Sentencia T-432 de 2014

T-432-14 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-432/14 DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Marco constitucional y legal DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y ASIGNACION PREFERENTE DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA A PERSONAS VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO MODIFICACION DEL ORDEN DE CALIFICACION PARA LLEVAR A CABO ASIGNACION PREFERENTE DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA PARA POBLACION DESPLAZADA La asignación preferente de subsidios de vivienda a través de la acción de tutela saltándose el procedimiento utilizado por la administración y las consideraciones tenidas en cuenta para determinar el orden de asignación de los subsidios, puede acarrear que los ciudadanos acudan sistemáticamente a la acción de tutela por estimar que dicho mecanismo de amparo constitucional es el único instrumento que poseen para agilizar la asignación del subsidio omitiendo dicho proceso y orden de priorización, a pesar de que en la mayoría de casos la demora en el desembolso de las ayudas se deba a la falta de disponibilidad presupuestal y a la inexistencia de programas de vivienda vigentes, independientemente de que se acuda o no a la interposición de la acción de tutela. No obstante lo arriba dilucidado y sin perjuicio de que, como ya se dijo, por regla general el juez constitucional no pueda alterar o modificar el orden secuencial descendente de asignación de los subsidios de vivienda, de acuerdo con la jurisprudencia existen ciertos eventos excepcionales en los que el juez de tutela puede intervenir en el proceso de postulación, calificación y asignación del beneficio en comento. Así entonces, estos escenarios se podrían distinguir de la siguiente manera: (i) Siempre que el hogar postulado al subsidio familiar de vivienda alegue una equivocación relevante a) en la aplicación de los criterios y variables de calificación para efectuar las asignaciones de los subsidios de vivienda, b) en la fórmula para la calificación de los mismos, o c) en el uso de los parámetros establecidos para su asignación, y efectivamente el juez evidencie la existencia de dicho error, la acción de amparo servirá para ordenar a la autoridad competente corregir dicho defecto y ejecutar la calificación o asignación conforme a ello. (ii) Cuando el hogar postulado al subsidio familiar de vivienda invoque la presencia de un hecho que no haya sido valorado por la entidad competente al momento de realizar la calificación de la postulación y asignación del subsidio, o la ocurrencia de uno nuevo que pueda tener la potencialidad de alterar el puntaje de calificación obtenido, el juez de tutela, si así lo encuentra probado o le genera una duda razonable, ordenará una nueva calificación que pondere aquello. (iii) Cuando en un caso concreto existan una serie de circunstancias que le planteen al juez constitucional una situación límite y apremiante que requiera de medidas urgentes, pues el accionante aparte de buscar la garantía efectiva de su derecho a la vivienda digna, ponga de manifiesto una vulneración grave a otro derecho fundamental que lo sitúe en una posición de debilidad y vulnerabilidad frente a riesgos especiales, la cual sólo se pueda superar principal, considerable y directamente con la disposición de un lugar digno para habitar, el fallo de tutela debe ordenar a la administración brindar un trato preferencial y otorgar a la asignación del subsidio la más alta prioridad posible. Incluso, dependiendo el caso que se analice y las circunstancias límite o extremas que estén de por medio, el juez constitucional podrá conceder otra clase de medidas transitorias de protección mientras se otorgue el subsidio conforme a la priorización establecida, que además de no afectar el derecho a la igualdad de los otros hogares postulantes, puedan llegar a ser más eficaces para la salvaguarda inmediata de los derechos fundamentales vulnerados, ya que en principio, incluso la orden encaminada a priorizar la asignación de la ayuda se ve limitada por la disponibilidad de recursos económicos y por la duración de la planeación y construcción de proyectos de vivienda promovidos por el Estado Referencia: expedientes acumulados (i) T-4.227.754, (ii) T-4.241.026, (iii) T-4.244.703, (iv) T-4.249.161 y (v) T-4.250.229. Acciones de tutela instauradas por: (i) José Anselmo Mora Ramírez; (ii) Reinalda Sánchez Cabrera; (iii) Bleidys del Carmen Rodríguez Lastre; (iv) Martha Esther Rivero Vergara; y (v) Sandra Milena Suárez Hernández. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá, D.C., julio tres (03) de dos mil catorce (2014). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos de tutela dados dentro de los procesos de tutela de la referencia[1]. I. ANTECEDENTES Los accionantes instauraron acciones de tutela en contra del Fondo Nacional de Vivienda (en adelante FONVIVIENDA) y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la vida y a la igualdad, los cuales consideran que están siendo vulnerados por las entidades accionadas al no otorgarles un subsidio para la adquisición de vivienda nueva. 1. Expediente T-4.227.754 1.1. Hechos y pretensiones 1.1.1. El señor José Anselmo Mora Ramírez, víctima del desplazamiento forzado, se postuló en el año 2007 a una convocatoria realizada por FONVIVIENDA, dirigida a la población desplazada, cuyo propósito era el pago de subsidios para la adquisición de vivienda nueva o usada. 1.1.2. El día 15 de agosto de 2013, el accionante radicó una petición ante FONVIVENDA solicitando la concesión del subsidio en mención y la fecha en la que dicha ayuda se le brindaría. 1.1.3. Mediante un oficio fechado de agosto de 2013, dirigido y notificado al tutelante, la entidad accionada le informó acerca de su estado de postulación al subsidio familiar. En dicha respuesta, FONVIVIENDA le manifestó que su hogar se encuentra “calificado”, por cumplir con los requisitos y condiciones necesarias exigidas para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda. No obstante lo anterior, informó que teniendo en cuenta la cantidad de los hogares que están en estado “calificado”, FONVIVIENDA no puede ofrecer una fecha probable de asignación del subsidio, pues los procedimientos se realizan en condiciones de igualdad, en estricto cumplimiento de los puntajes de calificación obtenidos por los hogares postulados, y según la capacidad presupuestal existente. 1.1.4. Con fundamento en lo antes dicho, el accionante solicitó al juez de tutela ordenar la asignación del subsidio de vivienda y su inclusión en los programas de vivienda ofrecidos por el Gobierno Nacional. 1.2. Contestación de la tutela FONVIVIENDA, a través de su apoderado especial, solicitó negar el amparo deprecado en la acción de tutela, pues consideró que no se ha vulnerado garantía fundamental alguna, ya que los 10 procesos de asignación realizados hasta el momento se han ejecutado en condiciones de igualdad de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a la calificación obtenida por cada postulante, motivo por el cual, la entidad no puede ofrecer a los hogares calificados fecha probable de asignación del subsidio, y debe garantizar los derechos al debido proceso y a la igualdad de todos los postulantes que ostentan el estado “calificado”. Adicionalmente, adujo que a la convocatoria realizada en el año 2007 para acceder al subsidio familiar de vivienda, se postularon 220,831 hogares en situación de desplazamiento, de los cuales a 81,574 se les ha asignado el subsidio, a otros cuantos se les rechazó, y aproximadamente 64,994 hogares que acreditaron, como el actor, los requisitos para acceder al subsidio, se encuentran en estado “calificado”. 