Sentencia T-376 de 2020

T-376-20 Sentencia T-376/20 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad DERECHO A LA ASOCIACION SINDICAL-Fundamental DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL-Alcance Esta Corporación ha señalado que las asociaciones sindicales, en virtud del derecho a la libertad sindical, adquieren: iv) la facultad de formular las reglas relativas a la organización de su administración, así como las políticas, planes y programas de acción que mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación; v) la garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa, sino por vía judicial; vi) el derecho para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e internacionales y vii) la inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Protección constitucional e internacional DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL-Jurisprudencia constitucional/DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL-Elementos esenciales del núcleo esencial La libertad de asociación sindical se compone de los siguientes elementos esenciales: (i) todo trabajador sin distinción de su origen, sexo, raza, nacionalidad, orientación política, sexual o religiosa entre otras, que se identifique en un grupo con intereses comunes tiene el derecho a asociarse libremente; (ii) la prohibición de intervención estatal se circunscribe a abstenerse de interferir en el ámbito de constitución, organización y funcionamiento interno, los cuales son exclusivos del sindicato, siempre y cuando no transgredan la legalidad; (iii) la garantía constitucional de libertad de asociación protege a la colectividad por lo que ésta prima sobre los derechos subjetivos del trabajador que puedan concurrir o colisionar con los derechos de la organización y (iv) la disolución o cancelación de la personería jurídica de un sindicato solo puede darse por vía judicial DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Restricciones que no vulneren núcleo esencial DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Servidores públicos y trabajadores oficiales Los sindicatos de trabajadores oficiales se rigen por las normas del derecho laboral colectivo que aplican para los empleados particulares, razón por la cual pueden negociar y suscribir convenciones colectivas de trabajo; por otra parte, los sindicatos de empleados públicos están sujetos a normas que restringen su alcance, siendo lo más relevante la prohibición de presentar pliegos de peticiones o celebrar convenciones colectivas y las funciones específicas que prevé el Estatuto Laboral, en su artículo 414 DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL DEL SERVIDOR PUBLICO-Garantías para su efectiva protección y limitaciones razonables Las limitaciones para los sindicatos de empleados públicos son razonables “si se considera que allí están consagrados los objetivos básicos perseguidos por toda asociación sindical, pero teniendo en cuenta que tales servidores tienen a su cargo el ejercicio de la función pública en sus distintas modalidades y la prestación de los servicios públicos. (…). Se circunscribe a definir -dentro del campo de aplicación que la Carta prevé e inclusive con idéntica limitación a la contemplada en ella- cuál es el ámbito personal del derecho de asociación en sindicatos de trabajadores, es decir, mediante el precepto se señala quiénes pueden constituirlos. Sí, (…) el Constituyente no introdujo entre los servidores del Estado distinción alguna en punto de la asociación sindical, aparte de la relacionada con la Fuerza Pública, es necesario concluir que el legislador quedó facultado a la luz de la normatividad superior -lo estaba inclusive antes de la Carta del 91- para disponer en forma expresa que el indicado derecho cobija a todos los trabajadores del servicio oficial con la excepción dicha” DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA DEL SERVIDOR PUBLICO/SERVIDOR PUBLICO-Procedimientos de solución de controversias Con el fin de armonizar estos dos conceptos: derechos de sindicalización y fijación unilateral de salarios y de condiciones de trabajo, la Corte ha precisado que la Constitución reconoce a todas las personas el derecho a participar en las decisiones que puedan afectarlas, que, en materia de conflictos de trabajo, la Carta impone como deber del Estado promover la concertación y otros medios de similar naturaleza para la solución pacífica de las controversias (art. 55). Por consiguiente, los empleados públicos tienen derecho a participar en la definición de sus condiciones de trabajo, porque se trata de asuntos que indudablemente los afectan, y, por ende, “nada en la Carta se opone a que los empleados públicos formulen peticiones a las autoridades sobre sus condiciones de empleo y las discutan con ellas con el fin de lograr un acuerdo en la materia, lo cual implica que el derecho de negociación colectiva no tiene por qué considerarse anulado” DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL DE CONTRATISTAS DEL ESTADO-Protección constitucional los contratistas, personas naturales, del Estado son una categoría de ciudadanos al servicio del Estado aparte de los trabajadores oficiales y de los empleados públicos, que pueden gozar del derecho de asociación sindical, en la medida en que así lo dispone la Carta cuando reconoce este derecho a todos los trabajadores sin importar el tipo de vinculación o de si se trata de una empresa privada o una entidad pública. También, porque no se encuentran dentro de la exclusión constitucional de esta prerrogativa, pues no son miembros de la Fuerza Pública y porque a la luz de los Convenios 87 y 98 de la OIT, parte del bloque de constitucionalidad, este derecho se reconoce a todos los trabajadores sin ninguna distinción. DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL DE CONTRATISTAS DEL ESTADO-Alcance/DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL DE CONTRATISTAS DEL ESTADO-Limitaciones ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto sustantivo por cuanto autoridad judicial no aplicó el régimen previsto en la ley para constituir sindicatos de empleados públicos Se configura un defecto sustantivo, en la medida en que la interpretación hecha por el Tribunal accionado no se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia. Lo anterior, por cuanto dicha autoridad judicial, aun cuando advirtió que la naturaleza jurídica de la entidad empleadora, Defensoría del Pueblo, era pública y el tipo de vinculación laboral que tenían los trabajadores con dicha entidad, era para algunos una relación legal y reglamentaria y para otros un contrato de prestación de servicios, no aplicó el régimen previsto en la ley para constituir sindicatos de empleados públicos, sino que se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para constituir únicamente sindicatos de empresa, es decir, la decisión se fundó en una interpretación no sistemática del Código Sustantivo del Trabajo. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION SOBREVINIENTE-Requisito de constitución del sindicato fue subsanado Referencia: Expediente T-4.485.608. Acción de tutela presentada por la Defensoría del Pueblo contra la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá D.C., dos (2) de septiembre de dos mil veinte (2020) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente, SENTENCIA En la revisión del fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de julio de 2014, con ocasión del trámite del amparo constitucional promovido por la Jefe de la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo contra la decisión judicial dictada por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso sumario de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP- que adelantó dicha entidad. I. ANTECEDENTES 1. La solicitud El 12 de marzo de 2014, la Jefe de la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo formuló acción de tutela contra la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por considerar que la sentencia proferida por dicha autoridad judicial, el 18 de noviembre de 2013, en el trámite del proceso sumario de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la entidad que representa, toda vez que incurrió en un defecto sustantivo, al aplicar indebidamente el Código Sustantivo del Trabajo, respecto de los requisitos mínimos necesarios para conformar un sindicato de empresa. La situación a partir de la cual se plantea la presente acción es la que a continuación se expone: 2. Reseña fáctica 2.1. El 8 de abril de 2013, el apoderado judicial de la Defensoría del Pueblo presentó demanda ante la jurisdicción laboral con el fin de que se ordenara la suspensión, disolución, liquidación y cancelación del registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-. Lo anterior, tras considerar que dicha agrupación no se constituyó con el número mínimo de 25 trabajadores exigidos por la ley[1] para conformar un sindicato de empresa, en la medida en que si bien fue registrado con 30 miembros, solo 19 de ellos ostentan la calidad de funcionarios públicos, toda vez que ocupan empleos provistos en provisionalidad o están inscritos en el respectivo escalafón de carrera, mientras que los 11 restantes son personas naturales que prestan servicios profesionales a la entidad, mediante contratos estatales. 2.2. De la demanda conoció, en primera instancia, el Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, despacho que mediante sentencia del 1º de noviembre de 2013 ordenó la disolución, liquidación y cancelación del registro sindical de ASEMDEP. Lo anterior, con base en los siguientes argumentos: El A quo, tras reiterar (i) lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo sobre los sindicatos de empresa y el número mínimo de 25 afiliados, vinculados a la entidad, que requiere todo sindicato de trabajadores para constituirse o subsistir; (ii) la inexistencia de una relación de subordinación entre los contratistas y la entidad contratante; y (iii) el alcance del principio de autonomía sindical, entendido como la facultad para determinar y adoptar los estatutos internos de la organización sin la injerencia del Estado, en aquellos asuntos que no han sido regulados por el legislador, concluyó que ASEMDEP, al momento de su constitución no cumplió con el requisito de contar con mínimo 25 afiliados, pues a pesar de que tenía 30 miembros, 11 de ellos no tenían una relación de subordinación con la entidad, pues eran contratistas. 2.3. Inconforme con la anterior decisión, ASEMDEP interpuso recurso de apelación y, como sustento del mismo, sostuvo que el derecho de asociación sindical ha sido definido por la Corte Constitucional como aquel que radica en cabeza de los trabajadores, entendidos estos, como las personas que trabajan para garantizar su mínimo vital, sin diferenciar el tipo de vinculación laboral. Por ello, a su juicio, basta con que se acredite que la persona depende de su trabajo, para ser sujeto de tal garantía fundamental. En ese sentido, considera que la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo fue constituida en debida forma, pues para constituir un sindicato de empresa únicamente se requiere que sus miembros tengan en común la prestación del servicio a la entidad, requisito que cumple el mencionado sindicato, de acuerdo con los artículos 356 y 359 del Código Sustantivo del Trabajo. Así mismo, refiere que tanto los empleados públicos como los contratistas independientes tienen derecho a asociarse en los organismos sindicales que estimen convenientes, sin que el Estado mediante su actuar pueda tener injerencia, ya que estos se rigen por sus estatutos, los cuales, para el caso concreto, reconocen el derecho de asociación sindical de los servidores públicos y contratistas independientes de la Defensoría del Pueblo. 2.4. El 18 de noviembre de 2013, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, al resolver el recurso de apelación, decidió revocar la sentencia proferida en primera instancia. Dicha Corporación estimó que la lectura del artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo, a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos, permite concluir que el número de afiliados que integran el sindicato-ASEMDEP- satisface el requisito exigido, pues no es “ilegitimo inventariar a quienes ostentan el cariz de contratistas”. Así mismo, señaló que, para pertenecer a un sindicato de empresa, de acuerdo con el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, no es necesario que el afiliado tenga la condición de estar vinculado por un contrato de trabajo. De igual forma, precisó que dicha interpretación resulta acorde con la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. en el caso 2498, informe 353, que resolvió una queja contra el gobierno colombiano en la que se estableció que la garantía para ejercer el derecho a la libertad de asociación no se funda en la existencia de un vínculo laboral con un empleador. Sobre la fuerza vinculante de las recomendaciones de los órganos de control de la OIT- como el Comité de Libertad Sindical- indicó que, según la Corte Constitucional[2], estas deben ser acatadas cuando tienen origen en actuaciones del Estado miembro, contrarias a los tratados internacionales incorporados al ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 53 de la Carta Política. 