Sentencia T-467 de 2022

T-467-22 Sentencia T-467/22 DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR EMBARAZO O EN PERIODO DE LACTANCIA-Niega amparo, no se demostró el conocimiento del estado de embarazo por parte del contratante CAPTURA DE PANTALLA-Valor probatorio de prueba documental al ser impresa Las copias impresas de los mensajes de datos son medios de convicción que deberán ser valorados según las reglas generales de los documentos y las reglas de la sana crítica, y su fuerza probatoria dependerá del grado de confiabilidad que le pueda asignar el juez atendiendo a las particularidades de cada caso. La confiabilidad se determina por la (i) autenticidad y por (ii) la veracidad de la prueba. En particular, la valoración de este último atributo de la prueba demanda del juez la aplicación de las reglas de la sana crítica, la presunción de buena fe, los principios del debido proceso, de defensa, de igualdad, y de lealtad procesal. En virtud de la naturaleza informal de la acción de tutela, no es razonable exigir el cumplimiento de la carga prevista en el Código General del Proceso para controvertir la presunción de autenticidad del artículo 244. El análisis probatorio se deberá flexibilizar según las circunstancias particulares de cada caso, sin que ello releve a la parte que alega un hecho de probarlo. PROTECCION CONSTITUCIONAL ESPECIAL A MUJER EMBARAZADA O EN PERIODO DE LACTANCIA La Corte Constitucional ha reconocido que el artículo 43 impone dos obligaciones a cargo del Estado. De un lado, la especial protección de la mujer embarazada y lactante – sin distinción-; y del otro, el deber prestacional de conceder un subsidio cuando la mujer esté desempleada o desamparada. En ese sentido, la jurisprudencia ha concluido que el artículo 43 superior ordena una protección general para todas las mujeres en estado de embarazo o en período de lactancia. FUERO DE MATERNIDAD DERIVADO DE LA ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL A LAS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA-Reiteración de jurisprudencia MUJER EMBARAZADA EN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Protección constitucional especial CONOCIMIENTO DEL CONTRATANTE O EMPLEADOR DEL ESTADO DE EMBARAZO DE UNA TRABAJADORA O CONTRATISTA-No existe una tarifa legal para demostrar el conocimiento del estado de embarazo Expediente: T-8.585.830 Acción de tutela presentada por la señora Kelly Johanna Díaz Palomino en contra de la Unidad de Servicios de Salud Estratégicos Relacionados-USSER S.A.S. Magistrado ponente: JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Bogotá D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política,[1] y 33 y siguientes del Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cotorra Córdoba, que declaró improcedente la acción de tutela promovida la señora Kelly Johanna Díaz Palomino en contra de la Unidad de Servicios de Salud Estratégicos Relacionados-USSER S.A.S. I. ANTECEDENTES A. Hechos de la acción de tutela 1. La señora Kelly Johanna Díaz Palomino refirió que el 16 de febrero de 2020 empezó a trabajar en la empresa Unidad de Servicios de Salud Estratégicos Relacionados-USSER S.A.S. El 1 de marzo de 2020 firmó contrato de prestación de servicios en el cargo de auxiliar de enfermería para el apoyo asistencial en residencia del paciente, y se pactó como fecha de terminación del contrato el 30 de julio de 2020.[2] 2. La accionante indicó que fue diagnosticada con “[h]iperprolactinemia – adenoma de hipófisis, controlado con cabergolina 2”[3] 3. Señaló que el 22 de mayo de 2020 se realizó una prueba de embarazo por sospecha y “según los resultados clínicos de la prueba de embarazo, fueron positivos e inmediatamente proced[ió] a informar a su empleador mediante su jefe inmediata la Enfermera Jefe Yajaira Ortiz Flórez mediante llamada al número de celular 314 8766517 la cual le manifestó su aprobación y grito de júbilo la felicitó (sic), le pidió que la constancia le fuera enviada a su whatsaap y al correo electrónico [email protected] [email protected] lo cual lo realizó igualmente.”[4] En el expediente obra prueba de embarazo del 22 de junio de 2020 realizada a la paciente Kelly Johanna Diaz Palomino.[5] 4. En el control prenatal en el Camu del Municipio de Cotorra, y “en cita médica del día veintisiete (27) del mes de agosto la especialista Elsa Díaz Barrios ginecología y obstetricia (sic) le otorg[ó] incapacidad por (7) días, posteriormente el día veintitrés (23) del mes de octubre le otorg[ó] incapacidad por treinta (30) días, las cuales fueron envidas a la entidad tutelada USSER S.AS. mediante correo electrónico [email protected] [email protected] desde el correo [email protected] y en la última cita el día once (11) del mes de diciembre le otorgó incapacidad de treinta (30) días.” 5. El 27 de agosto de 2020, Mutual Ser EPS expidió un certificado de incapacidad por 7 días a favor de la accionante, con fecha de inicio del 27 de agosto de 2020 al 2 de septiembre de 2020.[6] 6. La accionante refirió que, aunque el contrato de prestación de servicios fue suscrito con fecha de terminación al 30 de julio de 2020,[7] prestó sus servicios “por petición de su empleador hasta el 31 de octubre, fecha en la cual le manifestaron que no laborara más, sin más explicaciones.”[8] 7. La señora Díaz Palomino señaló que intentó comunicarse en repetidas ocasiones con la empresa. Sin embargo, no recibió información sobre su situación laboral.[9] Agregó que la entidad le adeuda seis meses de salario, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020. 8. La accionante indicó que “es cabeza de familia, pues su ingreso es el único sustento para ella y de su hija que nacerá.”[10] B. La acción de tutela 9. El 15 de diciembre de 2020, mediante apoderado, la señora Kelly Johanna Díaz Palomino presentó acción de tutela en contra de la Unidad de Servicios de Salud Estratégicos Relacionados S.A.S-USSER S.A.S., (en adelante USSER S.A.S) al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la dignidad humana, al trabajo, a la igualdad, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital de la mujer embarazada y a la vida del que está por nacer. Lo anterior, en razón a que, según lo afirma, fue despedida sin justa causa del cargo de auxiliar de enfermería, pese a estar en embarazo y ser paciente diagnosticada con hiperprolactinemia por adenoma de hipófisis.[11] 10. Solicitó al juez constitucional (i) tutelar los derechos fundamentales que aduce vulnerados; (ii) ordenar su reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno de similar jerarquía; (iii) ordenar a la accionada el pago de todos los salarios adeudados de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2020; y por último, (iv) ordenar a la empresa USSER S.A.S que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de la sentencia, “[a]filie a la señora Kelly Díaz Palomino, y a la menor que esta (sic) por nacer durante el primer año de vida al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y cancele la indemnización de que trata el numeral 3° del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, y todas aquellas que por ley tenga derecho mi prohijada.”