1.3. Decisiones de instancia El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia del 21 de octubre de 2013, decidió no acceder a las pretensiones del accionante, pues advirtió que las funciones de FONVIVIENDA, sus políticas y los requisitos exigidos para beneficiarse de los subsidios de vivienda, se encuentran regulados por la ley y otras disposiciones reglamentarias emitidas por el Gobierno, razón por la cual consideró que el juez de tutela no podría ordenar lo pretendido por el actor. Posteriormente, luego de ser impugnado aquel fallo, el día 06 de diciembre de 2013 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. confirmó la decisión de primera instancia aduciendo argumentos similares a los expuesto por el a quo, y considerando que la entidad demandada proporcionó al señor Mora Ramírez una respuesta detallada y completa a su petición, comunicándole las razones que hacían improcedente su solicitud. 2. Expediente T-4.241.026 2.1. Hechos y pretensiones 2.1.1. La señora Reinalda Sánchez Cabrera, víctima del desplazamiento forzado, se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas desde el 16 de mayo de 2006 como jefe de hogar de su núcleo familiar[2]. 2.1.2. Como consecuencia de una convocatoria realizada por FONVIVIENDA y dirigida a la población desplazada, desde el 09 de julio de 2007 la demandante se encuentra en estado “calificado” a la espera de la asignación de un subsidio para vivienda nueva o usada. 2.1.3. La señora Sánchez Cabrera afirmó que hasta el momento el Estado no ha dado ninguna respuesta al problema de vivienda que la agobia como desplazada, el cual, a su juicio, requiere de soluciones prontas, más aún si se tiene presente el estado de salud en el que se encuentra[3]. 2.1.4. En virtud de lo antes dicho, la actora solicitó al juez constitucional ordenar una solución inmediata en cuanto al acceso al subsidio de vivienda se refiere. 2.2. Contestación de la tutela La representante judicial de la UARIV afirmó que la entidad en ningún momento ha vulnerado o amenazado algún derecho fundamental de la actora, pues ha estado presta a suministrar la atención humanitaria por ella requerida, tanto así que se le generó un turno el 27 de junio de 2013 para que la misma, de ser procedente, fuera colocada a disposición de la accionante en el Banco Agrario aproximadamente en el mes de febrero de 2014 (es decir, cuatro meses después de haber sido interpuesta la acción de tutela). Adicionalmente, con el propósito de satisfacer el componente de alimentación del núcleo familiar de la demandante y realizar el pago de la ayuda, se caracterizó su caso y se remitió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[4]. Respecto de la solicitud del subsidio de vivienda, manifestó que este debe ser otorgado por el Gobierno Nacional haciendo uso de recursos del Fondo Nacional de Vivienda, motivo por el cual, la UARIV no es la entidad encargada de desarrollar los programas especiales de vivienda para atender las necesidades de la población desplazada, más aún si se tiene en cuenta que la ley no le otorga competencias específicas para el otorgamiento de subsidios de vivienda. 2.3. Decisiones de instancia El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Ibagué, previo haber vinculado de oficio al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social[5], decidió[6] no acceder a la pretensión elevada por la accionante, pues no evidenció ninguna vulneración a sus derechos fundamentales; por el contrario, adujo que se le ha garantizado la atención humanitaria incluyendo el componente alimentario que en ocasiones anteriores ha recibido; no obstante, sugirió a la actora realizar los trámites respectivos con el fin de acceder al subsidio de vivienda, ya que no encontró que la misma hubiera materializado alguna actuación encaminada a obtener la ayuda en comento. Luego de ser impugnada la decisión atrás referida, el Tribunal Administrativo del Tolima, a través de sentencia del 19 de noviembre de 2013, confirmó el fallo de primera instancia bajo los mismo argumentos del a quo. 3. Expediente T-4.244.703 3.1. Hechos y pretensiones 3.1.1. La señora Bleidys del Carmen Rodríguez Lastre se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas desde el 12 de septiembre de 2005 producto del desplazamiento forzado al que se vio sometida junto con su núcleo familiar[7]. 3.1.2. La actora se postuló en el año 2007 a una convocatoria realizada por FONVIVIENDA, dirigida a la población desplazada, cuyo propósito era el reconocimiento de subsidios para la adquisición de vivienda nueva o usada. 3.1.3. Como consecuencia de la postulación a la convocatoria en comento, la accionante se encuentra en estado “calificado” a la espera de la asignación de un subsidio para vivienda nueva. 3.1.4. No obstante lo anterior, la demandante afirmó que no ha recibido ningún tipo de subsidio de vivienda, situación que se agrava, según lo manifestó, con su estado de salud, los bajos ingresos mensuales que percibe, y el arriendo que tiene que sufragar para acceder a un lugar de habitación[8]. 3.1.5. Con fundamento en lo expuesto, la señora Rodríguez Lastre solicitó al juez de tutela ordenar, a la mayor brevedad posible, la autorización y entrega de una vivienda o un subsidio de vivienda para ella y su núcleo familiar. 3.2. Contestación de la tutela La apoderada especial de FONVIVIENDA solicitó negar el amparo deprecado en la acción de tutela, pues consideró que la entidad no ha vulnerado ningún derecho fundamental, y por el contrario, ha realizado, dentro del ámbito de sus competencias, todas las actuaciones necesarias para garantizar el beneficio habitacional a los hogares en situación de desplazamiento que han cumplido con los requisitos establecidos para obtener la ayuda. En lo que concierne al caso concreto, afirmó que la asignación del subsidio pretendido por la tutelante se debe hacer teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal existente para su otorgamiento y la calificación obtenida por los demás postulantes, pues de lo contrario se vulneraría el derecho a la igualdad de 3,872 hogares que, al igual que el de la señora Rodríguez Lastre, están en estado “calificado” a la espera del subsidio de vivienda, y se sitúan entre el puntaje mínimo asignado en el departamento de Santander y el puntaje del hogar de la accionante. Por su parte, la UARIV, a través de su representante judicial, informó que en ningún momento ha negado o desconocido los derechos que como persona en situación de desplazamiento tiene la accionante, más aún si se tiene en cuenta que para ella y su núcleo familiar se programó el suministro de Atención Humanitaria en materia de alojamiento transitorio y asistencia alimentaria por tres meses, el cual está pendiente de giro. 3.3. Decisión de instancia El Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga, mediante sentencia del 31 de octubre de 2013, decidió no tutelar los derechos fundamentales supuestamente vulnerados a la peticionaria, por cuanto no advirtió que en efecto hubiera una amenaza o transgresión de los mismos, ya que consideró que las entidades accionadas han cumplido con el trámite dispuesto para la obtención de la ayuda pretendida por la accionante, y se ha respetado el orden de priorización para otorgar los subsidios de vivienda asignados. 