Sentencia T-375 de 2015

T-375-15 Sentencia T-375/15 ACCION DE TUTELA PARA OBTENER PENSION CONVENCIONAL DE JUBILACION-Improcedencia por existir otro medio de defensa judicial y no se demostró perjuicio irremediable Referencia: Expedientes (i) T-4.102.696, (ii) T-4.317.649 y (iii) T-4.322.651. Acciones de tutela presentadas por (i) Ángel María Ramos Zúñiga, (ii) Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, (iii) Gilberto Seca Sanjuan y Jorge Morales Espinosa contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil quince (2015). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos de tutela expedidos dentro de los procesos de tutela iniciados por (i) Ángel María Ramos Zúñiga, (ii) Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, (iii) Gilberto Seca Sanjuan y Jorge Morales Espinosa contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad[1]. I. ANTECEDENTES 1. Hechos 1.1. El 4 de agosto de 1995, la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Empresa en Liquidación de Servicios Públicos Distritales de la ciudad y sus ex trabajadores, suscribieron un Acuerdo Laboral Definitivo en el que se estableció un plan pensional especial. Concretamente, en el numeral 6° se señaló que tendrían derecho a la prestación de jubilación: “1) quienes a 31 de diciembre de 1995, sumasen 55 puntos con un mínimo de 10 años de servicios a la Empresa y con cuarenta y cinco (45) años de edad, pensión que será igual al porcentaje que arroje la suma de puntos de edad más el tiempo de servicios. 2) quienes a 31 de diciembre de 1995 sumasen 59 puntos, con un mínimo de quince (15) años de servicios y cuarenta y cuatro (44) años de edad, pensión que será igual al porcentaje que arroje la suma de puntos de edad más tiempo de servicios[2]. Al total de puntos que arrojen los numerales 1 y 2, anteriormente citados, se le sumaran 10 puntos más, es decir, que el mínimo de la pensión de jubilación será del sesenta y cinco (65%) por ciento del salario promedio del trabajador sin que exceda del setenta y cinco (75%) por ciento del mismo.”[3] 1.2. Entre los años 2008 y 2013, los ciudadanos Ángel María Ramos Zúñiga, Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, Gilberto Seca Sanjuan y Jorge Morales Espinosa, en su calidad de ex trabajadores de la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena y de otras entidades oficiales, solicitaron a la Alcaldía Mayor de Cartagena y al Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad el reconocimiento y pago de la pensión convencional. 1.3. Las entidades accionadas denegaron las solicitudes, al considerar que los peticionarios no cumplían con los requisitos establecidos en la citada normatividad, ya que los actores: (i) no eran mayores de 44 años al 31 de diciembre de 1995, (ii) no habían laborado para entidades públicas más de 15 años, o (iii) se habían retirado de la extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales antes de la suscripción del Acuerdo Laboral Definitivo. 2. Demandas y pretensiones Los señores (i) Ángel María Ramos Zúñiga, (ii) Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, (iii) Gilberto Seca Sanjuan y Jorge Morales Espinosa presentaron sendas acciones de tutela contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad[4], al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, presuntamente desconocidos al habérseles negado el reconocimiento de la pensión consagrada en el numeral 6° del Acuerdo Laboral Definitivo a pesar de haber acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo. En efecto, los actores explicaron que le solicitaron a las demandadas el reconocimiento de la prestación, pero que sus peticiones no fueron contestadas favorablemente[5], desconociéndose que trabajaron para el Estado más de los 10 años requeridos por el Acuerdo Laboral, y que para el 31 de diciembre de 1995 contaban con la edad requerida[6]. Específicamente, los demandantes refieren la siguiente información de su historial laboral, para demostrar su derecho pensional: Expediente (i) T-4.102.696 Nombre del accionante Ángel María Ramos Zúñiga Fecha de nacimiento 1 de abril de 1959[7] Empleador Período laborado Cargo Ministerio de Defensa 