Sentencia T-442 de 2005

T-442-05 PROYECTO DE CIRCULACION RESTRINGIDA Sentencia T-442/05 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional por vía de hecho VIA DE HECHO-Clases de defectos ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos de procedencia VIA DE HECHO-No se respetó el precedente Referencia: expediente T-1030620 Acción de tutela instaurada por Arturo Hernández Tole contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué –Sala Civil Familia-. Magistrado Ponente: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil cinco (2005). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA en el proceso de revisión de los fallos dictados por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Laboral de la misma Corporación, dentro de la acción de tutela promovida por Arturo Hernández Tole contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué –Sala Civil Familia-. I. ANTECEDENTES 1. Hechos El señor Arturo Hernández Tole, por intermedio de apoderado, interpuso acción de tutela contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por considerar vulnerado su derecho al debido proceso. Manifiesta el accionante que en febrero de 2001 demandó en proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual de mayor cuantía a la sociedad Central Hidroeléctrica de Betania S.A. ESP “C.H.B.” solicitando la declaratoria de responsabilidad por los daños materiales “Lucro Cesante y Daño Emergente” sufridos con ocasión de la inundación del predio donde había sembrado 10 hectáreas de algodón, predio que fue inundado y destruido con la creciente del río Magdalena los días 1 a 5 de abril de 1994, cuando los operarios del embalse, efectuaron un “errado, culpable, inadecuado manejo del embalse, al abrir sus compuertas permitiendo la salida masiva e incontrolada de las aguas embalsadas”. La demanda por conocimiento le correspondió al Juzgado 2 Civil del Circuito del Guamo – Tolima- y notificada esta, la “C.H.B.” propuso como excepción para exonerarse de responsabilidad la que denominó “Fuerza Mayor y Caso Fortuito” . Surtido el trámite respectivo, se puso fin a la instancia mediante sentencia en la cual se accedieron a las pretensiones de la demanda y se declararon no probadas las excepciones propuestas. Interpuesto y concedido el recurso de Apelación a favor de la parte demandada, la corporación aquí demandada en decisión objeto de tutela, revocó la proferida por el Juzgado de primera instancia y declaró probada la excepción de fuerza mayor propuesta por la “C.H.B.” Interpuesto el recurso extraordinario de Casación fue negado el mismo, después de varios dictámenes periciales, por cuanto el valor del agravio no excede de la cantidad señalada por el legislador. Considera el demandante en Tutela, que la actuación del Tribunal accionado violó su derecho al debido proceso al incurrir en una vía de hecho, como quiera que ignoró varias decisiones que el mismo Tribunal había proferido en casos similares, por los mismos hechos y en donde la Magistrada Ponente de la sentencia atacada fue parte integrante de la sala respectiva donde se había condenado a la “C.H.B.” y decisiones proferidas por la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso de Casación en varios procesos relacionados con el mismo tema. Solicita, en consecuencia se ordene la revocatoria de la decisión proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué por haber incurrido esta en una vía de hecho y como consecuencia se ordene dictar una nueva sentencia que confirme la decisión proferida por el Juzgado 2 Civil del Circuito del Guamo – Tolima . 2. Decisiones judiciales objeto de revisión La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, concede la protección de los derechos invocados y ordena al Tribunal accionado resolver la apelación interpuesta teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de la providencia. Considera que se violó el debido proceso, puesto que no se tuvo en cuenta el precedente existente sobre la materia ya que en procesos semejantes se produjo fallo adverso a las pretensiones de la “C.H.B.” y en donde se habían interpuesto las mismas excepciones de fuerza mayor y caso fortuito. Precisa que no existe ninguna razón en particular que lleve al Tribunal a concluir que en el presente caso se presentó una situación fáctica diferente de las anteriormente falladas, y que denotaran que los daños causados tuvieron ocurrencia como consecuencia de una fuerza mayor y caso fortuito. En segunda instancia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, revoca la decisión anterior y en su lugar niega la acción interpuesta, por cuanto, afirma, no es posible que mediante tutela se invaliden los efectos de las decisiones judiciales y que de hacerlo así, se atentaría contra los principios de cosa juzgada y de autonomía judicial. 