Sentencia T-406 de 2017

T-406-17 Sentencia T-506/12 Sentencia T-406/17 AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA Y AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Improcedencia por no estar acreditados los requisitos de la agencia oficiosa ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Improcedencia general ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA EN PROCESO PENAL-Improcedencia por ausencia de legitimación en la causa por activa, existencia de un medio judicial para resolver la controversia e imposibilidad de contrariar fallos de tutela en firme Referencia: Expediente T-6.023.114. Acción de tutela instaurada por la señora Amparito Rodríguez Tovar, quien actúa en calidad de agente oficiosa de su compañero permanente Juan Crisóstomo Torres, contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá D.C., en sede de tutela los Juzgados Octavo Penal del Circuito de Conocimiento y Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, además la Fiscalía 266 Seccional de Bogotá, en sede ordinaria. Magistrado Ponente (e.): IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete (2017). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela emitido en única instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el asunto de la referencia. El expediente fue seleccionado por la Sala de Selección núm. Tres de esta Corporación el 16 de marzo de 2017[1]. I. ANTECEDENTES Mediante escrito del 8 de noviembre de 2016, la señora Amparito Rodríguez Tovar, en calidad de agente oficiosa de su compañero permanente Juan Crisóstomo Torres, quien se encuentra recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá, interpuso acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, la Fiscalía 266 Seccional y el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la libertad y de petición. Para sustentar la acción relató los siguientes: 1. Hechos. 1.1. Aseveró que el 15 de marzo de 2010 su compañero permanente[2] se encontraba en un establecimiento abierto al público con el señor Dionicio Duarte Prada, fue capturado y llevado ante los Jueces con funciones de Control de Garantías porque a este último le incautaron una bolsa “sospechosa” –posteriormente se estableció que contenía 635.8 gramos de cocaína, aclara la Corte-. 1.2. Señaló que el 17 de marzo de 2010 se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en la residencia. El señor Dionicio Duarte Prada se allanó a los cargos, mientras que Torres fue dejado en libertad, por lo tanto, “se despreocupó” del asunto. 1.3. Afirmó que el 16 de febrero de 2016 Juan Crisóstomo Torres fue privado de la libertad porque tenía pendiente una orden de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 1.4. Indicó que desde aquella fecha Juan Crisóstomo Torres se encuentra recluido en la Cárcel La Picota a pesar de ser inocente del delito que se le imputó, ya que el responsable es Dionicio Duarte Prada, quien desde el mismo momento de la formulación de imputación se allanó a los cargos, puesto que era el portador de la única bolsa decomisada. 1.5. Expresó que el señor Torres solicitó al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá la prisión domiciliaria, por intermedio de un “Derecho (sic) de Petición (sic)”, no obstante, fue negada sin tener en cuenta “que el verdadero responsable del delito o sea el señor DIONICIO DUARTE PRADA, gozaba de este beneficio desde el mismo día que los judicializaron a mi esposo y a él en el juzgado 42 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá a pesar de que el señor Dionicio Duarte Prada de (sic) allanó a los cargos ya que siempre a (sic) manifestado ser el único responsable del delito” (fl. 20 cuaderno primera instancia). 1.6. Manifestó que su compañero Juan Crisóstomo Torres también interpuso otra acción de tutela, pero fue negada porque “no agotó previamente otros recursos ordinarios y extraordinarios como lo fueron en su momento la apelación a la sentencia, la casación y la acción de revisión”. Amparo que conoció en primera instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el cual lo declaró improcedente, confirmado en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 1.7. Con fundamento en lo expuesto, solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la dignidad humana y de petición, al considerar que todas las autoridades accionadas “son conocedoras de la inocencia de mi esposo”. En consecuencia, pidió que (i) se ordene escuchar nuevamente a los procesados Dionicio Duarte Prada y Juan Crisóstomo Torres; que (ii) se aclare por qué se condena a dos personas por un mismo delito cuando este sólo pudo ser cometido por una de ellas, en tanto sólo se incautó un paquete; y que (iii) cese la actuación procesal en contra de su compañero permanente. Cuestiones previas. Antes de continuar con la relación del trámite de la acción de tutela, la Sala considera pertinente realizar un breve recuento de (i) lo ocurrido en la jurisdicción ordinaria penal con los procesados Dionicio Duarte Prada y Juan Crisóstomo Torres, quienes fueron capturados el 15 de marzo de 2010 por llevar consigo 635,8 gramos de cocaína y cuyos procesos fueron instruidos de manera separada por la ruptura de la unidad procesal; y (ii) lo concerniente a la primera acción de tutela interpuesta directamente por el señor Torres. (i) Procesos penales. Una vez capturados Dionicio Duarte Prada y Juan Crisóstomo Torres, el 17 de marzo de 2010, el Juzgado 42 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, llevó a efecto las audiencias preliminares concentradas. Allí se legalizaron las capturas y se formuló la respectiva imputación por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. El procesado Duarte Prada se allanó a los cargos y se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en el lugar de residencia, mientras que Torres, quien no se allanó, fue dejado en libertad, puesto que no se le impuso medida alguna. Ante la aceptación de cargos por parte de Duarte Prada, el Juzgado 42 Penal Municipal con función de Control de Garantías ordenó la ruptura de la unidad procesal, lo cual se cumplió el 16 de abril de 2010 por parte de la Secretaría de la Fiscalía. Así, el CUI originario 110016000019201002445 NI117725 quedó para el caso de Juan Crisóstomo Torres “sin allanamiento a cargos”. El nuevo CUI 110016000000201000215 corresponde a Dionicio Duarte Prada “con allanamiento a cargos” (al respecto puede verse los fls. 2 a 4 y 85 a 95 del cuaderno principal). Proceso de Dionicio Duarte Prada. El expediente fue asignado al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá el cual, a través de sentencia del 13 de agosto de 2010, lo declaró penalmente responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y le impuso 57 meses 3 días de prisión[3] y multa equivalente a 84 s.m.l.m.v., al encontrar acreditados los requisitos que acreditaban tanto la materialidad de la conducta punible como la responsabilidad del acusado. No le concedió la prisión domiciliaria ni la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La sentencia tuvo como fundamento el