09/05/1977 a 30/09/1978 Soldado[8] Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena 19/07/1982 a 22/07/1993 Bombero de línea[9] Total de tiempo laborado 12 años, 4 meses y 24 días Expediente (ii) T-4.317.649 Nombre del accionante Roque Martínez Ríos Fecha de nacimiento 1 de abril de 1942[10] Empleador Período laborado Cargo Ministerio de Defensa 01/02/1961 a 30/12/1962 Soldado[11] Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena 05/12/1963 a 16/09/1977 Vigilante[12] Total de tiempo laborado 15 años, 8 meses y 10 días Expediente (ii) T-4.317.649 Nombre del accionante Luis Forero Ruíz Fecha de nacimiento 9 de junio de 1949[13] Empleador Período laborado Cargo Puertos de Colombia 05/04/1971 a 15/02/1978 Winchero[14] Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena 21/12/1981 a 21/09/1989 Ayudante[15] Total de tiempo laborado 14 años, 7 meses y 10 años Expediente (iii) T-4.322.651 Nombre del accionante Gilberto Seca Sanjuan Fecha de nacimiento 5 de agosto de 1938[16] Empleador Período laborado Cargo Concejo Municipal de Cartagena 01/01/1981 a 02/04/1982 Chofer[17] Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena 02/04/1982 a 15/07/1993 Conductor IV[18] Total de tiempo laborado 12 años, 6 meses y 14 días Expediente (iii) T-4.322.651 Nombre del accionante Jorge Morales Espinosa Fecha de nacimiento 26 de octubre 1948[19] Empleador Período laborado Cargo Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena 27/10/1980 a 24/12/1980 Obrero supernumerario[20] Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena 10/02/1981 a 02/04/1981 Obrero supernumerario[21] Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena 26/03/1982 a 30/08/1993 Lector repartidor[22] Total de tiempo laborado 11 años, 8 meses y 20 días De igual manera, los accionantes referenciaron dos casos similares a los suyos, en los que las entidades demandadas reconocieron la pensión pretendida, por lo que, en aplicación del principio de igualdad, afirmaron que debe accederse a su solicitud. Concretamente, los peticionarios trajeron a colación las resoluciones 048 de 2004 y 203 de 2007, en las cuales se les otorgó una mesada de jubilación vitalicia a los señores Wilfredo Antonio Cabrera Ponce y Esteban Barbosa Palencia[23]. En relación con la procedencia de la acción, los actores afirmaron que son personas de avanzada edad, desempleadas, que se encuentran en una precaria situación económica que los obligó a residenciarse en municipios aledaños a la ciudad de Cartagena[24], donde se encuentran en tratamiento de las enfermedades que padecen[25]. En ese sentido, los peticionarios allegaron declaraciones extraprocesales en las que los comparecientes reseñan su situación financiera[26]. Así las cosas, los demandantes solicitaron que se protejan sus derechos fundamentales, y que en consecuencia se les ordene a las autoridades accionadas que les reconozcan las prestaciones de jubilación conforme a lo estipulado en el Acuerdo Laboral del 4 de agosto de 1995, junto con el respectivo retroactivo desde la fecha en la que cumplieron los requisitos para acceder a la pensión. 3. Contestación de las accionadas 3.1. Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena[27] El Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena solicitó declarar improcedentes los amparos pretendidos[28], argumentando que existen otros mecanismos para solucionar las controversias planteadas, como lo son las acciones ordinarias ante la jurisdicción laboral, máxime cuando los actores no probaron la ocurrencia de un perjuicio irremediable del cual se pueda deducir como necesaria la intervención del juez constitucional. En relación con el fondo del asunto planteado, la administración se opuso a las pretensiones de los demandantes, señalando que de conformidad con los artículos 467 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo, los accionantes no son beneficiarios del Acuerdo Laboral Definitivo celebrado el 4 de agosto de 1995, pues dicha normatividad sólo resulta aplicable para los trabajadores que se encontraban activos en dicha fecha y que cumplían estrictamente los requisitos de jubilación establecidos. De otra parte, el Fondo resaltó