3. Fundamentos de la acción y pretensiones El apoderado judicial de la entidad demandante fundamenta su solicitud de amparo constitucional en la idea según la cual el fallo proferido por la autoridad judicial accionada comporta un defecto sustantivo. A su juicio, dicho defecto se configura al haberse desatendido una norma aplicable al caso concreto, toda vez que la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá no aplicó lo dispuesto por el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo que dispone: “Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a veinticinco (25) afiliados; y todo sindicato patronal no menos de cinco (5) {empleadores} independientes entre sí.” Para la entidad accionante, dicha disposición establece unos requisitos específicos para la conformación del sindicato de empresa, y utiliza la expresión “trabajadores” para referirse a este tipo de sindicato, por oposición al sindicato conformado por empleadores. En ese contexto, considera que aun cuando las personas naturales, que prestan sus servicios a la entidad a través de contratos, son titulares del derecho de asociación consagrado en el artículo 38 de la Constitución política, de acuerdo con el tenor literal de la norma citada, el sindicato de empresa está diseñado exclusivamente para las personas que ostentan la calidad de trabajadores, condición que no cumplen los mencionados contratistas. Afirma que la anterior interpretación resulta coherente con otras disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que utilizan igualmente la expresión “trabajadores”. En primer lugar, refiere que el mencionado código tiene por objeto “lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social” (art.1º), y “regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares” (art.3º). La segunda parte del Código se refiere al “derecho colectivo del trabajo”, y el Título I regula todo lo concerniente a los “sindicatos”. El artículo 353, al referirse al derecho de asociación, utiliza el vocablo “trabajadores” (numeral 1º, inciso 2º, del numeral 2º), y el artículo 356, por su parte, se refiere expresamente a los “sindicatos de trabajadores” e indica que los sindicatos de “trabajadores” se clasifican en: (i) de empresa, (ii) de industria, (iii) gremiales y vi) de oficios varios. Por otro lado, el artículo 358, al referirse a la libertad de afiliación señala expresamente que “los sindicatos son organizaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores”. En virtud de lo anterior, señala que la utilización del vocablo “trabajadores” en el referido artículo 359 no obedece a un simple capricho del legislador, sino que, por el contrario, responde a la filosofía del Código Sustantivo del Trabajo, que se ocupa de regular las distintas relaciones laborales y, por ende, sus principales destinatarios son justamente las personas que ostentan la calidad de “trabajadores”. Sobre el particular, indica que dicha connotación tiene importantes consecuencias jurídicas, pues la condición de trabajador supone la existencia de una relación laboral, cuyos elementos son: (i) la actividad personal del trabajador, (ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador, que para el caso del sector público faculta a la administración para que el trabajador cumpla un manual específico de funciones, cumpla ordenes respecto de la forma en que debe desarrollar ciertas actividades, y (iii) un salario como retribución del servicio. Tratándose específicamente de la Defensoría del Pueblo, los trabajadores -o empleados- de esta entidad son aquellas personas vinculadas mediante una relación legal y reglamentaria, que han sido nombradas en uno de los cargos de la planta de personal, a través de un acto administrativo expedido por el nominador, que toman posesión del mismo y son catalogadas como servidores públicos. En ese contexto, el artículo 135 de la Ley 201 de 1995 clasifica los empleos de la Defensoría del Pueblo en empleos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción. Señala que las personas naturales que prestan sus servicios a la entidad, mediante el contrato estatal regulado por la Ley 80 de 1993, no tienen una relación de carácter laboral administrativo con esta, sino un vínculo contractual que se rige por las normas propias del estatuto general de contratación de la administración pública. Así pues, aun cuando las personas naturales que prestan servicios profesionales o de apoyo a la gestión de la entidad reciben una contraprestación económica por tal labor- comúnmente denominada honorarios-, su condición no puede ser equiparable a la de los trabajadores -servidores públicos-, como quiera que en los primeros no media una relación laboral y no se presentan los elementos característicos de la misma, concretamente el elemento de subordinación. En ese orden de ideas, afirma que en virtud de las diferencias que existen entre las personas que ostentan la calidad de trabajadores y aquellas que prestan servicios a través del contrato estatal se puede concluir que estas últimas no tienen la posibilidad de pertenecer a un sindicato de empresa, pues dicha figura se encuentra diseñada exclusivamente para los trabajadores, según el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo. Aduce que esta Corporación, al estudiar la constitucionalidad de un aparte del artículo 359 del mencionado Código Sustantivo del Trabajo, en sentencia C-201 de 2002, determinó que el requisito de 25 afiliados que exige la norma para la constitución de un sindicato de empresa no es irrazonable, por el contrario, es necesario y proporcional a la finalidad que persigue, que es la de garantizar una estructura y organización mínima y de carácter democrático del sindicato. De conformidad con lo anterior, sostiene que la citada jurisprudencia delimita la conformación del sindicato de empresa para las personas que ostentan la calidad de trabajadores y, en ningún momento contempla la posibilidad de que los contratistas puedan afiliarse a este tipo de asociación sindical. De igual forma, refiere que la Corte Constitucional ha señalado que la libertad sindical es la facultad que tienen tanto empleadores como trabajadores de constituir libremente sindicatos y asociaciones sin la intervención o injerencia del Estado. Dicho derecho se reconoce como derecho humano, universal, a todas las personas que tengan la condición de trabajadores para que puedan agruparse en organizaciones que representen los intereses que son comunes a todas ellas en el ámbito laboral. En ese contexto, para la Defensoría del Pueblo es claro que las personas naturales que prestan servicios a la entidad, a través de contratos estatales, tienen el derecho de asociarse en virtud del artículo 38 de la Constitución. Sin embargo, esto no implica que puedan constituir sindicato de empresa, pues se desconocería el contenido y alcance del derecho a la libertad sindical. Por consiguiente, considera que