Sentencia T-382 de 2023

T-382-23 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-382/23 ACCION DE TUTELA CONTRA ASEGURADORA-Vulneración del derecho al mínimo vital de los asegurados cuando se niega a hacer efectiva póliza alegando reticencia del tomador sin probar mala fe (...) en el evento en que sobrevenga una situación que imposibilite materialmente al usuario cumplir con sus obligaciones ... tanto la aseguradora como la entidad bancaria deben proponerle al tomador y deudor alternativas o fórmulas de pago, ajustar cuotas o abstenerse de adelantar ejecuciones judiciales. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA-Procedencia para el pago de póliza cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional y los medios ordinarios no son idóneos (i) Debe tratarse de un sujeto de especial protección constitucional y, en el caso concreto, se requiere que exista una amenaza grave, inminente e impostergable en los derechos fundamentales que amerite la intervención del juez constitucional. (ii). El núcleo familiar debe depender económicamente de la persona responsable del cumplimiento de la obligación. Y, en todo caso, se debe verificar la presencia de circunstancias adicionales de vulnerabilidad en el peticionario, con el propósito de evaluar si las cargas procesales le resultan o no excesivas. (iii). Debe haberse presentado un desconocimiento de los deberes de diligencia e información por parte de la entidad financiera o aseguradora, de manera que el usuario no pueda tener claridad sobre las variaciones de las condiciones en la ejecución del contrato, entre otras, la decisión unilateral por parte del banco de no continuar cancelando las primas de la póliza de seguro. (iv). En virtud del deber de diligencia del usuario frente al cumplimiento de las obligaciones adquiridas, este debe haber realizado intentos o esfuerzos por cumplir con el pago de las cuotas o de la prima del seguro. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de procedibilidad ACCION DE TUTELA FRENTE A CONTRATO DE SEGUROS-Principios de subsidiariedad e inmediatez como requisitos de procedibilidad CONTRATO DE SEGUROS-Naturaleza PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS-Se predica tanto de tomador como de asegurador RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGUROS-Jurisprudencia constitucional MANDATO DE DEBIDA DILIGENCIA EN CONTRATO DE SEGUROS RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGUROS-Obligación de las aseguradoras de probar el nexo de causalidad entre la información omitida y el siniestro RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGUROS-Las aseguradoras sólo podrán eximirse de la responsabilidad de realizar el pago de la indemnización, cuando se encuentre debidamente probada la mala fe del tomador del seguro CONTRATO DE SEGUROS-Omisión en la información oportuna, clara y completa en la póliza de seguro constituye una práctica abusiva de las entidades financieras y vulnera derechos fundamentales RETICENCIA Y PREEXISTENCIA EN EL CONTRATO DE SEGURO-Semejanza y diferencia CONTRATO DE SEGUROS-Terminación automática por mora en el pago de la prima ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales específicas de procedibilidad CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO FACTICO-Reiteración de jurisprudencia DERECHO AL MINIMO VITAL EN CONTRATO DE SEGUROS-Orden a Aseguradora hacer efectiva póliza con el pago de saldos insolutos de los créditos adquiridos REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T-382 de 2023 Referencia: Expedientes T-9.298.860, T-9.300.891 y T-9.325.950 AC Acciones de tutela instauradas por (i) Rafael Bojacá Beltrán contra el Banco Popular S.A y Seguros de Vida Alfa S.A.; (ii) Juan Carlos Gómez Fernández contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali; y (iii) Fabián Ricardo Murcia Núñez, en calidad de agente oficioso de Delfa Inés Núñez, contra el Banco BBVA S.A. y BBVA Seguros de Vida S.A. Magistrado ponente: Juan Carlos Cortés González Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 32 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de: (i) la sentencia del 14 de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Acacías, Meta, que negó el amparo solicitado por Rafael Bojacá Beltrán contra el Banco Popular S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A.; (ii) la sentencia del 9 de febrero de 2023, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, que confirmó la sentencia del 20 de enero de 2023 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que negó el amparo solicitado por Juan Carlos Gómez Fernández contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali; y (iii) la sentencia del 18 de enero de 2023, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia del 11 de noviembre de 2022 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, que declaró improcedente el amparo solicitado por Fabián Ricardo Murcia Núñez, en calidad de agente oficioso de Delfa Inés Núñez, contra el Banco BBVA S.A. y BBVA Seguros de Vida S.A. I. ANTECEDENTES Expediente T-9.298.860 A. Hechos[1] 1. Rafael Bojacá Beltrán, hoy de 71 años de edad[2], adquirió un crédito de libranza por valor de $46´000.000, con el Banco Popular, el 29 de marzo de 2021[3]. La entidad financiera le requirió para efectos de adquirir dicha obligación los últimos tres desprendibles de pago de la pensión de gracia y el último desprendible de la pensión de invalidez[4]. 2. Manifestó el accionante que le informó a la asesora comercial que se encontraba pensionado por invalidez hacía varios años y que, con anterioridad y durante 20 años, había pagado créditos de libranza a la entidad financiera. Posteriormente, procedió a firmar con huella los diferentes formatos en blanco, entre estos, el pagaré y el formulario de seguro de vida que respaldaría el crédito en caso de muerte o invalidez parcial, total o definitiva, que cancela mensualmente a través del descuento directo por nómina. 3. Expuso que la entidad financiera no le informó la aseguradora con la que adquirió la póliza al momento de realizar el trámite del crédito[5]. Sin embargo, acudió a la sucursal del banco y le informaron, verbalmente, que había sido adquirida con Seguros de Vida Alfa S.A. La póliza suscrita amparaba el riesgo de incapacidad total y permanente que le generase al asegurado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%[6]. 4. Expresó que el 26 de diciembre de 2021, en control con el médico laboral, este le certificó una invalidez “TOTAL Y DEFINITIVA, EL USO DE LA FAJA CORSET PERMANENTE Y FERULA EN PIE IZQUIERDO PERMANENTE, LO QUE IMPIDEN TOTALMENTE MI MOVILIDAD, ESTA CERTIFICACIÓN CON UNA CALIFICACIÓN DE 96% DE INVALIDEZ”[7]. 5. Ante esta situación, formuló petición al Banco Popular S.A. para hacer efectiva la póliza de seguro que amparaba la obligación crediticia adquirida. No obstante, el 25 de enero de 2022, obtuvo respuesta negativa por parte de la aseguradora, la cual adujo mala fe del accionante porque al momento de suscribir la póliza, allegó historia clínica de hace 10 años, afirmación que no comparte, pues sólo le solicitaron los desprendibles de pago de la pensión. 