Sentencia T-378 de 2025

T-378-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-378/25 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL Y VIDA DIGNA-Reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a menor de edad, ante ausencia de progenitores DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES Y MINIMO VITAL-Vulneración cuando entidades encargadas de reconocimiento exigen requisitos adicionales o distintos a los exigidos por la ley CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE-Accionante fue incluido en la nómina de pensionados Dado que Martina asumió la carga de aportar la sentencia del Juez de Familia que la designó como guardadora para que la entidad accionada recibiera, tramitara y aprobara la solicitud de pensión de sobrevivientes a favor del adolescente, se configura una situación de carencia actual del objeto por situación sobreviniente. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Reiteración de jurisprudencia/CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE-No impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y futuras violaciones ACCIÓN DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES-Procedencia excepcional (...), la jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito de subsidiariedad se considera superado cuando concurren los siguientes elementos: (i) se trata de un sujeto de especial protección constitucional; (ii) la falta del reconocimiento del derecho genera una afectación sustancial a los derechos fundamentales, en particular al mínimo vital; (iii) el interesado haya desplegado alguna actuación administrativa o judicial para la protección de sus derechos; (iv) el medio judicial ordinario resulte ineficaz para brindar un amparo inmediato; y (v) exista certeza sobre el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión reclamada. DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES-Regulación normativa y jurisprudencial PROHIBICIÓN EN MATERIA PENSIONAL DE EXIGIR REQUISITOS ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY-Reiteración de jurisprudencia PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PRESTACIONES PENSIONALES-Jurisprudencia constitucional (...), será suficiente con que se acredite que: (i) los progenitores del niño, niña o adolescente han fallecido o se encuentran imposibilitados para ejercer la potestad parental; (ii) la persona que tiene a su cargo el cuidado del niño, niña o adolescente es un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad; (iii) que dicho familiar realiza actos concretos de cuidado respecto del joven; y (iv) que los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente se encuentran en riesgo de ser vulnerados. REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Primera de Revisión SENTENCIA T-378 DE 2025 Referencia: Expediente T-10.971.183 Asunto: Acción de tutela presentada por Martina, como agente oficiosa de Francisco, contra Protección S.A. Tema: Requisitos para reclamar la pensión de sobrevivientes de niños, niñas y adolescentes en ausencia de ambos padres Magistrada ponente: Natalia Ángel Cabo Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2025. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Lina Marcela Escobar Martínez y Natalia Ángel Cabo –quien la preside– y por el magistrado Juan Carlos Cortés González, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, así como en los artículos 32 y siguientes del Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA. Esta decisión se toma en el trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos en primera y segunda instancia por los juzgados 001 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple y 011 Civil del Circuito de Bucaramanga, respectivamente, dentro de la acción de tutela promovida por Martina, como agente oficiosa de Francisco, contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.[1] ACLARACIÓN PREVIA El presente caso se refiere a una solicitud pensional que involucra a un adolescente. Con el fin de proteger su derecho a la intimidad, la Corte expedirá dos versiones de esta providencia, de conformidad con la Circular Interna No. 10 de 2022 de esta Corporación. La primera versión, que incluye los nombres reales de los involucrados, será notificada a las partes; la segunda, debidamente anonimizada, será publicada en la página web. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN La Corte Constitucional estudió una acción de tutela presentada por la abuela de un adolescente, quien asumió su cuidado y manutención después de que este quedara huérfano por el fallecimiento de sus dos padres en circunstancias violentas. Con el propósito de garantizar el bienestar del adolescente, la accionante solicitó al fondo privado Protección S.A. el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en su calidad de hijo del afiliado fallecido, para cubrir los gastos de vivienda, alimentación, servicios, educación y actividades extracurriculares. No obstante, la administradora se negó a estudiar de fondo la solicitud, con el argumento de que la peticionaria no aportó el registro civil de nacimiento con la nota marginal que acreditara su designación como guardadora del adolescente. La accionante solicitó el amparo de los derechos del adolescente a la seguridad social, el mínimo vital, la vida digna y la educación. Al respecto, señaló que la referida exigencia resulta desproporcionada si se tiene en cuenta que ya está acreditada la custodia provisional otorgada por el ICBF y que el Juzgado de Familia aún no había proferido sentencia dentro del proceso de designación de guarda. En el trámite de la acción de tutela, el juez de familia profirió sentencia mediante la cual reconoció a la accionante como guardadora del adolescente. Con base en dicha decisión, el fondo privado reconoció el derecho pensional reclamado. En este contexto, la Corte concluyó que se configuró una carencia actual de objeto por situación sobreviniente. No obstante, consideró necesario analizar si la documentación exigida por Protección S.A. fue desproporcionada y si, en consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso en el marco del trámite de la reclamación pensional, así como la prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Para resolver la controversia, la Corte se refirió a la jurisprudencia constitucional sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de niños, niñas y adolescentes cuando sus padres están ausentes. En casos similares, esta Corporación ha considerado suficiente acreditar: (i) que los progenitores del niño, niña o adolescente hayan fallecido o se encuentren imposibilitados para ejercer la patria potestad; (ii) que la persona a cargo de su cuidado sea un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad; (iii) que dicho familiar realice actos efectivos de cuidado; y (iv) que los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente estén en riesgo de ser vulnerados. Al analizar el caso concreto, la Corte Constitucional concluyó que Protección S.A. desconoció el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y vulneró los derechos fundamentales de Francisco a la seguridad social, al mínimo vital, a una vida digna, a la educación y al debido proceso administrativo. Esto, porque