[12] 11. El conocimiento de la acción de tutela le correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Cotorra (Córdoba). Por Auto del 15 de diciembre de 2020,[13] el juez admitió la demanda y ordenó la vinculación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a fin de que valorara la posibilidad que tiene la accionante de acceder al subsidio alimentario para mujeres gestantes. Además, corrió traslado de la demanda a la entidad accionada por el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre la situación expuesta. 12. La empresa USSER S.A.S. manifestó que no vulneró por acción u omisión los derechos fundamentales de la accionante. Señaló que se encuentra en cesación de pagos por justa causa, debido a que la Superintendencia Nacional de Salud vinculó económicamente a la accionada en la Resolución 2235 del 4 de mayo de 2020 a una investigación contra la EPS Comparta. Por lo cual, cerró varias oficinas a nivel nacional y no renovó contratos. Con base en lo anterior, la entidad le solicitó al juez oficiar “a la superintendencia nacional de (sic) económicamente a la empresa que representó (sic), toda vez que se están generando perjuicios económicos y administrativos.”[14] 13. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF contestó dentro del término otorgado. Solicitó la desvinculación del trámite de tutela en atención a que no existe prueba del vínculo de la accionante con la entidad y por lo mismo, no es responsable por la presunta vulneración a los derechos fundamentales de la accionante. Agregó que la accionante no se encuentra vinculada a ningún programa de atención a mujeres gestantes en el Municipio de Cotorra.[15] C. Las decisiones que se revisan (i) Sentencia de instancia 14. Mediante Sentencia del 18 de enero de 2021, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cotorra Córdoba declaró improcedente la acción de tutela. Se refirió a la regulación normativa y jurisprudencial de la protección a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en embarazo. Al respecto, se refirió al artículo 42 de la Constitución Política e indicó que las mujeres en embarazo gozan de una estabilidad laboral reforzada. Señaló que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el vencimiento del plazo del contrato a término fijo no siempre constituye terminación con justa causa de la relación laboral. 15. El juez se refirió a la figura del fuero de maternidad e indicó que, de conformidad con la jurisprudencia, el juez de tutela deberá identificar si de los documentos obrantes en el proceso se derivan los elementos de un contrato de trabajo. En caso de que se encuentre probada la existencia de una relación laboral, el amparo se referirá “a la existencia de una relación laboral oculta tras la apariencia de un contrato de prestación de servicios y a una terminación discriminatoria del mismo.” 16. En el análisis del caso concreto, el juez de instancia: (i) Señaló que, según con la Sentencia C-604 de 2016, la impresión de los mensajes de datos aportados al trámite debió anexar y mostrar el ID del mensaje y su descarga original. Refirió que los mensajes “no se allegaron de manera correcta, no están certificados ni analizados por ningún laboratorio especializado que permita verificar la trazabilidad de los mismos” En consecuencia, determinó que los mensajes aportados no “cumplen con los requisitos de fiabilidad, inalterabilidad ni rastreabilidad, por lo tanto, no cuentan con equivalencia funcional y no se consideran válido ni eficaces.”[16] (ii) Indicó que no hay prueba de la calidad de jefe inmediato de la señora Yajaira Ortiz López. El ad-quo concluyó que no existe un elemento del cual se pueda sostener que existió una relación directa entre la accionante y la señora Ortiz López. Señaló que la accionante “afirmó haber enviado los soportes a los correos [email protected] y [email protected], sin que exista prueba que dé cuenta de ello; el único documento que fuere anexado como prueba de envío a los citados correos es visible a folio 64 el cual es un documento denominado incapacidad”. (iii) Por último, sostuvo que “[d]e las cláusulas contractuales citadas y de las pruebas aportadas al proceso es evidente que la accionante desde la suscripción del primer contrato conocía los términos pactados, en el sentido que el período de duración era limitado. y que además sólo podía prorrogarse atendiendo la subsistencia de las causas que lo originaron y su materia. Véase con especial atención que mal podría hablarse de discriminación en razón al estado de embarazo cuando la realidad enseña que el contrato le fue prorrogado en una ocasión adicional a la finalización del inicial, ya que no existe prueba de que le fuere allegado preaviso o acuerdo de las partes 15 días antes del vencimiento del término inicial. Bajo este panorama, en verdad las condiciones del contrato estaban pactadas de antemano y se sabía, antes de que éste finalizara, que la relación laboral estaba circunscrita a la comunicación de no renovación en el término ya indicado.”[17] 17. Esta decisión no fue impugnada. D. Actuaciones en sede de revisión 18. El 19 de enero de 2022 el expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.[18] La Sala de Selección de Tutelas Número Dos, por Auto del 18 de marzo de 2022 y notificado el 4 de abril de 2022, decidió seleccionarlo y repartirlo a la Sala Segunda de Revisión.[19] 19. En el expediente remitido a la Corte obran, entre otros elementos, (i) el contrato de prestación de servicios suscrito entre la Unidad de Servicios de Salud Estratégicos Relacionados-USSER S.A.S y Kelly Johanna Díaz Palomino cuyo objeto fue el de “apoyo asistencial en el área de auxiliar de enfermería”;[20] (ii) la prueba de embarazo realizada a la paciente Kelly Johanna Diaz Palomino el 22 de junio de 2020;[21] (iii) dos incapacidades médicas ordenadas a la accionante, la primera por 1 semana, y la segunda por 30 días;[22] (iv) el certificado de incapacidad o licencia por maternidad proferido por Mutual Ser EPS el 22 de octubre de 2020;[23] (vi) las capturas de pantalla extraídas de la aplicación “Whatsapp”;[24] y, por último, (vi) la captura de pantalla de un correo electrónico extraída de la aplicación “Outlook” cuyo asunto es “FWD: Incapacidad de la auxiliar de enfermería OPS. Kelly Díaz” y que en el encabezado figura “Correo: ELADITH JOSE DIAZ PETRO – Outlook.”[25] Auto de pruebas del 22 de abril de 2022 20. Mediante Auto del 22 de abril de 2022, se ofició a la señora Kelly Johanna Díaz Palomino para que informara sobre (i) sus circunstancias actuales y (ii) qué trámites administrativos o acciones judiciales ha adelantado para obtener el reintegro y reclamar las prestaciones sociales y laborales a las que considera tener derecho, así como (iii) obtener copia del contrato suscrito por ella con la parte accionada y de sus prórrogas.