Sentencia T-447 de 2014

T-447-14 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-447/14 CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Fallecimiento de la paciente La Sala considera que a raíz de la falta de garantía, se ocasionó el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela. Razón por la cual, ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y, como consecuencia, cualquier orden judicial resultaría inocua. De esta manera, le corresponde a la Corte pronunciarse sobre la presunta vulneración de los derechos invocados en la demanda y el alcance de los mismos, para determinar, posteriormente, si procede el resarcimiento del daño teniendo en cuenta que la titular de los derechos cuyo amparo se pretendía ha fallecido DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SU ACCESO PREFERENTE AL SISTEMA DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD-Reiteración de jurisprudencia SERVICIO DE TRANSPORTE COMO MEDIO DE ACCESO AL SERVICIO DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia De acuerdo con el principio de solidaridad, debe haber una mutua colaboración entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades orientada a ayudar a la población más débil, invirtiendo a su favor los recursos del Sistema de Seguridad en Salud. De conformidad con lo anterior, el paciente que ha sido remitido a un municipio distinto al de su residencia para el suministro del servicio de salud que requiere, debe asumir los gastos de transporte y estadía a los que haya lugar cuando tiene los recursos suficientes para tal efecto. Excepcionalmente, cuando el usuario y su núcleo familiar enfrentan dificultades económicas para costear el desplazamiento, los gastos respectivos deben ser sufragados por la EPS. La anterior regla jurisprudencial obedece a que la atención médica no puede ser imposibilitada, obstaculizada o dificultada por razones ajenas al usuario (límites de la cobertura de la EPS), o por razones de tipo económico (capacidad de pago del individuo y de su grupo familiar). No siendo suficiente tener derecho a acceder a un servicio médico si se carece de los medios para hacer de este un acceso real y efectivo, el derecho a la salud debe incluir, además del acceso formal a la atención médica, el suministro de los medios indispensables para materializar la prestación del servicio. Así, cuando se está frente a un caso en el cual un usuario del Sistema de Salud no tiene los recursos económicos para acceder a los servicios médicos que requiere, el Estado y las entidades de salud deben concurrir garantizando su acceso efectivo por virtud de la garantía de accesibilidad económica ENTIDADES DE SALUD DEBEN GARANTIZAR ACCESO EFECTIVO POR VIRTUD DE GARANTIA DE ACCESIBILIDAD ECONOMICA/ELEMENTOS ESENCIALES DEL DERECHO A LA SALUD-Accesibilidad económica, disponibilidad, aceptabilidad y calidad De conformidad con la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la accesibilidad económica es una de las cuatro dimensiones de la accesibilidad. La cual, por su parte, constituye uno de los elementos esenciales del derecho a la salud en conjunto con la disponibilidad, la aceptabilidad y la calidad REGLA JURISPRUDENCIAL EN CASOS EN QUE EPS DEBE ASUMIR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO O GASTOS DE TRANSPORTE Desde una óptica constitucional, esta Corporación ha sido enfática al afirmar que no se les puede imponer cargas económicas desproporcionadas a los usuarios que cuentan con menores recursos, en comparación con quienes sí pueden sufragar el costo del transporte. Gracias a esto, ha adoptado la siguiente regla jurisprudencial: cuando un paciente es remitido a una entidad de salud en un municipio distinto al de su residencia, la EPS debe sufragar los gastos del desplazamiento a los que haya lugar sin importar que el servicio de transporte haya sido ordenado por su médico tratante siempre y cuando se cumplan las siguientes dos (2) condiciones: (i) que ni el paciente ni sus familiares cercanos tengan los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado, y (ii) que de no efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la dignidad, la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. En el mismo sentido, la Corte ha señalado que la EPS debe asumir los costos del desplazamiento de un acompañante cuando, aparte de las limitaciones económicas descritas, el paciente depende de un tercero para su desplazamiento y requiere de atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas. En estos casos se encuentran, precisamente, los menores de edad y las personas de la tercera edad o en situación de discapacidad que padecen restricciones de movilidad. La identificación de los eventos en los cuales es viable autorizar el servicio de transporte, depende del análisis fáctico de cada caso concreto. El juez debe evaluar la pertinencia, necesidad y urgencia de la medida, así como las condiciones económicas del actor y su núcleo familiar. De resultar positiva esta evaluación, debe ordenarle a la EPS que asuma los costos pertinentes y, posteriormente, que recobre a la entidad estatal correspondiente por los valores que no esté obligada a sufragar. Finalmente, en relación con aquellos casos donde el transporte solicitado consta de un desplazamiento al interior del mismo municipio (interurbano), la Corte ha hecho extensiva la aplicación de la anterior regla exigiendo los mismos requisitos. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-481 de 2011, se ocupó del caso de una mujer de cincuenta y cuatro (54) años que, a raíz de su obesidad y acumulación de grasa en las piernas, no podía desplazarse por sí misma hasta un centro médico ubicado en su municipio de residencia. Esto impedía que su enfermedad fuera valorada y diagnosticada. A pesar de que su médico tratante no ordenó el servicio de transporte, esta Corporación tuteló su derecho fundamental a la salud. De esta manera, le ordenó a la EPS a sufragar los gastos respectivos, dado que ni la paciente ni su familia tenían los recursos necesarios para tal efecto y el servicio médico era requerido con urgencia ORDEN DE MEDICO TRATANTE PARA ACCEDER A SERVICIO DE SALUD-Cuando no exista, pero Juez considere que a partir de situación de salud de la persona el servicio es indispensable, deben atenderlo Esta Corporación ha considerado que, en algunas ocasiones, a pesar de que no existe orden del médico tratante para acceder a un servicio médico, es posible que el juez de tutela concluya razonablemente a partir de la situación de salud de la persona, que el servicio pedido por el usuario es indispensable para garantizar su salud o su vida en condiciones dignas. Así lo ha dicho la Corte, por ejemplo, tratándose del acceso al servicio pañales desechables. Ha estimado que someter a una persona que se encuentra en grave estado de vulnerabilidad a una procedimiento de autorización de un insumo, medicamento o procedimiento que de la sola lectura de su historia clínica se puede colegir que requiere, vulnera sus derechos fundamentales pues dilata la satisfacción de sus requerimientos en salud y lo expone a que la entidad