Sentencia T-444 de 2015

T-444-15 Sentencia T-444/15 ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES-Procedencia excepcional aun cuando exista otro medio de defensa judicial o para evitar un perjuicio irremediable Si en un asunto convergen los elementos que materializan el perjuicio irremediable y, además, los mencionados supuestos, es perfectamente viable la adopción de medidas judiciales en sede de tutela a pesar de la existencia de algún procedimiento ordinario que, por su naturaleza, funja como adecuado para su solución más no idóneo PENSION DE INVALIDEZ-Requisitos para obtener reconocimiento y pago PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, FAVORABILIDAD Y CONDICION MAS BENEFICIOSA EN PENSION DE INVALIDEZ PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD Y PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA-Diferencias Como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, el principio de favorabilidad difiere de la condición más beneficiosa en tanto que se recurre al primero cuando existan varias normas vigentes al momento de estudiar un caso y se presenten dudas sobre cuál debe aplicarse pues estas regulan la misma situación fáctica y, al segundo se recurre, cuando se tenga duda respecto de una sucesión normativa que implique la verificación entre una norma derogada y una vigente. Para la Sala de Casación Laboral la condición beneficiosa se distingue por tres aspectos: (i) opera en el tránsito legislativo y ante la ausencia de un régimen de transición, (ii) coteja la norma derogada con una vigente y (iii) el destinatario posee una situación jurídica concreta la cual es protegida dado que la nueva ley la desmejora. Ahora bien, el origen del principio de la condición más beneficiosa se encuentra en el artículo 53 Superior PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA-Posibilidad de aplicar un régimen legal más antiguo al inmediatamente anterior acudiendo a este principio PENSION DE INVALIDEZ Y PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA-Jurisprudencia de la Corte Constitucional A modo de colofón, el planteamiento que mejor se ajusta a los postulados superiores es el que ha sostenido este tribunal en su línea jurisprudencial como quiera que “(…) no solo protege las expectativas legítimas de los ciudadanos de cambios normativos intempestivos, sino que adicionalmente los ampara de situaciones que en estricto sentido conducen a resultados desproporcionados respecto de otros usuarios que gozan de una pensión completando presupuestos de menor exigencia. Por tanto, limitar su uso a la norma inmediatamente anterior, desconoce que la aplicación “fría” de las reglas jurídicas puede conducir a situaciones de inequidad, en las cuales una persona que realizó un gran esfuerzo por aportar al sistema, en un contexto de desempleo e informalidad, eventualmente puede quedarse sin acceder a algún derecho pensional, aun cuando el sistema ampara a personas en situaciones menos gravosas, que inclusive contribuyeron en menor medida a su sostenibilidad”. Por ende, resulta acertado en aplicación del principio de la condición más beneficiosa conceder reconocimientos pensionales de invalidez bajo disposiciones legales anteriores en tanto que el afiliado, hubiese cotizado al sistema bajo dicha normatividad y hubiere aportado las semanas mínimas que este preveía para consolidar el derecho pensional, si dentro de la solicitud no se advierten razones que podría entrever que se persigue un fraude al sistema pensional PENSION DE INVALIDEZ-Orden a Colpensiones efectuar reconocimiento y pago sin perjuicio de acciones que pueda entablar contra Fondo de Pensiones y Cesantías Se revocaran las decisiones de instancia y, en su lugar, se ampararan los derechos fundamentales deprecados por el actor y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en aplicación al principio de la condición más beneficiosa y atendiendo el cumplimiento de las previsiones descritas en el Acuerdo 049 de 1990 Referencia: Expedientes T-4.810.205 y T-4.804.584 (Acumulados) Demandantes: Alirio Guerra Molina y Giovanna Garzón Escobar Demandados: Colpensiones y Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S. A. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil quince (2015) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En la revisión de los fallos de tutela proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali dentro de los expedientes T-4.810.205 y T-4.804.584. Dichos expedientes fueron escogidos para revisión por la Sala de Selección Número Tres (3), por medio de Auto del 27 de marzo de 2015 y, por presentar unidad en la materia, se acumularon para ser decididos en una misma sentencia. I. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-4.810.205 1. La solicitud El demandante, Alirio Guerra Molina, interpuso acción de tutela contra Colpensiones, para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna, a la salud y al mínimo vital, los cuales considera vulnerados por dicha entidad con la negativa de efectuarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que considera le asiste. 2. Hechos 2.1. Manifiesta el accionante que se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en el cual cotizó al Instituto de Seguros Sociales, de manera interrumpida, desde el 3 de noviembre de 1977 y hasta el 31 de julio de 1995, fecha esta última en la que dejó de laborar debido a que padecía Diabetes Mellitus tipo II e insuficiencia renal crónica tipo III. Alcanzando a cotizar un total de 564,43 semanas. 2.2. En el año 2008, le fue diagnosticada una retinopatía diabética que le ocasionó una merma en su pérdida de capacidad laboral del 61.08%, según dictamen proferido el 10 de diciembre de 2013, por la Junta Médico Laboral de Colpensiones, con fecha de estructuración, 5 de julio de 2011. 2.3. Por tanto acudió, el 26 de marzo de 2014, ante Colpensiones a solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que considera tiene derecho. Pretensión que fue negada mediante Resolución No. GNR 233922, bajo el argumento que no cumplía con los requisitos consagrados en la Ley 860 de 2003 y, específicamente, el relativo a las 50 semanas mínimas de cotización, dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. 2.4. Inconforme con lo anterior, presentó acción de tutela procurando la protección de sus derechos fundamentales presuntamente transgredidos por la entidad accionada al negarle el aludido reconocimiento prestacional, habida cuenta que constituiría la única fuente de ingresos para suplir sus necesidades básicas. 3. Pretensiones El actor solicita le sean amparados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital y, como consecuencia de ello, se ordene a la entidad demandada proceda a reconocer y pagar la pensión de invalidez que le asiste. 