Sentencia T-443 de 2008

T-443-08 REPÚBLICA DE COLOMBIA SENTENCIA T-443/08 (8 de Mayo) ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos de procedencia ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución jurisprudencial ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales genéricas y especiales de procedencia ARBITRAMENTO COMO ACTO JURISDICCIONAL-Características generales ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional contra laudo arbitral ACCION DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL-Causales de procedibilidad LAUDO ARBITRAL-Clases de defectos La vía de hecho por defecto orgánico en materia arbitral, ocurre cuando los árbitros han obrado manifiestamente por fuera del ámbito definido por las partes, o excediendo las limitaciones establecidas en el pacto arbitral o en la Constitución y la ley, al pronunciarse sobre materias no transigibles. Así mismo, es necesario que se haya interpuesto dicho recurso en forma oportuna contra el laudo que se ataca, y que luego de su resolución subsista el defecto orgánico. Las meras discrepancias respecto de la interpretación de la propia competencia del tribunal arbitral no son suficientes para configurar este tipo de vías de hecho. Dado que son en principio los árbitros quienes están llamados a decidir el alcance de su competencia con base en la habilitación de las partes, el juez de tutela sólo puede determinar en ese caso si han incurrido en un exceso manifiesto, por salirse en forma protuberante del ámbito de su competencia. La vía de hecho procedimental en materia arbitral ocurre, cuando se ha adoptado el laudo en forma completamente ajena al procedimiento establecido legal o convencionalmente para el proceso arbitral respectivo, y con ello se ha incurrido en una vulneración directa del derecho de defensa y de contradicción de las partes. Además, cuando dicha vulneración directa ha sido determinante del sentido del laudo atacado de forma tal que si no se hubiera incurrido en ella se habría llegado a una decisión arbitral distinta en ese caso concreto. Dijo la Corte que, cuando alguna de las partes de un proceso arbitral considere que en su caso el Tribunal de arbitramento incurrió en una arbitrariedad que desconoce el debido proceso y esta no cuadre dentro de las cuales de los recursos existentes, procederá la tutela para estudiar de fondo el problema jurídico existente. Por último, la vía de hecho por defecto fáctico se configura en eventos en los cuales los árbitros han dejado de valorar una prueba determinante para la resolución del caso, han efectuado su apreciación probatoria vulnerando de manera directa derechos fundamentales, o han fundamentado su valoración de las pruebas con base en una interpretación jurídica manifiestamente irrazonable. Es necesario que en estos casos, el defecto haya sido determinante respecto del sentido de la decisión finalmente definida en el laudo. ARBITRAMENTO COMO ACTO JURISDICCIONAL-Características generales ARBITRO-Límites RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ACCION DE TUTELA CONTRA DECISIONES ARBITRALES-Procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO-Desconocimiento unilateral de su competencia para ejercer función jurisdiccional viola el artículo 116 de la Carta Política Referencia: expediente T-1792069 Accionante: Juan Pablo Ávila Navarrete. Accionados: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Árbitro Eduardo Zamek de la Espriella y Central de Inversiones S.A. Fallo objeto de Revisión: Sentencia del 6 de noviembre de 2007 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, única instancia. Magistrados de la Sala Quinta de Revisión: Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo Monroy Cabra y Nilson Pinilla Pinilla. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. I. ANTECEDENTES 1. Pretensión del accionante. El señor Juan Pablo Ávila Navarrete presentó acción de tutela en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, del Arbitro Eduardo Zamek de la Espriella y de la Central de Inversiones S.A., en adelante CISA, por considerar que el laudo arbitral y la providencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, que resolvió negativamente el recurso extraordinario de anulación en contra de la providencia arbitral anterior, son actuaciones judiciales que violaron su derecho fundamental al debido proceso, la libertad contractual y los derechos adquiridos. 1.1. Para el actor, el árbitro que decidió el conflicto que se suscitó entre él –como arrendatario- y CISA -como entidad arrendadora-, en una disputa derivada de un contrato de arrendamiento de local comercial, desconoció normas sustantivas y procesales propias del régimen jurídico de los locales comerciales; descartó la integración de un litisconsorcio necesario con subarrendatarios que era pertinente y rechazó pruebas fundamentales dentro del proceso arbitral, que implicaron un abandono flagrante de normas comerciales. Además, según explica, el árbitro no adelantó estudio alguno sobre la legalidad del contrato ni sobre el hecho “malintencionado y doloso de la Compañía arrendadora de apropiarse de la acreditación comercial del inmueble”, ya que CISA no sólo no le otorgó la prórroga establecida contractualmente relacionada con la duración del contrato, sino que le exigió la entrega anticipada del inmueble. El actuar del árbitro, a juicio del actor, se limitó entonces a impulsar un accionar ejecutivo que ordenó la terminación del contrato de arrendamiento y la restitución del bien, desconociendo con ello las excepciones de fondo presentadas por él y las normas comerciales involucradas en el caso. De este modo, tanto el laudo arbitral proferido por el señor Eduardo Zamek el 9 de septiembre de 2003, como la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 12 de junio de 2005, que resolvió el recurso de anulación contra el laudo descrito, resultan ser para el accionante violatorios de su derecho al debido proceso. 1.2. Aunado a lo anterior, advierte el señor Ávila Navarrete que CISA le permitió continuar su gestión en el local comercial objeto del debate, desde el 2005 sin objeción alguna, a pesar del pronunciamiento confirmatorio del Tribunal Superior proferido ese mismo año. Por consiguiente, estima que la decisión de CISA de ejecutar el laudo arbitral luego de dos años de recibir libremente los arrendamientos mencionados, lesiona igualmente su derecho al debido proceso, en la medida en que con la aceptación tácita de los cánones, se ha producido entre las partes una novación del contrato de arrendamiento, que debe ser objeto de un nuevo pronunciamiento ante la jurisdicción civil. 1.3. Con fundamento en estas consideraciones, solicita que se declare nulo el laudo proferido por el árbitro Eduardo Zamek de la Espriella, del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, así como la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, a través de la cual se negó el recurso de anulación interpuesto por él, por violación del derecho al debido proceso. De no ser aceptada esta solicitud, pide que se declare la existencia de una novación contractual y en consecuencia, de un nuevo contrato de arrendamiento entre las partes. Para ello solicita que se ordene a CISA suspender las acciones de restitución fundadas en el laudo arbitral vigente, y que se inicie un nuevo proceso de restitución del inmueble arrendado ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que se respete su derecho al debido proceso. 