la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, al avalar la constitución del sindicato-ASEMDEP- aplicó de forma inadecuada el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los requisitos necesarios para conformar un sindicato de empresa, bajo un argumento que no es oponible al caso en mención, es decir, invocó un derecho cuya titularidad, por su contenido y estructura, no puede ser reivindicado por aquellas personas que prestan sus servicios a entidades públicas a través de contratos estatales. En ese sentido, advierte que el juez del caso debió interpretar dicha disposición atendiendo a su tenor literal, y de manera armónica y sistemática con las demás disposiciones del Código que utilizaban igualmente la expresión “trabajadores” y resultaban concordantes con la materia regulada. Finalmente, aduce que la interpretación que hizo la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá desnaturaliza el contrato estatal de prestación de servicios, el cual, según el artículo 32 del Estatuto General de Contratación Pública, se caracteriza por (i) celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializado, (ii) no genera relación laboral ni prestaciones sociales y (iii) debe celebrarse por el termino estrictamente indispensable. En ese contexto, advierte que permitir que personas vinculadas por contrato de prestación de servicios conformen sindicatos de empresa implica que se les reconozcan una serie de beneficios y prerrogativas, como por ejemplo, la posibilidad de gozar de fuero sindical, el cual, según el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, se traduce en la garantía de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo. Según la Defensoría del Pueblo, si se mantiene en firme el fallo proferido el 18 de noviembre de 2013 por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá se estaría sentando un precedente que obligaría a la entidad a incurrir en escenarios ilegales, como por ejemplo que tenga que prorrogar indefinidamente el plazo de un contrato estatal o que se le impida hacer uso de facultades exorbitantes, como la declaratoria de caducidad, la terminación o modificación unilateral del contrato o que se le obligue a contratar, de manera permanente e indefinida, un servicio que eventualmente puede no requerir o no estar contemplado en su plan anual de adquisiciones, so pretexto de que el contratista goza de las prerrogativas del fuero sindical. De conformidad con lo expuesto, solicita al juez del amparo: “(i) TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, invocado en la presente acción de tutela, vulnerado por haberse adoptado una decisión judicial en contravía del ordenamiento jurídico que hace necesaria la procedencia del amparo reclamado por la configuración de un defecto sustancial contenido en la decisión cuestionada, y en consecuencia, (ii) DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del dieciocho (18) de noviembre de 2013, proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. En su lugar, ordene proferir un nuevo fallo que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la presente demanda.” 4. Trámite procesal y respuesta de las demandadas Por Auto del 19 de marzo de 2014, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, admitió la acción de tutela y, con el fin de conformar debidamente el contradictorio, ordenó ponerla en conocimiento del Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá y de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-, a fin de que se pronunciaran respecto de los hechos y las pretensiones propuestas. El Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, durante el término previsto para pronunciarse, remitió a la Corporación el expediente que integra el proceso “Cancelación Personería Sindicato” Rad. 2013-00219, Demandante: Defensoría del Pueblo, Demandado: Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo- ASEMDEP-. 4.1. Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo- ASEMDEP-. De manera oportuna, el Presidente y Representante Legal de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP- dio respuesta a la acción de tutela, expresando su disentimiento frente a lo pretendido por la demandante y solicitando la declaratoria de improcedencia de la misma, con base en los siguientes argumentos: En primer lugar, sostuvo que, si bien el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo establece que todo sindicato necesita para constituirse o subsistir de un número no inferior a 25 afiliados, este no prevé que solo podrán ser miembros los trabajadores dependientes, es decir, dicha disposición no excluye a los trabajadores independientes que prestan, de manera personal, sus servicios a la entidad, mediante un contrato de prestación de servicios. Por lo tanto, los abogados que prestan sus servicios como defensores públicos de la Defensoría del Pueblo pueden afiliarse a ASEMDEP. Para confirmar dicho aserto, expresó que la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, que recoge los Convenios 87 y 98 suscritos con la OIT y el artículo 39 de la Carta Política, señala que únicamente se puede excluir del derecho de asociación sindical a los miembros de la fuerza pública. Así mismo, afirmó que la acción de tutela no cumplía con el presupuesto de inmediatez, toda vez que se acudió en busca del amparo cuatro meses después de que se profiriera el fallo acusado. De igual manera, considera que la entidad accionante no identifica de manera razonable los hechos que generaron la vulneración ni los derechos vulnerados. Además, advierte que no es cierto que todos los contratistas que forman parte de ASEMDEP tengan fuero sindical, pues, actualmente, solo ostentan dicha prerrogativa dos defensores públicos que forman parte de la Junta Directiva. 4.2. Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT- El Representante Legal de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT- solicita al juez de tutela negar el amparo solicitado, al considerar que el fallo acusado, lejos de vulnerar el ordenamiento jurídico colombiano, constituye un importante avance para la protección de los derechos de los trabajadores, pues da plena aplicación a los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y a las Recomendaciones presentadas por el Comité de Libertad Sindical reconociendo su obligatoriedad, en aras de dar solución a la precaria condición en que se encuentran los trabajadores contratistas en Colombia. Sostiene que la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá no incurrió en un defecto sustantivo, al proferir la sentencia de 18 de noviembre de 2013, pues dicha decisión está fundamentada en preceptos legales vigentes en el ordenamiento colombiano, tales como la Ley 26 de 1976, que aprobó el Convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo, y que establece el derecho de constituir organizaciones, en cabeza de todos los trabajadores sin distinción alguna y en el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo que prevé que los sindicatos de empresa se encuentran conformados por individuos que prestan sus servicios a la misma empresa, establecimiento o institución, es decir, no es necesario que estén vinculados mediante un contrato de trabajo. De igual manera, refiere que la decisión acusada se fundamentó en el informe 349, caso número 2498 del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo que dispone: “… El Comité recuerda que el artículo 2º del Convenio núm. 87 establece que todos los trabajadores sin distinción deben gozar del derecho de constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la sola excepción de las fuerzas armadas y la policía. El Comité ha considerado al examinar otros casos similares (véanse por ejemplo 304 o informe, caso núm 1796 y 336 o informe, caso núm 2347) que el criterio para determinar las personas cubiertas por este derecho no se funda en la existencia de un vínculo laboral con un empleador. En estas condiciones, y de conformidad con el artículo 2 del Convenio, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se inscriba sin demora al Sindicato Nacional de Trabajadores de las Organizaciones no Gubernamentales (SINTRAONG’S) y que lo mantenga informado al respecto…” De conformidad con lo expuesto, solicitó a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, declarar improcedente el amparo solicitado. II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN 1. Primera instancia Mediante sentencia proferida el 26 de marzo de 2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado, al considerar que la autoridad judicial demandada no actuó de manera negligente, pues en su decisión cumplió con el deber de analizar las realidades fácticas y jurídicas sometidas a su criterio, dentro del marco de autonomía y competencia que le es otorgada por la Constitución y la Ley. En ese contexto, señaló que, en efecto, la determinación adoptada por el Tribunal accionado de revocar el fallo proferido por el A quo y, en su lugar, declarar probada la excepción perentoria de “Inexistencia de la causal de disolución alegada por la Defensoría del Pueblo” obedeció a que de conformidad con las pruebas y la interpretación dada al artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con las recomendaciones dadas por la O.I.T. y los estatutos del sindicato, las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios pueden ser miembros de una asociación sindical. Indicó que, en dicha providencia, el Tribunal consignó las razones que tuvo en cuenta para tomar la decisión, así como la interpretación que dio a los hechos y las pruebas del proceso, sin que en la misma se advierta una actuación subjetiva y arbitraria del juzgador. De acuerdo con lo anterior, advirtió que la decisión atacada se fundamentó en argumentos que consultan las reglas mínimas de razonabilidad jurídica y que, sin lugar a dudas, obedecen a la labor hermenéutica propia del juez, sin que entonces sea dable al actor recurrir al uso de este mecanismo preferente y sumario, como si se tratase de una tercera instancia a la cual pueden acudir los administrados a debatir de nuevo sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, menos cuando en su momento fue sometido a los ritos propios de una actuación judicial. 2. Impugnación Contra la anterior decisión, la apoderada judicial de la entidad accionante presentó escrito de impugnación en el que señaló que la Defensoría del Pueblo no está en contra del derecho de asociación de los contratistas que prestan servicios a la entidad como defensores públicos, pues varios de ellos se encuentran agremiados en la Asociación Sindical de Carácter Gremial de Defensores Públicos de Colombia, sino que está en desacuerdo con la interpretación que hace la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá sobre la libertad de asociación sindical, pues este no es un derecho absoluto. Señala que en la providencia acusada, el Tribunal no aplica los requisitos de constitución de un sindicato de empresa y desconoce que la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-, al tener como objetivo la defensa de los intereses de empleados públicos de la entidad persigue fines y tiene requisitos distintos que los de una asociación de trabajadores independientes (de gremio) en la que podrían verse representados y defendidos los intereses de las personas que prestan servicios a través de contratos estatales y sobre los cuales la Defensoría del Pueblo no tiene ningún poder subordinante. 3. Segunda Instancia La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en fallo de 17 de julio de 2014, confirmó en su integridad el pronunciamiento adoptado en primera instancia, al considerar que la providencia acusada no es resultado de una decisión arbitraria o caprichosa, susceptible de ser catalogada como vía de hecho vulneradora de garantías fundamentales. Advirtió así mismo, que el principio de autonomía de la función jurisdiccional impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la cuestionada, solo porque la parte accionante no la comparte o tiene una comprensión diversa a la concretada en dicho pronunciamiento, el cual está sustentado en la normatividad aplicable. III. Revisión del proceso de tutela por parte de la Corte Constitucional Remitido el expediente de tutela de la referencia a esta Corte para su eventual revisión, la Sala de Selección Número Nueve, mediante Auto del 08 de septiembre de 2014, notificado el 25 de septiembre de 2014, dispuso su revisión a través de la Sala Tercera de Revisión. IV. INTERVENCIONES PRESENTADAS EN SEDE DE REVISIÓN Durante el trámite del proceso en Sede de Revisión, los presidentes del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado-SUNET-[3], la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-[4] y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia[5] presentaron escritos en los que solicitaron a esta Corporación confirmar las decisiones de 1ª y 2ª instancia proferidas por la Sala Laboral y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De otra parte, la Jefe de la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo[6] presentó un escrito en el que reiteró los argumentos expuestos en el libelo de la tutela, con el fin de que se deje sin efectos el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá- Sala Quinta de Decisión Laboral-, el 18 de noviembre de 2013, dentro del proceso de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical entablado por la Defensoría del Pueblo contra la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-. V. Actuaciones