allanamiento a cargos que en audiencia de formulación de imputación hizo el acusado y la incautación de la sustancia estupefaciente “la cual fue hallada durante el registro personal realizado al aquí procesado DUARTE PRADA y a su acompañante” (ver sentencia condenatoria que corre a fls. 173 a 176 del cuaderno de revisión). Proceso de Juan Crisóstomo Torres. Paralelamente a aquella actuación, este proceso se adelantó por la Fiscalía 266 Seccional, la cual presentó escrito de acusación. Tras celebrarse las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y juicio oral, el Juzgado Octavo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá se emitió sentencia condenatoria el 3 de agosto de 2015. En efecto, como Juan Crisóstomo Torres no se allanó a cargos fue sentenciado a 96 meses de prisión y multa de 124 s.m.l.m.v. y, además, fueron negados los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. El fallo se fundamentó en los medios de convicción aportados, especialmente el testimonio del agente encargado de la captura quien en el juicio oral señaló a Juan Crisóstomo Torres como la persona que portaba el alcaloide. Así se pronunció el despacho judicial: “Superado el juicio sobre la materialidad del delito, impera agregar que en torno a la responsabilidad del acusado, esta se encuentra acreditada con el testimonio del agente de policía que realizó la captura. De acuerdo con la versión del gendarme Edwin Tenza Duarte, el día de los hechos patrullaba con su compañero John Hernández Patiño cerca al río Fucha, barrio la libertad, cuando observaron a dos sujetos que al percatarse de su presencia agilizaron el paso, por lo cual, los abordaron, y en el registro que les practicaron, les encontraron la sustancia estupefaciente. Adicionalmente, el policial afirmó que Dionicio Prada les pidió que le ayudaran, pues la esposa de uno de los dos se encontraba enferma, siendo esta la razón por la cual se habían ofrecido, a cambio de una remuneración, a llevar la droga. Aunque no recordó quien exactamente le hizo tal confesión, sí preciso que el acusado era quien llevaba la bolsa en la que se encontraba la droga” (ver sentencia condenatoria obrante a fls. 38 a 53 del cuaderno de revisión). Concluyó el fallador “con meridiana claridad que el inculpado fue sorprendido y aprehendido, junto con su compinche, cuando llevaba la droga en una bolsa plástica. Esto si (sic) más, significa que la Fiscalía logró acreditar más allá de toda duda razonable la responsabilidad del enjuiciado, pues la acusación se circunscribió a la acción de llevar consigo, y no a la de comercializar la droga, como lo sugirió la defensa al cierre de sus alegaciones finales”. Finalmente, debe observarse que durante el desarrollo de este proceso, el acusado contó con una defensora de confianza, quien renunció y, por lo mismo, el caso lo asumió otra profesional del derecho adscrita a la Defensoría Pública, previa solicitud del despacho judicial. El 16 de febrero de 2016, en cumplimiento de orden de captura, fue aprehendido Juan Crisóstomo Torres y dejado a disposición del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, encargado del cumplimiento de la sanción impuesta. (ii) Acción de tutela interpuesta por el condenado Juan Crisóstomo Torres. El 30 de agosto de 2016, ante la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Juan Crisóstomo Torres interpuso acción de tutela contra el Juzgado Octavo Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, al considerar que se le habían violado sus derechos constitucionales fundamentales (sin señalar cuáles), por habérsele condenado cuando era inocente. Sustentó la acción en los hechos que dieron origen a su aprehensión, a la aceptación de cargos por parte de Duarte Prada y su encuentro con el mismo en el centro penitenciario “La Picota” de Bogotá, quien allí le manifestó que “estaba convencido de que yo andaba en la calle, ya que yo no tenía nada que ver con ese delicado problema en que él me había involucrado…entonces él me dice que va a enviar un memorial al Juzgado explicándole a la señora Juez que yo Juan Crisóstomo Torres, no tengo nada que ver y que soy inocente…y que a él era el que (sic) le habían encontrado las sustancias alucinógenas” (fl. 4 c. ppal). Finalmente, solicitó que se ampararan sus derechos y, en consecuencia, se ordenara escuchar el testimonio de Duarte Prada y al Juzgado Octavo Penal del Circuito con función de Conocimiento que disponga su “libertad inmediata”. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo del 9 de septiembre de 2016 negó el amparo al considerar que la sentencia emitida por el juzgado accionado no fue recurrida, a pesar de que “Juan Crisóstomo Torres conocía de la existencia del proceso que se surtía en su contra, pues según el acta que milita a folio 43, se advierte que el 17 de marzo de 2010, tras su captura, fue presentado ante el Juzgado 42 Penal Municipal con función de Control de Garantías de la ciudad, quien impartió legalidad a la privación de su libertad, aunado a que, en esa oportunidad, la Fiscalía 312 Seccional le imputó la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente; cargo frente al cual, decidió no allanarse. Determinación que adoptó prevalido de la asesoría de su entonces defensora de confianza, doctora Liliana Marcela Navarro García”. Así mismo, señaló el juez constitucional que el accionante se abstuvo de acudir a las subsiguientes diligencias, dejando la representación de sus intereses a cargo de un defensor público. “En esa medida, advierte la Sala que fue el propio accionante quien conociendo la existencia del proceso penal en su contra y contando con la posibilidad de participar en la fase de juzgamiento, no lo hizo; por tanto, la no apelación de la sentencia de condena obedeció a su propia negligencia”. Igualmente, se consideró que la acción de tutela resultaba improcedente “como quiera si (sic) realmente existe, como lo da a entender el actor, una prueba nueva que demostraría su inocencia frente al delito por el cual fue condenado, puede impetrar el recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 192 del C.P.P., con sustento en la causal 3ª…trámite dentro del cual, podrá aportar, la declaración rendida por el interno Dionicio Duarte Prada” (fls. 54 a 72, corresponden al fallo de tutela emitido por el Magistrado Gerson Chaverra Castro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá). Impugnado el fallo[4], la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en decisión del 19 de octubre de 2016 confirmó la sentencia, puesto que la acción de tutela no es la vía para exponer los aspectos con los cuales no estaba de acuerdo, puesto que no se trata de una nueva oportunidad para debatir las inconformidades del proceso penal. Por tanto, “no es factible pretender revivir etapas procesales ya precluidas, circunstancia que torna improcedente el amparo constitucional, bajo el entendido que no es la acción de tutela el mecanismo diseñado para renovar términos que se han dejado vencer, habida cuenta que una actitud de desprecio o desdén frente a los medios