2. Respuesta de las entidades y personas accionadas. 2.1. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en su calidad de juez de primera instancia, notificó a todos los demandados de la interposición de la tutela de la referencia. Sin embargo, sólo la Central de Inversiones S.A., CISA[1] dio respuesta a las afirmaciones de la demanda. 2.2. La Central de Inversiones S.A., CISA, por su parte, alegó en su escrito de respuesta, que la tutela contra providencias judiciales exige un término de razonabilidad para su ejercicio que justifique el amparo constitucional. En este caso, siguiendo la jurisprudencia general en la materia, sostiene que la tutela carece del requisito de inmediatez, en la medida en que han pasado más de 2 años desde la decisión confirmatoria del laudo arbitral proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, situación que desvirtúa la urgencia de la protección que pueda eventualmente invocar el actor en la actualidad con esas decisiones judiciales y hace improcedente la tutela. Según CISA, acogiendo una sentencia de tutela reciente de la Corte Suprema de Justicia, estima que el término de razonabilidad para presentar una tutela contra providencias judiciales no debería ser superior a los 6 meses. Como en este caso ese lapso de tiempo es claramente superior, la Central de Inversiones S.A. considera, que la tutela debe ser desestimada. 2.3. En cuanto a las acusaciones de fondo sobre las decisiones judiciales invocadas, en opinión de CISA, ninguno de los falladores incurrió en vía de hecho alguna, por cuanto las providencias tanto del árbitro como del Tribunal Superior de Bogotá, son fruto “del análisis de la situación fáctica y de la normatividad que se aplicó para llegar a esa determinación, inferencias que no lucen como arbitrarias o antojadizas, que las hagan objeto de protección en sede tutelar”. 2.4. Finalmente, en lo concerniente a la existencia de aparentes condiciones jurídicas nuevas que permitan suponer una novación del contrato de arrendamiento, recuerda CISA que la tutela es un mecanismo de defensa de carácter eminentemente subsidiario. En ese sentido, considera que el actor no puede solicitar que se declare la novación de un contrato de arrendamiento o la existencia de uno nuevo, a través de la acción de tutela. No obstante, afirma que la Central de Inversiones S.A. ha adelantado todos los procedimientos previstos en la legislación para que el arrendatario entregue el inmueble. Por ende, el presunto consentimiento que plantea el demandante en la tutela como justificación de una posible novación, es para CISA inexistente, por cuanto los dineros pagados por el demandante se han consignado mediante depósito judicial y deben ser entendidos como parte de los perjucios que se le vienen causando a la entidad arrendataria por la no entrega del inmueble de conformidad con el laudo arbitral en firme. Precisamente, el artículo 500 numeral 1º del C.P.C. señala que en la demanda ejecutiva de obligaciones de hacer, se pedirán perjuicios. Es falso, entonces, que CISA reciba el pago directo del canon de arrendamiento del actor, ya que claramente esos dineros no están siendo consignados con la anuencia o conformidad de la Central de Inversiones S.A., como para que pueda alegarse de ello, su consentimiento. 2.5. En ese orden de ideas, solicita que sean desestimadas las reclamaciones presentadas por el actor al juez constitucional en el escrito de tutela, tanto en lo concerniente a la nulidad de las providencias invocadas como a la declaratoria de novación del contrato de arrendamiento. 3. Hechos relevantes y medios de prueba. 3.1. Los hechos que presenta el señor Juan Pablo Ávila para fundar sus consideraciones y los medios de prueba que aportó al proceso constitucional, son los siguientes: - La Sociedad Central de Inversiones S.A., CISA[2] y Juan Pablo Ávila Navarrete, suscribieron el 17 de diciembre de 2001 un contrato de arrendamiento respecto de un inmueble ubicado en una zona de la Calleja, en la ciudad de Bogotá. El término inicial del contrato era de tres (3) meses, bajo el compromiso según el actor, de que ese arrendamiento sería prorrogado por el término de un (1) año, “teniendo en cuenta que sin esa prórroga no se justificaría un término tan corto para abrir un local comercial”. (Afirmación de la tutela. Folio 133, libro 1). - El contrato de arrendamiento en su cláusula segunda señala sobre la duración, lo siguiente: “SEGUNDA. DURACIÓN. El término de duración del presente contrato es de tres (3) meses contados a partir del diecisiete (17) de diciembre de 2001, hasta el diecisiete (17) de marzo de 2002. Parágrafo: Las partes podrán prorrogar la duración de este contrato, comunicando su intención por escrito a la otra parte con un (1) mes de anticipación al vencimiento del plazo convenido”. (Copia del contrato suscrito entre las partes. Folio 3, cuaderno 1). - El valor del canon de arrendamiento pactado fue la suma de $ 4.500.000 pesos mensuales. Sin embargo, la forma de pago acordada correspondió al pago anticipado de tres meses de arrendamiento por valor de $13.500.000 pesos moneda corriente. Con todo, en la cláusula tercera del contrato relativa al valor del acuerdo, se estipuló un parágrafo que reza así: “PARÁGRAFO: En caso de que se prorrogue el presente contrato, y para cada prorroga acordada entre las partes, el arrendatario se obliga a cancelar por anticipado el valor total trimestral por concepto de los canon de arrendamiento, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de cada periodo”. (Copia del contrato. Folio 5, cuaderno 1). - En el contrato mencionado, se acordó además, entre otros aspectos: (a) que las mejoras acrecerían al inmueble y que no habría lugar a reconocimiento de suma alguna por ese concepto (cláusula séptima). (b) Se aceptó el subarriendo sólo con autorización del arrendador (cláusula octava); (c) se acordó un reajuste al canon de arrendamiento en un porcentaje equivalente al IPC, cada año de ejecución (cláusula décimo tercera); y (d) como causales de terminación del contrato, se establecieron las de ley y el incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones pactadas por las partes (cláusula novena). También se estipuló una cláusula penal, oponible “a quien incumpla el pago a la parte cumplida”, y se estableció una cláusula compromisoria que reza así: “DÉCIMA SÉPTIMA. COMPROMISORIA. Cualquier diferencia que se presente entre las partes en cuanto a la interpretación, ejecución o liquidación del presente contrato y que no pueda ser resuelta directa y amigablemente por las partes a través de la conciliación, amigable composición o transacción, será sometida a la decisión de un árbitro designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, de las listas de auxiliares de la justicia que allí se encuentren inscritos. El laudo se proferirá en derecho y el árbitro se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.” (Copia del contrato. Folio 6, cuaderno 