Sentencia T-419 de 2011

T-419-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-419/11 PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Test de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO-Caso en que se declaró la nulidad del acto administrativo mediante el cual se había elegido como Gobernador al demandante Evaluadas las circunstancias de hecho que dieron lugar al proceso de nulidad electoral, las pruebas acopiadas al mismo y el contenido de la sentencia de segunda instancia, no encuentra la Corte que en ella, el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta- haya vulnerado el derecho del actor al debido proceso, y tampoco que hubiere incurrido en alguno de los defectos específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales que aquél le endilga. En criterio de esta Sala, la sentencia objeto de cuestionamiento, no se constituye en una actuación arbitraria o abusiva del juez del proceso y, por el contrario, encuentra que la misma fue proferida de conformidad con la Constitución y la ley, dentro del marco de la autonomía e independencia judicial, apoyándose en disposiciones claramente aplicables al caso concreto, con base en el material probatorio aportado al proceso, y ajustado al procedimiento establecido para tramitar la acción de nulidad electoral. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- Caso en que la sentencia se fundamenta en un determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de las normas y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas La Corte advierte que el planteamiento de la demanda de tutela, sobre un posible defecto fáctico, procedimental y sustantivo de la providencia acusada, se funda, en realidad, en una evidente diferencia de valoración en el mérito de las pruebas que fueron trasladadas del proceso penal al contencioso de nulidad electoral, lo cual, según la jurisprudencia constitucional, no puede considerarse ni calificarse como errores o defectos susceptibles de corrección judicial vía tutela. De hecho, frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto, estando el juez de tutela en la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que tajantemente demuestren lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima. A más de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, cuando la providencia judicial se fundamenta en un determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables al caso y en la valoración adecuada de las pruebas allegadas, como ocurre en esta oportunidad, no es factible alegar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, pues de ser ello así, habría una intromisión arbitraria del juez constitucional que menoscabaría de manera grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley -sustancial y procesal-. Por tanto, al margen de que la determinación adoptada por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta- no satisfaga las expectativas del demandante, no es posible afirmar, como equívocamente lo hace éste, que la autoridad judicial demandada vulneró flagrantemente su derecho fundamental al debido proceso, por el hecho de haber accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad electoral. Como ya se explicó, tal decisión, se adoptó conforme a los elementos de hecho y de derecho aplicables al caso. Referencia: Expediente T-2.591.548 Demandante: Blas Arvelio Ortiz Rebolledo Demandado: Consejo de Estado -Sección Quinta- Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En la revisión del fallo proferido por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B- que, a su turno, confirmó el dictado por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera-, en relación con el recurso de amparo constitucional formulado por Blas Arvelio Ortiz Rebolledo contra el Consejo de Estado -Sección Quinta-. I. ANTECEDENTES 1. La solicitud El 30 de julio de 2009, el señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo, actuando por conducto de apoderado judicial, promovió acción de tutela en procura de obtener la protección de su derecho constitucional fundamental al debido proceso, presuntamente transgredido por el Consejo de Estado -Sección Quinta-, al declarar nulo el acto administrativo contenido en el Acta General de Escrutinio proferido por la Comisión Escrutadora Departamental de Vichada, el 5 de noviembre de 2007, mediante el cual se le había declarado elegido como Gobernador del departamento de Vichada para el periodo constitucional 2008 - 2011, en el marco de un proceso de nulidad electoral. La situación fáctica a partir de la cual se fundamenta la invocación del amparo estatuido en el artículo 86 Superior, es la que seguidamente se expone: 2. Hechos Relevantes 2.1. El 28 de octubre de 2007 se llevaron a cabo las elecciones de autoridades locales para el periodo constitucional 2008-2011, en las que el ciudadano Blas Arvelio Ortiz Rebolledo resultó elegido Gobernador del departamento del Vichada. 2.2. Al culminar la jornada electoral del 28 de octubre de 2007, el ciudadano Juan Carlos Ávila denunció penalmente al señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos por la presunta comisión de una serie de irregularidades en la mesa 01 del puesto 50 de la zona 99 del municipio de Cumaribo, Vichada. 2.3. De igual manera dicho ciudadano, en ejercicio de la acción de nulidad electoral, resolvió incoar, el 27 de noviembre de 2007, proceso contencioso contra el acto de elección de Blas Arvelio Ortiz Rebolledo como Gobernador del Departamento de Vichada para el periodo 2008-2011, para que se declarara la nulidad del acto de la comisión escrutadora departamental contenido en el Acta General de Escrutinio Departamental por obra del cual se realizó la elección, así como también de las actas de escrutinios y los registros de los votantes correspondientes a la mesa de votación de Mataven, Cumaribo, y de las resoluciones de la Comisión Escrutadora Departamental, en tanto estas últimas no consintieron las reclamaciones efectuadas con motivo de los escrutinios de votos para gobernador y negaron la apelación ante el Consejo Nacional Electoral. Como consecuencia de lo anterior, solicitó la realización de un nuevo escrutinio con base en los registros de votación que no resulten afectados de nulidad, previa la exclusión de aquellos que sí lo estén por vía de acciones fraudulentas; además de lo cual requirió la expedición de una nueva credencial y su posterior comunicación a las instancias competentes para lo de rigor. Básicamente, la demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del Gobernador del departamento de Vichada se funda en las presuntas irregularidades que tuvieron lugar en la mesa 01 del puesto 50 de la zona 99 del municipio de Cumaribo, Vichada, como pasa a enumerarse: “(i) uno de los ejemplares del formulario E-14, supuestamente no fue suscrito por los miembros del jurado; (ii) el formulario E-14 fue firmado, supuestamente, por unas personas diferentes a quienes, como jurados de votación, suscribieron el formulario E-11 de la mesa respectiva; (iii) el señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios generales a cargo de la Registraduría Departamental de Vichada, presuntamente era responsable de la incineración de algunos votos, de la entrega de la tula contentiva de documentos electorales sin sellos de seguridad y de la entrega de bolsas abiertas que contenían votos que daban la impresión de haber sido marcados por la misma persona y no revelaban marcas de haber sido doblados”[1]. 