exigió el registro civil de nacimiento del adolescente con la nota marginal de designación de guarda como requisito para estudiar de fondo la solicitud pensional, a pesar de que las normas no contemplan tal exigencia para efectos del reconocimiento. Además, la accionante ya contaba con una medida provisional de custodia otorgada por el ICBF en el trámite de restablecimiento de derechos de su nieto. En particular, la Corte concluyó que el fondo impuso requisitos extralegales para adelantar el reconocimiento pensional y cargas desproporcionadas para el pago de la prestación, lo cual afectó los derechos y las condiciones de vida del adolescente. Por lo anterior, la Corte declaró la carencia actual de objeto por situación sobreviniente e instó a Protección S.A. para que, en lo sucesivo, evite imponer requisitos extralegales para adelantar el reconocimiento pensional y flexibilice el requisito de presentar la sentencia de designación de guarda emitida por un juzgado de familia o el registro civil de nacimiento con la respectiva nota marginal, en atención a las circunstancias del caso concreto, para efectos del pago de la pensión de sobrevivientes de niños, niñas y adolescentes con padres ausentes. Finalmente, esta Corporación hizo un llamado a los fondos de pensiones para que apliquen el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y hagan uso de la excepción de inconstitucionalidad en los trámites de pensión de sobrevivientes de menores de edad con padres ausentes, con el objetivo de garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales. I. ANTECEDENTES 1. Martina, en calidad de agente oficiosa de su nieto Francisco, presentó acción de tutela contra Protección S.A. con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales del adolescente a la seguridad social, al mínimo vital, a una vida digna y a la educación, ante la negativa de dicha administradora de estudiar la reclamación de la pensión de sobrevivientes presentada en nombre del adolescente, en su calidad de hijo menor de edad del causante, Alberto. 1. Hechos relevantes[2] 2. La señora Martina relató que es la abuela materna de Francisco, de 16 años, quien quedó bajo su cuidado tras el fallecimiento de ambos padres el 15 de mayo de 2024 en circunstancias violentas. Ante esta situación, la accionante explicó que ha asumido la responsabilidad de su cuidado y manutención[3], lo que la ha llevado a contraer deudas con el colegio del adolescente[4], así como con familiares y amigos, para garantizar el bienestar de su nieto. 3. El 30 de mayo de 2024, la señora Martina solicitó ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –en adelante, ICBF– el inicio de un proceso de restablecimiento de derechos, con el fin de asumir la custodia y el cuidado personal de su nieto. En atención a dicha solicitud, el 13 de junio de 2024, la Defensora de Familia del Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo, Regional Santander, resolvió[5]: (i) abrir una investigación administrativa de restablecimiento de derechos a favor de Francisco; (ii) adoptar, como medida provisional, su ubicación en el hogar de la abuela materna; y (iii) realizar la entrega formal del adolescente a dicho hogar. Adicionalmente, a solicitud de la abuela del joven, la Defensora de Familia radicó el 1° de agosto de 2024 la demanda de designación de guarda[6], la cual fue admitida el 22 de agosto de 2024 por el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga[7]. 4. Por otro lado, la accionante indicó que el 2 de julio de 2024 radicó ante Protección S.A. los documentos requeridos para adelantar el trámite de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de Francisco, en su calidad de hijo menor de edad del causante, Alberto. En respuesta, el 9 de octubre de 2024, el fondo privado le informó a la peticionaria que el trámite había sido declinado porque se debía presentar la documentación completa para reconocer dicha prestación. En particular, la administradora requirió el registro civil de nacimiento del adolescente con la correspondiente nota marginal de designación de guarda. Al respecto, la accionante alegó que con dicha exigencia el fondo privado desconoció: (i) que el ICBF le otorgó la custodia provisional del adolescente, y (ii) que no podía aportar el documento requerido en ese momento, dado que el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga aún no había proferido sentencia dentro del proceso de designación de guarda. 2. Fundamentos de la solicitud de tutela y pretensiones 5. Con base en los antecedentes expuestos, la señora Martina, en calidad de agente oficiosa de su nieto Francisco, interpuso el 6 de diciembre de 2024 una acción de tutela contra Protección S.A., por la presunta vulneración de los derechos fundamentales del adolescente a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la educación. La accionante afirmó que la exigencia del registro civil con la nota marginal de designación de guarda dilata de manera injustificada el trámite y reconocimiento del derecho pensional, y desconoce que le fue conferida la custodia provisional del adolescente, así como la difícil situación económica y emocional que ambos enfrentan. 6. En virtud de lo anterior, la actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales del adolescente, y, en consecuencia, requirió que se ordenara a Protección S.A. reconocer y pagar a su favor la pensión de sobreviviente derivada del fallecimiento de su padre. 3. Trámite de la acción de tutela 7. Mediante auto proferido el 6 de diciembre de 2024, el Juzgado 001 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bucaramanga admitió la acción de tutela contra Protección S.A. y dispuso la vinculación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –Regional Santander, Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo–, el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga y la Procuradora Judicial Delegada en Familia de Bucaramanga. Asimismo, la autoridad judicial decretó la práctica de pruebas[8]. 8. La accionante suministró la información requerida por el despacho, mientras que Protección S.A., el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Procuradora Judicial Delegada en Familia de Bucaramanga, la Defensoría del Pueblo y el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga comparecieron dentro del trámite constitucional. El ICBF guardó silencio. 4. Intervención de la parte accionante, la administradora accionada y las entidades vinculadas 9. En respuesta a la información requerida por el juez de tutela, Martina informó que: (i) es viuda y propietaria del 50% de una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy; (ii) sus ingresos ascienden a $3.500.000 mensuales, provenientes de una mesada pensional y del salario que percibe como trabajadora; (iii) destina la totalidad de sus ingresos al pago de arriendo, servicios públicos y alimentación; (iv) convive con una hija de 28 años, quien actualmente trabaja y estudia; (v) su otra hija, Alma -madre de Francisco- cotizaba en Porvenir y era propietaria del 25% de una vivienda en la misma localidad; (vi) los demás bienes adquiridos por Alma dentro de la sociedad conyugal –una motocicleta, un carro y la cuota inicial de un proyecto de vivienda– fueron registrados a nombre de su esposo, Alberto; y (vii) en abril de 2024, el señor Alberto traspasó dichos bienes a su madre, María, con el propósito de no dejarle nada a su hijo[9]. Finalmente, la accionante aportó copia del recibo de arrendamiento de su lugar de residencia[10]. 