que los pronunciamientos jurisprudenciales citados por los peticionarios para respaldar sus pretensiones no resultan aplicables a sus casos, puesto que los mismos se refieren a controversias relacionadas con prestaciones del régimen de prima media con prestación definida que difieren de las condiciones para acceder a las pensiones convencionales solicitadas. Asimismo, la demandada afirmó que debe tenerse en cuenta para solucionar los casos en estudio que los peticionarios se retiraron voluntariamente de la empresa de servicios públicos extinta, y que pudieron seguir cotizando para obtener las prestaciones consagradas en el régimen general de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993. En torno a la posible vulneración del derecho de petición de los accionantes de los expedientes (ii) y (iii), la entidad explicó que a la fecha de presentación de los amparos no habían trascurrido más de los cuatro meses que le otorga la normatividad vigente para dar respuesta a los requerimientos presentados[29]; no obstante, afirmó que las resoluciones correspondientes ya fueron proferidas denegando sus solicitudes, y se encuentran en etapa de notificación. Finalmente, el Fondo accionado puso de presente que no resulta claro por qué los actores acuden ante los jueces de municipios diferentes a los del Distrito de Cartagena, cuando de los elementos de juicio allegados al proceso se evidencia que residen en la ciudad. 3.2. Alcaldía Mayor de Cartagena[30] La Alcaldía Mayor de Cartagena pidió declarar improcedente los amparos[31], señalando que para solucionar el conflicto pensional planteado los actores cuentan con otros mecanismos ante la jurisdicción ordinaria laboral, más aún cuando no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable. Asimismo, sostuvo el municipio que las acciones presentadas no satisfacen el presupuesto de inmediatez, en tanto, han trascurrido más de 15 años desde la fecha en la que fueron desvinculados los accionantes. II. TRÁMITE PROCESAL 1. Decisiones de primera y única instancia Mediante Sentencia del 23 de mayo de 2013[32], el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba (Bolívar) protegió los derechos de (i) Ángel María Ramos Zúñiga, y, a través de providencias del 28 de octubre[33] y del 11 de diciembre de 2013[34], el Juzgado Promiscuo Municipal de La Unión (Sucre) tuteló las prerrogativas fundamentales de (ii) Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, (iii) Gilberto Seca Sanjuan y Jorge Morales Espinosa. Los funcionarios judiciales tutelaron los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de los accionantes, y le ordenaron al Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena que les reconociera la pensión de jubilación consagrada en el Acuerdo Laboral del 4 de agosto de 1995, junto con el retroactivo correspondiente, teniendo en cuenta los montos y fechas que se sintetizan en el siguiente cuadro: Accionantes Monto de la pensión (% del último salario promedio devengado) Fecha desde la que se reconoce la prestación Ángel Ramos Zúñiga[35] 68% 01/04/2006 Roque Martínez Ríos[36] 75% 04/08/1995 Luis Forero Ruíz[37] 70% 04/08/1995 Gilberto Seca Sanjuan[38] 75% 04/08/1995 Jorge Morales Espinosa[39] 68% 04/08/1995 Las decisiones adoptadas se basaron en que las acciones de tutela eran procedentes, dado que si bien existían otros mecanismos judiciales para resolver los conflictos jurídicos planteados, del estudio de las circunstancias específicas de cada caso se evidenciaba la existencia de un perjuicio irremediable que hacía necesaria la intervención del juez constitucional, toda vez que los peticionarios son sujetos de especial protección, pues son personas de la tercera edad, que se encuentran desempleadas, sin los recursos económicos para velar por su subsistencia, y padecen problemas de salud[40]. En relación con el fondo de los asuntos en examen, los despachos estimaron que los actores cumplían con los requisitos necesarios para acceder a la pensión establecida en el Numeral 6° del Acuerdo Laboral Definitivo, pues para el 31 de diciembre de 1995 eran mayores de 45 años[41] y habían prestado sus servicios al Estado por más de 10 años, como se