4. Pruebas En el expediente T-4.810.205 obran las siguientes pruebas: - Petición presentada ante Colpensiones (folios 8 al 10 del cuaderno 2). - Copia de la Resolución No. GNR233922 del 24 de junio de 2014, proferida por la Gerente Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones (folios 15 y16 del cuaderno 2). - Copia del dictamen médico proferido por la Junta Médica Laboral de Colpensiones, con fecha del 10 de diciembre de 2013 (folios 20 al 22 del cuaderno 2) - Copia del resumen de semanas cotizadas por el empleador expedido por el Instituto de Seguro Social (folio 23 del cuaderno 2). - Copia del resumen de semanas cotizadas por el empleador, expedido por Colpensiones (folio 25 del cuaderno 2). - Copia de la historia clínica del actor proferida por la Clínica SIGMA “Oftalmología y Estética” (folios 26 al 43 del cuaderno 2) 5. Pruebas solicitadas por la Corte Mediante Auto del 4 de junio de 2015[1], el Magistrado Sustanciador consideró necesario recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes del proceso en referencia y mejor proveer. En consecuencia, resolvió lo siguiente: “PRIMERO. Por Secretaría General, OFÍCIESE al señor Alirio Guerra Molina, quien actúa como demandante dentro del expediente T-4.810.205, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, informe a esta Sala, lo siguiente: · Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos? · Quiénes integran actualmente su núcleo familiar, de dónde derivan sus ingresos económicos y si tienen alguna profesión, arte u oficio? · Si es dueño de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos? · Cuál es su situación económica actual? · Informe si se encuentra afiliado a alguna entidad de salud y, en caso afirmativo, señale si es en calidad de cotizante o beneficiario? · Si contra la resolución N° GNR 233922 del 24 de junio de 2014, proferida por Colpensiones, ha interpuesto algún recurso y, de ser afirmativo, señale en qué estado se encuentra. · Si ha adelantado proceso ordinario laboral tendiente a obtener el reconocimiento pensional pretendido. En caso afirmativo, señale cuándo y dónde lo realizó. Para el efecto, anexe los documentos que permitan corroborarlo. En caso negativo, manifieste por qué razón no lo ha adelantado. Adicionalmente, sírvase remitir a esta Corporación la documentación que soporta su respuesta al presente requerimiento. Igualmente, allegue a esta Sala lo siguiente: · La relación de gastos mensuales por todo concepto (alimentación, vestuario, salud, recreación, vivienda, préstamos, etc.), con los correspondientes soportes que así lo acrediten. Pedimentos frente a los cuales el señor Guerra ofreció respuesta y señaló lo siguiente: - Su núcleo familiar se encuentra integrado por su esposa y 3 hijos. Sin embargo, solo tiene a su cargo dos personas, su cónyuge y su hija menor que acaba de cumplir la mayoría de edad y está buscando trabajo, por cuanto los otros dos ya tienen sus respectivos hogares y no le pueden proveer para su subsistencia como quiera que uno está desempleado y, la otra, labora en oficios varios, devengando un salario mínimo, cifra que le permite suplir sus necesidades y las de su hogar. - No posee ningún mueble o inmueble como tampoco lo tiene algún miembro de su grupo familiar. - Su situación actual es precaria pues por su disminución física acreditada no puede desempeñarse laboralmente. - Se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud por intermedio de la EPS Comfenalco en calidad de beneficiario. - Contra la Resolución No. GNR 233922 no interpuso recurso alguno y tampoco ha adelantado ningún proceso ordinario laboral tendiente a obtener el reconocimiento pensional pretendido en sede de tutela por cuanto no cuenta con los recursos económicos para contratar los servicios de un abogado y todas las gestiones que ha adelantado se deben a la solidaridad de ciertas personas que le brindan asesoría jurídica. Del mismo modo, relaciona los gastos mensuales que tiene de la siguiente manera: RECREACIÓN N/A VESTUARIO N/A PRÉSTAMOS N/A VIVIENDA $500.000 M/CTE ALIMENTACIÓN $400.000 M/CTE SALUD $101.000 M/CTE TRANSPORTE $200.000 M/CTE SERVICIOS PÚBLICOS $200.000 M/CTE TOTAL: $1.401.000 M/CTE Adicionalmente aportó un requerimiento por parte de la compañía inmobiliaria con la que celebró el contrato de arrendamiento de la vivienda en la que reside en la actualidad, en la que le solicitan la desocupen y entreguen, por presentar mora en el pago de varios cánones, por valor de $2.000.000. También uno de la empresa de servicios públicos que le presta el servicio de gas, en el que se refleja la deuda de cuatro periodos facturados en mora y otro de una empresa con la que mantiene una obligación vencida desde abril de 2015 por valor de $1.054.152. Finalmente aportó un memorial que dirigió al Juzgado 6º Civil Municipal de Cali en el que informa la fecha en la que realizará la entrega material del inmueble arrendado, en atención al proceso de restitución de inmueble que se le adelantó en su contra. 6. Respuesta de la entidad accionada Colpensiones guardó silencio a las afirmaciones expuestas por el señor Guerra Molina en su escrito de demanda. III. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN 1.1. Decisión de primera instancia Mediante sentencia del 3 de septiembre de 2014, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali, denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Guerra, por cuanto consideró que la tutela se torna improcedente para atender sus pedimentos habida cuenta que, aunque eventualmente cumpla con los requisitos que exige la ley para obtener la pensión de invalidez, lo cierto es que no existe certeza de la ocurrencia de un perjuicio irremediable que justifique el desplazamiento de las competencias del juez común de manera transitoria. 1. 2. Impugnación El demandante, por intermedio de apoderado judicial, impugnó el anterior fallo argumentando que en atención a sus difíciles condiciones económicas y de salud, la acción de tutela funge como mecanismo idóneo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a sus prerrogativas. 1.3. Decisión de segunda instancia La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, mediante providencia del 11 de noviembre de 2014, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que el petente no demostró la existencia de un perjuicio irremediable y, por ende, la única vía que surgía a partir de ello era la declaratoria de improcedencia de la acción de amparo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, como quiera que para dirimir tal conflicto, el actor cuenta con otros medios ordinarios de defensa judicial tales como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a efectos de controvertir la legalidad del acto administrativo que le negó su prestación. II. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-4.804.584 1. La solicitud La demandante, Giovanna Garzón Escobar, interpuso acción de tutela contra Colpensiones y el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S. A., para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital, los cuales considera vulnerados por tales entidades al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que considera le asiste. 2. Hechos 2.1. Refiere la accionante que se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y cotizó desde el 1° de octubre hasta el 1° de noviembre de 1995, al Instituto de Seguros Sociales. Con posterioridad, debido al cambio de empleador, se trasladó al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S. A., entidad en la que realizó aportes desde el 11 de marzo de 1999 al 29 de mayo de 2013. 2.2. No obstante, debido a sus complicaciones médicas fue diagnosticada con Linfoma de Hodgkin + Linfoma Difuso de Células B tipo III, Esclerosis Nodular con Patología Neoplasia Diferenciada tipo Carcinoma por lo que, el 7 de diciembre de 2012, la Junta Médica de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, le dictaminó un porcentaje de disminución física del 64.05%, con fecha de estructuración del 3 de septiembre de 2011. 2.3. Adicionalmente, relata que su afiliación con el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S. A., se prolongó hasta el 20 de junio de 2013, fecha en la cual volvió a quedar válidamente vinculada con Colpensiones, en atención a una solicitud de traslado que presentó. 2.4. Por lo anterior, el 22 de junio de 2013, solicitó a dicha entidad el reconocimiento de la pensión de invalidez que considera le asiste, pedimento que no prosperó[2], pues acreditaba solo 15 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, requerimiento contemplado en la Ley 860 de 2003. 2.5. Inconforme la actora con la postura de la entidad demandada, interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación, por cuanto cumplía las semanas exigidas como quiera que los aportes para consolidar su derecho, fueron cancelados por su empleador al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. No obstante, mediante Resolución No. GNR 48770 del 21 de febrero de 2014, la entidad se mantuvo en su negativa. 2.6. La anterior decisión la motivó a presentar una acción de tutela en procura de salvaguardar sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital, por cuanto están siendo vulnerados por Colpensiones al negarle la pensión de invalidez. 3. Pretensiones La actora solicita les sean amparados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital y, como consecuencia de ello, se ordene a las entidades demandadas procedan a reconocer y pagar la pensión de invalidez que le asiste. 4. Pruebas En el expediente T-4.804.584 obran las siguientes pruebas: - Copia del certificado de incapacidades médicas, expedido por Comfenalco Valle EPS (folio 15 del cuaderno 2). - Copia de la historia clínica de la accionante (folios 16 al 59 cuaderno 2). - Copia de la certificación de pérdida de capacidad laboral (folios 60 al 65 del cuaderno 2). - Copia de la respuesta a la solicitud de corrección de la historia laboral, expedida por Colpensiones (folios 67 al 68 del cuaderno 2). - Copia de formulario de solicitud de corrección de historia laboral (folios 69 al 70 del cuaderno 2). - Copia del resumen de semanas cotizadas por el empleador expedido por el Fondo de Pensiones y Cesantías de Protección S.A (folios 72 al 75 del cuaderno 2). - Copia del resumen de semanas cotizadas por el empleador expedido por Colpensiones (folios 77 al 79 del cuaderno 2). - Copia de la Resolución No. GNR316599 del 23 de noviembre de 2013, proferida por la Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones (folios 81 al 82 del cuaderno 2). - Copia del recurso de reposición y en subsidio apelación (folios 83 al 84 del cuaderno 2). - Copia de la Resolución No. GNR48770 del 21 de febrero de 2014, proferida por la Gerente Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones (folios 86 al 87 del cuaderno 2). 5. Pruebas solicitadas por la Corte Mediante Auto del 4 de junio de 2015[3], el Magistrado Sustanciador consideró necesario recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes del proceso en referencia y mejor proveer. En consecuencia, resolvió lo siguiente: “SEGUNDO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la señora Giovanna Garzón Escobar, quien actúa como demandante dentro del expediente T-4.804.584, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, informe a esta Sala, lo siguiente: · Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos? · Quiénes integran actualmente su núcleo familiar, de dónde derivan sus ingresos económicos y si tienen alguna profesión, arte u oficio? · Si es dueña de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos? · Cuál es su situación económica actual? · Informe si se encuentra afiliada a alguna entidad de salud y, en caso afirmativo, señale si es en calidad de cotizante o beneficiaria? · Si ha adelantado proceso ordinario laboral tendiente a obtener el reconocimiento pensional pretendido. En caso afirmativo, señale cuándo y dónde lo realizó. Para el efecto, anexe los documentos que permitan corroborarlo. En caso negativo, manifieste por qué razón no lo ha adelantado. Adicionalmente, sírvase remitir a esta Corporación la documentación que soporta su respuesta al presente requerimiento. Igualmente, allegue a esta Sala lo siguiente: · La relación de gastos mensuales por todo concepto (alimentación, vestuario, salud, recreación, vivienda, préstamos, etc.), con los correspondientes soportes que así lo acrediten.” Requerimiento que no fue posible notificar a la demandante como quiera que, a pesar de su envío a la dirección que indicó en la tutela, la empresa postal lo devolvió indicando que allí no residía. 6. Respuesta de las entidades accionadas 6.1. Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A, por intermedio de su representante legal y judicial, respondió a las pretensiones presentadas por la señora Giovanna Garzón Escobar solicitando que, en lo atinente a ellos, se denegaran por las siguientes razones: Si bien es cierto que la actora estuvo vinculada con la entidad desde el 22 de enero de 1996 lo cierto es que su afiliación por intermedio de la empresa que representa se prolongó hasta el 20 de junio de 2013, fecha en la cual se ordenó el traslado de régimen pensional, en atención a la solicitud presentada por la demandante y, en consecuencia, en la actualidad se encuentra activa en el sistema a través de Colpensiones. Cambió que se efectuó observando los requisitos legales exigidos por la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003. Por tanto, no se les puede obligar a pagar una prestación económica que se encuentra a cargo de Colpensiones, de conformidad con el artículo 46 del Decreto 326 de 1996, modificado por el artículo 32 del Decreto 1818 del mismo año. 6.2. Colpensiones La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, guardó silencio. III. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN 1.1. Decisión de primera instancia El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali, mediante sentencia del 21 de octubre de 2014, accedió parcialmente al amparo solicitado por la señora Giovanna Garzón Escobar al considerar que la entidad accionada le estaba vulnerando sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Al respecto, adujo el juzgador a quo que Colpensiones no le brindó a la peticionaria una respuesta oportuna sobre los recursos de reposición y apelación que esta interpuso en contra de la Resolución No. GNR-316599 por medio de la cual le denegaron el reconocimiento prestacional pretendido, lo cual ineludiblemente repercute en la transgresión de los preceptos constitucionales alegados en la tutela. Sin embargo, el referido operador judicial se abstuvo de conceder el derecho pensional de invalidez por cuanto sostuvo que la acción de amparo no constituye, en su caso, el mecanismo idóneo y pertinente para solicitar esa pretensión, en tanto que para ello existen unos mecanismos judiciales ordinarios preestablecidos. 1.2. Impugnación La parte demandante impugnó el fallo proferido, en primera instancia, soportando su alzada en que el a quo no consideró su crítica situación de salud, que la convierte en un sujeto de especial protección constitucional, al que se le genera un perjuicio irremediable con la ausencia de la prestación financiera buscada y con el sometimiento a un dispendioso proceso ordinario que puede tardar mucho tiempo en su resolución y, por tanto, superar su expectativa de vida de cara a las múltiples afecciones que padece. 1.3. Decisión de Segunda Instancia La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, mediante fallo proferido el 21 de noviembre de 2014, confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que no está demostrado la existencia de un perjuicio irremediable y que es deber de Colpensiones brindar una respuesta a los recursos que oportunamente interpuso la accionante en contra de la resolución que le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez. IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN 1. Competencia A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para examinar las sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Procedibilidad de la Acción de Tutela 2.1. Legitimación activa El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En esta oportunidad, los señores Alirio Guerra Molina y Giovanna Garzón Escobar, actúan en defensa de sus derechos e intereses, razón por la cual se encuentran legitimados para actuar en esta causa. 2.2. Legitimación pasiva Colpensiones y el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S. A., son entidades de carácter público y privado y organismos del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones del orden nacional, por lo tanto, de conformidad con el numeral 2º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, están legitimadas como parte pasiva en los procesos de tutela bajo estudio, en la medida en que se les atribuye la violación de los derechos fundamentales en discusión. 3. Problema jurídico Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si existió, por parte de las entidades demandadas, violación a los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital, al negarse a reconocerles a los peticionarios las pensiones de invalidez que reclaman con ocasión de su pérdida de capacidad laboral. Antes de abordar el caso concreto se realizará un análisis jurisprudencial de temas como (i) procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, (ii) la pensión de invalidez y los requisitos que el legislador ha previsto para acceder a ella, (iii) el principio de progresividad, favorabilidad y condición más beneficiosa en pensión de invalidez. 4. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas Como dispone el Texto Constitucional del 91, en su artículo 86, la acción de tutela es procedente en tanto quien alegue la afección de un derecho fundamental no cuente dentro del sistema judicial ordinario, con otro recurso legal para impetrar su reclamo y obtener una solución a su problemática. Sin embargo, el contenido superior referido también admite una salvedad a la regla anterior, y es aquella originada en los eventos en los que se recurra al mecanismo de amparo, de manera transitoria, a efectos de evitar un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales de la persona. Por ello, mediante una sostenida línea jurisprudencial de este Tribunal se ha decantado tal posibilidad y se han fijado unos elementos que permiten deducir cuando una persona se encuentra frente a un perjuicio irremediable y, por ende, se hace viable el desplazamiento de las competencias del juez común. Así pues, desde sus fallos primigenios, esta Corte indicó que tales elementos son la inminencia, la gravedad, la urgencia y la impostergabilidad[4] por lo que, cuando en algún caso se presenten estos, es acertado proferir una medida de amparo transitoria o definitiva, según las vicisitudes propias del caso, a pesar de que para solucionarlo la persona cuente con un medio de defensa ordinario. Adicionalmente, se ha indicado que le corresponden al juez constitucional analizar, de cara a las pretensiones alegadas por el demandante, las circunstancias particulares que este afronta y una serie de factores indispensables para justificar la adopción de las medidas pretendidas y el amparo de los derechos alegados. Tales factores fueron expuestos, entre otras, en la Sentencia T-115 de 2011[5], así: (i) Que se trate de una persona de la tercera edad, considerada sujeto de especial protección; (ii) Que el estado de salud del solicitante o de su familia estén seriamente comprometidos; (iii) Que las condiciones económicas del peticionario acusen un serio deterioro; (iv) Que la falta de pago de la prestación o su disminución, genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular, del derecho al mínimo vital; (v) Que el afectado haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (vi) Que el interesado acredite, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados. Por tanto, si en un asunto convergen los elementos que materializan el perjuicio irremediable y, además, los mencionados supuestos, es perfectamente viable la adopción de medidas judiciales en sede de tutela a pesar de la existencia de algún procedimiento ordinario que, por su naturaleza, funja como adecuado para su solución más no idóneo. 