Sentencia T-392 de 2015

T-392-15 Sentencia T-392/15 ACCION DE TUTELA CONTRA EL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO-Caso en que se disminuyó el valor de la mesada pensional, de acuerdo a la sentencia C-258/13 TOPE MAXIMO DE PENSIONES-Jurisprudencia constitucional PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONGRESO-Contenido en el Decreto 2170 de 2013 ACCION DE TUTELA CONTRA EL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO-Improcedencia de reliquidación pensional por encima del tope de 25 SMLMV por cuanto se estaría contrariando la sentencia C-258/13 Referencia: Expediente T-4352983. Acción de tutela instaurada por Lina Ramírez de Lamboglia contra el Ministerio del Trabajo y el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Magistrada (e) Ponente: MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil quince (2015). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Myriam Ávila Roldán (e) y María Victoria Calle Correa y el magistrado Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos adoptados por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en primera instancia, y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, que resolvieron la acción de tutela promovida por Lina Ramírez de Lamboglia contra el Ministerio del Trabajo y el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. I. ANTECEDENTES Hechos y acción de tutela interpuesta La acción presentada se fundamenta en los siguientes hechos[1]: 1. A la señora Lina Ramírez de Lamboglia[2], en su calidad de cónyuge sobreviviente del señor Giovanni Lamboglia Mazzilli, le fue reconocida por el Fondo de Previsión Social del Congreso (en adelante FONPRECON), la sustitución pensional de invalidez, mediante acto administrativo del 9 de octubre de 1988. 2. En el mes de julio de 2013, la actora fue informada por el Banco BBVA sobre la reducción del monto de la pensión consignada por el FONPRECON en su favor. 3. En agosto de 2013, la accionante formuló derecho de petición ante el FONPRECON para solicitar: i) el motivo de la rebaja inconsulta del valor de su pensión; ii) certificado de si existe algún acto administrativo que haya ordenado la reducción del monto de su pensión; iii) si existe el acto administrativo correspondiente se emita copia del mismo y se le notifique. 4. El dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013), el director del FONPRECON respondió el derecho de petición en los siguientes términos: “1. El motivo que obedece a la reducción del valor de la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho, se sustenta en el cumplimiento de la orden judicial impartida por la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013. (…) 2. Con respecto a los puntos 2, 3 y 4 de su petición le informo: El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República no expidió acto administrativo alguno, que ordenara la reducción de la mesada pensional, le reitero que todas y cada una de las mesadas pensionales reconocidas al amparo del régimen especial de pensiones de congresistas a partir del 1 de julio de 2013 fueron ajustadas automáticamente al tope legal de 25 smlmv.” 5. Adicionalmente, en ejercicio de su derecho a la igualdad, la accionante solicita la aplicación del Decreto 2170 de 2013 que reconoce a los congresistas una prima especial de servicios. Esto, dada su calidad de pensionada sustituta de un integrante del Congreso con derechos ciertos y adquiridos. 6. La accionante invoca la protección constitucional de sus derechos como mecanismo transitorio comoquiera que es una persona de 79 años de edad[3] y la demora en el proceso ordinario haría inocua la protección de sus derechos fundamentales. 7. En virtud de lo expuesto, la señora Ramírez, mediante apoderado, interpuso acción de tutela al considerar que con el reajuste automático de su pensión FONPRECON desconoció sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. En tal sentido, solicita que se ordene a la demandada, de una parte, pagar la mesada pensional completa sin el reajuste automático realizado, y de otra, que inicie las gestiones para reconocer y pagar la prima especial de servicios prevista en el Decreto 2170 de 2013, en un término que no exceda los treinta días. 8. El apoderado de la peticionaria aportó como pruebas los siguientes documentos: - Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante donde consta la fecha de nacimiento 27 de noviembre de 1945. - Copia de la respuesta al derecho de petición enviada por FONPRECON el 16 de septiembre de 2013. - Copia del Decreto 2170 de 2013. - Poder para actuar otorgado por la señora Lina Ramírez de Lamboglia, 9. La acción de tutela fue presentada el trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), ante la Corte Suprema de Justicia. La Sala Laboral de Casación de esa corporación mediante providencia del diecinueve (19) de noviembre de dos mil trece (2013) remitió la acción de tutela, por competencia, al Tribunal Superior de Bogotá. El tres (03) de diciembre de dos mil trece (2013) la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá avocó el conocimiento de la acción de tutela instaurada contra el Ministerio del Trabajo y el FONPRECON y dispuso la comunicación de la misma a los accionados para que ejercieran su derecho de defensa. Intervención de las accionadas 10. El representante de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación por pasiva de su representada. Al respecto, afirma que: “(…) el FONDO DE PREVENCIÓN (sic) SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA “FONPRECON”, es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con el artículo 4 del decreto 4107 de 2011 y no el Ministerio de Trabajo, como erradamente se interpreta, lo que implica que no existe ni existió vínculo de carácter laboral, prestacional, de seguridad social o de cualquier otra índole entre el accionante y esta Entidad, y por lo mismo, no existen obligaciones ni derechos recíprocos entre estos dos, lo que da lugar a que haya ausencia por parte de este Ministerio, bien sea por acción o por omisión, de vulneración o amenaza alguna de los derechos fundamentales invocados por el accionante.” (Subrayado y negrilla original). Adicionalmente, el apoderado del Ministerio de Trabajo, con base en distintas citas jurisprudenciales, planteó la improcedencia de la acción de tutela porque: i) existe otro medio de defensa judicial; ii) no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable; y iii) no es el mecanismo para obtener el pago de acreencias laborales ni reclamar pensiones. 