3. Intervención en sede de revisión de la Sociedad Central Hidroeléctrica de Betania S.A. ESP Por intermedio de apoderado la Sociedad Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P. en escrito dirigido a ésta Corporación solicita se confirme la sentencia revisada al no existir vía de hecho, en razón a que las decisiones atacadas se fundamentaron en interpretaciones razonables. Indica que no se pueden tener en cuenta las decisiones proferidas por diferentes autoridades jurisdiccionales por hechos ocurridos entre el 6 y 9 de julio de 1989, diferentes a los alegados en el proceso ordinario. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia. La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de instancia proferidos en el trámite de este proceso, en virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política; corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas adoptar la decisión respectiva, según el reglamento interno, y el auto de la Sala de Selección Número Uno del 21 de enero de 2005. 2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando constituyen vías de hecho. Reiteración de Jurisprudencia. Los fallos de tutela en sede de revisión proceden de las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La primera concede al amparo al encontrar probada la vía de hecho alegada. La última sustenta su decisión de no conceder el amparo solicitado argumentando que la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en razón de que los principios de rango constitucional de la cosa juzgada y de la autonomía funcional de los jueces, se verían quebrantados si se permitiera que por la figura de la acción de tutela se revisaran las decisiones jurisdiccionales. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional no comparte los argumentos expuestos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues, sí es posible acudir al amparo constitucional contra providencias judiciales cuando se configura vía de hecho o cuando existe violación al debido proceso. De forma reiterada, esta Corporación ha indicado que la acción de tutela procede, de forma excepcional, contra las decisiones judiciales. Al respecto ha sostenido que a pesar de que en la sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, se declararon inexequibles los artículos 11 y 40 del decreto 2591 de 1991, referentes a la acción de tutela contra providencias judiciales, en esta misma providencia la Corte previó la procedencia excepcional de este mecanismo judicial bajo ciertas circunstancias. Así, la Corte ha considerado que la acción de tutela es viable en los casos en que la autoridad judicial ha incurrido en una vía de hecho que afecte derechos constitucionales fundamentales como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, el derecho de defensa, entre otros, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedibilidad consagrados en el artículo 86 Superior. Esta Corporación ha sostenido en reiteradas oportunidades que la vía de hecho judicial tiene ocurrencia cuando se configura un defecto orgánico, sustantivo, fáctico, procedimental o por consecuencia.[1] El defecto orgánico se presenta en los casos en que la decisión cuestionada ha sido proferida por un operador jurídico que carecía de competencia para ello, esto es, cuando el funcionario no es competente para dictar la providencia. Por su parte, el defecto sustantivo tiene lugar cuando la decisión judicial se sustenta en una disposición claramente inaplicable al caso concreto, bien porque se encuentra derogada, porque cuando estando vigente su aplicación resulta inconstitucional frente al caso concreto, o porque estando vigente y siendo constitucional, la misma es incompatible con la materia objeto de la definición judicial o cuando se desconoce el precedente judicial. El defecto fáctico se configura siempre que existan fallas estructurales en la decisión que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso, como puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido –insuficiencia probatoria-, la errada interpretación de las pruebas allegadas al proceso –interpretación errónea- o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho –ineptitud e ilegalidad de la prueba-. A su vez, el defecto procedimental, es imputable al fallador