6. Aseguró que, aunque respondió a la aseguradora sobre la negativa del reconocimiento, dirigió asimismo escrito al defensor del consumidor financiero de Seguros de Vida Alfa S.A. Ambas instancias guardaron silencio. B. Trámite de la acción de tutela 7. El 16 de febrero de 2022, Rafael Bojacá Beltrán interpuso acción de tutela contra el Banco Popular S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A. El accionante afirmó que las entidades accionadas vulneraron sus derechos de petición, mínimo vital, vida digna, debido proceso y salud, en conexidad con la vida, e integridad personal. Esto, porque no realizaron la afectación de la póliza del seguro adquirido para hacer efectivo el pago del saldo de la obligación crediticia, en razón a su pérdida total de capacidad laboral. 8. Mediante proveído del 22 de febrero de 2022, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Acacías, Meta, admitió la acción constitucional, ordenó correr traslado a las accionadas y vinculó al trámite a la Superintendencia de Sociedades. 9. Respuesta del Banco Popular S.A. Indicó el banco que no está llamado a responder por la solicitud de afectación de la póliza de seguro de vida, toda vez que la entidad financiera obra como beneficiaria de la misma. Por este motivo, solicitó su desvinculación de la acción. Aportó respuesta al banco por parte de Seguros de Vida Alfa S.A., con fecha 25 de enero de 2022. En ella, la aseguradora indicó que “Seguros de Vida Alfa S.A., suscribió con el Banco Popular S.A., la Póliza de Seguro de Vida Grupo Deudores GRD-464, con el objeto de amparar la Muerte y la Incapacidad Total y Permanente de los deudores de la mencionada Entidad, a la cual ingresó el señor Bojacá Beltrán Rafael, el 29 de marzo de 2021, debido a la adquisición de la obligación crediticia No. 41103260002561”[8]. Y determinó que para la fecha del siniestro (30 de julio de 2011) el accionante no presentaba saldo insoluto de deuda, es decir, no pertenecía al grupo asegurado, razón por la que carecía de cobertura. 10. Seguros de Vida Alfa S.A. y la Superintendencia de Sociedades guardaron silencio. C. Decisión objeto de revisión 11. Sentencia de única instancia. El 14 de marzo de 2022, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Acacías, Meta, negó el amparo solicitado. Consideró que la acción constitucional incoada no estaba llamada a prosperar, toda vez que no cumplía con el presupuesto de subsidiariedad, en razón a que el actor contaba con otro medio de defensa judicial idóneo para resolver la controversia presentada[9]. Esta decisión no fue impugnada. Expediente T-9.300.891 A. Hechos[10] 12. Juan Carlos Gómez Fernández, de 48 años[11], adquirió dos obligaciones crediticias con el Banco BBVA S.A. por valor de $6.000.000 y $70.000.000[12], en razón a las cuales, el 10 de marzo de 2015, suscribió póliza de seguro con BBVA Seguros de Vida S.A., para garantizar el pago del saldo insoluto de la deuda en caso de configurarse los riesgos de muerte e incapacidad total o permanente, con calificación de invalidez superior al 50%[13]. 13. Mediante la Resolución No. 01246 del 19 de octubre de 2017[14], la Policía Nacional le reconoció pensión de invalidez, a partir del 14 de septiembre de 2017. Esto, debido al diagnóstico de “enfermedad maniaco depresiva”[15] con base en el que se le declaró “INCAPACIDAD MENTAL PSÍQUICA – NO APTO. Por Art.59 (a), Art.68 (a), REUBICACIÓN LABORAL NO. (...) Presenta una disminución de la capacidad laboral de: (…) Total: OCHENTA Y SIETE PUNTO TRES POR CIENTO 87.03%”[16], determinada mediante acta de junta médico laboral del 08 de noviembre de 2016[17]. 14. Indicó el tutelante que, con ocasión de la declaratoria de pérdida de capacidad laboral, presentó dos reclamaciones a la aseguradora en las que solicitó la cobertura del seguro de vida[18]. No obstante, BBVA Seguros de Vida S.A. respondió de forma negativa las solicitudes, alegando la nulidad del contrato de seguro por reticencia, con fundamento en el artículo 1058 del Código de Comercio y el hecho de que el actor no informó sobre las enfermedades que padecía[19]. 15. El accionante adujo que la aseguradora tuvo la oportunidad de conocer el hecho, debido a que presentó copia de su historia clínica al suscribir el contrato de seguro y que no hubo mala fe de su parte. Agregó que siguió cancelando las cuotas correspondientes a las obligaciones crediticias para no ser reportado en las centrales de riesgo, pero su capacidad financiera no le permitió continuar realizando los pagos[20]. 16. Aseguró que es una persona de escasos recursos económicos y que subsiste junto con su familia –compuesta por su esposa, dos hijos de 17 y 23 años y su madre que tiene movilidad reducida–, de su pensión de invalidez y, que al no hacerse efectivo el seguro de vida, se ha afectado su mínimo vital[21]. 17. Proceso de responsabilidad civil. El 19 de noviembre de 2018, previo intento de conciliación, el accionante promovió proceso verbal de responsabilidad civil contractual contra BBVA Seguros de Vida S.A. y el Banco BBVA S.A. Surtido el trámite procesal correspondiente, el Juzgado 35 Civil Municipal de Cali, mediante sentencia del 18 de mayo de 2021, concedió las pretensiones de la demanda y condenó a la compañía de seguros a cancelar al demandante el saldo insoluto de los créditos y las cuotas que este había pagado[22]. Esta decisión fue apelada por las partes. En segunda instancia, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, mediante sentencia del 7 de junio de 2022, revocó el fallo y declaró probada la excepción de “nulidad relativa del contrato de seguro” por reticencia del asegurado, propuesta por BBVA Seguros de Vida S.A., negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante[23]. Esta decisión fue notificada, mediante estado No. 072, el 8 de junio de 2022[24]. B. Trámite de la acción de tutela 18. El 16 de diciembre de 2022, Juan Carlos Gómez Fernández presentó acción de tutela contra la decisión proferida el 7 de junio de 2022, por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali. Sostuvo que la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital y protección especial constitucional a personas en debilidad manifiesta. Esto, en razón a que desconoció el precedente constitucional establecido en las Sentencias T-222 de 2014, T-316 de 2015 y T-027 de 2019: “(…) las cuales establecen los criterios que se deben seguir sobre la reticencia en el contrato de seguro y la carga probatoria, toda vez que el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali desconoció las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias mencionadas y otras, procediendo el despacho a fundamentar su decisión en base a doctrina, aclaraciones de voto y antigua jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que plantea interpretaciones de derecho positivo ya desechadas por la misma corporación, (…)” 19. Mediante proveído del 11 de enero de 2023, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali – Sala Civil de Decisión – admitió la acción constitucional y ordenó correr traslado a las accionadas para que se manifestaran sobre los hechos de la tutela. 