2.4. El proceso fue tramitado, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo del Meta y, en segunda instancia, por el Consejo de Estado -Sección Quinta-. 2.5. En sede de primera instancia, la Procuraduría 48 Judicial II Administrativa de Villavicencio instó al Tribunal Administrativo del Meta, en escrito del 27 de mayo de 2008, para que no accediera a las súplicas vertidas en la demanda, por cuanto la falta de suscripción del ejemplar del formulario E-14 con destino a Claveros, además de que es causal de reclamación administrativa y no de nulidad, no afecta su validez en tanto el otro ejemplar con destino a delegados departamentales estaba debidamente diligenciado; y porque las presuntas irregularidades constitutivas de conductas delictivas, no debían tenerse en cuenta porque la investigación había sido precluida. 2.6. Mediante Sentencia del 29 de julio de 2008, el Tribunal de conocimiento decidió denegar las pretensiones de la demanda, tras considerar que no se acreditaron los supuestos de hecho de las normas consagradas en los artículos 84 y 223, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo[2]. Para ello, adujo que había quedado demostrado, por medio de perito grafólogo, que las firmas de los formularios E-14 correspondían a las de los jurados de votación, al tiempo que no se encontraban acreditadas las irregularidades en los votos depositados en la mesa cuestionada, toda vez que no se habían allegado declaraciones de alguna de las personas que, según se alega, fueron suplantadas o que no decidieron libremente. De otro lado, el Tribunal sostuvo que el formulario E-14 de la mesa de Mataven, destinado a los delegados departamentales, cumplió el requisito de estar firmado, al menos, por dos jurados de votación, luego no era de recibo el aserto del demandante de tener en cuenta, únicamente, el E-14 destinado a los claveros que no fue firmado, sobre la base del posible desconocimiento del principio de eficacia del voto previsto en el Código Electoral. Finalmente, manifestó su posición en cuanto a las Comisiones Escrutadoras, en el sentido de que las mismas en ningún momento infringieron alguna de las que denomina “dimensiones de las actuaciones administrativas”, tal y como se indicara inicialmente en el escrito de la demanda contenciosa, puesto que, en su sentir, obraron conforme a los principios democráticos y criterios exigidos en la Carta Política y en la ley. 2.7. El anterior fallo fue apelado por el actor el 06 de agosto de 2008[3], trámite dentro del cual la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se confirmara la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Meta, por considerar, por un lado, que la ausencia de firmas en el acta de escrutinio configura una causal de reclamación y no una nulidad electoral; y, por otro, que no existen diferencias en las rúbricas consignadas en los formularios E-11 y E-14, habida cuenta del resultado arrojado por el dictamen pericial rendido por la Fiscalía General de la Nación, que da cuenta de la uniprocedencia de las muestras. 2.8. El 13 de noviembre de 2008, el Consejo de Estado -Sección Quinta- dispuso oficiar a la Fiscalía 31 Seccional de Puerto Carreño, para que remitiera con destino al expediente copia auténtica de las actuaciones surtidas hasta la fecha en el proceso que se sigue en contra del señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos, por el presunto delito de alteración de resultados electorales, frente a lo cual el señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo propuso incidente de nulidad, al estimar que no se le dio traslado de la prueba oficiosa decretada. 2.9. Por su parte, el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-, al resolver la apelación, en Sentencia del 05 de junio de 2009, previo rechazo del incidente de nulidad por haberse presentado extemporáneamente[4], decidió revocar el pronunciamiento del a quo y, en su lugar, declaró nulo el acto administrativo contenido en el Acta General de Escrutinio (formulario E-26 AG) proferido por la Comisión Escrutadora Departamental de Vichada el 5 de noviembre de 2007, mediante el cual se declaró elegido al señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo como Gobernador del departamento de Vichada para el período constitucional 2008- 2011. En ese contexto, ordenó practicar un nuevo escrutinio de los votos emitidos para elegir Gobernador de Vichada, el 28 de octubre de 2007, tomando como base el realizado por la Comisión Escrutadora Departamental, en el cual se excluyan los 43 votos irregulares depositados en favor del candidato Blas Arvelio Ortiz Rebolledo en la mesa 01 del puesto 50 de la zona 99 de la inspección de policía de Mataven del municipio de Cumaribo, Vichada, declarando elegido Gobernador a quien corresponda. Inició el Tribunal por sostener, a partir de una evaluación y análisis de varias de la pruebas acopiadas en el trámite del proceso penal adelantado contra el señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos[5], calificadas como pruebas debidamente trasladadas al proceso electoral[6], al haberse practicado válidamente con audiencia del ciudadano Blas Arvelio Ortiz Rebolledo[7], que en las elecciones adelantadas en la inspección de policía Mataven del Municipio de Cumaribo, Vichada, se presentaron situaciones irregulares frente a los votos depositados en la mesa allí instalada. Sobre el particular, el Consejo de Estado hizo las siguientes consideraciones: “No de otra manera puede interpretarse la denuncia del demandante quien desde el 31 de octubre de 2007, antes de que se conocieran los