[26] 21. Se ofició al representante legal de la empresa Unidad de Servicios de Salud Estratégicos Relacionados S.A.S USSER S.A.S para que informara (i) si contactó a la señora Kelly Johanna Díaz Palomino o llegó a algún arreglo directo con ella en relación con las pretensiones de la acción de tutela y ii) allegara copia del contrato suscrito con la señora Kelly Johanna Díaz Palomino y de sus prórrogas. Auto de pruebas del 6 de junio de 2022 22. De conformidad con las facultades que otorgan los artículos 19 del Decreto 2591 de 1991[27] y 65 del Acuerdo 02 de 2015,[28] se decretó la práctica de pruebas adicionales. En particular, se ofició a la accionante para que informara sobre (i) las condiciones y características de las funciones desempeñadas como auxiliar de enfermería y (ii) las circunstancias fácticas del presunto conocimiento de la empresa Unidad de Servicios de Salud Estratégicos Relacionados S.A.S USSER S.A.S sobre el embarazo de la accionante.[29] 23. El Magistrado le solicitó a la accionante remitir (i) copia del correo electrónico enviado desde el correo electrónico [email protected] el 1 de septiembre de 2020 a las 15:34 a [email protected] y [email protected], cuyo asunto es “Incapacidad de la auxiliar de enfermería OPS. Kelly Díaz.”; (ii) copia del envío de las incapacidades que fueron ordenadas el 27 de agosto de 2020, el 23 de octubre de 2020 y el 11 de diciembre de 2020, y se aduce fueron enviadas a los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y (iii) copia del correo electrónico del 22 de mayo de 2020 – anunciado en el hecho cuarto de la demanda – enviado a los correos electrónicos [email protected] y [email protected], en el que se afirma que se informó el estado de embarazo. 24. Así mismo, ofició al representante legal de la empresa Unidad de Servicios de Salud Estratégicos Relacionados S.A.S USSER S.A.S para que informara sobre la naturaleza de los servicios prestados por una auxiliar de enfermería en domicilio de pacientes.[30] E. Respuestas a los autos de pruebas Respuesta al auto de pruebas del 22 de abril de 2022 25. Vencido el término dispuesto para la práctica de pruebas, se recibió informe secretarial del 15 de julio de 2022,[31] en el que se comunicó que se recibió respuesta de Eladith José Díaz Petro, apoderado de Kelly Johana Díaz Palomino, por medio del cual allegó oficio en respuesta al oficio OPTB-089/22. La referida comunicación fue recibida en la Secretaría el 17 de mayo de 2022. 26. Sin embargo, no se obtuvo respuesta de la Unidad de Servicios de Salud Estratégicos Relacionados S.A.S USSER S.A.S. La Secretaría informó que “el oficio OPTB-089 de fecha 25 de abril de 2022, fue remitido [al accionado] a las siguientes direcciones físicas que se encontraron en diferentes documentos del expediente y datos encontrados en internet mediante el buscador Google: Carrera 3 #22-07 de la ciudad de Montería, Córdoba, devuelto con la anotación de “no existe” la dirección; carrera 29 #44-73 de la Ciudad de Barranquilla Atlántico devuelto con la anotación “no reside”; transversal 154 24-125-133 L6 de la ciudad de Floridablanca -Santander devuelto con la anotación “se trasladó”; y, transversal 154 24-125-133 L6 de la ciudad de Barranquilla -Atlántico- devuelto con la anotación “no existe”. Igualmente, el referido oficio se remitió a los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected], los cuales fueron devueltos, por lo tanto, no fue posible comunicar la providencia. Asimismo, se informa que atendiendo el numeral cuarto del auto de fecha 22 de abril de 2022, por medio del cual se PONE A DISPOSICIÓN LAS PRUEBAS, se realizaron las respectivas comunicaciones mediante el oficio OPTB-168 de fecha 8 de julio de 2022 y posterior a ello no se recibió comunicación alguna.” (i) Respuesta de Kelly Johana Díaz Palomino[32] 27. La accionante por medio de apoderado judicial dio respuesta a lo ordenado en el Auto del 22 de abril de 2022. Primero, manifestó que su núcleo familiar se encuentra conformado por su hija menor de edad Aylin Mader Díaz. Segundo, señaló que tiene a su cargo a sus padres de 69 y 47 años y a su hija de un (1) año. Tercero, indicó que no se encuentra laborando, está desempleada desde la fecha en la que fue despedida y no recibe ingresos económicos por ningún concepto o actividad económica. Cuarto, refirió que no tiene una red de apoyo, pero cuenta con el apoyo del padre de la menor Aylin Madera Díaz. Quinto, manifestó que no ha recibido ayuda o subsidio por parte del Estado. Sexto, indicó que se encuentra afiliada a la entidad Mutual Ser en el régimen contributivo como cotizante en estado activo. Dicha afiliación es posible por la ayuda del padre de la menor, con el fin de garantizar su salud. Séptimo, señaló que la entidad accionada no la ha contactado con la finalidad de solucionar o buscar un arreglo. Por último, refirió que presentó demanda ordinaria laboral ante el Juzgado Segundo del Circuito de Cereté. Respuesta al auto de pruebas del 6 de junio de 2022 28. Vencido el término dispuesto para la práctica de pruebas, se recibió informe secretarial del 5 de julio de 2022,[33] en el que se comunicó que se recibió respuesta de Eladith José Díaz Petro apoderado de Kelly Johana Díaz Palomino, por medio del cual allegó comunicación recibida en la Secretaría el 16 de junio de 2022. Además, en dicho informe se comunicó que “atendiendo el numeral cuarto del auto de fecha 6 de junio de 2022, por medio del cual se PONE A DISPOSICIÓN LAS PRUEBAS, se realizaron las respectivas comunicaciones mediante el oficio OPTB-158 de fecha 24 de junio de 2022 y posterior a ello no se recibió comunicación alguna. Vale anotar, que los correos enviados a la empresa USSER IPS, fueron devueltos, imposibilitando la comunicación de providencia.” (i) Respuesta de Kelly Johana Díaz Palomino[34] 29. La accionante dio respuesta a lo ordenado en el Auto del 6 de junio de 2022. Primero, aportó una imagen del contrato celebrado con el accionado, a fin de señalar el objeto del contrato y los derechos y los deberes de las partes. Segundo, indicó que el ingreso percibido correspondía a la suma de un millón trescientos cincuenta mil pesos ($1.350.000) y precisó que “la empresa contabilizaba, que el turno diario se pagaría en la suma de Cuarenta y Cinco Mil pesos ($45.000) y la [accionante] siempre realizó turnos diarios.” 30. Tercero, señaló que “el paciente era asignado por la empresa USSER S.A.S para ser atendido en la casa paciente, por la auxiliar de enfermería, se le daba instrucciones de la dirección del paciente, formularios en los cuales se debía llenar la asistencia de los turnos, se le informaba sobre el estado de salud del paciente por medio de su historia clínica, procedimientos a realizar, etc.” Cuarto, manifestó que su rol era el de auxiliar de enfermería domiciliaria, que fue asignada por la entidad accionada. 