1). - La Central de Inversiones S.A., decidió dar por terminado el contrato de arrendamiento en forma unilateral, con tan solo un mes de haber transcurrido su iniciación, alegando como causal para el efecto, el fenecimiento del término pactado en el contrato. Para ello envió “en forma tardía” una carta comunicando tal decisión. (Afirmación de la tutela. Folio 133, cuaderno 1). - CISA inició proceso arbitral ante la Cámara de Comercio de Bogotá en agosto de 2002, con el fin de lograr la restitución del inmueble y el pago de la cláusula penal. La Cámara de Comercio designó como árbitro al Dr. Eduardo Zamek de la Espriella. (Afimación de la tutela y copia del laudo arbitral. Folio 134 y 86, respectivamente, libro 1). - El señor Juan Pablo Ávila, en la contestación de la demanda arbitral, alegó en contra de las pretensiones de CISA las siguientes excepciones: (a) Indebida admisión de la demanda por carencia de requisitos legales, al omitirse según el actor, el deber de presentar caución previa en los términos del Decreto 2221 de 1983 artículo 6º[3]. (b) El vencimiento del plazo no es suficiente para terminar un contrato de arrendamiento de local comercial. Arguyó el accionante que por tratarse de un local comercial y ser el arrendamiento inferior a dos años, las normas que rigen esas relaciones contractuales son el artículo 9º del Decreto 063 de 1977[4], el artículo 20 del Decreto 1070 de 1956 y el artículo 5º del Decreto 3817 de 1982[5], y si fuese un contrato de más de 2 años de duración, el artículo 518 del Código de Comercio. En los artículos 9º del Decreto 063 de 1977 y 5º del Decreto 3817 de 1982, se dice expresamente que el vencimiento del plazo no puede ser esgrimido como razón suficiente para terminar el contrato de arrendamiento, salvo las situaciones señaladas en la ley para el desahucio. Como en su caso no se dieron tales causales, el arrendador no podía decretar la terminación del contrato en virtud del cumplimiento del plazo. (c) En su caso, se requiere el desahucio. Para el accionante era deber de CISA que se efectuara un desahucio en debida forma y en los términos del artículo 520 del Código de Comercio, para poder obtener la restitución del inmueble y eliminar la prórroga del contrato, so pena de verlo continuado. Ese proceso según él no se adelantó. Así, para el accionante las comunicaciones de CISA tendientes a enervar la renovación del contrato, no podían ser consideradas válidas por el fallador para ese propósito, teniendo en cuenta que (1) no se afirmó que se trataba de un desahucio; (2) no se presentaron las razones legales para la terminación del contrato; (3) las comunicaciones aparentemente enviadas por Central de Inversiones S.A., no fueron suscritas por un representante de CISA sino por el Gerente Inmobiliario Regional de Bogotá, que es un tercero; (4) no hay prueba de que esas comunicaciones fueron recibidas por el demandante y (5) el supuesto desahucio perdió su vigencia, porque por dos periodos más, marzo a junio y junio a septiembre del 2002, CISA recibió los cánones de arrendamiento del actor sin objeción alguna, de modo que consintió la prórroga del contrato. (d) El arrendatario no estaba en mora. El hecho de no haber entregado el inmueble a CISA el 18 de marzo de 2002, por tratarse de un requerimiento de un tercero indebidamente identificado y continuar ocupándolo válidamente, no implica según el actor el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la expresión de su deber de diligencia y cuidado al no haber entregado el inmueble a un desconocido y haberse prorrogado el contrato. Además, ha pagado cumplida y oportunamente los cánones de arrendamiento pactados.(e) No le es exigible la cláusula penal. El arrendatario no estaba en mora y la no entrega del inmueble no forma parte de las previsiones que justifican el cobro de la cláusula penal, según el contrato. (f) Litisconsorcio necesario o intervención de terceros. Afirmó el actor que la ley mercantil permite el subarriendo de hasta el 50% de un inmueble arrendado sin permiso del arrendador. Que en consecuencia, la cláusula contractual que impedía esa posibilidad debía ser entendida como no escrita por las partes, en los términos del artículo 524 del Código de Comercio, por ser ajena a las expresas atribuciones de ley. Por lo tanto, como los efectos del laudo afectan a los subarrendatarios, pidió en la contestación que éstos fueran vinculados al proceso en calidad de litisconsortes necesarios o terceros intervinientes. (Contestación en el proceso arbitral. Folios 10 a 36, libro 1). - Ahora bien, según el tutelante, el árbitro designado por la Cámara de Comercio, adelantó el proceso de restitución del local comercial de forma irregular, toda vez que no accedió a ninguna de las excepciones propuestas por él y rechazó pruebas fundamentales dentro del proceso. En efecto, aduce que el árbitro actuó de facto en el trámite arbitral, debido a que profirió decisiones sin sustento legal o procedimental al desconocer las normas comerciales y pertinentes en la materia; no valoró el acervo probatorio y no examinó la legalidad del contrato. Ello lesionó sus derechos fundamentales, porque dejó de revisar el hecho malintencionado de la arrendadora de apropiarse de la acreditación comercial del inmueble, negando la prórroga establecida contractualmente y exigiendo su entrega anticipada. El hecho relativo a la corta duración del contrato y la restitución intempestiva, no fue ni siquiera tomado en consideración por el árbitro, como tampoco la existencia de un establecimiento de comercio y la presencia de terceros contractualmente vinculados. El fallador, según el actor, debía declarar la ilegalidad del contrato y lo que hizo fue actuar ejecutivamente, ordenando la restitución del inmueble en favor de la entidad arrendadora. Además, desconoció la figura del subarriendo de local comercial, impidiendo que terceros pudiesen defenderse en el trámite arbitral. Bajo tales circunstancias y sin mayor fundamentación, profirió el laudo arbitral, dando por terminado el contrato de arrendamiento y ordenando la respectiva restitución del inmueble. (Afirmación de la tutela. Folio 134 y 135 libro 1). - El Laudo proferido por el Dr. Eduardo Zamek el 9 de septiembre de 2003, fue objeto del recurso de Anulación propuesto por el hoy accionante, ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El recurso fue resuelto por esa autoridad judicial en forma adversa para el ciudadano, el 12 de julio de 2005, fecha en que se confirmó la providencia original. Esta decisión, trasgredió según el demandante su derecho a la libertad contractual, al debido proceso y a los derechos adquiridos, tanto por haber confirmado el laudo como por las razones enunciadas frente a esa primera providencia con anterioridad. (Afirmación de la tutela. Folio 169, cuaderno 1 y copias del laudo y del recurso extraordinario de anulación, folios 86 y 118, cuaderno 1). - Desde que fue proferido el laudo que dio por terminado el contrato de arrendamiento hasta la fecha, el señor Juan Pablo Ávila afirma haber consignado la suma pactada como canon de arrendamiento, haciendo los aumentos anuales de ley. Por tal motivo concluye que se ha conformado la figura de la novación