adelantadas por la Sala Tercera de Revisión Con el fin de allegar información relevante que orientara la decisión a proferir, mediante Auto del 15 de diciembre de 2014, el Magistrado Ponente ofició al Tribunal Superior de Bogotá -Sala Quinta de Decisión Laboral- para que remitiera, en calidad de préstamo, el expediente contentivo del proceso de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical entablado por la Defensoría del Pueblo contra la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-, a efectos de verificar los supuestos de hecho alegados como fundamento de la acción de tutela T-4.485.608. Así mismo, suspendió el término para fallar el proceso de la referencia, mientras se surte el trámite correspondiente y se evalúan las decisiones ínsitas en el proceso laboral que suscitó la presente causa. El 14 de enero de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, informó a la Secretaría de la Corte Constitucional que el expediente requerido no se encontraba en dicha Corporación, pues fue enviado al juzgado de origen, mediante Oficio 6136 del 27 de noviembre de 2013, motivo por el cual se remitió la solicitud de la Sala Tercera de Revisión a dicho despacho judicial para lo pertinente. El 20 de enero de 2015, la Secretaría General de la Corporación envío al despacho del Magistrado sustanciador oficio firmado por el secretario del Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, mediante el cual, en cumplimiento de lo ordenado en el anterior auto, remitió el expediente solicitado. Posteriormente[7], el magistrado sustanciador, al evaluar la información que suministró, en sede de revisión, la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo referente a “que en la actualidad nuestro colectivo sindical tiene presencia en veintitrés (23) departamentos del país, en los cuales el número de asociados ya se acerca a los quinientos (500)”, consideró necesario conocer el tipo de vinculación jurídica de cada uno de los afiliados a -ASEMDEP- con la Defensoría del Pueblo. En consecuencia, ofició a dicha entidad para que informara a esta Sala cuántos miembros tenía la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-. Así mismo, para que indicara qué tipo de vinculación jurídica tiene cada uno de los afiliados de ASEMDEP con la Defensoría del Pueblo, precisando si están vinculados mediante una relación legal y reglamentaria o a través de un contrato de prestación de servicios. El 31 de enero de 2019, la Secretaría General de la Corporación envío al despacho del Magistrado sustanciador un oficio firmado por el Vicepresidente de ASEMDEP, mediante el cual informa: La Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo “ASEMDEP” es una organización sindical de primer grado y de empresa, registrada ante el Ministerio de Trabajo con el NIT.900605215-9 que evalúa las modalidades y características del trabajo que se realiza en las diferentes dependencias de la Defensoría del Pueblo con el propósito de presentar solicitudes o proyectos que interesen a los asociados, encaminados a mejorar las condiciones de vida, de trabajo, bienestar social y la prestación del servicio. Refiere que el artículo 5 de los Estatutos de la Asociación prevé que para ser miembro del sindicato se requiere “Estar vinculado a la Defensoría del Pueblo en calidad de servidor público, en carrera administrativa o provisionalidad, pensionado de la misma entidad y/o contratista de prestación de servicios profesionales o administrativos”. Así pues, de acuerdo con los registros correspondientes al mes de diciembre de 2018, ASEMDEP contaba con 723 afiliados, de los cuales 182 estaban vinculados con la Defensoría del Pueblo, mediante una relación legal y reglamentaria y 541 a través de contratos de prestación de servicios para la defensa pública en materia penal. VI. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 08 de septiembre de 2014, proferido por la Sala de Selección Número Nueve de esta Corporación. 2. Legitimación en la causa por activa y por pasiva[8] Tal como lo prevé el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela es un instrumento de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades y, excepcionalmente, de los particulares, en aquellos casos previstos en la ley[9]. En desarrollo del citado mandato superior, el Decreto 2591 de 1991[10], en el artículo 10[11], definió los titulares de dicha acción[12], quienes podrán impetrar el amparo constitucional, (i) bien sea en forma directa (el interesado por sí mismo); (ii) por intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder judicial o mandato expreso); (iv) a través de agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa); o por conducto (v) tanto del Defensor del Pueblo como de los personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado expresamente su mediación o se adviertan situaciones de desamparo e indefensión)[13]. Así entonces, frente al asunto sub júdice, se tiene que la Defensoría del Pueblo, se encuentra legitimada por activa en el marco de la presente acción de tutela[14], como quiera que se trata de una autoridad pública que actúa por medio del jefe de la oficina jurídica[15], quien representa a dicha entidad como titular del derecho fundamental al debido proceso[16], presuntamente quebrantado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el trámite de un proceso sumario de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo, al proferir el fallo de 18 de noviembre de 2013 en el que presuntamente incurrió en un defecto sustantivo, por aplicar indebidamente el Código Sustantivo del Trabajo, respecto de los requisitos mínimos necesarios para conformar un sindicato de empresa. Por otro lado, en lo atinente al extremo procesal opuesto, conviene indicar que, en plena correspondencia con los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991[17], la legitimación en la causa por pasiva precisa del cumplimiento de dos requisitos. El primero de ellos, que se trate de uno de los sujetos frente a los cuales proceda el recurso de amparo y, el segundo, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión[18]. Pues bien, en el caso concreto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Quinta de Decisión Laboral está legitimado como parte pasiva en el trámite que se adelanta, habida cuenta de su naturaleza de autoridad judicial de la cual se predica la supuesta transgresión de la prerrogativa iusfundamental en discusión, por haber incurrido, según se pretende, en un defecto sustantivo, al proferir, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, la providencia atrás mencionada. 