resultados electorales, puso en conocimiento de las autoridades respectivas, conductas irregulares del Delegado del Registrador Municipal de Cumaribo, Vichada, en la inspección de policía de Mataven; de la misma declaración del citado Delegado que precisó que había introducido 20 votos a favor del candidato que resultó elegido y además que, aprovechándose de su condición, marcó los votos de varias personas; el hecho objetivo pues consta en el acta de escrutinio de mesa -formulario E-14- de que al efectuarse el conteo previo al escrutinio se hallaron 17 votos por encima del número de votantes; de circunstancias en las que coinciden todos los testigos – quienes fueron los jurados de mesa – según las cuales el lugar en el que se marcaban los votos y la urna no se hallaban a su alcance por lo que no tenían control sobre los votos que se depositaban o de aquella otra, en la que también coinciden todos, de que el Delegado era quien asesoraba a los mayores al momento de marcar su voto. Por las razones esbozadas en precedencia, no puede restárseles valor probatorio acogiendo los argumentos del demandado según los cuales el Delegado viene chantajeándolo o que corresponden, por lo menos las entrevistas, a meros gérmenes de prueba. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido uniforme en cuanto considera que la falsedad o apocrifidad a la que se refiere el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo corresponde a la falta de correspondencia entre la realidad y la información contenida en los diferentes registros electorales, por manera que si se considera que el voto, como máxima expresión de una democracia, debe ser libre, fuerza concluir que en los registros electorales sólo pueden considerarse votos debidamente depositados y esa condición no puede predicarse por lo menos de 43 de los verificados en la mesa 01 del puesto 50 de la zona 99, única de la inspección de policía Mataven del municipio de Cumaribo, Vichada. Como los votos irregulares fueron tomados en cuenta al momento de elaborar el correspondiente formulario E-14, el que sirvió de base al escrutinio municipal, que a su vez se erigió en el fundamento del escrutinio general y del acto de elección demandado, se tiene que el correspondiente registro es falso o apócrifo por ser falsos o apócrifos los elementos que sirvieron para su formación y el cargo así propuesto está llamado a prosperar”. Al constatarse, por tanto, una irregularidad en el proceso electoral que afecta el resultado de los comicios, el Consejo de Estado estimó plausible disponer la nulidad del acto que declara la elección y establecer el método para determinar la incidencia de la mencionada anomalía[8]. De suerte que procedió a la verificación del resultado de la elección, con prescindencia de los votos irregulares que le fueron computados al candidato que resultó beneficiado con los mismos, de la forma que a continuación se sigue: “Según el acta general de escrutinios contenida en el formulario E-26 AG, de la Comisión Escrutadora Departamental de Vichada, cuya copia auténtica obra en los folios 105 y siguientes y 254 del cuaderno principal, las elecciones para Gobernador del Vichada período constitucional 2008-2011, arrojaron el siguiente resultado: CANDIDATO VOTOS Blas Arvelio Ortiz Rebolledo 5.989 Juan Carlos Ávila 5.980 Hugo Janio López Chaque 4.376 Juan Manuel Mora Castillo 338 María Betty Morales Chica 62 Votos en blanco 202 Votos nulos 345 Votos no marcados 663 Total votos 17.955 Los votos depositados en la mesa 01 del puesto 50 de la zona 99, única de la inspección de policía de Mataven del municipio de Cumaribo, Vichada, conforme el formulario E-14 delegados del registrador nacional cuya copia auténtica obra en el folio 73 y 74, se distribuyeron así: CANDIDATO Votos Hugo Janio López Chaquea 41 Juan Manuel Mora Castillo - María Betty Morales Chica 1 Juan Carlos Ávila 43 Blas Arvelio Ortiz Rebolledo 87 Votos en blanco 1 Votos nulos 1 En tal virtud, si a la votación obtenida por el candidato Blas Arvelio Ortiz Rebolledo se le restan los 43 votos irregulares depositados a su favor, obtendría una votación de 5946 y ello cambiaría el resultado de la elección. Y tal procedimiento resulta plausible porque como se dijo, en este caso, se pudo establecer a quién beneficiaron las irregularidades que, alegadas, resultaron probadas. Entonces, habrá de decretarse la nulidad del acto a través del cual se declaró la elección de Gobernador del departamento de Vichada para el periodo 2008-2011 por cuanto consideró 43 votos indebidamente depositados a favor del Candidato Blas Arvelio Ortiz Rebolledo en la mesa 01 del puesto 50 de la zona 99, única de la inspección de policía Mataven del municipio de Cumaribo, y ordenarse un nuevo escrutinio en el que se excluyan esos 43 sufragios”. 2.10. Lo aquí decidido fue objeto de las solicitudes de aclaración y de adición por parte del demandado, todas las cuales fueron desestimadas en auto del 2 de julio de 2009 por quien avocó conocimiento del litigio contencioso en segunda instancia. La primera, por tratarse de un reparo a la decisión, mas no de una consulta sobre el alcance de una frase contenida en la parte resolutiva de la sentencia, y la segunda, por ser formulada de forma extemporánea[9]. 3. Fundamento de la demanda Teniendo como fondo lo anteriormente descrito, el tutelante comienza por afirmar que la decisión adoptada por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-, de declarar nulo el acto administrativo contenido en el Acta General de Escrutinio -Formulario E-26 AG-, expedido por la Comisión Escrutadora Departamental de Vichada el 5 de noviembre de 2007, por obra del cual se le declaró elegido como Gobernador del departamento de Vichada para el período constitucional 2008-2011, es constitutiva de lo que la jurisprudencia ha denominado como una vía de hecho judicial, al haber incurrido en los defectos procedimental, fáctico y sustantivo. 3.1. Vía de hecho procedimental: Según sostiene el actor, la sentencia, proferida en segunda instancia, incurrió en un defecto de este tipo, en cuanto allí no se dio traslado de la prueba decretada de oficio el 13 de noviembre de 2008, como tampoco se atendió de manera oportuna el incidente de nulidad que, posteriormente, fue rechazado por extemporáneo. Con tal omisión, a su entender, “el Consejo de Estado transgredió la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política, como quiera que no garantizó el derecho de contradicción y audiencia bilateral en relación con los elementos materiales probatorios remitidos por el fiscal de la causal penal. De esta forma, además de vulnerar el derecho al debido proceso, desconoció los tratados internacionales ratificados por Colombia, que por expresa disposición del artículo 93 constitucional, prevalecen en el ordenamiento interno”. Así, el defecto procedimental estriba, entonces, en que la prueba decretada de oficio por el Consejo de Estado no fue confrontada por los sujetos procesales, cuestión que, a la postre, resulta absolutamente trascendental para la definición del proceso. 