cuando se aparta o desvía del trámite procesal previamente estatuido por la ley para iniciar y llevar hasta su culminación el asunto que se decide. Por último el defecto o vía de hecho por consecuencia, se estructura cuando la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones jurídicas adelantadas por autoridad distinta a quien la profiere, y cuyo manejo irregular afecta de manera grave e injusta derechos o garantías fundamentales. En estos casos, aun cuando la decisión se haya adoptado con pleno acatamiento de la normatividad aplicable y dentro de una valoración juiciosa de las pruebas, la vía de hecho se produce como consecuencia de la negligencia de otras instancias públicas, que obligadas a colaborar con la administración de justicia, por acción o por omisión no lo hacen en forma diligente. Ahora bien, atendiendo al carácter subsidiario y residual que identifica la acción de tutela, su procedencia está determinada no sólo por la existencia de una actuación arbitraria y caprichosa del operador jurídico, que afecte de manera grave los derechos fundamentales de algunas de las partes, sino también se encuentra condicionada a que el ordenamiento jurídico no haya previsto otros recursos o mecanismos de defensa de los derechos afectados que pueden ser invocados por el afectado para lograr su restablecimiento o cuando existiendo aquellos, no sean lo suficientemente eficaces para obtener una protección integral y expedita, en caso que el requerimiento sea inmediato. Con ello se busca prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso ordinario[2], que no se alteren o sustituyan sin razón alguna los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador[3], y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos[4], pues la acción de tutela no ha sido concebida como un mecanismo de defensa supletorio que permita ser invocado para enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni para reivindicar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial[5]. De manera pues, que contra las decisiones arbitrarias y caprichosas de los funcionarios judiciales que sin fundamento objetivo y razonable contradigan los parámetros constitucionales, con la consecuente vulneración de derechos fundamentales, se puede formular el amparo de tutela con la debida demostración del yerro en el que se incurrió en la providencia judicial, correspondiéndole a la Corte verificar la existencia del vicio alegado por el accionante, limitándose a comprobar la existencia de situaciones irregulares desde una perspectiva sustantiva, fáctica, orgánica o procedimental. En consecuencia y como se expresó en sentencia T-701 de 2004 reiterada en sentencia T-1207 de 2004, “la Corte no comparte la fundamentación de la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como juez de tutela. La afirmación universal de que en ningún caso habrá tutela contra sentencias judiciales, en atención a los principios de autonomía judicial y cosa juzgada, con base en la cual justifica su decisión, hace caso omiso de su obligación como juez constitucional, cual es –entre otras- velar porque ninguno de los principios en conflicto sea derogado implícitamente en su decisión. La imposibilidad de eliminar el error humano no implica que el sistema jurídico tenga que descargar sobre los ciudadanos el potencial errático de quienes administran justicia. Por el contrario, el Estado debe diseñar –y de hecho ha diseñado- mecanismos y recursos para subsanar, hasta donde sea posible, tales defectos. Otro de los motivos por los cuales es razonable -y hasta necesario- comprender en el ordenamiento jurídico la posibilidad de interponer tutela contra sentencias judiciales, no es corregir ad infinitum las fallas que comprendan las providencias, sino unificar los parámetros y lineamientos interpretativos de los derechos fundamentales por parte de un solo ente (la Corte Constitucional) de tal manera que en su respeto y protección queden comprendidos no solamente los jueces de tutela y el Tribunal constitucional, sino todos los entes que administran justicia en el Estado”[6]. 3. Problema jurídico ¿Procede la acción de Tutela contra la decisión de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagué, dictada dentro del proceso Ordinario de Responsabilidad Civil Extracontractual que inició el aquí demandante contra la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P. mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo – Tolima- que había declarado civilmente responsable a la sociedad demandada de los daños causados al cultivo de algodón del accionante a consecuencia de las inundaciones ocurridas durante los días 1 al 5 de abril de 1994 y se había condenado al demandante al pago de los perjuicios causados, porque supuestamente los daños se habían ocasionado como consecuencia de una fuerza mayor y caso fortuito, a pesar de que en el expediente obraban elementos probatorios que no fueron valorados y tenidos en cuenta por el Tribunal? 