responsable reitere la negativa en el acceso. Por lo tanto, cuando el juez constitucional tiene noticia de que un usuario pide un servicio sobre el cual no hay orden del médico tratante, pero es indispensable para restablecer una condición de salud, lo puede ordenar directamente sin imponer al interesado o su familia realizar nuevos trámites EXONERACION DE CUOTAS DE COPAGO Los jueces de tutela han amparado a aquellas personas a quienes los pagos moderadores, por su precaria condición económica, representan un obstáculo para acceder a los servicios en el sistema. A este respecto, este Tribunal ha señalado que cuando la persona que necesita con urgencia un servicio médico carece de la capacidad económica para asumir el valor de los pagos moderadores, la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio de salud deberá asegurar el acceso del paciente a éste, asumiendo el 100% de su valor. En consecuencia, si bien por regla general el afiliado debe sufragar los gastos relativos al servicio médico que necesita, excepcionalmente, la Corte ha entendido que es posible exonerarlo de su pago. Ésta hipótesis se da, principalmente, cuando la persona no cuenta con la capacidad económica para asumirlos. En todo caso, no es al paciente a quien le corresponde probar dicha situación. La carga de la prueba se invierte cuando se trata de demostrar la capacidad económica en materia de salud y, por ende, las EPS son las que tienen tal responsabilidad al tener información acerca de las posibilidades económicas de cada uno de sus afiliados. En el caso concreto, la EPS presumió que la familia de Eliana Milena tenía los recursos económicos suficientes para hacerse cargo de los pagos moderadores por estar afiliada al régimen contributivo. En este sentido, justificó su posición citando el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, según el cual se presume la capacidad de pago de quienes tienen certificados de ingresos. Sin embargo, desconoció que los Lavalle tienen un egreso mensual considerablemente superior a sus ingresos debido a los costos asociados al tratamiento de la enfermedad que padece la menor. Gracias a esto, habiendo comprobado la precaria situación económica de dicha familia, se desvirtúa la presunción alegada y se procede a exonerarla de todos los pagos moderadores en cuanto estos constituyen una barrera que le impide a la niña acceder con facilidad al tratamiento que necesita. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANERA GRATUITA COMO MEDIO DE ACCESO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Condiciones que ha fijado la Corte para que se ordene el suministro La Sala de Revisión debe establecer si, efectivamente, se cumplieron las dos (2) condiciones que ha fijado la Corte para suministrar el servicio de transporte de manera gratuita como medio de acceso al sistema de seguridad social en salud, a saber, (i) que ni el paciente ni sus familiares cercanos tengan los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado, y (ii) que de no efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la dignidad, la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. Según la historia clínica de la paciente, su corta edad y la consecuente prevalencia que tienen sus derechos por ser un sujeto de especial protección constitucional, la segunda de las dos (2) condiciones mencionadas se entiende plenamente acreditada. Esto, incluso, a pesar de que el transporte no fue ordenado por su médico tratante, pues es evidente que la menor lo requiere con necesidad y no podría imponérsele la obligación de agotar un trámite adicional sin agravar con esto la lesión a sus derechos fundamentales. Respecto de la primera condición, la Corte estima que, aunque la menor hace parte del SISBEN nivel I, la afirmación de que su familia gasta más recursos de los que percibe, no fue desvirtuada. En esta medida, el juez de tutela debió dar por cierto que dicha familia carecía del dinero para pagar por su traslado. Razón por la cual, la tutela de los derechos fundamentales de Anyie Paola a la salud y a la vida resultaba procedente y debía prosperar DEFENSORA PUBLICA QUE INTERPUSO ACCION DE TUTELA EN NOMBRE DE MENOR DE DOS AÑOS-Caso en que Juez exigía aportar copia del poder para representar al menor/AGENCIA OFICIOSA Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS/SUMINISTRO POR LA EPS DE TRANSPORTE A MENOR CON PROBLEMAS RENALES Dada la informalidad que caracteriza a la acción de tutela, la eficacia de los derechos fundamentales, la primacía del derecho sustancial sobre el procesal, el principio de solidaridad, la corta edad del menor y su delicado estado de salud (fundamento en el que la defensora actuó), la Sala considera que esta hizo las veces de agente oficiosa y tenía, por consiguiente, legitimación para actuar. Se satisficieron los requisitos que ha fijado la jurisprudencia de este Tribunal para abogar por los intereses de un sujeto de especial protección constitucional que no puede defenderse por sí mismo ante una presunta vulneración a sus derechos fundamentales. Con mayor razón, cuando en este proceso el tutelante es un menor de apenas dos (2) años de edad. En esta medida, a juicio de la Corte, la señora Amarilys Esther Llanos Navarro cumplió con los dos (2) requisitos constitutivos de la agencia oficiosa, y con uno (1) de los accesorios. Específicamente, la defensora manifestó haber actuado en nombre de otro interponiendo la acción de tutela “a favor del menor LUIS FERNANDO LOBO ALVARADO, en cuyo nombre su madre CARMEN LUCÍA ALVARADO GÓMEZ (…) busca el amparo constitucional de sus DERECHOS […]”. Así mismo, cumplió con el segundo requisito (imposibilidad del interesado para actuar) al abogar por los intereses de una persona que evidentemente no está en condiciones físicas o mentales de promover su propia defensa dada su corta edad y su deteriorado estado de salud, el cual se encontraba menguado por la ectasia ureteropielocalicial bilateral de predominio derecho y la hidronefrosis que padece en ambos riñones. En este mismo sentido, actuó a favor de los intereses de su madre, quien se encontraba en una situación apremiante al tener a su hijo gravemente enfermo lejos de su municipio de residencia y quien, por ser población SISBEN nivel I, se presume que carecía de los recursos económicos suficientes para contratar un abogado. Finalmente, la señora Llanos cumplió con el primer requisito accesorio (identificación de las partes) al presentarse formalmente e identificar al menor a quien pretendía defender. El cuarto y último requisito de la agencia oficiosa (ratificación de los actos del agente por parte del agenciado), no fue acreditado. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia anteriormente señalada, éste es accesorio y su incumplimiento no condiciona la prosperidad de la acción. Menos aún cuando no existe, a su vez, prueba alguna de que la madre del menor hubiera desconocido los actos del agente. De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela resultaba procedente. Por esta razón, la Corte revocará la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, confirmará la decisión del juez de primera instancia bajo el entendido de que la EPS debe suministrar al menor el servicio de transporte cada vez que lo requiera en un futuro. REGIMEN CONTRIBUTIVO Y USUARIOS DE ESTE FRENTE A PRESUNCION DE CAPACIDAD DE PAGO-Presunción de carácter legal que admite prueba en contrario Si bien es cierto que se debe presumir la capacidad de pago de los usuarios del sistema de salud que hacen parte del régimen contributivo, dicha presunción es de carácter legal y admite prueba en contrario. Este ejercicio fue realizado por el esposo de la accionante y la EPS no logró refutarlo pese a los esfuerzos que consignó en el escrito de contestación. De esta manera, es evidente que la señora Torres carecía del dinero suficiente para pagar por el servicio de transporte y que, como consecuencia de ello, cumplía con la primera de las condiciones para reclamarlo de manera gratuita. En relación con el segundo requisito, la Sala de Revisión encuentra que, dada la gravedad de la enfermedad que padecía la accionante y su avanzada edad, se encontraba en una situación de vulnerabilidad manifiesta y requería con toda necesidad de la práctica de la diálisis. Razón por la cual, su falta de acceso al mencionado servicio de salud tenía impactos altamente perjudiciales en su salud y en su vida. Situación que, por obvias razones, le hace pensar a la Corte que la accionante satisfacía el requisito mencionado y merecía acceder a un servicio gratuito de transporte. Dicho esto, la sentencia proferida por el juez de primera instancia resulta seriamente lesiva de los intereses de la accionante pues, basada en una presunción y un precario análisis del caso concreto, se tradujo en una decisión injusta que dejó desprotegida a una persona de la tercera edad que estaba a tal punto enferma, que falleció Referencia: expedientes T-4226588, T-4229142, T-4236982, T-4236992, T-4243412 y T-4247883 (acumulados) Expediente T-4226588: Acción de tutela presentada por Manolo Alejandro Álvarez Hernández contra Coosalud EPS-S. Expediente T-4229142: Acción de tutela presentada por Yaneth Judith Arrieta Mejía, en representación de su hija, Eliana Milena Lavalle Arrieta, contra Coomeva EPS. Expediente T-4236982: Acción de tutela presentada por Soraya Escobar Arregoces, en calidad de agente oficiosa de la menor Anyie Paola Pacheco Nerio, contra Saludvida EPS-S. Expediente T-4236992: Acción de tutela presentada por Kleyver Oviedo Farfán, en calidad de agente oficioso de María Elvia Cortés de Montealegre, contra Comfamiliar EPS-S y otros. Expediente T-4243412: Acción de tutela presentada por Amarilys Esther Llanos Navarro, en calidad de apoderada del menor Luis Fernando Lobo Alvarado, contra Saludvida EPS-S y otros. Expediente T-4247883: Acción de tutela presentada por Jesús María Oliveros Ruiz, en representación de su esposa, Nilda Cristina Torres de Oliveros, contra Nueva EPS. Magistrada ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil catorce (2014) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previas al cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos proferidos: 1. En primera instancia, por el Juzgado Treinta y Cuatro Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia, el diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013), en el proceso de tutela iniciado por el señor Manolo Alejandro Álvarez Hernández contra Coosalud EPS-S. 2. En primera instancia, por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Barranquilla, Atlántico, el veinticinco (25) de noviembre de dos mil trece (2013), en el proceso de tutela iniciado por Yaneth Judith Arrieta Mejía, en representación de su hija Eliana Milena Lavalle Arrieta, contra Coomeva EPS. 3. En primera instancia, por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Riohacha, la Guajira, el diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013), en el proceso de tutela iniciado por Soraya Escobar Arregoces, como agente oficiosa de la menor Anyie Paola Pacheco Nerio, contra Saludvida EPS-S. 4. En primera instancia, por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Rivera, Huila, el once (11) de diciembre de dos mil trece (2013) en el proceso de tutela iniciado por Kleiver Oviedo Farfán, como agente oficioso de la señora María Elvia Cortés de Montealegre, contra Comfamiliar EPS-S y otros. 5. En primera instancia, por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, Cesar, el ocho (8) de octubre de dos mil trece (2013) y, en segunda instancia, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar, Cesar, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013), en el proceso de tutela iniciado por Amarilys Esther Llanos Navarro, en representación del menor Luis Eduardo Lobo Alvarado, contra Saludvida EPS-S. 6. En primera instancia, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, Atlántico, el día veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013), en el proceso de tutela iniciado por el señor Jesús María Oliveros Ruiz, en representación de la señora Nilda Cristina Torres de Olivero, contra Nueva EPS. Mediante Auto del veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014), la Sala de Selección Número Dos (2) de la Corte Constitucional seleccionó para revisión y acumuló los procesos de referencia para ser fallados en una misma sentencia dada su unidad temática. I. DEMANDA Y SOLICITUD Los peticionarios de los expedientes mencionados presentaron acciones de tutela contra diferentes EPS y EPS-S, y otros, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, o los de sus representados o agenciados. Se trata de personas que, como producto de su precaria situación económica y la de sus familias, tienen dificultades para acceder a los servicios de salud que requieren con necesidad, para tratar las graves enfermedades que los aquejan. En concreto, señalan que no cuentan con los recursos económicos suficientes para costear los gastos de desplazamiento desde su residencia hasta las respectivas instituciones prestadoras de salud. Las entidades accionadas, por su parte, negaron el suministro del servicio de transporte por (i) no encontrarse incluido en el Plan Obligatorio de Salud; (ii) no estar acreditada la falta de capacidad económica familiar para sufragar dicho gasto, total o parcialmente; (iii) no existir orden médica respaldando el suministro del servicio de transporte, o (iv) no haberse agotado los procedimientos previos ante la EPS, la Superintendencia de Salud o la Secretaría de Salud Departamental respectiva. Expediente T-4226588. – Caso de Manolo Alejandro Álvarez Hernández 1. El accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos 1.1. El señor Manolo Alejandro Álvarez Hernández tiene cuarenta y ocho (48) años de edad[1], es víctima del desplazamiento forzado, tiene escasos recursos[2] y está afiliado al sistema de seguridad social en salud en el régimen subsidiado a través de la EPS-S Coosalud.[3] 1.2. A raíz de una falla renal, requiere de la práctica de diálisis tres (3) veces a la semana[4]. Razón por la cual, debe desplazarse periódicamente desde el hogar de paso donde vive, la Fundación Santa Teresita del Niño Jesús[5], hasta la IPS que le presta el mencionado servicio, ubicada en la misma ciudad. 