evidencia en el siguiente cuadro: Accionantes Edad al 31 de diciembre de 1995 Tiempo de servicio Ángel Ramos Zúñiga 36 años[42] 12 años, 5 meses y 24 días Roque Martínez Ríos 53 años 13 años, 9 meses y 11 días Luis Forero Ruíz 46 años 14 años, 7 meses y 10 días Gilberto Seca Sanjuan 57 años 11 años, 4 meses y 13 días Jorge Morales Espinosa 47 años 11 años, 4 meses y 2 días 2. Impugnación Tanto la Alcaldía Mayor de Cartagena como el Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad impugnaron las decisiones proferidas en los expedientes (ii) y (iii)[43], reiterando los argumentos expuestos en la contestación de los amparos sobre la improcedencia de las acciones presentadas ante la existencia de otros mecanismos judiciales para resolver las controversias planteadas, y el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad convencional para el reconocimiento de las prestaciones pretendidas, en especial, la exigencia contenida en el “Anexo Único”, según la cual para ser beneficiario del acuerdo convencional debía demostrarse la calidad de trabajador activo al momento de suscripción del mismo. Igualmente, las entidades explicaron que los fallos de primera instancia deben ser revocados, pues se reconocieron pensiones de jubilación de forma irregular, afectándose el erario público y desconociéndose el deber del juez constitucional de velar por la protección del derecho colectivo al patrimonio del Estado. 3. Decisiones de segunda instancia A través de sentencias del 11 de diciembre de 2013[44] y del 30 de enero de 2014[45], el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos (Sucre) confirmó las decisiones de primera instancia en los casos (ii) y (iii), al considerar acertada la argumentación expuesta por el a quo. En efecto, el funcionario judicial sostuvo que, además de encontrarse acreditada la procedencia de las acciones ante la existencia de un perjuicio irremediable de los derechos de los actores, en el expediente está probado el cumplimiento de los requisitos para acceder a las prestaciones pensionales solicitadas. En relación con la argumentación desplegada por las demandadas sobre los destinatarios del acuerdo convencional, el juez estimó que no resultaba de recibo, ya que el “Anexo Único” no se refiere al beneficio pensional sino a la prerrogativa otorgada al personal de la empresa de ser vinculado a la nueva sociedad que se creó con el fin dar continuidad a los servicios públicos prestados por la compañía ante su liquidación. 4. Actuaciones en sede de revisión 4.1. Mediante Auto del 20 de enero de 2014, el Magistrado Sustanciador decretó pruebas con el fin de contar con la normatividad pensional convencional aplicable a los casos[46]. En atención a la anterior providencia, la asesora jurídica del Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena remitió copia[47]: (i) del Acuerdo Laboral Definitivo suscrito entre la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena en Liquidación y los representantes sindicales de la empresa[48]; (ii) de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Empresas Públicas Municipales de Cartagena y sus trabajadores oficiales para el período comprendido entre 1991 y 1993[49]; (iii) de la convención colectiva de trabajo suscrita entre las Empresas Públicas Municipales de Cartagena y sus trabajadores oficiales para el período comprendido entre el 10 de octubre de 1993 y el 9 de septiembre de 1995[50]. 4.2. El 13 de enero de 2014[51], el Director Administrativo del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena solicitó la acumulación de los siguientes procesos de tutela a los estudiados por esta Corporación, argumentando que se encuentran en la misma instancia, las pretensiones son iguales y la accionada en todos los casos es la entidad que representa[52]: Radicado Juzgado de origen Accionantes 007-2013 Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba (Bolívar) César Salcedo Yoli y Adolfo del Portillo Rodríguez 012-2013 Agustín Lara Rodríguez y Jairo Jiménez Conde 013-2013 Juan Medrano Soto, Victoriano Sabala Lamadrid, Miguel Ángel Severiche Ballestas y Fredis de Jesús Beltrán Pérez 016-2013 Rafael Arturo Martelo Viloria 