Sentencia T-424 de 2020

T-424-20 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-424/20 DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES-Demora en dar eficacia a orden de tutela y dirimir el incidente de desacato, ante negligencia de EPS para garantizar la atención en salud de menor amparado Los operadores judiciales se obligan a cumplir una serie de deberes, salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia en el desempeño de su cargo, en razón de lo cual pueden ser sujetos de sanciones disciplinarias, cuando incurran en cualquier comportamiento de los contemplados en el estatuto disciplinario que conlleven el incumplimiento de deberes, involucren una extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones o den lugar a alguna prohibición, inhabilidad e incompatibilidad. De otro lado, la Sala no puede pasar por alto la oportunidad para reiterar que las Empresas Prestadoras de Salud se encuentran obligadas a prestar a sus usuarios los servicios de salud requeridos de forma ininterrumpida, dando aplicación no solo al “principio de integralidad” sino “al principio de continuidad”, sin dilaciones injustificadas hasta que se haya logrado la total recuperación o, en caso de que ello no fuera posible, hasta que el tratamiento logre el efecto para el cual se prescribió; pues es claro que, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corte, “los conflictos de tipo contractual o administrativo que se presenten con otras entidades o al interior de la propia empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad, permanencia y finalización óptima de los servicios y procedimientos médicos ordenados.” CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO CUANDO FALLECE EL TITULAR DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES-Menor falleció sin que se autorizara su traslado a un hospital de cuarto nivel, para atender su estado de salud ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO-Procedencia excepcional La labor del juez constitucional que conoce una tutela promovida en contra de decisiones adoptadas en un incidente de desacato se limita a verificar primero, que el trámite incidental haya concluido para luego comprobar si la decisión que le puso fin al desacato se ajustó a lo ordenado en el fallo de tutela, si el trámite que lo antecedió respetó el debido proceso de las partes, si la sanción que eventualmente se hubiera impuesto fue razonable, de conformidad con lo probado en el caso y por último, pasar a determinar si se configuran los supuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. INCIDENTE DE DESACATO COMO MECANISMO DE CARACTER JUDICIAL PARA HACER CUMPLIR LOS FALLOS DE TUTELA-Jurisprudencia constitucional CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-No impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y futuras violaciones La carencia actual de objeto por hecho superado, daño consumado u otra razón que haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela no impide un pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y la corrección de las decisiones judiciales de instancia, salvo la hipótesis del daño consumado con anterioridad a la presentación de la acción de amparo ya que en tal escenario ésta es improcedente en virtud del artículo 6, numeral 14, del decreto 2591 de 1991. Máxime, cuando nos encontramos en sede de revisión, etapa en la cual la Corte Constitucional cumple la función de fijar la interpretación de los derechos fundamentales como autoridad suprema de la jurisdicción constitucional. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS QUE RESUELVEN INCIDENTES DE DESACATO-Requisitos de procedencia/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Configuración DEFECTO FACTICO-Configuración/DEFECTO FACTICO-Dimensión positiva por indebida apreciación probatoria CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION-Estructuración Referencia: Expediente T-7.806.285 Acción de tutela interpuesta por Rigoberto Suárez Bobadilla en calidad de agente oficioso del menor Liam David Martínez Suárez contra el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá. Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos emitidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca Sala Civil - Familia[1] en primera instancia y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[2] en segunda instancia. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y 241-9), el Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la Sala de Selección Número Dos de la Corte Constitucional seleccionó para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia[3]. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala procede a tramitar y proyectar la sentencia correspondiente. I. ANTECEDENTES El 11 de octubre de 2019[4], Rigoberto Suárez Bobadilla como agente oficioso del menor Liam David Martínez Suárez interpuso acción de tutela contra el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá por considerar que dicha autoridad, al revocar en grado de consulta la sanción impuesta al Coordinador Nacional del Cumplimiento de Fallos de Tutela de COOMEVA EPS, con ocasión de un incidente de desacato presentado por él, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de su agenciado. En concepto del accionante la sanción debió haber quedado en firme, pues “la empresa promotora de salud COOMEVA dilató y obstaculizó por más de 20 meses un tratamiento integral ordenado por el médico tratante”[5]. 1. Hechos 1.1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Chía, Cundinamarca, mediante sentencia del quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), decidió a favor de Liam David Martínez Suárez (para la fecha el menor tenía 4 meses de edad[6]) una acción de tutela presentada por Rigoberto Suárez Bobadilla, abuelo y agente oficioso del niño, contra COOMEVA EPS. En la parte resolutiva del fallo se ordenó en el numeral segundo “(…) a COOMEVA E.P.S. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas autorice y haga todas las actuaciones tendientes a generar el traslado del menor LIAM DAVID MARTÍNEZ SUÁREZ a un centro especializado que cuente con las condiciones descritas ordenadas por el médico tratante”. En el numeral tercero “(…) a COOMEVA E.P.S. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas brinde tratamiento integral al menor LIAM DAVID MARTÍNEZ SUÁREZ conforme a la parte motiva de esta providencia”[7]. 