4. Expediente T-4.249.161 4.1. Hechos y pretensiones 4.1.1. La señora Martha Esther Rivero Vergara, víctima del desplazamiento forzado, se postuló en el año 2007 a una convocatoria realizada por FONVIVIENDA, dirigida a la población desplazada, cuyo propósito era el reconocimiento de subsidios para la adquisición de vivienda nueva o usada. Como consecuencia de la postulación a la convocatoria en comento, la peticionaria quedó en estado “calificado”. 4.1.2. Posteriormente, en el mes de marzo de 2013, el hogar de la señora Rivero Vergara se postuló a otra convocatoria cuyo fin era la obtención de viviendas de interés prioritario a título de subsidio en especie; sin embargo, como durante el proceso se encontró que la actora no cumplía con la totalidad de los requisitos para la asignación del mismo, pues era propietaria de un inmueble, no se le otorgó la mencionada ayuda[9], y su hogar continuó en estado “calificado” al interior de la convocatoria realizada en el año 2007, a la espera de la asignación de un subsidio para vivienda nueva o usada. 4.1.3 Con fundamento en lo anterior, la accionante solicitó al juez de tutela ordenar su inclusión en la lista de beneficiarios del subsidio de vivienda pretendido para que se lleve a cabo la asignación de la ayuda en comento. 4.2. Contestación de la tutela FONVIVIENDA, a través de su apoderado especial, solicitó negar el amparo deprecado en la acción de tutela al afirmar que no ha vulnerado ninguna garantía fundamental, ya que los procesos de asignación de los subsidios de vivienda llevados a cabo hasta el momento, se han realizado respetando el derecho a la igualdad de los demás postulantes, que como la actora, están en estado “calificado”, esperando la asignación del mismo. Lo anterior, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a la calificación obtenida por cada hogar, motivo por el cual, la entidad no puede ofrecer a los hogares calificados fecha probable de asignación del subsidio[10] y debe garantizar los derechos al debido proceso y a la igualdad de todos los sujetos que ostentan el mismo estado de la peticionaria y cuentan con distinto puntaje de calificación. 4.3. Decisión de instancia El Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, a través de sentencia del 21 de noviembre de 2013, no encontró procedente la acción de tutela interpuesta por la señora Rivero Vergara, argumentando que la actora no utilizó diligente y oportunamente los recursos administrativos contra la Resolución que no le asignó el subsidio familiar de vivienda en especie en el marco del Programa de Vivienda Gratuita al interior del proyecto Nueva Esperanza de Soledad en el Departamento del Atlántico, motivo por el cual el amparo pretendido, según lo adujo el juez, desconoce la naturaleza subsidiaria de este mecanismo y pretende revivir términos que la misma accionante dejo fenecer. 5. Expediente T-4.250.229 5.1. Hechos y pretensiones 5.1.1. La señora Sandra Milena Suárez Hernández se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas desde el 10 de febrero de 2009 como consecuencia del desplazamiento forzado que sufrió junto con su núcleo familiar[11]. 5.1.2. La demandante afirmó que pese a su situación prolongada en el tiempo como desplazada, las autoridades competentes no le han dado solución al problema de vivienda que la afecta, pese a las convocatorias abiertas para otorgar los subsidios familiares y los procesos de asignación hasta ahora ejecutados. 5.1.3. Como consecuencia de lo anterior, la señora Suárez Hernández solicitó al juez constitucional ordenar una solución inmediata y una materialización de beneficios que permitan garantizar el acceso a un subsidio de vivienda. 5.2. Contestación de la tutela La UARIV, por intermedio de un representante judicial, simplemente afirmó que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la actora, ni ha desconocido las prerrogativas que la peticionaria tiene como persona en situación de desplazamiento, puesto que dentro de sus competencias no está la de entregar ayudas encaminadas a la adquisición y adjudicación de tierras, ni tampoco la de otorgar subsidios de vivienda de interés social rural y urbana. 5.3. Decisiones de instancia El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué, a través de fallo de tutela dictado el 28 de octubre de 2013, decidió no acceder a la pretensión elevada por la demandante, pues no evidenció una acción efectiva de la señora Suárez Hernández dirigida a postularse en alguna de las convocatorias de vivienda citadas por el Gobierno Nacional, circunstancia que consideró indispensable para conceder la protección del derecho a la vivienda pretendido dada su naturaleza prestacional y progresiva, pues consideró que el mecanismo de amparo constitucional no se puede activar ante la inactividad de los accionantes. Luego de que la accionante impugnara la decisión atrás mencionada, la Sala Civil-Familia de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, a través de sentencia del 05 de diciembre de 2013, confirmó el fallo de primera instancia, aduciendo argumentos similares a los expuestos por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad. II. CONSIDERACIONES y fundamentos 1. Competencia Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de los expedientes de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política[12]. 2. Procedencia de la acción de amparo constitucional. La acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional encaminado a la protección inmediata y concreta de los derechos fundamentales, en los eventos en los que no exista otro medio de defensa judicial, o en los que aun existiendo, éstos (i) no sean idóneos y eficaces para garantizarlos, o (ii) no tengan la potencialidad para evitar un perjuicio irremediable[13]. Así pues, en caso que exista un mecanismo de defensa judicial alternativo pero se dé el primer evento, el amparo constitucional será definitivo; y por el contrario, de presentarse el segundo escenario, la eventual protección tendrá un carácter transitorio, y estará condicionada a que el tutelante inicie la acción judicial correspondiente dentro de un término de 4 meses, so pena que caduquen los efectos del fallo de tutela. Ahora bien, en lo concerniente al derecho a la vivienda digna, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación general número 4 afirmó que éste se satisface cuando se dispone de un lugar donde poderse aislar si se desea, que constituya un espacio adecuado dotado de una seguridad, iluminación e infraestructura apropiadas y que cuente con servicios básicos, todo ello a un costo razonable. En similar sentido, esta corporación ha considerado que el derecho en comento implica que todo sujeto pueda “contar con un lugar para pasar las noches, resguardarse de las adversidades del clima, y tener un espacio elemental de privacidad que a su vez le permita salvaguardar su dignidad, y sus demás derechos y libertades”[14]. Así pues, para exigir el reconocimiento de este derecho, se debe tener en cuenta que hay obligaciones a cargo del Estado de carácter progresivo, pues la las prestaciones constitutivas del derecho a la vivienda digna, por regla general, aparte de la complejidad propia, no se logran en un periodo de tiempo breve, ya que demandan una gran inversión social que se ve menguada por la escasez de recursos.