4. Solución al problema jurídico. La vía de hecho en el caso concreto. Procede esta Sala a revisar el pronunciamiento de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagué, objeto de la acción de tutela, frente a la vía de hecho alegada por el accionante, consistente en la revocatoria de la decisión proferida por el Juzgado 2 Civil del Circuito del Guamo – Tolima- . Según el peticionario, la vía de hecho radica en que la Magistrada ponente no tuvo en cuenta que ya en otras oportunidades y en sala de la que ella formaba parte se habían pronunciado sentencias por pretensiones y hechos semejantes a los ocurridos del 1 al 5 de abril de 1994, decisiones en las cuales se confirmaba la declaratoria de responsabilidad de la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P. y se declaraban no probadas las excepciones de Fuerza Mayor y Caso Fortuito. Además que no se tuvo en cuenta las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil al resolver algunos recursos de Casación en demandas por hechos y pretensiones semejantes al aquí debatido. De los documentos allegados como prueba en la presente acción se destacan los siguientes: - De folios 187 a 200 copia de la decisión del Juzgado 2 Civil del Circuito del Guamo en el proceso objeto de tutela, donde se indica que tratándose de actividades peligrosas, se parte de la presunción de culpas, debiendo demostrar el extremo pasivo que actuó con diligencia y cuidado. Que se demostró que la Central Hidroeléctrica no tomó las medidas que tenía a su alcance para prevenir y evitar la avalancha del río, por lo que no es admisible que por el solo efecto de los aguaceros se produjera un hecho de la naturaleza imposible de prever. - De folios 201 a 223 obra decisión atacada por vía de tutela, de fecha Junio nueve (9) de 2003, en la cual se indica que la central demandada en su accionar estuvo ajustado a todos los requerimientos y previsiones técnicas estipuladas en el manual de funcionamiento y ceñido diligentemente a precaver o disminuir el riesgo dañoso que su actividad causa y que sobrevino el hecho imprevisible a irresistible constitutivo de fuerza mayor consistente en las precipitaciones pluviométricas en la región. - A folios 224 a 273, obra sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 21 de Octubre de 2003, al resolver un recurso de Casación interpuesto por la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. contra la sentencia proferida por el Distrito Judicial de Ibagué Sala Civil en el proceso Ordinario de Josué Antonio Pérez Figueroa, proceso en el cual se solicitó se declarara responsable a la citada central por los daños causados con ocasión de la inundación de cultivos presentada por la apertura de las compuertas durante los días 6 a 9 de Julio de 1989. - A folios 274 a 307 obra sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 27 de Marzo de 2003, al resolver un recurso de Casación interpuesto por la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. contra la sentencia proferida por el Distrito Judicial de Ibagué Sala Civil en el proceso Ordinario de Roque Oyola Vera, proceso en el cual se solicitó se declarara responsable a la citada central por los daños causados con ocasión de la inundación de cultivos presentada por la apertura de las compuertas durante los días 6 a 9 de Julio de 1989. - A folios 308 a 343 obra sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 3 de Marzo de 2004, al resolver un recurso de Casación interpuesto por la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. contra la sentencia proferida por el Distrito Judicial de Ibagué Sala Civil en el proceso Ordinario de Aparicio Ibarra Pichina, proceso en el cual se solicitó se declarara responsable a la citada central por los daños causados con ocasión de la inundación de cultivos presentada por la apertura de las compuertas durante los días 6 a 9 de Julio de 1989. De las tres anteriores decisiones se deduce que lo fueron por los hechos ocurridos en los días 6 a 9 de julio de 1989, en donde fueron denegadas las pretensiones de la parte demandada y en las cuales se determinó que la creciente de las