Sentencia T-453 de 2022

T-453-22 Sentencia T-453/22 DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO Y DERECHO A LA EDUCACIÓN-Vulneración en procedimiento administrativo sancionatorio del SENA, que determinó la cancelación de matrícula de la estudiante (…) la permanencia en el sistema educativo hace parte del núcleo esencial del derecho a la educación, la decisión de cancelar la matrícula de la accionante, en desconocimiento de las garantías del debido proceso, generó una grave vulneración a sus derechos fundamentales. ACCION DE TUTELA CONTRA DECISIONES DISCIPLINARIAS-Criterios de procedencia (…) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es eficaz para garantizar el derecho a la educación de la accionante, pues la continuidad de su formación académica hace parte esencial de dicho derecho, situación que requiere de una respuesta pronta y oportuna. DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Aspectos que se deben tener en cuenta en trámite sancionatorio DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Reiteración de jurisprudencia DERECHO A LA EDUCACION-Características (…), la Corte “ha caracterizado el derecho a la educación como: (i) un derecho fundamental autónomo del que gozan todas las personas, (ii) que cumple un papel instrumental respecto de los derechos a la vida digna, a la participación, al libre desarrollo de la personalidad, a la cultura, a la escogencia de profesión u oficio, a la igualdad de oportunidades y al trabajo; (iii) también contribuye a alcanzar uno de los fines esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho; (iv) que faculta a su titular para reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo; y (vi) un derecho - deber que genera obligaciones recíprocas entre todos los actores del proceso educativo”. DERECHO A LA EDUCACION Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO-Fundamental (…), la jurisprudencia constitucional ha señalado que “el principio de continuidad garantiza la efectiva prestación y la permanencia del servicio público de educación, de tal modo que, las interrupciones que excepcionalmente se presenten deben estar debidamente justificadas”, so pena de vulnerar el derecho fundamental a la educación. HOSTIGAMIENTO O ACOSO ESCOLAR (BULLYING/MATONEO)-Caracterización (…) el acoso o matoneo –bullying– es una agresión que se caracteriza por ser: “(i) intencional, (ii) representa un desequilibrio de poder entre el agresor (individual o grupal) y la víctima, (iii) es repetitiva, (iv) afecta directamente la dignidad de la víctima, (v) produce efectos en el transcurso del tiempo y (vi) puede producirse a través de insultos, exclusión social y/o propagación de rumores, ya sea de forma presencial, palabras escritas o utilizando medios electrónicos de comunicación”. HOSTIGAMIENTO O ACOSO DIGITAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS (CIBERACOSO/CYBERBULLING)-Concepto El ciberacoso, también conocido como cyberbullying, es una modalidad de bullying que hace referencia al acoso digital o maltrato en las redes sociales. La Corte ha advertido que este fenómeno “consiste en el uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para amenazar físicamente, asediar verbalmente o excluir socialmente a un individuo de un grupo”. Y ha resaltado que, aunque el acoso inicialmente se hizo evidente en entornos educativos, se ha ido presentando también en ámbitos laborales, familiares o sociales. RETOS EDUCATIVOS EN EL CONTEXTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION-Acoso escolar o matoneo en redes sociales (…), el desarrollo de las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales como herramientas populares de interacción exponen a los estudiantes al riesgo de padecer ciberacoso. En la búsqueda de mitigar este riesgo, “tanto la normativa como la jurisprudencia han instado a las instituciones educativas para que cuenten con políticas y protocolos que permitan la prevención, detección temprana o inmediata, atención y protección frente al acoso escolar. […] Para esto, la institución educativa debe basarse en una ruta de atención integral, siempre en el marco del derecho a la intimidad y confidencialidad”. Referencia: Expediente T-8.853.176 Acción de tutela presentada por Melin Andrea Miranda Salgado contra el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Magistrado/a ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022) La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Cristina Pardo Schlesinger –quien la preside– y Natalia Ángel Cabo, y por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2591 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión de la sentencia de única instancia emitida el 11 de octubre 2021 por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, a través de la cual se negó, por improcedente, el amparo solicitado. Aclaración previa. Con fundamento en el artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015 –Reglamento de la Corte Constitucional–, dado que el asunto de la referencia involucra temas sensibles relacionados con la intimidad de las personas involucradas en el caso, esta Sala de Revisión emitirá dos copias del mismo fallo. En consecuencia, en la versión que publique la Corte Constitucional en su página web se sustituirá el nombre de la presunta víctima de bullying por uno ficticio –Merlina–. I. ANTECEDENTES A. Hechos relevantes 1. Melin Andrea Miranda Salgado interpuso acción de tutela en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y educación. Lo anterior, por cuanto la institución educativa canceló su matrícula como consecuencia de los mensajes que compartió en un grupo de WhatsApp que tenía con los compañeros de clase[1]. Pues, al parecer, allí había “burlas, palabras groseras y memes hacia sus instructores y hacia la aprendiz Merlina”[2]. 2. El proceso disciplinario en contra de Melin Andrea Miranda Salgado, que llevó a la cancelación de su matrícula tuvo su origen en una queja presentada por la aprendiz Merlina, “quien informó a sus instructores […] que estaba siendo víctima de matoneo por parte de sus compañeros, cuando intervenía en las clases […] al igual que [a] través de mensajes en redes sociales”[3]. Al respecto, el SENA aclaró que el proceso giró en torno a dicha queja y a “los testimonios, declaraciones y/o confesiones que los mismos implicados realizaron en el Comité de Evaluación y Seguimiento, cuando se les dio la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa y controvertir; mas no [en torno a] las conversaciones de redes sociales”[4]. De hecho, al solicitarle que suministrara a la Corte las capturas de pantalla de dichos mensajes, la institución educativa indicó que no cuenta con ellas pues “la aprendiz querellante hizo mención a eso en su queja, pero esos elementos nunca fueron piezas procesales”[5]. 3. En mayo y junio de 2021, en respuesta a la situación de los stickers, memes y burlas presuntamente realizadas a los instructores y a la aprendiz Merlina[6], “desde bienestar se realizaron cuatro intervenciones con talleres del valor el respeto, manejo de las redes sociales y derecho de las comunicaciones y se leyó todo el reglamento”[7]. Y, como resultado de los talleres, los aprendices realizaron un video sobre el respeto[8], aceptaron “que hicieron una broma muy pesada”[9] y pidieron disculpas. Incluso, los aprendices “informaron que desde que pasó la situación eliminaron[10] ese grupo”[11]. 