11. Por su parte, el representante judicial del Fondo de Previsión Social del Congreso solicitó denegar por improcedente la acción de tutela comoquiera que no se vulneraron los derechos fundamentales de la señora Ramírez. En general, sostuvo que lo que se pretende con la acción de tutela es el desconocimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, la C-258 de 2013, que ordenó que las mesadas reconocidas de conformidad con el régimen especial de congresistas no podrán superar los 25 smlmv a partir del 1º de julio de 2013, y que tal decisión, le fue notificada a la accionante mediante oficio 20133170069591 del 16 de julio de 2013. El apoderado enfatizó en la existencia de otro medio de defensa judicial en la jurisdicción contenciosa administrativa para resolver la controversia propuesta ante el juez constitucional, máxime si no se acredita un perjuicio irremediable. Esto, teniendo en cuenta que en este caso la mesada pensional reajustada equivale a $14.737.500, lo que a su juicio desvirtúa la afectación del derecho a la vida digna y al mínimo vital. Luego de reproducir ampliamente la sentencia C-258 de 2013, puntualizó: “De acuerdo con las consideraciones transcritas, el ajuste de las mesadas a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes no puede ser considerado como una revocatoria o reliquidación del monto de la pensión, sino como un AJUSTE ORDENADO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. Siendo claro que a partir del 1 de julio de 2013 ninguna mesada pensional pagada con cargo a recursos de naturaleza pública podrá superar el tope legal de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así lo estableció de forma expresa el máximo Tribunal Constitucional en la sentencia C-258 de 2013”. Asimismo, resaltó el valor de cosa juzgada constitucional y la obligatoriedad de las sentencia proferidas por la Corte Constitucional de conformidad con el artículo 243 de la C.P. y de los artículos 45 y 48 de la Ley 270 de 1996. Finalmente, calificó como exótica la petición de la accionante para la aplicación de la prima de servicios contenida en el Decreto 2170 de 2013. Esto, por cuanto la misma está prevista para congresistas activos, la mesada pensional se liquida conforme lo devengado por cada parlamentario, y además, no se ha hecho tal solicitud ante el Fondo que representa sino que se hace a través de la acción de tutela. El apoderado adjuntó como pruebas varios pronunciamientos de distintas autoridades judiciales en el marco de acciones de tutela con patrones fácticos similares al caso de la señora Ramírez, todos con fallos favorables a FONPRECON. Decisión de primera instancia 12. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia proferida el trece (13) de diciembre de dos mil trece (2013), decidió denegar por improcedente la acción de tutela. A su juicio, en virtud de la subsidiariedad de la acción de tutela no corresponde al juez constitucional pronunciarse sobre reliquidaciones pensionales salvo que se configure un perjuicio irremediable, el cual no tiene lugar en este caso pues la accionante cuenta con una mesada pensional equivalente a 25 smlmv. Aunado a lo anterior, consideró que si bien se acreditó la avanzada edad de la accionante, 69 y no 79 años de edad como se alegó, no se aportaron pruebas sobre la precaria situación económica que haría procedente el amparo. Por último, destacó el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Constitucional y el valor de cosa juzgada que tienen sus providencias. En tal sentido, precisó que el FONPRECON actuó en cumplimiento de una decisión judicial al reajustar la mesada pensional de la accionante. Impugnación y decisión de segunda instancia 13. Luego de proferida la decisión de primera instancia, el apoderado de la señora Lina Ramírez presentó escrito de impugnación reiterando los argumentos de la acción de tutela y resaltando que el juez de primera instancia no comprendió que la aplicación del Decreto 2170 de 2013 se hacía en calidad de miembro del congreso pensionada. En su criterio, la accionante en su calidad de pensionada no ha dejado de pertenecer al Congreso de la República y tiene derechos adquiridos en materia pensional que no pueden desconocerse por el FONPRECON. 14. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014), revocó la sentencia de primera instancia. La Sala resumió el contenido de la sentencia C-258 de 2013 y destacó que el FONPRECON no podía realizar el reajuste de la pensión de la accionante simplemente por cumplir un tope máximo de la mesada sin previo estudio del caso particular. En su concepto, la actuación arbitraria del FONPRECON vulneró el derecho fundamental de la actora al debido proceso en los siguientes términos: “(…) de manera que si la entidad considera que Ramírez de Lamboglia está incluida dentro de los supuestos contenidos en la sentencia C-258 de 2013, le corresponde acudir a los medios administrativos y/o judicialmente previstos para cesar el pago, entre otros, las medidas cautelares contempladas en el capítulo IX de la Ley 1437 de 2011”. Por consiguiente, tuteló el derecho al debido proceso de la accionante y ordenó a FONPRECON acudir a los medios administrativos y/o judicialmente previstos para cesar el pago de la pensión. Actuación en sede de revisión 15. El 15 de septiembre de 2014, la Sala Novena de Revisión solicitó al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República que informara sobre las acciones adelantadas para dar cumplimiento al fallo proferido el 26 de febrero de 2014, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En el mismo proveído se suspendieron los términos procesales. 16. El 1º de octubre de 2014, el director del FONPRECON informó que para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, notificada el 18 de marzo de 2014, emitió la Resolución 0167 del 25 de marzo de 2014, mediante la cual se dispuso: “- Determinar que la pensión reconocida al causante GIOVANNI LAMBOGLIA MAZZILI y sustituida a la señora LINA RAMÍREZ DE LAMBOGLIA es objeto del ajuste automático al tope de 25 smlv de conformidad con lo ordenado por la Sentencia C-258 de 2013. - Acatar la orden establecida en el numeral tercero subnumeral 4 de la Sentencia C-258 de 2013 que ordenó el ajuste automático en las mesadas pensionales reconocidas de conformidad con el artículo 17 de la Ley 4 de 1992. - Disponer que pese a tratarse del cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional la decisión es susceptible de recursos y de control jurisdiccional según lo considerado por el fallo de tutela. 