Sentencia T-449 de 2010

T-449-10 Sentencia T-449/10 Sentencia T-449/10 COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Naturaleza jurídica, objeto, características y régimen COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y PRIMACIA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LA FORMALIDADES EN RELACION LABORAL-Principio constitucional En conjunción con el principio de primacía de la sustancia sobre las formas, este mandato ha dado lugar a todo el precedente en materia de aplicabilidad de la regulación laboral ordinaria frente al trabajo desempeñado en función de una relación asociativa, con base en la figura denominada contrato realidad. El principio de primacía de lo sustancial sobre la forma obliga a la garantía de los derechos de los trabajadores por encima de las condiciones que formalmente hayan sido pactadas, si éstas resultan desfavorables a los mismos, bajo el entendido de que los trabajadores están situados en desigual condición respecto de sus empleadores. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Doble acepción La estabilidad laboral entraña una doble acepción como principio y derecho al mismo tiempo. Desde su perspectiva deóntica, supone que el trabajo esté dotado de una vocación de permanencia o continuidad mientras no varíe el objeto de la relación, sobrevenga una circunstancia que haga nugatorias las obligaciones reconocidas a los sujetos de la relación o aparezca una justa causa de despido. Como derecho, de otra parte, se manifiesta en la posibilidad de exigir la ejecución de conductas que permitan el acceso y la preservación del empleo o la omisión de las que obstaculicen tales objetivos so pretexto de razones injustas, supuestos que corresponden a los conceptos de protección laboral positiva y protección laboral negativa, respectivamente. Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corporación, como principio, la estabilidad laboral implica que las relaciones gocen de “cierta seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no exista una causal justificativa del despido (…)”.La estabilidad en el empleo envuelve, entonces, una expectativa de conservar un vínculo laboral siempre que no medie justa causa para el despido y la materia del contrato permanezca incólume. No obstante, esa seguridad no implica inamovibilidad. A ello no escapa la estabilidad laboral, que desde sus dos caras puede encontrar limitaciones. En este punto, la Corte ha admitido la existencia de ciertos grados de estabilidad en el empleo, entre otras: i) la absoluta, ii) la impropia y iii) la precaria. DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Casos en que por circunstancias económicas, físicas o mentales un trabajador se encuentra en situación de debilidad manifiesta DESPIDO DE TRABAJADOR DISCAPACITADO-Permiso del inspector de trabajo A fin de alcanzar la vigencia directa de los principios mínimos fundamentales para la dinámica adecuada de las relaciones laborales plasmados en el artículo 53 de la Carta, se hace imprescindible asegurar el empleo de los trabajadores con disminución de la capacidad. La Corte sostuvo en aquella ocasión que “cuando la parte trabajadora de dicha relación está conformada por un discapacitado, uno de ellos –los principios mínimos fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Carta- adquiere principal prevalencia, como es el principio de la estabilidad en el empleo, es decir a permanecer en él y de gozar de cierta seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no exista una causal justificativa del despido, como consecuencia de la protección especial laboral de la cual se viene hablando con respecto a este grupo de personas.” La norma en cuestión exige que el despido de una persona con limitaciones esté precedido por el permiso de la autoridad del trabajo. Este requerimiento concuerda con una línea sentada por este alto Tribunal, de acuerdo con la cual el establecimiento de condiciones favorables para los trabajadores con discapacidad no encarna la consagración de “derechos absolutos o a perpetuidad que puedan ser oponibles en toda circunstancia a los intereses generales del Estado y de la sociedad, o a los legítimos derechos de otros”. La esencia de tal límite es la custodia de los derechos al trabajo, al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, representados en las opciones de acceso y estabilidad en el empleo. COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Caso en que no se desvirtuó la presunción de despido discriminatorio a través del diligenciamiento del permiso de la autoridad de trabajo Se colige que el actor, al momento de la desvinculación, se encontraba en un estado de debilidad manifiesta, situación que obligaba a la cooperativa, que en este caso asume el rol de empleador –dada la constatación de un nexo de trabajo subordinado- a desvirtuar la presunción de despido discriminatorio a través del diligenciamiento del permiso de la autoridad del trabajo, trámite omitido en este evento. Referencia: expediente T-2538895 Acción de tutela instaurada por Juan de Jesús Ahumada contra Cooperativa de Servicios Especiales COOPOUTSOURSING y la Administradora de Riesgos Profesionales Sura. Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Bogotá, D.C., quince (15) de junio de dos mil diez (2010). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Luis Ernesto Vargas Silva y María Victoria Calle Correa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente. SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos emitidos por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá (Cundinamarca) y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá (Cundinamarca) dentro del proceso de tutela iniciado por Juan de Jesús Ahumada contra la Cooperativa de Servicios Especiales COOPOUTSOURSING y la Administradora de Riesgos Profesionales Sura. I. ANTECEDENTES. Hechos. 1. El actor se asoció a la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPOUTSOURCING CTA –dedicada a la prestación de servicios generales- a través de acuerdo cooperativo de trabajo asociado suscrito el día 28 de junio de 2007.[1] 2. El día 3 de julio de 2007, la referida cooperativa contrató con la empresa Minas La Vega Ltda. La prestación de “labores operativas de manufactura, oficios varios, servicios técnico-profesionales, servicios administrativos y otros (…)” como fuere previsto en oferta mercantil de trabajo asociado, en cuyo literal h) la cooperativa hizo constar que: “nuestros asociados y otros personal vinculado por COOPOUTSOURCING CTA en desarrollo de la relación comercial que surja de la aceptación de la presente oferta mercantil son asociados nuestros y no de COLREPORTL Ltda. Y que por lo tanto COOPOUTSOURCING CTA indemniza y tendrá a salvo a MINAS LA VEGA LTDA. De cualquier reclamación, salario, beneficio, prestación u otra cantidad pagadera a cualquiera de las personas mencionadas o de cualquier responsabilidad, daño, indemnización, costo o gasto reclamados por ellas siempre y cuando se cumpla con los términos explicados en el PARAGRAFO 1.”