10. Por su parte, Protección S.A.[11] manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del adolescente y que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para reclamar el reconocimiento de prestaciones económicas. De forma subsidiaria, el fondo privado solicitó que, en caso de concederse el amparo, este tenga carácter transitorio, con el fin de que sea el juez laboral quien resuelva de manera definitiva la controversia. 11. En cuanto a los hechos que sustentan la acción, la administradora señaló que Alberto se afilió al fondo de pensiones el 28 de marzo de 1998 y que el trámite pensional adelantado en nombre del adolescente se encuentra en estado de ‘desistido’, conforme al artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, debido a que la accionante no aportó la sentencia que la designa como curadora, ya sea de manera provisional o definitiva. En esa línea, la entidad accionada explicó que, para que una reclamación pensional se considere debidamente radicada y pueda ser evaluado el cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la prestación, es indispensable que los interesados alleguen la totalidad de la documentación exigida, conforme a lo previsto en el artículo 7 del Decreto 510 de 2003. 12. En cuanto a las entidades vinculadas, el Ministerio de Igualdad y Equidad solicitó su desvinculación del trámite de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del adolescente y que los hechos objeto de la tutela no son de su competencia[12]. 13. La Procuradora 6 Judicial II de Familia de Bucaramanga[13] señaló que corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada, conforme a los criterios establecidos en la Sentencia T-290 de 2020 de la Corte Constitucional. En ese sentido, la funcionaria manifestó que no se opone a la prosperidad de las pretensiones, siempre que se acredite el cumplimiento de dichos requisitos y la vulneración de los derechos fundamentales del adolescente[14]. 14. La Defensoría del Pueblo también solicitó su desvinculación del trámite de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, indicó que no es la entidad responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del adolescente y que corresponde a Protección S.A. resolver la solicitud pensional[15]. 15. Finalmente, en relación con el proceso de designación de guarda iniciado por Martina, en calidad de agente oficiosa del adolescente Francisco, el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga informó lo siguiente: (i) el 22 de agosto de 2024 se admitió la demanda; (ii) el 23 de septiembre de la misma anualidad se allegaron las diligencias de notificación por aviso dirigidas a los parientes cercanos del adolescente; (iii) el 30 de septiembre se realizó la inscripción en el Registro Nacional de Emplazados; (iv) el 22 de octubre finalizó el término de fijación sin que se recibiera manifestación de persona alguna interesada en ejercer la guarda del adolescente; y (v) mediante auto del 9 de diciembre de 2024, se fijó como fecha para realizar la respectiva audiencia el 20 de enero de 2025[16]. Además, se aportó el enlace al expediente digital correspondiente al proceso con radicado 2024-00341-00. 5. Decisión de primera instancia 16. El Juzgado 001 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bucaramanga, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, declaró la improcedencia del amparo solicitado, al considerar que la parte accionante no cumplió con el requisito de subsidiariedad ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable[17]. 17. En relación con el requisito de subsidiariedad, el funcionario judicial señaló que: (i) es necesaria la designación de un curador, guardador, custodio o cuidador con facultades para adelantar los trámites administrativos tendientes a obtener el reconocimiento pensional a favor de Francisco, ante la ausencia de sus padres; (ii) Martina no acreditó dicha condición, ni siquiera de manera provisional, pues la medida de protección de ubicación en medio familiar otorgada por el ICBF no equivale a una asignación formal de custodia ni le otorga facultades para administrar los bienes del adolescente; (iii) la accionante no cumplió con el deber de aportar la documentación completa y necesaria para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, ya que no allegó resolución, acta o providencia que acreditara su calidad de guardadora; y (iv) mientras se profería sentencia definitiva, la peticionaria pudo haber gestionado su designación como guardadora provisional ante el ICBF o el Juzgado de Familia. 18. Adicionalmente, el juez de primera instancia advirtió la inexistencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción, si se tiene en cuenta que: (i) el adolescente percibe actualmente una pensión de sobrevivientes reconocida de manera temporal por el fondo de pensiones en el que estaba afiliada su progenitora; y (ii) los ingresos que percibe Martina -derivados de su pensión y salario- le permiten asumir los gastos del hogar, pues no tiene otras personas a su cargo y convive con una hija mayor de 25 años que trabaja. 19. La accionante impugnó[18] la decisión de primera instancia con fundamento en que el juez desconoció las particularidades del caso concreto, así como lo establecido en la Sentencia T-108 de 2022 de la Corte Constitucional, la cual señala que las pensiones de sobrevivientes deben ser reconocidas a los niños, niñas y adolescentes sin exigir requisitos adicionales, desproporcionados o irrazonables. En ese sentido, la accionante explicó que: (i) los gastos mensuales de Francisco superan los $2.000.000, e incluyen el pago del colegio privado, la escuela de fútbol y otros gastos de manutención –como arriendo, alimentación, vestuario–; (ii) en la actualidad, la pensión de sobreviviente constituye el único medio de subsistencia del adolescente; y (iii) no cuenta con la capacidad económica necesaria para asumir por sí sola la totalidad de los gastos de su nieto, en las condiciones en que se encontraba antes del fallecimiento de sus padres. 6. Decisión de segunda instancia 20. El Juzgado 011 Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia del 10 de febrero de 2025, confirmó la decisión de primera instancia al considerar que el procedimiento de reclamación de la pensión de sobrevivientes ante el fondo de pensiones no se entiende agotado mientras no se haya aportado toda la documentación requerida para su reconocimiento[19]. 21. Al respecto, el juez de segunda instancia señaló que: (i) la accionante no aportó la sentencia de curaduría definitiva o provisional exigida por Protección S.A. para reclamar el derecho pensional a favor del adolescente; (ii) el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga profirió sentencia el 20 de enero de 2025[20], mediante la cual designó a Martina como guardadora principal de Francisco; (iii) en consecuencia, el 6 de febrero de 2025 el despacho se comunicó telefónicamente con la accionante[21] para informarle sobre dicha sentencia, con el fin de que adelantara el trámite pensional; y (iv) la accionante manifestó que ya había iniciado el trámite de inscripción de la sentencia de designación de guarda ante la notaría. Por tanto, el juez de segunda instancia concluyó que la accionante debía agotar el trámite administrativo para tener por satisfecho el requisito de subsidiariedad. 