[15] No obstante lo anterior, también existen ciertas obligaciones asociadas al derecho a la vivienda digna que se deben cumplir en un corto plazo o de manera inmediata para garantizar contenidos mínimos y esenciales de satisfacción del mismo. En este orden de ideas, diseñar programas encaminados a lograr una cobertura amplia del derecho en cuestión, no discriminar injustificadamente a ningún titular, proteger especialmente a sujetos en circunstancias de vulnerabilidad y no retroceder o interferir arbitrariamente en el nivel de protección alcanzado, constituyen algunas de las referidas obligaciones[16]. En virtud de lo antes expuesto, esta Sala de Revisión considera que la gradualidad con que se da cobertura al derecho a la vivienda digna impide que cualquier mecanismo judicial pueda garantizar de manera directa, inmediata y concreta la seguridad jurídica, disponibilidad, sostenibilidad, habitabilidad, asequibilidad y adecuación espacial de una vivienda digna a todas las personas, pues tal y como se indicó, el cumplimiento de las obligaciones progresivas hacen parte de un esfuerzo mancomunado del Estado para lograr la efectividad de esta garantía. Sin embargo, para la protección mínima y esencial del derecho a la vivienda digna susceptible de ser proporcionada a través de ciertas obligaciones susceptibles de ser cumplidas en un corto plazo o de manera inmediata, resulta viable la puesta en marcha de un medio de defensa judicial como la acción de tutela, pues en efecto, este mecanismo tendrían la potencialidad de garantizar el carácter urgente, prioritario e impostergable con que dicha protección se debe otorgar, siempre y cuando la situación desfavorable como consecuencia de la presunta afectación del derecho sea actual y requiera una salvaguarda inmediata. . Teniendo en cuenta lo anterior, y descendiendo a los casos objeto de estudio, la Sala de Revisión considera que la acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para examinar la presunta vulneración o amenaza del derecho a la vivienda digna de los accionantes, puesto que las pretensiones giran en torno al diseño de una política pública trazada anteriormente y que el Gobierno Nacional estableció a partir de una convocatoria realizada en el año 2007 encaminada a proteger especialmente a sujetos en circunstancias de vulnerabilidad (las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia), a través de un subsidio familiar de vivienda cuya asignación prioritaria pretenden los accionantes, pues de lo contrario la espera de la ayuda continuaría y mantendría actual la falta de acceso al beneficio. En consecuencia, la Sala pasará a plantear y desatar el problema jurídico constitucional, para así verificar si existe, o no, una amenaza a las garantías fundamentales de cada uno de los accionantes. 3. Planteamiento del problema jurídico constitucional Corresponde a la Sala resolver si FONVIVIENDA amenaza o vulnera el derecho fundamental a la vivienda digna de los accionantes por no asignarles de manera inmediata el subsidio económico para la adquisición de vivienda, o no darles prioridad en la asignación del mismo. Para resolver este problema jurídico, la Sala, en primer lugar, abordará el derecho a la vivienda digna de las personas víctimas del desplazamiento, en segundo lugar, se referirá a la modificación del orden de calificación para llevar a cabo la asignación preferente de subsidios de vivienda dirigidos a la población desplazada. Y en tercer y último lugar, realizará un análisis de los casos concretos objeto de estudio. 4. El derecho a la vivienda digna de las personas víctimas del desplazamiento. Tal y como se enunció anteriormente, el derecho a una vivienda digna, contenido en el artículo 51 de la Constitución Política[17], tiene un contenido prestacional que implica un desarrollo progresivo sin que sea posible, en principio, que proceda una satisfacción inmediata a todas las personas que demanden su protección[18]. No obstante lo anterior, con el desarrollo de la jurisprudencia constitucional, la percepción del derecho a la vivienda digna ha contemplado ciertos escenarios dentro de los cuales, a pesar de su contenido prestacional y progresivo, existe la necesidad de protegerlo de manera inmediata y concreta por tratarse de un derecho subjetivo, como por ejemplo, cuando existan situaciones en las que un determinado sujeto pueda reclamar del Estado la ejecución de una prestación específica a su favor de forma directa. Ahora bien, en lo que respecta al derecho a la vivienda digna de personas desplazadas por la violencia, es una obligación del Estado proporcionar a esta población un nivel adecuado de vida dentro del que exista, entre otras, la garantía del derecho en comento[19]. Es así como la Ley 387 de 1997[20] dispuso a cargo del Estado el deber de proporcionar el acceso directo de la población desplazada a la oferta social del gobierno, [de] programas relacionados con […] vivienda urbana y rural”[21]. A pesar del amparo legal otorgado a las víctimas del desplazamiento forzado, en la sentencia T-025 de 2004[22] esta Corte estudió la política de atención a dicha población, y encontró que el Estado estaba omitiendo, de forma masiva, reiterada y prolongada, otorgarles una protección eficaz y oportuna, ya que había un problema estructural que perjudicaba a toda la política de atención trazada por las autoridades públicas, pues no habían suficientes recursos y existía poca capacidad institucional para ponerla en marcha, situación que vulneraba sus derechos fundamentales. Motivo por el cual, en dicha oportunidad declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional y emitió órdenes complejas[23], para que dentro de un plazo prudencial se pusiera fin a los obstáculos que afectaban la política de atención a los desplazados por la violencia. Por lo anteriormente expuesto, esta colegiatura ha proferido varios autos de seguimiento al cumplimiento de la sentencia arriba citada. En relación con el asunto objeto de análisis, resulta importante traer a colación algunas de estas providencias, como por ejemplo el Auto 008 de 2009, en el que se ordenó a las autoridades públicas competentes reformular la política de vivienda para la población víctima del desplazamiento forzado, pues habían ciertas falencias en dicha política pública que no permitían “proteger el goce efectivo de los derechos de las víctimas del desplazamiento en un tiempo razonable”[24]. Así pues, dando cumplimiento a las órdenes impartidas en el Auto 008 de 2009, dirigidas a ejecutar una nueva formulación de la política pública de vivienda digna para la población