1.3. El accionante trabaja como vendedor ambulante de helados percibiendo un ingreso inferior al salario mínimo[6]. Con ese ingreso debe sufragar los gastos de su familia, además de los doce (12) pasajes de transporte público que requiere a la semana para asistir a las tres (3) sesiones de diálisis[7]. 1.4. Su núcleo familiar está compuesto por su compañera permanente y sus tres (3) hijos menores de edad. Sus necesidades básicas son asumidas por el hijo de su compañera, quien es mayor de edad, y por él. 1.5. El cuatro (4) de septiembre de dos mil trece (2013), el señor Álvarez presentó un derecho de petición ante Coosalud EPS-S solicitando el suministro del servicio de transporte para asistir a las sesiones de diálisis[8]. Sin embargo, la entidad negó su solicitud dado que dicho servicio se encontraba por fuera del POS-S y, por tal razón, debía ser asumido directamente por él o por sus familiares[9]. 1.6. Teniendo en cuenta los anteriores hechos, el accionante interpuso la tutela objeto de revisión por considerar que Coosalud EPS-S se encuentra vulnerando sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. Por consiguiente, solicitó el suministro gratuito del servicio de transporte a pesar de que éste no fue ordenado por su médico tratante. 2. Respuesta de la entidad accionada Mediante escrito del nueve (9) de octubre de dos mil trece (2013), Coosalud EPS-S contestó a la presente acción de tutela arguyendo que el servicio de transporte no hacía parte del POS-S. Razón por la cual, debía ser asumido por el accionante o sus familiares. Si bien la entidad reconoció que ella debe hacerse cargo de su pago cuando ni el paciente ni sus familiares tienen los recursos económicos para tal efecto, manifestó que en el caso concreto el señor Álvarez no había logrado probar su precaria situación económica. Esto, toda vez que, a través de su red de servicios, la EPS-S le ha suministrado gratuitamente su hospedaje y su alimentación en el hogar de paso donde reside (la Fundación Santa Teresita del Niño Jesús). Razón por la cual, es posible presumir que el accionante cuenta con ingresos suficientes pues no tiene que asumir ningún otro gasto diferente al transporte que reclama. 3. Respuesta de las entidades vinculadas El Juzgado vinculó a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de la Gobernación de Antioquia para que se pronunciara sobre los hechos de la demanda. Mediante escrito del veintinueve (29) de noviembre de dos mil trece (2013), la entidad dio respuesta a la acción de tutela confundiendo la solicitud del servicio de transporte, con una exoneración de copagos. Debido a esto, arguyó no ser la entidad competente pues, a su juicio, los copagos son cobrados por las EPS después de prestar un servicio médico. 4. Decisión del juez de tutela en primera instancia Mediante providencia del diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013), el Juzgado Treinta y Cuatro Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia, resolvió no amparar los derechos fundamentales del accionante por considerar que el pago del transporte no desbordaba su capacidad económica ya que, a pesar de ganar menos de un salario mínimo, sus gastos no comprometían sustancialmente sus ingresos. Expediente T-4229142. – Caso de la menor Eliana Milena Lavalle Arrieta 1. La accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos 1.1. Eliana Milena Lavalle Arrieta, hija de la señora Yaneth Judith Arrieta Mejía, es una niña de once (11) años de edad[10] que padece de epilepsia focal refractaria y de un retardo global del desarrollo desde su nacimiento[11]. En calidad de beneficiaria de su padre, la niña está afiliada a la EPS Coomeva en el régimen contributivo. 1.2. Dado su estado de salud, Eliana Milena asiste desde el dos mil nueve (2009) de lunes a viernes a terapias de neurodesarrollo en la IPS Avanza[12]. Razón por la cual, tiene que desplazarse en compañía de su madre desde el municipio de Soledad, donde reside, hasta la ciudad de Barranquilla, donde está ubicada la entidad[13]. 1.3. Los desplazamientos son efectuados en taxi pues, dada su edad y condiciones médicas, Eliana Milena no puede acceder al servicio de transporte público ya que se le dificulta pasar por el torniquete, y es objeto de burlas cuando lo intenta, por la lentitud con que lo hace. El traslado de ida y vuelta tiene un costo aproximado de treinta y cuatro mil pesos ($34.000). Razón por la cual, la accionante debe cancelar un valor total de seiscientos ochenta mil pesos ($680.000) mensuales. 1.4. La señora Arrieta debe estar permanentemente a cargo del cuidado de la menor y de sus otros dos (2) hijos. Debido a esto, no puede trabajar y es ama de casa. Su esposo labora como vigilante para la Empresa Electricaribe S.A. E.S.P. y recibe un ingreso mensual de ochocientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos ($863.634)[14]. 1.5. La accionante manifiesta que su familia no cuenta con los recursos económicos suficientes para pagar por el servicio de transporte, así como tampoco con el dinero para cancelar los copagos y las cuotas moderadoras respectivas ya que, no teniendo más ingresos que los de su esposo, gastan, aproximadamente, un millón cuatrocientos trece mil ochocientos doce pesos ($1.413.812) al mes[15]. 1.6. Teniendo en cuenta los anteriores hechos, la señora Arrieta, en representación de su hija, interpuso la acción de tutela objeto de revisión por considerar que la EPS Coomeva está vulnerando los derechos fundamentales de la menor a la vida y la salud al negarle el suministro de transporte y al obligarla a cancelar copagos y cuotas moderadoras a pesar de que su familia carece de los recursos económicos necesarios para tal efecto. En esta medida, solicitó el suministro gratuito del transporte y la exoneración de pagos moderadores. 2. Respuesta de la entidad accionada El veintinueve (29) de noviembre de dos mil trece (2013), la EPS Coomeva presentó escrito de contestación de manera extemporánea. Allí manifestó que no era posible exonerar a la accionante de copagos y cuotas moderadoras porque la menor no padecía de una enfermedad de alto costo o ruinosa y era beneficiaria del régimen contributivo, razón por la cual, se presumía su capacidad de pago de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011[16]. Así mismo, la EPS arguyó que el servicio de transporte no estaba incluido dentro del POS y no había sido ordenado por el médico tratante o el Comité Técnico Científico. Debido a esto, era responsabilidad de la familia del paciente asumir los gastos mencionados. Dicho esto, la entidad solicitó negar la tutela. 3. Decisión del juez de tutela en primera instancia Mediante providencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil trece (2013), el Juzgado Octavo Civil Municipal de Barranquilla, Atlántico, no tuteló los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la menor por considerar que no existían pruebas suficientes que acreditaran (i) que la niña estaba afiliada a la EPS Coomeva en calidad de beneficiaria; (ii) que la IPS Avanza hace parte de la red de servicios de la EPS Coomeva; (iii) que no existe orden del médico tratante en relación con el suministro del servicio de transporte, y (iv) que el pago de copagos y cuotas moderadoras no vulnera los derechos fundamentales de los pacientes, pues su finalidad es obtener la financiación que permita mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de salud. 