7. Actuaciones realizadas durante el trámite de revisión ante la Corte Constitucional 22. Mediante auto del 17 de junio de 2025[22], la magistrada sustanciadora ordenó la práctica de distintas pruebas con el fin de obtener elementos suficientes para proferir el fallo. En primer lugar, solicitó a la accionante información sobre su situación económica, los gastos asociados a la manutención de Francisco, si el adolescente percibe algún beneficio pensional derivado del fallecimiento de su progenitora y el estado actual del trámite de la pensión de sobrevivientes. Asimismo, requirió a Protección S.A. remitir la documentación relacionada con dicho trámite, informar si existen otras personas que hayan reclamado derechos pensionales como beneficiarios de Alberto y aportar el expediente administrativo del causante. También ordenó al Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo de la Regional Santander del ICBF informar si esa autoridad otorgó la custodia provisional del adolescente a su abuela materna, y al Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga enviar copia del expediente completo del proceso de designación de guarda iniciado por la accionante. Finalmente, requirió a Seguros de Vida Alfa S.A. remitir la información correspondiente a la prestación reportada en el Registro Único de Afiliados (RUAF) a nombre del adolescente[23]. Vencido el término probatorio, allegaron respuestas el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga, el ICBF y Protección S.A. 23. Posteriormente, mediante auto del 1 de julio de 2025[24], la magistrada sustanciadora: (i) reiteró parcialmente la solicitud de pruebas, ante la falta de respuesta de la parte accionante y de Seguros de Vida Alfa S.A.; y (ii) decretó pruebas adicionales. En particular, requirió al ICBF remitir la documentación mediante la cual se otorgó la custodia provisional del joven Francisco a su abuela, Martina, o informar si la medida de ubicación en medio familiar aplicada al adolescente resulta suficiente para entender conferida dicha custodia provisional. Vencido el término probatorio, el ICBF aportó la información solicitada, mientras que Seguros de Vida Alfa S.A. y Martina guardaron silencio. 8. Respuestas a los autos de pruebas 24. Mediante escrito del 25 de junio de 2025, Protección S.A. dio respuesta[25] a la solicitud de información. En particular, informó que: (i) únicamente dos personas reclamaron la pensión de sobrevivientes de Alberto: Francisco y David, ambos en calidad de hijos del causante; (ii) se negó la solicitud presentada por David debido a que, al momento del fallecimiento de su progenitor estaba próximo a cumplir 25 años y no acreditó la condición de estudiante; (iii) mediante comunicación del 24 de junio de 2025, se reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de Francisco, con fundamento en la sentencia proferida por el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga, en la que se designó como guardadora a la señora Martina; y (iv) la administradora se encontraba a la espera de que la accionante allegara los documentos necesarios para la inclusión del adolescente en la nómina de pensionados[26]. Posteriormente, mediante comunicación del 3 de julio de 2025, Protección S.A. informó que la señora Martina había remitido la documentación exigida, por lo que el pago de la prestación pensional se efectuará al finalizar el mes de julio[27]. 25. A través de comunicación del 24 de junio de 2025, el ICBF aportó: (i) el auto de apertura del proceso de restablecimiento de derechos, con fecha del 13 de junio 2024, en el cual se impuso la medida de ubicación del adolescente en medio familiar a cargo de su abuela materna; y (ii) el acta de entrega correspondiente a dicha medida. Posteriormente, a través de un escrito presentado el día 3 de julio de 2025, la entidad informó que: (i) cuando se observa una posible vulneración de los derechos del adolescente durante el proceso de restablecimiento, se decreta una medida de protección –ya sea ubicación en medio familiar o en medio institucional–; (ii) la medida de ubicación en medio familiar implica la asignación de la custodia provisional, en tanto impone al responsable una serie de obligaciones encaminadas a garantizar los derechos del adolescente y su cuidado personal; (iii) el 30 de mayo de 2024, Martina, solicitó ante el ICBF el inicio del proceso de restablecimiento de derechos para que le fuera asignada la custodia y cuidado personal de su nieto, debido al fallecimiento de sus padres el 15 de mayo de 2024; (iv) Francisco quedó en situación de tenencia irregular, razón por la cual la entidad consideró necesario asignar su custodia a su abuela materna mediante la medida de ubicación en medio familiar; y (v) en consecuencia, dicha medida es suficiente para entender que la custodia provisional del adolescente fue otorgada a la señora Martina[28]. 26. Finalmente, el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga aportó el expediente con radicado No. 68001311000320240034100, en el cual se encuentra incorporada la sentencia del 20 de enero de 2025 que designó a Martina como guardadora principal de Francisco. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 27. La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Cuestión previa: Carencia actual de objeto de la acción como consecuencia del reconocimiento pensional 28. De manera preliminar, la Corte Constitucional advierte que, durante el trámite de la acción de tutela, se presentaron dos situaciones que modificaron las condiciones iniciales del proceso. En primer lugar, el 20 de enero de 2025, el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga designó a Martina como guardadora principal de Francisco[29], sentencia que fue aportada por la accionante ante Protección S.A. el 11 de febrero de la misma anualidad[30]. En segundo lugar, mediante comunicaciones de 24 de junio[31] y 3 de julio de 2025[32], Protección S.A. reconoció la pensión de sobrevivientes a favor del adolescente, en cuantía del 100% de la prestación, e informó que el pago se efectuaría al finalizar el mes de julio del mismo año. 29. Estas circunstancias implican la satisfacción de las pretensiones formuladas en la acción de tutela objeto de revisión, lo cual obliga a la Corte a pronunciarse sobre la posible configuración de la carencia actual de objeto. Figura que se presenta cuando desaparecen las condiciones que dieron origen a la acción, lo que hace innecesaria la intervención del juez constitucional. 30. Este fenómeno se configura cuando la decisión perdería efectos prácticos, en tanto el objeto de la solicitud de amparo se ha extinguido[33] por tratarse de una situación ya superada o consumada[34]. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha identificado tres escenarios en los que puede presentarse la carencia actual de objeto: el hecho superado, la situación sobreviniente y el daño consumado. 