[2] A su vez, en este parágrafo se advierte que “estas disposiciones las asumirá COOPOUTSOURCING CTA, siempre y cuando MINAS LA VEGA LTDA., se encuentre a paz y salvo por todo concepto con COOPOUTSOURCING CTA en el momento de cualquier eventualidad o suceso.”[3] Así mismo, se prevé que “cuando a juicio de MINAS LA VEGA Ltda. Tenga reclamos sobre el comportamiento de los asociados dará aviso por escrito a COOPOUTSOURCING CTA, quien hará el llamado de atención y tomará las medidas correspondientes, en caso de traslado o retiro del asociado.”[4] 3. En la referida oferta son descritos también los compromisos a los que se obligan tanto el cliente como la cooperativa en relación con las condiciones de la misma. Estos son formulados de la siguiente forma: “La cooperativa se compromete para con el cliente a: 1. Afiliación de los Asociados a EPS, AFP, ARP y Caja de Compensación. Siempre y cuando los asociados suministre[n] la documentación requerida en este trámite. 2. A pagar la seguridad social oportunamente y dentro de los plazos de ley, y a suministrar los soportes respectivos al cliente de MINA LA VEGA. 3. Autorizar al cliente a descontar el valor de las incapacidades al mes siguiente de su presentación ante la cooperativa, siempre y cuando y hasta tanto la EPS y/o ARP las autorice descontar estos pagos a la cooperativa. 4. Implementar el PSO (Plan de Salud Ocupacional) a Minas La Vega sin ninguna retribución adicional al costo de la factura. 5. Desarrollar y generar oportunamente liquidaciones definitivas de los asociados que se retiren y hacérselas saber y llegar a Minas La Vega. El cliente MINA LA VEGA se compromete: 1. A abonar dentro de los quince (15) primeros días calendario el valor correspondiente a: - La compensación total de los asociados. - La seguridad social completa tanto la parte el asociado como la correspondiente al cliente. - El valor de la compensación administrativa. - El valor del impuesto agregado IVA. - El descuento de $10.000 pesos m/te por asociado por cada mes, con el concepto de Ahorro obligatorio. - La provisión de $500.000 pesos m/te como anticipo a la dotación de los asociados. 2. Cubrir los costos de ayudas audiovisuales e implementación que sugiera la cooperativa de adquirir, para la implementación y ejecución del PSO. 3. Adquirir compromiso y disponibilidad, tanto el cliente como el asociado operario para la implementación del PSO. 4. Informar oportunamente de la desvinculación de los asociados, para hacer el respectivo trámite de retiro de la ARP.”[5] 4. De otra parte, el actor afirma haber padecido múltiples accidentes durante su relación de trabajo asociado, el último de los cuales tuvo ocurrencia el día 27 de enero de 2009 cuando se lesionó el segundo dedo de la mano izquierda, según consta en Informe de Atención Inicial de Urgencias expedido por el Ministerio de la Protección Social y en aparte de la historia clínica que respecto del paciente obra en el Hospital El Salvador ESE.[6] El diagnóstico principal fue “traumatismo no especificado de miembro superior” y la descripción del episodio es el siguiente: “me pegué con el coche paciente [sic] con cuadro clínico de 2 horas poserior [sic] a truam [sic] contundente en 2 dedo de miembro supior [sic] izquierdo con leve sangrado”.[7] Se dispuso, además, una incapacidad por el período de diez días a raíz de ese accidente.[8] También reposan pruebas documentales del reporte del accidente sufrido por el petente el día 06 de diciembre de 2007 y la hoja de historia clínica diligenciada en la misma fecha en la que se diagnosticó: “paciente con cuadro clínico de 4 horas de evolución consistente en dolor abdominal en región umbilical secundario (…)”[9]; y de reporte hecho a la ARP SURA en relación con accidentes sufridos por el actor los días 12 de agosto y 17 de diciembre de 2008.[10] Sobre este último evento, se allegó informe de atención inicial de urgencias que, en relación con el paciente Ahumada, refiere “cuadro clínico de 3 días de evolución de lumbalgia, niega parestesias o alteración de la marcha, niega pérdida de control de esfínteres”[11] 5. Finalmente, el día 17 de abril de 2009, la representante legal de la pluricitada cooperativa comunicó al actor la finalización del contrato de asociación por la “baja productividad y ventas de carbón mineral por parte de nuestro cliente Minas La Vega Ltda.” [12] Solicitud. Con base en los hechos previamente anotados, el actor interpuso la acción de tutela con el propósito de lograr la protección de su derecho a la estabilidad laboral reforzada y la consecuente aprobación de las siguientes pretensiones: “1. Que se ordene a la empresa COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES COOPOUTSOURCING CTA y/o MINAS LA VEGA que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, me reintegre a mi puesto de trabajo. 2. Que como consecuencia de lo anterior la empresa COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES COOPOUTSOURCING CTA y/o MINAS LA VEGA me pague los salarios, prestaciones, cesantías e intereses incluyendo lo adeudado en el año 2008 y lo corrido del 2009 y demás tributos económicos que dejé de percibir desde que decidió unilateralmente cancelar mi contrato de trabajo. 3. Que se ordene a la A.R.P. que en un plazo de cuarenta y ocho (48) [sic] siguientes a la notificación de la sentencia, desarrolle todas las actividades que le correspondan para calificar mi estado actual de salud (…) 4. Que se ordene a la MINA LA VEGA certificar el pago al Seguro Social establecido por el Decreto 1281en su artículo 5° (…)”[13] Elementos probatorios relevantes. - Copia del acuerdo cooperativo de trabajo asociado suscrito entre Martín Ibagué Ibagué, como representante legal de la Cooperativa Coopoutsorcing Cta. Y el actor, Juan de Jesús Ahumada (Folios 73 a 74, cuaderno 2) - Oferta mercantil de trabajo asociado que contiene los criterios para el contrato de prestación de servicios suscrito el día 3 de julio de 2007 entre COOPOUTSOURCING CTA y la empresa MINAS LA VEGA LTDA. (Folios 56 a 63, cuaderno 3) - Historia clínica del paciente (Folios 78 a 172, cuaderno 3) - Certificado de libertad y tradición expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Zipaquirá, el día 27 de febrero de 2008 en el que consta la conformación de la Cooperativa de Servicios Generales COOPOUTSOURCING CTA. (Folios 66 y 67, cuaderno 3) - Resolución Nº 004361 dictada por el Ministerio de la Protección Social el 21 de diciembre de 2007 mediante la cual se formalizó la reforma parcial realizada a los regímenes de Trabajo Asociado y de Compensaciones de la Cooperativa de Servicios Generales COOPOUTSORCING CTA (Folios 64 y 65, cuaderno 3) Decisiones objeto de revisión. Fallo de primera instancia. A través de sentencia proferida el día 27 de noviembre de 2009, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá resolvió conceder el amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada y ordenó el reintegro del actor una vez constatada, en primer lugar, la existencia de un nexo de subordinación entre el mismo y la cooperativa demandada. En particular, se dijo que “las condiciones fácticas de la prestación del servicio del accionante, permiten colegir la existencia de una relación de trabajo subordinada, por ende COOPOUTSOURCING CTA será la principal obligada frente a las pretensiones laborales del hoy accionante, toda vez que es con esta (sic) frente a la cual existe la celebración del contrato laboral.”