027-2013 Jairo Magallanes Gonzáles, Luis Alfonso Rentería Hernández y Lubin Castro Castro 028-2013 Melecio Castro Ríos, Jairo de la Rosa Montes y Fernando Río Cohen 2012-0059-00 Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano (Bolívar) Luis Alejandro Meza Batista y José Ramón Castro Hernández 2013-0026-00 Felipa Arévalo Suárez y Benita Guardo Castillo Al respecto, el funcionario afirmó que también resulta pertinente la acumulación, toda vez que en dichos procesos los jueces de instancia accedieron a reconocer la pensión de jubilación a los accionantes, sin tener en cuenta que: (i) las solicitudes de amparo no cumplen con los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad[53]; (ii) no existe claridad sobre las relaciones laborales y las prestaciones sociales presuntamente debidas; (iii) la orden de pagar las pensiones reconocidas no es acorde con la normatividad vigente; (iv) las actuaciones posteriores para dar cumplimiento a lo ordenado en los fallos son objeto de investigaciones penales, disciplinarias y fiscales; (v) las demandas fueron presentadas en municipios distintos a Cartagena cuando los actores son residentes de la ciudad. De igual manera, el representante del Fondo Territorial explicó que las providencias mencionadas le han generado un grave detrimento patrimonial al erario público, por cuanto reconocieron de manera definitiva pensiones millonarias sin haberse acreditado los requisitos legales y convencionales, y desconociendo las reglas de prescripción. Específicamente, indicó que los jueces de instancia utilizaron el Acuerdo Laboral del 4 de agosto de 1995, sin consultar su ámbito de aplicación, ya que no tuvieron en cuenta que los accionantes se retiraron de la extinta Empresa antes de la suscripción de dicha normatividad, la cual fue prevista para beneficiar a los trabajadores activos al 26 de junio de 1995 o a la fecha de la liquidación[54], que iban a verse perjudicados por el cese definitivo de actividades de la compañía. Por otra parte, en cuanto a la posible vulneración del derecho a la igualdad, explicó que los casos que invocan los accionantes, estos son, los de Wilfredo Antonio Cabrera Ponce y Esteban Barbosa Palencia, son diferentes a los analizados en los recursos de amparo, porque las dos personas mencionadas se encontraban laborando para la empresa al 26 de junio de 1995 conforme a lo exigido en el Anexo Único del Acuerdo Laboral Definitivo. Además, que si bien no cumplían el requisito de la edad exigido, su reconocimiento pensional se basó en conciliaciones individuales celebradas ante el Ministerio de Trabajo. Asimismo, el Director Administrativo de la demandada informó que tampoco es posible reconocerles a los actores la pensión de jubilación conforme a las demás normas convencionales, porque al revisar sus hojas de vida se encuentra que se acogieron a un plan de retiro voluntario en el año 1993, otorgándoseles el pago de una indemnización. Igualmente, puso de presente que en el curso de las tutelas, se le ha vulnerado el derecho al debido proceso de la entidad, puesto que no fueron tenidas en cuenta las contestaciones e impugnaciones presentadas, por cuanto se aplicaron los efectos de los vencimientos de los términos procesales sin tener en cuenta la distancia que existe entre los municipios donde se interpusieron los amparos y la ciudad de Cartagena. También, advirtió que en la actualidad se tramitan incidentes de desacato con el fin de hacer cumplir dichos fallos. En ese orden de ideas, además de la acumulación, pidió declarar improcedente los amparos pretendidos y compulsar copias a los organismos disciplinarios correspondientes para que investiguen las posibles conductas irregulares en las que han incurrido las partes[55]. 4.3. Mediante escrito fechado el 17 de febrero de 2014, el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias respaldó la solicitud de acumulación elevada por el Director Administrativo del Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad, reiterando sus argumentos al respecto. De igual manera, anexó un documento en el cual informó que las pensiones hasta ahora reconocidas, han generado que el Distrito tenga la obligación de cancelar $5.553.652.999[56]. 