ordinarios de defensa no puede ser revertida a través de este excepcional instrumento de protección”. De otro lado, se indicó que el accionante era conocedor del proceso penal que se le tramitaba, ya que así lo aceptó en la demanda tutelar cuando refirió que “en varias oportunidades la defensora publica que lo representaba se comunicó con él para informarle los pormenores de la actuación, refiriéndole incluso que ésta le aconsejo que no se presentara ante la judicatura”. Así mismo, fue citado oportunamente por el despacho judicial que tramitó la fase de juzgamiento a la dirección que consignó en las primeras diligencias, esto es, Transversal 68 núm. 2-52 sur. Conforme con lo anterior, se concluyó que el accionante pudo intervenir en el proceso penal para lograr un pronunciamiento favorable, sin embargo, voluntariamente “se desentendió del mismo y renunció a la posibilidad de controvertir su responsabilidad”. En torno a la queja por la gestión de la defensa técnica, dijo la Sala Penal que esa célula “ha sido categórica en sostener que la pasividad en el encargo de la misión defensiva no es suficiente para tener como vulnerada esta garantía constitucional, ni mucho menos que por ello se acredite la existencia de una causal de procedibilidad de la acción de tutela o vía de hecho. Ello en la medida que la inactividad del defensor puede constituir una estrategia defensiva sin que ello conlleve a considerar indefectiblemente un abandono o infidelidad a sus deberes, como lo quiere hacer ver el memorialista, pues inaceptable resulta que acuda ahora a la tutela para cuestionar el proceso penal que se le siguió y censurar la gestión de la defensa que lo asistió, la cual no se avizora nugatoria de sus derechos por el solo hecho de no ser abundante en la interposición de solicitudes y recursos; por el contrario la misma se vio limitada por inasistencia del encartado quien mal puede descalificarla pues fue su incuria la que dejo al profesional del derecho sin información y herramientas que le permitieran ejercer una mejor labor”. Finalmente, señaló la Corte que en torno a la valoración probatoria y jurídica realizada por el juzgado accionado para sustentar la condena, no era posible llevar a cabo su revisión “toda vez que dichos aspectos escapan al análisis que debe efectuarse en sede de la acción de tutela, en tanto no es posible prescindir de la jurisdicción ordinaria, también instituida para salvaguardar las garantías de los sujetos procesales y que contiene los instrumentos idóneos para corregir las eventuales y presuntas irregularidades, por tanto, si algún tipo de inconformidad le asistía frente al particular en desarrollo de la litis debió presentar allí los soportes lógicos y probatorios que respaldaran sus pretensiones” (fls. 97 a 105 del cuaderno de revisión, correspondiente al primer fallo de tutela). La Sala de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante auto del 25 de noviembre de 2016 decidió excluir de revisión la citada acción de tutela, radicada bajo el núm. T-5.865.010 (ver folio 82 del expediente de revisión). 2. Trámite procesal de la acción de tutela objeto de revisión. 2.1. A través de auto del 15 de noviembre de 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, admitió la acción de tutela y ordenó dar traslado a las autoridades judiciales accionadas, para que ejercieran el derecho de defensa. Así mismo, ordenó vincular a las partes e intervinientes en la acción que Juan Crisóstomo Torres promovió contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, radicada con el núm. 88254. 3. Respuestas de las autoridades accionadas. 3.1. La Juez 42 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Bogotá, vinculada a la actuación, alegó la falta de legitimación por pasiva, puesto que su actuación se limitó a las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento para Dionicio Duarte Prada, mientras que respecto de Juan Crisóstomo Torres ordenó la libertad, ya que se abstuvo de imponer la detención preventiva. Por tanto, el proceso no estuvo bajo su mando, no programó diligencias ni audiencias públicas, como tampoco fue quien emitió el fallo condenatorio. 3.2. La Juez Octava Penal del Circuito con función de Conocimiento aceptó haber conocido del proceso radicado núm. 110016000019201002445 NI 117725 contra Juan Crisóstomo Torres, por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Señaló que una vez surtidas las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y juicio oral, el 3 de agosto de 2015 se emitió sentencia, a través de la cual condenó al procesado a la pena principal de 96 meses de prisión y multa de 124 smlmv. Decisión que no fue recurrida, quedando en firme. Demandó la negativa del amparo porque no hubo vulneración a los derechos del condenado, puesto que, por el medio eficaz, se le citó a todas las audiencias y en forma oportuna se le garantizó el derecho de defensa a través de un abogado de la Defensoría Pública. 3.3. La Fiscal 266 Seccional de Bogotá argumentó que luego de realizadas las audiencias preliminares se le asignó el asunto para la etapa de la investigación. Aseveró que como el proceso contaba con elementos de prueba suficientes para llevar su teoría del caso ante el Juez, así lo plasmó en escrito de acusación del 29 de marzo de 2010. Celebradas las audiencias, el procesado fue condenado a 96 meses de prisión y se le negó el subrogado o prisión domiciliaria. Señaló que el accionante contó con todas las garantías procesales, “las cuales conoció desde la primera audiencia, como lo era la asesoría de su abogado, la posibilidad de debatir las pruebas en su contra y llevar al convencimiento del Juez de su inocencia a través del debate probatorio, así como de interponer los recursos procedentes contra las decisiones”. Así mismo, afirmó que el procesado en su momento tuvo a su alcance los recursos ordinarios y extraordinarios. 4. Decisiones de tutela objeto de revisión. 4.1. El 17 de noviembre de 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo, al considerar que la tutela fue impetrada por la señora Amparito Rodríguez Tovar, quien carece de legitimación para solicitarlo “por cuanto no es parte en los mismos”. De tal manera, señaló la Sala de Casación Civil que “en el asunto sub-lite sólo Juan Crisóstomo Torres, podría debatir sobre las determinaciones adoptadas en el proceso penal adelantado en su contra por el delito de Tráfico, Fabricación y Porte de Estupefacientes y en la acción de tutela formulada contra el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, en la que se le negó el amparo invocado, pero no la actora, a quien ninguna de esas decisiones le ocasiona perjuicio o la vincula a las mencionadas actuaciones”. 