31. Quinto, indicó que debía informar a la jefe inmediata el estado del paciente y en caso de presentarse complicaciones en el cuidado era necesario que la auxiliar estuviera presente en el traslado del paciente a un centro de salud para su valoración. Sexto, señaló que su líder o coordinador inmediato era la señora Yajaira Ortiz Florez, Jefe de Talento Humano, quien suministraba información, documentos, órdenes y que coordinaba los turnos, realizaba el horario y solicitaba las planillas, entre otras labores. Refirió que la señora Ortiz Florez impartía las órdenes de las funciones que la accionante debía desarrollar y fue quien realizó la entrevista para el cargo. 32. Por último, aportó la captura de pantalla de un correo electrónico extraída de la aplicación “Outlook” cuyo asunto es “Incapacidad de la auxiliar de enfermería OPS. Kelly Díaz.” En el encabezado figura que el correo fue enviado por Manuel Salvador Ballestas Petro “[email protected]” a “[email protected]” y “[email protected]” y que se adjuntó un documento en formato pdf con registro “img20200090…5264953.pdf”. En la parte inferior del documento se observa una respuesta automática titulada “Mail Delivery Subsystem” y se alcanza a leer “No se ha encontrado la dirección Tu mensaje no se ha entregado a jefedomi.monteria@usscrips” II. CONSIDERACIONES a) Competencia 33. La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, así como en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Lo anterior, habida cuenta que, mediante Auto del 18 de marzo de 2022, notificado el 4 de abril de 2022, la Sala de Selección de Tutelas Número Dos de la Corte Constitucional seleccionó el expediente de la referencia para su revisión. b) Cuestión previa: remisión tardía del expediente de tutela 34. La Sala observa que la acción de tutela se presentó el 15 de diciembre de 2020, fue fallada el 18 de enero de 2021, y el expediente fue remitido a la Corte Constitucional por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cotorra el 19 de enero de 2022 para su eventual revisión.[35] En principio, el fuero de maternidad podría considerarse extinto, toda vez que la acción de tutela fue remitida a esta Corte un año después de haberse proferido una decisión de fondo. Prima facie, se podría concluir que se consumó el daño que se pretendía evitar. Sin embargo, la Sala observa que el retraso en el envío del expediente no se debió a negligencia de la accionante, sino a la demora en la remisión del caso por el juzgado de origen. En ese sentido, constituiría una negación del acceso a la administración de justicia concluir que en este caso se presenta carencia de objeto por daño consumado, en razón a que el retraso en la emisión de una decisión de revisión responde a un claro evento de mora judicial en la remisión del expediente para su revisión. Por lo tanto, se procederá a resolver de fondo con el fin de proteger y garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia. c) Análisis de procedencia 35. Le corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la acción de tutela cumple los requisitos de procedibilidad previstas en el Decreto 2591 de 1991. Solo en el evento de que ello sea así, corresponderá plantear el caso, definir el problema jurídico y exponer el esquema para resolverlo. 36. Legitimación por activa. Los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991 disponen que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar, por sí mismo o mediante representante, la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Al respecto, esta Corte ha mencionado que la legitimación por activa se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción por quien es titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados; (ii) por medio de representante legal (como es el caso de los menores de edad); (iii) a través de apoderado judicial acreditado por medio de mandato y con título profesional de abogado; y (iv) mediante agencia oficiosa.[36] 37. La jurisprudencia constitucional ha indicado que el mandato “i) es un acto jurídico formal, por lo cual debe realizarse por escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico; iii) debe ser un poder especial; iv) el poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para instaurar procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; v) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional.”[37] 38. En el asunto sub judice, la legitimación por activa se encuentra acreditada. Consta en los anexos de la tutela que la accionante otorgó poder especial al abogado Eladith José Díaz Petro, para que en nombre y representación suya presentara la acción de tutela en contra de la empresa Unidad de Servicios de Salud Estratégicos Relacionados-USSER S.A.S.[38] 39. Legitimación por pasiva. De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede, entre otras circunstancias, “contra acciones u omisiones de particulares de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto.” A su turno, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 prevé que la acción de tutela puede dirigirse contra particulares, entre otros eventos, cuando el accionante se encuentra en un estado de subordinación o de indefensión frente aquellos.[39] 40. La jurisprudencia se ha referido a los conceptos de indefensión y subordinación, y ha hecho énfasis en que ambos casos implican una “dependencia”. En los casos de indefensión, la relación de dependencia tiene origen en situaciones de naturaleza fáctica, en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida como la posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate. En la subordinación, la relación de dependencia implica una relación jurídica, como por ejemplo, la que tienen los trabajadores respecto de sus empleadores, o los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen.[40] 41. En este caso, la acción de tutela se dirige contra la empresa Unidad de Servicios de Salud Estratégicos Relacionados-USSER S.A.S[41] que, según consta en el expediente, celebró un contrato de prestación de servicios con la accionante, sobre el cual se reclama protección laboral reforzada por embarazo. Sin perjuicio de lo manifestado por la accionante y con base en la respuesta al auto de pruebas del 6 de junio de 2022, la salvaguarda que en realidad se reclama corresponde a la “protección ocupacional reforzada” por cuanto el vínculo de la accionante con la empresa se dio a través de un contrato de prestación de servicios y no se ha demostrado la existencia de un contrato realidad. Por lo cual, no es procedente concluir que se trata de una relación de subordinación. 