[14] De manera subsecuente, se acudió a la Ley 361 de 1997 y el alcance que a la misma le ha reconocido la jurisprudencia constitucional en el sentido de que las personas en estado de debilidad manifiesta derivado de ciertas contingencias, de incluso menor gravedad que la discapacidad o la invalidez, pueden acceder a una protección reforzada por parte del juez constitucional. Después de citadas varias sentencias de este Alto Tribunal se concluyó que es procedente “la reinstalación de los trabajadores con limitaciones cuando el despido sea motivado por causa de la limitación física del trabajador, ya sea que la limitación se haya producido antes o con posterioridad al momento de la contratación del trabajador”, orden sustentada en el derecho a la especial protección que requieren las personas en estado de debilidad manifiesta.[15] Se resolvió, pues, “tutelar los derechos incoados por la accionante, ordenando a la COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES COOPOUTSOURCING CTA representada legalmente por el señor MARTIN IBAGUE IBAGUE, para que en el términos perentorio de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, contadas a partir de la notificación del presente fallo procedan a reintegrar al señor JUAN DE JESUS AHUMADA a su puesto de trabajo o a uno de mejores condiciones (…)”[16] Impugnación. La empresa MINAS LA VEGA LTDA. impugnó el fallo de primera instancia bajo los siguientes términos: “1. Por que (sic) el señor JUAN DE JESUS AHUMADA no es empleado directo de la empresa Minas La Vega Ltda.., si no es asociado de la cooperativa COOPOUTSOURCING CTA. 2. Minas La Vega Ltda. y COOPOUTSOURCING CTA. tienen un contrato o convenio de prestación de servicios mediante el cual Minas La Vega Ltda.. le cancela a la cooperativa COOPOUTSOURCING CTA., por la prestación del servicio que los empleados que esta contrata brindan en la mina[sic]. 3. La cooperativa COOPOUTSOURCING CTA., es la que maneja los contratos con sus asociados de forma directa y Minas La Vega Ltda. no tiene ningún vínculo directo con ellos. 4. El señor JUAN DE JESUS AHUMANDA esta (sic) en capacidad de demandar ante la autoridad competente como lo es el juzgado laboral de Ubate o Zpaquirá, para que esta entidad determine con quien esta (sic) el vinculo (sic) laboral del señor si es Minas La Vega Ltda.., o con la cooperativa COOPOUTSOIURCING CTA. 5. La cooperativa COOPOUTSOURCING CTA. suscrita a Minas La Vega Ltda., determina cierto porcentaje para liquidar a una sola persona o a varias y no sabemos si el señor JUAN DE JESUS AHUMADA esta (sic) incluido o no, eso lo determina la cooperativa CCOPOUTSOURCING CTA.”[17] Fallo de segunda instancia. Con base en el principio de subsidiariedad, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá resolvió revocar la sentencia del a quo, pues no se encontraron acreditadas las condiciones que condujeran a la protección especial por parte del juez constitucional. En particular se sostuvo que “en el caso sub exámine, vemos que no se demostró ni documental ni testimonialmente, que el trabajador Juan de Jesús Ahumada se encontrara para el 17 de abril de 2009 en limitadas condiciones de laborar”. A esa conclusión se llegó considerada la respuesta dada a la demanda de tutela por parte de la ARP Sura en el sentido de que “no consta en nuestro sistema ninguna solicitud para atenciones medicas asistenciales o prestaciones económicas adicionales derivadas de los 3 últimos accidentes reconocidos de origen profesional… (folios 38 y 39); afirmación que confirma lo expresado en la demanda de tutela de donde se concluye que para la fecha de terminación del contrato de cooperación, el accionante no presentaba ninguna condición de debilidad manifiesta, por lo cual no impera el principio de estabilidad y menos existe conexidad con la desvinculación laboral que amerite la protección laboral reforzada, además el problema que se debate es de naturaleza legal o convencional, correspondiéndole exclusivamente al juez laboral (…)”[18] Aquellos argumentos fundaron la revocatoria de la providencia emanada del Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá y la consecuente negación del amparo. II. CONSIDERACIONES Competencia. Esta Corporación es competente para revisar la presente acción de tutela, de conformidad con los artículo 86 inciso 2° y 241 numeral 9° de la Constitución Política, los artículo 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes. Planteamiento y formulación del problema jurídico. El día 28 de junio de 2007, el actor suscribió acuerdo cooperativo de trabajo asociado con COOPOUTSOURCING CTA. En desarrollo de su actividad empresarial, la organización pactó el día 3 de julio de 2007 contrato de prestación de servicios con la empresa Minas La Vega Ltda. De acuerdo con la oferta de prestación de servicios mercantiles el actor, entre otros cooperantes, prestaría su mano de obra para la realización de labores “operativas de manufactura, oficios varios, servicios técnico-profesionales, servicios administrativos y otros (…)”[19] Para el efecto, la Cooperativa conservaría las obligaciones de afiliar y pagar a favor de sus asociados el servicio de seguridad social, mientras que al cliente estaría asignada la tarea de “abonar dentro de los quince (15) primeros días calendario el valor correspondiente a: la compensación total de los asociados; la seguridad social completa tanto la parte el asociado como la correspondiente al cliente; el valor de la compensación administrativa; el valor del impuesto agregado IVA; el descuento de $10.000 pesos m/te por asociado por cada mes, con el concepto de Ahorro obligatorio; la provisión de $500.000 pesos m/te como anticipo a la dotación de los asociados.”[20] Con posterioridad, el actor sufrió diversos accidentes que le provocaron secuelas en su desempeño físico y laboral. Concretamente, el día 27 de enero de 2009 se lastimó el segundo dedo de la mano izquierda, lo que le dejó un “traumatismo no especificado de miembro superior” en razón del cual le fue ordenada una incapacidad por el período de diez días; con anterioridad –el día 17 de diciembre-, el actor se dirigió a la enfermería de la empresa con un cuadro de dolor lumbar y dificultades respiratorias, se dispuso una incapacidad por espacio de dos días; el día 12 de agosto de esa misma anualidad, mientras laboraba en la mina, sufrió golpes en la cadera y piernas, en virtud de lo cual se le ordenó una incapacidad por el mismo lapso; igualmente, el día 06 de diciembre de 2007 acudió a urgencias con un “cuadro clínico de 4 horas de evolución consistente en dolor abdominal en región umbilical secundario (...)”. De todos los eventos alegados, los anteriores fueron reportados a la ARP Sura. En esta ocasión, el tutelante acciona en contra de la precitada Cooperativa porque, pese a su delicada condición física, el día 17 de abril de 2009 la representante legal de la citada cooperativa le hizo extensiva carta de la finalización del contrato de asociación bajo el argumento de la “baja productividad y ventas de carbón mineral por parte de nuestro cliente Minas La Vega Ltda.”