3. La resolución 0167 del 25 de marzo de 2014 fue notificada por aviso a la señora LINA RAMÍREZ DE LAMBOGLIA el día 24 de abril de 2014. 4. El apoderado de la señora LINA RAMÍREZ DE LAMBOGLIA solicitó aclaración y adición de la Resolución 0167 del 25 de marzo de 2014. 5. Mediante Resolución No. 0300 del 16 de mayo de 2014 se desató el recurso formulado modificando el artículo primero del acto impugnado en relación con la fecha de notificación del fallo de tutela y confirmándolo en sus demás aspectos (se anexa resolución en 4 folios). 6. Finalmente es importante resaltar que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá mediante providencia del 12 de agosto de 2014 resolvió declarar cumplido el fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el día 26 de febrero de 2014. (se anexa auto en 5 folios).”. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 1. Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de 1991, para revisar los fallos de tutela seleccionados. Problema jurídico 2. Corresponde a la Corte definir si la acción de tutela es procedente para dejar sin efectos el reajuste pensional efectuado por FONPRECON, en cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013, mediante el cual se redujo la mesada pensional de la accionante a 25 salarios mínimos legales vigentes. Si la acción resultara procedente la Corte deberá establecer si con la mencionada decisión FONPRECON vulneró los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de la accionante, quien tiene 69 años de edad. De otra parte, la Sala deberá determinar si la acción de tutela es procedente para amparar el derecho a la igualdad de la accionante, quien considera que debe ser beneficiaria de la prima de servicios contenida en el Decreto 2170 de 2013. Para resolver los problemas jurídicos planteados la Sala: i) resumirá el contenido de la sentencia C-258 de 2013; y ii) describirá el contenido del Decreto 2170 de 2013. La inconstitucionalidad declarada en la sentencia C-258 de 2013 y las órdenes consecuentes. 3. En la sentencia C-258 de 2013 la Sala Plena declaró inexequibles las expresiones “durante el último año y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992[4], así como la expresión “por todo concepto”, contenida en su parágrafo. La declaratoria de inconstitucionalidad se fundamentó en el desconocimiento de los artículos 13 (igualdad) y 48 (seguridad social) de la Constitución Política[5]. En esa oportunidad, la Corte sintetizó, como marco contextual, el alcance del Estado Social de Derecho, la seguridad social como derecho y servicio para el cumplimiento de los fines del estado social de derecho, la protección de los derechos adquiridos en Colombia, los derechos pensionales adquiridos protegidos por el acto legislativo 01 de 2005, los principios de buena fe y confianza legítima, y el régimen especial de pensiones de los congresistas. Posteriormente, para adoptar la decisión de eliminar del ordenamiento los contenidos normativos inconstitucionales diferenció entre los beneficiarios del régimen[6], los factores de liquidación[7], el ingreso base de liquidación[8], el mecanismo de ajuste anual[9] y los topes de las mesadas pensionales[10]. En particular, en la definición de un tope de 25 smlmv para las mesadas pensionales de los congresistas y demás servidores públicos a quienes les resulte aplicable ese régimen, es pertinente destacar las conclusiones de la Sala Plena de este Tribunal: “En primer lugar, es claro que, a partir de esta sentencia, ninguna pensión, causada bajo el régimen especial de Congresistas consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, se podrá reconocer ni liquidar por fuera de las condiciones que fijan la interpretación conforme a la Constitución. En segundo lugar, como efecto inmediato de la sentencia, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por ello, todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa. Los topes existieron antes y después de la Ley 100 de 199[3]. La razón para su establecimiento reside en el hecho que, en los sistemas de prima media, la mesada pensional incorpora un componente sustancial de subsidio con recursos de naturaleza pública. Esto es, el sistema de aportes por cuenta del empleado y del empleador, no alcanza a generar los recursos para financiar una pensión vitalicia con las previsiones de los distintos regímenes sobre tiempo de servicios y tasa de reemplazo, lo cual implica que la diferencia se paga con recursos públicos. El legislador, en consonancia con previsiones constitucionales, encontró, que en materia pensional tales recursos deben destinarse a subsidiar las pensiones de las personas de más bajos ingresos y a ampliar la cobertura del sistema. Por la anterior razón, cuando la ley dispone que, de manera general, todas las personas ingresarán al sistema general de pensiones, y cuando efectivamente ese ingreso se produce, salvo la consagración de un sistema de transición, resulta desproporcionado y contrario a los principios constitucionales del Estado Social de Derecho y a los que inspiran el sistema general de pensiones, la interpretación conforme a la cual las mesadas de quienes se encuentran en transición no están sujetas a tope. Sobre esa base, la Corte encuentra que, en tanto la pretensión de que algunas mesadas pensionales no están sujetas al tope que, de manera general, se ha previsto en la Ley, resulta contraria a la Constitución, procede, como efecto de la sentencia, se produzca un ajuste inmediato de todas las pensiones que se hayan venido pagando por encima de ese tope. En tercer lugar, y como se explica en el siguiente apartado, las autoridades administrativas revocarán o reliquidarán las pensiones que, en los términos de esta providencia, bajo el amparo del artículo 17 Ley 4 de 1992, se hayan reconocido con fraude a la ley o con abuso del derecho. Para ello, siempre se obrará con respeto al debido proceso, no se suspenderá o alterará el pago de las mesadas pensionales hasta la culminación del procedimiento administrativo y las