42. Sin embargo, la Sala estima que sí se encuentra acreditado el estado de indefensión de la accionante respecto de la empresa USSER S.A.S. Lo anterior, si se tiene en cuenta que la accionante es un sujeto de especial protección constitucional por tratarse de una mujer en embarazo, que se encuentra en una situación fáctica de desventaja y debilidad manifiesta frente a la empresa accionada, en la cual no le es posible defenderse ante una supuesta agresión a sus derechos fundamentales.[42] En consecuencia, la Sala encuentra acreditado el requisito de indefensión. previsto en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, para tener por procedente la acción de tutela contra particulares. 43. Inmediatez. La naturaleza de la acción de tutela exige que se acuda a dicho mecanismo excepcional dentro de un término razonable. De acuerdo con lo señalado en el artículo 86 de la Constitución Política, “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar […] la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Al respecto, la Corte ha precisado que, aunque la acción de tutela no está sometida a un término de caducidad, de ello no se sigue que pueda promoverse en cualquier tiempo.[43] Por lo que, corresponderá al juez, en cada caso en particular, sopesar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el hecho que generó la amenaza o vulneración alegada y el momento en que se acudió al amparo constitucional, a fin de determinar si se cumple o no con el requisito de inmediatez. 44. En el presente caso, la Sala constata que la acción de tutela se ejerció de manera oportuna. Entre el hecho que presuntamente vulneró los derechos fundamentales de señora Kelly Johanna Díaz Palomino, esto es la terminación de su vínculo contractual el 31 de octubre de 2020 por el vencimiento del plazo para el desarrollo del objeto contractual convenido, y la presentación de la acción de tutela el 15 de diciembre de 2020, transcurrieron menos de dos meses, lapso que se considera razonable. Además, está probado que para la fecha de interposición de la acción, la accionante aún se encontraba en periodo de estabilidad ocupacional reforzada pues tenía 30 semanas de gestación aproximadamente. 45. Subsidiariedad. Según lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución y 6.1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente “cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.” En tales términos, es deber del juez constitucional verificar si en el ordenamiento jurídico existen mecanismos de defensa judicial distintos a la acción de tutela para la solución de la controversia planteada. En caso de establecer que ello es así, le corresponde evaluar si estos son idóneos y eficaces para garantizar de manera oportuna la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados.[44] 46. La Corte ha sostenido que, pese a la existencia de otros medios de defensa judicial, la acción de tutela procede como mecanismo definitivo de protección “(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo ni eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.”[45] 47. Ahora bien, el ordenamiento jurídico prevé una serie de mecanismos judiciales de defensa para la protección de los derechos laborales, cuyo conocimiento le corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral o a la jurisdicción contenciosa administrativa según el caso. Por lo anterior, la Corte ha señalado que la acción de tutela, en principio, no procede para resolver controversias de naturaleza laboral, como por ejemplo casos de reintegro laboral o pago de prestaciones económicas.[46] 48. En los casos en los que se pretenda el reconocimiento de la estabilidad ocupacional reforzada, la acción de tutela procede cuando “(i) el actor no dispone de otros medios judiciales de defensa; o (ii) dispone de ellos pero se requiere evitar un perjuicio irremediable; o (iii) los recursos disponibles no son idóneos o eficaces, toda vez que su sola existencia formal no es garantía de su utilidad en el caso concreto.” Por lo que, el análisis de la eficacia e idoneidad de los recursos ordinarios no debe ser abstracto y general. Por el contrario, “[e]s competencia del juez constitucional examinar cuál es la eficacia que, en concreto, tiene el otro instrumento de protección. Y para determinar esto último la jurisprudencia de esta Corte ha señalado dos pautas generales: primero, debe verificarse si los otros medios de defensa proveen un remedio integral, y segundo si son expeditos para evitar un perjuicio irremediable.”[47] 49. En síntesis, en atención al carácter legal de las relaciones laborales, la acción de tutela es improcedente para la solución de controversias de naturaleza laboral. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional reconoce que en los casos en los que se pretenda el reconocimiento de la estabilidad ocupacional reforzada, solo si se verifica que los medios de defensa ordinarios no son eficientes, idóneos y expeditos en la protección integral de los derechos alegados, procede la acción de tutela. 50. La Sala encuentra que, dadas las circunstancias particulares del caso, se puede concluir que el medio ordinario promovido por la accionante,[48] aunque es idóneo, no es eficaz para garantizar los derechos invocados y evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en esta sentencia, se encuentra que dilatar una decisión de fondo en este asunto podría generar el desamparo de los derechos fundamentales de la accionante y de su núcleo familiar, puesto que:[49] (i) la accionante es un sujeto de especial protección constitucional por estar en embarazo al momento de presentar la acción de tutela; (ii) tiene a su cargo a su padre, madre e hija; (iii) pese a que tiene acceso a la seguridad social, en la actualidad se encuentra desempleada, lo que afecta su mínimo vital. Además, (iv) en el expediente no obra prueba que acredite que la accionante hubiera recibido alguna suma de dinero para amortiguar la falta de ingresos laborales al término de su contrato, por ejemplo, por concepto de indemnización o liquidación final, o cesantías. Por último, (v) en la respuesta al Auto del 22 de abril de 2022, la actora indicó que la empresa USSER S.A.S le debe determinadas sumas de dinero por concepto de cuidados de enfermería domiciliaria, y la accionada reconoció que se encuentra en cesación de pagos como consecuencia de su vinculación a un proceso adelantado por la Superintendencia Nacional de Salud.[50] 51. Ahora bien, USSER S.A.S se encuentra vinculado al trámite ordinario, por lo que la accionante podría obtener la satisfacción de las prestaciones económicas que reclama, concernientes a los valores adeudados del contrato entre los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2020 por medio de un proceso de cesación de pagos. No obstante, dicho trámite también carece de eficacia e idoneidad, toda vez que el proceso no sería eficaz para garantizar los derechos invocados y evitar la configuración de un perjuicio irremediable y, además, no es idóneo porque al tratarse de una reclamación cuyo origen es un contrato de prestación de servicios, esta no goza de una protección especial en la ley y su pago estaría relegado a la quinta categoría de créditos o también llamados créditos quirografarios.