desplazada, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4911 de 2009[25], mediante el cual sostuvo la política de protección de este derecho a través de subsidios, pero cambió aspectos relacionados con las entidades otorgantes, las modalidades de aplicación, y el valor de las ayudas. De igual forma, el acto administrativo en comento estableció que “la población en situación de desplazamiento beneficiaria del Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por el Gobierno a través del Fondo Nacional de Vivienda, podrá aplicar el beneficio en cualquier municipio del país o tipo de solución de vivienda, tanto en zona urbana como rural, independiente de la modalidad a la cual se postuló o en la cual le fue asignado el subsidio (…)”[26] Posteriormente, con el Decreto 4213 de 2011, el Gobierno cambió los criterios de calificación y las variables a ponderar para efectuar las asignaciones de los subsidios de vivienda para hogares desplazados que se postularon a una convocatoria realizada por FONVIVIENDA en junio del año 2007[27]. El mismo acto administrativo también modificó la fórmula para la calificación y asignación de los subsidios de vivienda para población desplazada[28], y estableció parámetros para la asignación de los mismos[29]. Las mencionadas modificaciones tuvieron lugar, pues se constató que a la fecha de publicación de dicho decreto[30], producto de la convocatoria en comento[31], se habían ejecutado ocho procesos de asignación, y a pese a que a aproximadamente 71,967 hogares desplazados se les había asignado el subsidio de vivienda, todavía existían 65.006 hogares en estado “calificado”, esto es, que acreditaron los requisitos para acceder al subsidio, pero no se les había asignado el mismo. Luego, a través del Auto 219 de 2011[32], esta corporación consideró que las modificaciones introducidas por el Gobierno Nacional a la política de vivienda para las víctimas del desplazamiento por la violencia en Colombia, continuaban sin responder a las necesidades de esta población. Por lo anterior, y dado que el mismo Gobierno insistió en mantener el modelo de subsidios, se le ordenó, primero, que explicara las razones por las que consideraba que ese modelo en efecto garantiza los derechos de la población desplazada, y segundo, que enseñara las medidas que iba a adoptar para corregir las fallas estructurales de esa política de vivienda, las cuales ya habían sido reconocidas en la sentencia T-025 de 2004[33]. Finalmente, tras estudiar el informe presentado por los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y Vivienda, Ciudad y Territorio, la Corte, a través del Auto 116A de 2012[34], adujo que previendo la intervención de los entes territoriales en la generación de suelo urbanizado, era indispensable contar con su participación en la política de vivienda para los desplazados. En consecuencia, conminó a los ministerios mencionados a que exhorten a las entidades territoriales para que se valgan de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial con el fin de aumentar la oferta de vivienda para dicha población. 5. Modificación del orden de calificación para llevar a cabo la asignación preferente de subsidios de vivienda para población desplazada. Tal y como se evidenció en el acápite anterior, la política pública de vivienda digna para las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia ha presentado dificultades que impiden alcanzar un amparo efectivo de este derecho debido, entre otros factores, a la escasez de recursos. Así pues, en lo concerniente a la convocatoria abierta por FONVIVIENDA en junio del año 2007, tal y como lo confirmó la entidad, aún existen 64,994 hogares esperando la asignación del subsidio de vivienda familiar de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, es decir, en estado “calificado”[35]. Por este motivo, en principio, dicho proceso de asignación se debe ejecutar, conforme lo establece la norma, de acuerdo con el puntaje de calificación obtenido por todos los hogares en orden secuencial descendente, atendiendo así los derechos al debido proceso e igualdad de todos los postulantes[36]. En este orden de ideas, cuando existan eventos en los que las personas postuladas y calificadas al subsidio soliciten al juez constitucional la asignación preferente, prioritaria o inmediata de esta ayuda, por regla general, el operador jurídico no puede alterar el orden secuencial descendente de asignación determinado, pues éste se establece de acuerdo a un puntaje de calificación previamente obtenido por cada hogar postulado como resultado de un proceso con criterios de priorización diseñado y realizado por la autoridad pública para tal fin, ajeno a la esfera de competencias del juez de tutela. Adicionalmente, de modificar aquel orden, también se desconocerían derechos de igual rango en cabeza de otras personas víctimas del desplazamiento forzado que puedan estar en iguales o peores condiciones de desventaja, debilidad o vulnerabilidad respecto de quien solicita la asignación prioritaria del subsidio en sede de tutela[37]. Dicho de otro modo, un fallo que disponga un trato preferencial puede llegar a desconocer los derechos de otras personas que también sean sujetos de especial protección constitucional, pero que estén en una situación más desfavorable a la analizada por la autoridad judicial en el caso concreto[38]. Lo anterior, por cuanto el juez no cuenta con los elementos de juicio necesarios y está imposibilitado para conocer cada una de las circunstancias de vida de todos los hogares desplazados a los que se les otorgó una calificación mayor o menor que la asignada a quien acude a la acción de amparo. Por otro lado, la asignación preferente de subsidios de vivienda a través de la acción de tutela saltándose el procedimiento utilizado por la administración y las consideraciones tenidas en cuenta para determinar el orden de asignación de los subsidios, puede acarrear que los ciudadanos acudan sistemáticamente a la acción de tutela por estimar que dicho mecanismo de amparo constitucional es el único instrumento que poseen para agilizar la asignación del subsidio omitiendo dicho proceso y orden de priorización, a pesar de que en la mayoría de casos la demora en el desembolso de las ayudas se deba a la falta de disponibilidad presupuestal y a la inexistencia de programas de vivienda vigentes, independientemente de que se acuda o no a la interposición de la acción de tutela. No obstante lo arriba dilucidado y sin perjuicio de que, como ya se dijo, por regla general el juez constitucional no pueda alterar o modificar el orden secuencial descendente de asignación de los subsidios de vivienda, de acuerdo con la jurisprudencia existen ciertos eventos excepcionales en los que el juez de tutela puede intervenir en el proceso de postulación, calificación y asignación del beneficio en comento. Así entonces, estos escenarios se podrían distinguir de la siguiente manera: (i) Siempre que el hogar postulado al subsidio familiar de vivienda alegue una equivocación relevante a) en la aplicación de los criterios y variables de calificación para efectuar las asignaciones de los subsidios de vivienda, b) en la fórmula para la calificación de los mismos, o c) en el uso de los parámetros establecidos para su asignación, y