aguas si era previsible y superable independiente del fenómeno natural, máxime que no tuvo diligencia pues mantuvo la cota por encima de los niveles adecuados. - A folios 368 a 378 copia de la decisión del tribunal accionado, proferida el 12 de febrero de 2001, en el proceso ordinario de Ricardo Eduardo Villegas y otro contra la citada central hidroeléctrica, providencia que confirmó la sentencia condenatoria al demandado por los daños ocasionados con ocasión de la apertura de las compuertas y las inundaciones presentadas durante los días 1 a 5 de abril de 1994. En dicha decisión actuó como integrante de la sala la Magistrada ponente del fallo hoy acusado, sin que haya efectuado reparo alguno mediante salvamento o aclaración de voto a la decisión adoptada. - A folios 380 a 401 copia de otra decisión del Tribunal accionado, proferida el 27 de febrero de 2004 en el proceso ordinario de Gabriel Tao Ibarra y Otros contra la citada central hidroeléctrica, por medio de la cual se confirmó y reformó la sentencia mediante la cual se había declarado responsable de los daños morales y materiales causados con la apertura de las compuertas de la citada represa y la consiguiente inundación producida durante los días 1 a 5 de abril de 1994. - Finalmente de folios 402 a 415 copia de la decisión de Segunda Instancia proferida el 19 de Marzo de 2004 por el Tribunal accionado, mediante la cual se confirma la declaratoria de responsabilidad de la central por los mismos hechos indicados antes, en el proceso ordinario de Juan Angel Oyola. En las tres decisiones anteriores se observa que las causas y los hechos fueron los mismos y ocurrieron en la misma época, es decir las inundaciones que se presentaron durante los días 1 a 5 de abril de 1994 lo fueron a consecuencia de la apertura de las compuertas de la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. En tales actuaciones judiciales la demandada propuso como defensas las excepciones de “Fuerza Mayor y Caso fortuito” que fueron desestimadas al encontrarse que hubo negligencia y falta de pericia en el manejo del nivel del embalse, al no advertir que se acercaban épocas de precipitaciones. Para la resolución final de la materia sujeta a examen en este fallo, resulta imprescindible hacer referencia a los límites de la autonomía judicial. En efecto, aunque la Carta Política reconoce la independencia de los jueces, no por ello sus decisiones pueden desligarse de los principios y valores constitucionales. Así las cosas, decisiones anteriores de la Corte identifican entre los criterios ordenadores de la función jurisdiccional, derivados de las dimensiones de la autonomía judicial, dos fronteras definidas: (i) El respeto al precedente jurisprudencial y (ii) La observancia de las reglas de validez de la labor hermenéutica propia de la decisión judicial. En lo que hace referencia al primero de los límites[7], la justificación del deber que tienen los jueces de respetar su propio precedente y el originado en la jurisprudencia de los altos tribunales radica en la necesidad de proteger múltiples bienes constitucionales que se verían vulnerados si se extendiera el alcance de la autonomía judicial a un grado tal que permitiera el desconocimiento de dichas actuaciones. Entre ellos, la vigencia del principio de igualdad, en sus variantes de igualdad ante la ley, en la aplicación de la misma e igualdad de protección y trato por parte de las autoridades (Art. 13 C.P.) que compele a los funcionarios judiciales a decidir con los mismos parámetros casos similares, so pena de alterar el deber de imparcialidad al que se hizo referencia y afectar así la efectividad de los derechos fundamentales constitucionales, materializada en las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Igualmente, el respeto al precedente es presupuesto necesario para garantizar la seguridad jurídica, postulado que permite la estabilidad de la actividad judicial, reconociendo con ello que los asociados tengan cierto nivel de previsibilidad en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico y, de este modo se asegure la vigencia de un orden justo.