4. El 22 de junio de 2021, con ocasión de los mismos hechos[12], la institución educativa citó a los aprendices involucrados[13], incluida Melin Andrea Miranda Salgado, al Comité de Evaluación Seguimiento “[p]or presentar actos de indisciplina y conductas contrarias a la vida institucional […] según lo reportado por los instructores […] en su informe presentado el 19 de mayo de 2021 ante la Coordinación Académica”[14]. En dicho correo se estableció que “se califican las faltas cometidas por el aprendiz como: Faltas Académicas y Disciplinarias Graves”[15]. 5. El 28 de junio de 2021 se realizó el Comité de Evaluación y Seguimiento en donde se indicó a los estudiantes que el motivo de la reunión era que “en un chat personal que tenían los jóvenes hicieron unos stickers de varios instructores”[16]. Posteriormente, se abrió el espacio para los descargos, momento en que la accionante manifestó lo siguiente: Buenas tardes, como ya había dicho anteriormente también pido disculpas, por lenguaje inapropiado, por cómo me referí hacia Merlina que no fue el mejor, ya le pedimos disculpas públicamente lo (sic) stickers no los utilice y tampoco los hice, solo el lenguaje y como me referí hacia Merlina, pido mil disculpas por eso.[17] 6. Al respecto, en el escrito de tutela Melin Andrea Miranda Salgado señaló lo siguiente: En dicho comité estudiantil, literal nos acorralaron preguntándonos por una serie de sucesos, de los cuales muchos no me constaban, sin embargo, en razón de creer que era algo tan insignificantico (sic), en común acuerdo decidimos aceptar las culpas (sin saber de qué nos acusaban o con que pruebas contaban) y pedir disculpas para olvidar dicho tema[18]. 7. El Comité de Evaluación y Seguimiento concluyó que las faltas cometidas por la aprendiz son Faltas Disciplinarias Gravísimas y, en consecuencia, recomendó la imposición de la sanción de cancelación del registro matrícula[19]. En efecto, según el Acta No. 107 de 2021, los instructores sugirieron cancelar la matrícula a seis aprendices[20], entre los que se encuentra Melin Andrea Miranda Salgado, “por ser los autores de los stickers”[21]. 8. El 30 de agosto de 2021, a través de correo electrónico, se notificó a Melin Andrea Miranda Salgado la Resolución de Cancelación de Matrícula No. 08-02892 de 2021 en la cual se recordó que “en reunión de Comité de Evaluación y Seguimiento realizada el día 28 de junio del 2021, se analizó el caso del aprendiz, se le realizó la descripción detallada de los hechos que presuntamente constituyen la falta, presentando como pruebas testimoniales sus descargos”[22]. Y, en consecuencia, se ordenó: la Cancelación del Registro de Matrícula de Melin Andrea Miranda Salgado […] Por cometer Faltas Disciplinarias Gravísimas al presentar conductas contrarias a la vida institucional por realizar los actos de bullying a la aprendiz Merlina y realizar stickers (memes) y faltas de respeto a los instructores de formación Sandra Lengua, Olga Borjas y Anderson Bacca. Infringiendo el Reglamento de Aprendiz SENA. Capítulo 3. Artículo 9. Numerales 2, 18, 19, 21 y 26, Capitulo 4. Artículo. 10. Prohibiciones, Numerales 17 y 25. Calificación de las faltas: Gravísimas. Literal e. La conducta contraria a la vida institucional es aquella que está inspirada en móviles de intolerancia y discriminación. Literal g. Comete la falta mediante ocultamiento, o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o participe. Literal j. Ejecuta la falta con quebrantamiento de los deberes sociales. Artículo 26. Criterios para calificar la falta: 1. Daño(s) causado(s) y sus efectos. 2. Grado de participación del aprendiz. 5. Confesión de la (s) falta (s). 8. Los parámetros de calificación señalados en este reglamento. Capítulo 9. Artículo 28. Cancelación de registro de matrícula. Con una sanción de 6[23] meses.[24] 9. Finalmente, en dicho correo se le informó que “una vez recibido el contenido de la Resolución mediante el presente correo tiene un término de 10 días hábiles para interponer el recurso”. Vencido este término, la accionante no presentó recurso alguno. B. Pretensiones y solicitudes de la demanda 10. La accionante solicitó en la tutela: (i) que se tutele el derecho fundamental al debido proceso, defensa y educación y (ii) que se decrete “la nulidad de todo lo actuado y de la resolución No. 08-02892 de fecha 30/08/2021 expedida por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ SENA”[25]. Lo anterior, por considerar que la decisión del SENA de cancelar su matrícula vulneró los derechos fundamentales mencionados en tanto, según la accionante, no le notificaron de la apertura del proceso disciplinario, ni le hicieron “el respectivo traslado de las pruebas recopiladas,”[26] ni le informaron de qué los acusaban, ni pudo realizar sus descargos en forma. C. Actuaciones del juez de instancia 11. El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, mediante sentencia del 11 de octubre 2021, negó por improcedente el amparo solicitado ya que “la actora tiene a su alcance otros mecanismos de defensa judicial”[27]. Al respecto, el juez señaló que la tutela no es el medio idóneo para solicitar la nulidad de la resolución que canceló la matrícula y que no existe “un perjuicio irremediable que conlleve a la protección inmediata de sus derechos por la vía excepcional, subsidiaria y residual de acción de tutela”[28]. D. Actuaciones realizadas durante el trámite de revisión ante la Corte Constitucional 12. El expediente fue enviado a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Y, mediante auto del 30 de agosto de 2022, notificado el 13 de septiembre del mismo año, la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho escogió el expediente para su revisión[29]. 13. El 13 de septiembre de 2022, Catalina Moreno Arocha –Coordinadora de Inclusión Social– y Juanita Castro Hernández –Abogada de la Fundación Karisma– presentaron solicitud de copias del expediente de la referencia, al considerar que pueden enriquecer el debate, “dado que el caso parece abordar una cuestión de libertad de expresión en un servicio de mensajería instantánea y el impacto en un derecho como la educación”[30]. 14. El 15 de septiembre de 2022, Robinson De Jesús Chaverra Tipton –Delegado F.A. Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo – presentó solicitud de copias del expediente de la referencia. “Lo anterior, en atención a que esta dependencia estudia la posibilidad de presentar intervención en el trámite de la acción de tutela número T-8.853.176, mediante un concepto técnico o amicus curiae”[31]. 15. Mediante auto del 5 de octubre de 2022, la magistrada sustanciadora: (i) requirió al juez de instancia remitir el expediente objeto de análisis; (ii) solicitó pruebas con el fin de obtener elementos suficientes para proferir el fallo[32]; y (iii) negó las solicitudes de copias realizadas por la Defensoría del Pueblo y por la Fundación Karisma. 