decisiones serán susceptibles de controversia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En cuanto a las pensiones adquiridas de buena fe y con la confianza legítima de haber actuado de conformidad con la normatividad vigente, sin que pueda predicarse abuso del derecho ni fraude a la ley, se harán también las consideraciones que a continuación se explican. ” De acuerdo con lo anterior, ninguna pensión reconocida bajo el régimen especial de congresistas establecido en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, con cargo a recursos de naturaleza pública podrá exceder el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 31 de julio de 2013, y en consecuencia, todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa. Asimismo, la aplicación del reajuste automático de las mesadas pensionales afectadas por el tope de 25 smlmv a partir del 1º de julio de 2013, exigía por parte de la autoridad administrativa determinar si la pensión había sido reconocida con fraude a la ley o abuso del derecho. De ser así, la sentencia destacó que los beneficiarios con pensiones adquiridas con fraude a la ley o abuso del derecho no tenían un derecho adquirido, y por tanto, la administración, debía revocar y reliquidar unilateralmente el acto con efectos hacia futuro, es decir, afectando únicamente las mesadas posteriores y no las pagadas[11]. En concreto, es posible extraer las siguientes reglas: i) la administración tenía plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 para emitir los actos administrativos que dieran cuenta del reconocimiento de una pensión con fraude a la ley o abuso del derecho; ii) correspondía a la administración desvirtuar la presunción de legalidad del acto que reconoce la pensión; iii) durante el trámite no se podía suspender el pago de la mesada pensional; y iv) la actuación administrativa debía adelantarse con plena observancia del derecho al debido proceso, en especial el derecho de defensa, lo que implica que el afectado podrá promover los recursos administrativos y las acciones judiciales a que hubiere lugar. Por el contrario, si la situación del beneficiario no se encuadra en las hipótesis de abuso del derecho o fraude a la ley, la administración debe determinar si el reconocimiento de la pensión es: i) de buena fe y en ejercicio de la confianza legítima[12]; o ii) a través de la equiparación[13]. En el primer evento, la Sala estableció como fecha para dar cumplimiento a la orden el 31 de julio de 2013, señalando que no se podía suspender los pagos de las mesadas por demoras administrativas en la realización de este reajuste. A su turno, respecto de las pensiones por equiparación advirtió lo siguiente: i) deben ser sometidas al tope de 25 smlmv a partir del 31 de julio de 2013; ii) el trámite de reliquidación debe garantizar el derecho al debido proceso; iii) no puede haber reducciones manifiestamente desproporcionadas (que desconozcan el derecho al mínimo vital o vulneren los derechos de las personas de la tercera edad); iv) se deberá aplicar, según el caso, los mecanismos previstos en los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003[14]; v) no se fija un plazo para adelantar estas reliquidaciones; y vi) no se podrán suspender los pagos de las mesadas por demoras administrativas en la realización de este reajuste. El contenido del Decreto 2170 de 2013. 4. El Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, expidieron el Decreto 2170 de 2013, “Por el cual se establece una prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República”. El artículo 1º define los beneficiarios de la prima especial de servicios en los siguientes términos: “Los miembros del Congreso de la República tendrán derecho a percibir· mensualmente una prima especial de servicios equivalente a la suma de siete millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos ($7.898.445) mlcte, la cual se reajustará anualmente en el mismo porcentaje en que se reajuste la asignación básica. La prima especial de servicios sustituye para todos los efectos las primas de salud y de localización y vivienda establecidas en el literal 11) del artículo 2° de la Ley 4 de 1992 y constituye factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de navidad, Igualmente, la prima especial de servicios de que trata el presente artículo se tendrá en cuenta para efectos de la liquidación de que trata el artículo 11 del Decreto 816 de1 2002”. Estudio del caso concreto 5. La señora Lina Ramírez de Lamboglia instauró acción de tutela por considerar que con el reajuste automático de su pensión a 25 smlmv, efectuado por FONPRECON, se desconocieron sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. En tal sentido, solicitó que se ordene a la demandada, de una parte, pagar la mesada pensional completa sin el reajuste automático realizado, y de otra, que inicie las gestiones para reconocer y pagar la prima especial de servicios prevista en el Decreto 2170 de 2013. 6. FONPRECON sostuvo que lo que se pretende con la acción de tutela es el desconocimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, la C-258 de 2013, que ordenó que las mesadas reconocidas de conformidad con el régimen especial de congresistas no podrán superar los 25 smlmv a partir del 1º de julio de 2013, y que tal decisión, le fue notificada a la accionante mediante oficio 20133170069591 del 16 de julio de 2013. Igualmente, enfatizó en la existencia de otro medio de defensa judicial en la jurisdicción contenciosa administrativa para resolver la controversia propuesta ante el juez constitucional, máxime si no se acredita un perjuicio irremediable. Esto, teniendo en cuenta que en este caso la mesada pensional reajustada equivale a $14.737.500, lo que a su juicio desvirtúa la afectación del derecho a la vida digna y al mínimo vital. 7. Los jueces de instancia fallaron de forma disímil. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en primera instancia, decidió denegar por improcedente la acción de tutela porque no corresponde al juez constitucional pronunciarse sobre reliquidaciones pensionales salvo que se configure un perjuicio irremediable, el cual no tiene lugar en este caso pues la accionante cuenta con una mesada pensional equivalente a 25 smlmv. Además, destacó el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Constitucional y el valor de cosa juzgada que tienen sus providencias. Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, revocó el fallo y concedió el amparo al derecho al debido proceso de la accionante. En consecuencia, ordenó a FONPRECON acudir a los medios administrativos y/o judicialmente previstos para cumplir lo ordenado por la sentencia C-258 de 2013. 8. En ese contexto, en primer lugar, corresponde a la Corte definir si la acción de tutela es procedente para dejar sin efectos el reajuste pensional efectuado por FONPRECON, en cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013, mediante el cual se redujo la mesada pensional de la accionante a 25 salarios mínimos legales vigentes. 8.1. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela está diseñada para reclamar la protección inmediata de los derechos fundamentales por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Asimismo, dispone que la acción solo procederá cuando el afectado no tenga otro medio de defensa judicial a su alcance salvo que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable. 8.2. Bajo estos supuestos, la Sala considera que la acción de tutela interpuesta por Lina Ramírez cumple con los presupuestos de procedibilidad para invocar la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la autoridad administrativa encargada del cumplimiento de una sentencia proferida por la Corte Constitucional. En efecto, la peticionaria alega el desconocimiento de sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad por la acción de una autoridad administrativa, FONPRECON, al reducir su mesada pensional a partir de julio de 2013. Al respecto, la Sala destaca que al momento de promover la acción constitucional a la señora Ramírez se le redujo su mesada pensional sin previo aviso, pues la notificación efectuada por FONPRECON el 16 de julio de 2013, mediante oficio 20133170069591, había sido enviada a una dirección en la cual ya no residía, pese a ser la registrada en la entidad. Y además, la respuesta a su derecho de petición le indicaba que la actuación administrativa estaba amparada por una sentencia de la Corte Constitucional y que no se había expedido un acto administrativo pues la decisión obedecía al cumplimiento de una orden judicial de ajustar las pensiones al tope de 25 smlmv. Frente a este panorama, la acción de tutela se configura como un mecanismo idóneo para analizar la protección de los derechos fundamentales de la accionante, una persona de 69 años de edad, máxime si no existía un acto administrativo que impugnar por vía administrativa o judicial. La accionante se encontraba ante una decisión judicial que no conocía y que permitía a FONPRECON de manera automática alterar su ingreso mensual como pensionada. Por consiguiente, la jurisdicción constitucional estaba llamada a responder la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. 9. Ahora bien, establecida la procedencia de la acción, la Corte debe definir si con la decisión de FONPRECON de reajustar la mesada pensional de la señora Ramírez, en cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013, se vulneraron sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de la accionante. 10. La Sala observa que la Corte Suprema de Justicia concedió el amparo al debido proceso de la accionante y ordenó que el reajuste estuviera precedido de un procedimiento administrativo o judicial. En cumplimiento de esa orden, FONPRECON expidió la Resolución 0167 del 25 de marzo de 2014, notificada por aviso el 24 de abril de 2014 a la señora Ramírez, quien solicitó, a través de apoderado, aclaración y adición de la resolución. Esta solicitud fue decidida mediante Resolución 300 del 16 de mayo de 2014. Con posterioridad, mediante sentencia del 27 de abril de 2015[15], la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió apartarse del precedente fijado en el caso de Lina Ramírez de Lamboglia sobre la vulneración al debido proceso[16]. En tal sentido, la Sala Laboral concluyó: “Así entonces, a partir de una nueva lectura de la sentencia C-258/2013, lo que queda claro es que la aplicación por parte de las entidades pagadoras de pensiones del reajuste de las pensiones al tope máximo de los 25 s.m.l.m.v., no está sujeta a ningún condicionamiento, exigencia o requisito adicional y, por lo mismo, la actuación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- en este caso fue legítima. Debe tenerse en cuenta que a la luz del art. 243 de la C.P. «los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional», lo que significa que este tipo de providencias son inmutables, vinculantes y definitivas; de igual modo, sus efectos son erga omnes; su contenido no puede ser revisado, modulado o condicionado por ninguna otra autoridad judicial o administrativa, ni mucho menos pueden ser combatidos por medio de las acciones de protección de derechos individuales como la tutela. En torno a esto último, el num. 5º del art. 6º del D. 2591/1991 expresamente señala que el amparo de tutela es improcedente «cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto». En esa misma dirección, no advierte la Sala que la determinación de la autoridad accionada de limitar el monto de la pensión del accionante al tope 25 s.m.l.m.v., en cumplimiento de una sentencia de constitucionalidad, desconozca el debido proceso, en particular, la observancia de la plenitud de las formas o el seguimiento de las normas procesales, en tanto que, en puridad de verdad, la UGPP no pretermitió ningún trámite. Antes bien, lo que hizo fue dar cumplimiento a la Constitución y a la ley, en lo relacionado con el deber inexcusable y perentorio de todas las autoridades y funcionarios de acatar las decisiones judiciales, en los términos en que fueron proferidas. Por lo mismo, no es viable que, so pretexto de un garantismo procesal, las entidades estatales discutan acerca de si deben o no acatar los fallos, o si su aplicación aparentemente vulnera o no el debido proceso, pues ello, se traduciría, sin más, en la posibilidad de sustraerse al cumplimiento de los mismos al amparo de argumentaciones y deliberaciones de carácter subjetivo y abstracto. El cumplimiento de las decisiones judiciales es una de las garantías más importantes para la existencia y funcionamiento de los Estados contemporáneos, cuyo presupuesto es la sujeción efectiva a la Constitución. El principio de la cosa juzgada constitucional, debe ser una razón institucional suficiente para que las autoridades administrativas acaten las decisiones de la justicia, pues de él depende la estabilidad y la preservación misma del sistema jurídico, como medio para alcanzar otros valores y propósitos sociales, entre ellos, la garantía misma de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas.” Concuerda la Sala en el valor de cosa juzgada y los efectos erga omnes de los pronunciamientos que en ejercicio del control abstracto profiere la Corte Constitucional. De otra manera, como lo destaca el extracto citado, se desnaturalizaría el alcance de las sentencias de constitucionalidad emitidas por este Tribunal. Por consiguiente, si bien la acción de tutela resulta procedente para proteger los derechos fundamentales que puedan verse afectados por la ejecución de un fallo judicial no puede utilizarse para modular las órdenes emitidas en virtud de una sentencia de constitucionalidad. 