3.2. Vía de hecho por defecto fáctico: En punto de la declaración de nulidad de la elección como Gobernador del departamento de Vichada, anota que la misma adolece de un vicio de carácter fáctico, por cuanto dicha decisión tuvo como soporte elementos materiales probatorios que no satisfacían los requisitos para ser considerados como pruebas trasladadas, pues los mismos no fueron válidamente practicados -el proceso penal se encuentra en etapa de indagación e investigación y, por consiguiente, cabe hablar tan solo de elementos materiales o evidencia físicas acopiadas- ni fueron solicitados por su parte ni mucho menos practicados con su audiencia, “circunstancia que se deriva de la naturaleza de la etapa de investigación que no comporta el traslado de los elementos cognoscitivos que recoja el fiscal a los interesados, ni la posibilidad de controvertirlos, con lo que es evidente que, frente a tales evidencias físicas, no se ejerció el derecho de contradicción y de audiencia bilateral”. Señala también que, a más de la valoración indebida de pruebas allegadas al proceso y la carencia absoluta de pruebas para sustentar la decisión, la sentencia incurre igualmente en un defecto fáctico por falta de motivación, lo cual, explica, se concreta en el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en este caso reflejado en la valoración arbitraria del acervo probatorio existente, como son los informes técnicos enseñados en la etapa de investigación del proceso penal que, a su vez, cristalizó un nuevo defecto procedimental, dada la falta de motivación al omitir justificar las razones por las cuales llegó a considerarse que los votos supuestamente depositados de modo irregular ascendían a 43. 3.3. Vía de hecho por defecto sustantivo: Para el actor, la providencia del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo, ya que, por su intermedio, se aplicó indebidamente una disposición normativa, sin que su contenido guarde conexidad material con los presupuestos del caso. En efecto, considera que se “realizó una indebida aplicación del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil en el proceso electoral referido, al tener como prueba trasladada unos elementos materiales probatorios recogidos por el fiscal de la causa en el proceso penal adelantado contra el señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos, sin que se reunieran los elementos exigidos para el efecto”. De acuerdo con lo expuesto en precedencia, arriba a la conclusión de que los alegados yerros cometidos por la corporación demandada fueron determinantes en la decisión adoptada en el marco del proceso de nulidad electoral. Esto último, a su juicio, se traduce en el quebrantamiento de su derecho constitucional fundamental al debido proceso, en la medida en que se carecía de pruebas para sustentar la decisión, se efectuó una indebida apreciación de aquellas que se arrimaron al proceso y se aplicó, impropiamente, una disposición normativa cuyo contenido no guardaba relación de conexidad alguna con el eje de la controversia. 4. Pretensiones de la demanda Para efectos de lograr la justiciabilidad de la prerrogativa iusfundamental que estima le ha sido conculcada, el accionante insta al juez de tutela para que deje sin efectos la Sentencia del 5 de junio de 2009, proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-, dentro del proceso de nulidad electoral promovido por el ciudadano Juan Carlos Ávila Juanías contra el acto que declaró su elección, así como para que se le ordene a dicha autoridad judicial proferir una nueva providencia con base en las pruebas válidamente decretadas en el trámite del proceso electoral, con exclusión de los elementos materiales probatorios practicados en la etapa instructiva del proceso penal adelantado contra el señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos y que fueron indebidamente trasladados al proceso electoral. Igualmente solicita, en caso de que haya sido separado del cargo, que se ordene el restablecimiento de su calidad de Gobernador del departamento de Vichada, a la que accedió legítimamente conforme con el resultado electoral contenido en el Acta General de Escrutinio (Formulario E-26 AG), proferido por la Comisión Escrutadora Departamental de Vichada, el 5 de noviembre de 2007. A renglón seguido pide la suspensión de los efectos de la providencia que censura como una medida provisional encaminada a evitar que se concrete la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido. 5. Oposición a la demanda de tutela Con el propósito de conformar debidamente el contradictorio, el Consejo de Estado -Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera-, por medio de Auto del 14 de agosto de 2009, admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a los Magistrados integrantes de la sección demandada y al señor Juan Carlos Ávila Juanías en su calidad de tercero con interés legítimo en las resultas del proceso, para que se pronunciaran acerca de los supuestos de hecho que motivaron la solicitud de amparo. En la misma providencia se ordenó oficiar a la Fiscalía 12 Seccional de Villavicencio, a fin de que remitiera con destino al proceso la certificación del estado actual del proceso penal adelantado contra el señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos e informara si, en efecto, para el 5 de junio de 2009, ya se había practicado el juicio oral. De igual manera, allí se resolvió negar la medida cautelar solicitada en el escrito de la demanda, por no advertirse la existencia de una vulneración flagrante y ostensible del derecho fundamental aludido por el actor, que haga factible adoptar el mecanismo de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la sentencia bajo análisis. Vale destacar que el término de rigor transcurrió sin respuesta alguna de los Magistrados que componen la Sección Quinta del Consejo de Estado. 