16. Mediante auto del 19 de octubre de 2022, la magistrada sustanciadora: (i) solicitó allegar las pruebas faltantes decretadas en la providencia mencionada en el numeral anterior; y (ii) solicitó nuevas pruebas que permitieran a la Corte contar con elementos de juicio adecuados para pronunciarse frente a la solicitud de tutela[33]. E. Respuestas a los autos de pruebas proferidos en sede de revisión Respuestas al auto de pruebas del 5 de octubre de 2022 17. Melin Andrea Miranda Salgado 17.1. En escrito del 8 de octubre de 2022, Melin Andrea Miranda Salgado dio respuesta al referido auto informando que, tras la cancelación de la matrícula, no ha podido estudiar, pues “su familia es de escasos recursos y no tienen para pagar[le] educación privatizada”[34]. En consecuencia, aclaró que actualmente se encuentra “desempleada y sin ejercer ningún estudio académico”[35]. 18. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 18.1. Mediante comunicación del 12 de octubre de 2022, el SENA[36] aportó los documentos solicitados[37] y dio respuesta a gran parte de la información requerida. Al respecto, señaló: (i) que el proceso en contra de Melin Andrea Miranda Salgado tuvo su origen en una queja presentada por la aprendiz Merlina, “quien informó a sus instructores […] que estaba siendo víctima de matoneo por parte de sus compañeros, cuando intervenía en las clases […] al igual que través de mensajes en redes sociales en donde inclusive una de las compañeras la amenaza con mandarla a que la hagan picadillo”[38]; (ii) que atendiendo a los hechos sucedidos, durante los meses de mayo y junio de 2021 se inició “un trabajo a través de las oficinas de Bienestar al Aprendiz, mediante talleres de valores, respeto, de repasar el reglamento del aprendiz entre otros temas”[39], que, como resultado de los talleres, en mayo de 2021 los aprendices realizaron un video sobre el respeto y que “agotada esta etapa, se convoca a los involucrados a los respectivos (sic) Comité de Evaluación y Seguimiento”[40]; (iii) que la apertura del proceso le fue comunicada a Melin Andrea Miranda Salgado a través del correo electrónico del 22 de junio de 2021; (iv) que en el Comité de Evaluación y Seguimiento se le permitió a Melin Andrea Miranda Salgado ejercer su derecho de defensa; y (v) que las sanciones impuestas a los aprendices tuvieron como fundamento “los testimonios, declaraciones y/o confesiones que los mismos implicados realizaron en el Comité de Evaluación y Seguimiento, cuando se les dio la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa y controvertir; mas (sic) no las conversaciones de redes sociales”[41]. Respuestas al auto de pruebas del 19 de octubre de 2022 19. Melin Andrea Miranda Salgado 19.1. En escrito del 2 de noviembre de 2022, Melin Andrea Miranda Salgado dio respuesta al auto en cuestión informando que el grupo de WhatsApp donde ocurrieron las bromas se eliminó el 22 de marzo de 2021. Además, frente a la pregunta sobre el motivo por el cual no impugnó la resolución en la que se le cancelaba la matrícula, respondió: “Un amigo abogado me ayudo a colocar una tutela contra el SENA y el juez me la rechazó”[42]. 20. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 20.1. Mediante comunicación del 1 de noviembre de 2022, el SENA[43] dio respuesta a la información requerida. Al respecto, señaló: (i) que “el proceso sancionatorio se rige por el reglamento del Aprendiz SENA, […] el cual no contempla las disculpas como atenuantes de la conducta”[44]; (ii) que “la razón por la cual se impuso cancelación del registro de matrícula en lugar de una sanción menos lesiva, estriba en que la tutelante incurrió en conductas catalogadas como graves de acuerdo a la clasificación determinada en los artículos 25 y 26 del reglamento, las cuales acarrean como consecuencia la cancelación del registro de matrícula”[45]; (iii) que antes del Comité de Evaluación y Seguimiento “se realizaron reuniones virtuales con la psicóloga de Bienestar Ana Luisa Mejía donde se le socializó [a Melin Andrea Miranda Salgado] la queja presentada por su compañera Merlina, lo reportado por cada uno de los instructores que estaban trabajando con la ficha en ese momento y el reglamento del aprendiz” [46]; (iv) que “la aprendiz Melin Andrea Miranda Salgado en las sesiones realizadas con la psicóloga y en el comité de evaluación reconoció haber utilizado lenguaje inapropiado hacia su compañera Merlina”[47]; (v) que la prueba que se tenía en contra de Melin Andrea Miranda Salgado es “la queja presentada por la aprendiz Merlina por el matoneo recibido por su compañera de grupo”[48]; (vi) que “el video realizado por los aprendices fue una actividad propuesta por ellos en una de las sesiones que realizaron con la psicóloga de Bienestar y no es una pieza procesal porque como prueba no es conducente a aclarar, corroborar o desvirtuar los hechos”[49]; y (vii) que “en el reglamento del aprendiz se establece que si se comete alguna de las Prohibiciones establecidas en el Capítulo 5 Articulo esto se califica como una falta disciplinaria gravísima”[50]. 20.2. Además, aportó el video del Comité de Evaluación y Seguimiento, en donde se evidencia que el proceso disciplinario giró en torno a los stickers y memes realizados a los instructores[51]. Sobre esto, la instructora Farley Giraldo señaló: “estamos en un Comité de Evaluación y Seguimiento por una situación puntual que se presentó entre unos aprendices de esta ficha y unos instructores, en un chat personal que tenían los jóvenes hicieron unos stickers de varios instructores, tres si no estoy mal, estas imágenes o capturas de pantalla se las enviaron a uno de los instructores manifestándole lo que había pasado y esa es la razón por la que estamos aquí”[52]. 20.3. Al respecto, la coordinadora académica, Linda Pichón, manifestó que las conductas cometidas por los estudiantes están consignadas en los numerales 17 y 25 de las prohibiciones y que constituyen un incumplimiento a los numerales 2, 18, 19, 21 y 26 de los deberes del aprendiz. Indicó también que esta es una falta disciplinaria gravísima que conlleva una sanción y afirmó que “[…] como no hay claridad de quién hizo los stickers y memes, porque hicieron un pacto de silencio, a todos los 16 se les va a aplicar la misma sanción. […] Se aceptan sus disculpas, pero eso no los exime de las consecuencias”[53]. 20.4. En el Comité se llamó a cada uno de los aprendices involucrados para que presentaran sus descargos, antes de lo cual se les indicó que la razón por la que estaban citados al Comité “es por el tema de indisciplina y por los memes que les montaron a los instructores”[54] y se les recordó que “este tipo de sanción da para cancelación de registro de matrícula”[55]. Cuando se le dio la palabra a Melin Andrea Miranda Salgado, esta manifestó: Bueno, primero que todo, buenas tardes, como ya había dicho anteriormente también pido disculpas por el lenguaje que tuve en el grupo que no fue el mejor, por cómo me dirigí a Merlina en el grupo que tampoco fue lo mejor, ya le pedimos disculpas públicamente. Y pues los stickers nunca los utilicé ni tampoco tuve que ver con esos stickers. Solamente el lenguaje y como dirigirme a Merlina. Pido mil disculpas por eso y ya, gracias[56]. 