11. Específicamente, frente al cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia C-258 de 2013, la Sala Plena destacó que ninguna pensión reconocida bajo el régimen especial de congresistas establecido en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, con cargo a recursos de naturaleza pública podrá exceder el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 31 de julio de 2013, y en consecuencia, todas las mesadas pensionales debieron ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa (supra fundamento jurídico 3.). Asimismo, se resumió cómo debió actuar la administración para dar cumplimiento al tope de 25 slmlmv, según el reconocimiento de la pensión se enmarcara en alguna de las siguientes hipótesis de i) abuso del derecho o fraude a la ley, ii) buena fe y ejercicio de la confianza legítima, o iii) equiparación. En el caso de la señora Lina Ramírez, la Sala advierte que FONPRECON, conforme con la sentencia C-258 de 2013, reajustó la mesada pensional al tope de 25 smlmv a 31 de julio de 2013. Con esta actuación administrativa no se desconoce ninguno de los derechos alegados por la accionante pues la misma se efectuó en cumplimiento de la sentencia de constitucionalidad que tiene efectos de cosa juzgada y es vinculante erga omnes. Sobre el particular, resulta pertinente advertir que la sentencia C-258 de 2013, abordó y descartó la posible vulneración de los derechos al mínimo vital, a la seguridad social (derechos adquiridos) que implicaba el establecimiento del tope de 25smlmv ponderando con otros principios propios del Estado Social de Derecho[17]. 12. A pesar de lo anterior, lo que si resulta censurable de la actuación administrativa desde el ámbito constitucional por desconocimiento de las garantías propias del debido proceso, fue la falta de comunicación del reajuste pensional a la accionante. Esto, comoquiera que si bien FONPRECON intentó notificar a la señora Ramírez, mediante oficio 20133170069591 del 16 de julio de 2013, este se remitió a la dirección que estaba registrada en la entidad y en la cual ya no residía la accionante. Al respecto, considera la Corte que FONPRECON ha debido asegurarse de que los beneficiarios de las mesadas pensionales reajustadas se enteraran de la decisión adoptada, máxime si se trataba del cumplimiento de un fallo judicial que no tenían por qué conocer. No obstante, esta situación fue superada en el caso concreto ante la interposición y respuesta de FONPRECON del derecho de petición promovido por la señora Ramírez. En consecuencia, la Sala no encuentra que haya lugar a declarar la vulneración del derecho al debido proceso de la accionante. 13. Ahora bien, como se puso de presente el reajuste automático de las pensiones al tope de 25 smlmv exigía una valoración adicional por parte de la autoridad administrativa sobre las circunstancias en que se había presentado el reconocimiento de la pensión. En el caso de la señora Lina Ramírez, el reconocimiento de la pensión estaba amparado por la buena fe y la confianza legítima[18], por lo que no era necesaria la expedición de un acto administrativo adicional según lo dispone la sentencia para las pensiones reconocidas con fraude a la ley o abuso del derecho o por equiparación. En consecuencia, la Sala dejará sin efectos los actos administrativos expedidos por FONPRECON en cumplimiento de la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Lina Ramírez, a saber: la Resolución 0167 de 25 de marzo de 2014 y la Resolución 300 de 16 mayo de 2014. Esto, teniendo en cuenta que fueron emitidos bajo el amparo de una interpretación errada de la sentencia C-258 de 2013, la cual, como se expuso, fue corregida posteriormente por la Corte Suprema de Justicia. 14. Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia de 26 de febrero de dos mil catorce (2014) proferida por Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que amparó el derecho al debido proceso de la señora Lina Ramírez de Lamboglia, y en su lugar, negará el amparo de sus derechos fundamentales. 15. Por último, para la Sala es claro que la accionante no es beneficiaria del Decreto 2170 de 2013, en tanto no es miembro actual del Congreso de la República (supra fundamento jurídico 4.). Por consiguiente, la señora Ramírez no es destinataria de la prima especial de servicios que fue regulada en el mencionado decreto para congresistas en ejercicio. En consecuencia, no vulnera su derecho a la igualdad la negativa a reconocer la asimilación que pretende para que le sea aplicada una prima especial de servicios a su mesada pensional, en su calidad de cónyuge sobreviviente de un excongresista pensionado, cuando la misma hace parte de un reajuste salarial para parlamentarios activos. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- LEVANTAR los términos suspendidos. Segundo.- REVOCAR la sentencia de 26 de febrero de dos mil catorce (2014) proferida por Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que amparó el derecho al debido proceso de la señora Lina Ramírez de Lamboglia, y en su lugar, NEGAR el amparo de sus derechos fundamentales. Tercero.- DEJAR sin efectos la Resolución 0167 de 25 de marzo de 2014 y la Resolución 300 de 16 mayo de 2014, ambas expedidas por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Cuarto.- Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada (e) ponente María Victoria Calle Correa Magistrada MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] En este aparte se sigue la exposición del apoderado de la accionante. La Sala igualmente complementará la narración con los hechos relevantes que se desprenden de los documentos obrantes en el expediente. [2] De 69 años de edad. [3] Lo cierto es que anexa la cédula de ciudadanía que da cuenta de su fecha de nacimiento en 1945, lo que significa que en realidad tiene 69 años de edad. [4] El artículo 17 de la Ley 4 de 1992, dispone: “ARTÍCULO 17. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores. Aquéllas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el Congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal. PARÁGRAFO. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva.” [5] La sentencia C-258 de 2013, concluyó: “(…) la Sala encuentra que el precepto demando tal como viene siendo interpretado por el derecho viviente desconoce los artículos 13 y 48 Superiores, este último adicionado por el Acto legislativo 01 de 2005, por cuatro razones principales: 4.1.1.1 Permite que personas cobijadas por el régimen de transición, que no estaban afiliadas al régimen especial del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 el 1º de abril de 1994, puedan beneficiarse de él si posteriormente fueron elegidas o nombradas Congresistas, Magistrados de Altas Cortes o en cargos a los que se extiende el régimen. Por tanto, esta interpretación conduce a que personas que no tenían una expectativa legítima de pensionase según las reglas del régimen bajo estudio, sean protegidas por el régimen de transición, es decir, extiende un tratamiento diferenciado basado en la protección de expectativas próximas a un grupo de personas que no tenían una expectativa amparable bajo ese principio, lo que desconoce el principio de igualdad. 4.1.1.2 La interpretación vigente del precepto también lesiona el principio de igualdad, ya que conlleva a que un grupo de personas que pertenecen a los sectores mejor situados económicamente dentro de la población, sean favorecidos por ventajas también económicas de las que no gozan el resto de la población pensionada y que además suponen un alto subsidio con recursos públicos; en otras palabras, el precepto contiene un tratamiento diferenciado favorable en beneficio de un grupo que ya está en mejores condiciones que los demás grupos comparables. El tratamiento favorable se tradujo, en razón del derecho viviente, en que la brecha entre la pensión promedio y la pensión reconocida al amparo del artículo 17 fuera manifiestamente desproporcionada. 4.1.1.3 Al permitir que los recursos de la seguridad social no se destinen con prelación a los sectores más pobres y vulnerables, sino a personas con altos ingresos, cuyas cotizaciones carecen de una relación de correspondencia con el monto de la pensión que les fue reconocida, el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 según el derecho viviente también vulnera el principio de solidaridad. 4.1.1.4 Por último, la forma como viene siendo interpretada la disposición, conduce a la existencia de ventajas claramente desproporcionadas a favor de un grupo de personas en una situación socio-económica mejor que la del resto de la población, y que implican un sacrificio injustificado de los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen la seguridad social, así como un obstáculo al cumplimiento del mandato de ampliación progresiva del sistema de seguridad social para cubrir a las personas de menores ingresos que viven su vejez en condiciones de alta vulnerabilidad.” [6] La sentencia C-258 de 2013 indicó: “Dado que la regla sobre beneficiarios, específicamente la posibilidad de que personas cobijadas por el régimen de transición que no estaban afiliadas al régimen especial del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 el 1º abril de 1994, se favorezcan de él, se desprende del derecho viviente y no tiene respaldo en expresión alguna del precepto acusado, en este caso la Sala considera que la fórmula por medio de la cual se debe retirar del ordenamiento tal contenido normativo, es la adopción de una sentencia interpretativa, esto es, una declaración de exequibilidad condicionada del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 en el entendido que no puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraban afiliados al mismo. Como ya la Sala explicó, las personas que no estaban afiliadas al régimen especial bajo estudio el 1° de abril de 1994 –salvo la excepción prevista en el artículo 2 del Decreto 1293 de 1994, es decir, quienes ya habían sido congresistas antes del 1° de abril de 1994- no tenían una expectativa legítima que generara una confianza merecedora de protección desde el punto de vista de la buena fe, y por tanto, no hay una razón que justifique un trato diferenciado preferencial” [7] Al respecto la sentencia C-258 de 2013 puntualizó: “(…) la Sala considera necesario además condicionar la exequibilidad del resto del precepto censurado en el entendido que como factores de liquidación de la pensión, sólo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”. [8] Sobre el particular, la sentencia precisó: “(…) en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionadas a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.” [9] En lo relacionado con ajuste anual, la sentencia advirtió: “También se declarará inexequible la expresión “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, Por tanto, en lo sucesivo, las mesadas pensionales de los beneficiarios del artículo demandado se ajustarán de conformidad con lo señalado en el sistema general de pensiones, es decir, con el IPC.” [10] En cuanto los topes, la sentencia C-258 de 2013 señaló: “Respecto de la ausencia de topes, en vista de que tampoco existe una expresión en la disposición que respalde tal regla y ella es producto del derecho viviente, además de declarar en la parte motiva de este fallo que tal contenido normativo se opone a la Carta, la Sala señalará en la parte resolutiva que las mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de conformidad con régimen especial bajo estudio, no podrán superar los 25 smmlv, es decir, el tope más alto establecido en las normas vigentes, que también fue el criterio acogido por el constituyente derivado.” [11] La sentencia definió: “la Administración deberá revocar o reliquidar unilateralmente el acto, con efectos hacia futuro, a través de un procedimiento que garantice a los afectados