5.1. Juan Carlos Ávila Juanías En el término concedido para el efecto, quien fungió como demandante en el proceso contencioso cuya sentencia es objeto de reproche, dio respuesta al requerimiento judicial mediante escrito en el que expresó su disentimiento frente a las pretensiones delineadas en la demanda de tutela y solicitó el rechazo de la protección constitucional invocada por ser, en su criterio, temeraria. Sostuvo al respecto, que no existe motivo expresamente justificado que logre explicar que similares hechos y derechos a los acá revelados estén siendo ventilados por el actor en una segunda acción de tutela, la cual se encuentra en curso actualmente en la Sección Segunda del Consejo de Estado. Ello impone, sin más, su rechazo de plano o, cuando menos, que se emita una decisión desfavorable de todo lo solicitado, conforme con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991[10]. 5.2. Fiscalía 12 Seccional de Villavicencio -Unidad Primera Seccional de Fiscalías- Al haberle correspondido el conocimiento de la causa penal por la presunta comisión del delito de alteración de resultados electorales, el Fiscal 12 Seccional de Villavicencio intervino en el presente juicio para informar que en el trámite del proceso se suscribió un Acta de Preacuerdo con el imputado Jorge Enrique Orjuela Barrientos que fue aprobada por el Tribunal Superior de Villavicencio -Sala Penal-. 6. Pruebas que obran en el expediente Las pruebas relevantes aportadas al trámite de tutela, todas de origen documental, conformadas por las principales piezas del proceso contencioso administrativo de nulidad electoral, promovido por Juan Carlos Ávila Juanías contra Blas Arvelio Ortiz Rebolledo, son las que a continuación se relacionan: - Copia de la totalidad de las actuaciones surtidas en el marco de la investigación penal adelantada por la Fiscalía 31 Seccional de Puerto Carreño contra Jorge Enrique Orjuela Barrientos por la presunta comisión del delito de alteración de resultados electorales (cuadernos 3, 4, 5, 6 y 7 del expediente). - Copia de la Sentencia del 29 de julio de 2008, proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual decidió denegar las pretensiones de la demanda, por no encontrarse acreditados los supuestos de hecho de las normas que pretendían hacerse valer (folios 261 a 272 del cuaderno No. 9 del expediente). - Copia de la Sentencia del 05 de junio de 2009, dictada, en segunda instancia, por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-, a través de la cual resolvió revocar el pronunciamiento del a quo y, en su lugar, declaró nulo el acto administrativo contenido en el Acta General de Escrutinio proferido por la Comisión Escrutadora Departamental de Vichada, por medio de la que se le declaró elegido al señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo como Gobernador del departamento de Vichada para el período constitucional 2008-2011 (folios 322 a 364 del cuaderno No. 10 del expediente). II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN 1. Primera Instancia 1.1. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en providencia dictada el 15 de octubre de 2009, decidió denegar la protección iusfundamental impetrada por el actor, en cuanto que, por regla general, la acción de tutela no es procedente para que mediante ella se controviertan sentencias judiciales. 1.2. A manera de consideración preliminar, puso de presente que la solicitud de rechazo que elevó el tercero interesado contra la acción de tutela por el supuesto ejercicio temerario en el que se incurría no era de recibo, en tanto la verificación que se efectuó de la segunda demanda presentada revela que se trata de hechos, por entero, distintos a los debatidos en el sub-lite[11]. 1.3. En seguida puntualizó que sólo excepcionalmente cabe el recurso de amparo constitucional contra providencias, en aquellos casos en que se vulnere el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, esto es, cuando el afectado no cuente con otro mecanismo para obtener la protección del derecho o derechos conculcados, evento en el cual no se infringe la cosa juzgada ni la seguridad jurídica como notas características de dichos pronunciamientos que ponen fin a un proceso. 1.4. Sobre esa base, estimó que del caso concreto no emergía una particular circunstancia que hiciera procedente la acción de tutela contra la providencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, dictada en el marco de un proceso electoral en el que el actor “fue asistido por un abogado, se opuso a los cargos de la demanda los cuales fueron atendidos en la sentencia, ejerció los recursos de ley y, en general, ejecutó los actos procesales en garantía del debido proceso”. 1.5. Por manera que la sola inconformidad de los sujetos procesales frente al sentido de una decisión judicial ordinaria no implica, per se, que pueda representar una afectación de sus derechos fundamentales. 2. Impugnación 2.1. La decisión del a-quo fue recurrida oportunamente por el apoderado del actor al considerar que aquella es diametralmente opuesta a la jurisprudencia constitucional desarrollada en materia de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, a partir de la cual se ha reconocido que los funcionarios y órganos de la rama judicial son autoridades públicas y, en tal virtud, sus actos pueden ser sometidos al control concreto de constitucionalidad, tal y como lo dispone el artículo 86 de la Carta Política. Desde esa perspectiva, señala que no le era dable a la Sección Primera del Consejo de Estado, en su calidad de juez constitucional, desconocer la procedencia del recurso tuitivo de los derechos fundamentales formulado y, menos aún, negar el amparo deprecado sin abordar de fondo la problemática jurídica de la cual avocó conocimiento. 2.2. Con todo, advierte que aun si, en gracia de discusión, se admitiera la tesis restrictiva adoptada por el operador jurídico de primera instancia, tendría que haberse revisado de fondo la demanda entablada, toda vez que uno de los defectos alegados alude a la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, en la medida en que no se dio traslado a las partes de las pruebas decretadas de oficio que sirvieron de fundamento a la decisión controvertida. 2.3. Así las cosas, solicita la revocatoria de la Sentencia proferida por parte del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que, en su lugar, se conceda la protección tutelar invocada, de suerte que sean protegidos los derechos constitucionales fundamentales del accionante. 