20.5. Por su parte, en escrito del 11 de noviembre de 2022, el SENA[57] se pronunció sobre las pruebas recaudadas indicando: (i) que “el sustento probatorio del proceso fue la queja presentada por otra aprendiz y las versiones y/o testimonios de los involucrados”[58]; (ii) que el acto sancionatorio fue debidamente notificado a Melin Andrea Miranda Salgado “haciéndole saber que contaba con un periodo prudencial para controlar dicho acto mediante recurso de reposición, sin que la tutelante hiciera uso de ese derecho, razón por la cual el acto adquirió firmeza”[59]; y (iii) que a pesar de haber contado con asesoría jurídica[60], Melin Andrea Miranda Salgado “no hizo uso de los medios de control del acto que la lay (sic) y la constitución (sic) le otorgan”[61]. En consecuencia, concluyó que “el SENA no violó derecho fundamental alguno a la tutelante, sencillamente en su caso se agotó el procedimiento reglamentariamente establecido”[62]. II. CONSIDERACIONES A. Competencia 21. Con fundamento en los artículos 86 y 241 –numeral 9– de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia. B. Procedencia de la acción de tutela 22. Antes de definir el problema jurídico que deberá resolver la Sala, es necesario determinar si el caso objeto de estudio reúne los requisitos de procedencia de la acción de tutela. A continuación, la Sala analizará el cumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, inmediatez y subsidiariedad. Legitimación en la causa por activa 23. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política[63] y 10 del Decreto 2591 de 1991[64], la acción de tutela sub judice satisface el requisito de legitimación en la causa por activa, puesto que la accionante, Melin Andrea Miranda Salgado, es la persona cuyos derechos fundamentales podrían verse vulnerados por la decisión del SENA de cancelar su matrícula. Legitimación en la causa por pasiva 24. De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución Política[65] y 5 del Decreto 2591 de 1991[66], en el presente caso se cumple con el requisito de legitimación en la causa por pasiva. Lo anterior, en tanto fue el SENA, un establecimiento público con autonomía administrativa adscrito al Ministerio del Trabajo, quien canceló la matrícula, lo que podría estar vulnerando los derechos fundamentales de la accionante. Inmediatez 25. El requisito de inmediatez plantea que la acción de tutela debe formularse en un plazo razonable desde el momento en que se produjo la vulneración. Esto se satisface en el caso concreto puesto que la accionante interpuso la acción de tutela el 22 de septiembre de 2021, cuando había sido notificada de la resolución de cancelación de matrícula el 30 de agosto de 2021. Es decir, no pasó ni un mes desde el momento en que Melin Andrea Miranda Salgado tuvo conocimiento de dicha decisión y el momento en que solicitó el amparo. Subsidiariedad 26. Según el artículo 86 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, el requisito de subsidiariedad implica que la tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o cuando los mecanismos disponibles no resulten eficaces para el caso concreto, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 27. En lo relacionado con la procedencia de la tutela para controvertir actos administrativos que cancelan la matrícula de sus estudiantes, este Tribunal ha señalado que la idoneidad y eficacia del medio de defensa deberá ser analizada en cada caso particular. Al respecto, en Sentencia T-265 de 2020, la Corte Constitucional manifestó que “esta regla es aplicable también cuando se trata de estudiantes mayores de edad y la educación se interrumpe como consecuencia de actuaciones de instituciones de estudios superiores”[67]. 28. El presente proceso no se limita a un análisis sobre la legalidad de la cancelación de matrícula, sino que en este están involucrados los derechos fundamentales de Melin Andrea Miranda Salgado. En consecuencia, la Sala considera que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es eficaz para garantizar el derecho a la educación de la accionante, pues la continuidad de su formación académica hace parte esencial de dicho derecho, situación que requiere de una respuesta pronta y oportuna[68]. Más aún si se tiene en cuenta que desde que se le canceló la matrícula, en agosto de 2021, se encuentra desempleada y no ha podido estudiar, pues “su familia es de escasos recursos y no tienen para pagar[le] educación privatizada”[69]. 29. En este sentido, la Corte ha señalado que “[…] es claro que cualquier tipo de controversia que se genere en desarrollo de la prestación del servicio, y que afecte su continuidad, repercute directamente en el ejercicio del derecho fundamental a la educación, de tal modo que, atendiendo a las causales de procedencia excepcional de la acción de tutela señaladas anteriormente, la misma puede usarse con la finalidad de preservar la continuidad del proceso formativo […]”[70]. 30. Al respecto, es importante resaltar que, si bien al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se puede solicitar la suspensión del acto administrativo como medida provisional, prolongar la definición de la situación académica de la accionante perpetuaría la vulneración de sus derechos, particularmente en lo referente a la continuidad de su formación académica. En efecto, someter a la accionante a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa implicaría una carga desproporcionada, debido al mayor tiempo que suponen los procesos contenciosos y a la necesidad de otorgar una respuesta judicial pronta que resuelva de manera definitiva el presente asunto y permita que cese la vulneración a sus derechos. Esto sin contar con que la actora no tiene recursos para asumir los gastos de un abogado, requisito indispensable en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho[71]. 31. Por su parte, si bien es cierto que Melin Andrea Miranda Salgado no impugnó la resolución de cancelación de matrícula ante el SENA, considerar la impugnación de dicha resolución un mecanismo eficaz para garantizar el derecho a la educación sería ignorar la realidad fáctica del caso. De un lado, porque cuando se le canceló la matrícula a la accionante solo faltaban tres meses para que culminara el periodo lectivo del Tecnólogo en Dirección de Ventas. Esto en vista de que la accionante ingresó al programa en abril de 2020, la resolución de cancelación de matrícula se expidió el 30 de agosto de 2021 y la etapa lectiva terminaba el 30 de noviembre de 2021.[72] La necesidad de la accionante de entablar directamente la acción de tutela, muestra que la urgencia de continuar con el plan de estudios no le permitía esperar a la resolución del recurso antes de interponer dicha acción, pues esto podría implicar que perdiese la posibilidad de iniciar el 1 de diciembre la etapa práctica del programa. En un caso similar en que tampoco se impugnó la resolución de expulsión, la jurisprudencia constitucional, mediante Sentencia T-437 de 2005, señaló que “el factor temporal constituiría, en este caso específico, una razón primordial para excluir los otros mecanismos de defensa, todo ello en virtud de la plena realización de su derecho a la educación”[73]. 