31. El hecho superado se concreta cuando, durante el trámite de la acción de tutela, la parte accionada satisface las pretensiones que dieron origen a la solicitud, lo cual pone fin a la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados[35]. La Corte ha señalado que, para que este supuesto se presente, se requiere: (i) que se haya satisfecho de manera integral el objeto de la acción de tutela y (ii) que la entidad accionada haya actuado o cesado en su conducta de manera voluntaria[36]. 32. La situación sobreviniente se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela, el accionante pierde interés en la misma por razones distintas a la consumación del daño o a la actuación diligente de la entidad demandada[37]. Sin que se trate de una lista taxativa, la Corte ha identificado este fenómeno en casos como: (i) cuando el accionante asume una carga que no le correspondía con el fin de superar la vulneración de derechos[38]; (ii) cuando las circunstancias de la persona cambian de tal forma que ya no requiere lo solicitado en la tutela[39]; o (iii) cuando la vulneración cesa como consecuencia del cumplimiento de una orden judicial[40] o de la actuación de un tercero[41]. A diferencia del hecho superado, en la situación sobreviniente la vulneración de derechos no cesa por una actuación atribuible a la entidad accionada, sino por circunstancias externas que ocurren durante el curso del proceso[42]. 33. Finalmente, el daño consumado se configura cuando la vulneración que se buscaba evitar mediante la acción de tutela ya se ha materializado, lo que imposibilita al juez dictar órdenes encaminadas a restablecer la situación o a prevenir el perjuicio[43]. 34. Así las cosas, para establecer si, en este caso concreto, se configura una carencia actual de objeto por hecho superado o por situación sobreviniente, es necesario identificar a quién resulta atribuible la satisfacción de la pretensión. Es decir, si fue el fondo privado demandado quien actuó voluntariamente para cesar la vulneración –hecho superado– o si fue la parte accionante quien asumió una carga que no le correspondía para superar dicha afectación –situación sobreviniente–. Dado que Martina asumió la carga de aportar la sentencia del Juez de Familia que la designó como guardadora para que la entidad accionada recibiera, tramitara y aprobara la solicitud de pensión de sobrevivientes a favor del adolescente, se configura una situación de carencia actual del objeto por situación sobreviniente. 35. No obstante, esta Corporación considera necesario pronunciarse de fondo sobre el asunto. Si bien la Corte ha reiterado que el juez de tutela no está obligado a emitir un pronunciamiento cuando se configura una carencia actual de objeto, sí puede hacerlo con el fin de adoptar remedios adicionales, prevenir la repetición de la vulneración, corregir decisiones de instancia, avanzar en la comprensión de un derecho fundamental o cumplir una función pedagógica en materia constitucional[44]. 36. En ese sentido, la Corte considera relevante analizar si la dilación por parte del fondo de pensiones en el trámite de la solicitud pensional presentada por la accionante, en representación del adolescente Francisco, implicó el desconocimiento del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la vulneración de sus derechos fundamentales. Lo anterior con el objetivo de corregir las decisiones de instancia y prevenir que vulneraciones de este tipo ocurran nuevamente. 3. Problema jurídico y metodología 37. Como se indicó previamente, la Corte Constitucional analizará si la administradora de fondos de pensiones Protección S.A. vulneró los derechos fundamentales de Francisco a la seguridad social, al mínimo vital, a una vida digna y a la educación, al negarse a estudiar la solicitud de pensión de sobrevivientes presentada por su abuela materna con ocasión del fallecimiento de su padre, Alberto. De acuerdo con los antecedentes y las pruebas obrantes en el expediente, el fondo de pensiones accionado le informó a la abuela y agente oficiosa del adolescente que el trámite pensional fue declinado debido a que no se aportó el registro civil de nacimiento del adolescente con la nota marginal de designación de guarda. 38. En este contexto, la Corte advierte que la actuación de la administradora también podría configurar una posible vulneración del derecho al debido proceso, en el marco de las garantías que deben observar los fondos de pensiones al adelantar trámites de reclamación en materia pensional, especialmente cuando está en juego la prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Aunque dicho derecho no fue invocado expresamente en el escrito de tutela, su análisis resulta procedente, en atención al principio de informalidad que rige esta acción y a la facultad del juez constitucional para proferir decisiones ultra y extra petita[45], cuando ello sea necesario para la protección integral de los derechos fundamentales[46]. 39. En esta línea, corresponde a la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulneran las administradoras de fondos de pensiones los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna, a la educación y al debido proceso de un adolescente en condición de vulnerabilidad por el fallecimiento de sus padres, al exigir el registro civil de nacimiento con la nota marginal de designación de guarda como requisito indispensable para estudiar de fondo la solicitud de pensión de sobrevivientes presentada por su abuela, pese a conocer que ella tiene asignada la custodia provisional de su nieto y que el proceso de designación de guarda ante el juez de familia se encuentra en curso? 40. En este escenario, la Corte debe establecer si la medida de ubicación en la vivienda de la abuela materna – adoptada por el ICBF en el marco del trámite de restablecimiento de los derechos del adolescente– equivale a una decisión de custodia provisional y si dicha medida era suficiente para que la administradora adelantara el estudio de la reclamación pensional presentada por Martina en representación del adolescente. 41. Para resolver el problema jurídico planteado, la Corte iniciará con el estudio de los requisitos de procedencia de la acción. A continuación, hará un recuento de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la pensión de sobrevivientes de los hijos menores de edad, el debido proceso en materia pensional y la aplicación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes en este tipo de trámites. Con base en estas consideraciones, se procederá al análisis del caso concreto. 4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela 42. La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución, es un mecanismo judicial preferente y sumario destinado a la protección inmediata de los derechos fundamentales, que procede ante la inexistencia de otros mecanismos de defensa judicial idóneos y efectivos o ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. 43. Como requisito fundamental para que la Corte estudie de fondo la acción de tutela presentada por Martina, como agente oficiosa de Francisco, contra Protección S.A., es necesario estudiar previamente si se cumplen los requisitos de procedencia de esta acción, que son legitimación en la causa por activa[47] y por pasiva[48], inmediatez[49] y subsidiariedad[50], en atención a las pruebas aportadas dentro del trámite constitucional. 