20. Respuesta del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali. Argumentó que la decisión adoptada se fundamentó en la normativa sustancial y en el estudio de las pruebas recaudadas, por lo que no incurrió en ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial. Señaló la falta de inmediatez de la acción de tutela, toda vez que la presentación de esta rebasó el plazo de seis meses establecido por la jurisprudencia constitucional. Adicional a ello, la sentencia fue proferida dentro del plazo previsto en el artículo 121 del C.G.P. 21. Respuesta del Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de Cali. Solicitó su desvinculación de la acción constitucional. Sostuvo que actuó conforme a lo reglado en la normativa civil, sin desconocer los derechos fundamentales de las partes. 22. Respuesta de BBVA Seguros de Vida S.A. Se opuso a la prosperidad de la acción instaurada ya que (i) no se observa que el actuar del juez de segunda instancia se enmarque en las causales establecidas por la jurisprudencia para incoar una tutela contra providencia judicial y (ii) no se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la acción se instauró por fuera del plazo de seis meses establecido por la jurisprudencia. C. Decisiones objeto de revisión 23. Sentencia de primera instancia. El 20 de enero de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali –Sala Civil de Decisión– negó el amparo solicitado. Consideró que en la acción constitucional no se acreditaba el presupuesto de inmediatez, ya que se instauró fuera del término de seis meses establecido por la jurisprudencia, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue notificada en estrados el 8 de junio de 2022 y la tutela fue formulada el 16 de diciembre de 2022. Además, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable. 24. Impugnación. El accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó revocarlo. Argumentó que su condición de salud le brindaba una condición de especial protección, por lo que no se debía tener en cuenta el término de seis meses establecido por la jurisprudencia para instaurar la acción constitucional. 25. Sentencia de segunda instancia. El 9 de febrero de 2023, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo impugnado. Adicionalmente, señaló que no se acreditó situación alguna para la concurrencia de las causales expuestas por la jurisprudencia como eximentes del presupuesto de inmediatez. Expediente T-9.325.950 A. Hechos[25] 26. Segundo Hermógenes Murcia Buitrago, esposo de la agenciada y padre del accionante, en vida, adquirió un crédito hipotecario con el Banco BBVA S.A. por valor de ciento treinta millones de pesos ($130.000.000)[26]. Esta obligación fue amparada por BBVA Seguros de Vida S.A., mediante póliza suscrita el 22 de abril de 2016[27]. 27. El agente oficioso indicó que, ante el fallecimiento de su padre el 20 de mayo de 2021[28] y la incapacidad total por enfermedad grave que presenta su madre[29], la agenciada no contaba con los recursos económicos para saldar la deuda respaldada con el inmueble que habitaba, por lo que procedió a realizar la respectiva reclamación del seguro de vida ante la entidad accionada. Sin embargo, el 17 de marzo de 2022, recibió respuesta negativa a su solicitud porque la póliza contratada como garantía de la obligación hipotecaria había sido revocada por mora, el 15 de septiembre de 2017, motivo por el que, a la fecha del fallecimiento del deudor, no existía cobertura[30]. 28. El accionante alegó que, conforme se verifica con algunos extractos de fechas “2018-06-02…2018-09-02…2019-01-02…2019-02-02”[31], se siguió liquidando mensualmente la póliza referida. Por este motivo, debe hacerse efectiva la póliza de vida en favor de su progenitor para saldar la totalidad de la deuda adquirida. Afirmó que cuando se adquiere un crédito hipotecario se suscriben varias pólizas, las cuales deben mantener cobertura hasta la extinción total de la deuda. 29. Señaló que no conoce notificación de la revocatoria de la póliza, actuación regulada por el artículo 1071 del Código de Comercio; por el contrario, los extractos muestran que se seguían causando los valores del seguro y, pese a las solicitudes formuladas, le han negado conocer los documentos de soporte para justificar la revocatoria del seguro de vida. 30. Proceso ejecutivo hipotecario. El 19 de julio de 2019, el Banco BBVA S.A. promovió proceso ejecutivo hipotecario contra Segundo Hermógenes Murcia Buitrago y Delfa Inés Núñez de Murcia, en calidad de propietarios del inmueble dado en garantía por la deuda[32]. El conocimiento de esta causa le correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá[33]. Mediante providencia del 13 de enero de 2022, dicha autoridad judicial reconoció al accionante como sucesor procesal de su padre fallecido y heredero de la agenciada litigante con enfermedad grave, y ordenó notificarlo del proceso[34]. El 17 de febrero de 2022, el demandado dio contestación a la demanda y propuso excepciones de mérito, a través de apoderado[35]. Posteriormente, en providencia del 28 de junio de 2022 se le concedió amparo de pobreza[36]. La diligencia de secuestro del inmueble se realizó el 23 de noviembre de 2022[37]. Hasta la fecha, ningún abogado litigante ha aceptado la designación como apoderado de los demandados. Está pendiente fijar fecha y hora para las audiencias inicial y de instrucción y juzgamiento. B. Trámite de la acción de tutela 31. Fabián Ricardo Murcia Núñez, actuando como agente oficioso de su progenitora, Delfa Inés Núñez de Murcia, promovió acción de tutela en contra del Banco BBVA S.A. y de BBVA Seguros de Vida S.A., en la que solicitó el amparo de los derechos fundamentales de aquella a la vida digna, vivienda, debido proceso y mínimo vital. Pidió que se ordenara a las accionadas (i) reconocer y hacer efectiva la póliza de vida para que obre el pago insoluto del crédito hipotecario; (ii) que se hagan efectivas las pólizas de las tarjetas de crédito adquiridas en vida por el acreedor[38], para el pago insoluto de las deudas adquiridas con ellas; y que, una vez fueran aplicadas las pólizas de seguro y canceladas las obligaciones, (iii) se informara al Banco BBVA para que adelante la terminación del proceso que cursa en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá. 32. El agente oficioso expuso que su madre es una persona mayor de 76 años[39], que padece una grave enfermedad hace 20 años y es totalmente dependiente para desarrollar sus actividades diarias[40]. Además, la ejecución en curso pone en riesgo el único inmueble de su propiedad, pues no cuenta con los recursos para cumplir con una acreencia que debió pagarse con la afectación de la póliza. 33. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia dictó sentencia el 28 de septiembre de 2022, mediante la cual declaró improcedente la acción por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Esta decisión fue impugnada por la parte accionante. Una vez surtido el trámite de segunda instancia, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante proveído del 2 de noviembre de 2022, decretó la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio, toda vez que no se vinculó a la señora Núñez de Murcia para que se manifestara sobre los hechos objeto de la tutela[41]. 