[51] 52. En suma, la Sala concluye que la presente acción de tutela es procedente, ya que se verificó que se cumplen los requisitos de procedencia de legitimación en la causa por activa y pasiva, de inmediatez y de subsidiariedad. d) Delimitación del caso, planteamiento del problema jurídico y metodología de la decisión 53. De conformidad con lo expuesto, se tiene que la señora Kelly Johanna Díaz Palomino presentó acción de tutela en contra de la empresa Unidad de Servicios de Salud Estratégicos Relacionados-USSER S.A.S. con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la dignidad humana, al trabajo, a la igualdad, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital de la mujer embarazada y a la vida del que está por nacer.[52] La empresa accionada manifestó que no vulneró por acción u omisión los derechos fundamentales de la actora. Indicó que la vinculación de la señora Kelly con la entidad estuvo mediada por un contrato de prestación de servicios y que la no renovación de éste se dio por una justa causa consistente en la cesación de los contratos que la empresa tenía con una EPS, y su vinculación a un proceso adelantado por la Superintendencia Nacional de Salud contra esa misma EPS.[53] 54. El Juez de primera instancia declaró improcedente la acción. Consideró que (i) los mensajes aportados por la accionante no “cumplen con los requisitos de fiabilidad, inalterabilidad ni rastreabilidad, por lo tanto no cuentan con equivalencia funcional y no se consideran válido ni eficaces”; (ii) no existe prueba de la calidad de jefe inmediato de la señora Yajaira Ortiz López; y por último, (iii) “la accionante desde la suscripción del primer contrato conocía los términos pactados, en el sentido que el período de duración era limitado.”. El fallo no fue impugnado por ninguna de las partes. 55. De conformidad con lo expuesto, la acción de tutela plantea dos pretensiones: (i) que se tutelen los derechos fundamentales invocados; y que (ii) se le ordene a la entidad accionada el reintegro laboral, el pago de las acreencias laborales y la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud de la accionante. 56. En ese orden, la Sala de Revisión resolverá el siguiente problema jurídico: ¿La empresa Unidad de Servicios de Salud Estratégicos Relacionados-USSER S.A.S desconoció los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la dignidad humana, y a la seguridad social de Kelly Johanna Díaz Palomino, quien alega ser titular de la garantía de la protección ocupacional reforzada, al no renovar el contrato de prestación de servicios por el vencimiento del término convenido? 57. Para resolver dicho interrogante, la Sala abordará los siguientes asuntos: (i) el contenido de la protección prevalente y continua en salud a la mujer durante el embarazo y el periodo de lactancia; (ii) la protección reforzada a las mujeres en estado de embarazo y periodo de lactancia; (iii) el conocimiento del contratante o empleador del estado de embarazo de una trabajadora o contratista. Por último, (v) resolverá el caso concreto. (i) El contenido de la protección prevalente y continua a la mujer durante el embarazo y el periodo de lactancia Fundamento constitucional de la protección de las mujeres embarazadas 58. El artículo 43 de la Constitución Política prevé el derecho de las mujeres a recibir una protección especial durante la maternidad. La disposición señala que las mujeres tienen derecho a gozar de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo y que deben recibir un subsidio alimentario en caso de desempleo o desamparo.[54] 59. La protección a la maternidad también está prevista en diferentes instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado colombiano, y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”, a su turno, el artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)[55] ordena a los Estados parte “conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto.” Por último, el artículo 12.2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) señala que “los Estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.” 60. La Corte Constitucional ha reconocido que el artículo 43 impone dos obligaciones a cargo del Estado. De un lado, la especial protección de la mujer embarazada y lactante – sin distinción-; y del otro, el deber prestacional de conceder un subsidio cuando la mujer esté desempleada o desamparada. En ese sentido, la jurisprudencia ha concluido que el artículo 43 superior ordena una protección general para todas las mujeres en estado de embarazo o en período de lactancia.[56] (ii) La protección reforzada a las mujeres en embarazo y en periodo de lactancia La protección de la mujer embarazada o lactante de la discriminación en el ámbito laboral: fuero de maternidad 61. El fuero de maternidad permite la protección de la mujer embarazada o lactante de la discriminación en el ámbito laboral. Este mecanismo tiene como fin “impedir la discriminación constituida por el despido, la terminación o la no renovación del contrato por causa o con ocasión del embarazo o lactancia.”[57] La prohibición de discriminación también ha sido reconocida en múltiples instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP);[58] la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH);[59] el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC);[60] la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de Belém do Pará–[61]y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),[62] entre otros. 62. Los postulados constitucionales y las normas internacionales establecen una garantía reforzada a las mujeres en embarazo o que se encuentran en período de lactancia. Así, “en desarrollo del principio de igualdad y en aras de garantizar el derecho al trabajo de la mujer embarazada (…) tiene un derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, pues una de las manifestaciones más claras de discriminación sexual ha sido, y sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez.” (énfasis añadido)[63] 63. El Código Sustantivo del Trabajo desarrolla el deber de protección a la mujer embarazada y a la maternidad. Así, el artículo 239 prevé una prohibición general y dispone que “1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia.” El numeral 2° del artículo 239 del CST establece una presunción, según la cual se entiende que el despido efectuado dentro del período de embarazo y/o dentro de los tres meses posteriores al parto tuvo como motivo o causa el embarazo o la lactancia. El numeral 3° prevé una indemnización por despido sin autorización del Ministerio del Trabajo (o del alcalde municipal según el caso), independiente de los salarios y prestaciones a los cuales tiene derecho la trabajadora de acuerdo con el contrato de trabajo. Por último, el numeral 4 indica que, si la trabajadora no ha disfrutado de su licencia de maternidad, “tendrá derecho al pago de las semanas que no gozó de licencia”.