32. Y, de otro lado, porque impugnar la resolución de cancelación de matrícula no aseguraba materialmente una garantía plena de sus derechos ya que: (i) contra el acto administrativo en cuestión solo procedía el recurso de reposición y (ii) quien resolvería dicho recurso sería la misma Subdirectora del Centro de Comercio y Servicios que impuso la sanción. 33. En consecuencia, en el presente caso la Sala encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad, pues, como ha reiterado la jurisprudencia constitucional, “la acción de tutela es procedente para analizar la presunta vulneración del derecho a la educación porque este exige una protección inmediata y eficaz que solo se materializa a través de este mecanismo de protección constitucional”[74]. C. Problema jurídico y metodología 34. Problema jurídico. Corresponde a la Sala Séptima de Revisión resolver si el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA vulneró los derechos al debido proceso, a la defensa y a la educación de Melin Andrea Miranda Salgado, al cancelar su matrícula como consecuencia del proceso disciplinario que se adelantó por los actos de bullying presuntamente cometidos contra la aprendiz Merlina y por realizar stickers y faltas de respeto a los instructores de formación. 35. Metodología. Para solucionar el problema jurídico propuesto, la Sala se referirá a: (i) el debido proceso y el derecho de defensa en las actuaciones disciplinarias de las instituciones educativas, (ii) el derecho a la educación y la continuidad de la formación académica y (iii) el bullying y acoso digital en entornos educativos. Para finalizar, resolverá el caso concreto. D. El debido proceso y el derecho de defensa en las actuaciones disciplinarias de las instituciones educativas 36. La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política es aplicable a las actuaciones disciplinarias adelantadas por instituciones educativas públicas y privadas. De hecho, en aquellos casos en que se ha analizado la vulneración de derechos en este contexto, la Corte ha manifestado que “la competencia para imponer sanciones disciplinarias es reglada. De esta manera, las conductas deben estar previamente determinadas en el manual respectivo y la imposición de sanciones está restringida por la garantía de los derechos al debido proceso y de defensa”[75]. 37. La jurisprudencia constitucional ha establecido una serie de presupuestos básicos[76] para que se entienda garantizado el debido proceso y el derecho de defensa en las actuaciones disciplinarias de instituciones educativas entre los cuales se encuentran: “(i) que las reglas de conducta que dan origen a una sanción hayan sido determinadas previamente en la ley o el reglamento de la institución[77]; (ii) las sanciones imponibles también deben encontrarse expresamente señaladas en el manual de conducta, pues sólo con ello la persona puede comprender la dimensión y los efectos derivados de su comportamiento; (iii) debe señalarse con claridad un procedimiento a seguir, de manera que el implicado pueda ejercer razonablemente su derecho de contradicción y defensa, siempre bajo el supuesto de la presunción de inocencia; (iv) el proceso disciplinario se sustenta en el principio de publicidad, porque sólo de esta manera el acusado puede conocer oportunamente los cargos que se le imputan y los hechos en que éstos se basan; (v) por último, el principio de proporcionalidad constituye un elemento inherente a cualquier proceso disciplinario, no sólo frente a la conducta que se espera del sujeto, sino también frente a la sanción que conlleva su incumplimiento”[78]. 38. Además, este Tribunal ha indicado que el proceso disciplinario debe contener, como mínimo: “(i) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas susceptibles de sanción; (ii) la formulación verbal o escrita de los cargos imputados en la que conste de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (iii) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (iv) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere pertinentes; (v) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (vi) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (vii) la posibilidad de que el acusado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes”[79]. 39. Frente a la proporcionalidad de la sanción, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que “las reglas de comportamiento, así como las sanciones que de su inobservancia se derivan, deben perseguir un fin constitucionalmente legítimo, ser adecuadas y necesarias para su realización, y guardar la debida correspondencia de medio a fin entre la conducta y la sanción”[80]. Al respecto, este Tribunal ha señalado que “las medidas de carácter sancionatorio son, ante todo, […] herramientas legítimas de todo plantel educativo para conducir y guiar el proceso formativo de sus estudiantes. De manera que las mismas no son un instrumento de retaliación, sino que constituyen medios y oportunidades para facilitar la educación del alumno y fomentar sus potencialidades”[81]. 40. En lo relacionado con el derecho de defensa como parte esencial del derecho al debido proceso, la Corte ha señalado que “el acusado debe poder conocer todos aquellos elementos que el juzgador tiene en mente para considerar que su conducta infringe tal o cual norma reglamentaria, lo cual le acarreará una determinada sanción. Sólo así, el imputado puede construir una defensa que apunte no sólo a desvirtuar elementos de orden fáctico, sino también de índole jurídica”[82]. 41. Finalmente, la Sala debe recordar la importancia del principio de presunción de inocencia en este tipo de procesos, el cual “está constituido al menos por tres garantías básicas: (i) nadie puede considerarse culpable, a menos que se haya demostrado la comisión de la conducta en un proceso en el cual se respeten sus derechos; (ii) la carga de la prueba sobre la responsabilidad recae en quien acusa; y (iii) el trato a las personas durante la investigación debe ser acorde con este postulado”[83]. Lo anterior implica que, aunque no se puede exigir a las instituciones educativas tener en sus “procesos disciplinarios […] la rigurosidad que se predica de los procesos judiciales, es claro que estos deben respetar las garantías mínimas del debido proceso”[84] y, por tanto, no es el investigado quien debe probar su inocencia, sino la institución quien debe probar su culpabilidad. En efecto, se “tendrá como cierto que el sujeto a quien se imputa una falta no la ha cometido, hasta tanto las pruebas demuestren otra cosa”[85]. E. El derecho a la educación y la continuidad de la formación académica 42. El derecho a la educación consagrado en el artículo 67 de la Constitución Política ha sido abordado en la jurisprudencia constitucional como un servicio público cuya cobertura se debe ampliar de manera progresiva y como un derecho de todas las personas. Al respecto, se ha señalado que “el carácter fundamental del derecho a la educación -aun en el caso de los adultos- tiene apoyo en la idea según la cual la educación es inherente y esencial al ser humano, dignificadora de la persona […], además de constituir el medio a través del cual se garantiza el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura”[86]. 