44. En primer lugar, se cumple el requisito de legitimación en la causa por activa, toda vez que la acción de tutela fue presentada por Martina en calidad de agente oficiosa y abuela de Francisco[51], cuyos derechos fundamentales podrían haberse visto vulnerados por la omisión de Protección S.A. a la hora de tramitar la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, presentada con ocasión del fallecimiento de Alberto. 45. Sobre este punto, es importante recordar que la agencia oficiosa permite a un tercero solicitar la protección de derechos ajenos cuando su titular no puede hacerlo por sí mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional desarrollada en la materia[52]. Así las cosas, para adelantar una acción en aplicación de esta figura, deben cumplirse dos requisitos: (i) demostrar, así sea de forma tácita, que la persona titular de los derechos no puede ejercer directamente la acción de tutela; y (ii) que en el escrito de tutela se exprese dicha circunstancia. 46. En el caso de los menores de edad, el artículo 44 de la Constitución Política dispone que toda la sociedad tiene el deber de velar por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En línea con esta disposición, la Corte ha sostenido que, si bien los padres o representantes legales son quienes, en principio, deben interponer acciones de tutela en su favor, cualquier persona está facultada para hacerlo cuando se acredite la existencia de un riesgo inminente para los derechos de los niños, niñas y adolescentes o la ausencia de su representante legal[53]. 47. En el presente asunto, la Corte considera que el titular de los derechos fundamentales reclamados no está en posibilidad de ejercer directamente la acción de tutela, ya que se trata de un adolescente que quedó huérfano de ambos padres, situación que lo ubica en una condición de alta vulnerabilidad económica, social y emocional para promover su propia defensa. Adicionalmente, en el escrito de tutela, Martina manifestó estar actuando como agente oficiosa de su nieto. 48. En segundo lugar, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la acción de tutela se dirige contra Protección S.A., administradora del fondo de pensiones al cual se encontraba afiliado el progenitor del adolescente agenciado[54]. Esta administradora de carácter privado presta el servicio público de seguridad social en pensiones y tiene a su cargo el reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales derivadas del fallecimiento del afiliado. Lo anterior, conforme a lo previsto en el numeral 8 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y en los artículos 4, 10 y 13 de la Ley 100 de 1993. 49. No obstante, no se cumple la legitimación en la causa por pasiva respecto de las demás entidades vinculadas al proceso: el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Santander, Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo–, el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga y la Procuradora Judicial Delegada en Familia de Bucaramanga. En consecuencia, estas entidades serán desvinculadas de la presente acción. 50. Lo anterior, en la medida en que la presunta vulneración de los derechos fundamentales del adolescente no tiene origen en las funciones que el ordenamiento jurídico le asigna a las entidades mencionadas, sino en la conducta del fondo de pensiones, Protección S.A., que se negó a estudiar la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del adolescente. En efecto, dichas entidades no tienen a su cargo la administración de los derechos pensionales causados por el fallecimiento de Alberto, ni cuentan con competencia para estudiar las reclamaciones pensionales que presenten los afiliados o beneficiarios del sistema general en pensiones. 51. En tercer lugar, el requisito de inmediatez también se encuentra acreditado. De acuerdo con los antecedentes del caso, Protección S.A. le informó a la accionante el 9 de octubre de 2024 que el trámite pensional había sido declinado por no haberse aportado la documentación completa, y la acción de tutela fue radicada el 6 de diciembre del mismo año. Es decir, transcurrieron menos de dos meses entre la respuesta de la entidad y la interposición de la acción, lo cual evidencia una actuación diligente por parte de la accionante. En todo caso, la Corte ha reiterado que, cuando se trata de derechos pensionales, “la afectación de los derechos fundamentales permanece en el tiempo y, por tanto, la situación desfavorable en que se encuentra el accionante es continua y actual”[55]. 52. Por último, la acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad. Aunque la parte accionante contaba, en principio, con la demanda ordinaria laboral para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del adolescente[56], lo cierto es que ese mecanismo de defensa judicial no es eficaz en este caso por las siguientes razones. 53. En primer lugar, la Corte ha precisado que el análisis del requisito de subsidiariedad debe ser más flexible cuando la falta de reconocimiento de una pensión compromete los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, como los niños, niñas y adolescentes[57]. En el caso bajo estudio, están involucrados los derechos de un adolescente que quedó huérfano de ambos padres en circunstancias particularmente dolorosas, lo cual lo ubica en una situación de alta vulnerabilidad económica, social y emocional. 54. La Corte ha considerado acreditado el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en casos de niños, niñas y adolescentes con padres ausentes[58], al estimar que resulta desproporcionado imponerles la carga de acudir a la jurisdicción ordinaria para obtener el reconocimiento de sus derechos pensionales. En este tipo de situaciones, la jurisprudencia constitucional[59] ha establecido que el requisito de subsidiariedad se considera superado cuando concurren los siguientes elementos: (i) se trata de un sujeto de especial protección constitucional; (ii) la falta del reconocimiento del derecho genera una afectación sustancial a los derechos fundamentales, en particular al mínimo vital; (iii) el interesado haya desplegado alguna actuación administrativa o judicial para la protección de sus derechos; (iv) el medio judicial ordinario resulte ineficaz para brindar un amparo inmediato; y (v) exista certeza sobre el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión reclamada[60]. 