4. Trámite ante la Corte Constitucional 4.1. El día veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014), la señora Arrieta le manifestó a la Corte Constitucional que (i) en el municipio de Soledad no existen centros que brinden los servicios de neurodesarrollo que requiere la menor; (ii) su hija asiste a las terapias de rehabilitación desde dos mil nueve (2009) y continuará haciéndolo de manera indefinida; (iii) de los ochocientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos ($863.634) que recibe su esposo mensualmente, gasta, en promedio, cuatrocientos mil pesos ($400.000) en alimentación, ciento sesenta mil pesos ($160.000) en paños desechables, ciento trece mil ochocientos doce pesos ($113.812) en servicios públicos y sesenta mil pesos ($60.000) en educación, para un total de setecientos treinta y tres mil ochocientos doce pesos ($733.812). Razón por la cual, dispone de ciento veintinueve mil ochocientos veintidós pesos ($129.822) para el pago del transporte, copagos y cuotas moderadoras; (iv) cada desplazamiento tiene un costo total de treinta y cuatro mil pesos ($34.000), es decir, que paga seiscientos ochenta mil pesos ($680.000) mensuales; (v) ante la escasez de recursos, se ha visto obligada a pedir constantemente la ayuda de terceros, y (vi) en una ocasión anterior, solicitó el servicio de transporte vía tutela obteniendo respuesta favorable. Coomeva EPS, quien desde ese entonces está al tanto de la situación médica y económica de la menor, dio cumplimiento a dicho fallo durante un (1) año pero, después de ese tiempo, se percató que la mencionada obligación no había quedado consignada en la parte resolutiva y, por ende, procedió a suspender el servicio[17]. 4.2. En respaldo a sus afirmaciones, la accionante aportó copia de (i) las últimas cuatro (4) autorizaciones que ha emitido Coomeva EPS para la práctica de las sesiones de terapia[18]; (ii) copia de los recibos del servicio de transporte cuando era suministrado por la EPS[19]; (iii) copia de las facturas de servicios públicos[20]; (iv) copia del pago del servicio de educación[21], y (v) copia del fallo de tutela al que se hizo referencia, mediante el cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, Atlántico, en sede de segunda instancia, tuteló el derecho fundamental a la salud Eliana Milena Lavalle Arrieta en el proceso iniciado por su madre contra Coomeva EPS. Dentro de las consideraciones, el Juzgado afirmó que la menor tenía derecho a acceder gratuitamente al servicio de transporte pues carecía de los recursos económicos suficientes para pagar los desplazamientos que frecuentemente debía realizar para acceder a los servicios médicos que requería en la ciudad de Barranquilla y en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, a pesar de que se ordenó tutelar los derechos de la menor a la salud y a la vida, en las órdenes expedidas no se hizo ninguna manifestación expresa sobre el particular. Expediente T-4236982. – Caso de la menor Anyie Paola Pacheco Nerio 1. La accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos 1.1. Anyie Paola Pacheco Nerio es una niña de quince (15) años de edad[22], está afiliada a la EPS-S Saludvida en el régimen subsidiado[23], reside en la ciudad de Riohacha, La Guajira, y tiene, desde su nacimiento, un hemangioma sobre su cuello[24]. 1.2. Antes de la interposición de la acción de tutela, la menor no había recibido tratamiento. Razón por la cual, el médico especialista en cirugía de cabeza y cuello que la atendió el (25) de junio de dos mil trece (2013)[25], ordenó (i) su valoración por hemodinamia en la Clínica General del Norte de Barranquilla, y (ii) la realización de una cita de control a los cuatro (4) meses siguientes[26]. 1.3. No obstante, cuando se presentó la acción objeto de estudio, la EPS-S no había autorizado la realización de la consulta médica. Tampoco había suministrado el servicio de transporte que requería la menor y su acompañante para trasladarse desde Riohacha hasta Barranquilla a pesar de que, según afirmó Luz Dany Nerio González, su madre, dicho servicio había sido solicitado directamente ante la EPS-S[27]. 1.4. La Defensora Regional de la Guajira[28], actuando como agente oficiosa de la menor, argumentó que Anyie Paola necesitaba ser valorada con urgencia y que su familia no tenía los recursos necesarios para pagar por el transporte. De esta manera, interpuso la acción de tutela objeto de revisión contra Salud vida EPS-S por considerar que ésta entidad estaba vulnerando los derechos fundamentales de la niña a la vida y a la salud. Consecuentemente, solicitó la autorización inmediata de la valoración por hemodinamia y el suministro de los gastos de transporte para que Anyie Paola pudiera trasladarse con un acompañante hasta la ciudad de Barranquilla, así como a cualquier otro lugar que requiriera para recuperar su estado de salud. 2. Respuesta de las entidades accionadas 2.1. A pesar de que se le notificó en debida forma, la EPS-S Saludvida omitió dar contestación a la presente acción de tutela. 2.2. El Juzgado Tercero Penal Municipal de Riohacha, La Guajira, vinculó al proceso a la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira. Esta entidad, mediante escrito del cuatro (4) de diciembre de dos mil trece (2013), manifestó que, dadas las solicitudes de la accionante, no era competente. A su juicio, la EPS-S Saludvida era la verdaderamente responsable de garantizar la atención en salud y el suministro de los servicios relacionados con dicha actividad[29]. 3. Decisión del juez de tutela en primera instancia Mediante providencia del diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013), el Juzgado Tercero Penal Municipal de Riohacha, La Guajira, negó el amparo solicitado por no encontrar el material probatorio suficiente de una violación a los derechos fundamentales de la menor. Particularmente, el Juzgado no encontró pruebas de que la orden médica que recetaba la práctica de una valoración por hemodinamia hubiera sido negada por la EPS-S. Siendo la solicitud de transporte, alojamiento y hospedaje una pretensión subsidiaria a la anterior, el Juzgado determinó que la tutela no era procedente gracias a la misma precariedad en materia probatoria. Sin embargo, previno a la accionada para que en cuanto fuera solicitada la valoración de hemodinamia y los respectivos gastos de desplazamiento y alojamiento, cumpliera de manera efectiva con la prestación del servicio requerido. 