5. La pensión de invalidez y los requisitos que el legislador ha previsto para acceder a ella La pensión de invalidez es aquella prestación económica que nuestro Sistema General de Seguridad Social prevé para prevenir las contingencias surgidas a partir de la merma de la capacidad laboral del afiliado de modo tal que esta supere el 50% de sus facultades físicas y, por ende, que se le haga imposible continuar desempeñándose laboralmente por la complejidad de sus afecciones. En ese sentido, tal prestación constituye una ayuda económica para el afiliado al que, por diversas causas, le sobrevino una invalidez y solo por medio de ella puede paliar las implicaciones financieras que acarrea tal daño, tanto para él, como para las personas bajo su dependencia. Ahora, para materializar tal derecho, el afiliado al sistema general, afectado por su disminución física, debe acreditar una serie de requisitos previstos por el legislador que consisten, básicamente, en demostrar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, mínimo del 50%, y un cierto número de semanas cotización. Respecto de la cantidad de semanas aportadas se han expedido diversas regulaciones dentro de las que se destacan, entre otras, lo siguiente. El Acuerdo 049 de 1990, reglamentado por el Decreto 758 de 1990 que, en su artículo 6º, señala que se debe acreditar ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez[6]. Más adelante, con el surgimiento del Sistema General de Seguridad, en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, al respecto dispuso: “Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, sean declarados inválidos y cumplan con alguno de los siguientes requisitos: a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos 26 semanas, al momento de producirse el estado de invalidez, y b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos, 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.” Sin embargo, el precedido artículo sufrió una serie de cambios[7] y solo estuvo vigente hasta el 28 de enero de 2003, fecha en la que el legislador lo modificó, en lo atinente a los requisitos mínimos de cotización a través del artículo 11 de la Ley 797 de 2003, el cual tuvo vigencia, hasta el 11 de noviembre de 2003, cuando esta Corte, al estudiar una demanda interpuesta en su contra lo consideró inconstitucional por vicios de procedimiento en su formación[8]. Debido a ello, se dio continuidad nuevamente a los pedimentos expuestos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. No obstante, con posterioridad, el Congreso de la República expidió un nuevo marco normativo aplicable a las solicitudes pensionales por invalidez, el cual fue contemplado en la Ley 860 de 2003, que empezó a regir el 29 de diciembre de 2003, modificando, de manera definitiva, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. La nueva disposición legal fue demandada ante esta Corporación la cual mediante providencia C-428 de 2009[9], procedió a declarar inexequibles los numerales 1° y 2° del artículo 1°, relativo al requisito de fidelidad de cotización, al considerar que con esta exigencia, pretendiendo proteger financieramente el sistema pensional, se desconocía el fin de la pensión de invalidez, en contravía de los postulados constitucionales. De tal manera, y debido a los cambios que ha sufrido tal marco normativo, la Ley 860 de 2003, actualmente exige lo siguiente: “Ley 860 de 2003: El artículo 39 de la Ley 100 quedará así: Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas, dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. 2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas, dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. PARAGRAFO 1°: Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. PARAGRAFO 2°: Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años.” 6. El principio de progresividad, favorabilidad y condición más beneficiosa en pensión de invalidez En tratándose del principio de progresividad resulta acertado decir que este tiene origen constitucional en materia de seguridad social, en el artículo 48 Superior, el cual, para lo que viene al caso, textualmente prevé “(…) El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura a la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. (…)”. Así pues, nuestro Sistema de Seguridad Social esta imbuido de la tendencia de ampliar su cobertura a tal punto que cada vez más ciudadanos hagan parte del mismo y que este sea más accesible y sus beneficios se encaminen a ayudar a más personas. Por tanto, cuando se adopten medidas normativas encaminadas a regular el sistema general de seguridad social en pensiones, se hace imperioso que su contenido se ajuste al principio de progresividad, en el sentido de que persiga materializar una cobertura mayor y que los afiliados puedan consolidar sus beneficios de manera más fácil y no, imponiendo exigencias más gravosas, que trunquen injustificadamente las expectativas que se tenían bajo otro régimen legal, vigente al momento de su afiliación. Luego, no es admisible que los ajustes legales que se adopten pretendan únicamente la protección económica del sistema, generando necesariamente la imposición de medidas de carácter regresivo y no progresivo, por cuanto ello contradice los fines del Estado y el cumplimiento de los compromisos internacionales[10] asumidos por Colombia y ratificados por el Congreso de la República. Adicionalmente, cabe advertir que la expedición de normas con ese carácter “implica un retroceso en relación a la protección alcanzada por la legislación anterior”[11], lo que contaría el fin del principio de progresividad, como quiera que este persigue impedir que se desmejoren, por vía legal, los beneficios señalados previamente en otra ley, salvo cuando exista una motivación constitucionalmente válida para hacerlo[12] y, por tanto, le corresponde al legislador hacer extensiva la cobertura del derecho y no restrictiva con la exigencia de unas condiciones más gravosas. Ahora, el principio de favorabilidad está consagrado en el artículo 53 Superior, el cual prevé, en lo pertinente, lo siguiente: “(…) La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: (…) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; (…)” Tal orientación fue acogida por el legislador en la regulación laboral. En efecto el Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 21, textualmente señala: “NORMAS MÁS FAVORABLES. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad.” En efecto, esta Corporación de tiempo atrás ha ahondado en el tema, destacando, con relación a dicho principio, entre otras cosas, que “(…) se parte entonces del presupuesto de la coexistencia de varias normas laborales vigentes que regulan una misma situación en forma diferente, evento en el cual habrá de aplicarse la norma que resulte más benéfica para el trabajador. Dicho principio difiere del ‘in dubio pro operario’, según el cual toda duda ha de resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan sólo existe un precepto que reglamenta la situación que va a evaluarse, y como admite distintas interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más favorable al trabajador.”[13] Luego, para la aplicación de dicho principio en tratándose de reconocimientos pensionales, le corresponde al operador judicial analizar su viabilidad de cara a las situaciones fácticas que presente el caso concreto. Así pues, dentro de la providencia de constitucionalidad antes referenciada, la Corte indicó que: “En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador.” Ahora, como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, el principio de favorabilidad difiere de la condición más beneficiosa en tanto que se recurre al primero cuando existan varias normas vigentes al momento de estudiar un caso y se presenten dudas sobre cuál debe aplicarse pues estas regulan la misma situación fáctica y, al segundo se recurre, cuando se tenga duda respecto de una sucesión normativa que implique la verificación entre una norma derogada y una vigente. De esta manera, ha señalado: “Los principios de favorabilidad e indubio pro operario difieren de la condición más beneficiosa.||El primero se presenta en caso de duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo.||Las características primordiales son: (i) la duda surge sobre la aplicación de dos o más normas, entendidas éstas como “un enunciado hipotético al cual se enlaza una determinada consecuencia jurídica”; (ii) las disposiciones deben ser válidas y estar en vigor; (iii) deben regular la misma situación fáctica, y (iv) al emplearse debe respetarse el principio de la inescindibilidad o conglobamento, es decir, la norma escogida no solamente se utiliza íntegramente, sino como un todo, como un cuerpo o conjunto normativo. (…) la condición más beneficiosa, se distingue porque: (i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen de transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica concreta, la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora.||Por lo brevemente expuesto se concluye que, si bien todas las reglas en precedencia son manifestaciones palpables de los postulados proteccionistas y tuitivos del derecho laboral y de la seguridad social, difieren entre si, por que, se reitera, la primera, se refiere al conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, la segunda alude a duda en la interpretación de una norma y, la tercera, a la sucesión normativa, que implica la verificación entre una norma derogada y una vigente.” [14] (Énfasis y subrayado en el original) Así las cosas, para la Sala de Casación Laboral la condición beneficiosa se distingue por tres aspectos: (i) opera en el tránsito legislativo y ante la ausencia de un régimen de transición, (ii) coteja la norma derogada con una vigente y (iii) el destinatario posee una situación jurídica concreta la cual es protegida dado que la nueva ley la desmejora. Ahora bien, el origen del principio de la condición más beneficiosa se encuentra en el artículo 53 Superior. Así pues, esta Corte ha indicado: “(…) La ‘condición más beneficiosa’ para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.” Postura que ha sido acogida por jueces de tutela cuando el caso amerita, por la inminencia del perjuicio irremediable, el desplazamiento de las competencias del juez común, como también por diversos operadores ordinarios, destacándose, principalmente, fallos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en los que, en asuntos que pretenden el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, ha aplicado la norma, inmediatamente anterior, que le resulta más beneficiosa a la persona. De esta manera, es oportuno tener en cuenta, para lo que deviene importante a efectos de dilucidar el intríngulis de la cuestión que concita la Sala, la providencia proferida el 5 de febrero de 2008, por la Sala de Casación Laboral[15] que, en un caso de reconocimiento pensional por invalidez, acogió el principio de condición más beneficiosa y aplicó el Acuerdo 049 de 1990 en lugar de la Ley 100 de 1993, en tanto que el afiliado había acreditado el cumplimiento de los requisitos que dicha disposición exigía, a la entrada en vigencia del nuevo sistema de seguridad social, ello es 300 semanas cotizadas en cualquier época con anterioridad al estado de invalidez[16]. “En efecto, las disposiciones que rigen el asunto y que le dan derecho al actor a la pensión de invalidez, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa previsto por el artículo 53 de la Constitución Política, son los artículos 5° y 6° del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Ello es así, porque la demandante acreditó la disminución de su capacidad laboral en un porcentaje superior al 50 %, y cotizó más de 300 semanas antes del 1º de abril de 1994, fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993.” Lo anterior, justificado en lo siguiente: “Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y dinámico además, si se negara el derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de aportaciones tan suficiente que, de no haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior al infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno. De suerte que no resulta acorde con la lógica, ni conforme con los ordenamientos constitucionales y legales, que una modificación como la introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca aquellas cotizaciones, y le impida procurarse su subsistencia y, posiblemente, la de su grupo familiar, a través de la pensión, pues ello contrariaría los principios del régimen antes anotados, que le permiten, a quien ha padecido una novedad hacerle frente, mediante el acceso a la pensión, como consecuencia de los aportes válidamente realizados antes de su acaecimiento.” No obstante, si bien la Corte Suprema dentro de sus fallos ordinarios ha admitido la aplicación de la condición más beneficiosa, lo cierto es que lo ha restringido a la disposición legal inmediatamente anterior a la vigente a la fecha de estructuración de la invalidez, si acredita el cumplimiento del requisito de densidad de semanas