efectivamente el juez evidencie la existencia de dicho error, la acción de amparo servirá para ordenar a la autoridad competente corregir dicho defecto y ejecutar la calificación o asignación conforme a ello. (ii) Cuando el hogar postulado al subsidio familiar de vivienda invoque la presencia de un hecho que no haya sido valorado por la entidad competente al momento de realizar la calificación de la postulación y asignación del subsidio, o la ocurrencia de uno nuevo que pueda tener la potencialidad de alterar el puntaje de calificación obtenido, el juez de tutela, si así lo encuentra probado o le genera una duda razonable, ordenará una nueva calificación que pondere aquello. (iii) Cuando en un caso concreto existan una serie de circunstancias que le planteen al juez constitucional una situación límite y apremiante que requiera de medidas urgentes, pues el accionante aparte de buscar la garantía efectiva de su derecho a la vivienda digna, ponga de manifiesto una vulneración grave a otro derecho fundamental que lo sitúe en una posición de debilidad y vulnerabilidad frente a riesgos especiales, la cual sólo se pueda superar principal, considerable y directamente con la disposición de un lugar digno para habitar, el fallo de tutela debe ordenar a la administración brindar un trato preferencial y otorgar a la asignación del subsidio la más alta prioridad posible[39]. Incluso, dependiendo el caso que se analice y las circunstancias límite o extremas que estén de por medio, el juez constitucional podrá conceder otra clase de medidas transitorias de protección mientras se otorgue el subsidio conforme a la priorización establecida, que además de no afectar el derecho a la igualdad de los otros hogares postulantes, puedan llegar a ser más eficaces para la salvaguarda inmediata de los derechos fundamentales vulnerados, ya que en principio, incluso la orden encaminada a priorizar la asignación de la ayuda se ve limitada por la disponibilidad de recursos económicos y por la duración de la planeación y construcción de proyectos de vivienda promovidos por el Estado. Con fundamento en lo explicado anteriormente, esta Sala procede a dar solución a los casos en concreto. 6. Casos en concreto. 6.1 Expedientes T-4.227.754, T-4.249.161 y T-4.250.229. Tanto el señor José Anselmo Mora Ramírez como la señora Martha Esther Rivero Vergara, son víctimas del desplazamiento forzado en Colombia y se postularon a la convocatoria abierta por FONVIVIENDA en el año 2007 dirigida a esta población, y cuyo objeto era el reconocimiento y entrega de subsidios familiares para la adquisición de vivienda. Actualmente, al interior de aquel proceso ambas personas se encuentran en estado “calificado”, es decir que acreditaron los requisitos y condiciones exigidas para acceder al beneficio, pero aún no se les ha asignado el mismo, pues este procedimiento se hace conforme al orden secuencial descendente que arroja la tabulación de los puntajes de calificación de todos los hogares calificados, la disponibilidad presupuestal y los proyectos de vivienda existentes. Por su parte, la señora Sandra Milena Suárez Hernández, también víctima del desplazamiento forzado, si bien no acreditó la postulación a la convocatoria en comento, de igual forma solicitó la materialización de aquel beneficio, pues tal y como lo afirmó, pese a los procesos de asignación de subsidios de vivienda familiar adelantados, hasta el momento no le han desembolsado ninguno. En este orden de ideas, los tres accionantes acudieron a la acción de tutela solicitando al juez constitucional la asignación del mencionado subsidio de vivienda; sin embargo, no se encontró probada siquiera aisladamente alguna equivocación relevante en la aplicación de la fórmula, los criterios y las variables utilizadas para efectuar la calificación que se les otorgó. De igual forma, tampoco existió omisión en la valoración de algún hecho al momento de la calificación y no hay de por medio la ocurrencia de algún hecho nuevo que pueda tener la potencialidad de alterar el puntaje de calificación obtenido. Sumado a lo anterior, la entidad accionada informó la ejecución de todo el proceso conforme a la normatividad que regula la postulación, calificación, asignación y desembolso de los subsidios. Adicionalmente, a través del escrito de tutela y las pruebas allegadas al proceso ninguno de los actores puso en conocimiento del juez de tutela circunstancias de urgencia manifiesta o alguna situación de particular indefensión y vulnerabilidad mayor a la de la generalidad de las personas desplazadas, que hiciera pensar en otorgarles un trato preferencial y prioritario al interior del trámite de asignación del subsidio familiar de vivienda. Por lo anteriormente expuesto, la Sala no accederá a las pretensiones de los actores. 6.2 Expedientes T-4.241.026 y T-4.244.703. Las señoras Reinalda Sánchez Cabrera y Bleidys del Carmen Rodríguez Lastre son víctimas del desplazamiento forzado en Colombia y se postularon a la convocatoria abierta por FONVIVIENDA en el año 2007 con el fin de obtener el subsidio familiar de vivienda. A la fecha ambas accionantes se encuentran en estado “calificado” a la espera de la asignación del mencionado subsidio. Las actoras acudieron a la acción de tutela solicitando al juez constitucional la asignación del subsidio en comento, sin embargo no está acreditado un defecto en la aplicación de la fórmula, los criterios y las variables que se utilizaron para llevar a cabo sus calificaciones. Así mismo, no hay un indicio que cuestione el desarrollo del proceso conforme a las normas que regulan la postulación, calificación, asignación y desembolso de los subsidios, y tampoco está acreditada la existencia de un hecho que se haya omitido valorar en la calificación o el acaecimiento claro de algún evento nuevo que pueda tener la potencialidad de alterar el puntaje de calificación asignado. A pesar de lo anterior, por un lado, la señora Sánchez Cabrera fundamentó su pretensión, en parte, debido al estado de salud en el que se encuentra, pues padece Osteoartrosis de Rodillas, Obesidad Mórbida, Lumbociática e Hipertensión, y por otro, Bleidys del Carmen Rodríguez lo hizo aduciendo el diagnóstico de un tumor maxilofacial inferior canceroso que se le detectó en el pasado, y como consecuencia del cual le han realizado varias intervenciones quirúrgicas de reconstrucción facial, a lo que se le suma su inestabilidad laboral, pues adujo trabajar por temporadas. No obstante esto, la Sala encuentra que esas solas circunstancias no le plantean al juez constitucional, más allá de la solidaridad y sensibilidad que se pueda expresar por cualquier afección de salud que esté aquejando a una persona, una situación límite y apremiante que requiera de medidas urgentes en donde se avizore una vulneración grave a otro derecho fundamental, pues únicamente la presencia de ciertas patologías, que no son catastróficas y tampoco significan en la salud o vida de las actoras un peligro actual, claro, considerable o grave a su subsistencia, no las sitúan en una posición de debilidad y vulnerabilidad frente a riesgos especiales (distintos a los que está expuesta la población desplazada en general) que requieran el suministro de un subsidio familiar