[64] 64. El artículo 240 indica que “[p]ara poder despedir a una trabajadora durante el período de embarazo o a las dieciocho (18) semanas posteriores al parto, el empleador necesita la autorización del Inspector del Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario.” Además, previó que el permiso de desvinculación solo se concede con fundamento en una de las justas causas enumeradas en los artículos 62 y 63 del CST. El artículo 241 estipula la obligación del empleador de mantener vinculada a la trabajadora que disfruta de los descansos remunerados contemplados en la ley. Además, sanciona con la ineficacia “el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos.” 65. La Sentencia C-470 de 1997 se pronunció sobre el alcance de los derechos de las mujeres en embarazo previstos el Código Sustantivo del Trabajo. Concluyó que los mecanismos de carácter indemnizatorio eran insuficientes para amparar el derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada de las mujeres en embarazo. Declaró la exequibilidad del artículo 239 en el entendido de que el despido de una mujer embarazada o en los tres meses posteriores al parto, carece de efectos sin la correspondiente autorización previa del funcionario de trabajo competente.[65] 66. La Corte se ha referido al fuero de maternidad con el propósito de suplir el déficit de protección en las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. En la Sentencia SU-070 de 2013, esta Corporación unificó los criterios para determinar el alcance de la protección del embarazo y la maternidad. En este sentido, la Sala Plena estableció dos reglas principales en relación con esta materia: (i) La protección reforzada a la maternidad y la lactancia en el ámbito del trabajo procede cuando se demuestre: a. la existencia de una relación laboral o de prestación; y b. que la mujer se encuentra en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. (ii) El alcance de la protección se debe determinar a partir de dos factores: a. el conocimiento del embarazo por parte del empleador; y b. la alternativa laboral mediante la cual se encontraba vinculada la mujer embarazada. 67. Además, al referirse a los contratos de prestación de servicios, dicha decisión se pronunció sobre la posibilidad de reclamar la garantía solo en los casos en los que la mujer gestante o lactante “logre demostrar la existencia de un contrato realidad,” caso en el cual “deberán aplicarse las reglas propuestas para los contratos a término fijo, en razón a que dentro las característica del contrato de prestación de servicios, según lo ha entendido esta Corporación, se encuentran que se trata de un contrato temporal, cuya duración es por un tiempo limitado, que es además el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido.” 68. La Sentencia SU-075 de 2018 se refirió a la Sentencia SU-070 de 2013 y concluyó que la regla propuesta desdibujó el fuero de maternidad como una acción afirmativa. Además, señaló que se produjo una mayor discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, en contravía de los mandatos de los artículos 13, 25 y 43 de la Constitución. La Sala Plena optó por modificar la postura de la sentencia SU-070 de 2013, al estimar que por virtud del artículo 43 de la Constitución, se estableció un deber de materializar la igualdad sustantiva para las mujeres desde dos acercamientos, el primero “un mandato claro de igualdad entre hombres y mujeres que cobija todas las esferas de la vida y los espacios de la sociedad.” Y el segundo, “instaura un deber para el Estado de proteger especialmente a la mujer en estado de embarazo, después del parto y en los eventos de desempleo o desamparo se debe dar un subsidio alimentario.” 69. Señaló que la protección a la maternidad se traduce en el deber de garantía asistencial consistente en el pago de un subsidio alimentario a cargo del Estado. La Sentencia señaló que, pese a lo anterior, “la regla jurisprudencial objeto de modificación ha desplazado tal obligación para ponerla a cargo del empleador. Lo anterior, tiene pleno fundamento en los casos en los cuales se presenta una discriminación en el ámbito laboral en contra de la mujer gestante. Sin embargo, en las situaciones en las cuales no existe tal supuesto, se impone una carga económica desproporcionada para el empleador que, además, desencadena efectos discriminatorios que contrarían la misma norma constitucional de la cual se ha derivado la regla en mención.” 70. En tal sentido, la Sala Plena determinó que “la regla jurisprudencial objeto de modificación impone una obligación desproporcionada para el empleador cuando no existe discriminación de su parte, pues cuando es claro que el motivo del despido no tuvo que ver con el estado de embarazo de la trabajadora, es decir, no se fundó en un trato ilegítimo derivado del ejercicio de la función reproductiva de las mujeres, no es posible imponer cargas económicas por haber actuado dentro del margen de apreciación del trabajo que tiene el empleador. No debe perderse de vista que, de conformidad con la Sentencia SU-070 de 2013, el fundamento de la regla jurisprudencial previamente enunciada, se desprende del principio de solidaridad. En tal sentido, la protección derivada del fuero de maternidad muta para convertirse en una acción afirmativa exclusivamente destinada a la familia. De este modo, se desplaza hacia el empleador la carga económica asignada al Estado por el artículo 43 de la Constitución, en virtud de la cual debe asumir la faceta prestacional de los derechos contemplados para la mujer embarazada. Por tanto, como se demostrará en el siguiente acápite, la regla jurisprudencial vigente fomenta una mayor discriminación para las mujeres, pues al desnaturalizar una protección dirigida a los eventos en los cuales efectivamente se despide a las mujeres en razón del embarazo, se genera que la presencia de aquellas en la fuerza laboral sea demasiado costosa y que los empleadores no quieran asumir su contratación.” 71. Con base en los criterios de modificación jurisprudencial, la Sala Plena modificó la regla de la Sentencia SU-070 de 2013 respecto de los contratos de trabajo y relaciones subordinadas e indicó que “el empleador no debe asumir el pago de cotizaciones a la seguridad social ni el pago de la licencia de maternidad cuando desvincula a la trabajadora sin conocer su estado de embarazo. Corresponde al Estado asumir la protección de las mujeres gestantes cuando se encuentren desamparadas o desempleadas, al tenor del artículo 43 Superior.” 72. Dicha decisión señaló que en los contratos de prestación de servicios “de conformidad con la Sentencia SU-070 de 2013 el juez debe analizar las circunstancias que rodean el caso para determinar si bajo dicha figura contractual se encubre la existencia de una auténtica relación laboral.” Para tal efecto, “el juez constitucional se encuentra facultado para verificar la estructuración material de los elementos fundamentales de la relación de trabajo.” 