su derecho a la defensa y con la posibilidad de la interposición de los recursos pertinentes. Además, el administrado podrá acudir a las acciones contenciosas correspondientes. De igual manera, se reitera que para proceder a esta revocatoria se requerirá: (i) el respeto pleno del debido proceso, (ii) mientras se adelanta el procedimiento administrativo no es posible suspender el pago de la pensión y (iii) corresponde a la Administración desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto de reconocimiento de la pensión. Cabe también dejar claro que los términos de caducidad de posibles acciones contenciosas contra estos actos de reconocimiento pensional, se reanudarán y empezarán nuevamente a contarse a partir de la fecha de la comunicación de esta providencia. De igual manera, si a los afectados les asiste el derecho pensional de conformidad con otro régimen especial, se les debe dar la opción de escoger la situación más favorable, a partir de la voluntad que ellos mismos manifiesten, y procederse a reliquidar nuevamente su pensión con base en este régimen al que tienen derecho. En estos casos debe también tenerse en consideración el mínimo vital del pensionado o de sus beneficiarios y asegurarse la protección de los derechos de las personas de la tercera edad. Para realizar estas revocatorias y reliquidaciones, las autoridades administrativas tendrán un plazo máximo, hasta el 31 de diciembre de 2013, para hacerlas efectivas. Lo anterior, teniendo en cuenta la complejidad de algunas de las órdenes dadas en esta sentencia en relación con las capacidades operativas de las entidades obligadas al cumplimiento. De igual manera, las autoridades deben estudiar minuciosamente cada situación en particular para evitar incurrir en reliquidaciones que no respeten los criterios anteriormente enunciados y tomar las decisiones correspondientes debidamente justificadas.” [12] La sentencia caracterizó este evento de la siguiente manera: “En esta categoría se encuentran incluidos todos aquellos beneficiarios del régimen especial dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que se encontraban vinculados a este régimen, de conformidad con la normatividad vigente, al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, esto es, al 1 de abril de 1994 (…) Estas mesadas, deben ser ajustadas, sin necesidad de hacer reliquidaciones caso por caso, hasta bajar a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tope pensional que fue dispuesto por el Constituyente como razonable. Es decir, aquí no se trata de una reliquidación sino de un ajuste hacia el futuro. ” [13] La sentencia describió el reconocimiento por equiparación así: “En esta hipótesis, estarían aquellos derechos pensionales causados en virtud del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 de aquellos funcionarios que al 1 de abril de 1994 no se encontraban inscritos en el régimen especial dispuesto por este artículo 17, y obtuvieron una liquidación o reliquidación de la pensión con clara desproporción, en relación con la que le habría correspondido en una aplicación conforme a la Constitución del mencionado régimen.” [14] La sentencia precisó: “Este procedimiento fue diseñado para otras causales y fue adoptado antes de 2005. Por lo tanto, no constituye el desarrollo del mandato contenido en el Acto Legislativo. Sin embargo, en ausencia de un vehículo legal específico, para esta hipótesis se dará aplicación a los artículo 19 y 20 de dicha ley. El primero, para las pensiones reconocidas exclusivamente por vía administrativa. El segundo, para las pensiones reconocidas en cumplimiento de una sentencia judicial sobre el alcance del derecho a la pensión, el derecho a la igualdad u otro derecho atinente al alcance del derecho pensional del interesado, no simplemente sobre el derecho de petición.” [15] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. STL5637-2015. Radicación No. 5635. En esta oportunidad se estudiaba, en segunda instancia, la acción de tutela promovida por el señor Hugo Cañizares Berbeo ante la reducción automática de su mesada pensional a 25 smlmv realizada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013. La pensión había sido reconocida con base en el régimen especial del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 [16] Ibídem: “Pues bien, esta Corporación, en torno a los reajustes al límite de los 25 s.m.l.m.v., efectuados por las entidades de previsión social en cumplimiento de la sentencia C- 258/2013, consideró en sentencia CSJ STL2584-2014 que dicha medida debía estar precedida de un procedimiento administrativo y/o judicial que garantizara el debido proceso del afectado. En efecto, a partir de la sentencia C-258/2013, la Sala coligió que para dar aplicación al reajuste pensional era indispensable que la entidad adelantara una actuación administrativa en la que se resuelva el caso y «en la que se explique en cuál de tales eventos se encuentra el particular, en tanto esa es una obligación ineludible», a fin de que «los particulares puedan enjuiciar la decisión, o discutir acerca de sus efectos, o de la exigencia al Juez de realizar el control de convencionalidad por tratarse de derechos sociales, sin que pueda oponerse a ello la imposición de “un ajuste automático”». De igual manera, a renglón seguido se precisó que el acatamiento a la orden de la sentencia C-258/2013 de disminuir el monto de las mesadas que excedan el tope de los 25 smlmv debía «realizarse con pleno respeto de las formas, esto es a través del acto administrativo o judicial y siguiendo las propias directrices allí contenidas», pues ese imperativo «emana del propio Estado Social de Derecho y no es una concesión de la que pueda eximir el juez constitucional […]». Pues bien, a pesar de que dos de los suscritos acompañaron en su momento en sede de tutela la postura arriba expuesta, acogida por el colegiado de primer grado, lo cierto es que una nueva revisión y reflexión acerca de los efectos e implicaciones de la sentencia C-258/2013 de la Corte Constitucional, obligan en esta oportunidad a una conclusión diferente y a la imperiosa necesidad de rectificar ese criterio (…)” (negrilla fuera del texto original) [17] Cfr. Sentencia C-258 de 2013. Fundamentos jurídicos 3.4 a 3.9 [18] De forma expresa esta afirmación está contenida en la Resolución No. 0167 de 25 de marzo de 2014 emitida por FONPRECON