3. Segunda Instancia 3.1. De la causa conoció el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, que, en Sentencia del 21 de enero de 2010, confirmó el fallo judicial adoptado en primera instancia, tras hacer hincapié en el hecho de que existe otro mecanismo de defensa judicial dispuesto en el ordenamiento jurídico que el actor puede activar en procura de salvaguardar las prerrogativas que estima infringidas. 3.2. En efecto, adujo que, si bien comparte la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de la procedencia de la acción de amparo contra providencias judiciales, lo cierto es que en el caso de autos no se acredita el cumplimiento de la totalidad de las exigencias que han sido delineadas en ella para acceder a su estudio de fondo, como lo es, por ejemplo, el tema del debido agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa al alcance de la persona afectada. 3.3. Esto, por cuanto las inconformidades planteadas por parte del actor son susceptibles de ser examinadas por vía del recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 185 del Código Contencioso Administrativo, mecanismo judicial que, al paso que se torna eficaz para la protección de sus derechos fundamentales, constituye el escenario natural de resolución del litigio, máxime, cuando no logra advertirse del mismo la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable que habilite la procedencia de la acción de tutela como herramienta de protección judicial transitoria. III. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN 1.1. A través de Auto del 13 de septiembre de 2010, la Sala Cuarta de Revisión consideró necesario recaudar algunas pruebas para verificar los hechos relevantes del proceso y mejor proveer en el presente asunto. En consecuencia, resolvió oficiar al accionante, señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo, para que informara a esta Sala lo siguiente: 1. Indique si, como consecuencia de las órdenes emitidas por el Consejo de Estado -Sección Quinta-, relativas a la práctica de un nuevo escrutinio de los votos emitidos para elegir Gobernador de Vichada el 28 de octubre de 2007, ya fue separado de su cargo o aún se mantiene en aquél. 2. Manifieste si promovió o no el recurso extraordinario de revisión -Art. 185 y siguientes del Código Contencioso Administrativo- instituido como la herramienta judicial de defensa para atacar la Sentencia del 5 de junio de 2009, dictada en segunda instancia por parte del Consejo de Estado -Sección Quinta-, dentro del proceso de nulidad electoral promovido por el ciudadano Juan Carlos Ávila Juanías contra el acto que declaró su elección. De igual forma, se le requirió al Consejo de Estado -Sección Quinta- para que diera cuenta del trámite que le dio al material probatorio que fue trasladado del proceso penal adelantado contra el señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos por la presunta comisión del delito de alteración de resultados electorales, al contencioso de nulidad electoral frente al cual resolvió decretar la nulidad del acto administrativo contenido en el Acta General de Escrutinio (Formulario E-26 AG) de la Comisión Escrutadora Departamental de Vichada, de fecha 5 de noviembre de 2007, por medio del cual se declaró elegido Gobernador del Departamento de Vichada al señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo. Lo anterior, con el propósito de corroborar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se dispuso oficiar al Tribunal Administrativo del Meta para que indicara si, como consecuencia de lo ordenado por la Sentencia dictada en segunda instancia, el 5 de junio de 2009, por el Consejo de Estado -Sección Quinta-, practicó la diligencia de nuevo escrutinio de los votos para elegir Gobernador de Vichada el 28 de octubre de 2007, tomando como base el escrutinio realizado por la Comisión Escrutadora Departamental, en el cual se excluyan los 43 votos irregulares depositados por el candidato Blas Arvelio Ortiz Rebolledo en la mesa 01 del puesto 50 de la zona 99, única de la inspección de policía del municipio de Cumaribo, Vichada. Igualmente, se ofició al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Vichada, Puerto Carreño, a fin de que precisaran si el Tribunal Administrativo del Meta llevó a cabo la orden contenida en la Sentencia de segunda instancia, el 5 de junio de 2009, proferida por el Consejo de Estado -Sección Quinta-, relacionada con la práctica de un nuevo escrutinio de los votos para elegir Gobernador del Vichada el 28 de octubre de 2007, tomando como base el realizado por la Comisión Escrutadora Departamental, con exclusión de los 43 votos irregulares depositados por el candidato Blas Arvelio Ortiz Rebolledo en la mesa 01 del puesto 50 de la zona 99, única de la inspección de policía del municipio de Cumaribo, Vichada. Por último, se solicitó a la Fiscalía 31 Seccional de Puerto Carreño, Vichada, información sobre el estado actual del proceso que se sigue en contra del señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos, instaurado por el señor Juan Carlos Ávila Juanías, por la presunta comisión del delito de alteración de resultados electorales. 1.2. Ha de anotarse, que el 17 de septiembre de 2010, la Secretaría General de esta Corporación remitió al despacho del Magistrado Ponente un memorial del Consejo Nacional Electoral, en el que expuso que el Tribunal Administrativo del Meta llevó a feliz término la orden impartida por la Sección Quinta del Consejo de Estado relacionada con la práctica de un nuevo escrutinio de los votos para elegir Gobernador del Vichada para el periodo constitucional 2008-2011, ya que, según oficio No. 1658[12], comunicado por la Secretaría del mismo Tribunal, el 6 de agosto de 2009, mediante una audiencia pública, y actuando en condición de Comisión Escrutadora, procedió a declarar elegido al señor Juan Carlos Ávila Juanías y a expedirle la correspondiente credencial, así como también a dejar sin valor ni efecto aquella que le fuere reconocida a Blas Arvelio Ortiz Rebolledo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código Contencioso Administrativo. Valga resaltar, que dicha información fue corroborada ulteriormente por el Tribunal Administrativo del Meta a través de escrito del 21 de septiembre de 2010, junto al cual acompañó copia del acta en la que consta la celebración de la audiencia y lo fijado en ella[13]. En adición a lo anterior, cabe apuntar que el 23 de septiembre pasado, por conducto de la Secretaría General de la Corte, el actor dirigió escrito al despacho del Magistrado Sustanciador en el que contestó los interrogantes formulados en el trámite de revisión. En él señaló, básicamente, que no había promovido el recurso extraordinario