[21]Por tal motivo, reclama el reintegro con base en el principio de estabilidad laboral reforzada, pretensión que fue negada en segunda instancia con base en el criterio de subsidiariedad. Así las cosas, corresponde a esta Sala de Selección responder de manera esencial al interrogante sobre la viabilidad del reintegro del actor. Para ese fin es imprescindible tratar, de manera preliminar, el tema de la subsidiaridad en lo que tiene que ver con la intervención excepcional del juez de tutela para considerar el reintegro con base en el principio de estabilidad laboral reforzada y desplazar, así, al juez ordinario; posteriormente valorar la naturaleza real de la relación de trabajo que surgió entre el actor y la cooperativa demandada a raíz de la suscripción del acuerdo cooperativo de trabajo; al cabo de lo cual se podrá definir la procedencia, para el caso evaluado, de la protección que reconoce la ley 361 de 1997 en beneficio de las personas con limitaciones. Bajo ese entendido, los puntos a tratar serán: i) el régimen de las cooperativas de trabajo asociado, ii) el derecho a la estabilidad laboral reforzada propio de las personas con limitaciones y iii) el caso concreto. Régimen de las Cooperativas de Trabajo Asociado. La cooperativa, como forma de asociación para la reunión de aportes materiales e inmateriales por parte de un grupo de personas naturales con el objetivo de desarrollar actividades para la producción de bienes, obras o servicios, tiene claro sustento constitucional. Desde el preámbulo de la Constitución, que se refiere a la democracia, la participación, la solidaridad y el interés general como principios fundantes del modelo de Estado que nos caracteriza; hasta los artículos que proclaman la libre iniciativa empresarial y el derecho de asociación, avalan la consolidación de esta modalidad de trabajo. A modo de ejemplo, el artículo 57 de la Carta faculta al legislador para “establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas”; el artículo 103 exige del Estado, como manifestación del principio de participación, contribuir “a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”; el artículo 189 numeral 24 asigna como labor al Presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, el ejercicio de “la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público (...) [y] las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles”; y el artículo 333, en el que se define a la libre empresa como función social, obliga al Estado fortalece “las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.” Si bien, la Ley 79 de 1988, “por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa”, fue expedida con anterioridad a la promulgación de la vigente Constitución Política, avizora cierto rasgo distintivo de la línea discursiva que sostiene el nuevo orden constitucional y de acuerdo con la cual el cooperativismo es un medio esencial para la consolidación de la economía nacional. En este sentido, el legislador señaló, como objetivos puntuales de la ley, precisamente con el ánimo de fortalecer al sector cooperativo dentro de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, los que se enuncian a continuación: “i) Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo; ii) promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del ordenamiento jurídico general; iii) contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social; iv) contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una activa participación; v) fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y municipal al sector cooperativo; vi) propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social; y vii) propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus diferentes manifestaciones.”[22] Se advierte, además, que las actividades centradas en la promoción, protección y ejercicio del cooperativismo, visto como un medio efectivo para la consecución del desarrollo económico, la democracia y la equitativa distribución de la propiedad, son todos propósitos de interés común. La precitada ley define la cooperativa como una “empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.”[23] Esta persona nace a la vida jurídica una vez suscrito documento privado en desarrollo del acuerdo cooperativo[24]. En este último se plasma el interés social, la estructura y organización de la cooperativa[25]. La constitución de la organización se efectúa en asamblea, a partir de la cual los fundadores adquieren la calidad de asociados, se aprueban los estatutos y son nombrados en prioridad los órganos de administración y vigilancia.[26] Adquirirán igualmente la calidad de asociados quienes, con posterioridad al acto de constitución, sean aceptados por el órgano competente.[27] De acuerdo con la ley en comento, toda cooperativa debe reunir las siguientes características: i) voluntariedad, propiedad que se debe reflejar en la posibilidad de ingreso y retiro espontáneo de los asociados; ii) variabilidad e indeterminación en lo que respecta a la cantidad de asociados vinculados a la cooperativa; iii) fundamentación en el principio de participación democrática; iv) realización permanente de actividades de educación cooperativa; v) integración de la persona jurídica al sector cooperativo desde el punto de vista económico y social; vi) garantía de la igualdad en el goce de derechos y en el ejercicio de obligaciones por parte de todos los asociados sin importar la cuantía o calidad de sus aportes; vii) variabilidad e indeterminación en lo que respecta al patrimonio, asunto que estará delimitado por una cuantía mínima fijada en los estatutos por concepto de aportes sociales no reducibles durante la existencia de la cooperativa; viii) irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, del remanente; ix) duración indefinida de la cooperativa; y x) promoción de la integración con otras organizaciones de carácter popular que tengan por fin impulsar el desarrollo integral del hombre.[28] La misma ley reconoce los siguientes como derechos propios de los asociados: 1) utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones propias de su objetivo social; 2) participar en las actividades de la cooperativa y en su administración mediante el desempeño de cargos sociales; 3) ser informado de la gestión de la cooperativa de acuerdo con las prescripciones estatutarias; 4) ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales; 5) fiscalizar la gestión de la cooperativa, y 6) retirarse voluntariamente de la cooperativa.[29] De igual forma, se admite que su disfrute está supeditado al cumplimiento de los deberes especiales asignados a los asociados, de los cuales también se hace una enunciación: “1) adquirir conocimiento sobre los principios básicos del cooperativismo, características del acuerdo cooperativo y estatutos que rigen la entidad; 2) cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo; 3) aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia; 4) comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y con los asociados de las misma; y 5) abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio social de la cooperativa.”