contractual, teniendo en cuenta que no ha mediado judicialmente una orden para dicho pago y la empresa ha consentido la cancelación de esos cánones. Como el arrendador ha aceptado esa situación, concluye el actor que la figura que existe actualmente es la novación contractual. Ante esta realidad jurídica, la arrendadora ha intentado ejecutar el laudo, luego de que han pasado más de tres años desde que fuere proferido. Afirma por lo tanto, que se le están violando nuevamente sus derechos fundamentales, pues se está ejecutando un laudo que corresponde a unos hechos distintos a los que ahora existen, poniéndose con ello en peligro el derecho que tiene a que se realice un proceso judicial nuevo con fundamento en las actuales circunstancias contractuales generadas con la aceptación tácita del cánon por la entidad arrendadora, no cobijadas por la primera providencia, y que deben revisarse si se desea, a través de la jurisdicción ordinaria. (Afirmación de la tutela. Folio 169, cuaderno 1). - Solicita por lo tanto la anulación del laudo arbitral y de la sentencia confirmatoria. Si el juez constitucional se abstiene de considerar procedente esa opción, pide entonces que se declare la existencia de una novación contractual y la vigencia de un nuevo contrato de arrendamiento comercial, a fin de que se evite la ejecución del laudo, se adelante un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria y se proteja su debido proceso. (Afirmaciones de la tutela. Folio 138, cuaderno 1). 3.2. Por otra parte, los hechos que presenta CISA para fundar sus consideraciones y los medios de prueba que aportó al proceso constitucional para el efecto, son los siguientes: - La Central de Inversiones S.A., CISA, alega ausencia de inmediatez, ante la existencia de la decisión arbitral proferida desde el año 2003 y la negación del recurso de revisión por parte del Tribunal Superior, que tuvo lugar desde el año 2005. La tutela se presentó el 19 de octubre del 2007, por lo que para la entidad accionada existe claramente carencia de uno de los requisitos necesarios para la procedencia de esta acción constitucional contra providencias judiciales. (Contestación de la Tutela. Folio 153, cuaderno 1). - Se aportan al proceso, a fin de desvirtuar la supuesta anuencia de CISA en el pago de los cánones, cuatro (4) copias diversas de órdenes de pago de depósitos judiciales a una cuenta en el Banco Agrario. En el encabezado de esos certicados, aparece como demandante la Central de Inversiones S.A. y como demandado el señor Juan Pablo Ardila Navarrete[6]. Los depósitos se han hecho trimestralmente por el actor y están supervisados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil. El último depósito judicial adjuntado al proceso es del 4 de abril de 2006. (Folios 157 a 160, cuaderno 1). 3.3. De las pruebas allegadas al proceso constitucional, resalta además esta Corporación, las siguientes: - Dos cartas del seis de febrero de 2002 y 15 de marzo del 2002 de Central de Inversiones S.A., CISA, dirigidas al actor y firmadas por el Gerente Inmobiliario Regional de Bogotá, en las que se le informa al accionante el deseo de esa entidad de no prorrogar el contrato y de confirmar su terminación para el 17 de marzo del 2002. En ellas se precisa que el señor José Mahecha es la persona autorizada para recibir el inmueble el 18 de marzo de 2002. (Copia de las cartas de CISA. Folio 3 y 4, libro 1). - Mediante Auto No 6 del 9 de mayo de 2003, el Tribunal de Arbitramento consideró respecto de la solicitud de conformar el litisconsorcio necesario requerido por el accionante en el proceso arbitral, que, “debido a que en el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes está prohibido el subarriendo, del que no tuvo conocimiento la parte convocante o propietaria, debe rechazarse el recurso de reposición, y no deben ser citados para comparecer a la audiencia de conciliación [los terceros invocados] porque no existe litisconsorcio necesario” (Copia del auto No 6 que resolvió esa solicitud. Folio 48, libro 1). - En testimonio recibido al señor José María Mahecha, en su calidad de auxiliar de administración con función de recibir los inmuebles de la Central de Inversiones S.A., el mencionado funcionario afirmó lo siguiente: “Dr. GÓMEZ [Abogado de CISA]: Indique si usted tiene conocimiento de quien elaboró, quien llevó y en qué circunstancia, si se llevó o fue entregada la comunicación fechada el 6 de febrero de 2002, la cual pongo de presente. Folio 12. Sr. MAHECHA: Esa es una comunicación que elaboró Bibiana Arias, firmada por el doctor Luís Fernando Córdoba, que la llevé yo personalmente para entregársela al señor Juan Pablo Ávila. Dr. GÓMEZ: A quien se la entregó, en qué circunstancias y en que fecha. Sr. MAHECHA: En vista de que el señor Juan Pablo Ávila no me la recibió el día 8 de febrero de 2002, indicó que se la entregara a su asistente la cual firma la carta. Dr. GÓMEZ: Indique si la comunicación o escrito firmado que le pongo de presente, corresponde a un acta firmada por usted con el señor Juan Pablo Ávila, comunicación que está en el folio 13. Diga si la firma de ese documento es la suya y la del señor Ávila y si tiene algo que comentar sobre ese documento. Sr. MAHECHA: Efectivamente es un documento que se redactó el 18 de marzo de 2002 (…) día en el que yo estaba notificado que debía de recibir el inmueble al señor Juan Pablo Ávila; esa acta se levantó debido a que el señor Ávila no me restituyó el inmueble como estaba previsto en las comunicaciones que se le habían enviado anteriormente, entonces yo tenía que tener una justificación de que sí se había estado en el inmueble a la hora y fecha indicada, por lo tanto se firmó esa acta que firmó el señor Juan Pablo y firmé yo. (…)”. (Interrogatorio de parte practicado en el Tribunal de arbitramento. El accionante solicitó la tacha de este testigo por ser trabajador de CISA y esa solicitud fue denegada. Folio 68, libro 1) - En audiencia del 6 de junio de 2003, se le practicó interrogatorio de parte al señor Juan Pablo Ávila, en el que el ciudadano señaló lo que sigue: “Dr. GÓMEZ [Abogado de CISA]: ¿Cuál era el término de duración del contrato de arrendamiento suscrito por usted y la sociedad Central de Inversiones? Sr. ÁVILA: El término del contrato inicialmente estuve hablando con el doctor De Gamboa y con el señor Guillermo León Gómez, estuvimos reunidos e inicialmente me dijeron que me podían arrendar por un año prorrogable mínimo a otro año. Luego se reunieron ellos, hicieron comité y me dijeron que necesitaban que yo les pasara una carta pidiendo que me arrendaran a 6 meses y yo les llevé la carta (…), pero cuando se la iba a entregar al señor Guillermo León Gómez, él me dijo que se habían vuelto a reunir y que tenía que cambiar la carta para que fuera por un término de 3 meses, pero que eso no significaba que el arriendo fuera únicamente por tres meses, que era algo de forma y que él se comprometía conmigo para cumplirme. (…) [H]oy me siento engañado porque la verdad no fue de la forma como ellos me prometieron, además viendo lo que me dijo el señor Gómez yo hice unas adecuaciones bien cuantiosas, suponiendo que la estadía mínima iba a ser de dos años como me lo habían