34. Posteriormente, mediante auto del 3 de noviembre de 2022, se dispuso cumplir lo ordenado por la alta corte, para lo cual se admitió el trámite y subsanó el yerro en el que se había incurrido. Adicionalmente, se corrió traslado a las accionadas y vinculadas para que se manifestaran sobre los hechos de la tutela. 35. Respuesta del Banco BBVA S.A. Se opuso a las pretensiones de la acción. Respecto de cada uno de los hechos expresó que no le constan las manifestaciones realizadas por BBVA Seguros de Vida S.A. 36. Respuesta de la Superintendencia Financiera. Indicó que los hechos del escrito de tutela no le constan, pues son situaciones que se desarrollaron el marco de una relación contractual. Adujo que al haber revisado sus bases de datos, se encontró un antecedente de reclamación o queja, del 9 de marzo de 2022, elevada por el señor Fabián Ricardo Murcia, además de otras comunicaciones del quejoso, de fechas 16 y 28 de marzo y 4 de abril de 2022, que se sometieron al trámite de rigor y fueron resueltas el 8 de junio de 2022. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del trámite de la tutela, toda vez que esta entidad no ha transgredido derecho fundamental alguno. 37. Respuesta de BBVA Seguros de Vida S.A. Argumentó que la acción de tutela no es procedente para definir controversias económicas. Además, que en este caso no se cumple el requisito de inmediatez, en razón a que ha transcurrido más de un año desde la objeción presentada frente a la comunicación brindada por esta entidad y la interposición de la acción constitucional. Expuso que a la fecha del deceso del señor Murcia Buitrago el contrato de seguro no se encontraba vigente, pues el mismo terminó de manera automática, por mora en el pago de la prima, desde el 21 de agosto de 2017. 38. Respuesta del Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá. Expuso que conoce del proceso ejecutivo mencionado y dentro del trámite referido, el 12 de septiembre de 2019, libró mandamiento de pago, y que la señora Delfa Inés fue notificada por conducta concluyente, mientras que el accionante, en calidad de sucesor procesal, se notificó de manera personal. Refirió que el asunto se encuentra a la espera de la notificación personal del abogado designado en el amparo de pobreza. De igual manera, conoce de la póliza de seguro de vida, en razón a que esta se mencionó en la contestación de la demanda ejecutiva y dentro de la sentencia a proferirse se resolverá sobre la misma. C. Decisiones objeto de revisión 39. Sentencia de primera instancia. El 11 de noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia declaró improcedente el amparo por falta de subsidiariedad, en razón a que la parte actora cuenta con otros medios de defensa judicial para controvertir el alcance del seguro de vida, sea en el marco del proceso ejecutivo o, en su defecto, en un trámite verbal. Concluyó que no se evidencia vulneración alguna de los derechos fundamentales reclamados, siendo necesario que el asunto sea puesto en conocimiento del juez natural para que se pronuncie y resuelva el asunto de fondo. 40. Impugnación. El accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó revocarlo. Sostuvo que la decisión adoptada es contraria al criterio de tutela jurisdiccional efectiva, en razón a que el objeto de la acción constitucional fue demostrar que la póliza de seguro se encuentra vigente, por lo que la negativa de la accionada para realizar la cancelación de la póliza es una manifestación de violación al debido proceso. También manifestó que la providencia impugnada “omit[ió] por completo realizar un estudio o análisis de la normatividad vigente aplicable al caso concreto, a la luz de la posición dominante que ejerce BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. sobre [su] señora madre”[42]. También indicó que el fallo no hizo pronunciamiento alguno sobre el riesgo inminente de pérdida de la vivienda en donde reside la agenciada, quien es un sujeto de especial protección constitucional. 41. Sentencia de segunda instancia. El 18 de enero de 2023, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo impugnado. Fundamentó su decisión en que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el accionante cuenta con otros medios judiciales para debatir, ante el juez natural, lo pretendido en la acción constitucional. II. Actuaciones en sede de revisión 42. Mediante auto del 28 de abril de 2023, la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro[43] escogió los expedientes para revisión[44] y los acumuló para ser repartidos conjuntamente, por presentar unidad de materia[45]. En la misma fecha, la Secretaría General remitió los expedientes al despacho del magistrado sustanciador para lo de su competencia[46]. 43. Auto de pruebas y vinculación. En auto del 5 de junio de 2023, el despacho del magistrado sustanciador: (i) vinculó al presente trámite a BBVA Seguros de Vida S.A. y al Banco BBVA S.A. (expediente T-9.300.891), y al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá (expediente T-9.325.950); (ii) ofició a los accionantes y al agente oficioso para que remitieran información, propia y de la agenciada, respecto del estado de salud de esta y sobre las condiciones socioeconómicas actuales, la adquisición de créditos y de las pólizas, la pérdida de capacidad laboral y la pensión mínima recibida, respectivamente; y (iii) ofició a las accionadas y vinculadas para que aportaran información y copias de los documentos sobre la adquisición de los créditos y de las pólizas de respaldo. 44. Respuestas de los accionantes, el agente oficioso, las accionadas y vinculadas. Algunas de las personas y entidades requeridas respondieron a los cuestionamientos de la Corte y manifestaron lo siguiente: Expediente T-9.298.860[47] 45. Banco Popular S.A.[48]. La apoderada de la entidad financiera remitió copias de los siguientes documentos: (i) respuesta de Seguros de Vida Alfa S.A. a la solicitud realizada por el Banco Popular S.A. para hacer efectiva la póliza adquirida por el accionante, en la cual objetó el pago por falta de cobertura debido a que la pérdida de capacidad laboral del señor Bojacá Beltrán Rafael ocurrió el 30 de julio de 2011, mientras que el actor ingresó a la Póliza de Seguro de Vida Grupo Deudores GRD-464 el 29 de marzo de 2021, por la adquisición de la obligación crediticia No. 41103260002561; (ii) condiciones de la Póliza de Seguro de Vida Grupo Deudores GRD-464 con vigencia del 1 de octubre de 2022 hasta 30 de septiembre de 2024; (iii) condiciones de la Póliza de Seguro de Vida Grupo Deudores GRD-464 con vigencia del 30 de septiembre de 2020 hasta 30 de septiembre de 2021; (iv) Póliza de Seguro de Vida Grupo #000700001364 expedida por QBE Seguros S.A. con vigencia del 10 de octubre de 2012 hasta 30 de septiembre de 2013; (v) pagaré en blanco firmado por el accionante; (vi) cédula de ciudadanía del accionante; (vii) formatos de orden de descuento de nómina firmados; (viii) comprobante de pago de fecha 26 de febrero de 2021 del