[30] La antedicha Ley prevé, en lo que atañe a las cooperativas de trabajo asociado, que su régimen de trabajo debe estar consignado en los estatutos junto con el de previsión, seguridad social y de compensación. De tal forma que su regulación no se sigue por la legislación laboral aplicable a los trabajadores dependientes y por tanto, en caso de conflicto, éste será sometido al procedimiento arbitral previsto en el Título XXXIII del Código de Procedimiento Civil o, y de forma excepcional, a la justicia laboral ordinaria. Al mismo tiempo, anuncia que las cooperativas distintas a las de trabajo asociado sí están sujetas a la legislación laboral ordinaria, aplicable tanto para los trabajadores dependientes como para los que a la vez sean asociados.[31] Esta ley fue desarrollada mediante Decreto 468 de 1990 que a su vez fue derogado por el Decreto 4585 de 2009, “por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado.” Al tenor de este último, que tiene como objeto la regulación del trabajo en esta modalidad, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado “son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.”[32] El objeto social de estas organizaciones es la generación y mantenimiento de una fuente autogestionaria -con autonomía, autodeterminación y autogobierno, además- de trabajo en favor de quienes la integran.[33] Su fin es la materialización de ciertos propósitos para la consecución de un interés social mediante el trabajo cooperativo mancomunado, entendido como una manifestación libre y autogestionaria de la voluntad de un grupo de personas naturales que se han asociado solidariamente. Este acuerdo de voluntades se fija a través del denominado acuerdo cooperativo de trabajo asociado, instrumento mediante el cual los gestores, al momento de la constitución de la cooperativa o en suscripción posterior, se obligan a acatar los estatutos, el régimen de trabajo y de compensaciones y el trabajo personal de acuerdo con sus aptitudes y los requerimientos de la asociación. Esta previsión es ahondada en el artículo 13 del referido decreto en el que se advierte que “las relaciones entre la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus asociados, por ser de naturaleza cooperativa y solidaria, estarán reguladas por la legislación cooperativa, los estatutos, el Acuerdo Cooperativo y el Régimen de Trabajo Asociado y de Compensaciones.” De cualquier forma este vínculo, en principio, no se rige por la legislación laboral. Esa regla general se exceptúa en eventos en los cuales de un lado, se vincula de manera casual a personas naturales no asociadas para: i) trabajos ocasionales o accidentales que recaigan sobre labores distintas de las que caracterizan el normal y permanente giro de las actividades de la cooperativa, ii) reemplazar temporalmente al asociado que, de acuerdo con los estatutos o al régimen de trabajo asociado, se encuentre imposibilitado para prestar su servicio en relación con una tarea indispensable para el cumplimiento del objeto social de la cooperativa y iii) vincular personal técnico especializado, necesario para el cumplimiento de un proyecto o programa dentro del objeto social de la cooperativa, para cuyo desarrollo no se cuente con un miembro de la misma, siempre que la persona escogida no quiera vincularse como asociado. La otra hipótesis que obliga a la sujeción a la legislación laboral tiene ocurrencia por fuera del ámbito de la cooperativa o precooperativa y se presenta, en particular, iv) cuando un asociado es enviado, bajo su mandato, a prestar servicios a una persona natural o jurídica. En todos esos casos, la regulación del trabajo debe seguir la legislación laboral ordinaria, lo que desplaza de manera inevitable lo dispuesto en los estatus o el régimen de trabajo asociado.[34] En efecto, el artículo 16 del decreto en cuestión, cuya lectura debe ser armonizada con la del artículo 17, contiene una cláusula que prohíbe la desnaturalización el trabajo asociado e impone la carga, a la persona natural o jurídica que se beneficie de la prestación del servicio, de actuar como empleadora, lo cual convierte al asociado, para el evento, en trabajador dependiente. Las prohibiciones de las que habla el artículo 17 justamente desarrollan aquella idea de la desnaturalización del trabajo asociado y proscriben, en consecuencia, las actuaciones de la cooperativa –o precooperativa- que conduzcan i) a su participación como empresas de intermediación laboral; ii) al suministro de mano de obra temporal, constituida por sus asociados, a usuarios o terceros beneficiarios; iii) a la remisión de un trabajador en misión para que asuma labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio; o iv) a la creación de un nexo de subordinación o dependencia entre uno de sus trabajadores y un terceros contratante. Así pues, la adopción por parte de la Cooperativa de prácticas que configuren intermediación laboral, actividades características de las empresas de servicios temporales, o que permitan la consolidación de una relación de subordinación frente a alguno de sus asociados, hace del “tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, (…) solidariamente responsables por la obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.” De manera puntual, el régimen de trabajo asociado y de compensaciones debe ser aprobado -y reformado- por la Asamblea General hecho lo cual, corresponde al Ministerio de Protección Social autorizar su expedición, para que así el texto adquiera obligatoriedad frente a los asociados. El mencionado régimen debe contener los elementos enunciados en el artículo 24 del Decreto, de esta forma: “1. Condiciones o requisitos para desarrollar o ejecutar la labor o función, de conformidad con el objeto social de la Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado. 2. Los aspectos generales en torno a la realización del trabajo, tales como: Jornadas, horarios, turnos, días de descanso, permisos, licencias y demás formas de ausencias temporales del trabajo, el trámite para solicitarlas, justificarlas y autorizarlas; las incompatibilidades y prohibiciones en la relación de trabajo asociado; los criterios que se aplicarán para efectos de la valoración de oficios o puestos de trabajo; el período y proceso de capacitación del trabajador asociado que lo habilite para las actividades que desarrolla la Cooperativa, consagrando las actividades de educación, capacitación y evaluación. 3. Los derechos y deberes relativos a la relación del trabajo asociado. 4. Causales y clases de sanciones, procedimiento y órganos competentes para su imposición, forma de interponer y resolver los recursos, garantizando en todo caso el debido proceso. 5. Las causales de suspensión y terminación relacionadas con las actividades de trabajo y la indicación del procedimiento previsto para la aplicación de las mismas. 6. Las disposiciones que en materia de salud ocupacional y en prevención de riesgos profesionales deben aplicarse en los centros de trabajo a sus asociados. 