prometido inicialmente; era un año y mínimo una prórroga de otro año. Yo hice unas inversiones más o menos de $50.000.000 que las puedo demostrar y si me hubiera dicho el señor Gómez y el señor de Gamboa que era única y exclusivamente por 3 meses, pues yo no me hubiera metido a hacer semejantes inversiones y siento yo que arreglé la vitrina porque en esa vitrina no había luz, no había lámparas, no había baños, estaba saqueada (…)”. (Interrogatorio de parte en el Tribunal de arbitramento. Folio 74, libro 1). - El Laudo Arbitral, proferido el 9 de septiembre de 2003, en su parte considerativa, entre otros aspectos, enunció que: (a) El contrato de arrendamiento allegado al proceso fue celebrado entre una Sociedad de Economía Mixta como arrendadora, y una persona natural. (b) El Decreto 063 de 1977, entró a regir desde la fecha de su promulgación y hasta el 31 de diciembre del citado año. El Decreto 2923 de noviembre 28 de 1977 prorrogó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1978. Luego por el decreto 2813 de diciembre 22 de 1979 se prorrogó su vigencia hasta diciembre de 1980, volviendo a ser prorrogado por el Decreto 3745 del 29 de diciembre de 1981 hasta el 31 de diciembre de 1982, dejando de regir a partir de entonces, pues de inmediato entró a regir el Decreto 3817 de 1982. Por lo tanto los Decretos 3817 de 1982 y 2221 de 1983 que invoca el actor, son reguladores de los contratos de arrendamiento sobre predios urbanos que no tengan destinación para habitación o comercio, no siendo por lo tanto aplicables en el presente caso. Se encuentran vigentes únicamente para regular contratos de arrendamiento relacionados con garajes, sitios de estacionamiento, etc. (c) En el caso en estudio, el actor tomó en arrendamiento el inmueble con un plazo definido de tres (3) meses, el cual podía prorrogarse siempre y cuando una de las partes diera aviso a la otra de su intención de prorrogarlo con un mes de anticipación. El inquilino no presentó dicho aviso, ni la arrendadora, quien con más de un mes de anticipación manifestó su intención de no prorrogar, y que para el día del vencimiento envió a un empleado a recibir el inmueble, negándose el convocado a entregarlo. (d) Para el árbitro, el periodo contractual de tres meses en un contrato de local comercial debe regirse por las reglas civiles, “ya que las comerciales están dirigidas a tener aplicación a partir precisamente del segundo año de ocupación, por que el lapso de tres (3) meses de vinculación no está amparado por las normas del Código de Comercio”. Por lo tanto se desestiman todas las excepciones presentadas por el actor relacionadas con la aplicación de las normas anteriores y las comerciales que invoca, bajo el supuesto de que el contrato señalado no es de carácter comercial y le aplica la ley civil. No obstante, se considera probada la excepción de no exigibilidad de la cláusula penal en virtud de lo dicho en el contrato. (e) Encontrándose derogado el Decreto 1070 de 1956 repite el árbitro que no era del caso exigir la caución que demanda la convocada. (Copia del Laudo Arbitral. Folios 86 a 117, cuaderno 1). En consecuencia, en su parte resolutiva, el laudo concluyó lo siguiente: “Primero: Negar las excepciones propuestas por la parte convocada. Segundo: Negar la petición de la parte convocante de exigibilidad de la cláusula penal. Declarar: Probada la excepción séptima de exigibilidad de la cláusula penal. Tercero: Negar la tacha de testigo por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto: Declarar terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre CENTRAL DE INVERSIONES S.A. y JUAN PABLO AVILA NAVARRETE, el día 17 de diciembre de 2001, sobre el área construida del inmueble ubicado en la Carrera 13 (Avenida) No 127 C-08 de esta ciudad de Bogotá. Quinto: Decretar la restitución del inmueble completamente desocupado ubicado en la Carrera 13 (Avenida) No 127 C-08, a la sociedad CENTRAL DE INVERSIONES S.A., en el término de treinta (30) días calendario a partir de la fecha de esta sentencia. Sexto: En caso de que el convocado no haga la restitución en el término señalado en el punto anterior, comisiónese a un Juez Civil Municipal de Bogotá D.C. Reparto para que haga la correspondiente diligencia. Séptimo: Por las razones expuestas en la parte motiva, se declara improcedente el “llamamiento litisconsorcial y/o la intervención de terceros”. Octavo: CONDENAR en costas al convocado Juan Pablo Ávila Navarrete en la suma de cuatrocientos veintinueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte ($429.750) como costas a favor de la convocante (…)”. (Folios 115 a 117, cuaderno 1). - En el Recurso de Anulación del Laudo, presentado por el accionante ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, se destacan las siguientes causales invocadas por el señor Juan Pablo Ávila: (a) No haberse constituido el Tribunal de Arbitramento en forma legal (numeral 2º del Art. 38 del Decreto 2279 de 1989)[7]. Enuncia el actor que en el tribunal deben intervenir los terceros interesados y que ello no ocurrió. Como se les privó a los subarrendatarios de esta oportunidad ya que ellos pretendían “adherirse a la cláusula compromisoria e integrar el tribunal”, considera el actor que existe nulidad procesal. (b) Haberse dejado de decretar sin fundamento legal una prueba solicitada (No 4 Art. 38 del Decreto 2279 de 1989)[8]. Argumenta el accionante que solicitó la práctica de una inspección judicial al inmueble con el objeto de que se reconociera el área dada en subarriendo; sin embargo esa prueba no fue considerada conducente por el árbitro y no se decretó. Con ello pretendía demostrar el actor que menos del 50% del inmueble había sido arrendado en los términos del artículo 523 del Código de Comercio. (c) Nulidad del laudo, por dársele el trámite de restitución de inmueble arrendado al proceso y no el del Decreto 2279 de 1989 en materia de arbitramento. (Art. 166 del Decreto 1818 de 1998)[9]. - Frente a tales causales, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, en la parte motiva de su decisión estimó que, (a) de cara a la primera causal, esto es a las irregularidades en torno a la constitución del tribunal de arbitramento, ellas deben ser presentadas al inicio del proceso, en la primera audiencia de trámite como lo señala la norma, sin que sea dable proponerlas en oportunidades extemporáneas, como puede ser en el recurso extraordinario de anulación. Así, dado que sobre la constitución del tribunal de arbitramento la parte recurrente no hizo reparo alguno en la primera audiencia de trámite, ya que no impugnó la designación del árbitro o la aceptación del cargo por parte de aquel, no es procedente el recurso de anulación frente a esa queja. (b) En lo concerniente a la segunda causal -la relacionada con las pruebas no practicadas-, consideró el Tribunal que no existía carencia de fundamento legal del árbitro, para no decretarla. El actor pretendía probar la naturaleza del contrato con esa prueba y el árbitro la consideró inconducente para el efecto. A juicio del Tribunal, la negativa del árbitro fue razonable, “ya que la naturaleza contractual y la legislación a aplicar, surgen de los términos contractuales recogidos en la prueba documental allegada y no de la inspección judicial solicitada”. (c) Finalmente, la causal alegada por el recurrente relacionada con la aparente nulidad originada en el laudo por desconocimiento del procedimiento, no fue según el Tribunal “enlistada por el legislador para interponer el [recurso] de anulación, circunstancia tal que impide ser analizada en este episodio procesal, habida cuenta de la limitante prevista para esta clase de recursos de sólo poder cuestionar el laudo por una de las causales previstas en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, sin que dentro de las cuales se encuentre la alegada por el recurrente”[10]. - En su parte resolutiva, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, del 12 de julio del 2005, determinó por consiguiente: “1. Declarar infundado el recurso de anulación interpuesto contra el laudo proferido dentro del proceso arbitral de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. y FRANCISO MORALES CASAS[11] contra Juan Pablo Ávila Navarrete. 