1.2. Afirma el accionante que en lugar de lo ordenado “le enviaron una ambulancia para hacerle un examen y no para trasladarlo al hospital de tercer nivel”. Por esta razón, el 20 de diciembre de 2017 radicó un incidente de desacato ya que el menor necesitaba con urgencia “Estudio de biología molecular en espécimen con múltiple muestreo, con el fin de saber las causas de la trombocitopenia[8], enfermedad por la cual tuvo varias hospitalizaciones”. 1.3. El Juzgado Primero Civil Municipal de Chía, Cundinamarca, dio apertura al incidente de desacato el 18 de mayo de 2018[9] y mediante fallo del 20 de agosto de 2019 resolvió sancionar al Coordinador Nacional del Cumplimiento de Fallos de Tutela de COOMEVA EPS “con arresto domiciliario de tres (3) meses y multa equivalente a quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes”[10]. El despacho precisó que “efectivamente ordenó a COOMEVA EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas brinde al menor de edad agenciado tratamiento integral en virtud de la enfermedad que padece denominada Síndrome de Wiskott Aldrichm[11] cuyo único tratamiento efectivo es el trasplante de médula ósea, tal como logra extraerse de la historia clínica del paciente que milita en el expediente, sin embargo desde la fecha en que se dio inicio al presente trámite (15/01/2018) a la fecha, han transcurrido más de 18 meses sin que se haya logrado el mismo, aunado al hecho que han sido múltiples los requerimientos que se han efectuado a la EPS para que se practiquen los exámenes preparatorios al trasplante”. Advirtió el juzgador que “al no ser cumplidas las órdenes por parte de la EPS conforme a los lineamientos indicados por el médico tratante, conllevó a que el examen denominado ‘TIPIFICACIÓN ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO CLASE I y II (A B C Dr Dq Dp) fuere practicado en el Instituto Yunis Turbay de manera particular, lo que denota una vez más la negativa de la EPS en dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela y en el incumplimiento a las obligaciones contraídas con sus afiliados, pasando por alto que el infante goza de protección constitucional especial y que como se extrae de la historia clínica es un paciente con una enfermedad de alto riesgo cuya expectativa de vida no supera los dos años de edad. Resaltó igualmente que la accionada ha dilatado el cumplimiento del fallo a la hora de prestar los servicios y/o autorizar los procedimientos para el menor Martínez Suárez”. 1.4. La anterior decisión fue objeto de consulta ante el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá, el cual mediante fallo emitido el 18 de septiembre de 2019 revocó el proveído y se abstuvo de imponer sanción alguna. Consideró el juzgador que COOMEVA EPS cumplió la orden impartida en la sentencia de la acción constitucional, al advertir que en memorial de fecha 4 de junio el incidentante indicó “…4. En cuando (sic) a las órdenes de servicio allegadas como prueba al Juzgado por parte de COOMEVA EPS, cabe precisar que las mismas fueron efectivas y el día 27 de febrero de 2019 se realizaron los exámenes de laboratorios (sic) requeridos, sin embargo una vez presentados los resultados al médico tratante, ha manifestado que estos no son expedidos por un laboratorio clínico idóneo y confiable para que se pueda continuar con los procedimientos necesarios para el paciente y por lo tanto hay necesidad de repetirlos en el laboratorio clínico Yunis Turbay…”. El juzgador estimó que debe tenerse en consecuencia por cumplida la orden dada en la sentencia de tutela “pues el menor requería de los exámenes mencionados y la EPS COOMEVA los autorizó y practicó a través de la IPS Biotecnología y Genética BIOTECGEN SA” [12]. 1.5. Ante la inoperancia e incumplimiento de COOMEVA EPS para brindar la urgente atención requerida por Liam David Martínez Suárez, dice el accionante que presentó el 18 de septiembre de 2019 una nueva acción de tutela, en la que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Chía-Cundinamarca, concedió medida provisional y ordenó a la EPS accionada que “dentro del término de TRES (3) HORAS siguientes a la notificación realice todos los trámites pertinentes para que al menor LIAM DAVID MARTÍNEZ SUÁREZ le sea realizado de manera inmediata el ‘TRASPLANTE ALOGÉNICO DE CÉLULAS MADRES HEMATOPOYÉTICAS DE CORDÓN UMBILICAL’, en los términos ordenados por su galeno tratante, informando su cumplimiento”. 1.6. El 2 de octubre de 2019 el Juzgado Tercero Civil Municipal de Chía-Cundinamarca resolvió de fondo la tutela, amparó los derechos fundamentales a la salud y a la vida de Liam David y ordenó a la EPS FAMISANAR, “donde fue trasladado por la pérdida de COOMEVA de su habilitación para tener afiliados en el departamento de Cundinamarca (sic), que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a realizar todos los trámites tendientes para que se autorice, programe y realice el procedimiento quirúrgico denominado ‘TRASPLANTE ALOGÉNICO DE CÉLULAS MADRES HEMATOPOYÉTICAS DE CORDÓN UMBILICAL’ en la IPS Fundación Hospital de la Misericordia de la ciudad de Bogotá, en los términos ordenados por los galenos tratantes del paciente”. 1.7. Explicó el demandante que el largo relato de los principales hechos acaecidos por la enfermedad del menor de edad, dan cuenta de cómo la EPS COOMEVA dilató y obstaculizó por más de 20 meses un tratamiento eficiente y oportuno de su calamitosa enfermedad, “prueba de lo afirmado es el sin número de quejas presentadas por el incumplimiento del tratamiento integral ordenado por el personal médico”. En su sentir, a la señora Juez Primera de Familia de Zipaquirá “le bastó una simpleza, un hecho circunstancial irrelevante para levantar la sanción y desproteger, sin ningún reparo, a Liam David. No le importó el concepto del médico tratante, pasó por encima del precedente jurisprudencial que establece que ningún trámite administrativo de la entidad encargada de autorizar y brindar el servicio médico requerido, puede obstaculizar la efectiva prestación del servicio. La decisión judicial que se impugna es evidentemente atentatoria de los derechos constitucionales de Liam David al dejarlo desamparado por medio de una decisión judicial que liberó a COOMEVA EPS de sus incumplimientos a una obligación legal, contractual y judicial de brindar los servicios integrales de salud requeridos por necesidad de un paciente en grave e inminente riesgo”. 1.8. Alegó que en la providencia judicial emitida por la Juez Primera de Familia de Zipaquirá se configura “(i) un defecto procedimental absoluto, pues no tuvo en cuenta el estado actual de salud del usuario y las pruebas aportadas sobre el incumplimiento del fallo no fueron valoradas en conjunto; (ii) violación directa de la Constitución; (iii) decisión judicial sin motivación; y (iv) violación al debido proceso por no dar trámite urgente y diligente al incidente de desacato”[13]. 