4. Trámite ante la Corte Constitucional 4.1. Mediante auto del veintiuno (21) de mayo de dos mil catorce (2014), la Corte Constitucional ofició a la señora Soraya Escobar Arregoces para que informara a la Sala de Revisión (i) si efectivamente su representada había realizado el desplazamiento para el cual solicitó el suministro de transporte, y si requería de dicho transporte en futuras ocasiones; (ii) la periodicidad de los viajes que debía emprender la menor para acceder al servicio de salud en el presente y futuro, así como el tipo y el costo del transporte que necesitaba, y (iii) si antes de interponer la acción de tutela objeto de revisión, la madre de la menor había, efectivamente, solicitado a la EPS-S el suministro del servicio de transporte. Sin embargo, vencido el término probatorio, no se recibió respuesta alguna. 4.2. Mediante llamada telefónica realizada el día cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014), la Defensoría del Pueblo de La Guajira informó que, gracias a la prevención hecha por el juez de primera instancia, la menor había accedido a la consulta médica que requería, así como al servicio de transporte y alojamiento[30]. Expediente T-4236992: Caso de María Elvia Cortés de Montealegre 1. La accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos 1.1. La señora María Elvia Cortés de Montealegre es una mujer de setenta y nueve (79) años de edad[31], reside en el municipio de Rivera, Huila, se encuentra afiliada a la EPS-S Comfamiliar en el régimen subsidiado y padece de insuficiencia renal crónica[32]. 1.2. A raíz de su enfermedad, debe trasladarse tres (3) veces por semana desde el municipio de Rivera hasta la ciudad de Neiva para la práctica de la diálisis, tratamiento que requiere de manera indefinida y del cual depende su vida[33]. 1.3. En cada traslado, la accionante debe movilizarse en taxi y requiere de la compañía de un tercero pues, dada su avanzada edad, le es imposible viajar sola o en transporte público. Cada desplazamiento tiene un costo de cuarenta mil pesos ($40.000) ida y vuelta[34]. 1.4. La accionante manifiesta ser una persona de escasos recursos y, por esta razón, no estar en condiciones de pagar por el servicio de transporte que necesita. A pesar de que tiene tres (3) hijos mayores de edad, vive sola y sólo una hija la ayuda mediante la venta de tamales los sábados, dado que los otros no tienen recursos suficientes[35]. 1.5. En una ocasión anterior, la accionante solicitó el suministro del servicio de transporte directamente ante la EPS-S a través de un derecho de petición. Sin embargo, obtuvo respuesta negativa dado que, a juicio de la entidad, el transporte para pacientes que no se encuentran hospitalizados, o que no se trasladan a lugares donde hay una prima adicional a la UPC, no hace parte del POS-S y, por lo tanto, su prestación es responsabilidad del paciente, de sus familiares y, en su defecto, de la Secretaría de Salud Departamental[36]. 1.6. Teniendo en cuenta los anteriores hechos, la señora Cortés acudió ante la Personería Municipal de Rivera, Huila, donde le ayudaron a presentar esta acción de tutela. Según lo manifestó su agente oficioso[37], la EPS-S Comfamiliar y la Secretaría de Salud Departamental le están vulnerando su derecho fundamental a la salud y a la vida al no suministrarle el servicio de transporte que requiere para asistir a las sesiones de diálisis en la ciudad de Neiva. Consecuentemente, solicitó el suministro inmediato de dicho servicio pues en la actualidad la accionante se ha visto en la incapacidad de asistir a algunas sesiones por falta de recursos. 2. Respuesta de la entidad accionada 2.1. Mediante escrito del seis (6) de diciembre de dos mil trece (2013), la Secretaría de Salud Departamental del Huila contestó la demanda arguyendo que debía ser exonerada de todo cargo dado que la accionante no le solicitó el suministro del servicio de transporte antes de la interposición de la tutela. Razón por la cual, no había vulnerado sus derechos. 2.2. Mediante escrito del seis (6) de diciembre de dos mil trece (2013), Comfamiliar EPS-S contestó solicitando que la tutela fuera declarada improcedente por versar sobre pretensiones económicas y transgredir, consecuentemente, el principio de subsidiariedad ante la existencia de otros medios ordinarios de defensa judicial. Adicionalmente, manifestó que la accionante no tenía derecho al servicio que solicitaba pues no había sido remitida de una IPS a otra, en el departamento del Huila no se paga una UPC adicional, no existía ninguna orden médica que prescribiera el suministro de transporte y no había registro de que la señora Cortés hubiera hecho previamente dicha solicitud ante la EPS-S. Razón por la cual, consideró que la entidad competente era la Secretaría de Salud Departamental del Huila pues, al ser una entidad municipal, recibía recursos para cubrir los gastos de salud de la población más pobre que no estuvieran cubiertos por el POS o POS-S. 3. Decisión del juez de tutela en primera instancia Con providencia del once (11) de diciembre de dos mil tres (2013), el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Rivera, Huila, negó el amparo solicitado por no encontrar prueba alguna de que la accionante hubiera solicitado el servicio de transporte a la EPS-S antes de interponer la acción de tutela. Éste hecho, a su juicio, le impedía concluir que la mencionada entidad había vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. 4. Trámite ante la Corte Constitucional El día veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014), la accionante se comunicó con la Corte Constitucional informándole que (i) vive sola; (ii) su núcleo familiar está compuesto por ella y tres (3) hijos mayores de edad; (iii) su sustento económico es proporcionado por su hija Consuelo Montealegre, con quien vende tamales los sábados para su sostenimiento y el de su familia. Dada su difícil situación económica, sus otros hijos no pueden enviarle dinero alguno; (iv) a raíz de su avanzada edad, para asistir a las sesiones de diálisis requiere tomar un taxi e ir acompañada de un tercero; (v) cada traslado tiene un costo promedio de cuarenta mil pesos ($40.000) ida y vuelta, y (vi) en una ocasión anterior, solicitó el suministro del servicio de transporte directamente ante la EPS-S a través de un derecho de petición[38]. Sin embargo, obtuvo respuesta negativa. Expediente T-4243412. – Caso del menor Luis Fernando Lobo Alvarado 1. El accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos 1.1. Luis Fernando Lobo Alvarado es un niño de dos (2) años de edad[39], reside en el municipio de Tamalameque, Cesar y está afiliado a la EPS-S Saludvida en el régimen subsidiado[40]. 1.2. El treinta (30) de agosto de dos mil trece (2013), el menor ingresó por urgencias a la Clínica Laura Daniela, ubicada en Valledupar, Cesar, por un fuerte dolor abdominal. Después de que se le practicó una ecografía abdominal total, la médica[41] que lo atendió concluyó que tenía una ectasia ureteropielocalicial bilateral de predominio derecho e hidronefrosis en ambos riñones[42]. Razón por la cual, el menor fue hospitalizado. 1.3. El once (11) de septiembre de dos mil trece (2013), el personal de la Clínica le informó a la señora Carmen Lucia Alvarado Gómez, madre del menor, que a su hijo debía ser valorado en la ciudad de Barranquilla, a donde se le remitiría. Sin embargo, para el momento en que se interpuso la tutela, la remisión no había sido realizada y el menor seguía hospitalizado[43]. 