3. Planteamiento del problema jurídico De acuerdo con la situación expuesta en los antecedentes de esta providencia, le corresponde a la Corte establecer si la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la Defensoría del Pueblo, en la providencia de 18 de noviembre de 2013[19], proferida dentro del proceso sumario de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP, al negarse a disponer la disolución del sindicato y la cancelación de su personería jurídica, bajo la consideración de que es posible que las personas que prestan sus servicios a entidades públicas a través de contratos estatales de prestación de servicios, concurran como miembros fundadores de sindicatos de empleados públicos, de conformidad con los artículos 356 y 401 del Código Sustantivo del Trabajo y a la luz de lo señalado en la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. en el caso 2498[20] , consagrada en el informe 353. Para resolver el mencionado problema jurídico, previamente, debe la Sala verificar la acreditación de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En caso de resultar positivo ese análisis, se proseguirá con el estudio de la controversia de fondo. En los referidos términos, la Sala de Revisión expondrá (i) la doctrina reiterada por la jurisprudencia constitucional en torno a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, para luego, (ii) verificar en el caso concreto el cumplimiento de los requisitos generales previstos para ese efecto. Una vez se evidencie que ellos se encuentran debidamente acreditados, (iii) se procederá a caracterizar y resolver el defecto endilgado como causal específica de procedibilidad en el recurso de amparo bajo estudio. 4. Reiteración de jurisprudencia en torno a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la tutela es un mecanismo sumario, preferente y subsidiario de defensa judicial cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los casos previstos en la Constitución y en la Ley. En ese sentido, la acción de tutela, por regla general, es improcedente cuando mediante ella se pretenden cuestionar providencias judiciales, debido a que, por un lado, todos los jueces, en el ejercicio de sus competencias ordinarias, están llamados a asegurar la protección de los derechos fundamentales, y, por otro, los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, así como la garantía procesal de la cosa juzgada, impiden que un nuevo juez revise las decisiones ejecutoriadas. Pese a lo anterior, esta Corporación ha precisado que, excepcionalmente, el ejercicio de la tutela frente a providencias judiciales resulta viable, como mecanismo subsidiario y preferente de defensa judicial, en los casos en que se advierta que la actuación judicial viola o amenaza con vulnerar un derecho fundamental. Bajo esta circunstancia, el amparo procederá siempre y cuando se entiendan cumplidos, tanto los requisitos generales referidos a la procedencia de la acción de tutela, como los requisitos específicos, atinentes a la tipificación de las situaciones que conducen al desconocimiento de derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso. En cuanto hace a los requisitos generales, la Corte ha identificado que son aquellos cuyo cumplimiento se debe verificar antes de entrar en el estudio del fondo del asunto, pues habilitan la procedencia del amparo constitucional. Tales requisitos son: (i) que el caso sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado todos los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios procedentes antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión y resulte lesiva de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generaron la violación y que esta haya sido alegada en el proceso judicial de haber sido posible; y (vi) que el fallo censurado no se trate de una acción de tutela.[21] En lo relacionado con los requisitos específicos, estos fueron unificados en las denominadas causales de procedencia, a partir del reconocimiento de los siguientes defectos o vicios materiales: orgánico[22], sustantivo[23], procedimental[24] fáctico[25], error inducido[26], decisión sin motivación[27], desconocimiento del precedente constitucional[28] y violación directa a la Constitución. En suma, por regla general, debido a la necesidad de salvaguardar el valor de la cosa juzgada, la garantía de la seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, la acción de tutela no resulta procedente para controvertir el sentido y alcance de las providencias judiciales. Empero, excepcionalmente, se ha admitido dicha posibilidad, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, se observe que la decisión cuestionada haya incurrido en uno o varios de los defectos o vicios específicos y, por esa vía, se produzca una amenaza o vulneración de derechos fundamentales.[29] Ahora bien, teniendo como fondo las recién apuntadas reglas de naturaleza procesal y de conformidad con lo planteado en el acápite de delimitación del problema jurídico, inicia esta Sala por verificar si la presente acción de tutela contra una providencia judicial supera el examen de los requisitos generales antes mencionados. De ser así, se habilitará su estudio de fondo posterior. 5. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales Partiendo de las consideraciones plasmadas en el acápite precedente, encuentra la Corte que en el caso bajo estudio se cumplen los requisitos generales de procedencia establecidos por la jurisprudencia constitucional, como a continuación pasa a establecerse. 5.1. Que la controversia planteada sea constitucionalmente relevante La cuestión que se debate en el juicio que ocupa la atención de la Sala trasciende el ámbito de la mera legalidad y posee indiscutible relevancia constitucional, comoquiera que persigue la efectiva protección del derecho fundamental al debido proceso de la Defensoría del Pueblo presuntamente vulnerado por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien, mediante decisión del 18 de noviembre de 2013[30], habría permitido que siga operando un sindicato de empleados públicos que se habría constituido sin sujetarse a las previsiones legales, al considerar que las personas que prestan sus servicios a entidades públicas a través de contratos estatales, pueden hacer parte, como miembros fundadores, de sindicatos de empresa de servidores públicos, de conformidad con los artículo 356 y 401 del Código Sustantivo del Trabajo y la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. en el caso 2498[31], consagrada en el informe 353. A juicio de la entidad accionante dicha interpretación contraría lo previsto en el artículo 359 del estatuto laboral y podría dar lugar a que en la Defensoría del Pueblo se presenten escenarios contrarios a la ley, tales como: (i) tener que contratar, de manera permanente o indefinida, un servicio que eventualmente puede no requerir o no estar contemplado en su plan anual de adquisiciones, so pretexto de que el contratista goza de las prerrogativas del fuero sindical; (ii) así como no poder hacer uso de las facultades exorbitantes, como la declaratoria de caducidad, la terminación o modificación unilateral del contrato estatal. 