7. Las demás disposiciones generales que se consideren convenientes y necesarias para regular la actividad de trabajo asociado, las cuales no podrán contravenir derechos constitucionales o legales en relación con la protección especial de toda forma de trabajo y tratados internacionales adoptados en esta materia.” En cuanto a las compensaciones, define el decreto que éstas constituyen el monto que recibe el asociado por su aporte material o inmaterial al objeto desarrollado por la cooperativa o precooperativa. Éstas claramente no significan una erogación salarial, pues constituyen una retribución proporcional al trabajo, que será calculado en atención al tipo de labor desempeñada, el rendimiento y la cantidad aportada, en concordancia con lo pactado en el respectivo régimen de trabajo y compensaciones. En sí, este régimen debe concebir, al menos, los siguientes puntos: “1. Monto, modalidades de compensación y niveles o escalas para los diferentes trabajos o labores desarrolladas; periodicidad y forma de pago. 2. Deducciones y retenciones de las compensaciones que se le puedan realizar al trabajador asociado; requisitos, condiciones y límites. 3. Los aportes sociales sobre compensaciones, de acuerdo con lo establecido por los estatutos. 4. La forma de entrega de las compensaciones.”[35] Finalmente el decreto establece, en cuanto al régimen de seguridad social, que la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado tiene la carga de efectuar los trámites administrativos necesarios para concretar la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral –salud, pensión y riesgos profesionales-, obligación que permanece durante la vigencia de la relación asociativa de trabajo. De manera subsiguiente, el artículo 27 regla: “los trabajadores asociados son afiliados obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral; para efectos de su afiliación se tendrá en cuenta como base para liquidar los aportes, todos los ingresos que perciba el asociado, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 3° de la Ley 797 de 2003 y normas que lo reglamenten.” El ingreso base de cotización no podrá ser inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, excepto cuando sean registradas novedades de ingreso y retiro. Al respecto, la Circular N° 0036 de 6 de junio de 2006, emitida por el Ministerio de la Protección Social “con la finalidad de determinar el alcance y los efectos de algunas disposiciones contenidas en el Decreto 4588 del 27 de diciembre de 2006”, precisa que la cooperativa debe responsabilizarse por los trámites administrativos mientras que los trabajadores tienen la obligación de efectuar los aportes. En sí se explica que “el trabajador asociado, por tratarse de persona que es simultáneamente ‘trabajador’ y ‘empleador’, respecto del Sistema de Seguridad Social Integral, es trabajador independiente, y como tal, es responsable de la totalidad de los aportes, sin que ello obste para que los mismos asociados en Asamblea General puedan prever en sus estatutos, la manera como realizarán apropiaciones o destinarán partidas presupuestales para cubrir los aportes que deben realizarse a la seguridad social.” [36] Hecho el recuento normativo, se hace ineludible volver sobre lo que la jurisprudencia de este alto Tribunal ha preceptuado al respecto. Cabe destacar en primer momento lo sostenido en sentencia C-211 de 2000, que estudió la constitucionalidad de varios artículos de la Ley 79 de 1988. En cuanto a las características esenciales de toda forma de asociación cooperativa se explicó: “i) La asociación es voluntaria y libre, ii)- Se rigen por el principio de igualdad de los asociados ,iii) - No existe ánimo de lucro, iv)- La organización es democrática, v) - El trabajo de los asociados es su base fundamental, vi) - Desarrolla actividades económico sociales, vii) - Hay solidaridad en la compensación o retribución, - viii) Existe autonomía empresarial.” Frente al primero de los requisitos, es decir, el que se concreta en la facultad de autorregulación propia de estas organizaciones, se precisó que ese marco está dado por el ámbito de reglamentación estrictamente interno. Para su ejemplificación, se hizo referencia a los asuntos relativos a la organización y funcionamiento de la cooperativa. Seguidamente, se ahondó en el tema de la relatividad de esta liberta de regulación en el sentido de que “dichos estatutos o reglamentos, como es apenas obvio, no pueden limitar o desconocer los derechos de las personas en general y de los trabajadores en forma especial, como tampoco contrariar los principios y valores constitucionales, ya que en caso de infracción tanto la cooperativa como sus miembros deberán responder ante las autoridades correspondientes, tal como lo ordena el artículo 6 del estatuto superior.” Esta cláusula autoriza al juez de tutela a disponer la prevalencia del orden constitucional frente a cualquier regulación inferior, lo cual comprende necesariamente el reglamento interno de la cooperativa o precooperativa. Sobre este punto, mediante sentencia T-394 de 1999 se habló de manera más extensa del referido principio de relatividad de la autonomía configurativa de los asociados, respecto del cual se admitió como último límite la adecuada razonabilidad constitucional, entendida como la armonía entre las disposiciones internas y los derechos fundamentales de las personas vinculadas a la actividad empresarial de la cooperativa. Una lectura de esta formulación que observe los aportes de la teoría del derecho en la materia, permite definir la razonabilidad constitucional como un criterio análogo al juicio de proporcionalidad que evalúa la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la materia en sentido estricto, en relación con los bienes constitucionalmente protegidos. En cuanto al régimen de seguridad social, esta Corporación ha insistido en la urgencia de que todos los aspectos que le integran sean considerados y contemplados en el reglamento interno de la organización. Ahora, ya se ha dicho que normativamente existe unanimidad en lo que atañe a la naturaleza especial de la regulación aplicable a la relación entre los aportantes y la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado. En efecto, el nexo de trabajo que une a los asociados y a la organización se rige, prima facie, por la legislación cooperativa, los estatutos, el acuerdo cooperativo y el régimen de trabajo asociado y de compensaciones.