55. Estos elementos se encuentran acreditados en el caso bajo estudio, si se tiene en cuenta que: (i) Francisco es un sujeto de especial protección constitucional, debido a su edad –16 años– y a la difícil situación socioeconómica y emocional que enfrenta tras el fallecimiento de sus padres; (ii) la falta de pago de la pensión de sobrevivientes vulnera sus derechos fundamentales, ya que depende económica y emocionalmente de su abuela materna, quien, según lo probado en el trámite de la acción de tutela, se ha visto obligada a endeudarse con el colegio, familiares y amigos para cubrir los gastos del adolescente y garantizarle las condiciones de vida en las que se encontraba antes de este suceso[61]; (iii) la abuela del adolescente actuó con diligencia, al gestionar ante el ICBF el proceso de restablecimiento de derechos y la custodia provisional [62], promover la demanda de guarda ante el juez de familia[63] y radicar ante el fondo de pensiones los documentos requeridos para el reconocimiento de la prestación[64]; (iv) los mecanismos judiciales ordinarios carecen de eficacia, pues imponen una carga desproporcionada al adolescente[65], cuya situación exige una respuesta urgente, dado que la pensión constituye su principal fuente de sustento y tiene un límite temporal[66]; y (v) no existe duda de que el adolescente cumple los requisitos legales para ser beneficiario de la pensión, como lo reconoció Protección S.A. a través de la comunicación del 24 de junio de 2025, mediante la cual le fue reconocida la prestación en un 100%[67]. 56. Si bien el juez de instancia señaló que el adolescente cuenta con una pensión de sobrevivientes reconocida de manera temporal por el fondo de pensiones al que estaba afiliada su madre[68], esta circunstancia no es suficiente para descartar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Por un lado, la administradora de pensiones accionada no aportó evidencia que permita concluir que dicho ingreso garantiza de manera efectiva el goce de derechos como el mínimo vital, la vida digna y la educación del adolescente. Además, al analizar el derecho al mínimo vital en relación con la pensión de sobrevivientes, la Corte ha sostenido[69] que la vulneración de este derecho no se refiere exclusivamente a la falta de un ingreso económico o a la percepción de un salario mínimo, sino a la imposibilidad de conservar las condiciones de vida que el beneficiario tenía antes del fallecimiento de quien asumía su sostenimiento. Precisamente, la pensión de sobrevivientes busca evitar que la muerte del ser querido implique también una pérdida sustancial en la calidad de vida de los familiares y, en consecuencia, una afectación a su mínimo vital. 57. En el presente caso, la agente oficiosa manifestó no contar con los recursos necesarios para asumir los gastos del adolescente, quien, además, se encuentra matriculado en un colegio privado y participa en una escuela de futbol. Bajo estas circunstancias, la situación del adolescente reviste especial gravedad, ya que, además de enfrentar el duelo por la pérdida de ambos progenitores en circunstancias violentas, queda sometido a cambios abruptos en sus condiciones de vida, lo cual pone en riesgo la continuidad de su proceso educativo y puede afectar su estabilidad emocional. Esto sin contar con que la Corte ha establecido que se vulnera la dignidad humana cuando se obliga a una persona a vivir de la caridad ajena, si existe la posibilidad de que tenga acceso a unos recursos económicos propios[70]. 58. En todo caso, como se señaló al plantear el problema jurídico[71], en el presente asunto también está involucrada una posible vulneración del derecho al debido proceso del adolescente, en el marco de las garantías que deben observar los fondos de pensiones al adelantar trámites de reclamación en materia pensional, especialmente cuando está en juego la prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Esto, dado que la controversia gira en torno a los documentos exigidos por el fondo de pensiones para darle trámite a la solicitud pensional, y a si tales exigencias fueron desproporcionadas a la luz del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En estas circunstancias, la Corte ha considerado que se supera el requisito de subsidiariedad cuando se alega una posible afectación al debido proceso por la exigencia de requisitos no previstos en la ley para adelantar el reconocimiento pensional o por la imposición de cargas desproporcionadas para el pago de la prestación[72]. 59. Así las cosas, la Corte encuentra que en este caso se satisfacen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, lo cual habilita un pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional, que se desarrollará en los siguientes apartados. 5. Reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de hijos menores de edad en condición de orfandad: garantía del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y del debido proceso administrativo. Reiteración de jurisprudencia[73] 60. La pensión de sobrevivientes es una prestación económica destinada a brindar apoyo económico a la familia que dependía del ingreso mensual de una persona afiliada al Sistema de Seguridad Social en Pensiones que ha fallecido[74]. Su principal objetivo es evitar que la muerte del ser querido implique una afectación al mínimo vital del núcleo familiar y un deterioro de sus condiciones de vida[75]. 61. Los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, establecen los requisitos que deben acreditarse para causar la pensión de sobrevivientes y para demostrar la calidad de beneficiario del causante. Según estas normas, cuando fallece un afiliado, debe demostrarse un mínimo de 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a la fecha de su muerte, a fin de que se cause la pensión de sobrevivencia y sus beneficiarios puedan acceder a este derecho. 62. Son beneficiarios de esta prestación: (i) el cónyuge o compañero(a) permanente; (ii) los hijos menores de 18 años, y hasta los 25 años si se acredita la condición de estudiante; (iii) los hijos con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, sin importar la edad; (iv) a falta de cónyuge o compañero(a) permanente y de hijos con derecho, podrán ser beneficiarios los padres o los hermanos del causante con pérdida de capacidad laboral, si dependían económicamente del afiliado. 63. Ahora bien, en lo que respecta al trámite administrativo para reclamar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de hijos menores de edad del causante, es preciso tener en cuenta que las administradoras y fondos de pensiones disponen de un plazo máximo de dos meses, contados a partir de la radicación de la solicitud con la documentación completa, para resolver sobre el reconocimiento del derecho pensional, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 717 de 2001. Además, para que haya lugar al reconocimiento de la pensión en estos casos, es necesario: (i) que el afiliado haya fallecido y que, dentro de los tres años anteriores a su muerte haya cotizado como mínimo 50 semanas; y (ii) que el solicitante acredite la calidad de hijo menor de 18 años del causante mediante el registro civil de nacimiento[76], según lo establece el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 13 del Decreto 1889 de 1994[77]. 64. Sobre la materia, la jurisprudencia constitucional ha destacado que las administradoras de pensiones no pueden exigir más requisitos de los previstos en la ley para otorgar el reconocimiento pensional, dado que la seguridad social no solo constituye un servicio público, sino también un derecho fundamental de carácter irrenunciable e imprescriptible[78]. Sin embargo, respecto de la inclusión en nómina y al pago efectivo de la prestación, las administradoras sí pueden solicitar documentos adicionales, especialmente cuando el beneficiario reclama la mesada pensional a través de un representante, como ocurre en el caso de los niños, niñas y adolescentes que no pueden disponer libremente de la administración de sus bienes[79]. 