73. En tal sentido, es posible extender lo dispuesto en la SU-075 de 2018 a los contratos de prestación de servicios en la medida que, pese a que en principio no se trata de relaciones laborales, lo cierto es que dicha sentencia pretendió otorgar un amparo integral a los derechos de las mujeres embarazadas que se encuentran vinculadas de alguna manera con un empleador o contratante. Por lo cual, las reglas establecidas en dicha sentencia son plenamente aplicables a los casos de contratos de prestación de servicios. (iii) Conocimiento del contratante o empleador del estado de embarazo de una trabajadora o contratista 74. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado los criterios para establecer el conocimiento del embarazo por parte del empleador. En un primer momento, la Corte sostuvo que era necesario una notificación formal del embarazo, como condición indispensable para otorgar la protección constitucional a la estabilidad laboral reforzada. En decisiones posteriores, la Corte determinó que no es necesaria la comunicación del embarazo al empleador para que se active la protección constitucional.[66] 75. La Sentencia SU-075 de 2018 modificó la regla sobre la comunicación del y determinó que el empleador sí debe conocer del mismo para que se pueda imponer una carga prestacional sobre aquel. A su turno, la Sentencia SU-070 de 2013 indicó que “el conocimiento del empleador del embarazo de la trabajadora, no exige mayores formalidades. Este puede darse por medio de la notificación directa, método que resulta más fácil de probar, pero también, porque se configure un hecho notorio o por la noticia de un tercero, por ejemplo. En este orden de ideas, la notificación directa es sólo una de las formas por las cuales el empleador puede llegar al conocimiento de la situación del embarazo de sus trabajadoras, pero no la única.” 76. La Sentencia SU – 070 de 2013 determinó que el embarazo como un hecho notorio se puede presentar en los siguientes eventos: (i) “cuando el embarazo se encuentra en un estado que permite que sea inferido”; (ii) “se solicitan permisos o incapacidades laborales con ocasión del embarazo”; (iii) “cuando el embarazo es de conocimie nto público por parte de compañeros de trabajo; y, por último, cuando “se puede concluir que el empleador tenía conocimiento del embarazo, cuando las circunstancias que rodearon el despedido y las conductas asumidas por el empleador permiten deducirlo.” 77. Finalmente, la Sentencia SU-070 de 2013 precisó que las circunstancias descritas se presentan “de manera descriptiva, no taxativa” por lo que “es tarea de las o los jueces de tutela analizar con detenimiento las circunstancias propias del caso objeto de estudio para concluir que si es posible o no inferir que aunque la notificación no se haya hecho en debida forma, existen indicios que conduzcan a afirmar que el empleador sí conoció previamente del embarazo de la trabajadora, lo anterior bajo el entendido de que no es necesaria la notificación expresa del embarazo al empleador, sino su conocimiento por cualquier medio.”[67] Valor probatorio de las capturas de pantalla extraídas de las aplicaciones de texto “WhatsApp” 78. La Ley 527 de 1999 reglamentó el acceso y uso de los mensajes de datos y estableció, entre otras cosas, los criterios de validez o fuerza obligatoria, y el valor probatorio que debe dársele a este tipo de información.[68] Dispuso un conjunto de normas orientadas a dar respaldo, seguridad y confianza en las operaciones realizadas a través de canales electrónicos; y estipuló el trato que se le debe dar al uso de los documentos electrónicos a través de unas reglas precisas.[69] Según los artículos 6,7 y 8 de la Ley 527 de 1999, la validez de un mensaje de datos depende de que se pueda conocer de forma electrónica quién lo produjo y cuál es su contenido original. En otras palabras, el juez debe poder verificar de forma objetiva que el mensaje ha estado inalterado desde que se generó.[70] 79. El artículo 247 del Código General del Proceso dispone que “[s]erán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos.” El artículo 243 del Código señaló los distintos tipos de documento[71] y el artículo 244 indicó que “[e]s auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. (…) La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.” 80. La Sentencia C-604 de 2016 se refirió al valor probatorio de los mensajes de datos según la Ley 527 de 1999 y señaló que “[l]a ley 527, así como el modelo de la CNUDMI, pretende crear, en relación con el uso masivo del documento tradicional en papel, una nueva plataforma documental homóloga, a partir de una reconceptualización de nociones como “escrito”, “firma” y “original”, con el propósito de dar entrada al empleo de técnicas basadas en la informática. Agregó que “cuando la ley exija que un contenido conste por escrito, el mensaje de datos puede ser análogo al papel, siempre que la información sea posteriormente consultable; (…) y en los supuestos en que las normas requieran la versión original del documento, podrá satisfacer el requerimiento bajo condición de que se halle técnicamente garantizada la integridad de la información, es decir, que haya permanecido completa e inalterada, a partir de su generación por primera vez y en forma definitiva.” (énfasis añadido) 81. En ese sentido, la sentencia sostuvo que, desde el punto de vista probatorio y legal, los mensajes de datos son medios de prueba y su fuerza de convicción corresponde a la otorgada a los documentos según el Código General del Proceso. En particular, precisó que “la ley señala como criterios de apreciación de los mensajes de datos las reglas de la sana crítica y, en particular, la confiabilidad en la modalidad de conservación de la integridad de la información, la manera en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. La confiabilidad de los documentos electrónicos se deriva, como se dijo, también de los tipos de técnicas utilizadas para asegurar la inalterabilidad, rastreabilidad y recuperabilidad del contenido de los mensajes de datos.” 82. La Sentencia se pronunció sobre las impresiones de los mensajes de datos y concluyó que “[l]a información pasa de estar contenida en un dispositivo electrónico, que asegura la integridad, autenticidad e inalterabilidad de la información, a un soporte de papel sin esa capacidad técnica, por lo cual, el elemento material probatorio resulta modificado y se convierte en una mera reproducción de su original. Dado que las propiedades de la evidencia misma se han entonces transformado, el legislador dispuso que la referida impresión del mensaje se somete a las mismas reglas de valoración de los documentos. Esto obedece a que, elementalmente, las reglas sobre equivalencia funcional, pero sobre todo...