1.9. En estos términos, solicita “(i) tutelar los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la especial protección del Estado, por la condición del menor de edad enfermo grave de una enfermedad rara o huérfana, ofendidos por el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá; y (ii) ordenar la nulidad de la decisión en grado de consulta del 18 de septiembre de 2019 dictada por el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá, sobre el desacato que fue promovido en contra de COOMEVA EPS, en su lugar, ordenar a la juez expedir una nueva providencia en instancia de consulta acorde con las circunstancias de hecho y derecho que corresponden”. 2. Contenido de la solicitud de tutela 2.1. Con fundamento en los hechos expuestos, el señor Rigoberto Suárez Bobadilla como representante de su nieto Liam David Martínez, solicitó la protección de los derechos fundamentales “al debido proceso y acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la especial protección del Estado, por la condición del menor de edad enfermo grave de una enfermedad rara o huérfana”, así como la nulidad de la providencia emitida el 18 de septiembre de 2019 por el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá, que decidió en grado de consulta sobre el desacato promovido en contra de COOMEVA EPS. A su juicio, en la mencionada decisión se configuran los siguientes defectos: (i) defecto procedimental absoluto; (ii) violación directa de la Constitución; y (iii) decisión judicial sin motivación, los cuales fundamenta a partir de diversos pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional[14]. Por ser relevante para el caso, se expondrá el contenido de la providencia contra la que se dirige la acción de tutela. La providencia emitida por el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá que resolvió en grado de consulta el incidente de desacato formulado por el señor Rigoberto Suárez Bobadilla[15]. Correspondió al Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá resolver la consulta del pronunciamiento emitido el 20 de agosto de 2019 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía – Cundinamarca, mediante el cual resolvió (i) “declarar que el Coordinador Nacional del cumplimiento de los fallos de tutela de COOMEVA EPS, ha incurrido en desacato”; y (ii) “sancionar con arresto de tres (3) meses y multa de quince (15) smlmv”. Antecedentes expuestos en el trámite de consulta Los antecedentes que presenta la consulta señalan que “el señor Rigoberto Suárez Bobadilla como representante de su nieto, el niño Liam David Martínez Suárez, formuló incidente de desacato de la acción de tutela instaurada contra COOMEVA EPS, teniendo en cuenta que mediante fallo de fecha 15 de noviembre de 2017, el a-quo ordenó a la EPS COOMEVA ‘…que en el término de cuarenta y ocho (48) horas brinde tratamiento integral al menor Liam David Martínez Suárez conforme a la parte motiva de esta providencia…’, dado que su nieto presenta un trastorno trombocitopenico no especificado, el pasado 18 de noviembre de 2017 le ordenaron realizar un ESTUDIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN ESPÉCIMEN CON MÚLTIPLE MUESTREO, necesario para esclarecer las causas de la trombocitopenia y por las cuales ha requerido varias hospitalizaciones, transfusiones sanguíneas y administración de inmunoglobulina, que desde la fecha en que le entregaron la orden médica para el examen estoy solicitando autorización por parte de COOMEVA EPS. Sin embargo, esta no ha sido generada dado que la EPS manifiesta no tener convenio con ninguna IPS para realizar este examen; que actualmente su nieto se encuentra nuevamente hospitalizado a causa de su patología sin que haya sido posible establecer la causa de la enfermedad y que posteriormente se estableció que padece del SÍNDROME DE WISHKOTT ALDRICH”. Según refiere el escrito, el juzgado de instancia en el trámite del desacato emitió las siguientes providencias: (i) el 7 de mayo de 2018 dispuso dar curso al trámite de incidente de desacato, corrió traslado de tres (3) días para responder y aportar o solicitar pruebas; (ii) el 18 de mayo de 2018 abrió el incidente de desacato contra el representante legal de COOMEVA EPS y el jefe nacional de cumplimiento de fallos de tutela y ordenó que hagan cumplir el fallo de tutela proferido en el término de 48 horas; (iii) el 29 de enero y el 1° de febrero de 2019 ordenó a la EPS que autorizara y programara los exámenes médicos denominados “…TIPIFICACIÓN ANTÍGENO LEUCOCITARIO HUMANO CLASE I Y II (ABC DR DQ DP) y TIPIFICACIÓN ANTÍGENO LEUCOCITARIO HUMANO LUCUS DR ALTA RESOLUCIÓN…”; (iv) el 13 de febrero de 2019 ordenó el a-quo que el examen denominado TIPIFICACIÓN ANTÍGENO LEUCOCITARIO HUMANO CLASE I Y II (ABC DR DQ DP) se realizara en el laboratorio Yunis Turbay, so pena de continuar el trámite incidental; y (v) el 15 de julio de 2019 fue abierto a pruebas el incidente. Fallo de instancia que resolvió el incidente de desacato En la providencia de consulta se señala que el titular del Juzgado Primero Civil Municipal de Chía-Cundinamarca en el pronunciamiento del incidente de desacato concluyó que “a pesar de los requerimientos al cumplimiento del fallo de tutela, la EPS se ha sustraído al cabal cumplimiento, teniendo en cuenta que el examen denominado TIPIFICACIÓN ANTÍGENO LEUCOCITARIO HUMANO CLASE I Y II (ABC DR DQ DP), fue practicado por el Instituto Yunis Turbay de manera particular con dineros que le fueron donados a la familia del infante Martínez Suárez, lo que denota la negativa de la EPS de dar cumplimiento al fallo de tutela, resolviendo finalmente declarar que el Coordinador Nacional de cumplimiento de los fallos de tutela de COOMEVA EPS, ha incurrido en desacato, sancionándolo con arresto de 3 meses días (sic) y multa de 15 salarios mínimos legales mensuales”. Consideraciones en el trámite de consulta El juez de conocimiento expuso de manera exigua la figura del desacato y señaló que para su configuración “basta comparar si las órdenes prescritas en el fallo de tutela han sido cumplidas o no dentro del plazo señalado”. Indicó que en la sentencia T-745 de 2013 la Corte Constitucional señaló respecto a la libertad de escogencia que “es un principio rector y característica esencial del sistema de salud colombiano, establecido en la Ley 100 de 1993 y desarrollado ampliamente por esa Corporación”. Explicó igualmente, que “(i) el artículo 153 de la Ley 100 