43. En suma, la Corte “ha caracterizado el derecho a la educación como: (i) un derecho fundamental autónomo del que gozan todas las personas, (ii) que cumple un papel instrumental respecto de los derechos a la vida digna, a la participación, al libre desarrollo de la personalidad, a la cultura, a la escogencia de profesión u oficio, a la igualdad de oportunidades y al trabajo; (iii) también contribuye a alcanzar uno de los fines esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho; (iv) que faculta a su titular para reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo; y (vi) un derecho - deber que genera obligaciones recíprocas entre todos los actores del proceso educativo”[87]. 44. El carácter de derecho–deber implica que genera obligaciones entre las partes del proceso educativo. Así, el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo y ampliar su cobertura progresivamente, las instituciones educativas deben respetar los derechos de los estudiantes y asegurar la continuidad del servicio y los estudiantes deben respetar sus reglamentos.[88] De allí se deriva que la obligación de garantizar la prestación del servicio educativo no sea absoluta, sino que dependerá, entre otras cosas, del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los estudiantes. 45. Si bien es cierto que las instituciones educativas pueden imponer sanciones ante el incumplimiento del reglamento por parte de sus estudiantes, cuando la sanción en cuestión afecta la continuidad de la formación académica, debe haber un respeto riguroso a las garantías al debido proceso. Lo anterior, puesto que “el núcleo esencial del derecho a la educación está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso al sistema educativo […] así como de permanecer en el mismo”[89]. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que “el principio de continuidad garantiza la efectiva prestación y la permanencia del servicio público de educación, de tal modo que, las interrupciones que excepcionalmente se presenten deben estar debidamente justificadas”[90], so pena de vulnerar el derecho fundamental a la educación[91]. F. El bullying y acoso digital en entornos educativos –cyberbullying– 46. Tal como señaló la Corte en la Sentencia T-168 de 2022 con base en la normativa nacional[92] e internacional[93] y la jurisprudencia constitucional[94], el acoso o matoneo –bullying– es una agresión que se caracteriza por ser: “(i) intencional, (ii) representa un desequilibrio de poder entre el agresor (individual o grupal) y la víctima, (iii) es repetitiva, (iv) afecta directamente la dignidad de la víctima, (v) produce efectos en el transcurso del tiempo y (vi) puede producirse a través de insultos, exclusión social y/o propagación de rumores, ya sea de forma presencial, palabras escritas o utilizando medios electrónicos de comunicación”. 47. El ciberacoso, también conocido como cyberbullying, es una modalidad de bullying que hace referencia al acoso digital o maltrato en las redes sociales. La Corte ha advertido que este fenómeno “consiste en el uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para amenazar físicamente, asediar verbalmente o excluir socialmente a un individuo de un grupo”[95]. Y ha resaltado que, aunque el acoso inicialmente se hizo evidente en entornos educativos, se ha ido presentando también en ámbitos laborales, familiares o sociales. 48. En lo relacionado con el acoso digital en entornos educativos, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que “corresponde a cada establecimiento educativo definir cuáles son las medidas para proteger los derechos fundamentales, para hacer cesar el maltrato y, correlativamente, adoptar medidas conocidas como de justicia restaurativa, en virtud de las cuales se impida que las secuelas de la lesión de derechos se proyecte en distintas vías y continúe incidiendo negativamente en el ámbito de la comunidad educativa”[96]. Asimismo, ha precisado que “el derecho de expresarse libremente está supeditado a que no se usen expresiones insultantes ni desproporcionadas”[97] en las redes sociales. 49. En este sentido, la Corte ha establecido las siguientes reglas sobre el acoso en redes sociales: (i) Las redes sociales pueden convertirse en centros de amenaza, en particular para los derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen, al honor y a la honra. (ii) Cuando se presentan amenazas o violaciones a derechos fundamentales en una red social, el problema de índole jurídico debe resolverse a la luz de las disposiciones constitucionales y no a partir de la regulación establecida por la red social específica de que se trate. (iii) Las tecnologías de la información y las comunicaciones (redes sociales y otras) potencializan el daño causado a las víctimas de acoso y maltrato. (iv) El derecho a la intimidad se trasgrede cuando se divulgan datos personales de alguien que no corresponden a la realidad. (v) El derecho a la imagen emana del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Se trasgrede cuándo la imagen personal es usada sin autorización de quien es expuesto o si se altera de manera falsa o injusta la caracterización que aquél ha logrado en la sociedad. (vi) Los derechos al buen nombre y a la honra se lesionan cuando se utilizan expresiones ofensivas, falsas, erróneas o injuriosas en contra de alguien. (vii) El derecho a la libertad de expresión, materializado a través de cualquier medio, tiene límites. Así, no ampara la posibilidad de exteriorizar los pensamientos que se tienen sobre alguien de manera ostensiblemente descomedida, irrespetuosa o injusta. (viii) El derecho a la libertad de expresión en principio tiene prevalencia sobre los derechos al buen nombre y a la honra, salvo que se demuestre que en su ejercicio hubo una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales de otros, en tanto los derechos de los demás en todo caso constituyen uno de sus límites. (ix) En el ejercicio de la libertad de opinión no puede denigrarse al semejante ni publicar información falseada de éste, so pena de que quien lo haga esté en el deber de rectificar sus juicios de valor. (x) Ante casos de maltrato en redes sociales el juez constitucional debe propender porque se tomen medidas para que este cese y, además, para que se restauren los derechos de los afectados, siempre que así lo acepten éstos últimos, condición que se exige en aras de evitar una nueva exposición al público de situaciones que hacen parte de su esfera privada. 