cotizadas de dicho régimen antes de la entrada en vigencia del nuevo. Es decir, si antes de que se produzca el tránsito legislativo el afiliado completa el número mínimo de aportes para garantizar la pensión de invalidez, sin importar que no se haya producido el siniestro. Al respecto, puede observarse por ejemplo, entre otras, lo que refirió en las sentencias bajo radicación No. 32642 del 9 de diciembre de 2008[17] y No. 38674 del 25 de julio de 2012[18] en las que se enfatizó, en la primera, en la posibilidad de acudir a la norma inmediatamente anterior y en la prohibición que recae en los jueces de desplegar un ejercicio histórico a fin de encontrar una norma diferente a la antecedida derogada a efectos de darle una serie de efectos que denominó “plusultractivos” y, en la segunda, en la necesidad de que el afiliado cumpla con la densidad de semanas exigidas en la normatividad anterior que se pretende aplicar. En efecto, en la sentencia del 9 de diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia, estudió el recurso extraordinario de casación de una providencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín en la que se reconoció una pensión de sobrevivientes en aplicación de dicho principio. Sin embargo, decidió casar la sentencia en tanto que la persona falleció en el 2013 y le denegaron el derecho a sus beneficiarios por incumplimiento de la Ley 797 de 2003, por lo que lo procedente era aplicar la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 como se realizó. Como argumento principal, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria adujo que no fue acertada la interpretación dada por el fallador de instancia como quiera que no aplicó la norma derogada inmediatamente anterior, entiéndase Ley 100 de 1993, sino que recurrió al Acuerdo 049 de 1990. Postura que, a su parecer, es desacertada, por las razones que textualmente se transcriben: “En otras palabras, no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho. Más explícitamente, un asunto al que ha de aplicarse la Ley 797 de 2003, o la 860 del mismo año, si se considera más rigurosa ésta frente a la norma reemplazada, es preciso establecer si se satisficieron los requisitos y condiciones de la derogada disposición para, en caso afirmativo, hacer valer la condición más beneficiosa. Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle un especie de efectos “plusultractivos”, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (rad. 32642). (…) La regla de 2003, sin lugar a dudas, hizo más rigurosos los requisitos y condiciones que estaban vigentes hasta el 28 de enero de ese año, pues la fidelidad al sistema, en el artículo 46 de Ley 100 de 1993 reemplazado por el hoy vigente, contemplaba dos eventos: Uno, respecto de quien falleció siendo afiliado activo y cotizante, caso en el cual suficiente resultaba haber pagado 26 semanas al momento de la muerte. La otra, con relación a quien estuvo afiliado pero dejó de cotizar al sistema, eventualidad en la que era necesario haber efectuado 26 semanas de aportes en el año inmediatamente anterior a la defunción. Cualquiera de estas opciones dadas, que rigieron hasta enero de 2003, eran mucho más flexibles que las de la Ley 797. Luego, sí es admisible que frente al cambio introducido por ésta, si un afiliado falleció del 29 de enero de 2003 en adelante, en el supuesto de hallarse en alguna de las dos situaciones planteadas por la norma derogada, habilitaba a sus causahabientes para que se les reconociera la pensión de sobrevivientes en los términos contemplados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su texto original, en virtud de la regla no explícita de la condición más beneficiosa. Lo que no cabía era acudir a una legislación anterior a la Ley 100 de 1993, pues no está en discusión que el causante falleció en vigencia de la Ley 797 de 2003, razón por la cual el alcance dado por el Tribunal a la jurisprudencia que estructuró la regla de la condición más beneficiosa, no es el que se acompasa con el sentido y la hermenéutica de la misma Corte Suprema de Justicia, como ya se explicó”. (Negrillas propias) No obstante, la postura asumida por la Corte Suprema de Justicia dista de la acogida por la Corte Constitucional respecto de la posibilidad de aplicar un régimen legal más antiguo al inmediatamente anterior, acudiendo para ello al principio de condición más beneficiosa. Al respecto, esta Corte, en la Sentencia T-953 de 2014[19], estudió el caso de una persona que solicitaba un reconocimiento pensional por invalidez en aplicación del principio de condición más beneficiosa, procurando que se le estudiara su solicitud de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 y no con la Ley 860 de 2003, la cual sirvió de soporte para que la entidad le negara su derecho En esa oportunidad, se expusieron de manera concreta las posturas sostenidas por las dos Cortes y, se arribó a la conclusión de que son contrarias en tanto que, para el máximo juez de la jurisdicción ordinaria: “(…) en virtud de la condición más beneficiosa no es posible aplicar un régimen que no sea inmediatamente anterior, “pues dicho principio no se constituye en una patente de corso que habilite a quien no cumple los requisitos de la normatividad que le es aplicable, a efectuar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores para ver cual se ajusta a su situación, pues, esto desconoce el principio según el cual las leyes sociales son de aplicación inmediata y en principio rigen hacia el futuro. Esta postura se fundamenta principalmente en una acepción de la condición más beneficiosa como un postulado que solo protege las expectativas legítimas de los usuarios frente a cambios intempestivos de normatividad. Bajo este entendimiento, la condición más beneficiosa únicamente ampara al afiliado que tiene una confianza fundada de que al ocurrir el siniestro (la discapacidad) podrá obtener la pensión de invalidez porque había cotizado el número mínimo de semanas, pero no contaba con que se introdujera un cambio en la regulación. Por eso se limita la protección frente la primera modificación normativa, porque la segunda ya no es sorpresiva y debe entenderse que los afiliados deben acomodarse a las condiciones del nuevo régimen y empezar a modular sus expectativas conforme al mismo.” [20] Y, por el otro lado, para la Corte Constitucional, sí es posible acudir a la condición más beneficiosa para confrontar regímenes legales, a pesar de que no sea el inmediatamente anterior. Ello es así, por cuanto para este tribunal “no basta efectuar reformas legislativas sucesivas para suprimir la protección de las expectativas legítimas. Una medida tal desconocería la necesidad de tomar en consideración