[37] La jurisprudencia de esta Corporación ha seguido el mismo criterio e insistido en el hecho de que “en las cooperativas de trabajo asociado no existe ninguna relación entre capital-empleador y trabajador asalariado pues, se repite, el capital de éstas está formado principalmente por el trabajo de sus socios, además de que el trabajador es el mismo asociado y dueño. Así las cosas no es posible derivar de allí la existencia de un empleador y un trabajador para efectos de su asimilación con los trabajadores dependientes.” En armonía con este supuesto, se ha sostenido que a consecuencia de la actividad empresarial, el socio no percibe una remuneración, pues su retribución consiste en una compensación cuyo sentido surge de la identidad trabajador-socio. La cuantía de la compensación se fija con base en la labor desempeñada, la especialidad, el rendimiento, la cantidad y la calidad del trabajo aportado. Se ha admitido también que el asociado tiene derecho a tomar parte de los excedentes obtenidos por la cooperativa. Al mismo tiempo, los asociados, justamente en cuanto tales, deben asumir los riesgos y desventajas que surjan en el ejercicio empresarial, pues se trata de una relación asociativa horizontal. Finalmente, distintas Salas de esta Corporación han sentado una línea que defiende la amparabilidad del trabajo más allá de la forma a través de la cual éste, aparentemente, sea manifestado. Al respecto se ha dicho: “No sólo la actividad laboral subordinada está protegida por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido de forma independiente por el individuo, está comprendido en el núcleo esencial del derecho al trabajo. La Constitución más que al trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y su dignidad. De ahí el reconocimiento a toda persona del derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, así como la manifestación de la especial protección del Estado ‘en todas sus modalidades’ (CP art. 25).”[38] Por otra parte, en sentencia en sentencia C-1110 de 2001 se resolvió que: “La relación de trabajo dependiente nace primordialmente de la realidad de los hechos sociales, por cuanto cada vez que una persona natural aparece prestando servicios personales bajo continuada subordinación o dependencia a otra persona natural o jurídica, surge a la vida del derecho una relación jurídica de trabajo dependiente, originando obligaciones y derechos para las partes contratantes que fundamentalmente se orientan a garantizar y proteger a la persona del trabajador.” En conjunción con el principio de primacía de la sustancia sobre las formas, este mandato ha dado lugar a todo el precedente en materia de aplicabilidad de la regulación laboral ordinaria frente al trabajo desempeñado en función de una relación asociativa, con base en la figura denominada contrato realidad. El principio de primacía de lo sustancial sobre la forma obliga a la garantía de los derechos de los trabajadores por encima de las condiciones que formalmente hayan sido pactadas, si éstas resultan desfavorables a los mismos, bajo el entendido de que los trabajadores están situados en desigual condición respecto de sus empleadores. En sentencia C-665 de 1998 se dijo que éste envolvía un “reconocimiento a la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, así como a la necesidad de garantizar los derechos de aquellos, sin que puedan verse afectados o desmejorados en sus condiciones por las simples formalidades”. En este orden de ideas, podría declararse la existencia de una relación jerárquica de trabajo cuando la realidad del contexto demuestre que “una persona natural aparece prestando servicios personales bajo continuada subordinación o dependencia a otra persona natural o jurídica”[39]. Surgen así obligaciones y derechos entre las partes que se ubican en el plano de la regulación laboral ordinaria. La idea del contrato realidad nace de la apreciación del trabajo como concepto que requiere una consideración contextualizada, y no una mirada desde una perspectiva inmaterial. En esa medida, en tratándose de la relación laboral que liga a un asociado con la cooperativa o precooperativa de la que es miembro, los aspectos que le representan han sido finamente delimitados a fin de contrastarlos con lo que denotan un vínculo dependiente de trabajo. Para el efecto, por ejemplo, mediante sentencia T-063 de 2006 se precisó que las cooperativas de trabajo asociado se distinguen de otras formas cooperativas y de las modalidades dependientes de trabajo en el sentido de que sus miembros son simultáneamente aportantes y dueños de la entidad. Se volvió así sobre el concepto de “identidad entre asociado y trabajador” en virtud del cual, para el caso concreto, se determinó la efectividad del goce, por parte de la ‘aportante’, de los derechos que se le reconocen como tal. Se reiteró que “los asociados de dichas cooperativas además de tener obligaciones tienen derechos, entre ellos, los de ‘Participar en las actividades de la cooperativa y en su administración mediante el desempeño de cargos sociales, Ser informados de la gestión de la cooperativa de acuerdo con las prescripciones estatutarias, Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales y Fiscalizar la gestión de la cooperativa’, facultades que están condicionadas al cumplimiento de los deberes.” Verificada la inobservancia de este precepto sumada a la existencia de un nexo de subordinación entre la asociada y “un tercero, respecto del cual recib[ía] ordenes”, se optó por desplazar la regulación interna –de la cooperativa- a favor de la normatividad laboral ordinaria. Dadas las cosas, se accedió a la protección laboral reforzada a favor de una ex asociada que fuera despedida a pesar de encontrarse en estado de gravidez. Aquella noción del contrato realidad fue reiterada mediante sentencia T-445 de 2006, en cuyo texto aparecen delimitados los elementos que pueden conducir a que se declare la existencia de una relación vertical respecto de un cooperado, a saber: “(i) el hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las condiciones indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; (ii) el poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii) la sujeción por parte del asociado a la designación de la cooperativa del tercero a favor del cual se va a ejecutar la labor contratada y las condiciones en las cuales trabajará; entre otros.” Para fortalecer esta postura se ha acudido a la presunción de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo: “se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”. Esta presunción, que admite prueba en contrario, concede primacía a la realidad sobre las formalidades. Con relación a la misma, se puntualizó en sentencia C-665 de 1998 que efectivamente ésta tiene carácter legal, de forma tal que puede ser desvirtuada por el empleador acreditando el hecho contrario, para lo cual no resulta suficiente “la sola exhibición del contrato correspondiente.” Así las cosas, mientras que la carga de la prueba se traslada al empleador, al operador judicial le toca clarificar, con base en el referido principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, la viabilidad de la presunción y la naturaleza de la relación de trabajo. Asunto preliminar: procedencia excepcional de la tutela contra particulares. Determinar la conducencia del reintegro para el caso del señor Ahumada, lo cual requiere, como asunto preliminar, la reafirmación de las hipótesis sobre procedibilidad de la tutela contra particulares. Ya en esta sede se ha reiterado que ello está condicionado, entre otras circunstancias, a la demostración de la existencia de una relación de subordinación o indefensión entre la persona que promueve el amparo y el sujeto accionado. Ambos