de vivienda, pues esta no es la medida que, per se, de forma principal y directa constituya la solución o una ayuda a los padecimientos que aquejan a las accionantes o a su inestabilidad laboral, más aún cuando no se percibe, ni siquiera de forma subsidiaria, una relación de causalidad entre lo solicitado por las accionantes y la circunstancias que plantean que haga pensar que su condición particular pueda, primero, ser remediada o mejorar sustancial y drásticamente por la asignación inmediata de un subsidio de vivienda en perjuicio de los demás hogares postulantes que se encuentran primeros en el orden secuencial de asignación, o, segundo ser empeorada por la no asignación inmediata del aludido subsidio. A lo anterior se debe aunar la protección que el Estado ha proporcionado a cada una de las actoras por ser sujetos de especial protección constitucional dada su condición de desplazamiento. Así pues, a la señora Reinalda Sánchez la UARIV le generó un turno el 27 de junio de 2013 para que la atención humanitaria, de ser procedente, fuera colocada a su disposición en el Banco Agrario aproximadamente en el mes de febrero de 2014, es decir, cuatro meses después de haber sido interpuesta la acción de tutela. Adicionalmente, con el propósito de satisfacer el componente de alimentación del núcleo familiar de la demandante y realizar el pago de la ayuda, se caracterizó su caso y se remitió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En este punto es importante aclarar que el último componente de alimentación asignado a la actora fue cobrado el 30 de agosto de 2013 y dicha ayuda se destina para un periodo de tres meses, motivo por el cual hasta el día 30 de noviembre de 2013 la tutelante tenía asegurado dicho componente y la acción de amparo se interpuso el 08 de octubre de esa anualidad. Por otro lado, para la señora Rodríguez Lastre y su núcleo familiar, la UARIV, al momento de ser interpuesta la acción de tutela, ya había programado el suministro de Atención Humanitaria en materia de alojamiento transitorio y asistencia alimentaria por tres meses. En este orden de ideas, ante la ausencia de circunstancias claras y concretas de urgencia manifiesta o situaciones que pongan a las accionantes en un estado particular de indefensión y vulnerabilidad considerablemente mayor al de la generalidad de las personas desplazadas, que hiciera pensar en otorgarles un trato preferencial y prioritario al interior del trámite de asignación del subsidio familiar de vivienda, esta Sala no accederá a las solicitudes de las accionantes. 6.3 Órdenes de protección. A pesar que en los casos aquí analizados no se observa la presencia de ninguno de los eventos que excepcionalmente puedan desencadenar en un trato preferencial y prioritario al interior del trámite de asignación de los subsidios familiares de vivienda; teniendo en cuenta, primero, que el Estado es el encargado de proporcionar el acceso directo de la población desplazada a la oferta social de programas relacionados con vivienda urbana y rural, segundo, que la falta de disponibilidad presupuestal, la magnitud de la población desplazada en Colombia y la naturaleza prestacional y progresiva del derecho a la vivienda digna hacen que se prolongue en el tiempo la asignación efectiva de los subsidio de vivienda familiar pretendidos, y tercero, que hay contenidos mínimos y esenciales del derecho a la vivienda digna de las víctimas del desplazamiento forzado que pueden ser satisfechos a través del cumplimiento inmediato o a corto plazo de ciertas obligaciones; la Sala ordenará a las entidades accionadas suministrar a los tutelantes un informe claro y detallado del estado en el que actualmente está la política de postulación, calificación, asignación y desembolso de subsidios de vivienda familiar en general, y en concreto, la etapa en la que su proceso se encuentra, independientemente la convocatoria o el programa de que se trate. Esta atención y acompañamiento deberán ser proporcionados de forma periódica hasta tanto no sean asignadas las ayudas de vivienda en cuestión. De igual forma se les deberá informar los avances, las metas y los logros no alcanzados en cuanto a la política de vivienda digna para población desplazada se refiere, así como también se les tendrá que poner en conocimiento los planes ofrecidos por el Estado encaminados a lograr una cobertura amplia del derecho en cuestión, y la manera en que pueden y deben acceder a ellos (los trámites a realizar y los requisitos o condiciones que se deben acreditar), suministrando un asesoramiento detallado para adherirse a los mismos. Finalmente, en consideración al tiempo prolongado que han soportado los demandantes para acceder a la ayuda pretendida, no obstante su condición de sujetos de especial protección constitucional, la Sala advertirá a FONVIVIENDA que debe continuar con los procesos de asignación que hasta el momento ha venido ejecutando para la adjudicación de los subsidios de vivienda familiar a los hogares calificados, realizando una gestión activa en el marco de la convocatoria y empleando los medios necesarios y disponibles que le permitan hacer una proyección en la que logre completar la respuesta a las necesidades de los accionantes y la consecuente asignación de las ayudas en un horizonte temporal que no supere tres años. Lo anterior, sin alterar el orden secuencial descendente que arrojó la tabulación de los puntajes de calificación de todos los hogares desplazados por la violencia que se encuentran en estado calificado en la convocatoria realizada por la entidad en el año 2007. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas y en los términos de esta providencia, la sentencia del 06 de diciembre de 2013 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., por medio de la cual se confirmó el fallo proferido el 21 de octubre de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en el proceso de tutela iniciado por José Anselmo Mora Ramírez contra FONVIVIENDA (T-4.227.754). SEGUNDO.- ORDENAR a FONVIVIENDA que en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, suministre al señor José Anselmo Mora Ramírez un informe claro y detallado del estado en el que actualmente está la política de postulación, calificación, asignación y desembolso de subsidios de vivienda familiar en general, y en concreto, la etapa en la que su proceso se encuentra, independientemente la convocatoria o el programa de que se trate. Esta atención y acompañamiento deberán ser proporcionados de forma periódica hasta tanto no sean asignadas las ayudas de vivienda en cuestión. De igual forma, también le deberá informar los avances, las metas y los logros no alcanzados en cuanto a la política de vivienda digna para población desplazada se refiere, así como los planes ofrecidos por el Estado encaminados a lograr una cobertura amplia del derecho en cuestión, y la manera en que puede y debe acceder a ellos (los trámites a realizar y los requisitos o condiciones que se deben acreditar), suministrando un asesoramiento detallado para adherirse a los mismos (T-4.227.754). TERCERO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas y en los términos de esta providencia, la sentencia del 19 de noviembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, por medio de la cual se confirmó el fallo proferido el 21 de octubre de 2013 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Ibagué, en el proceso de tutela iniciado por Reinalda Sánchez Cabrera contra la UARIV, y en el que se vinculó de oficio al Departamento Administrativo para la prosperidad Social (T-4.241.026). CUARTO.