de 1993 consagra la facultad de escoger en cualquier momento la EPS y las IPS que pertenezcan a la red de las EPS encargadas de prestar los servicios de salud; (ii) en el artículo 156 de la mencionada ley señala el literal g que los afiliados al sistema elegirán libremente la EPS dentro de las condiciones de la presente ley; y (iii) finalmente el artículo 159 en el numeral 3 consagra la libre escogencia y traslado entre EPS, sea la modalidad de afiliación individual o colectiva, de conformidad con los procedimientos, tiempos, límites y efectos que determine el gobierno nacional dentro de las condiciones previstas en la ley”. De la misma forma mencionó que el Decreto 1485 de 1994 en el artículo 14 numerales 5 y 6 consagra la posibilidad de escoger la prestación de los servicios que integran el POS entre un número plural de prestadores. Concluyó que “la libertad de escogencia es un derecho de doble vía, pues, en primer lugar, es una facultad de los usuarios para escoger tanto las EPS a las que se afiliarán para la prestación del servicio de salud, como las IPS en las que se suministrará la atención en salud y en segundo lugar, es una potestad de las EPS de elegir las IPS con las que celebrarán convenios y el tipo de servicios que serán objeto de cada uno”. El juez de consulta en el caso estudiado encontró que el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía-Cundinamarca, en sentencia del 15 de noviembre de 2017, resolvió: “…PRIMERO: CONCEDER EL AMPARO invocado por el señor RIGOBERTO SUÁREZ BOBADILLA como representante del menor LIAM DAVID MARTÍNEZ SUÁREZ contra la entidad accionada COOMEVA EPS…TERCERO: ORDENAR A COOMEVA EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas brinde tratamiento integral al menor LIAM DAVID MARTÍNEZ SUÁREZ conforme o la parte motivo de esto providencia (sic)…”. “El señor Rigoberto Suárez Bobadilla como representante de su nieto, el niño Liam David Martínez Suárez, instauró acción de tutela contra COOMEVA EPSS, por cuanto requería de tratamiento integral, y con ocasión a este le fueron ordenados los siguientes exámenes y citas: …ESTUDIO MOLECULAR DE GENES ESPECÍFICOS – CÓDIGO CUPS 908420 – GEN PARA EVALUAR PROTEÍNA WASP EN BÚSQUEDA DE SÍNDROME DE WISKOTT ALDRICH, VALORACIÓN POR GRUPO DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA, TIPIFICACIÓN ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO CLASE I Y II (ABC DR DQ DP) Y TIPIFICACIÓN ANTÍGENO LEUCOCITARIO HUMANO LOCUS DR ALTA RESOLUCIÓN, REQUERIMIENTO PARA QUE LA EPS REALICE PAGO ANTICIPADO A LA IPS BIOGEN PARA LA PRÁCTICA DEL EXÁMEN TIPIFICACIÓN ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO LOCUS DR ALTA RESOLUCIÓN Y TIPIFICACIÓN ANTÍGENO LEUCOCITARIO HUMANO CLASE I Y II (ABC DR DQ DP)”. Evidencia el juzgador que “el fallo de tutela emitido contiene una orden de protección integral y que debe cumplir la entidad COOMEVA EPSS para con el paciente Liam David Martínez Suárez, dentro de un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la providencia, presentándose la obligatoriedad al estar la tutelada enterada de la orden a cumplir con todos los procedimientos ordenados por el médico tratante; orden que fue cumplida a cabalidad tal como lo informó el incidentante y abuelo del menor señor Rigoberto Suárez Bobadilla, en memorial de fecha 4 de junio del año que avanza, en el que indico: …4.En cuando (sic) a las órdenes de servicio allegadas como prueba al Juzgado por parte de COOMEVA EPS, cabe precisar que las mismas fueron efectivas y el día 27 de febrero de 2019 se realizaron los exámenes de laboratorios requeridos, sin embargo una vez presentados los resultados al médico tratante Doctor Mauricio Chaparro (Oncohematólogo Pediatra), ha manifestado que estos no son expedidos por un Laboratorio Clínico idóneo y confiable para que se pueda continuar con los procedimientos necesarios para el paciente y por lo tanto hay necesidad de repetirlos en el Laboratorio Clínico YUNIS TURBAY…, debe tenerse en consecuencia por cumplida la orden dada en la sentencia de tutela, pues el menor requería de los exámenes mencionados, y la EPS COOMEVA, los autorizó y practicó a través de la IPS Biotecnología y Genética BIOTECGEN S.A., según se evidencia en los resultados de fecha 27 de febrero de 2019…”. Respecto al examen de “…TIPIFICACION ANTÍGENO LEUCOCITARIO HUMANO CLASE I Y II (ABC DR DQ DP) que con posterioridad al incidente solicitó el accionante y que debió dar lugar a otro trámite incidental, pues se trataba de hechos posteriores al inicialmente admitido por cuanto el médico tratante de la EPS lo ordenó y que señaló fuera de la orden y en manuscrito que se practicara a través del Hospital de la Misericordia o directamente en el laboratorio Yunis Turbay (orden), el médico de la EPS, sabe que no se puede exigir practicar los exámenes en IPS no contratadas pero si lo puede sugerir y que el juez de tutela ordenó directamente en laboratorio Yunis Turbay más no en el Hospital de la Misericordia que también sugirió el galeno tratante y que según la incidentada a folios 306 a 308, estaba buscando su agendamiento con el Hospital de la Misericordia y con Biotecnología y Genética BIOTECGEN S.A., so pesar (sic) de no haber sido objeto del incidente, desconociendo el derecho de defensa de la entidad accionada y que además con la práctica de este, así fuera de forma particular se le está garantizando el derecho a la salud del niño. Téngase en cuenta que en este tipo de acciones no se le puede imponer a la EPS incidentada determinada IPS, toda vez que la libertad de escogencia de esta, se limita a las instituciones que ofrece la entidad prestadora de salud COOMEVA EPS y con las cuales tiene contrato y dentro de esta lista de instituciones, optó por practicarla en Biotecnología y Genética BIOTECGEN S.A. Al haberse dado cumplimiento al fallo emitido dentro de la acción constitucional, debe revocarse el proveído objeto de consulta y abstenerse de imponer sanción a la entidad incidentada”. En razón y mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá resolvió: “PRIMERO: REVOCAR el proveído de fecha 20 de agosto de 2019 proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía-Cundinamarca. SEGUNDO: ABSTENERSE de imponer sanción alguna al Coordinador Nacional del cumplimiento de los fallos de tutela de COOMEVA EPS. TERCERO: NOTIFICAR a los interesados esta decisión en la forma prevista en el art.32 del Decreto 2591 de 1991”. 