50. En suma, el desarrollo de las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales como herramientas populares de interacción exponen a los estudiantes al riesgo de padecer ciberacoso. En la búsqueda de mitigar este riesgo, “tanto la normativa como la jurisprudencia han instado a las instituciones educativas para que cuenten con políticas y protocolos que permitan la prevención, detección temprana o inmediata, atención y protección frente al acoso escolar. […] Para esto, la institución educativa debe basarse en una ruta de atención integral, siempre en el marco del derecho a la intimidad y confidencialidad”[98]. III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 51. La Sala considera que el proceso disciplinario adelantado por el SENA que concluyó en la resolución de cancelación de matrícula de Melin Andrea Miranda Salgado vulneró los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso y derecho defensa –artículo 29 de la Constitución Política–, así como el derecho a la educación –artículo 67 de la Constitución Política–. Sobre la vulneración al debido proceso y al derecho de defensa 52. Con el objetivo de determinar la vulneración a los derechos fundamentales de la accionante, la Sala analizará si en el caso concreto se garantizan los presupuestos básicos del debido proceso y el derecho de defensa en las actuaciones disciplinarias de las instituciones educativas. Para lo cual evaluará: (i) si hubo una comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario; (ii) si en la formulación de cargos constan de manera clara y precisa las conductas cometidas y las sanciones a que dan lugar, así como las normas en donde se encuentran consagradas; (iii) si se dio traslado a la imputada de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados y si tuvo oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa; (iv) si las actuaciones disciplinarias se adelantaron bajo el supuesto de la presunción de inocencia; (v) si la decisión final de cancelación de matrícula fue un acto motivado y congruente; y (vi) si las sanciones aplicadas son proporcionales a la falta cometida. 53. No hubo una comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario. El Reglamento del Aprendiz SENA –Acuerdo No. 07 de 2012– establece, entre otras cosas, los deberes de los estudiantes, las prohibiciones, las sanciones imponibles y el procedimiento a seguir en casos de faltas disciplinarias. En lo relacionado con los principios rectores para la aplicación de sanciones, el reglamento aborda en su artículo 29 el principio de publicidad, según el cual “todo procedimiento sancionatorio que se le adelante por falta disciplinaria o académica, debe ser informado desde su inicio al Aprendiz que presuntamente cometió la falta […]”. Al respecto, el artículo 33 señala los elementos que debe tener la comunicación al aprendiz: Artículo 33. Comunicación al Aprendiz. El Coordinador Académico, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del informe o queja, le comunicará al Aprendiz a través de oficio radicado con copia al expediente del Comité de Evaluación y Seguimiento, que contendrá como mínimo la siguiente información: a) Relación sucinta del informe o de la queja presentada, adjuntando copia del (la) mismo(a) y de todas las pruebas existentes hasta esa fecha. b) Identificación del(los) probable(s) autor(es) de los hechos, precisando su identificación, programa y curso al que pertenece(n). c) Normas de este reglamento que presuntamente infringió el Aprendiz con esos hechos u omisiones. d) Tipo de falta(s) (Académica y/o Disciplinaria). e) Calificación provisional de la(s) probable(s) falta(s). f) Solicitud de la presentación de descargos ante el Comité de Evaluación y Seguimiento, en forma escrita o verbal, informándole el derecho que le asiste a controvertir las pruebas allegadas o que se alleguen en su contra y a aportar y/o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes. g) Lugar, fecha y hora donde se realizará la sesión del Comité de Evaluación y Seguimiento en la cual presentará los descargos y se recepcionarán las pruebas, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío de esta comunicación. Copia de esta comunicación y de sus anexos debe ser remitida al Comité de Evaluación y Seguimiento, convocándolo para la respectiva reunión; si el Aprendiz previamente ha aportado alguna evidencia o explicación escrita debe anexarse. 54. El SENA comunicó a la accionante de la apertura del proceso en un correo del 22 de junio de 2021. En este, la institución se limitó a citar a la accionante al Comité de Evaluación y Seguimiento “por presentar actos de indisciplina y conductas contrarias a la vida institucional”[99], de conformidad con: el numeral 1 del artículo 9 –que señala que es deber del aprendiz cumplir con todas las actividades propias de su proceso de aprendizaje o del plan de mejoramiento, definidas durante su etapa lectiva y productiva–; el numeral 25 del artículo 10 –que consagra entre las prohibiciones el propiciar conductas, propuestas o actos inmorales hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, que atenten contra la integridad física, moral y/o psicológica–; el artículo 22 –según el cual el aprendiz debe participar de manera activa y oportuna en las diferentes actividades del programa–; el artículo 23 –que define lo que son las faltas–; el artículo 24 –que clasifica las faltas entre académicas y disciplinarias–; el artículo 25 –que establece la calificación de las faltas entre leves, graves o gravísimas–; el artículo 26 –que indica los criterios para calificar la falta–, los numerales 2 y 3 del artículo 27 –que hablan de las medidas formativas de plan de mejoramiento académico y disciplinario–; y el literal b del artículo 28 –que establece la sanción de condicionamiento de la matrícula. 55. Si bien es cierto que el SENA informó a Melin Andrea Miranda Salgado de la apertura del proceso en dicho correo, este no cuenta con todos los requisitos que exige el reglamento para que se configure la comunicación al aprendiz. Lo anterior, en tanto que no se incluyó copia del informe ni de la queja que originó el proceso, no se establecieron los hechos concretos que cometió Melin Andrea Miranda Salgado que estaban siendo objeto de indagación y no se le informó del derecho a controvertir las pruebas allegadas, así como a aportar y/o solicitar la práctica de las pruebas que considerase pertinentes. Además, las normas que se alegan infringidas no necesariamente tienen relación con el asunto de los stickers, memes y burlas realizadas a los instructores y a la aprendiz Merlina. 56. En la formulación de cargos no constaron de manera clara y precisa las conductas cometidas. Al comenzar el Comité de Evaluación y Seguimiento, la coordinadora académica señaló que las conductas endilgadas a los estudiantes investigados, entre los que se encontraba Melin Andrea Miranda Salgado, constituyen un incumplimiento a los deberes del aprendiz consagrados en el artículo 9 numerales: 2 –respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios–; 18 –actuar siempre teniendo como base los principios y valores para la convivencia; obrar con honestidad, respeto, responsabilidad, lealtad, justicia, compañerismo y solidaridad con la totalidad de los integrantes de la comunidad educativa y expresarse con respeto, cultura y educación, en forma directa, a través de medios impresos o electrónicos que le facilita la entidad (como foros de discusión, redes sociales, chat, correo electrónico, blogs y demás)–; 19 –hacer uso apropiado de los espacios de comunicación y respetar a los integrantes de la comunidad educativa, siendo solidario, tolerante y veraz en la información que se publique en medios impresos o digitales; abstenerse de enviar material multimedia que contenga imágenes, videos, documentos o grabaciones que no sean objeto de las actividades de aprendizaje–; 21 –respetar la dignidad, intimidad e integridad de los miembros de la comunidad educativa Sena–; y 26 – no usar expresiones grotescas en foros de discusión, mensajes, anuncios, correos tanto generales como en grupos de trabajo–; y se encuentran consignadas en el artículo 10 referente a las prohibiciones, en particular en los numerales: 17 –todo acto que sabotee, perturbe o impida las actividades de formación, administrativas y de bienestar que se realicen en la entidad o en los sitios donde se le represente– y 25 –propiciar conductas, propuestas o actos inmorales hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, que atenten contra la integridad física, moral y/o psicológica–. Asimismo, se manifestó a los estudiantes que dichas conductas eran faltas disciplinarias gravísimas que daban pie a la cancelación del registro de matrícula. 