4.2. A través de escrito presentado el 6 de diciembre de 2016, el señor Dionicio Duarte Prada –coprocesado en la actuación penal y detenido en la Cárcel La Picota de Bogotá- impugnó la decisión. Señaló que el señor Juan Crisóstomo Torres “no es culpable, ya que el (sic) no sabía de nada de lo que yo estaba haciendo, el (sic) solo se enteró cuando nos metieron a la patrulla de la Policía”, por tanto, no entiende porque “la justicia se ha empeñado en retener y mantener privado de la libertad a el (sic) señor Juan Crisóstomo Torres si todos saben mui (sic) bien, que el (sic) es inocente, desde el mismo instante que fuimos capturados ya que siempre hemos manifestado, que yo soi (sic) el culpable, y el (sic) es inocente”. Solicitó por tanto al juez constitucional que se pronunciara sobre la inocencia del señor Torres y “no sean caprichosos en mantener privado de la libertad a el (sic) señor Juan Crisóstomo Torres….le hago este llamado casi que desesperado a las autoridades porque no me parece justo que a un señor de esa edad lo mantengan privado de la libertad siendo inocente”. 4.3. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en decisión unipersonal del 30 de enero de 2017, rechazó la impugnación presentada por Dionicio Duarte Prada, puesto que “así como la accionante no está legitimada para actuar, como lo consideró la Sala de Casación Civil, debido a que no fue parte del trámite procesal que se dice violentó los derechos del señor Crisóstomo Torres, el impugnante Dionicio Duarte Parra (sic), tampoco lo está para recurrir la decisión de primer grado, pues esta en nada lo afectó”. 5. Pruebas. La accionante aportó como pruebas relevantes, relacionadas con la actuación surtida en la jurisdicción ordinaria, las siguientes: 5.1. Fotocopia del acta de audiencias preliminares concentradas con fecha del 17 de marzo de 2010, realizadas por el Juzgado 42 Penal Municipal con función de Control de Garantías –URI Descentralizada-Kennedy, dentro del radicado CUI 110016000019201002445-00 impulsado a Juan Crisóstomo Torres y Dionicio Duarte Prada. (fls. 2 y 3 c. principal). 5.2. Fotocopia de un informe de la Secretaria de la Fiscalía, donde da cuenta de la ruptura procesal ordenada por el Juzgado 42 Penal Municipal con función de Control de Garantías, por tanto, el CUI originario 110016000019201002445 NI117725 quedó en el caso de Juan Crisóstomo Torres. El nuevo CUI 110016000000201000215 corresponde a Dionicio Duarte Prada “con allanamiento a cargos” (fl. 4 c. ppal.). 5.3. Un manuscrito firmado por Dionicio Duarte Prada, en el cual hace saber que “Juan Crisóstomo Torres…es inocente del delito que lo condenaron como coautor…ya que fue vinculado al proceso porque cuando me detuvieron y me requisaron el señor Crisóstomo Torres Juan (sic) estaba acompañándome pero para compartir unas cervezas con migo (sic)…ya que soy el único culpable de este delito” (fl. 5 c. ppal.). 5.4. Copia de la diligencia de compromiso suscrita por Dionicio Duarte Prada el 17 de marzo de 2010 ante el Juzgado 42 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, en el cual se obliga a permanecer en el lugar de residencia (fl. 9 c. ppal.). 5.5. Copia de tres actas de estipulaciones probatorias: una con el núm. 01 sobre la plena identidad del señor Torres (fl. 1). La segunda y tercera, corresponden a la prueba preliminar homologada –PIPH- y al dictamen químico final, en las cuales se da por probada la naturaleza y peso de la sustancia incautada, esto es, 635,8 gramos de cocaína (fls. 14 y 17). II. TRÁMITE SURTIDO EN SEDE DE REVISIÓN. 1. Teniendo en cuenta que, conforme con los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000, las partes e intervinientes en el proceso deben ser notificadas de todas las actuaciones surtidas dentro del amparo, y que su omisión, según los artículos 140-9 del C. de P. Civil y 133-8 del Código General del Proceso, genera nulidad, mediante auto del 20 de abril de 2017 el Magistrado sustanciador ordenó vincular al trámite de tutela a la abogada Martha Patricia Cantor Alonso, toda vez que fue la defensora del señor Juan Crisóstomo Torres. De igual manera, se dispuso con fundamento en el artículo 61 del Reglamento Interno de la Corporación, la práctica de varias pruebas, entre ellas: 1.1. Al Juzgado Octavo Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, se le solicitó que remitiera en calidad de préstamo y con destino a este trámite, el expediente contentivo del proceso radicado núm. 110016000019201002445 NI 117725, adelantado a Juan Crisóstomo Torres, por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, incluyendo los audios de las audiencias. 1.2. Al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, se le pidió que enviara copias de las actuaciones posteriores al fallo condenatorio y surtidas en ese despacho dentro del expediente núm. 110016000019201002445 NI 117725, adelantado a Juan Crisóstomo Torres, por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. 1.3. A la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se le solicitó remitir copias de la demanda de tutela interpuesta por el señor Juan Crisóstomo Torres contra el Juzgado Octavo Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, así como de las sentencias proferidas en dicho proceso. 1.4. A la accionante se le solicitó informar cuáles son sus condiciones personales, familiares, sociales y económicas, así como si era beneficiaria de alguna prestación social. 2. En respuesta a las anteriores solicitudes, se allegaron las siguientes pruebas relevantes: 2.1. Por parte del Juzgado 6º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, copias: 2.1.1. Del escrito enviado por el señor Juan Crisóstomo Torres del 27 de mayo de 2016, a través del cual solicita los sistemas de vigilancia electrónica como substituto de la prisión o, en su defecto, la prisión domiciliaria, con los respectivos documentos que acreditan ser padre de dos hijos de 24 y 20 años de edad, entre otros. 2.1.2. De la providencia del 19 de julio de 2016, emitida por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, denegando la sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria y la vigilancia electrónica. 2.1.3. De la acción de tutela presentada, el 30 de agosto de 2016, por Juan Crisóstomo Torres ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá contra el Juzgado Octavo Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá. En esta solicita escuchar en testimonio a Dionicio Duarte Prada, para que explique lo ocurrido el día de los hechos (10 marzo de 2010), se tutelen sus derechos “ordenándole” al Juzgado en cita que disponga su “libertad inmediata”. 2.1.4. Del fallo de tutela del 9 de septiembre de 2016, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través del cual se negó el amparo solicitado por el señor Torres. 2.1.5. De solicitud enviada por el señor Juan Crisóstomo Torres al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, requiriendo copias de la sentencia condenatoria y de las boletas de citación a las audiencias, para una eventual “revisión del proceso”. 2.2. Por parte del Centro de Servicios Judiciales: 2.2.1. La carpeta contentiva de la investigación penal tramitada a Juan Crisóstomo Torres, en la cual se observan como documentos relevantes: 2.2.1.1. Escrito presentado el 3 de junio de 2010 al Centro de Servicios por la abogada Liliana Marcela Navarro García, a través del cual renuncia al poder conferido por Juan Crisóstomo Torres, porque “no me ha cancelado los honorarios profesionales a la fecha, no he vuelto a tener comunicación con mi prohijado”. 