accionante; (ix) formato de solicitud de seguro; (x) formato de solicitud de libranza; (xi) formato único de vinculación y solicitud de servicios bancarios. Expediente T-9.300.891[49] 46. Juan Carlos Gómez Fernández[50]. Sobre su estado de salud y condiciones económicas actuales informó que, según Junta Médica Laboral de la Policía Nacional tiene incapacidad mental o psíquica y presenta disminución de capacidad laboral de 87.03%, por lo que requiere observación periódica de psiquiatría y que su EPS es la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – DISAN. Señaló que es ingeniero de sistemas, pero no ejerce y que no tiene ningún vínculo laboral, ni es trabajador independiente debido a su estado se salud mental. Informó que su núcleo familiar está compuesto por su esposa y dos hijos, quienes son estudiantes universitarios. Explicó que sostiene económicamente a su núcleo familiar y a su madre, quien tiene problemas de movilidad reducida, y que los gastos mensuales para solventar las necesidades familiares son aproximadamente $3.000.000. Sobre la pérdida de capacidad laboral adjuntó el acta de Junta Médico Laboral de la Policía No. 10997 de 8 de noviembre de 2016, en la que consta que se determinó la disminución del 87.03%, y hace referencia a que previamente tenía una disminución del 73.53%. También remitió copia de la Resolución 12046 de 2017, mediante la cual se le reconoció la pensión de invalidez. Sobre la adquisición del crédito y de la póliza de seguro asociada, indicó que en los trámites de adquisición del crédito no informó que estaba siendo valorado por alguna patología de carácter mental, porque para dicha fecha no lo estaba y porque los asesores de la entidad bancaria no le hicieron ninguna pregunta asociada a enfermedades al momento de adquirir el crédito. Adicionalmente, afirmó que, con posterioridad a haber tomado el crédito, fue trasladado de Yopal (Casanare) al municipio de Paz de Ariporo, zona con problemas de orden público. Manifestó que en dicha época se presentó un ataque en el que murieron dos policías, a partir de lo cual comenzó a presentar la condición psicológica que padece[51]. 47. Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali[52]. Remitió la copia íntegra del expediente del proceso de responsabilidad civil contractual dentro del que constan copias: (i) del certificado individual de seguro suscrito el 10 de marzo de 2015[53]; (ii) de la Resolución 2636 de 2017, expedida por la Policía Nacional, en virtud de la cual se retiró del servicio activo por incapacidad absoluta y permanente al accionante[54]; (iii) de la Resolución 1246 del 19 de octubre de 2017, expedida por la Policía Nacional, en virtud de la cual se reconoció pensión de invalidez al accionante[55]; (iv) así como de las actuaciones procesales de las partes, las providencias emitidas y demás piezas procesales. Expediente T-9.325.950[56] 48. Fabián Ricardo Murcia Núñez[57]. Sobre el estado de salud y las condiciones económicas actuales de la agenciada, refirió que padece de una secuela de un accidente cerebrovascular (trombosis) y de un trauma en una rodilla y la cadera por una fractura sufrida debido a una caída[58]. Además, señaló que la agenciada tiene un nivel de escolaridad de bachiller, que el núcleo familiar está conformado por la señora Núñez, sus dos hijas, quienes son madres cabeza de familia, el accionante y tres nietas. Indicó que las dos hijas viven con la agenciada junto con las tres nietas, e informó sobre la ocupación económica de cada una. Refirió que los ingresos mensuales de Delfa Inés Núñez de Murcia son de un total de $2.486.537[59], y que sus gastos mensuales son de $2.413.000[60]. Sobre si existen bienes de su propiedad, hizo referencia al inmueble de matrícula No 50N-20038842, de propiedad de Delfa Inés Núñez de Murcia, respecto del cual existe el crédito hipotecario con el Banco BBVA, y afirmó que para la señora Núñez es imposible cumplir con dicha obligación. Sobre las pensiones recibidas por la agenciada, señaló que su madre tiene reconocida una pensión de vejez por 1 SMLMV y es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su esposo[61], pero recibe las sumas netas de $703.350 mensuales, por concepto de su pensión de vejez[62], y de $1.783.107, por concepto de su pensión de sobrevivientes[63]. Sobre la adquisición del crédito y de la póliza de seguro asociada, el actor adjuntó copias de los siguientes documentos: (i) extractos del crédito hipotecario de fechas enero, junio y septiembre de 2018; (ii) consulta del Registro Único de Seguros (RUS) de fecha 4 de diciembre de 2021; (iii) copia de la solicitud presentada por Fabián Murcia a BBVA Seguros de Vida S.A. del 27 de julio de 2021; (iv) certificación del crédito hipotecario No. 08509600130584 de fecha 18 de enero de 2022; (v) certificado de libertad y tradición del predio con matrícula No. 50N-20038842; (vi) clausulado de la ”póliza de seguro de vida grupo deudores banca seguros”; (vii) solicitud del seguro de fecha 22 de abril de 2016. 49. Banco BBVA S.A.[64]. El apoderado judicial de la entidad financiera indicó que el Banco BBVA S.A. y BBVA Seguros de Vida S.A., pese a pertenecer al mismo grupo empresarial (Grupo BBVA), son sociedades distintas, por lo que el banco no puede interferir en las decisiones de la aseguradora respecto a pólizas o similares. En cuanto al caso concreto, (i) refirió que el primer reporte sobre la mora en el pago de la obligación crediticia se dio en el corte de octubre de 2017 y las comunicaciones se remitieron a través de los extractos de la obligación, los cuales “contienen el aviso de la mora que presenta el cliente”[65]; (ii) que el cliente (Segundo Murcia Buitrago) se encontraba en mora en lo que transcurrió del año 2017, y que en la cuota que se liquida mensualmente está contenido el cobro del seguro de vida, por lo que “resulta plausible que ante el no pago de la cuota que contiene el seguro de vida, este último hubiera terminado automáticamente en los términos del Código de Comercio tema que deberá precisar la compañía de seguros”[66]; y (iii) frente a la notificación sobre la terminación del contrato de seguro a los deudores indicó que, al tratarse de un asunto relativo al contrato suscrito con la compañía aseguradora, no le corresponde al banco suministrar dicha información[67]. 50. Juez Primero Civil del Circuito de Zipaquirá[68]. Informó que en dicho despacho judicial se tramita el proceso ejecutivo por la garantía real con radicado interno No. 2019-00272, promovido por el Banco BBVA Colombia contra Segundo Hermógenes Murcia Buitrago y Delfa Inés Durán de Murcia, dentro del cual se libró mandamiento de pago el 12 de septiembre de 2019. Refirió que fueron notificados la parte demandada, así como Fabián Ricardo Murcia Núñez, en calidad de sucesor procesal de aquellos, por conducta concluyente y personalmente, respectivamente. Respecto a los argumentos del accionante en sede de tutela, indicó que estos “no son de conocimiento del proceso antes mencionado, pese a que en la contestación de la demanda se puso de presente la existencia de dicha póliza, será en la sentencia a proferirse en ese asunto en la cual debe resolverse sobre el particular”[69]. 