conceptos han sido decantados a través de la jurisprudencia de esta Corporación que ha definido la subordinación como una relación de dependencia desde el punto de vista jurídico en contraposición con la indefensión, que tiene como fuente una situación de hecho en virtud de la cual una persona se encuentra indefensa frente a otra en condición de superioridad. En efecto, en ambos casos se trata de posiciones jerárquicamente desiguales, sólo que la primera figura se origina en un evento jurídico y la segunda en uno de entidad fáctica. [40] Justamente, jurisprudencia relativa al tema de la relaciones entre una cooperativa de trabajo asociado y sus cooperantes ha hecho evidente que en esta marco pueden surgir distintas relaciones de índole contractual. Eso exige que en cada caso el operador valore los hechos que le rodean para así establecer de manera cierta la naturaleza del vínculo. Bajo ese entendido, se ha encontrado que en algunos eventos realmente se ha configurado una relación de trabajo dependiente entre un asociado y la cooperativa a la que pertenece pues, como en el caso sub exámine, no existe claridad en relación con postura asumida por el asociado respeto de la organización que integra. Es ésa la razón que permite la procedencia de la tutela de la referencia para este caso en el que es promovida en contra de un sujeto particular: la dubitación que emerge sobre la calidad de la relación de trabajo de la que hace parte el asociado, en particular, sobre la existencia de un nexo de subordinación con la cooperativa o con un tercero por mandato y con aquiescencia de ésta, admite la valoración del juez de tutela. En sí, el asunto de la subordinación condensa una de las aristas para la resolución del caso concreto que culminará con la declaración sobre la procedencia del reintegro del accionante. Presupuesto esencial es la existencia de una relación de trabajo dependiente que tenga como sujeto al promotor de la tutela, verificado lo cual es posible emitir un pronunciamiento sobre el pretendido reintegro. El derecho a la estabilidad laboral reforzada propio de las personas con limitaciones. Reiteración jurisprudencial El artículo 53 de la Constitución Política exige del legislador el respeto de ciertos principios mínimos fundamentales en el proceso de elaboración legislativa, dentro de los cuales se halla el de estabilidad en el empleo. Este requerimiento es predicable de todas las vinculaciones, sin importar que se trate de una relación regida por un contrato laboral con un sujeto público o particular, o de una relación contractual, legal o reglamentaria. En términos conceptuales, la estabilidad laboral entraña una doble acepción como principio y derecho al mismo tiempo. Desde su perspectiva deóntica, supone que el trabajo esté dotado de una vocación de permanencia o continuidad mientras no varíe el objeto de la relación, sobrevenga una circunstancia que haga nugatorias las obligaciones reconocidas a los sujetos de la relación o aparezca una justa causa de despido[41]. Como derecho, de otra parte, se manifiesta en la posibilidad de exigir la ejecución de conductas que permitan el acceso y la preservación del empleo o la omisión de las que obstaculicen tales objetivos so pretexto de razones injustas, supuestos que corresponden a los conceptos de protección laboral positiva y protección laboral negativa, respectivamente[42]. Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corporación, como principio, la estabilidad laboral implica que las relaciones gocen de “cierta seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no exista una causal justificativa del despido (…)”.[43] La estabilidad en el empleo envuelve, entonces, una expectativa de conservar un vínculo laboral siempre que no medie justa causa para el despido y la materia del contrato permanezca incólume. No obstante, esa seguridad no implica inamovibilidad.[44] A ello no escapa la estabilidad laboral, que desde sus dos caras puede encontrar limitaciones. En este punto, la Corte ha admitido la existencia de ciertos grados de estabilidad en el empleo, entre otras: i) la absoluta, ii) la impropia y iii) la precaria. La primera está dada por la seguridad plena de conservar intacto el vínculo laboral; la segunda permite el pago de una indemnización a cambio de la efectividad del despido o desvinculación; y la última se presenta en el contexto de las relaciones donde el patrono goza de un amplio grado de discrecionalidad, como ocurre en los cargos de libre nombramiento y remoción.[45] Con base en dicha distinción, este Tribunal ha edificado la tesis de la procedibilidad de la acción de tutela para el logro de la estabilidad laboral reforzada, es decir, la destinada a los sujetos que merecen especial protección del juez constitucional. Es el caso de las madres embarazadas desvinculadas en razón de la gravidez, el de los trabajadores aforados o el de los que sufren limitaciones o pérdidas de la capacidad laboral, debido a lo cual, son obligados a la terminación del contrato. De acuerdo con ello, la tutela resulta idónea exclusivamente para amparar a grupos poblacionales en estado de debilidad manifiesta y para garantizar, en esta medida, la estabilidad reforzada, no otro tipo de estabilidad en el empleo. Como consecuencia de lo anterior, sobre el acto que dispone la desvinculación de un trabajador en esas condiciones recae una presunción de despido sin justa causa que revierte la carga de la prueba y obliga al empleador a demostrar la existencia de argumentos objetivos y razonables para la ruptura de la relación además del lleno de los requisitos pertinentes. Para que tenga lugar esa presunción se requiere la existencia de motivos que generen dudas sobre el trasfondo discriminatorio de la medida; que el rompimiento provoque una grave vulneración de derechos fundamentales; y que, en últimas, haya un nexo de causalidad entre el despido y las características de quien es despedido. Es decir, el trabajador afectado por la medida debe pertenecer a uno de los grupos poblacionales que demandan protección reforzada por parte del juez constitucional y debe ser éste el motivo para la finalización del vínculo. Esto permite la intervención del juez de tutela en reemplazo del juez natural. Corresponde al empleador, entonces, acreditar la ausencia de conexidad entre la condición del sujeto y la terminación de la relación laboral.[46] De manera preliminar, se debe concluir que la estabilidad laboral no alude a la duración perpetua de la relación de trabajo. Implica más bien la generación de una expectativa cierta y fundada sobre la continuación del mismo a condición del respeto de las obligaciones asignadas a las partes y otros factores coyunturales. En el contexto del juez constitucional no es posible acudir a un concepto llano de estabilidad laboral, pues en sede de tutela prosperaría únicamente una solicitud dirigida a la protección reforzada de sujetos en estado de debilidad manifiesta. Ahora bien, como se sostuvo en líneas precedentes, la población con limitaciones constituye una muestra dentro los grupos titulares de la extraordinaria salvaguarda del j...