aspectos como la proximidad entre el cambio legislativo que varió los presupuestos de reconocimiento de la garantía pretendida y el instante en que la persona adquiriría definitivamente la pensión, la intensidad del esfuerzo económico desplegado por el afiliado, entre otros elementos indispensables para determinar una protección razonable y proporcionada de los derechos eventuales como por ejemplo los índices de desempleo, los niveles de informalidad laboral o la ausencia o presencia de mecanismos de protección social supletorios.” [21] Adicionalmente se ha indicado por la Corte que: “Esta posición admite una definición más amplia de la condición más beneficiosa, no solo como un mecanismo que protege a los usuarios de cambios intempestivos en la regulación, sino también como un postulado que los ampara de situaciones que en estricto sentido conducen a resultados desproporcionados en relación con otros afiliados que cumpliendo requisitos menos exigentes tienen derecho a un beneficio pensional, lo cual es incompatible con la Constitución. (Subrayas propias). Postura que además ha sido acogida por la Corte Suprema de Justicia cuando quien solicita la condición más beneficiosa lo hace desde la Ley 100 de 1993 en su forma original, frente a la disposición inmediatamente anterior, Acuerdo 049 de 1990, pues importante resulta observar lo descrito en la Sentencia el 13 de agosto de 1997[22], en la que se estudió el caso de una persona que, aunque cotizó más de 1.200 semanas con anterioridad a la entrada en vigencia del actual sistema general, no se le reconocía la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios por cuanto no cotizó las 26 semanas en el año inmediatamente anterior al deceso. En tal oportunidad, la Corte Suprema concluyó lo siguiente: “En consecuencia, sería violatorio de tal postulado y del principio constitucional de la proporcionalidad, entender que dentro del nuevo régimen de la ley 100 - que redujo drásticamente el requisito de intensidad de semanas -, quedaron abolidas las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que durante su vinculación como sujetos activos de la seguridad social habían cumplido todas las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable y antes de entrar a regir la nueva ley se desafiliaron del sistema al considerar fundadamente que por faltarles únicamente el requisito del fallecimiento sus familiares podrían reclamar la respectiva prestación al momento de su deceso. Por lo anterior, la circunstancia de no haber cotizado el causante ninguna semana al ISS, en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, en manera alguna apareja la ineficacia de sus aportes durante más de 20 años (más de 1200 semanas), porque esa condición más beneficiosa estatuida en el régimen del Acuerdo 049 está amparada por el artículo 53 supralegal y por ende tiene efectos después del 1º de abril de 1994, para la eficacia del cubrimiento del seguro de invalidez, vejez y muerte, dado que el mínimo de semanas requerido estaba más que satisfecho; es más, era tal la densidad de ellas que superaba las exigidas para la pensión de vejez (artículo 12 del mismo Acuerdo). Así mismo, no escapa a la Sala que ante una contradicción tan evidente, impone el sentido común el imperio de una solución cimentada en una interpretación y aplicación sistemática de normas y en el espíritu de las mismas, consultando los principios de equidad y proporcionalidad. Y en tal orden de ideas se apartaría de estos postulados la decisión jurisdiccional que sin ningún análisis contextual aplicara al caso el artículo 46 de la ley 100 de 1993, y so pretexto de haberse producido el deceso a los 3 meses y 23 días de entrar en vigencia el nuevo régimen de seguridad social y de no tener cotizadas el causante 26 semanas en el año anterior al fallecimiento, se negase a sus derechohabientes la pensión de sobrevivientes, que edificó el afiliado durante más de 20 años, las que le daban derecho a causar no sólo pensión de sobrevivientes sino aun a estructurar el requisito de aportes para la pensión de vejez. Si se acogiera tal solución fría y extremadamente exegética se llegaría al absurdo que un mínimo de cotizaciones efectuadas durante solo 6 meses anteriores a la muerte dan más derecho que el esfuerzo de aportes durante toda una vida laboral efectuado por quien cumplió con todos los cánones estatuidos en los reglamentos vigentes durante su condición de afiliado, lo cual no solamente atenta contra los principios más elementales de la seguridad social, sino también contra la lógica y la equidad.” (Negrillas propias) Por ende, la posición adoptada por esta Corte respecto al tema no solo pretende proteger a los usuarios de cambios intempestivos en la regulación, sino que también los ampara de situaciones que en estricto sentido pueden resultar desproporcionadas, pues evita que con un tránsito legislativo se genere una afectación a los intereses legítimos de los afiliados que han aportado una cantidad considerable de semanas y que se verían privados del derecho, en tanto que la nueva medida permitiría el acceso al mismo a ciudadanos que han satisfecho cargas de menor envergadura. A modo de colofón, el planteamiento que mejor se ajusta a los postulados superiores es el que ha sostenido este tribunal en su línea jurisprudencial como quiera que “(…) no solo protege las expectativas legítimas de los ciudadanos de cambios normativos intempestivos, sino que adicionalmente los ampara de situaciones que en estricto sentido conducen a resultados desproporcionados respecto de otros usuarios que gozan de una pensión completando presupuestos de menor exigencia [23]. Por tanto, limitar su uso a la norma inmediatamente anterior, desconoce que la aplicación “fría” [24] de las reglas jurídicas puede conducir a situaciones de inequidad, en las cuales una persona que realizó un gran esfuerzo por aportar al sistema, en un contexto de desempleo e informalidad, eventualmente puede quedarse sin acceder a algún derecho pensional, aun cuando el sistema ampara a personas en situaciones menos gravosas, que inclusive contribuyeron en menor medida a su sostenibilidad.” [25] Por ende, resulta acertado en aplicación del principio de la condición más beneficiosa conceder reconocimientos pensionales de invalidez bajo disposiciones legales anteriores en tanto que el afiliado, hubiese cotizado al sistema bajo dicha normatividad y hubiere aportado las semanas mínimas que este preveía para consolidar el derecho pensional, si dentro de la solicitud no se advierten razones que podría entrever que se persigue un fraude al sistema pensional. 7. Casos concretos En la presente providencia se estudian los casos de dos personas afiliadas al...