3. Pruebas que obran en el expediente 3.1. Copia de la sentencia de tutela emitida el 15 de noviembre de 2017 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía – Cundinamarca, en la que concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Rigoberto Suárez Bobadilla como representante del menor Liam David Martínez Suárez.[16] 3.2. Copia de la providencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía – Cundinamarca en la que resuelve incidente de desacato propuesto contra la EPS COOMEVA.[17] 3.3. Copia del fallo que en grado de consulta emitió el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá, el 18 de septiembre de 2019.[18] 3.4. Copia de la sentencia de tutela proferida el 21 de octubre de 2019 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Chía – Cundinamarca.[19] 3.5. Copia de la cédula de ciudadanía del señor Rigoberto Suárez Bobadilla.[20] 4. Trámite procesal 4.1. Mediante auto del 15 de octubre de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, admitió la acción de tutela promovida por Rigoberto Suárez Bobadilla como agente oficioso del menor Liam David Martínez Suárez contra el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá, vinculó al trámite constitucional al Juzgado Primero Civil Municipal de Chía, a la EPS COOMEVA, al Hospital de la Misericordia y a Famisanar EPS [21]. 5. Contestación de la entidad accionada y de las vinculadas. 5.1. El Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá[22] manifestó que “conoció la consulta de la providencia del 20 de agosto de 2019 proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía (Cund.) dentro del incidente de desacato promovido por el accionante contra COOMEVA EPS, en la que fue sancionada la entidad. Realizado el estudio del incidente se observó que si bien es cierto en amparo de tutela se emitió orden de protección integral y que debe cumplir la tutelada COOMEVA EPS dentro del término allí señalado, también lo es que el incidentado cumplió cabalmente tal como lo informó el incidentante y abuelo del menor en memorial de fecha 4 de junio obrante en el expediente, por lo cual no procedía sanción alguna siendo revocada. Ahora bien, otra situación muy distinta se da con el examen de ‘…TIPIFICACIÓN ANTÍGENO LEUCOCITARIO HUMANO CLASE I y II (ABC DR DQ DP)…’ que con posterioridad al incidente solicitó el accionante y que el médico tratante de la EPS lo ordenó y que señaló fuera de la orden y en manuscrito que se practicara a través del Hospital de la Misericordia o directamente en el laboratorio Yunis Turbay (orden), el médico tratante de la EPS no puede exigir la práctica de los exámenes en IPS no contratadas, pero si lo puede sugerir para que el interesado decida practicarla con la EPS o particularmente, y que el juez de tutela ordenó directamente en laboratorio Yunis Turbay más no en el Hospital de la Misericordia que también sugirió el galeno tratante y que según la incidentada estaba buscando agendamiento con el Hospital de la Misericordia y con Biotecnología y Genética BIOTECGEN S.A., so pesar de no haber sido objeto del incidente, desconociendo el derecho de defensa de la entidad accionada y que además fue practicado particularmente buscando con este amparo el pago del costo, que no es del resorte del incidente”. Por lo expuesto, pidió se niegue la tutela impetrada, toda vez que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental al accionante y menos se ha puesto “como lo afirma más no lo demuestra”, en mayor riesgo la salud y la vida de Liam David. 5.2. El Hospital de la Misericordia[23] allegó contestación de la acción de tutela en los siguientes términos: “De acuerdo a la información suministrada por Gerencia Científica y verificando nuestro sistema de información, se evidencia que el paciente Liam David Martínez Suárez registra última valoración el día 4 de septiembre de 2019 y los siguientes diagnósticos: 1. SINDROME DE WISKOTT-ALDRICH y 2. ÓRGANOS Y TEJIDOS TRASPLANTADOS. De acuerdo con lo informado por la gerencia comercial, el menor inicialmente afiliado a COOMEVA EPS ahora a Famisanar EPS, es candidato a ‘Trasplante Alogénico de Células Progenitoras de Cordón’ con esta entidad, se está realizando el trámite para la autorización del procedimiento y su realización en nuestra Fundación, actualmente estamos a espera de la respuesta por parte de la EPS para iniciar el trámite correspondiente para los casos de trasplante”. En atención a lo anterior, solicitó la desvinculación de la entidad teniendo en cuenta la inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales del paciente Liam David. 5.3. EPS FAMISANAR S.A.S.[24] El gerente general de la entidad dio contestación alegando la falta de legitimación en la causa por pasiva. 5.4. El Juzgado Primero Civil Municipal de Chía-Cundinamarca y COOMEVA EPS guardaron silencio. 6. Decisiones objeto de revisión 6.1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, mediante sentencia proferida el 24 de octubre de 2019[25], resolvió negar el amparo constitucional de tutela argumentando que las consideraciones plasmadas por la jueza cuestionada no constituyen “una vía de hecho” producto de la arbitrariedad o capricho. Estimó el a-quo que “la funcionaria judicial demandada, estudió el factor subjetivo de responsabilidad en relación con la entidad accionada, ya que la orden estaba centrada en ‘autorice y haga todas las actuaciones tendientes a generar el traslado del menor a un centro especializado que cuente con las condiciones descritas ordenadas por el médico tratante…brinde tratamiento integral’ y así lo informó el actor el 4 de junio del año en curso al señalar ‘que las ordenes de servicios allegadas como prueba al Juzgado por parte de COOMEVA EPS, cabe precisar que las mismas fueron efectivas y el día 27 de febrero de 2019 se realizaron los exámenes de laboratorio requeridos (sic)”. Refirió que luego de verificar el cumplimiento de la orden dada por el juez municipal en sede constitucional, “habida cuenta que la actividad desplegada por el juez accionado no denota proceder ilegítimo que le permita a la actora actuar a través del mecanismo excepcional escogido, como que lo resuelto por el funcionario accionado obedeció a una labor hermenéutica en la que, por regla general, no puede inmiscuirse el juez de tutela dado que tiene raigambre constitucional, salvo que se aprecie, como se acotó, la materialización de una inequívoca vía de hecho que, por sus connotaciones y consecuencias, es de suyo excepcional”, no queda otro camino que negar la solicitud de amparo. Finalmente, estimó que “ante el surgimiento de nuevos hechos que no fueron tenidos en cuenta por la acción de tutela promovida ante el juzgado primero civil municipal de Chía, lo cierto es, que los mismos se encuentran amparados por el fallo de tutela proferido el 18 de septiembre de 2019, donde se ordenó el trasplante alogénico de células madres hematopoyéticas de cordón umbilical la cual está a la espera de realizarse como bien lo puntualizó la fundación Hospital la Misericordia”. 