5.2. Que previamente se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, a menos que se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable La Sala advierte que no cabe ningún recurso contra la decisión proferida, en segunda instancia, por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso sumario de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP. En efecto, el numeral 2º del artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que estas solicitudes deberán formularse “ante el juez del trabajo del domicilio del sindicato (…), y se tramitarán conforme al procedimiento sumario” dispuesto en el propio artículo. Así las cosas, de conformidad con el literal g) del numeral en cita: “la decisión del juez será apelable, en el efecto suspensivo, para ante el respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial, el cual deberá decidir de plano dentro de los cinco (5) días siguientes en que sea recibido el expediente. Contra la decisión del Tribunal no cabe ningún recurso”. Por esta razón, la Sala encuentra que la providencia que dictó dicha corporación es una sentencia de última instancia que, de no prosperar la acción de tutela, quedaría amparada definitivamente por la garantía de la cosa juzgada. 5.3. Que la acción de tutela cumpla con el requisito de la inmediatez La Sala encuentra que el recurso de amparo constitucional fue entablado en un término razonable y proporcional al de la ocurrencia del hecho que presuntamente originó la vulneración, pues este se formuló tres meses después de cobrar ejecutoria la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá[32]. 5.4. Que la parte identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto fuere posible Por oposición a la informalidad que de ordinario caracteriza a la tutela, cuando esta se invoca contra providencias judiciales, es necesario que quien reclama la protección mencione los derechos afectados, identifique con cierto nivel de detalle en qué consiste la violación alegada y demuestre de qué forma aquella se aparta del ámbito del derecho o incurre en una actuación abusiva contraria al orden jurídico, debiendo, además, haber planteado el punto de manera previa en el respectivo proceso. Conforme a ese entendimiento, se tiene que, en el caso concreto, el jefe de la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo identificó en su escrito de tutela las razones por las cuales estimaba transgredidos derechos de raigambre fundamental a raíz de la decisión adoptada, en segunda instancia, por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Según la Defensoría del Pueblo, la vulneración alegada surge de la inaplicación, por parte de la autoridad judicial accionada, del artículo 359 del estatuto laboral, así como de la equivocada interpretación que realizó de los artículos 356 y 401 del Código Sustantivo del Trabajo y de la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. en el caso 2498, al proferir el fallo de segunda instancia dentro del proceso sumario de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-. En ese escenario, la Sala considera que no es dable exigir que el actor hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, pues, como se explicó anteriormente, contra la providencia acusada no procede ningún recurso judicial distinto a la acción de tutela. 5.5. Que la tutela no se dirija contra sentencias de tutela ni contra decisiones de constitucionalidad abstracta proferidas por la Corte Constitucional o por el Consejo de Estado Por último, debe puntualizarse que no se trata de una solicitud de amparo promovida contra una sentencia de tutela ni contra una decisión de constitucionalidad abstracta dictada por esta Corporación o de nulidad por inconstitucionalidad proferida por el Consejo de Estado. La objeción, como ya se ha tenido la oportunidad de señalar, versa sobre la providencia proferida el 18 de noviembre de 2013, en segunda instancia, por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso sumario de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-. 5.6. Que, tratándose de una irregularidad procesal, la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y afecte derechos fundamentales de la parte actora Cuando se trata de una irregularidad procesal, es indispensable que el vicio alegado incida de tal forma en la decisión final, que de no haberse presentado o haberse corregido a tiempo, habría variado sustancialmente la decisión[33]. La Sala advierte que en el caso objeto de estudio no es dable analizar este requisito, toda vez que en la demanda no se alega la ocurrencia de una irregularidad procesal. Es decir, en el asunto sub judice la entidad accionante no alega que la autoridad judicial haya actuado soslayando el procedimiento, sino más bien que, en el marco del proceso legalmente establecido, incurrió en un defecto sustantivo al aplicar indebidamente las normas del Código Sustantivo del Trabajo que regulan la conformación de un sindicato de empresa. Al acreditarse, entonces, el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales pasará la Sala de Revisión a efectuar una breve caracterización y análisis de la causal específica de procedibilidad denominada defecto sustantivo. 6. Caracterización de la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por la configuración de un defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia[34] Esta Corporación ha puntualizado que el defecto sustantivo predicable de una providencia judicial se origina en la interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas al caso analizado por el juez[35]. Sin embargo, para que este yerro dé lugar a la procedencia de la acción de amparo debe tratarse de una irregularidad que tenga trascendencia, esto es, que sea susceptible de suscitar un cambio en el alcance de la providencia cuestionada[36]. En este sentido, en la Sentencia SU-448 de 2011[37], la Corte identificó las principales circunstancias que generan que una providencia judicial incurra en un defecto sustantivo. Concretamente, en aquella ocasión se explicó que ello ocurre cuando: “(i) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente[38], b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada[39], c) es inexistente[40], d) ha sido declarada contraria a la Constitución[41], e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador[42]; (ii) Pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial[43]; (iii) La aplicación de la norma en el caso concreto no toma en cue...