51. Auto de requerimiento y suspensión de términos. En auto del 19 de julio de 2023, la Sala Segunda de Revisión ordenó oficiar nuevamente a las partes y entidades vinculadas al trámite de revisión que no dieron respuesta a los requerimientos realizados en virtud del auto de pruebas del 5 de junio de 2023. Además, ordenó suspender los términos para fallar el asunto por el término de treinta días. Una vez vencido el término del requerimiento probatorio, no se recibió ninguna respuesta. 52. Cambio de dirección de notificación del accionante en el expediente T-9.298.860. El 17 de agosto de 2023, el despacho del magistrado ponente estableció comunicación telefónica con Rafael Bojacá Beltrán quien aclaró su dirección de correo electrónico actual para efectos de notificaciones[70]. Esto fue corroborado mediante solicitud directa del actor a esta corporación, radicada en SIGOBius el día 18 de agosto siguiente. En auto del 23 de agosto de 2023, el magistrado ponente ordenó a la Secretaría General comunicar los autos de pruebas y requerimiento a las nuevas direcciones electrónicas de notificación del actor[71]. 53. Respuesta de Rafael Bojacá Beltrán[72]. Mediante comunicación, radicada en SIGOBius el día 25 de agosto siguiente, el accionante respondió el requerimiento de este tribunal. Sobre su estado de salud y condiciones económicas actuales, informó que: (i) “Desde [su] lesión hace dos años por caída de espalda, no pued[e] trabajar en nada adicional”, razón por la que se encuentra en “una lamentable situación económica”; (ii) su núcleo familiar lo integra junto a su esposa y un hijo menor de edad estudiante, que son las dos personas a su cargo ya que su esposa no puede trabajar; (iii) el monto de la pensión de invalidez es, en la actualidad, de $2.334.848, “pero con los descuentos de ley y la cuota por el crédito de libranza del BBVA DE $847.471” recibe $1.146.000; (iv) el monto de la pensión gracia es de $1.800.842.50 “pero con los descuentos de ley y la cuota del crédito con el banco Popular”, recibe $810.636.50; (iv) no posee ningún bien raíz; (v) el mínimo vital está afectado porque “pagando arriendo y servicios no [les] queda ni para comer”. Sobre la pérdida de capacidad laboral, adjuntó copias de: (i) la Resolución 2844 de 7 de junio de 2012 que reconoció la pensión de invalidez por pérdida de la capacidad laboral del 96%, según concepto médico laboral de fecha 21 de mayo de 2011; (ii) la Resolución RDP 023901 del 21 de octubre de 2020 que reconoció la pensión gracia, en cumplimiento de fallo judicial, a partir del 21 de septiembre de 2001. Sobre la adquisición del crédito y de la póliza de seguro asociada, afirmó que el desprendible de pago exigido por “estas dos entidades bancarias para un crédito de libranza” hacía constar que su pensión era por invalidez (en ese momento, parcial), al tiempo que lo informó cuando la asesora comercial se lo preguntó. Reiteró que los usuarios de crédito “de estos dos bancos” no conocen qué aseguradora respalda un crédito ni las condiciones de la póliza. Esto porque, como en su caso, “nos pasan un paquete de formularios en BLANCO, sin diligenciar, para firmarlos con huella y No. De cédula. Pero son las asesoras comerciales que llenan estos formularios a su acomodo, (..) incluidos pagarés, pólizas de seguros, autorizaciones de descuentos, etc”. III. CONSIDERACIONES DE LA SALA A. Competencia 54. De acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional es competente para analizar los fallos de tutela proferidos en los procesos revisados. B. Delimitación del asunto objeto de decisión 55. Los expedientes sub examine versan sobre la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, al mínimo vital y a la vivienda invocados por los accionantes y el agente oficioso, por parte de una autoridad judicial (expediente T-9.300.891) y de entidades aseguradoras y/o financieras (expedientes T-9.298.860 y T-9.325.950). Tales sucesos se presentaron con ocasión de los trámites fallidos que, respectivamente, adelantaron los accionantes ante los aquí demandados, con la finalidad de obtener el cumplimiento de las correspondientes pólizas de seguro de vida de deudores suscritas para garantizar el pago de saldos insolutos de créditos, ante la ocurrencia de los siniestros de muerte o incapacidad total y permanente, según cada asunto. 56. De lo expuesto en los escritos de tutela se observa que en los referidos casos se presentan las siguientes circunstancias comunes: (i) las afectadas son personas en situación de discapacidad -física o psicosocial- e imposibilidad de generar ingresos para asumir el pago de las cuotas mensuales de los créditos -hipotecarios y/o de libranza- que se les cobra; (ii) solicitaron a las aseguradoras el cubrimiento del pago del saldo insoluto de los créditos ante la ocurrencia de los siniestros de muerte o incapacidad total y permanente de los asegurados, según el caso; (iii) las compañías de seguros objetaron las reclamaciones de cubrimiento de las pólizas adquiridas para hacer efectivo el pago de los saldos de las obligaciones crediticias contraídas, por reticencia o mora en el pago de la prima; (iv) las entidades financieras han seguido cobrando las cuotas de los créditos respectivos y, ante el impago, han promovido procesos judiciales para saldar las deudas. 57. Así las cosas, esta Sala de Revisión deberá analizar, en primer lugar, si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela (expedientes T-9.298.860 y T-9.325.950) y de la tutela contra decisiones judiciales (expediente T-9.300.891). Al respecto, se precisará lo atinente a la línea jurisprudencial relativa a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares, específicamente, entidades del sistema financiero y compañías aseguradoras, en controversias relacionadas con seguros. C. Análisis de procedibilidad de las acciones de tutela Procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares, específicamente, entidades del sistema financiero y compañías aseguradoras, en controversias relacionadas con contratos de seguros 58. Legitimación en la causa. Se refiere, en esencia, al interés que ostentan quienes intervienen en el trámite constitucional, bien porque son titulares de los derechos cuya protección o restablecimiento se discute (activa) o, porque tienen la capacidad legal de responder por la vulneración o amenaza alegada (pasiva). El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 prevé que la solicitud de amparo puede ser presentada (i) directamente por el interesado, (ii) a través de su representante legal, (iii) por intermedio de apoderado judicial o (iv) mediante agente oficioso. Respecto a esta última posibilidad, la jurisprudencia constitucional ha establecido que “(i) se impone la exigencia de invocar la condición de agente oficioso; y (ii) se requiere que la persona titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentre en circunstancias que le impidan actuar directamente”[73]. Sobre el primer requisito, ha determinado que la verificación de la manifestación del agente oficioso para actuar en dicha calidad no se exige de forma estricta, por lo que se ha aceptado la legitimación del agente si de los hechos y las peticiones de la solicitud de amparo, se hace evidente que actúa en dicha calidad. 