2.2.1.2. Oficio núm. 10-385 del 8 de junio de 2010, suscrito por el Oficial Mayor del Juzgado 17 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, por medio del cual solicita a la Defensoría Pública –Sede Paloquemao- designar un defensor Público para que represente a Juan Crisóstomo Torres, advirtiendo que la audiencia de sustentación del recurso de apelación se realizará el 15 de junio de ese año. 2.2.1.3. Acta de audiencia de acusación del 5 de junio de 2014, realizada en el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. 2.2.1.4. Acta de audiencia preparatoria, celebrada por el mismo despacho judicial el 24 de febrero de 2015. 2.2.1.5. Diligencia de identificación preliminar homologada de sustancia incautada. 2.2.1.6. Audiencia de juicio oral, celebrada el 14 de julio de 2015. Dentro del mismo se anunció el sentido del fallo: Declarar a Juan Crisóstomo Torres autor responsable del delito por el cual se le acusó. Así mismo, se individualizó la pena. 2.2.1.7. Acta de lectura de sentencia del 3 de agosto de 2015. Se condena a Torres a la pena principal de 96 meses de prisión y multa de 124 smlmv. No se concedió la suspensión de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria y se ordena expedir orden de captura. 2.2.1.8. Orden de captura núm. 2561, expedida por el Juez Coordinador del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá. 2.2.1.9. Copia del escrito del 18 de febrero de 2016 firmado por el abogado Carlos Andrés Cañón Cendales y dirigido al Juzgado Penal de conocimiento –reparto- a través del cual solicita en favor del capturado la figura del Habeas Corpus, porque al momento de hacerse efectiva la captura no se le dieron a conocer las razones ni el funcionario que lo requería. 2.3. El expediente[5] contentivo de la tutela presentada inicialmente por el señor Juan Crisóstomo Torres contra el Juzgado Octavo Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá fue remitido por parte de la Sala Penal Tribunal Superior de Bogotá en calidad de préstamo. Del mismo se infiere que la tutela está suscrita por el condenado, recluido en la Cárcel La Picota, patio 4TD núm. 88679 pasillo 3, cuyo contenido corresponde a las copias que fueron aportadas a esta acción por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y que fueron reseñadas en el numeral 2.1.3. Dentro de esta actuación, se observan copias (i) del fallo condenatorio expedido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá respecto del señor Torres; (ii) fallo de primera instancia con fecha del 9 de septiembre de 2016, emitido por el Tribunal Superior de Bogotá; (iii) notificación de la citada sentencia al condenado; (iv) escrito de impugnación del 19 de septiembre de 2016, suscrito por el señor Juan Crisóstomo Torres, enviado desde la Cárcel La Picota y (v) copia de la constancia del 8 de marzo de 2017 expedida por la Secretaría General de esta Corporación, a través de la cual devuelve al Tribunal de origen el expediente de tutela 5.865.010, toda vez que fue “EXCLUIDO de revisión”, según auto del 25 de noviembre de 2016[6]. 2.4. La accionante informó que actualmente se encuentra laborando y su empleador le provee la salud. Expresó que Juan Crisóstomo Torres es su compañero permanente hace quince años. Así mismo, insistió en la inocencia de éste, quien en su sentir, fue implicado por “el simple hecho de estar en un establecimiento público, al cual llegó un conocido del barrio osea (sic) el señor Dionicio duarte Prada el cual, además de llegar, estaba cometiendo un delito a los ojos de todo el mundo, pero sinque (sic) nadie lo supiera, como mi esposo nunca lo supo, sino hasta que lo capturó ilegalmente la policía”. 2.5. Por su parte, la abogada Martha Patricia Cantor Alonso, vinculada a la acción de tutela en este trámite de revisión, señaló que si bien fue defensora del señor Torres, no lo conoció, no tuvo contacto físico ni telefónico con el mismo. El servicio de defensa fue solicitado directamente por el despacho judicial, por lo tanto, no contaron con su número de teléfono: “Este caso lo recibí el día 15 de junio de 2010, en turno de radicado, es de anotar que nunca tuve contacto físico ni telefónico, escrito con el señor Torres (sic), no lo conozco, pues en la defensoría se defiende personas que nunca se contactan con el defensor ni atienden los llamados, se observa en el pantallazo de la defensoría que el señor Torres nunca aportó teléfono o dirección de contacto, pues al parecer quien pidió el servicio de defensoría pública fue el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao” (fl. 83 c. de revisión). Con relación al proceso, aseveró que efectivamente realizó con la Fiscalía las estipulaciones en torno a la cantidad y calidad de la sustancia incautada, mas no lo hizo respecto a la responsabilidad del acusado: “En el cuerpo de demanda de tutela (sic) dice que yo hice estipulaciones eso es cierto viable y lo consagra el artículo 356 No. 4 de la ley 906 de 2004, se estipula frente a dar como hecho probado, en este caso la calidad y cantidad de la sustancia, el PIPH, prueba preliminar homologada, y la cantidad que para el caso que nos ocupa no lo recuerdo por los hechos antes expuestos. Es de aclarar que en las estipulaciones no se hace sobre la responsabilidad del acusado, porque se estipula pues (sic) porque no se contaba con otra prueba científica que refutara esta”. Afirmó que el actor en principio contó con una apoderada de confianza y ante su renuncia fue el Juzgado el que solicitó la asistencia a la Defensoría del Pueblo. Además, si al momento de realizarse las audiencias preliminares fue dejado en libertad, era su deber estar pendiente del proceso, lo cual, según el informe dado por el Juez Octavo Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá, no hizo. Manifestó que no recurrió en apelación la sentencia condenatoria, porque en su sentir se hallaba “ajustada a derecho y tampoco un defensor puede de manera infundada recurrir”. En ese orden, consideró que no hubo vulneración al derecho del debido proceso, en tanto contó con la respectiva defensa. Finalmente, indicó que la accionante en este caso no se encuentra legitimada para interponer la acción y “que el señor Torres, NO PUEDE utilizar su propia culpa a su favor por no estar pendiente del proceso por espacio de 6 años y ahora endilgar responsabilidades a otras entidades”. 2.6. El Magistrado Eugenio Fernández Carlier de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en escrito del 9 de mayo de 2017, envió copia del fallo del 19 de octubre de 2016 proferido por la Sala de Decisión de Tutelas núm. 3 de esa Corporación, a través de la cual se confirmó la sentencia del 9 de septiembre de 2016 emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para que se tuvieran en cuenta las consideraciones allí contenidas y bajo la advertencia que en el mismo no se observa arbitrariedad alguna. 2.7. El Director del Complejo Metropolitano de Bogotá –Comeb- del Instituto Penitenciario y Carcelario –Inpec- solicitó se le desvinculara de la acción de tutela, por no estar legitimado por pasiva (fl. 93 cuaderno de revisión). III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia Esta Sala es competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991. 2. Presentación del caso y del problema jurídico 2.1. La accionante solicitó el amparo constitucional al considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la dignidad humana y de petición, del señor Juan Crisóstomo Torres por parte de las autoridades judiciales accionadas en tanto no se han pronunciado sobre la inocencia de su compañero. Pretende la actora que se disponga una nueva audiencia para escuchar a los condenados y se saquen otras conclusiones dentro del proceso penal. Su inconformidad radica en la sentencia proferida el 3 de agosto de 2015 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, a través de la cual se condenó a Juan Crisóstomo Torres a 96 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De igual manera, ataca la providencia del Juzgado 6º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá (del 19 de julio de 2016 que negó la sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria) en sede ordinaria. Así mismo, respecto de las sentencias proferidas por las Salas Penales del Tribunal Superior de Bogotá y de Casación de la Corte Suprema de Justicia que denegaron la primera acción de tutela (fallos del 9 de septiembre y 19 de octubre de 2016). 2.2. En sentir de la accionante, según se infiere del escrito de tutela, la sentencia del Juzgado Octavo Penal del Circuito con función de conocimiento incurrió en una causal de procedencia de la acción de tutela respecto de providencias judiciales, esto es, en defecto fáctico, en tanto no existe material probatorio que permita responsabilizar a su compañero permanente del delito por el cual se le condenó. 2.3. Dicho despacho judicial expuso como razón para condenar a Juan Crisóstomo Torres la existencia de prueba demostrativa de la materialidad de la conducta punible y de la responsabilidad del acusado. Con relación al primer aspecto, hizo referencia a la incautación de la sustancia en poder del procesado y a la estipulación que suscribió la Fiscalía con la defensa, a través de la cual se dio por probado que el material incautado correspondía a 635,8 gramos de cocaína. En ese sentido, consideró que el hecho se adecuaba a la descripción típica consagrada en el inciso tercero del artículo 376 del Código Penal[7]. En torno al elemento subjetivo de la conducta, esto es, la responsabilidad del acusado, fue acreditada con el testimonio del agente encargado de la captura Edwin Tenza Duarte, quien al respecto señaló que el día de los hechos se hallaba patrullando con su compañero John Hernández Patiño en el barrio La Libertad, “cuando observaron a dos sujetos que al percatarse de su presencia agilizaron el paso, por lo cual, los abordaron, y en el registro que les practicaron, les encontraron la sustancia estupefaciente”. Posteriormente, precisó que el acusado en este evento, era quien llevaba la bolsa donde se hallaba la droga. En ese orden, concluyó el juzgador: “De la síntesis testimonial que en precedencia se ha hecho se concluye con meridiana claridad que el inculpado fue sorprendido y aprehendido, junto con su compinche, cuando llevaba la droga en una bolsa plástica. Esto si (sic) más, significa que la Fiscalía logró acreditar más allá de toda duda razonable la responsabilidad del enjuiciado, pues la acusación se circunscribió a la acción de llevar consigo, y no a la de comercializar la droga, como lo sugirió la defensa al cierre de sus alegaciones finales. (..) En ese orden de ideas, el porte de la sustancia prohibida no admite discusión alguna, máximo cuando, la cantidad y naturaleza de la droga incautada supera ampliamente los mínimos permitidos como dosis personal para la cocaína, sin que interese si el procesado es o no adicto al fármaco, pues le fueron decomisados más de seiscientos gramos de dicha droga”. 2.4. El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad negó la sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria, puesto que se trata de un aspecto que fue decidido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Conocimiento al momento de emitir sentencia condenatoria, en la cual concluyó que no cumplía con los requisitos objetivos y subjetivos para acceder a la misma. Con relación a la vigilancia electrónica, negó dicho beneficio porque el delito por el cual se encuentra condenado Juan Crisóstomo Torres está excluido de ese sistema de sustitución de la pena, conforme con lo dispuesto en el artículo 38A de la Ley 599 de 2000: “El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad podrá ordenar la utilización de sistemas de vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena, como sustitutivos de la prisión, siempre que concurran los siguientes presupuestos: (…) Que la pena impuesta no sea por delitos de genocidio,….delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes…” 2.5. Por su parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, el 19 de octubre de 2016, al confirmar la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que negó el amparo, consideró que la finalidad del actor con la citada actuación era revivir un término que dejó fenecer en el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad, puesto que “de manera voluntaria se desentendió del mismo y renunció a la posibilidad de controvertir su responsabilidad”. 2.6. De acuerdo con la situación fáctica planteada y la decisión de instancia, corresponde a la Sala de Revisión determinar, en primer lugar, si la accionante, en el asunto sub júdice, tiene legitimidad por activa para interponer la acción de tutela. De superarse este aspecto, lo oportuno es verificar si procede la acción de tutela para controvertir los fallos de tutela emitidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (9 de septiembre de 2016) y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema (del 19 de octubre de 2016) a través de los cuales resolvieron la primera acción tutelar, así como las providencias proferidas, en sede ordinaria, el 3 de agosto de 2015, y 19 de julio de 2016 emitidas por los Juzgados Octavo Penal del Circuito con función de Conocimiento y 6º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, respectivamente. Si la Corporación encuentra que el amparo resulta procedente pasará a determinar si las autoridades judiciales demandadas incurrieron en una violación del derecho al debido proceso, particularmente al derecho de defensa, al proferir las decisiones acusadas. Sólo en el evento que la Corte encuentre que la accionante cuenta con legitimación en la causa por activa, se reiterará la jurisprudencia respecto de las causales generales y específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, para luego abordar el caso concreto. 3. Legitimación en la causa por activa. 3.1. El legislador de 1991 instituyó en el artículo 86 la acción de tutela como un mecanismo especial para que todos los ciudadanos pudieran reclamar ante los jueces, por sí mismos o por quien actué a su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por las autoridades públicas o particulares encargados de la prestación de un servicio público. 3.2. En ese mismo sentido, el artículo 10 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, el cual reglamentó la acción de tutela, establece que ésta puede ser ejercida por “cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales”. Así entonces, el amparo debe demandarse por el titular de los derechos presuntamente vulnerados, quien puede hacerlo por sí mismo o a través de representante. Igualmente, se permite la agencia de derechos ajenos, cuando el facultado legalmente para hacerlo “no esté en condiciones de promover su propia defensa”; por intermedio de la Defensoría del Pueblo o los personeros municipales. De acuerdo con la normatividad, existen cuatro conductos a través de los cuales se puede interponer la acción de tutela por parte de la persona presuntamente vulnerada en sus derechos: (i) Por sí misma. En este caso no se precisa de profesional del derecho. (ii) Cuando se trata de personas jurídicas, incapaces absolutos o menores de edad[8], el facultado para presentar la demanda es el representante legal. (iii) A través de abogado, caso en el cual se requiere de un poder que expresamente otorgue la facultad para interponer la acción tuitiva. (iv) Por intermedio de un agente oficioso, o sea, una persona indeterminada, la cual no requiere de poder, pero debe especificar que lo hace en esa calidad y siempre que el titular del derecho “no esté en condiciones” de promoverla directamente. De otro lado, se ha entregado a los Defensores del Pueblo y a los Personeros Municipales, la posibilidad de intentar la acción de tutela, con fundamento en el inciso final del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, y la interpretación que jurisprudencialmente ha dado esta Corporación a los artículos 46[9] ibídem y 282[10] de la Carta. Breve caracterización de la agencia oficiosa. 3.3. De acuerdo con lo expuesto por la Corte, la agencia oficiosa se define como el mecanismo legal y admitido por la jurisprudencia, para que un tercero actúe en favor de otra persona, sin necesidad de poder y orientado a “garantizar la protección y eficacia de los derechos fundamentales del agenciado”[11]. 3.4. La jurisprudencia de esta Corporación ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales “(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales[12], que como mandato vinculante tanto para las autoridades públicas como para los particulares, impone la ampliación de los mecanismos institucionales para la realización efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas,[13] principio que se encuentra en estrecha relación con el anterior y está dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protección efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no sólo de los derechos fundamentales propios, sino también por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa”[14]. 3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que actúa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer dicha acción , ya sea por circunstancia físicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relación formal entre el agente y el agenciado[15]. “Esta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonomía de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por sí misma”[16]. Las exigencias relacionadas con la advertencia de estar actuando como agente oficioso y la imposibilidad de que el agenciado no puede ejercer el derecho, según lo ha establecido la Corte son requerimientos “constitutivos y necesarios para que opere esta figura”. La ratificación por el titular se presenta cuando este realiza verdaderos actos inequívocos de estar de acuerdo con la acción y esa actitud sustituye al agente oficioso. Por último, la informalidad es un elemento interpretativo, para denotar que no se precisa de relación alguna entre el agenciado y el agente. 3.6. En el evento de configurarse las características mencionadas, se perfecciona la figura de la agencia oficiosa y, por supuesto, la legitimación en la causa por activa. En ese sentido, el juez constitucional está obligado a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, si los requisitos no convergen, se rechazará de plano la acción o simplemente, en la sentencia, no se concederá el amparo solicitado. 3.7. No obstante, en virtud del principio de eficacia de los derechos fundamentales, cuando en el escrito de tutela no se pone de presente que el agente actúa oficiosamente, ni que el agenciado por sus condiciones físicas o psíquicas no puede interponer la acción, es deber del funcionario judicial examinar las circunstancias que determinaron esa situación y decidir con base en ellas[17]. En torno al análisis que debe realizarse para decidir si el agenciado se encuentra o no en imposibilidad de interponer directamente la tutela, la Corte ha considerado: “El ejercicio valorativo que implica definir si el agenciado se encuentra en incapacidad de interponer por sí mismo la acción, desborda el marco estricto de lo que legalmente constituye la capacidad[18] y ha de tener en cuenta también factores diferentes como, por ejemplo, el estado de salud del interesado. Se sigue ello de la expresión misma contenida en el inciso 2º del artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, que indica: “…cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa….”; generando de ésta manera una amplia órbita de hipótesis que se adecúan a lo preceptuado por la norma. Así pues, aunque quien crea lesionados sus derechos fundamentales sea mayor de edad y tenga pleno uso de sus facultades mentales, si se encuentra en un estado de postración tal que le impide movilizarse o por motivos de fuerza mayor (peligro de muerte, por ejemplo) no puede abandonar el lugar de su domicilio, se entenderá incapacitado para interponer por sí mismo la acción de amparo constitucional y un agente oficioso podrá hacerlo en su nombre”[19]. Así mismo, es posible que, en casos muy excepcionales, el juez modere o examine con menor rigor los requisitos, con el fin de hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas. Verbi gratia, en sentencia T-095 de 2005 se observó: “cuando en el escrito de tutela no se manifiesta en forma expresa que se están agenciando derechos de personas que se encuentran imposibilitadas para acudir a un proceso, pero del contenido mismo de la demanda de tutela se concluye que se actúa en nombre de otro, el juez constitucional debe interpretar la demanda y aceptar la procedencia de la agencia oficiosa”. Los casos de las personas privadas de libertad merecen una interpretación generosa no solo en atención a que el sistema penitenciario fue declarado en un estado de cosas inconstitucional[20], sino porque los reclusos tienen limitados algunos de sus derechos fundamentales, lo cual los hace sujetos de especial protección y, por lo mismo, en algunos eventos, se encuentran incapacitados para solicitar el amparo de manera directa. Al respecto, en sentencia T-1168 de 2003, esta Corporación consideró: “La Corte ha explicado que los reclusos se encuentran en una situación de debilidad manifiesta[21] que determina la obligación estatal de proteger y hacer efectivos sus derechos (C.P., artículo 13). Y, en este orden de ideas, el Estado es responsable de garantizar el goce de los derechos fundamentales de los reclusos que no hubieren sido suspendidos o limitados en razón de la pena impuesta, so pena de comprometer su responsabilidad patrimonial, disciplinaria o de cualquier otra índole[22]”. 3.8. Así las cosas, la jurisprudencia de la Corte se ha orientado a reconocer la procedencia de la agencia oficiosa, cuando se evidencia la imposibilidad del agenciado para interponer la acción de tutela. Verbi gratia, en sentencia T-412 de 2009 se analizó el caso de la señora María de las Mercedes Barrios Torres quien interpuso tutela en representación de su hija que se hallaba privada de libertad y “en situación de aislamiento” al momento de presentar la acción, con la cual pretendía el traslado de centro penitenciario. En este evento se consideró que la madre de la reclusa tenía legitimación por activa para reclamar los derechos a la dignidad, a la vida, a la salud y a la unidad familiar de la hija que se hallaba incomunicada. 3.9. Del mismo modo, en sentencia T-347 de 2010 se conoció de una acción de tutela interpuesta, a través de apoderado, por el padre de una capturada con fines de extradición, la cual tenía problemas depresivos –ansiedad y trastornos de personalidad- con el objeto de obtener el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad personal de la misma, presuntamente vulnerados por la Fiscalía General de la Nación y el INPEC, por no ordenar su traslado a un centro especializado en salud mental. En este caso, la Corte consideró que la reclusa, en razón a los quebrantos de salud debidamente diagnosticados por el médico, no estaba en condiciones de promover la tutela, por lo tanto, su progenitor se hallaba legitimado para actuar en su nombre y representación. 3.10. Igualmente, en la sentencia T-750A de 2012 se analizó el caso de una señora que tenía a su hijo recluido en un centro penitenciario, condenado por el delito de porte de estupefacientes. La pretensión de la madre era que se le dejara en libertad porque padecía de retraso mental moderado, no podía entender lo que sucedía y, en esas condiciones, se allanó a los cargos. Para demostrar esa discapacidad se allegaron los conceptos médicos y el dictamen que determinó la pérdida de capacidad laboral en un 50,35%. En ese orden, la Sala Tercera de Revisión, consideró que la progenitora estaba legitimada para interponer la acción tuitiva dada “la discapacidad cognitiva” y que se encontraba en prisión. 3.11. Así mismo, en sentencia T-017 de 2014 la Sala Octava de Revisión se ocupó de la acción de tutela interpuesta por el hermano de un recluso del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de San Sebastián de Ternera de Cartagena, con el fin de que se trasladara por seguridad para otro centro, toda vez que se hallaba en el “pabellón de sanidad” por cuenta de las amenazas indirectas de las que era objeto por parte de grupos ilegales recluidos en la misma institución. En este evento, la Corte consideró que existía legitimación por parte del accionante para solicitar el amparo de los derechos fundamentales del condenado, ya que éste no solo se hallaba en una situación especial de sujeción con el Estado por encontrarse privado de libertad y por consiguiente en“debilidad manifiesta”[23], sino que su caso en particular debía ser analizado con mayor flexibilidad, toda vez que sufría amenazas contra su vida por parte de otros internos: “en el mes de noviembre y diciembre del año 2012 recibi –sic- en varias ocasiones amenazas verbales que me iban a envenenar o a matar por parte de las BACRIM de los rastrojos debido a que yo me vole –sic- de la organización con 16 muchachos mas –sic- por lo tanto soy también objetivo militar de las BACRIM paisas y urabeños”[24]. En consecuencia, la interposición de la tutela puede aumentar el riesgo sobre su integridad física”. 3.12. Finalmente, en sentencia SU-288 de 2016 la Sala Plena conoció el caso de dos señoras que fueron condenadas por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de arma de fuego. Una de ellas otorgó poder a un profesional del derecho para que interpusiera acción de tutela por violación al debido proceso. El abogado dijo actuar como agente oficioso de la otra mujer, en la medida que no había podido hallarla y por eso no podía solicitar el amparo de manera personal. En este evento, la Corte no reconoció la figura del agente oficioso, porque no observó voluntad de la agenciada para interponer la tutela. Además, no se demostró la imposibilidad física o mental de la titular del derecho para solicitar directamente el amparo constitucional, ya que “el hecho de que no haya sido posible ubicar a la agenciada no es argumento suficiente para concluir que la señora Consuelo Isabel Díaz, quien se encuentra condenada penalmente, no se encuentra en condiciones físicas o mentales para presentar la acción de tutela, y mucho menos que es una persona en condición de vulnerabilidad, cuando existe una condena vigente en su contra, y no se tiene conocimiento de que en la actualidad estuviere cumpliendo la pena impuesta”. ¿Se cumple en este caso concreto con el requisito de la legitimación por activa? 3.13. Revisada la actuación cumplida en esta acción de tutela, de entrada, advierte la Corte que la señora Amparito Rodríguez Tovar no se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y de petición, del señor Juan Crisóstomo Torres, por las siguientes razones: 3.13.1. La señora Rodríguez Tovar no fue parte dentro de los procesos penales que, por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, impulsó la Fiscalía General de la Nación y concluyeron los Juzgado Penales del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá. Esas investigaciones sólo tuvieron como acusados a (i) Dionicio Duarte Prada quien, desde la audiencia de formulación de imputación, aceptó los cargos y por eso fue sentenciado a 57 meses y 3 días de prisión, y a (ii) Juan Crisóstomo Torres, el cual no se allanó y fue condenado a 96 meses de prisión –como persona ausente-. En ese orden, la accionante, por no ser parte dentro de los citados expedientes, no tiene legitimidad para emprender una acción que, conforme al artículo 86 de la Carta, sólo puede hacerlo directamente el afectado. 3.13.2. No obstante lo anterior, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha reseñado, la señora Amparito Rodríguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para interponer la acción de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso. En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de tutela no se indicó que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compañero permanente. Aspecto que si bien puede inferirse de la misma demanda, m...