamen al momento de suscribir la obligación. 74. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso la Sala Tercera de Revisión encuentra configurado un defecto sustantivo dentro de la decisión del 26 de julio de 2019 que profirió la Jueza 30 de Familia de Bogotá, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de FAGG y se ordenó el levantamiento de la afectación a vivienda familiar. En efecto, como se expondrá a continuación, para que se constituya un defecto sustantivo dentro de la decisión objeto de estudio, es necesario que, en su labor hermenéutica, la interpretación de la causal 7º del artículo 4º de la ley 258 de 1996 utilizada por la juez, desconozca y se aparte arbitrariamente de los lineamientos constitucionales y legales al punto que vulnere o amenace derec...