59. En cuanto a la legitimación por pasiva, el artículo 42 del decreto en cita establece los casos en los cuales la tutela procede contra los particulares. Particularmente, esta corporación ha determinado que “la acción de tutela procede contra las entidades del sistema financiero y las aseguradoras, debido a que estos desempeñan actividades que son de interés público y por tal motivo, los usuarios, se encuentran en un estado de indefensión, pues existe una posición dominante frente a ellos”[74]. 60. Inmediatez. Aunque la acción de tutela no tiene término de caducidad, por tratarse de un mecanismo de protección urgente, debe incoarse dentro de un plazo razonable desde el momento en que ocurrió el hecho vulnerador. Esto salvo que el actor proponga razones que justifiquen la tardanza para presentar el amparo o la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual, a pesar del paso del tiempo[75]. 61. Subsidiariedad. Esta Corte ha señalado que, en principio, la acción de tutela no es procedente para hacer efectiva la cobertura de los seguros de vida grupo deudores, pues (i) se trata de un asunto de naturaleza económica, y (ii) es una controversia contractual que cuenta con otros medios judiciales de solución. Específicamente, ha indicado que estos casos deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria civil mediante (i) los procesos verbal y verbal sumario (de acuerdo con la cuantía) en los términos del Código General del Proceso, (ii) el proceso ejecutivo en los casos descritos en el artículo 1053 del Código de Comercio, o (iii) la acción de protección al consumidor financiero que la Superintendencia Financiera tramita mediante el proceso verbal sumario, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le atribuye el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011[76]. Lo anterior, considerando que estos asuntos involucran aspectos probatorios y valorativos de carácter contractual que desbordan el ámbito de la tutela[77]. 62. No obstante, también ha sostenido que, de manera excepcional, la acción de tutela es procedente si, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, (i) los medios ordinarios de defensa no son eficaces ni idóneos para proteger los derechos del accionante o (ii) se está ante a la ocurrencia de un perjuicio irremediable[78]. Lo primero, cuando la negativa a reconocer un siniestro como consecuencia de la ejecución de las obligaciones que emanan del contrato de seguro, trascienda la órbita eminentemente económica y tenga un efecto directo y específico en la vida digna, el mínimo vital o en otro derecho fundamental[79]. Algunos aspectos que el juez de tutela debe valorar al momento de verificar la procedencia de la acción de tutela en este tipo de asuntos fueron señalados en la Sentencia T-027 de 2022, con base en la Sentencia T-662 de 2013, que sintetizó que (i) “existe mayor probabilidad de vulnerar los derechos fundamentales cuando el interés del accionante no sea exclusivamente patrimonial”, como ocurre en el caso de los créditos hipotecarios obtenidos con el fin de adquirir una vivienda que, en muchos casos, no solo beneficia al deudor, sino también a su familia; (ii) “si la persona que solicita el amparo se encuentra en una condición de discapacidad superior al 50%, […] existe un mayor riesgo de vulnerar sus derechos fundamentales”. No obstante, esto último no siempre es suficiente para justificar la intervención del juez de tutela; por lo tanto, (iii) se debe verificar que quien solicita el amparo “carezca de los recursos económicos suficientes para sufragar sus gastos”. Finalmente, (iv) “el juez debe verificar otros aspectos como las obligaciones familiares, o del grupo familiar del afectado o la presencia de circunstancias adicionales de vulnerabilidad en el peticionario”, pues “[s]olo las circunstancias del caso concreto determinarán los aspectos relevantes a ser tenidos en cuenta por el juez, siempre con el propósito de evaluar si las cargas procesales son o no excesivas para el peticionario”. Requisitos generales adicionales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 63. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el amparo de los derechos fundamentales en el marco de la acción de tutela contra decisiones judiciales deberá otorgarse si se satisfacen dos condiciones, cada una de ellas necesaria y en su conjunto suficientes: (i) que se cumplan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; y (ii) que en la sentencia cuestionada se materialice alguna violación de los derechos fundamentales de los accionantes, mediante la configuración de alguno de los defectos reconocidos por la jurisprudencia constitucional. 64. De acuerdo con la línea jurisprudencial uniforme y actual de esta corporación desde la Sentencia C-590 de 2005[80], los siguientes son los requisitos generales que deben cumplirse, en su totalidad, para que proceda de forma excepcional la acción de tutela contra providencias judiciales: (i) legitimación en la causa, que se entiende en sentido similar al requisito general de procedencia de la acción de tutela; (ii) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que se oriente a la protección de derechos fundamentales, “involucre garantías superiores y no sea de competencia exclusiva del juez ordinario”[81]; (iii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; (iv) que se cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (v) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (vi) que el accionante identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados; y (vii) que no se cuestione una sentencia de tutela ni de control abstracto de constitucionalidad. 65. Relevancia constitucional. El requisito de relevancia constitucional, de elaboración jurisprudencial, se sustenta en los artículos 86 de la Constitución y 5º del Decreto 2591 de 1991, que delimitan el objeto de la acción de tutela en torno a la protección de los derechos fundamentales. La jurisprudencia de este tribunal ha señalado que esta exigencia persigue tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional, con el propósito de evitar que la tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales; e (iii) impedir que esta se convierta en un recurso o instancia adicional para controvertir las decisiones de los jueces o para reabrir debates jurídicos zanjados[82]. 66. Inmediatez. La jurisprudencia constitucional ha señalado que esta exigencia es más estricta cuando se interpone en contra de una providencia judicial, pues en estos casos está involucrado el respeto a los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada[83]. Si bien la Corte no ha fijado un plazo determinado para interponer la acción de tutela, sí ha previsto ciertos elementos que pueden ayudar al juez de tutela a definir la razonabilidad del término en el que fue propuesta la acción, en cada caso concreto. En ese sentido, ha establecido la flexibilización en el análisis de inmediatez cuando convergen circunstancias fácticas particulares que expliquen razonablemente la tardanza en el ejercicio del amparo, a saber: (i) que el accionante exponga razones válidas para su demora en presentar la acción constitucional; (ii) que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual, a pesar del paso del tiempo; y (iii) que la exigencia de la interposición de la acción en un plazo razonable resulte desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en las que se encuentra el accionante[84]. 67. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No cualquier error u omisión en el curso del proceso ordinario constituye un defecto que vulnere el debido proceso. En este sentido, para que el amparo proceda, las irregularidades deben tener un «efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna», afectar los derechos fundamentales del accionante y haber incidido efectivamente en la providencia que se cuestiona. 68. Identificación razonable de los hechos y de las razones que fundamentan la solicitud de amparo. Las solicitudes de tutela que cuestionen providencias judiciales deben cumplir con cargas argumentativas y explicativas mínimas, las cuales imponen al accionante el deber de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados. Estas cargas tienen como propósito que el actor exponga, con suficiencia y claridad, los fundamentos de la transgresión de los derechos fundamentales y evitar que el juez de tutela lleve a cabo «un indebido control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces». 69. La acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela ni una sentencia de constitucionalidad. A través de esta exigencia se busca evitar que los fallos judiciales estén expuestos a un control posterior de manera indefinida. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todas las sentencias de tutela son objeto de estudio para su eventual selección y revisión en esta corporación. Examen de los casos concretos 70. Expediente T-9.298.860 Presupuesto Consideraciones Legitimación por activa Se cumple. El accionante es el deudor asegurado y la persona directamente afectada por la retención mensual, de su mesada pensional, del valor de la cuota para el pago de la obligación crediticia, así como por la negativa de la aseguradora de garantizar el cubrimiento del saldo insoluto del crédito. Legitimación por pasiva Se cumple. El Banco Popular S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A. son, respectivamente, la entidad acreedora del accionante y la entidad aseguradora con la cual se contrató el seguro de vida grupo deudores que ampara dicha obligación. Entre las partes existe una relación asimétrica que justifica la procedencia de la acción contra estos particulares. Inmediatez Se cumple. La controversia se suscitó el 25 de enero de 2022 y la acción de tutela fue interpuesta el 16 de febrero siguiente. Subsidiariedad Se cumple. La acción de tutela es procedente de manera excepcional porque, dadas las circunstancias del caso concreto, los medios ordinarios de defensa no son eficaces ni idóneos para proteger los derechos del accionante. La negativa de la aseguradora a reconocer el siniestro de incapacidad total o permanente trasciende la órbita eminentemente económica y tiene un efecto directo y específico en su mínimo vital, por cuanto el actor: (i) es un sujeto de especial protección constitucional en razón de su edad (71 años) y situación de discapacidad superior al 50% (calificación de PCL definitiva del 96%); (ii) no posee ningún bien raíz, tiene dos personas que dependen económicamente de él (su esposa y un hijo menor de edad estudiante) y, pese a contar con ingresos mensuales por las pensiones de invalidez y gracia, los descuentos de ley y de las cuotas por créditos de libranza (con el Banco Popular S.A. y con el Banco BBVA S.A.), recibe menos de dos millones de pesos mensuales para atender gastos de arriendo, servicios y alimentación, lo que demuestra las difíciles condiciones económicas por las que atraviesa junto a su núcleo familiar. 71. Expediente T-9.300.891 Presupuesto Consideraciones Legitimación por activa Se cumple. El accionante es el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados y el demandante en el proceso de responsabilidad civil contractual que concluyó con la decisión judicial cuestionada. Legitimación por pasiva Se cumple. La autoridad judicial accionada profirió la decisión acusada en la que negó las pretensiones del actor en el marco del proceso ordinario civil. Inmediatez Se cumple. Entre la fecha en la que el juzgado notificó por estado la sentencia cuestionada –8 de junio de 2022– y la fecha de interposición de la tutela –16 de diciembre de 2022– transcurrieron seis meses y ocho días, término que, a diferencia de lo señalado por los jueces constitucionales de instancia, no se considera desproporcionado[85]. Además, el actor es un sujeto especialmente vulnerable por tener una discapacidad generada por una condición psiquiátrica. Subsidiariedad Se cumple. El accionante agotó los mecanismos judiciales ordinarios disponibles para la defensa de sus intereses. La tutela constituye la única vía para la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la providencia. Relevancia constitucional Se cumple. Se trata de un debate jurídico relacionado directamente con derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, previstos en los artículos 29 y 53 de la Constitución, cuya resolución es competencia de esta Corte. Además, el tutelante es un sujeto de especial protección constitucional dada su invalidez de origen psiquiátrico. Se realizó una identificación razonable de los hechos y de las razones que fundamentan la solicitud de amparo. El accionante expuso la situación fáctica que dio origen al proceso verbal de responsabilidad civil contractual, explicó la decisión que adoptó la autoridad judicial acusada y manifestó los fundamentos jurídicos por los que considera que esta incurrió en desconocimiento del precedente constitucional. No se alega una irregularidad procesal. La tutela no se dirige contra un fallo de tutela ni de constitucionalidad. 72. Expediente T-9.325.950 Presupuesto Consideraciones Legitimación por activa Se cumple. La agenciada es la persona directamente afectada por la negativa de la aseguradora de garantizar el cubrimiento del saldo insoluto del crédito hipotecario, pues es propietaria del inmueble en el que habita y que puede perder en el proceso ejecutivo. El accionante indicó expresamente que actúa como agente oficioso de su madre y manifestó que la agenciada es una adulta mayor (de 76 años) totalmente dependiente para el desarrollo de sus actividades diarias, por lo que no está en condiciones de promover su propia defensa debido a su grave estado de salud. Legitimación por pasiva Se cumple. Banco BBVA S.A. y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. son, respectivamente, la entidad acreedora del crédito hipotecario adquirido y la entidad aseguradora con la que se contrató el seguro de vida grupo deudores que amparaba dicha obligación. Entre las partes existe una relación asimétrica que justifica la procedencia de la acción contra estos parti...