de revisión contra la providencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado -Art. 185 y ss. Del Código Contencioso Administrativo-, merced a su manifiesta improcedencia, pues contra la misma no se configura ninguna de las causales taxativamente estipuladas en el artículo 188 del C.C.A. para activar el citado recurso, por fuera de lo cual insistió en la separación que de su cargo se produjo el 14 de agosto de 2009, a raíz de lo ordenado por el juez contencioso administrativo. Así también, en comunicación del 28 de septiembre de 2010, la Secretaría General de esta Corporación dio cuenta de memorial en el que el Consejero de Estado Filemón Jiménez Ochoa se opuso a los argumentos insertos en la demanda de tutela, por considerar que las diligencias de que se compone el expediente contentivo del proceso penal en el que se investigó la conducta de “alteración de resultados electorales”, arribaron a la causa electoral en copia auténtica expedida por las autoridades competentes y con la anuencia del señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo, quien se constituyó en calidad de víctima en el primero de los procesos y coadyuvó en su confección[14]; todo lo cual permitía tenerlas no ya solamente como simples elementos con cierto valor demostrativo, sino como piezas probatorias basilares para ilustrar una decisión de fondo. Finalmente, es de relievar que la Fiscalía 12 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito -Unidad Primera-, por medio de oficio No. 872, puso en conocimiento de esta Corporación que el señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio, en Sentencia del 28 de enero de 2010, a la pena principal de 35 meses y 6 días de prisión, siéndole negado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como el de la sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria. IV. CONSIDERACIONES 1. Competencia Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 27 de mayo de 2010, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de esta Corporación. 2. Problema Jurídico 2.1. De acuerdo con el acontecer fáctico descrito en precedencia, la problemática de índole jurídica por resolver, en sede de revisión, se contrae a la necesidad de establecer, si por obra de la sentencia de segunda instancia, dictada dentro del proceso contencioso de nulidad electoral, promovido por Juan Carlos Ávila Juanías contra el actor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo, se violó el derecho fundamental de éste último al debido proceso, por el hecho de haberse decidido en ella la nulidad del acto administrativo mediante el cual se le había declarado elegido como Gobernador del departamento de Vichada para el período constitucional 2008-2011 y la práctica de un nuevo escrutinio de los votos emitidos para dicha elección. 2.2. Tal panorama conduce a la Sala, indefectiblemente, a examinar si, en efecto, el fallo cuestionado (i) respetó las normas procedimentales básicas aplicables al caso concreto, (ii) si analizó correctamente los hechos realmente ocurridos y alegados, y (iii) si examinó adecuadamente las pruebas allegadas al proceso. 2.3. Con ese objetivo entonces, se iniciará por (i) reiterar la doctrina de la Corte Constitucional en torno a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, para luego (ii) verificar si en el caso bajo examen, se cumplen con los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la misma. 3. De la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de Jurisprudencia 3.1. No pocos han sido los pronunciamientos que tanto en sede de control abstracto como por vía del control concreto de constitucionalidad esta Corporación ha proferido en tratándose de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[15]. Inclusive, podría afirmarse que el tema ha sido objeto de un interesante desarrollo jurisprudencial que ha servido para perfilar de mejor manera sus contornos en orden a garantizar la primacía, prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales fundamentales, introducir esa perspectiva a juicios tradicionalmente tramitados y definidos, actualizar el derecho y nutrirlo de valores y principios propios del Estado Social y Democrático de Derecho[16]. 3.2. Según se ha expresado en la jurisprudencia de esta Corte, la tutela contra decisiones judiciales, encuentra un claro fundamento de principio en la implementación por parte del Constituyente del 91, de un nuevo modelo de justicia constitucional basado, concretamente, (i) en el carácter normativo y supremo de la Carta Política, que vincula a todos los poderes públicos -C.P. art. 4°-; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales -C.P. arts. 2° y 85-; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional, a quien se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, y dentro de tal función, la de interpretar el alcance de las normas superiores y proteger los derechos fundamentales -C.P. art. 241-; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública, en defensa de sus derechos fundamentales -C.P: art. 86-[17]. 3.3. No obstante, ha sido la propia jurisprudencia la que también ha dejado en claro, que la posibilidad de controvertir las providencias judiciales mediante el recurso de amparo constitucional es, en todo caso, de alcance excepcional y restrictivo, en atención a que están de por medio los principios constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de los jueces, y el sometimiento de los conflictos a las competencias ordinarias de éstos[18]. Comprensión que, desde luego, encuentra particular sustento en la condición supletiva que el artículo 86 Superior le ha atribuido al recurso tuitivo de los derechos fundamentales, lo que ha llevado justamente a entender que su ejercicio sólo sea procedente de manera residual, es decir, cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable[19]. En tal virtud, a la acción de tutela no puede admitírsele, bajo ningún motivo, como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten[20]. Antes bien, lo que se pretende es el reconocimiento del carácter preferente de los diversos mecanismos judiciales de defensa delineados en el ordenamiento jurídico, a los que deben acudir las personas en procura de la efectiva garantía de protección de sus derechos[21]. 