6.2. El accionante impugnó la decisión enfatizando en el largo proceso incidental que inició el 15 de enero de 2018 y se cerró en agosto de 2019, sin que la EPS haya dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela, “siendo este el elemento central por el que se declara la existencia del desacato y se impone una sanción”. Alegó que sobre ese lapso de tiempo nada dijo la Juez Primera de Familia de Zipaquirá “por el contrario, sin prueba alguna, declara que la EPS ya dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia”. Reafirmó que para la señora juez no importó el concepto del médico tratante “el medico trasplantólogo del Hospital de la Misericordia, único centro hospitalario con unidad pediátrica de trasplante de médula ósea en Bogotá, y sobre dicho concepto, el operador jurídico impone banalmente una decisión administrativa de la EPS, con lo que pasa por encima del precedente jurisprudencial constitucional que establece que ningún trámite administrativo de la entidad encargada de autorizar y brindar el servicio médico requerido, puede obstaculizar la efectiva prestación del servicio”. Indicó que la decisión de revocar la sanción por desacato, “agrede en forma grave los precedentes judiciales de orden constitucional y la congruencia a la que está obligada toda providencia judicial, por lo que debe ser retirada del ordenamiento jurídico, para que en su lugar se emita nueva decisión en consulta frente a la sanción por desacato decidida por el Juzgado Primero Civil de Chía”. Insistió en que “COOMEVA EPS suministró algunos de los procedimientos, negó otros y obstaculizó e incumplió con las autorizaciones y al prestar destiempo y a regañadientes los servicios, resulta por arte de birlibirloque, declarada por una Juez de Familia de Zipaquirá, como que cumple lo ordenado en tutela, sin que ello sea cierto”. En esa medida, solicitó “que se revoque la negativa de otorgar el derecho deprecado, y en su lugar, se otorgue la protección de los derechos al debido proceso y acceso a la justicia vulnerados por la sentencia en grado de consulta emitida por el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá y se la deje sin efectos, en lo que tiene que ver con la revocatoria de la sanción por desacato impuesta al funcionario responsable de hacer cumplir las tutelas en COOMEVA EPS, se ordene a ese despacho judicial fallar en derecho y sancionar en forma ejemplar el incumplimiento del fallo de tutela”. 6.3. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fallo de segunda instancia del 3 de diciembre de 2019 decidió confirmar lo decidido en primera instancia, esgrimiendo los mismos argumentos. Consideró el a-quem que la petición de amparo “no tiene vocación de prosperidad, en cuanto que lo reclamado se orienta a cuestionar, sin duda, una determinación emitida por la aludida funcionaria judicial en el campo de una acción de tutela, respecto de la cual no resulta viable un nuevo estudio del mismo linaje constitucional, así la decisión respectiva se hubiera proferido en el interior del incidente previsto por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, pues es indiscutible la estrecha vinculación que existe entre esta fase particular y la inicial prevista para definir si se dispensa o no la protección demandada, ya que acción de tutela e incidente de desacato están firmemente unidos y son etapas de un procedimiento que apuntan a una misma finalidad”. Ahondando en razones desestimatorias, el juzgador advirtió que contrario a lo expuesto por el tutelante, la decisión cuestionada no se aprecia arbitraria ni caprichosa dado que se verificó que las pruebas de laboratorio prescritas por el médico tratante del menor se practicaron el 27 de febrero, razón por la que no había lugar a mantener la aludida sanción. Concluyó que “si el actor considera que todavía no se le han realizado todos los exámenes clínicos a su descendiente para la realización del procedimiento quirúrgico que le fue prescrito por su médico tratante, puede acudir a Famisanar EPS, entidad en la que se encuentra afiliado aquél, a solicitar repetición de las demarcadas pruebas de laboratorio y en caso de no hallar respuesta positiva, acudir nuevamente a la acción de tutela”. 7. Actuaciones en sede de revisión ante la Corte Constitucional 7.1. El señor Rigoberto Suárez Bobadilla radicó ante la Corte Constitucional escrito ciudadano solicitando la revisión de la acción de tutela[26]. El peticionario relató cronológicamente los hechos que sustentaron la acción de amparo y el trámite judicial que emprendió desde el 15 de noviembre de 2017 y que culminó en diciembre de 2019 cuando se surtió la segunda instancia de la presente tutela. Adicionalmente, informó que el 18 de diciembre de 2019 Liam David Martínez Suárez falleció. 7.2. Amicus curiae de la “Fundación Vamos Jero, por el derecho de intentarlo todo en la vida”[27]. Representantes de esta Fundación invocan el inciso segundo, artículo 13 del Decreto 2591 de 1991[28], para intervenir en el presente proceso. Solicitaron a la Corte tener en cuenta su intervención, especialmente respecto a la utilización del incidente de desacato en el marco del cumplimiento de acciones de tutela promovidas en contra de operadores del servicio de salud en sus diferentes modalidades y, propiamente, sobre la interposición de acciones de tutela en contra de las providencias que tramitan y resuelven dichos incidentes, cuando estas decisiones culminan en la inoperabilidad de la decisión de la acción de tutela, el menoscabo de los derechos fundamentales del solicitante y la ausencia de sanción a los responsables del incumplimiento de la orden constitucional. Consideraron que el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá dejó de valorar las particularidades del caso de Liam David, basando su decisión únicamente en el proceder administrativo de Coomeva EPS, la cual nunca prestó la atención que requería el menor. En su parecer, el juez omitió las consideraciones del médico tratante sobre cada uno de los pasos, componentes y calidad de materiales e insumos a seguir para realizar una intervención con posibilidades de éxito como la que requería el menor. Señalaron que la prueba más rotunda de la vulneración prolongada de los derechos de Liam David por parte de Coomeva EPS es el hecho de que tuvieran que ser decididas dos acciones de tutela a su favor para que le fueran ordenados los procedimientos y exámenes médicos que requería urgentemente por la gravedad de su condición. Lamentaron que la decisión proferida por el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá beneficiara a los responsables de violar las obligaciones que les correspondía como prestadores del servicio de salud, que ni cumplieron ni fueron sancionados. Estimaron que recurrir a la justicia no resultó para Liam David la protección de sus derechos pues en su caso el retraso, la fragmentación y la interrupción del servicio fueron la regla en la atención brindada, en cambio sí supuso el agotamiento de su tiempo vital y el acaecimiento desgraciado de su muerte en el interregno de los trámites y términos judiciales. En virtud de lo expuesto, y entendiendo que la ejecución efectiva de las sanciones y multas por desacato son esenciales para garantizar el cumplimiento de las sentencias de tutela, piden a la Corte que “revoque los pronunciamientos de los jueces de instancia y, en su lugar, se pronuncie reconociendo la necesidad de hacer efectivas las sanciones y multas impuestas ante el incumplimiento de las sentencias de tutela”. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 86 y 241 -numeral 9°- de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problema jurídico a resolver En el presente caso se estudia una tutela contra la providencia que en grado de consulta dio por terminado el incidente de desacato presentado por el accionante contra COOMEVA EPS. Esta Sala debe determinar si el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá vulneró los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la especial protección del Estado, del menor Liam David Martínez Suárez al revocar en grado de consulta la sanción impuesta al Coordinador Nacional del Cumplimiento de Fallos de Tutela de COOMEVA EPS. Para resolver el interrogante planteado, la Sala efectuará una reiteración jurisprudencial sobre (i) los requisitos generales y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra la providencia que resuelve el trámite incidental de desacato; (iii) el incidente de desacato como mecanismo de carácter judicial para hacer cumplir los fallos de tutela; (iv) carencia actual de objeto por daño consumado por muerte del titular de los derechos fundamentales invocados; (v) procederá al examen del caso concreto y la posible determinación de los defectos alegados por la parte accionante. 3. Requisitos generales y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. La Corte Constitucional sistematizó en su jurisprudencia unos lineamientos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, como presupuestos previos por medio de los cuales se determina la viabilidad del análisis constitucional en sede de revisión. En la sentencia C-590 de 2005[29] se compilaron dichos preceptos. Como requisitos generales de procedencia, también denominados por la jurisprudencia como requisitos formales se establecieron: “(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales. (ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario. (iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales. (iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad). (v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada. (vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.”[30] Superado este estudio previo, se estableció que la providencia en revisión además debe acreditar la existencia de por lo menos una causal o defecto específico de procedibilidad, dentro del conjunto de causales específicas de procedencia o requisitos materiales definidos por la jurisprudencia de esta Corporación, así: “a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. “b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. “c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. “d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. “f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. “g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. “h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. “i. Violación directa de la Constitución.” Adelantados estos supuestos de procedibilidad, ha dicho la Corte, “el juez constitucional conseguirá precisar si el pronunciamiento judicial acusado quebranta los derechos consagrados en la Constitución y, de ser así, le corresponderá despojarlo de la coraza que le otorgan los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica”[31]. 4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra la providencia que resuelve el trámite incidental de desacato. Reiteración de jurisprudencia. La Corte Constitucional en la sentencia C-243 de 1996[32] al examinar la constitucionalidad del artículo 52[33] del Decreto 2591 de 1991, fijó su sentido y alcance. Consideró que este precepto “establece un procedimiento especial aplicable específicamente al caso en él contemplado, en cuanto dispone que la persona que incumpla una orden judicial proferida dentro del trámite de un proceso de tutela puede ser sancionada por el mismo juez mediante trámite incidental, otorgando el grado de jurisdicción llamado consulta solamente para la providencia que decide el incidente y, si es del caso, impone la sanción”. Frente a los posibles recursos que cabrían contra el auto que decide el trámite incidental, el legislador “guardó silencio, estableciendo tan sólo, como obligatorio frente a esta decisión, el grado de jurisdicción de la consulta”[34]. Concluyó la sentencia que el precepto examinado “consagra un trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, pero que, si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado consulta, cuyo objeto consiste en que el superior jerárquico revise si está correctamente impuesta la sanción, pero que en sí mismo no se erige como un medio de impugnación. Y ello es así por cuanto el trámite de la acción de tutela es un trámite especial, preferente y sumario que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica una especial relevancia del principio de celeridad”. En este sentido, la Corte ha construido una sólida línea jurisprudencial sobre la procedibilidad excepcional de las acciones de tutela que cuestionan providencias proferidas en el trámite del incidente de desacato. Específicamente, frente al requisito de subsidiariedad, ha definido la satisfacción de este, a partir de una sola regla, “aquella según la cual el amparo constitucional solo puede dirigirse contra la decisión que le pone fin al incidente de desacato, esto es, contra aquella que se abstiene de