1.4. Teniendo en cuenta los anteriores hechos, la señora Alvarado acudió ante una defensora pública[44] para que hiciera las veces de apoderada de su hijo y presentara la acción de tutela objeto de revisión contra Saludvida EPS-S por la presunta vulneración de los derechos fundamentales del menor a la vida y a la salud. La suscrita manifestó que la familia Lobo tenía escasos recursos y que requería, como medida provisional, que Luis Fernando fuera inmediatamente remitido a la ciudad de Barranquilla para la valoración médica que necesitaba. Como pretensión principal, solicitó la provisión del tratamiento médico integral, dentro del cual incluyó el suministro de viáticos para el menor y un acompañante con el fin de garantizar su asistencia a los diversos exámenes y procedimientos que llegare a necesitar. 2. Respuesta de la entidad accionada Mediante escrito del dos (2) de octubre de dos mil trece (2013), la EPS-S Saludvida manifestó que había un hecho superado pues, para ese entonces, el menor ya estaba siendo atendido en la IPS Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja en la ciudad de Cartagena, Bolívar. En relación con el servicio de transporte, alojamiento y alimentación, manifestó que ninguno de éstos tenía carácter prestacional, que todos se encontraban excluidos del POS-S y que, por ende, no podían ser suministrados por la EPS-S, sino, por el contrario, por la Secretaría de Salud Departamental del Cesar. 3. Respuesta de las entidades accionadas El juez de primera instancia vinculó al proceso a la Secretaría de Salud Departamental del Cesar. Mediante escrito del cuatro (4) de octubre de dos mil trece (2013), dicha entidad manifestó no haber vulnerado los derechos fundamentales del accionante dado que los servicios requeridos por este hacían parte del POS-S y, por ende, era la EPS-S quien debía suministrarlos. 4. Decisión del juez de tutela en primera instancia Mediante providencia del ocho (8) de octubre de dos mil trece (2013), el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, Cesar, tuteló los derechos fundamentales del menor a la salud y a la vida por considerar que había un retraso injustificado en la atención médica y en el suministro de transporte, alojamiento y alimentación. Sin embargo, pese a que dichos servicios ya habían sido prestados durante el trámite de la acción de tutela, el Juzgado ordenó su materialización y previno a la accionada para que los brindara en un futuro si el menor los volvía a requerir. 5. Impugnación Saludvida EPS-S impugnó la decisión el dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013) arguyendo que (i) había un hecho superado en cuanto ya se había realizado el traslado del paciente y la autorización del procedimiento médico requerido, y (ii) que, de acuerdo con la normatividad vigente, no era competencia de la EPS-S correr con los gastos de transporte y viáticos en los que incurriera el menor y su acompañante pues estos eran servicios NO POS. En este orden de ideas, la accionada arguyó que la responsable de estos servicios era la Dirección Seccional de Salud del Cesar. 6. Decisión del juez de tutela en segunda instancia Mediante providencia del dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013), el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, Cesar, revocó la decisión de primera instancia porque la defensora pública que había interpuesto la acción en calidad de apoderada del menor, no había aportado copia del poder respectivo y, por ende, no estaba legitimada para actuar. 7. Trámite ante la Corte Constitucional Mediante auto del veintiuno (21) de mayo de dos mil catorce (2014), la Corte Constitucional ofició a la señora Amarilys Esther Llanos Navarro, en calidad de apoderada del menor, para que informara a la Sala de Revisión (i) si efectivamente su representado había realizado el desplazamiento para el cual solicitó el suministro del transporte, y si requería de dicho servicio en futuras ocasiones; (ii) la periodicidad de los viajes que debía emprender para acceder al servicio de salud en el presente y futuro, así como el tipo y el costo del transporte que necesitaba, y (iii) si antes de interponer la acción de tutela, la madre del menor había solicitado directamente a la EPS el suministro del servicio de transporte. Sin embargo, vencido el término probatorio, no se recibió respuesta alguna. Expediente T-4247883. – Caso de la señora Nilda Cristina Torres de Olivero 1. La accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos 1.1. La señora Nilda Cristina Torres de Olivero es una mujer de sesenta y nueve (69) años de edad[45], está afiliada a la Nueva EPS en el régimen contributivo en calidad de beneficiaria de su esposo, el señor Jesús María Oliveros Ruíz[46], y padece de diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones renales, razón por la cual, requiere de la práctica de hemodiálisis[47]. 1.2. Con el ánimo de tratar su enfermedad, la accionante debe desplazarse con su esposo desde su lugar de residencia, ubicado en el municipio de Soledad, Atlántico, hasta la ciudad de Barranquilla, lugar donde queda la Unidad Renal de la IPS Davita, para la práctica de la hemodiálisis tres (3) veces a la semana. 1.3. El señor Oliveros Ruiz se encuentra pensionado y manifestó carecer de los recursos económicos suficientes para cubrir los costos del transporte. Así mismo, afirmó haberle solicitado el suministro gratuito de dicho servicio al gerente de la Nueva EPS[48] y recibir reiteradamente una respuesta negativa. 1.4. Teniendo en cuenta los anteriores hechos, el señor Oliveros interpuso la presente acción de tutela en nombre de su esposa por considerar que la Nueva EPS está vulnerando su derecho fundamental a la salud y a la vida al negarle el servicio de transporte que ella requería para asistir a sus sesiones de hemodiálisis. Debido a esto, solicitó el suministro gratuito e inmediato de ese servicio. 2. Respuesta de la entidad accionada Mediante escrito del quince (15) de octubre de dos mil trece (2013), la Nueva EPS contestó la demanda solicitando declarar su improcedencia. Según la entidad, el transporte es responsabilidad del paciente y de su familia, salvo que ninguno de los dos (2) cuente con la capacidad de pago suficiente. En el caso concreto, la EPS presumió dicha capacidad puesto que la accionante estaba afiliada al régimen contributivo, su esposo reportaba un ingreso base de cotización de ochocientos treinta y dos mil pesos ($832.000) y ninguno de ellos había demostrado una difícil situación económica. 3. Decisión del juez de tutela en primera instancia El veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013), el Juzgado Cuarto (4) Laboral del Circuito de Barranquilla, Atlántico, decidió no amparar los derechos fundamentales de la accionante por considerar que esta no había probado la difícil situación económica que le impedía pagar por el servicio de transporte. 