3.4. Ahora, si bien es cierto que la función judicial se encuentra sometida al principio de legalidad, lo que, de suyo, le reconoce legitimidad a la misma y la rodea de garantías institucionales para su desarrollo, también lo es que las autoridades judiciales se encuentran compelidas a proceder razonablemente y en estricto apego a la Constitución y a la ley. En ese contexto, “el principio de legalidad actúa como un límite a la discrecionalidad del juez, quien en el ejercicio de sus funciones no puede interpretar y aplicar la ley de forma arbitraria, apartándose del ámbito del derecho, e incurriendo en actuaciones abusivas contrarias al ordenamiento jurídico”[22]. 3.5. Por eso, la acción de tutela contra providencias judiciales sólo puede ser valorada por el juez constitucional, en aquellos eventos en los que logre comprobarse que la actuación del funcionario judicial fue “manifiestamente contraria al orden jurídico, o al precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”[23]. En estos casos, el control que se ejerce a través del mecanismo de amparo constitucional se justifica, toda vez que las decisiones judiciales que no se corresponden con las reglas preestablecidas y que constituyen una afectación indebida a los derechos fundamentales, se traducen, en realidad, en una desfiguración de la actividad judicial que, en últimas, deslegitima la autoridad confiada al juez para administrar justicia e, impone, sin más, su declaración constitucional para dar paso al derecho sustancial y salvaguardar los derechos fundamentales de los coasociados[24]. 3.6. Conforme con lo anterior, la tarea inicial de este Tribunal se orientó, principalmente, por la elaboración y fijación de parámetros a partir de los cuales el operador jurídico pudiera identificar aquellos escenarios en los que la acción de tutela resultara procedente para controvertir los posibles defectos de que puedan adolecer las decisiones judiciales, para con ello determinar si hay o no lugar a la protección, excepcional y restrictiva, de los derechos fundamentales por vía del recurso de amparo constitucional[25]. 3.7. Y, en efecto, la Corte, partiendo de la necesidad de armonizar intereses constitucionales tales como la autonomía de la actividad jurisdiccional del Estado y la seguridad jurídica, junto con la efectiva prevalencia y eficacia de los derechos fundamentales, ha consolidado una doctrina en torno a los eventos y condiciones para disponer sobre su protección, cuando éstos han resultado ilegítimamente afectados con una decisión judicial[26]. 3.8. Así las cosas, producto de una labor de sistematización sobre la materia, en la Sentencia C-590 de 2005[27], la Corte distinguió entre requisitos generales y causales específicas de procedibilidad. En cuanto a los primeros, también denominados requisitos formales, debe decirse que son aquellos presupuestos cuyo cumplimiento habilitan al juez de tutela para que pueda entrar a evaluar, en el caso concreto, si se ha presentado alguna causa específica de procedibilidad del amparo constitucional contra una decisión judicial. Dicho de otro modo, son condiciones sin las cuales no sería posible abordar el estudio del fallo objeto de reproche[28]. Ellas son: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[29]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes[30]. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[31]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[32]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos[33]. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[34]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[35]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[36]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”[37]. 3.9. Superada la observancia de los anteriores supuestos, el juez debe comprobar que se configura por lo menos uno de los requisitos de procedibilidad especiales, o defectos materiales, identificados por la jurisprudencia constitucional y definidos en la misma como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales. Recientemente, esta Sala de Revisión, al abordar el estudio de un asunto similar al que ahora ocupa su atención, tuvo la oportunidad de citarlos y complementarlos de la siguiente manera: “a. En un defecto orgánico. El cual se configura cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. Dicho en otras palabras, tal defecto se estructura en los eventos en que la decisión cuestionada vía tutela, ha sido proferida por un operador jurídico jurídicamente incompetente. b. En un Defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez ha actuado completamente al margen del procedimiento establecido, es decir, cuando éste se aparta abiertamente y sin justificación válida, de la normatividad procesal que era aplicable al caso concreto. Sobre este defecto, ha expresado la Corte, que al ignorar completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina dictando una sentencia contraria a derecho, arbitraria, que vulnera derechos fundamentales. No obstante, también la jurisprudencia ha precisado que para configurar el defecto, el desconocimiento del procedimiento debe atender a los siguientes requisitos: (ii) debe ser un error trascendente y manifiesto, que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga a su vez una influencia directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la deficiencia no resulte atribuible al afectado. Así, por ejemplo, la Corte ha encontrado que se configura un defecto procedimental, en los siguientes casos: (i) cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un efecto real, lo cual puede ocurrir porque el afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por otros medios, no procederá la tutela; (ii) cuando existe una dilación injustificada, tanto en la adopción de decisiones como en el cumplimiento de las mismas por parte del juez; cuando la autoridad judicial pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica previamente había sido ordenada; y (iii) cuando resulta evidente que una decisión condenatoria en materia penal, se produjo como consecuencia de una clara deficiencia en la defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado. c. En un defecto fáctico. Este surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. En ese contexto, La Corte ha explicado que las deficiencias probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas allegadas al proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el primer caso, un defecto por interpretación errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e ilegalidad de la prueba. En punto a los fundamentos y al margen de intervención que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha fijado los siguientes criterios de aplicación: - La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicia...