Sentencia T-394 de 2014

T-394-14 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-394/14 DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Consagración en el ordenamiento interno DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA CON LIMITACIONES FISICAS, PSIQUICAS O SENSORIALES-Garantías contenidas en la Ley 361 de 1997 y jurisprudencia constitucional sobre su aplicación ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL DE TRABAJADOR DISCAPACITADO QUE GOCE DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia excepcional La estabilidad laboral reforzada es una garantía para los trabajadores con discapacidad o que tengan una enfermedad que limite de manera importante la ejecución de las funciones propias de su empleo. En ese sentido, la protección constitucional aquí expuesta, no se encuentra sujeta a un porcentaje específico de pérdida de capacidad laboral expedida por las juntas competentes, pues “la procedibilidad de la acción de tutela tampoco puede supeditarse a un determinado porcentaje de discapacidad, pues más que analizarse la gravedad del estado de salud del actor, deberá comprobarse que su despido se efectuó con la observancia del debido proceso establecido para tal fin, pues los asuntos relacionados con el grado de afectación producto de la enfermedad y las consecuencias que de ello se deriven, podrán debatirse ante el inspector del trabajo”. DERECHO AL MINIMO VITAL Y ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Orden de reintegro a un cargo igual o superior al que venía desempeñando, de acuerdo con el estado actual de salud y pago de indemnización equivalente a 180 días de salario Referencia: expedientes T-4.178.671 y T-4.180.267 Acciones de tutela instauradas por: Danilo Arturo Suaza Vélez, John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón contra la Industria Nacional de Gaseosas, Coca Cola FEMSA y Eficacia S.A. y ii) Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo contra Coca Cola FEMSA S.A. y Eficacia S.A. Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RIOS Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 241, numeral 9° de la Constitución Política y en el artículo 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA Mediante la cual se revisan los fallos de tutela dictados en los procesos de la referencia: Expediente Fallos de tutela T-4.178.671 Primera Instancia: Sentencia del Juzgado Catorce Civil Municipal de Medellín, proferida el veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013). T-4.180.267 Primera Instancia: Sentencia del Juzgado Veintiocho Penal Municipal de Garantías de Medellín, proferida el veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013). Segunda Instancia: Sentencia del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, proferida el veintiocho (28) de octubre de dos mil trece (2013). I. ANTECEDENTES. 1. Acumulación de procesos. La Sala de Selección de Tutelas Número Dos, mediante auto proferido el veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014), seleccionó los expedientes T-4.178.671 y T-4.180.267 para su revisión y asignó su estudio a la Sala Octava de Revisión. Posteriormente, en auto del veintinueve (29) de mayo de dos mil catorce (2014), la Sala de Revisión acumuló el radicado T-4.180.267 al expediente T-4.178.671 para que fuesen fallados en una sola sentencia, al considerar que presentan unidad de materia. Las solicitudes de amparo se fundamentan en los siguientes: 2. Hechos 2.1 Expediente T-4.178.671 2.1.1 Los ciudadanos Danilo Arturo Suaza Vélez, John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón, fueron contratados por EFICACIA S.A. Servicios Integrales (en adelante EFICACIA S.A.) por medio de contrato de trabajo a término indefinido, para desarrollar funciones varias en las instalaciones de la Industria Nacional de Gaseosas INDEGA S.A. (en adelante INDEGA S.A.). 2.1.2 Manifiestan que, debido a las funciones asignadas por su empleador, desarrollaron enfermedades que limitaron su capacidad laboral y afectaron su calidad de vida[1]. No obstante, se les comunicó su despido el veintisiete (27) de julio de dos mil trece (2013), junto con 150 personas más. 2.1.3 Agregan que fueron citados a una reunión en la cual las directivas de las accionadas les presentaron dos opciones para su desvinculación. La primera, consistía en un acuerdo económico en el cual EFICACIA S.A., se comprometía a pagar la liquidación del contrato laboral más un aporte voluntario por concepto de indemnización. La segunda, consistía en la terminación unilateral del contrato de trabajo más el pago la liquidación legal. 2.1.4 Los ciudadanos John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón, afirman que no aceptaron el despido y, por tanto, fueron sometidos a malos tratos por parte de su empleador, como la retención de sus salarios y amenazas según las cuales, no iban a pagar cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud. De otra parte, el señor Danilo Arturo Suaza Vélez, señala que firmó la carta de despido, pues a pesar que el diagnóstico de su examen de egreso fue no satisfactorio, en ese momento no sabía que tenía una protección especial para que el mismo no fuera efectivo. Todos ellos manifiestan que las accionadas vulneran su derecho al mínimo vital, ya que ellos no tienen una fuente de ingresos diferente a la que generaban con su trabajo y no han podido encontrar un empleo debido a sus condiciones de salud. 2.1.5 También exponen que las accionadas desconocieron sus derechos a la estabilidad laboral reforzada y al trabajo, situación que puede ocasionarles un perjuicio irremediable en tanto no tienen recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, solicitaron ser reintegrados a su puesto de trabajo o a otro de iguales o mejores condiciones y que se les paguen los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo de su desvinculación y la indemnización prevista en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 2.2. Trámite dado a la acción de tutela En Auto del ocho (8) de octubre de dos mil trece (2013), el Juzgado Catorce Civil Municipal de Medellín, admitió la acción de tutela y notificó a INDEGA S.A. y a EFICACIA S.A., con el propósito que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones expuestos en la misma y ejercieran, de considerarlo necesario, su derecho a la defensa. A su vez, vinculó a la ARL Colpatria, para que, si a bien lo tenía, interviniera en el asunto objeto de debate. Respuesta de EFICACIA S.A. La accionada expuso la situación de cada uno de los demandantes en los siguientes términos: 2.2.1 Frente al señor John Jaime Pineda Jaramillo EFICACIA S.A., sostiene que “[c]ontinuó vinculado con la empresa, se le pagan salarios y está afiliado al sistema de seguridad social de manera cumplida. La empresa los está acompañando de manera ademada en su proceso de recuperación, de hecho el lunes 7 de octubre fue atendido en cita con medicina laboral de la empresa en el plan de salud ocupacional que se adelante en su caso para definir su situación médica y el rol más adecuado que pueda ejercer dentro de la compañía.”|| La empresa no ha despedido al señor Pineda.[2] 2.2.2 Carlos Alberto Quiroz Álvarez: “[c]ontinuó vinculado a la empresa, se le pagan salarios y sus afiliaciones al sistema de salud están al día, de hecho el señor se encuentra en tratamiento médico actual con EPS SURA.|| La empresa lo incluyó dentro del plan de salud ocupacional interno, por correo certificado se le envió una citación el día 3 de octubre para acudir a cita con medicina laboral el 7 de octubre lastimosamente la empresa [de mensajería] ENVIA certifica que sólo logro ubicar a alguien en su casa el 10 de octubre, por ende la cita llegó de manera extemporánea y se debe reprogramar. 2.2.3 Carlos Alberto Ramírez Arenas: “[c]ontinuó vinculado con la empresa, se le pagan salarios y está afiliado al sistema de seguridad social de manera cumplida.|| La empresa lo está acompañando de manera adecuada en su proceso de recuperación, de hecho el lunes 7 de octubre fue citado en medicina laboral de la empresa, citación que recibió el 3 de octubre y sin explicación alguna no atendió.|| En atención a su solicitud de ser revisado por la ARL, ésta informó que el señor tiene una orden de la entidad desde el mes de abril para presentar unos documentos e iniciar un proceso de calificación y que el señor ha sido por completo poco diligente en sus trámites y así agilizar su atención médica y su recuperación.[3] 2.2.4 Jesús María Grajales: “[c]ontinúo vinculado con la empresa, se le pagan salarios y está afiliado al sistema de seguridad social de manera cumplida.|| La empresa lo está acompañando de manera adecuada en su proceso de recuperación, de hecho, el lunes 7 de octubre fue citado en medicina laboral de la empresa, citación que recibió el 3 de octubre y sin explicación alguna no atendió.|| Según la compañía de envíos el señor firmó la constancia de recibido de la cita y posteriormente tachó la firma y no recibió el sobre el cual regresó a la empresa de envíos.[4] 2.2.5 Danilo Arturo Suaza Vélez: “[s]e le terminó su contrato de trabajo, fue indemnizado y no presenta ninguna discapacidad.|| (…) Los 5 casos son diferentes, los 4 primeros casos no han sido despedidos en lo que respecta a la solicitud de ser atendidos por la ARL COLPATRIA tampoco es viable toda vez que ninguno de ellos padece una enfermedad profesional o ha sufrido un accidente de trabajo todos están en tratamiento en su EPS y la empresa los ha incluido a todos en el programa de salud ocupacional enviando valoraciones donde médico laboral, valoraciones a las cuales 3 de las 4 personas no han querido asistir.”[5] 2.2.6 A su vez, expuso que el señor Suaza laboró exclusivamente para EFICACIA S.A., hasta el veintisiete (27) de julio de dos mil trece (2013), desarrollando su trabajo en IDEGA, pero bajo órdenes exclusivas de la primera. Agregó que la empresa no ha tenido conocimiento de que el actor haya sufrido un accidente de trabajo, ni tampoco sobre si ha sido diagnosticado con una enfermedad de origen profesional. 2.2.7 Señala que la empresa le pagó la liquidación y la indemnización el veintinueve (29) de julio de dos mil trece (2013), por una suma de cinco millones trescientos ocho mil pesos ($ 5.308.000), y que no es cierto que el ciudadano Suaza haya sido citado a la empresa, ni que se le haya hecho algún tipo de ofrecimiento. 2.2.8 Respecto a la pretensión del pago de la indemnización equivalente a 180 días de trabajo, la accionada expuso que la misma es de carácter netamente económico y que la autorización expedida por la oficina del trabajo, exigida por el actor para que su despido fuera procedente, sólo se solicita en casos de discapacidad comprobada por una Junta de Calificación de Invalidez o por un perito avalado, pero no en el caso del señor Suaza, quien en su concepto sólo reporta un dolor lumbar. 2.2.9 De manera subsidiaria solicitó, que en caso de amparar los derechos del actor, se señale el término de la protección toda vez que, en su concepto, “el actor no cuenta con una reducción de su capacidad física”.[6] Respuesta de INDEGA S.A. 2.2.10 Expuso que los accionantes laboraron para la sociedad EFICACIA S.A., persona jurídica totalmente independiente y diferente de INDEGA S.A. Adicionalmente argumentó que la primera es una contratista independiente con la cual celebró varias ofertas comerciales para la prestación de servicios logísticos bajo su propia cuenta y riesgo “con sus propios medios y autonomía técnica y directiva sin que su representada [INDEGA] tuviera injerencia alguna o subordinación sobre el personal designado por el contratista para la ejecución de los diferentes contrato y/u órdenes de servicio.”[7] 2.2.11 Manifestó que la relación comercial entre INDEGA S.A. y EFICACIA S.A., terminó el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013) y que nunca efectuó entrevistas de trabajo a los accionantes, así como tampoco practicó pruebas psicotécnicas, ni exámenes médicos para que trabajaran en sus instalaciones, pues ello correspondió a su empleador, esto es, EFICACIA S.A. Así las cosas, expone que no tiene legitimación por pasiva para responder por la presente acción de tutela. Respuesta de la ARL COLPATRIA. 2.2.12 Expuso que el ciudadano Danilo Arturo Suaza Vélez estuvo afiliado a “seguros de vida Colpatria S.A. ARL COLPATRIA a través de la empresa EFICACIA S.A., hasta el 27 de julio de 2013…”, y que durante su afiliación no reportó accidentes de trabajo o enfermedad profesional calificada por su EPS.[8] 2.2.13 Respecto a los ciudadanos John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón, señaló que su afiliación se encuentra vigente. Finalmente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque considera que no vulneró ningún derecho fundamental a los accionantes. 2.3 Decisión en primera instancia 2.3.1 En sentencia del veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013), el Juzgado Catorce Civil Municipal de Medellín negó la acción de tutela argumentando que los ciudadanos John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón no fueron despedidos sino que el veintisiete (27) de julio de dos mil trece (2013) “se les envió una carta comunicándoles la terminación de la relación comercial para la prestación del servicio de outsourcing de operación logística que prestaban para el cliente Industria Nacional de Gaseosas y que fueron citados… para recibir instrucciones particulares[9], lo que fue ratificado por cada uno de ellos.[10]Así las cosas, concluyó que no hay vulneración al mínimo vital ni al derecho al trabajo porque los referidos siguen vinculados a EFICACIA S.A., y siguen recibiendo su salario de manera mensual. 2.3.2 Respecto al ciudadano Danilo Arturo Suaza Vélez, señaló que su situación es diferente por haber sido el único accionante a quien se le terminó el contrato de trabajo. Luego de efectuar una exposición respecto al contenido de la figura de protección especial para personas en estado de discapacidad, señaló que “aunque el actor indicó que tiene problemas del túnel del carpo, presenta dificultad para caminar y se apoya en una muleta esto obedece a que el 8 de octubre de este año tuvo un accidente en moto y se golpeó la rótula… pero no se configuran los elementos mencionados, pues aunque el 21 de noviembre de 2012 se le realizó una miografía no ha sido valorado por la ARL ni tiene pendiente dicha valoración ni por la junta regional de calificación de invalidez, ni se encontraba incapacitado o en tratamiento médico, para la fecha del 27 de julio de 2013”[11]. 2.3.3 Finalmente, expuso que el ciudadano Suaza Vélez tiene otros medios judiciales para su defensa, como acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, razón por la cual la tutela es improcedente. La decisión no fue impugnada. 2.4 Pruebas que obran en el expediente · Copia de la historia médica de cada uno de los accionantes. · Copia del contrato de trabajo suscrito entre cada uno de los accionantes y EFICACIA S.A. · Copia de la notificación de culminación de la relación comercial para la prestación del servicio de outsourcing de operación logística entre EFICACIA S.A., y la Industria Nacional de Gaseosas INDEGA. 2.5 Expediente T-4.180.267 2.5.1 El ciudadano Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo, señala que fue contratado por EFICACIA S.A., en el cargo de operario rotativo de producción, por medio de un contrato de trabajo a término indefinido, que debía realizarse en las instalaciones de INDEGA S.A. y que culminó el cinco (5) de agosto de dos mil trece (2013) por voluntad de su empleador. 2.5.2 Manifiesta que su despido se produjo sin justa causa, sin permiso del Ministerio del Trabajo y aún cuando su empleador conocía que se encontraba recibiendo tratamiento médico desde el año dos mil cuatro (2004) por una lumbalgia que se tornó crónica desde el año dos mil doce (2012)[12], de hecho el diagnóstico de su examen médico de egreso fue no satisfactorio. 2.5.3 Señala que es padre de familia y que es la única fuente de ingresos para su hogar, conformado por su compañera y su hijo mayor de edad, razón por la cual su empleador desconoció su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada y al trabajo, situación que puede ocasionarle un perjuicio irremediable. Debido a ello, presentó acción de tutela en la cual solicitó ser reintegrado a su puesto de trabajo o a otro de iguales o mejores condiciones, que se le paguen los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo de su desvinculación, incapacidades médicas y que se le capacite para el ejercicio de nuevas funciones laborales, en caso de ser necesario. 2.6 Trámite dado a la acción de tutela 2.6.1 En Auto del once (11) de septiembre de dos mil trece (2013), el Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, admitió la acción de tutela y notificó de la misma a EFICACIA S.A., y a INDEGA S.A. con el propósito que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones expuestos en la misma y ejercieran su derecho a la defensa. Respuesta de EFICACIA S.A. 2.6.2 La accionada adujo que el contrato comercial que prestaba a la Industria Nacional de Gaseosas para el cargue de camiones finalizó el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013), por ello la empresa dio por terminado el contrato del actor. A su vez, señaló que no tenía conocimiento de la enfermedad del actor, porque este nunca le informó sobre tal situación, aunado a que no tuvo ninguna restricción que indicara que padecía alguna discapacidad. 2.6.3 Para tal efecto, expuso que el actor tiene una microempresa de comida que vende en las instalaciones de EFICACIA S.A., en “donde cada día llega cargado de arepas, sube, baja escaleras, trabaja sin impedimento y lo hace de manera adecuada y pública…|| Antes de la terminación del contrato el señor ya tenía su microempresa y en los horarios libres ya vendía sus productos, ahora la actividad es al (sic) 100% del tiempo.”[13] 2.6.4 Añadió que la actividad laboral expuesta hace imposible intuir que padezca algún problema físico y que, aún si lo tuviera, ello no le impide el desempeño laboral, comercial y social, pues es una persona “en extremo activa, que tiene una actividad lucrativa con buena clientela y que sube y baja escalas y se desplaza sin contratiempos”[14]. Además, expuso que el actor sólo ha presentado dos incapacidades en el último año, las cuales no superan los tres días[15] y que no se encuentra ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable porque EFICACIA S.A., le canceló la suma de nueve millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y siete pesos ($ 9.257.477) por concepto de indemnización. Respuesta de INDEGA S.A. 2.6.5 Expuso que el accionante laboró para la sociedad EFICACIA S.A., persona jurídica totalmente independiente y diferente de INDEGA S.A. Adicionó que la primera es un contratista independiente con el cual celebró varias ofertas comerciales para la prestación de servicios logísticos bajo su propia cuenta y riesgo “con sus propios medios y autonomía técnica y directiva sin que su representada [INDEGA] tuviera injerencia alguna o subordinación sobre el personal designado por el contratista para la ejecución de los diferentes contratos y/u órdenes de servicio.”[16] 2.6.6 Manifestó que la relación comercial entre INDEGA S.A. y EFICACIA S.A., terminó el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013) y que nunca efectuó entrevistas de trabajo a los accionantes, así como tampoco practicó pruebas psicotécnicas, ni exámenes médicos para que trabajaran en sus instalaciones, pues ello correspondió a su empleador, esto es, EFICACIA S.A. Así las cosas, expone que no tiene legitimación por pasiva para responder por la presente acción de tutela. 2.7 Pruebas que obran en el expediente · Carta de terminación del contrato de trabajo. · Certificado de pagos de incapacidades emitido por EPS SURA. · Derecho de petición del 29 de julio de 2013. · Copia de la historia clínica del actor. · Declaración extraproceso del actor. · Registro civil de nacimiento del menor Juan Felipe Ramírez. · Certificado de estudio del menor Juan Felipe Ramírez. 2.8 Decisión en primera instancia En sentencia del veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013), el Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Funciones de Garantías de Medellín negó el amparo reclamado argumentando que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para reclamar acreencias laborales, máxime si el actor no logró demostrar la vulneración de su derecho al mínimo vital pues le fue cancelada una indemnización por motivo de su despido. 2.9 Impugnación y decisión en segunda instancia Inconforme con la decisión, el actor la apeló el dos (2) de octubre de dos mil trece (2013), exponiendo que la sentencia realizó un análisis erróneo de las disposiciones jurídicas aplicables al caso y en especial la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada. El Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, en sentencia del siete (7) de octubre de dos mil trece (2013), confirmó la decisión adoptada en primera instancia argumentando que el actor no logró demostrar la existencia un perjuicio irremediable y en ese sentido debía acudir a la jurisdicción ordinaria para reclamar los derechos suscitados dentro de la relación laboral. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Planteamiento del caso 2.1 Señalan los accionantes que sus empleadores les terminaron sus contratos de trabajo a término indefinido, sin pedir la autorización del Ministerio del Trabajo, aun cuando se encontraban en situación de debilidad manifiesta debido a sus enfermedades, las cuales fueron contraídas en vigencia de la relación laboral. 2.2 Solicitan la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, al mínimo vital, a la salud y a la protección especial de las personas en condiciones de debilidad manifiesta. Para ello, exigen que las accionadas los reintegren a su puesto de trabajo o a otro de iguales o mejores condiciones y que les paguen los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su desvinculación hasta la fecha en que sean efectivamente reincorporados, así como la indemnización prevista en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 2.3 Los jueces de instancia negaron la protección exigida, porque consideraron que en los casos de John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón (expediente T-4.178.671) no se produjo la culminación de la relación laboral y como en la actualidad reciben dinero por parte de la accionada por concepto de salario, no hay derecho fundamental a proteger; y en el caso de Danilo Arturo Suaza Vélez (expediente T-4.178.671) y Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo (expediente T-4.180.267) no se probó la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo cual debieron haber agotado los mecanismos ordinarios de defensa, debido al carácter residual de la acción de tutela. 3. Consideración previa De conformidad con las particularidades de los casos, la Sala ha encontrado dos situaciones: 3.1 El caso de los ciudadanos John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón (expediente T-4.178.671), quienes expusieron en su escrito de tutela que sus contratos de trabajo habían sido terminados de manera unilateral por su empleador, sin permiso del Ministerio del Trabajo, aun cuando se encontraban enfermos al momento en que se produjo tal hecho y ante los cuales las entidades accionadas afirman que tal hecho es falso porque en la actualidad se encuentran vinculados como empleados de EFICACIA S.A. y reciben salarios; y 3.2 La situación de los ciudadanos Danilo Arturo Suaza Vélez (expediente T-4.178.671) y Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo (expediente T-4.180.267) a quienes se les terminó su contrato de trabajo sin permiso del Ministerio del Trabajo y cuyo examen de salud al momento de su retiro fue insatisfactorio. 3.3 Desde este momento la Sala anuncia que respecto a los accionantes que conforman la primera situación expuesta, no se efectuará un estudio de fondo sobre sus pretensiones, porque falta uno de los presupuestos de la presentación de la acción de tutela, la cual consiste en el ejercicio u omisión de una acción que vulnera o pone en riesgo los derechos fundamentales de una persona. En este caso, los ciudadanos John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón reclaman que fueron despedidos, pero de conformidad con el material probatorio[17] que reposa en el expediente T-4.178.671, al momento de presentación de la acción de tutela objeto de revisión, sus contratos laborales con EFICACIA S.A. se encontraban vigentes y recibían una asignación mensual a título de salario[18]. 3.4 De otra parte, la Sala profundizará en la segunda situación presentada por los casos de los ciudadanos Danilo Arturo Suaza Vélez (expediente T-4.178.671) y Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo (expediente T-4.180.267), a quienes les fue terminado su contrato laboral con EFICACIA S.A. estando bajo tratamiento médico y cuyo examen de salud de egreso tiene la observación de no satisfactorio. 4. Problema jurídico 4.1 De conformidad con lo expuesto, la Sala abordará el siguiente problema jurídico ¿EFICACIA S.A., e INDEGA S.A.[19], vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, al debido proceso y a la igualdad de los ciudadanos Danilo Arturo Suaza Vélez (expediente T-4.178.671) y Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo (expediente T-4.180.267) al terminar sus contratos de trabajo sin autorización del Ministerio del Trabajo, aun cuando el examen de salud de egreso tenía la observación no satisfactorio? 4.2 En el caso de comprobarse que existe una vulneración la Sala deberá precisar si la acción de tutela es procedente para ordenar el reintegro a su puesto de trabajo, así como el pago de salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el período en el cual permaneció cesante. Finalmente, deberá estudiar si la solicitud de amparo es el medio para ordenar el pago de la indemnización, equivalente a 180 días de salario, estipulada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 4.3 Con el propósito de solucionar el problema planteado, la Sala hará referencia a: (i) el carácter fundamental del derecho a la estabilidad laboral en personas con discapacidad; (ii) las reglas adoptadas por este Tribunal para la procedibilidad de la acción de tutela en personas con condición de discapacidad; y (iii) caso concreto. 5. Derecho al trabajo y estabilidad laboral de personas con discapacidad. Reiteración de jurisprudencia. 5.1 Para esta Corte, el derecho a la estabilidad laboral reforzada tiene lugar cuando, el trabajador es sometido a una variación intempestiva de su salud, o su situación económica y social, entre otras. En atención a ello, si el empleador tiene la intención de despedir a una persona en estado de discapacidad, debe solicitar permiso al Ministerio del Trabajo[20]. 5.2 Este procedimiento tiene fundamento en la aplicación de los principios del Estado Social de Derecho[21], la igualdad material[22] y la solidaridad social, presupuestos supralegales que establecen la obligación constitucional de adoptar medidas en favor de grupos vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta por parte del Estado.[23] 5.3 Por ello, con el propósito de morigerar el impacto que produce la pérdida del empleo, al trabajador con esa condición, en principio, debe reubicársele “en un puesto de trabajo que le permita maximizar su productividad y alcanzar su realización profesional”[24]. De esta manera, se da aplicación al principio iusfundamental de solidaridad. 5.4 En la Sentencia T-025 de 2011, esta Corte precisó que las consecuencias de despedir a una persona en situación de discapacidad sin autorización del Ministerio del Trabajo, produce: “(i) que el despido sea absolutamente ineficaz; (ii) que en el evento de haberse presentado éste, corresponde al juez ordenar el reintegro del afectado y, (iii) que sin perjuicio de lo dispuesto, el empleador desconocedor del deber de solidaridad que le asiste con la población laboral discapacitada, pagará la suma correspondiente a 180 días de salario, a título de indemnización, sin que ello signifique la validación del despido”[25]. 5.6 En síntesis, la culminación unilateral de la relación laboral por parte del empleador a un trabajador cuando éste se encuentra en situación de discapacidad, aun cuando la misma no encuentra especificada, sin permiso del Ministerio de Trabajo, hace necesaria la intervención del juez constitucional para garantizar la protección de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, la protección especial a personas en condición de discapacidad, al trabajo, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada. Tal garantía tiene como propósito el restablecimiento de los derechos vulnerados por la inobservancia del principio de solidaridad, que se concreta en una obligación negativa o de no hacer (mandato al empleador para no despedir a su empleado hasta que supere su estado de vulnerabilidad) y otra positiva o de hacer, como la de adoptar medidas para garantizar su mínimo vital, la cual puede ser exigida por medio de acción de tutela, como estudiaremos a continuación. 6. Procedencia de la acción de tutela para solicitar la protección de la estabilidad laboral reforzada en personas con condición de discapacidad. Reiteración de jurisprudencia. 6.1 La acción de tutela para la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada, exige del juez constitucional la realización de un análisis flexible para su procedibilidad. En el caso de personas enfermas o en condición de discapacidad, tal materia ha suscitado debates al interior de esta Corporación[26]. 6.2 En un primer momento, la desvinculación laboral de personas en condición de discapacidad no constituía un elemento objetivo para la procedibilidad del amparo constitucional, pues además debía demostrarse una relación entre el hecho del despido y el estado de discapacidad del accionante[27]. Esta posición fue asumida en Sentencia T-519 de 2003, en la que se expuso que, al presentarse una justa causa para la terminación de la relación laboral, podría efectuase la misma, siempre y cuando se respetaran las reglas procesales instituidas para tal propósito[28]. 6.3 Luego, en la Sentencia T-1083 de 2007 se expuso que solicitar al accionante que demuestre que su estado de discapacidad fue la causa de su despido era una carga desproporcionada, razón por la cual se aplicó la presunción de despido discriminatorio al igual que en los casos de madres gestante. A partir de esa decisión, al empleador se le exigió que demostrara que la finalización de la relación laboral fue motivada en hechos diferentes a la situación de discapacidad de su trabajador[29]. 6.4 En el pronunciamiento de constitucionalidad que esta Corte en Sentencia C-824 de 2011, efectuó sobre la Ley 361 de 1997, expuso que: “[l]a referencia específica que hace el artículo 1º, a las personas con limitaciones ‘severas y profundas’ no puede tomarse como expresiones excluyentes para todos los artículos que conforman la citada ley. En punto a este tema, es de aclarar que la clasificación del grado de severidad de una limitación (art. 7º, Ley 361 de 1997) no implica la negación y vulneración de un derecho, sino la aplicación de medidas especiales establecidas por la misma ley para personas con discapacidad en cierto grado de severidad (vgr. los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 361 de 1997). Más que de discapacidad leve y moderada, la jurisprudencia ha señalado que en estas situaciones debe hablarse de personas que por su estado de salud física o mental se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, que les dificulta trabajar en ciertas actividades o hacerlo con algunas limitaciones y que por tanto, requieren de una asistencia y protección especial para permitirle su integración social y su realización personal, además de que gozan de una estabilidad laboral reforzada”. 6.5 Así las cosas, la estabilidad laboral reforzada es una garantía para los trabajadores con discapacidad o que tengan una enfermedad que limite de manera importante la ejecución de las funciones propias de su empleo. En ese sentido, la protección constitucional aquí expuesta, no se encuentra sujeta a un porcentaje específico de pérdida de capacidad laboral expedida por las juntas competentes[30], pues “la procedibilidad de la acción de tutela tampoco puede supeditarse a un determinado porcentaje de discapacidad, pues más que analizarse la gravedad del estado de salud del actor, deberá comprobarse que su despido se efectuó con la observancia del debido proceso establecido para tal fin, pues los asuntos relacionados con el grado de afectación producto de la enfermedad y las consecuencias que de ello se deriven, podrán debatirse ante el inspector del trabajo”[31]. 6.6 En síntesis, cuando se produce el despido de un trabajador en situación de discapacidad sin autorización de la oficina del trabajo, el juez debe reconocer: “(i) la ineficacia de la terminación o del despido laboral; (ii) el derecho a ser reintegrado a un cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores que las del cargo desempeñado hasta su desvinculación; (iii) el derecho a recibir capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo, si es el caso (art. 54, C.P.);[32] y (iv) el derecho a recibir una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario”[33]. Sobre la base de lo expuesto, la Sala abordará el caso concreto. 7. Estudio del caso concreto 7.1 El asunto se sintetiza en que los ciudadanos Danilo Arturo Suaza Vélez (expediente T-4.178.671) y Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo (expediente T-4.180.267) se encontraban bajo tratamiento médico por enfermedades adquiridas en desarrollo y con ocasión al ejercicio de sus funciones laborales, al momento en que les fue terminado su contrato de trabajo por parte de EFICACIA S.A., la cual, de conformidad con el material probatorio aportado a los expedientes de los procesos objeto de revisión, no tenía conocimiento de su estado de salud. En ambos casos, el examen de salud practicado a los actores luego de finalizar la relación laboral fue no satisfactorio, lo cual no modificó la determinación de su empleador respecto a la culminación del vínculo contractual pues prosiguió en su accionar sin solicitar permiso al Ministerio del Trabajo. 7.1 Procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto 7.1.1 A continuación se evaluará la procedibilidad formal de la acción de amparo. Para ello, se analizará el cumplimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez. En caso que se superen los mismos, se analizará la procedibilidad material del amparo, esto el examen de fondo sobre la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes. 7.2.2 El Decreto 2591 de 1991 señala que la acción de tutela es un mecanismo extraordinario para la protección de derechos fundamentales de carácter subsidiario. Por ende, el amparo no puede desplazar, ni sustituir, los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico[34]. 7.3.3 En el presente asunto, la Sala constató que no se agotaron los medios ordinarios de defensa establecidos para tal fin, pues no se interpuso la respectiva demanda ante la jurisdicción laboral, quien en primer término es la encargada de resolver la controversia planteada, sino que se interpuso la solicitud de amparo de manera directa argumentando la inminencia de un perjuicio irremediable. Esta situación, fue la razón principal para que los jueces de instancia negaran el amparo reclamado. 7.3.4 No obstante, la Corte ha expuesto[35], que existen situaciones en las cuales deben adoptarse medidas inmediatas para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. También ha señalado que no es necesario agotar la totalidad de recursos legales cuando éstos no son idóneos o eficaces para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante. 7.3.5 Para esta Sala la situación especial en la que se encuentran los ciudadanos Danilo Arturo Suaza Vélez y Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo amerita la intervención urgente del juez de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, toda vez que exponen que devenían su sustento y el de su núcleo familiar de la relación laboral que tenían con EFICACIA S.A., aunado a que manifiestan que no han podido conseguir otro empleo debido a su condición de salud. 7.3.6 En el caso del ciudadano Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo la accionada EFICACIA S.A., expuso que éste tenía una microempresa de arepas, razón por la cual la culminación de la relación laboral no afectaba su derecho al mínimo vital y por tanto la acción de tutela debería declararse improcedente. Frente a ello, la Sala advierte que no hay pruebas respecto a la satisfacción del derecho fundamental al mínimo vital por parte del referido actor al vender sus productos, así como tampoco que tal actividad pueda ser catalogada como microempresa, razón por la cual tal argumento será desestimado pues deberá tenerse como cierta la aseveración hecha por el accionante según la cual la culminación de la relación laboral entre éste y EFICACIA S.A., no le permite satisfacer sus necesidades básicas ni las de su familia. 7.3.7 De otra parte, la Sala encuentra cumplido el requisito de inmediatez porque los accionantes interpusieron la acción de tutela el siete (7) de octubre de dos mil trece (2013), en el caso del expediente T-4.178.671 y el veintitrés (23) de agosto de dos mil trece (2013), que corresponde al radicado T-4.180.267, esto es, dos meses después del hecho que generó la misma, esto es el veintisiete (27) de julio de dos mil trece (2013), fecha en la cual se produjo la terminación de su relación laboral, período de tiempo razonable para hacer uso del mecanismo constitucional. 7.4 Vulneración de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y mínimo vital Expediente T-4.178.671 7.4.1 De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala encontró que los ciudadanos John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón, no fueron despedidos[36], debido a que EFICACIA S.A., conoció de las enfermedades que padecían los mismos[37] y adoptó medidas para garantizar su estabilidad laboral y su ingreso mínimo vital. Por esta razón la accionada no vulneró sus derechos al trabajo y al debido proceso. Sin embargo, el ciudadano Danilo Arturo Suaza Vélez, presenta una situación diferente, porque EFICACIA S.A. sí le terminó su contrato laboral el veintisiete (27) de julio de dos mil trece (2013). 7.4.2 No obstante, EFICACIA S.A., expuso que la terminación del contrato de trabajo al señor Suaza Vélez obedeció a la culminación de la relación comercial que la accionada tenía con INDEGA y no a su condición de salud[38], pues, de hecho, no tenía conocimiento de la enfermedad que supuestamente afirma tener el actor. 7.4.3 Para la Sala este punto es de suma importancia debido a que el ciudadano Suaza Vélez solicita que la accionada le pague la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual: “[e]n ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. || No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.”. 7.4.4 Para revisar la procedencia de tal pretensión, esta Corte expuso que, en un primer momento, era necesario que se demostrara que la empresa procedió al despido por causa de la condición de discapacidad, pues tal hecho generaba la sanción prevista por el legislador, al empleador que discriminaba a una persona objeto de especial protección constitucional por su estado de salud. No obstante, de conformidad con las consideraciones de esta sentencia, tal situación cambió, pues se aplicó de manera análoga la presunción de despido injusto establecida en los casos de mujeres en estado de embarazo (ver supra 6.3). Así las cosas, EFICACIA S.A., debía demostrar que la culminación de la relación laboral al ciudadano Suaza Vélez no tuvo fundamento en su condición de salud. Al respecto, a partir del material probatorio allegado al presente proceso de revisión, la Sala encontró que la accionada se abstuvo de despedir a los ciudadanos John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón, a pesar de la finalización de su relación comercial con INDEGA S.A., porque tenía conocimiento de su estado de salud[39]. Este hecho, sumado a que EFICACIA S.A., no tuvo conocimiento de la enfermedad del actor hasta después de la finalización de la relación laboral, pues el examen de egreso cuyo resultado fue no satisfactorio, logra desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, dado que a partir de la sana lógica se infiere que si la accionada desconocía de la condición de salud expuesta por el ciudadano Suaza Vélez en la presente acción de tutela, no podía despedirlo por tal motivo. Así las cosas, en este caso no es procedente la indemnización por despido discriminatorio, estipulada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, solicitada por el accionante, toda vez que su propósito es sancionar al empleador que previo conocimiento de la situación de vulnerabilidad del trabajador por razón a su discapacidad o su condición de salud termina la relación laboral. Por tanto, se negará tal pretensión. 7.4.5 Al respecto, es importante diferenciar la sanción establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a la protección objetiva al mínimo vital del trabajador, la cual surge por la vulnerabilidad suscitada por su estado de salud, que limita el desarrollo de sus funciones laborales y la relación plena con su entorno. Tal conclusión corresponde a una interpretación lógica y sistemática de las decisiones adoptadas por esta Corporación[40], e incluso de situaciones análogas como la protección objetiva a las mujeres en estado de embarazo[41]. Esta premisa es relevante para solucionar el caso objeto de estudio, pues a pesar que la accionada no conoció del estado de salud del ciudadano Suaza Vélez con anterioridad a la culminación del vínculo laboral, sí tuvo certeza del mismo el dos (2) de agosto de dos mil trece (2013), cuando le fue realizado el examen de egreso sobre aptitud ocupacional en Omnisalud[42], entidad que la propia demandada facultó para tal propósito. Si bien en aquella oportunidad se dictaminó “diagnosticado hace 8 meses por síndrome del tinel (sic) del carpo en su EPS, en proceso de valoración médica”.|| Examen de egreso satisfactorio: NO”[43], EFICACIA S.A. no desistió de su determinación de culminar el vínculo contractual con el accionante, así como tampoco consultó al Ministerio del Trabajo sobre el particular, hecho que vulneró su derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues, como se expuso, la protección en estos casos es objetiva y no depende de un conocimiento previo del empleador de la condición de salud del trabajador. 7.4.6 A su vez, el accionar de EFICACIA S.A., vulnera el principio de igualdad del ciudadano Suaza Vélez, frente a sus compañeros de trabajo John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón, pues a pesar de tener en común el hecho de: (a) trabajar para la misma empresa; (b) tener una enfermedad que afecta de manera considerable su salud; y (c) tener el derecho a la estabilidad laboral reforzada por el hecho objetivo de encontrarse enfermos sin tener establecido el grado de discapacidad; éstos no han sido despedidos y continúan recibiendo salario por parte de la accionada y, en cambio, al accionante no sólo le fue terminado su contrato de trabajo sino que la demandada no ha adoptado procedimiento alguno para solucionar su situación, teniendo en cuenta que es un sujeto de especial protección constitucional. 7.4.7 Para la Sala la enfermedad del actor tiene repercusiones sobre su calidad de vida, no le permite desarrollar sus facultades físicas de manera normal y de conformidad con el material probatorio fue adquirida en el período en el cual trabajó para EFICACIA S.A. En el resumen de su historia médica se señala “[e]studio indicativo de atrapamiento bilateral del nervio mediano a través del carpo, electrofisiológicamente moderado”[44], por tanto, como la protección en este caso es objetiva, debió solicitarse permiso al Ministerio del Trabajo para que una vez realizado el respectivo estudio con relación al grado de discapacidad del actor, autorizara el despido o negara el mismo. 7.4.8 De esta manera, el hecho objeto de reproche no es la terminación de la relación laboral, pues la accionada no tenía conocimiento del estado de salud del actor al momento de configurarse la misma, sino la inobservancia del principio de igualdad y del deber de solidaridad, pues, aun cuando EFICACIA S.A. conoció de la situación en la que se encontraba el actor, decidió proseguir con su determinación de finiquitar el contrato de trabajo teniendo plena certeza de la enfermedad que había desarrollado el actor. 7.4.9 Así las cosas, la Sala ordenará que se restablezcan los derechos constitucionales al trabajo, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y al debido proceso del ciudadano Danilo Arturo Suaza Vélez y, en consecuencia, declarará la ineficacia del despido, ordenará el respectivo reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que permaneció cesante. No obstante, se abstendrá de ordenar la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a 180 días de salario, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia. Expediente T-4.180.267 7.4.10 En el caso del ciudadano Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo, la Sala considera que, de igual manera que en el expediente T-4.178.671, EFICACIA S.A. no tenía conocimiento del estado de salud del actor al momento de la terminación de la relación laboral. No obstante, de manera similar, conoció del mismo el cinco (5) de agosto de dos mil trece (2013), con ocasión al examen de egreso sobre aptitud ocupacional realizado por Omnisalud[45], el cual dictaminó “actualmente en proceso de atención por lumbalgia crónica, debe ser evaluado por especialistas de su EPS.|| Examen de egreso satisfactorio: NO”.[46] 7.4.11 No obstante, EFICACIA S.A. una vez enterado del estado de salud del ciudadano Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo[47], no desistió de su determinación de culminar el vínculo contractual, ni solicitó autorización al Ministerio del Trabajo para proceder a finiquitar la relación laboral, accionar que vulneró sus derechos fundamentales. 7.4.12 De la misma manera que en el expediente T-4.178.671, la Sala considera que la accionada logró desvirtuar la presunción del despido discriminatorio, pues la situación sometida a estudio tiene los mismos presupuestos fácticos, estos es, que EFICACIA S.A., sólo tuvo conocimiento de la condición de salud del actor, después del momento en que finalizó el vínculo laboral. 7.4.13 En consideración a ello, la Sala proferirá sentencia en el mismo sentido que lo hizo con el expediente T-4.178.671 (ver supra 7.4.1 al 7.4.9), toda vez que se configuran similares presupuestos de orden fáctico y la protección se suscita en consideración a la misma regla de derecho: la estabilidad laboral reforzada para personas en condición de discapacidad o aquellas enfermas sobre las cuales no se haya efectuado una valoración sobre su grado de discapacidad, por el hecho objetivo de su condición de salud. 7.4.14 Así las cosas, la Sala ordenará que se restablezcan sus derechos constitucionales al trabajo, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y al debido proceso y, en consecuencia, declarará la ineficacia del despido, ordenará el respectivo reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que permaneció cesante. No obstante, se abstendrá de ordenar la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a 180 días de salario, porque el despido no se produjo debido a que el actor se encontraba enfermo, sino por una razón diferente la cual fue la terminación de la relación comercial entre EFICACIA S.A., e INDEGA S.A., de conformidad con los hechos expuestos por las partes involucradas en esta acción de tutela[48], los cuales no han sido objeto de debate al interior de la misma. 8. La decisión que adoptará la Sala en el presente caso 8.1 Esta Corte adoptará medidas con el objetivo de restablecer los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y al debido proceso, conculcados a los ciudadanos Danilo Arturo Suaza Vélez y Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo. Para tal efecto, se declarará la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo y se ordenará el respectivo reintegró a un cargo igual o de superior jerarquía de manera definitiva. 8.2 También se ordenará a la accionada que pague a los accionantes los salarios dejados de percibir desde el momento en el cual se produjo el despido y el momento de expedición de esta sentencia. Aunado a ello, ordenará a la accionada que cotice los aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) desde el momento en que fueron desvinculados de sus labores hasta cuando se haga efectivo el reintegro. 8.3 Es necesario precisar que EFICACIA S.A., expuso que era el responsable directo de los accionantes en el ejercicio de las funciones desarrolladas en las instalaciones de INDEGA S.A., y que éstos no tenían un vínculo contractual con esta última. De otra parte, como el objeto de la controversia es la culminación del contrato de trabajo de los accionantes, la Sala considera que la vinculada ARL Colpatria no tiene legitimación por pasiva para responder por los hechos expuestos en la presente decisión debido a que no tuvo incidencia en la finalización de la relación laboral entre EFICACIA S.A., y los ciudadanos Danilo Arturo Suaza Vélez, John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas, Jesús María Grajales Rendón (expediente T-4.178.671) y Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo (expediente T-4.180.267). En ese sentido, como no se logró demostrar que las entidades accionadas y vinculadas INDEGA (llamada indistintamente por los actores también con el nombre de Coca Cola FEMSA S.A.) y la ARL Colpatria, vulneraron los derechos fundamentales de los ciudadanos Danilo Arturo Suaza Vélez y Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo, no se impartirán ordenes en contra de ellas, sin perjuicio de que los actores o la accionada interpongan acciones legales a fin de establecer algún tipo de responsabilidad solidaria, si a ello hubiera lugar. 8.5 Por último, se negará el amparo solicitado por los ciudadanos John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. No obstante, advertirá que esta sentencia sólo constituirá cosa juzgada respecto de los hechos sucedidos con anterioridad al ocho (8) de octubre de dos mil trece (2013), fecha en la cual se presentó la acción de tutela objeto de revisión, razón por la cual si en una fecha posterior EFICACIA S.A. hubiese despedido a los ciudadanos John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón, desconociendo su derecho a la estabilidad laboral reforzada, éstos pueden interponer los recursos judiciales que consideren pertinentes para la protección de sus derechos fundamentales, inclusive una nueva acción de tutela. III. DECISIÓN Con fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Medellín, el veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013), en primera instancia, exclusivamente respecto del ciudadano Danilo Arturo Suaza Vélez, en el trámite de la acción de tutela presentada por Danilo Arturo Suaza Vélez, John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón, contra EFICACIA S.A., INDEGA S.A. y la ARL Colpatria. En consecuencia, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y al debido proceso, del ciudadano Danilo Arturo Suaza Vélez. SEGUNDO: ORDENAR a EFICACIA S.A. que, dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguiente a la notificación de esta sentencia, proceda a reintegrar al ciudadano Danilo Arturo Suaza Vélez, en un cargo de iguales o mejores condiciones al que ejerció hasta el momento de su desvinculación, sin solución de continuidad. TERCERO: ADVERTIR a EFICACIA S.A. que las funciones laborales que se asignen al ciudadano Danilo Arturo Suaza Vélez, deberán ser compatibles con sus condiciones actuales de salud y en caso de ser necesario deberá realizar la capacitación que se requiera y sea suficiente para tal efecto. CUARTO: ORDENAR a EFICACIA S.A. que proceda a efectuar el pago de los salarios y prestaciones sociales al ciudadano Danilo Arturo Suaza Vélez, dejados de percibir desde el momento en el cual se hizo efectiva la terminación de su contrato de trabajo y hasta cuando se haga efectivo el reintegro a su puesto de trabajo. QUINTO: ORDENAR a EFICACIA S.A. que proceda a efectuar los aportes no pagados por concepto de salud y pensiones del ciudadano Danilo Arturo Suaza Vélez, causados desde el instante en que fue despedido y hasta cuando sea reintegrado a su puesto de trabajo. SEXTO: NEGAR al ciudadano Danilo Arturo Suaza Vélez la indemnización equivalente a 180 días del salario, prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, estrictamente por las razones expuestas en esta providencia. SÉPTIMO: ADVERTIR a EFICACIA S.A que en adelante debe abstenerse de adelantar cualquier retaliación o acción en contra del ciudadano Danilo Arturo Suaza Vélez, con ocasión a la solicitud de amparo impetrada por éste, so pena de incurrir en desacato de este fallo, con las consecuencias de orden legal que eso conlleva. OCTAVO: RECONOCER que EFICACIA S.A., tiene derecho a descontar de los pagos ordenados en esta providencia, las sumas canceladas al ciudadano Danilo Arturo Suaza Vélez por concepto de la culminación de la relación laboral que generó esta solicitud de amparo. NOVENO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Medellín, el veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013), en primera instancia, exclusivamente respecto de los ciudadanos John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón, contra EFICACIA S.A., INDEGA S.A. y la ARL Colpatria, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. DÉCIMO: DENEGAR por improcedente la protección de los derechos fundamentales reclamada por los ciudadanos John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón, exclusivamente por las consideraciones expuestas en esta sentencia. DECIMOPRIMERO: ADVERTIR que esta sentencia sólo constituye cosa juzgada respecto de los hechos sucedidos con anterioridad al ocho (8) de octubre de dos mil trece, fecha en la cual se presentó la acción de tutela objeto de revisión, razón por la cual si en una fecha posterior EFICACIA S.A. hubiese despedido a los ciudadanos John Jaime Pineda Jaramillo, Carlos Alberto Quiroz Álvarez, Carlos Alberto Ramírez Arenas y Jesús María Grajales Rendón, desconociendo su derecho a la estabilidad laboral reforzada, éstos pueden interponer los recursos judiciales que consideren pertinentes para la protección de sus derechos fundamentales, inclusive una nueva acción de tutela. DECIMOSEGUNDO: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Veintiocho Penal Municipal de Garantías de Medellín, el veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013) en primera instancia y el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, el veintiocho (28) de octubre de dos mil trece (2013) en sede de apelación, en el trámite de la acción de tutela promovida por el ciudadano Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo contra EFICACIA S.A, e INDEGA S.A. En consecuencia, CONCEDER el amparo de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital. DECIMOTERCERO: ORDENAR a EFICACIA S.A. que, dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguiente a la notificación de esta sentencia, proceda a reintegrar al ciudadano Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo, en un cargo de iguales o mejores condiciones al que ejerció hasta el momento de su desvinculación, sin solución de continuidad. DECIMOCUARTO: ADVERTIR a EFICACIA S.A. que las funciones laborales que se asignen al ciudadano Rodolfo Eliécer Ramírez Acevedo, deberán ser compati...