2. CONDENAR en costas al recurrente JUAN PABLO AVILA NAVARRETE, las cuales ascienden a la suma de $ 5.000.000 por concepto de agencias en derecho y que deberán ser canceladas dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia”. 4. Decisión judicial objeto de revisión. 4.1. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en decisión del 6 de noviembre del 2007, denegó el amparo solicitado por el señor Ávila Navarrete. Según esa corporación, lo solicitado por el actor es improcedente, “porque no se aprecia la incursión de los accionados en vía de hecho, ni se cumple el requisito de inmediatez de la acción de tutela”. Para la Corte Suprema, examinada la actuación surtida por el Centro de Conciliación designado, “se aprecia que en la primera decisión se estableció la aplicabilidad de las normas civiles por tratarse de un contrato que no había superado los dos años de ocupación en el establecimiento de comercio, habida cuenta que de acuerdo con las normas de contratación administrativa, al ser una de las contratantes una sociedad de economía mixta, se aplicaban las normas civiles o comerciales según fuera el caso”. Establecido el ámbito legal de la decisión, el árbitro decidió cada una de las excepciones, para concluir razonadamente la denegación de las mismas, salvo la de la exigibilidad de la cláusula penal, que se falló a favor del peticionario. Igual puede decirse de la actuación del Tribunal, que se surtió de acuerdo a la ley. Por estas razones, no considera que exista vía de hecho alguna en la actuación del árbitro o del Tribunal. Además, para la Corte Suprema, la pretensión del accionante de que se someta a nuevo debate una situación que ya fue suficientemente analizada en un proceso clausurado de acuerdo a la ley, cuando no hay elementos de juicio que permitan concluir que los falladores actuaron de manera arbitraria o antojadiza, no es pertinente. A lo anterior se suma la ausencia de inmediatez, puesto que la decisión del Tribunal se profirió hace más de dos años y la del árbitro hace más de 4 años, situación que desvirtúa la inminencia de la acción de tutela y su procedencia. 4.2. En atención a estas consideraciones, la Corte Suprema de Justicia denegó la acción de tutela de la referencia; decisión que no fue apelada por el aquí accionante. II. CONSIDERACIONES y fundamentos. Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política; el Decreto 2591 de 1991, artículos 33 a 36, y el Auto del 24 de enero de 2008 de la Sala de Selección No. 1 de la Corte Constitucional. 1. El Problema Jurídico. 1.1. Conforme a los hechos relatados por el actor y la respuesta de la entidad accionada, la Corte deberá resolver en esta oportunidad: (i) si la acción que interpone el señor Juan Pablo Ávila contra las providencias judiciales enunciadas, cumple con las exigencias constitucionales de procedibilidad de la tutela contra sentencias, teniendo en cuenta que se la acusa de carecer del requisito de inmediatez necesario para su procedibilidad. (ii) De ser posible el análisis de fondo por viabilidad de ese primer aspecto, deberá la Sala examinar, si incurrió el árbitro en una vía de hecho por defecto sustantivo, procedimental y fáctico al aplicar indebidamente para el caso normas que no se compadecen con la regulación referente a los locales comerciales, desconocer la intervención de terceros en el proceso y dejar de practicar pruebas determinantes en la causa, y si las vías de hecho invocadas se perpetuaron con el fallo del Tribunal. Por último, (iii) revisará la Sala si la no ejecución del laudo arbitral oportunamente por parte de CISA, generó en favor del actor una novación del contrato de arrendamiento que le da derecho en la actualidad a una nueva determinación jurídica de su situación, - por la vía ordinaria -, y si la decisión de esa entidad de ejecutar el laudo, implica en estos momentos la violación del debido proceso del actor. Para resolver estas inquietudes, la Corte revisará entre otros temas, el de la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y en especial, la jurisprudencia relacionada con la tutela contra laudos arbítrales y decisiones ligadas al recurso extraordinario de revisión. Estudiados estos aspectos, revisará la Sala en concreto, la situación planteada por el demandante en la situación de la referencia. 2. La acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos de procedibilidad. 2.1. La acción de tutela es un mecanismo de protección constitucional de naturaleza subsidiaria y excepcional[12], que sólo procede en situaciones en que no exista otro mecanismo judicial idóneo para salvaguardar un derecho fundamental vulnerado o amenazado, o cuando existiendo ese otro medio de defensa judicial, la persona afectada se encuentra ante un perjuicio irremediable. En el caso específico del amparo contra providencias judiciales, la seguridad jurídica y la autonomía judicial, como valores indispensables en la consolidación y fortalecimiento de la administración de justicia, están soportados en la existencia de actuaciones judiciales legítimas que permitan la solución efectiva de controversias ciudadanas en los términos de la Constitución y la ley. Es por esto que decisiones que entren en contradicción con el compromiso constitucional impuesto a todas las autoridades de propender por la realización de los derechos fundamentales y de ajustarse al ordenamiento jurídico (Art. 2 C.P.), son susceptibles en los términos del artículo 86 Superior de la acción de tutela. El mandato de ese artículo constitucional, de hecho, asegura la protección de los derechos fundamentales de las personas que “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, incluyendo entre ellas, a las autoridades judiciales. 