57. Respecto a los hechos que originaron el proceso, la instructora Farley Giraldo señaló: Estamos en un Comité de Evaluación y Seguimiento por una situación puntual que se presentó entre unos aprendices de esta ficha y unos instructores. En un chat personal que tenían los jóvenes hicieron unos stickers de varios instructores, tres si no estoy mal, estas imágenes o capturas de pantalla se las enviaron a uno de los instructores manifestándole lo que había pasado y esa es la razón por la que estamos aquí.[100] 58. A pesar de que en el Comité de Evaluación y Seguimiento se mencionó a los estudiantes las normas que se consideraban vulneradas, así como la sanción que dichas faltas conllevan, no hubo un recuento claro y preciso de los hechos investigados. Si bien se habló de los stickers y memes realizados a los instructores, esto solo se abordó de manera general, pues en ningún momento de la formulación de cargos se individualizaron las conductas que se endilgaban a cada estudiante. Además, la reunión se enfocó de manera exclusiva en el asunto de los stickers y memes, sin hablar de las presuntas faltas relacionadas con Merlina, a pesar de que estas últimas sí terminaron siendo sancionadas a través de la resolución de cancelación de matrícula de Melin Andrea Miranda Salgado. 59. De hecho, ni en el correo que informó a la accionante de la apertura del proceso ni en el Comité de Evaluación y Seguimiento se le indica concretamente cuáles son las conductas por las que está siendo investigada. Se habla de las normas infringidas y de las posibles sanciones, pero no de los hechos concretos perpetrados por ella y la forma en la que encajan en lo estipulado en el reglamento. 60. No se dio traslado de las pruebas que fundamentaban los cargos formulados ni se garantizó el derecho de defensa. A lo largo del proceso, el SENA ha sido enfático en señalar que las pruebas con base a las cuales se condenó a Melin Andrea Miranda Salgado son: (i) “la queja presentada por la aprendiz Merlina por el matoneo recibido”[101] y (ii) “los testimonios, declaraciones y/o confesiones que los mismos implicados realizaron en el Comité de Evaluación y Seguimiento […]”[102]. 61. En lo relacionado con los procesos sancionatorios, el Reglamento del Aprendiz SENA desarrolla un procedimiento que busca respetar el principio de publicidad y permitir el ejercicio del derecho de contradicción y defensa, como se evidencia en los artículos 29 y 33 que plantean que en la comunicación de apertura del proceso se le debe dar al aprendiz copia del informe, de la queja y de todas las pruebas existentes. Requisito que el SENA no cumplió en el caso concreto. 62. Mediante el auto de pruebas del 5 de octubre de 2022, la Sala solicitó al SENA suministrar la totalidad de piezas procesales que componen el proceso disciplinario adelantado en contra de Melin Andrea Miranda Salgado. Sin embargo, la institución educativa no aportó la queja presentada por Merlina en su respuesta a dicho auto. Cabe resaltar que esta queja tampoco se encontraba adjunta en el correo de citación al Comité de Evaluación y Seguimiento y tampoco se profundizó en ella durante la ejecución de este. Por lo anterior, se concluye que esta prueba no fue trasladada a Melin Andrea Miranda Salgado y, por tanto, no se puede predicar que se respetara el principio de publicidad ni tampoco el derecho de defensa y contradicción respecto de esta. 63. En suma, las pruebas que sirvieron de fundamento para sancionar a la accionante son una queja y un informe de los cuales no se le hizo traslado –como se desarrolló en los fundamentos jurídicos 55, 61 y 62– y su testimonio en el marco de un proceso sobre hechos que no le aclararon –como se desarrolló en los fundamentos jurídicos 58 y 59–. Sobre esto último, la Sala advierte que el testimonio de Melin Andrea Miranda Salgado no permite probar de manera concluyente todas las faltas disciplinarias que se le endilgan, pues lo único que confesó fue no haber tenido el mejor lenguaje en el grupo y con Merlina. Lo cual no da para concluir que le hacía bullying a la estudiante ni mucho menos que realizó los stickers y memes a los instructores. 64. En este sentido, la Sala considera que, aunque a la accionante se le permitió hablar en el Comité de Evaluación y Seguimiento, no hubo una verdadera garantía a su derecho de contradicción y defensa. Pues, para poder formular los descargos y controvertir las pruebas de manera idónea, se requería que se le informaran con claridad y oportunidad los cargos imputados, los hechos en que estos se fundamentaban y las pruebas que se tenían en su contra. Como se mencionó anteriormente, “el acusado debe poder conocer todos aquellos elementos que el juzgador tiene en mente para considerar que su conducta infringe tal o cual norma reglamentaria, lo cual le acarreará una determinada sanción [pues] sólo así, […] puede construir una defensa”[103] adecuada. 65. En el proceso disciplinario se vulneró la presunción de inocencia. El artículo 29 del Reglamento del Aprendiz SENA contempla la presunción de inocencia como uno de los principios rectores para la aplicación de las sanciones. Dicha disposición señala que “toda investigación debe partir de la presunción de inocencia en favor del Aprendiz, por lo que la presentación o aporte de la prueba recaerá sobre los integrantes de la comunidad educativa o el Centro de Formación responsable de imponer la sanción. La duda respecto a la responsabilidad del Aprendiz, se resolverá a su favor”. 66. A pesar de estar contemplado en el reglamento, dicho principio no se respeta en el caso sub judice. Lo anterior se hace evidente en la manera en que se adelanta el Comité de Evaluación y Convivencia, pues allí, tanto la coordinadora académica como los instructores parten de la base de que todos los estudiantes que hacían parte del grupo de WhatsApp son responsables. Incluso, llegan a afirmar que “[…] como no hay claridad de quién hizo los stickers y memes, porque hicieron un pacto de silencio, a todos los 16 se les va a aplicar la misma sanción”[104]. 67. Desde el principio del proceso, el Comité de Evaluación y Seguimiento asume que los estudiantes son responsables de las faltas imputadas y les impone la carga de demos...