imponer la sanción o contra aquella que ratifica la sanción, en grado de consulta. En síntesis, es necesario que el incidente haya finalizado, mediante decisión ejecutoriada”[35]. Sin perjuicio de lo anterior, esta Corporación ha referido la necesidad de que tales acciones de tutela cumplan las demás condiciones que dan por cumplido el requisito de subsidiariedad, esto es, (i) que los argumentos de la tutela sean consistentes con los alegados en el incidente de desacato; (ii) que no se planteen asuntos que debieron alegarse en el incidente de desacato y (iii) que no soliciten pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no debía practicar de oficio. En cuanto al examen de procedencia material, se debe constatar la estructuración de alguno de los defectos que pueda presentar la decisión que puso fin al incidente de desacato (fáctico, sustantivo, procedimental, etc.). Así, la labor del juez constitucional que conoce una tutela promovida en contra de decisiones adoptadas en un incidente de desacato se limita a verificar primero, que el trámite incidental haya concluido para luego comprobar si la decisión que le puso fin al desacato se ajustó a lo ordenado en el fallo de tutela, si el trámite que lo antecedió respetó el debido proceso de las partes, si la sanción que eventualmente se hubiera impuesto fue razonable, de conformidad con lo probado en el caso y por último, pasar a determinar si se configuran los supuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 5. El incidente de desacato como mecanismo de carácter judicial para hacer cumplir los fallos de tutela. Reiteración de jurisprudencia. El artículo 229 de la Constitución Política garantiza a toda persona el derecho de acceso a la justicia, esto es, acudir en igualdad de condiciones a los jueces y tribunales, no solo para que decidan una situación jurídica planteada, sino para que emitan una orden y esta se cumpla efectivamente. En este sentido ha señalado la Corte que “cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar lo dispuesto en la providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos que a través de esta última se han reconocido a quien invocó protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Si tales derechos son fundamentales, el desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el Ordenamiento Superior, también por esa razón”[36]. Igualmente, esta Corporación ha reiterado que el incumplimiento de las providencias judiciales por parte de una entidad pública o privada conlleva al quebrantamiento del principio democrático, vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia y desconoce el debido proceso[37]. Frente a las obligaciones del Estado en materia de acceso a la administración de justicia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 25 dispone que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención (…) y, en consecuencia, corresponde al Estado garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. La Corte en su jurisprudencia ha ratificado esta garantía, ha sostenido sobre el particular que “incumplir la orden dada por el juez constitucional en un fallo de tutela es una conducta de suma gravedad, porque (i) prolonga la vulneración o amenaza de un derecho fundamental tutelado y (ii) constituye un nuevo agravio frente a los derechos fundamentales a un debido proceso y de acceso a la justicia”[38]. En este contexto, cuando los derechos de una persona han sido objeto de protección por vía de tutela judicial, ésta cuenta con la posibilidad de hacer cumplir las órdenes proferidas por el juez constitucional en el caso en que dichas órdenes no hayan sido acatadas por las autoridades accionadas[39]. Para ello, el Decreto 2591 de 1991 reglamentó los asuntos relativos a la solicitud de cumplimiento y los incidentes de desacato respecto de las órdenes impartidas por los jueces en una acción de tutela. Los artículos 23 y 27 de la norma en mención señalan: Artículo 23. Protección del derecho tutelado. Cuando la solicitud se dirija contra una acción de la autoridad el fallo que conceda la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere posible. //Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, el fallo ordenará realizarlo o desarrollar la acción adecuada, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si la autoridad no expide el acto administrativo de alcance particular y lo remite al juez en el término de 48 horas, éste podrá disponer lo necesario para que el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto”. Artículo 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. // Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior responsable y lo requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquel. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. // Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. // En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. Los preceptos en cita imponen una obligación perentoria de cumplir lo ordenado en un lapso de tiempo expedito, para que se adelanten las gestiones necesarias a efectos de poner fin a la vulneración o amenaza del derecho fundamental amparado[40]. En el caso de que se presente un incumplimiento a lo ordenado, el artículo 52 del mismo decreto establece: Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico[41] quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.” Esta Corporación ha reiterado las diferencias entre la solicitud de cumplimiento y el incidente de desacato, en la sentencia T-233 de 2018 citó: i) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento disciplinario de creación legal. ii) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva. iii) La competencia y las circunstancias para el cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del Decreto 2591 de 1991. La base legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado decreto. Es decir que, en cuanto al respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia. iv) El desacato es a petición de parte interesada; el cumplimiento es de oficio, aunque v) puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público [42]. En lo que interesa al caso, el incidente de desacato persigue el cumplimiento del fallo de tutela, este instrumento disciplinario en el que se imponen las sanciones de multa y detención, logra darle eficacia al cumplimiento de las órdenes impartidas por los jueces en sede de tutela y lleva inmersa una valoración subjetiva, en tanto requiere que se demuestre dolo o culpa en el incumplimiento de la orden impartida. El juez de primera instancia, por re...