2.2. En la extensa jurisprudencia constitucional en la materia, se ha recordado además, que si bien en la sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) la Corte Constitucional estudió los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991 y declaró inexequibles las disposiciones acusadas por considerar que desvirtuaban las reglas de competencia fijadas por la Constitución Política, lo cierto es que en la ratio decidendi [13] de esa misma providencia se reconoció la eventual procedencia de la tutela contra actuaciones judiciales, cuando ellas fueran producto de una vía de hecho[14], es decir, de una actuación judicial ajena al derecho, que vulnerase en forma directa derechos fundamentales. Ese precedente[15] y los artículos 2º y 86 de la Carta que autorizan la tutela contra cualquier autoridad pública en los términos allí descritos, han permitido a la Corte Constitucional consolidar una extensa línea jurisprudencial que hoy se mantiene en materia de tutela contra providencias judiciales[16]. Esa figura además, que se conoció bajo el concepto exclusivo de “vía de hecho”[17] judicial en sus orígenes, en la actualidad recibe el nombre genérico de “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”[18], a fin de no asociar indebidamente al mero capricho y arbitrariedad judicial la existencia de defectos en las providencias judiciales. 2.3. Actualmente son concebidas entonces, como causales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional, aquellas de carácter general orientadas a asegurar el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y la seguridad jurídica, y en segundo lugar, aquellas de fondo o específicas, relacionadas en concreto con los defectos en los que puede incurrir una providencia judicial específica. Constatadas las primeras y alguno de los defectos propios de las segundas en una decisión judicial, será pertinente el amparo constitucional a los derechos invocados y la protección tutelar frente a providencias judiciales específicas. Así, los requisitos de procedibilidad general de la tutela en tales situaciones son, (1) el agotamiento de los medios de defensa disponibles en el proceso[19] y (2) el respeto al principio de inmediatez en la invocación de la acción constitucional. En el primer caso, se recuerda que la acción de tutela no puede ser considerada como una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni como un camino excepcional para remediar yerros u omisiones de las partes[20] o para corregir etapas vencidas en los procesos. En efecto, dado que en el ámbito de los procesos ordinarios también se concreta la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos, la tutela contra providencias judiciales no puede ser concebida como un escenario adicional para el estudio de una controversia ya desatada bajo la égida jurisdiccional, o como una tercera instancia en materia procesal. Es una acción a la que se debe acudir exclusivamente en situaciones en las que efectivamente una determinación judicial implique una vulneración o amenaza de derechos fundamentales de las personas, y no en los casos en que se pretendan solventar oportunidades procesales perdidas o discutir argumentos que nunca fueron objeto del debate judicial en su sede natural. El agotamiento de los medios de defensa disponibles como requisito previo, responde por ende, al principio de subsidiariedad de la tutela, que impide que el juez constitucional entre a reemplazar a la autoridad competente para resolver aquello que la ley[21] le autoriza, especialmente si los mecanismos para solucionar las posibles deficiencias en los procesos no han sido utilizados por las partes de acuerdo a las competencias que les asigna la ley. El agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos ordinarios de defensa judicial, resulta ser por consiguiente no sólo una exigencia mínima y justificable de diligencia de los ciudadanos frente a sus propios asuntos[22], sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela contra sentencias, salvo que por razones extraordinarias no imputables a quien alega la vulneración, la persona se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial[23], circunstancia que no obstante, deberá ser debidamente acreditada en la acción de tutela[24]. Se concluye entonces respecto a este primer aspecto, que puede ser procedente la tutela contra una providencia judicial, cuando ante la vulneración de derechos fundamentales medien acciones u omisiones de los operadores jurídicos[25], no exista otro medio de defensa judicial idóneo para proteger los derechos fundamentales invocados y la actuación judicial acusada constituya una vía de hecho; o, cuando se emplee como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en materia de derechos fundamentales.[26] En este último caso, si a la fecha de presentación de la tutela aún está pendiente alguna diligencia o instancia procesal, pero la protección constitucional provisional se requiere de manera urgente para evitar el perjuicio irremediable, eventualmente puede ser procedente la protección constitucional de matera transitoria[27]. 2.4. Ahora bien, la inmediatez, como segunda exigencia general de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, es una figura que se relaciona con el paso del tiempo entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de derechos fundamentales. Como su nombre lo indica, se exige que la tutela se presente en un lapso de tiempo razonable luego de la última decisión judicial, con el propósito de que se garantice la inminencia de la protección constitucional que se invoca y la seguridad jurídica. De hecho, permitir que entre una reclamación constitucional y la supuesta afectación judicial medie un periodo de tiempo desmedido, no sólo desvirtúa la necesidad de la protección judicial inmediata y del perjuicio irremediable que se alega, sino que además hace irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por la vía de tutela[28] frente a decisiones judiciales consolidadas. Por ende quien solicite la protección de sus derechos por esa vía, debe interponer la acción de tutela contra providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial justificado, porque de lo contrario la urgencia y necesidad de la protección por vía de tutela queda en entredicho. La inmediatez resulta ser una exigencia ineludible en la procedencia de la tutela contra providencias judiciales[29], que permite promover y no desvirtuar, la seguridad jurídica del ordenamiento. 2.5. En cuanto a las causales específicas y de fondo de la tutela contra providencias judiciales relacionadas con los eventuales defectos en los que pueden incurrir las actuaciones judiciales, existen conforme a la jurisprudencia de esta Corporación los siguientes defectos: (i) sustantivo; (ii) fáctico; (iii) orgánico y (iv) procedimental. Tales defectos pueden ser descritos genéricamente, en los términos de la sentencia T-086 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), de la siguiente forma: - Existe un defecto sustantivo en una decisión judicial, cuando la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable[30], ya sea porque[31] (a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley[32] o (b) porque el contenido de la disposición utilizada no tiene conexidad material con los presupuestos del caso[33]. También puede darse en aquellas circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (c) un grave error en la interpretación de la norma[34], el cual puede ocurrir por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes[35] o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la Constitución[36]. Es igualmente un defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial tenga problemas determinantes relacionados con (d) una insuficiente sustentación, congruencia o justificación de la actuación[37] que afecte derechos fundamentales; (e) cuando se desconoce el precedente judicial[38] sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia[39]; o (f) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso[40]. - Por otra parte, se produce un defecto fáctico en una providencia, cuando en la actividad probatoria ejercida por el juez se omitió[41] la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados”[42] o cuando “la valoración de pruebas igualmente esenciales no se puede apreciar, sin desconocer la Constitución”[43]. Este último evento ocurre cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar, porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.). Con todo, en lo concerniente al defecto fáctico, sólo es posible decretar una vía de hecho en tales casos, cuando la valoración probatoria hecha por el juez resulta arbitraria de una manera manifiesta. Ello sólo ocurre cuando el error en el juicio valorativo de la prueba resulta ser “ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia[44]”[45]. - El llamado defecto orgánico, tiene lugar, cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia que se controvierte, carece totalmente de competencia para ello conforme a la ley. - El defecto procedimental, por su parte, ocurre, cuando el juez de instancia actúa completamente ajeno al procedimiento establecido[46], es decir, se desvía de su deber de cumplir con las “formas propias de cada juicio”[47] generando con ello la violación o amenaza a los derechos fundamentales de las partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse a la decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al afectado. Aunada a las causales anteriores, la jurisprudencia constitucional ha reconocido otra adicional denominada[48] vía de hecho por consecuencia. Ese defecto ocurre, cuando la aparente violación de los derechos fundamentales que se alegan con una providencia judicial, es producto de la inducción al error de la que es víctima el juez de la causa[49] en el proceso. En tal situación, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, la actuación final sí resulta errada[50] por lo que puede ser susceptible de acción de tutela para proteger los derechos fundamentales lesionados. 2.6. Vistas entonces las características básicas de las causales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, revisará la Sala a continuación, cómo operan dichas exigencias en los asuntos relacionados con la tutela frente a laudos arbítrales y las decisiones judiciales que resuelven los recursos de anulación u homologación, en sede jurisdiccional. 3. La acción de tutela contra laudos arbitrales y decisiones judiciales que resuelven los recursos extraordinarios correspondientes. 3.1. Características Generales de los procesos arbitrales. 3.1.1. El arbitramento es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos autorizado por la Constitución Política (Art. 116 C.P.)[51] y regulado por la ley[52], que fundado en la decisión libre y expresa de las partes en un negocio jurídico de sustraer la resolución de sus conflictos transigibles[53] de la administración de justicia del Estado y atribuirla a terceros, permite la habilitación voluntaria, transitoria y excepcional de particulares denominados árbitros, para administrar justicia y resolver el conflicto suscitado. El procedimiento arbitral que se realiza, finaliza con una decisión denominada laudo[54], cuyos efectos han sido aceptados por las partes[55] involucradas, a partir de un pacto arbitral. El arbitramento, así entendido, propicia la efectividad de principios y valores constitucionales[56], ya que favorece la participación activa de los particulares en la solución de sus propios conflictos[57]. 3.1.2. Son características generales del arbitramento, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las siguientes: (a) El arbitramento está regido por el principio de habilitación o voluntariedad[58]. La justicia arbitral como se dijo, conlleva una derogación específica, excepcional y transitoria de la administración de justicia estatal, por voluntad de las partes, respecto de un conflicto transigible[59]. El principio de la voluntariedad implica precisamente el desplazamiento de la justicia estatal, con fundamento en “un acuerdo previo de carácter voluntario y libre efectuado por los contratantes”[60]. Así, la fuente de la función jurisdiccional de los árbitros deviene, (i) del contrato o acuerdo de voluntades entre las partes, que permite “habilitar”[61] a los árbitros para el efecto y (ii) desde una perspectiva más amplia, de la potestad constitucional conferida a los particulares para administrar justicia transitoriamente[62], como conciliadores o árbitros. No obstante, el acuerdo de voluntades es en concreto el que permite el desplazamiento de la jurisdicción estatal para un caso específico. Por ende, el pacto arbitral exige que se acuerde una cláusula compromisoria o un compromiso en el que se defina que la resolución de una situación específica se hará a través de ese medio de defensa de manera expresa.[63] Como esa decisión es trascendente, es deber de las partes establecer con precisión los efectos jurídicos y económicos de su determinación[64]. Sobre el particular, la Corte ha señalado que al momento en que las partes acuerdan el sometimiento de sus conflictos a tribunales de arbitramento, aceptan de antemano la obligatoriedad de la decisión de los árbitros investidos del poder decisorio. Por lo tanto, cuando las partes aceptan prestar su consentimiento para someter sus diferencias a la decisión de estos particulares, “se obligan a acatar lo decidido por ellos”[65], en cumplimiento de lo previsto en el artículo 116 superior. (b) El arbitramento es una institución que implica el ejercicio de una actividad jurisdiccional, reviste el carácter de función pública y se concreta con la expedición de fallos en derecho o en equidad[66]. El artículo 116 superior dispone expresamente que los particulares pueden ser investidos excepcional y transitoriamente “de la función de administrar justicia”[67]. El particular investido de la capacidad decisoria en tales aspectos, cumple una función pública, que le exige acoger el principio de legalidad que reviste las actuaciones de los servidores públicos[68] y expedir fallos en derecho o en equidad según lo hayan determinado previamente las partes. El laudo, que es la decisión que profieren los árbitros, resuelve el conflicto suscitado entre ellas, tiene fuerza vinculante para las partes y hace tránsito a cosa juzgada[69]. Bajo tales consideraciones, es una decisión judicial exigible y ejecutable, que resulta ser además un medio para materializar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de las personas involucradas. Así, el laudo arbitral, sea en derecho o en equidad, “es eminentemente jurisdiccional y equivale a una providencia judicial, en cuanto resuelve el litigio suscitado entre las partes, pronunciándose sobre los hechos, resolviendo sobre las pretensiones, valorando las pruebas y declarando el derecho a la luz de los mandatos constitucionales y leg...