4. Trámite ante la Corte Constitucional Mediante llamada telefónica realizada el veintiuno (21) de mayo de dos mil catorce (2014), el señor Jesús María Oliveros Ruiz le informó a la Corte Constitucional que la accionante había fallecido como consecuencia de una complicación médica presentada semanas atrás[49]. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro de los trámites de referencia con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Presentación del caso y problema jurídico 2.1. En los seis (6) casos objeto de revisión, los peticionarios presentaron acciones de tutela contra diferentes EPS y EPS-S, y otros, por la presunta vulneración de sus propios derechos fundamentales a la salud y a la vida, o los de sus representados o agenciados, como producto de las dificultades económicas que enfrentan para acceder a los servicios de salud dado que no pueden sufragar el transporte hasta las respectivas IPS. 2.2. Las entidades accionadas, por su parte, negaron el suministro del servicio de transporte por (i) no encontrarse incluido en el Plan Obligatorio de Salud; (ii) no estar acreditada la falta de capacidad económica familiar para cubrir dicho gasto, total o parcialmente; (iii) no existir orden médica respaldando su suministro; (iv) no haberse agotado los procedimientos previos ante la EPS o la Superintendencia de Salud, o (v) ser competencia exclusiva de la Secretaría Distrital de Salud del municipio respectivo. 2.3. De esta manera, la Sala de Revisión se ocupará de resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulnera el derecho fundamental a la salud una EPS que no autoriza el suministro gratuito del transporte que requiere uno de sus afiliados para acceder a un servicio de salud que se presta en su municipio de residencia o en otro distinto, bajo el argumento de que el transporte (i) no fue prescrito por el médico tratante; (ii) no hace parte del POS; (iii) no fue solicitado directamente a la EPS, o (iv) no es responsabilidad de dicha entidad, a pesar de que ni el paciente ni su familia pueden sufragarlo? 2.4. Con el propósito de solucionar el problema planteado, la Sala precisará las reglas adoptadas por este Tribunal en relación con la carencia actual de objeto ya que en algunos de los casos estudiados se presentó un hecho superado o un daño consumado. 3. Carencia actual de objeto – reiteración de jurisprudencia 3.1. La Corte Constitucional, de manera reiterada[50], ha sostenido que cuando la situación fáctica que motiva la presentación de la acción de tutela desaparece o se modifica en el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en principio, podía generar la vulneración de los derechos fundamentales, la solicitud de amparo pierde eficacia en la medida en que desaparece el objeto jurídico sobre el que recaería una eventual decisión del juez de tutela[51]. En consecuencia, cualquier orden de protección sería inocua. 3.2. El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda no surtiría ningún efecto y sería inocua. Lo anterior, como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado[52]. 3.3. El primero se configura cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda. Lo que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ocurre antes de que el mismo de una orden. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha comprendido el hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. 3.4. Ante un hecho superado, no es perentorio para los jueces de instancia, pero sí para la Corte en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección fue solicitada y el tipo de vulneración al que fueron expuestos[53]. Esto sobre todo cuando considere que la decisión debe incluir observaciones sobre los hechos del caso para, por ejemplo, llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición. Sin embargo, el juez de tutela, independientemente de la instancia en la que conozca de la acción, debe demostrar que existió un hecho superado antes del momento del fallo, de ser el caso. 3.5. Teniendo en cuenta lo anterior, según la sentencia T-267 de 2008[54], existen dos (2) escenarios posibles en relación con el hecho superado que demandan, por su parte, dos (2) respuestas distintas por parte de la Corte Constitucional. A saber, cuando ésta situación se presenta“(i) antes de iniciarse el proceso ante los jueces de instancia o en el transcurso del mismo, [o] (ii) estando en curso el trámite de Revisión ante la Corte Constitucional”. De acuerdo con la sentencia T-678 de 2009[55], en el primero de estos escenarios, la Corte debe confirmar el fallo sin perjuicio de la facultad de revisar la sentencia y declarar aspectos adicionales relacionados con la materia. En el segundo caso, cuando la Sala observe que fueron vulnerados los derechos fundamentales del actor y que los jueces de instancia no concedieron la tutela, debe revocar el fallo y conceder la tutela sin importar que no imparta orden alguna por la carencia actual del objeto. Esto sin perjuicio de aquellas órdenes dirigidas a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta o a advertirle sobre las sanciones aplicables en caso de que la misma se repita. 3.6. La carencia actual de objeto por daño consumado, por su parte, se presenta cuando “no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela.”[56] En estos casos, ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro. Razón por la cual, cualquier orden judicial resultaría inocua o, lo que es lo mismo, caería en el vacío pues no se podría impedir que se siga presentando la violación o que acaezca la amenaza. 3.7. En estas situaciones resulta perentorio que el juez de amparo, tanto de instancia como en sede de revisión, se pronuncie sobre la vulneración de los derechos invocados en la demanda y sobre el alcance de los mismos. Igualmente, procede el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental. Por regla general, la acción de tutela tiene un carácter eminentemente preventivo, más no indemnizatorio. Su fin es que el juez de tutela de una orden para que el peligro no se concrete o la violación concluya. Sólo excepcionalmente se permite ordenar algún tipo de indemnización por vía de tutela[57]. El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 25, regula ésta excepción de la siguiente manera: “Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación. La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si se considera que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ellos sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido. Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad”. 3.8. Si el juez de tutela decide no ordenar directamente la reparación, debe informar al demandante o a los familiares de éste sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que puede acudir para tal efecto, así como compulsar copias del expediente a las autoridades que considere obligadas a investigar la conducta de los demandados cuya acción u omisión causó el mencionado daño[58]. 3.9. En el caso de la señora Torres (Expediente T-4247883), se presentó un daño consumado. La accionante era una mujer de sesenta y nueve (69) años de edad[59] que padecía de diabetes mellitus insulinodependiente con complica...