[8] La realización del principio de seguridad jurídica, además, está relacionada con la buena fe (Art. 83 C.P.) y la confianza legítima, en el entendido que las razones que llevan a los jueces a motivar sus fallos determinan el contorno del contenido de los derechos y las obligaciones de las personas, la forma de resolución de las tensiones entre los mismos y el alcance de los contenidos normativos respecto a situaciones de hecho específicas, criterios que hacen concluir que la observancia del precedente jurisprudencial constituye un parámetro válido para efectuar un ejercicio de control sobre la racionalidad de la decisión judicial. Aplicado lo anterior al caso concreto se tiene que la providencia atacada se profirió el 9 de junio de 2003, sin tener en cuenta que en un caso idéntico por los mismos hechos y siendo la misma parte demandada, el Tribunal en sentencia de Febrero 12 de 2001, con intervención de la Magistrada Ponente en la decisión cuestionada y sin que existiera, como se dijo anteriormente manifestación de inconformidad con la providencia por medio de aclaración o salvamento de voto a la providencia, confirmó una decisión en la cual se declaraba la responsabilidad de la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P. y no aceptaba como eximente de responsabilidad la excepción propuesta de Exoneración de responsabilidad junto con sus elementos de “Fuerza Mayor y Caso Fortuito” que fue propuesta en esa oportunidad. En la sentencia de Junio 9 de 2003, siendo la misma demandada, los mismos hechos y habiéndose propuesto la misma excepción, sin razón valedera alguna dicha corporación concluyó de forma diferente a como se había pronunciado anteriormente. No justificó en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, de manera suficiente y adecuada su cambio de decisión con respecto a la anterior. Tan cierto es lo anterior, que aún después de proferida la sentencia cuestionada, y en procesos por los mismos hechos, dicho Tribunal ha manifestado en sentencias de febrero 27 y marzo 19 de 2004 asentimiento a la responsabilidad de la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P. por los daños causados debido a las inundaciones, procesos en los cuales también se propuso como defensa la exoneración de responsabilidad. Ha de precisarse que las copias de las providencias que declararon la responsabilidad de la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P. por los hechos ocurridos en los días 6 a 9 de Julio de 1989 y allegadas al proceso, no se pueden tener en cuenta como antecedente, en consideración a que los hechos por los cuales se condenó a la Central Hidroeléctrica en la decisión cuestionada lo fueron durante los días 1 a 5 de abril de 1994, acontecimientos ocurridos en circunstancias diferentes a los planteados en las decisiones allegadas. De lo anterior se desprende que el Tribunal accionado incurrió en una vía de hecho al no tener en cuenta una decisión en idéntico sentido para la resolución de un caso de características semejantes y apartarse de esa sin explicación razonable y adecuada. Es decir, no encuentra esta Sala hecho que indique que en el proceso objeto de esta acción los daños se produjeron por una fuerza mayor o caso fortuito, habiéndose producido en las mismas circunstancias de hecho. De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida en el proceso de la referencia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, confirmará la aprobada por la Sala de Casación Civil de la misma Corporación, III. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- Tutelar el derecho al debido proceso a Arturo Hernández Tole en la acción de tutela promovida contra la Sala Civil Familia del Tribunal superior del Distrito Judicial de Ibagué. Segundo.- Revocar la sentencia proferida en el proceso de la referencia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, Confirmar la sentencia emitida en el mismo proceso por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Tercero.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Magistrado Ponente RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado MARCO GERARDO MONROY CABRA Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias: T-327 de 1994, SU-014 de 2001, T-1001 de 2001, T-1180 de 2001, T-705 de 2002, T-852 de 2002, T-1192 de 2003, T-701 de 2004, T-066 de 2005. [2] Sentencia T-001de 1999, MP. José Gregorio Hernández Galindo. [3] Sentencia SU-622 de 2001, MP. Jaime Araújo Rentería. [4] Sentencia T-116 de 2003 MP. Clara Inés Vargas Hernández. [5] Sentencias C-543 de 1992, T-329 de 1996, T-567 de 1998, T-511 de 2001, SU-622 de 2001 y T-108 de 2003. [6] Sentencia T-701/04, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. [7] Sentencia C-836/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Igualmente se puede consultar la sentencia SU-120/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis. [8] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-836/01, M.P. Rodrigo Escobar Gil.