65. De allí que, como lo ha señalado la Corte con base en las normas que regulan la materia[80], para la inclusión en nómina y el pago efectivo de la pensión de sobrevivientes en el caso de hijos menores de edad se requiera, además, que la solicitud sea presentada por el padre, la madre o el guardador legal del beneficiario. Por esta razón, cuando ambos progenitores han fallecido, los fondos de pensiones exigen que se acredite la calidad de curador o guardador antes de efectuar el desembolso de la mesada pensional[81]. 66. Si bien la figura de la guarda tiene como finalidad proteger los intereses de los niños, niñas y adolescentes, los requisitos exigidos por las administradoras de pensiones no pueden convertirse en una carga excesiva e irrazonable que dificulte el acceso efectivo a su derecho a la seguridad social[82]. Por ello, la Corte ha insistido en la importancia de aplicar el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes durante los trámites de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. 67. En este contexto, se debe recordar que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un mandato que obliga a las autoridades legislativas, judiciales y administrativas a adoptar decisiones orientadas a garantizar la protección prevalente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes[83]. Este principio impone al Estado el deber de garantizar la primacía de dichos derechos y se encuentra consagrado en los artículos 13 y 44 de la Constitución Política, en la Ley 1098 de 2006, los artículos 3.1, 3.2 y 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989[84], en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969[85] y en el artículo 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[86]. 68. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, las autoridades deben adelantar todas las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la seguridad social, que a su vez se encuentra estrechamente vinculado con los derechos a la vida digna y al mínimo vital[87]. Por ello, la Corte ha considerado que se desconoce el debido proceso[88] y el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes[89] cuando el reconocimiento o el pago de la pensión de sobrevivientes se condiciona al cumplimiento de requisitos meramente formales que, según las circunstancias particulares, pueden resultar desproporcionados y obstaculizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. 69. En consecuencia, esta Corporación ha precisado que, frente a la posible desproporcionalidad de ciertos requisitos formales, la aplicación del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes en los trámites pensionales impone a las entidades la obligación de flexibilizar las exigencias documentales para el pago de la pensión de sobrevivientes de hijos menores de edad. Para tal efecto, deben considerarse las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades específicas del joven y las condiciones de urgencia, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes huérfanos de padre y madre[90], quienes constituyen una de las poblaciones más vulnerables y con mayor necesidad de protección por parte del Estado y de la sociedad[91]. 70. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido que, si bien ante la ausencia de los padres, en principio debe acreditarse la calidad de guardador, las administradoras de fondos de pensiones están facultadas para aplicar la excepción de inconstitucionalidad[92] cuando adviertan una clara contradicción entre los requisitos exigidos para demostrar dicha condición y mandatos constitucionales, como el interés superior de los niños, niñas y adolescentes[93]. 71. De allí que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, no resulte necesario aportar la sentencia de designación de guarda emitida por un juzgado de familia ni el registro civil de nacimiento con la respectiva nota marginal para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes[94]. En este contexto, será suficiente con que se acredite que: (i) los progenitores del niño, niña o adolescente han fallecido o se encuentran imposibilitados para ejercer la potestad parental; (ii) la persona que tiene a su cargo el cuidado del niño, niña o adolescente es un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad; (iii) que dicho familiar realiza actos concretos de cuidado respecto del joven[95]; y (iv) que los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente se encuentran en riesgo de ser vulnerados[96]. 72. Cabe resaltar que esta regla no exime a la persona a cargo del niño, niña o adolescente de la obligación de iniciar un proceso ante la jurisdicción ordinaria, dentro de los cuatro meses siguientes, con el fin de obtener el reconocimiento formal como guardador o curador[97]. 73. En suma, en múltiples casos la Corte[98] ha instado a las administradoras de pensiones a abstenerse de exigir de manera rígida la designación formal de un guardador como condición para autorizar el pago de las mesadas pensionales. Ello, en la medida en que el acceso efectivo de los niños, niñas y adolescentes a la pensión de sobrevivientes exige una interpretación flexible de los requisitos, especialmente cuando su aplicación estricta pone en riesgo la garantía de sus derechos fundamentales. 6. Análisis del caso concreto 74. De acuerdo con lo señalado en líneas anteriores, en el presente asunto la Corte comprobó la configuración de la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, toda vez que la administradora de pensiones reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de Francisco, en calidad de hijo menor de edad del causante. Ello ocurrió tras el pronunciamiento del juez de familia, quien mediante sentencia judicial designó a su abuela materna, Martina, como guardadora del adolescente. 75. No obstante, y en atención al rol que cumple esta Corporación en la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, en el presente apartado se analizará la actuación desplegada por Protección S.A. Para ello, se retomarán las reglas normativas y jurisprudenciales expuestas en las consideraciones de esta providencia, con el fin de determinar si la administradora de pensiones impuso barreras administrativas para reconocer de forma oportuna la pensión de sobrevivientes a un adolescente, tras el fallecimiento de ambos progenitores. En particular, se cuestiona la exigencia del registro civil de nacimiento con nota marginal de designación de guarda como requisito para estudiar la solicitud pensional, lo cual plantea un posible desconocimiento del derecho al debido proceso, del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y de sus derechos fundamentales en el caso concreto. 76. En primer lugar, los fondos de pensiones no pueden exigir requisitos extralegales para el reconocimiento de la pensión. En este caso, Protección S.A. vulneró los derechos fundamentales del agenciado al exigir el registro civil de nacimiento del adolescente con la nota marginal de designación de guarda como condición para estudiar de fondo la solicitud pensional. Pues, para dicho reconocimiento bastaba acreditar: (i) la calidad de hijo a través del registro civil de nacimiento...