- ORDENAR a la UARIV y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, suministren a la señora Reinalda Sánchez Cabrera un informe claro y detallado del estado en el que actualmente está la política de postulación, calificación, asignación y desembolso de subsidios de vivienda familiar en general, y en concreto, la etapa en la que su proceso se encuentra al interior de las entidades competentes, independientemente la convocatoria o el programa de que se trate. Esta atención y acompañamiento deberán ser proporcionados de forma periódica hasta tanto no sean asignadas las ayudas de vivienda en cuestión. De igual forma, también le deberán informar los avances, las metas y los logros no alcanzados en cuanto a la política de vivienda digna para población desplazada se refiere, así como los planes ofrecidos por el Estado encaminados a lograr una cobertura amplia del derecho en cuestión, y la manera en que puede y debe acceder a ellos (los trámites a realizar y los requisitos o condiciones que se deben acreditar), suministrando un asesoramiento detallado para adherirse a los mismos (T-4.241.026). QUINTO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas y en los términos de esta providencia, la sentencia del 31 de octubre de 2013 proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga, en el proceso de tutela iniciado por Bleidys del Carmen Rodríguez Lastre contra FONVIVIENDA y la UARIV (T-4.244.703). SEXTO.- ORDENAR a FONVIVIENDA que en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, suministre a la señora Bleidys del Carmen Rodríguez Lastre un informe claro y detallado del estado en el que actualmente está la política de postulación, calificación, asignación y desembolso de subsidios de vivienda familiar en general, y en concreto, la etapa en la que su proceso se encuentra, independientemente la convocatoria o el programa de que se trate. Esta atención y acompañamiento deberán ser proporcionados de forma periódica hasta tanto no sean asignadas las ayudas de vivienda en cuestión. De igual forma, también le deberá informar los avances, las metas y los logros no alcanzados en cuanto a la política de vivienda digna para población desplazada se refiere, así como los planes ofrecidos por el Estado encaminados a lograr una cobertura amplia del derecho en cuestión, y la manera en que puede y debe acceder a ellos (los trámites a realizar y los requisitos o condiciones que se deben acreditar), suministrando un asesoramiento detallado para adherirse a los mismos (T-4.244.703). SÉPTIMO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas y en los términos de esta providencia, la sentencia del 21 de noviembre de 2013 proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, en el proceso de tutela iniciado por Martha Esther Rivero Vergara contra FONVIVIENDA (T-4.249.161). OCTAVO.- ORDENAR a FONVIVIENDA que en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, suministre a la señora Martha Esther Rivero Vergara un informe claro y detallado del estado en el que actualmente está la política de postulación, calificación, asignación y desembolso de subsidios de vivienda familiar en general, y en concreto, la etapa en la que su proceso se encuentra, independientemente la convocatoria o el programa de que se trate. Esta atención y acompañamiento deberán ser proporcionados de forma periódica hasta tanto no sean asignadas las ayudas de vivienda en cuestión. De igual forma, también le deberá informar los avances, las metas y los logros no alcanzados en cuanto a la política de vivienda digna para población desplazada se refiere, así como los planes ofrecidos por el Estado encaminados a lograr una cobertura amplia del derecho en cuestión, y la manera en que puede y debe acceder a ellos (los trámites a realizar y los requisitos o condiciones que se deben acreditar), suministrando un asesoramiento detallado para adherirse a los mismos (T-4.249.161). NOVENO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas y en los términos de esta providencia, la sentencia del 05 de diciembre de 2013 proferida por la Sala Civil-Familia de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por medio de la cual se confirmó el fallo proferido el 28 de octubre de 2013 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué, en el proceso de tutela iniciado por Sandra Milena Suárez Hernández contra la UARIV (T-4.250.229). DÉCIMO.- ORDENAR a la UARIV que en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, suministre a la señora Sandra Milena Suárez Hernández un informe claro y detallado del estado en el que actualmente está la política de postulación, calificación, asignación y desembolso de subsidios de vivienda familiar en general, y en concreto, la etapa en la que su proceso se encuentra al interior de las entidades competentes, independientemente la convocatoria o el programa de que se trate. Esta atención y acompañamiento deberán ser proporcionados de forma periódica hasta tanto no sean asignadas las ayudas de vivienda en cuestión. De igual forma, también le deberán informar los avances, las metas y los logros no alcanzados en cuanto a la política de vivienda digna para población desplazada se refiere, así como los planes ofrecidos por el Estado encaminados a lograr una cobertura amplia del derecho en cuestión, y la manera en que puede y debe acceder a ellos (los trámites a realizar y los requisitos o condiciones que se deben acreditar), suministrando un asesoramiento detallado para adherirse a los mismos (T-4.250.229). DÉCIMO PRIMERO.- ADVERTIR a FONVIVIENDA que debe continuar con los procesos de asignación que hasta el momento ha venido ejecutando para la adjudicación de los subsidios de vivienda familiar a los hogares calificados, realizando una gestión activa en el marco de la convocatoria y empleando los medios necesarios y disponibles que le permitan hacer una proyección en la que logre completar la respuesta a las necesidades de los accionantes y la consecuente asignación de las ayudas en un horizonte temporal que no supere tres años. Lo anterior, sin alterar el orden secuencial descendente que arrojó la tabulación de los puntajes de calificación de todos los hogares desplazados por la violencia que se encuentran en estado calificado en la convocatoria realizada por la entidad en el año 2007. DÉCIMO SEGUNDO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado Con salvamento de voto MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JORGE IVÁN PALACIO PALACIO A LA SENTENCIA T-432/14 Referencia: expedientes acumulados (i) T-4.227.754, (ii) T-4.241.026, (iii) T-4.244.703, (iv) T-4.249.161 y (v) T-4.250.229. Acciones de tutela instauradas por: (i) José Anselmo Mora Ramírez; (ii) Reinalda Sánchez Cabrera; (iii) Bleidys del Carmen Rodríguez Lastre; (iv) Martha Esther Rivero Vergara; y (v) Sandra Milena Suárez Hernández. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. Con el respet...