4.4. A través de proveído del 7 de marzo de 2014, la Sala Tercera de Revisión solicitó a los juzgados promiscuos municipales de Córdoba y Zambrano, la remisión de los expedientes contentivos de los procesos reseñados por el Director Administrativo del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena, y suspendió el término para fallar mientras se recaudaban y analizaban las pruebas necesarias para resolver el caso. 4.5. La Sala de Revisión con el objetivo de precaver un perjuicio irremediable al interés público, mediante Auto 202 del 7 de julio de 2014[57], le ordenó al Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena que, de inmediato y hasta tanto se dictara fallo en el presente proceso o se dispusiera lo contrario, suspendiera el pago de los retroactivos pensionales decretados por autoridades judiciales de los departamentos de Bolívar y Sucre en los años 2013 y 2014, en pronunciamientos relacionados con acciones de tutela en las cuales se solicitaba el reconocimiento de las prestaciones pensionales consagradas en el Acuerdo Laboral Definitivo suscrito el 4 de agosto de 1995, entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Empresa en Liquidación de Servicios Públicos Distritales de la ciudad y sus ex trabajadores. 4.6. El 23 de septiembre de 2014[58], fueron remitidos al despacho del Magistrado Ponente los ocho expedientes solicitados en calidad de préstamo, de los cuales, además de advertirse que no fueron seleccionados por la Corte Constitucional para su revisión[59], puede inferirse que: a) En los siguientes casos, el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba tuteló de manera definitiva los derechos fundamentales de los respectivos accionantes y les reconoció la pensión de jubilación contemplada en el Numeral 6° del Acuerdo Laboral Definitivo del 4 de agosto de 1995: Expediente Accionantes Fecha de la sentencia 007-2013 (66 folios) César Salcedo Yoli y Adolfo del Portillo Rodríguez 7 de marzo de 2013[60] 013-2013 (64 folios) Juan Medrano Soto, Victoriano Sabala Lamadrid, Miguel Ángel Severiche Ballestas y Fredis de Jesús Beltrán Pérez 2 de mayo de 2013[61] 016-2013 (59 folios) Rafael Arturo Martelo Viloria 23 de mayo de 2013[62] b) En el asunto que se enuncia a continuación, el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba tuteló de manera definitiva los derechos fundamentales de los peticionarios y les reconoció la pensión por invalidez estipulada en el artículo 25 de la Convención Colectiva de 1993 a 1995 de la extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena: Expediente Accionantes Fecha de la sentencia 012-2013 (141 folios) Agustín Lara Rodríguez y Jairo Jiménez Conde 2 de mayo de 2013[63] c) En el expediente enlistado en seguida, el Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano tuteló de manera transitoria los derechos fundamentales de los respectivos actores y les reconoció la pensión de jubilación contemplada en la Convención Colectiva de 1993 a 1995 de la extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena: Expediente Accionantes Fecha de la sentencia 2012-0059-00 (163 folios) Luis Alejandro Meza Batista y José Ramón Castro Hernández 4 de septiembre de 2012[64] d) En el plenario que se mencionará, el Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano tuteló de manera transitoria los derechos fundamentales de las demandantes y les reconoció la sustitución pensional de la prestación de jubilación estipulada en el Numeral 6° del Acuerdo Laboral Definitivo del 4 de agosto de 1995, que le fuera reconocida en la misma sentencia a los señores Saturnino Blanquicet Puerta y José Miguel Castro Ruíz[65]: Expediente Accionantes Fecha de la sentencia 2013-0026-00 (99 folios) Felipa Arévalo Suárez y Benita Guardo Castillo 19 de marzo de 2013[66] e) En los siguientes asuntos, el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba aceptó el desistimiento presentado por los accionantes antes de que se profiriera la sentencia de primera instancia, y ordenó el archivo de las diligencias: Expediente Accionantes Fecha del auto 027-2013 (57 folios) Jairo Magallanes Gonzáles, Luis Alfonso Rentería Hernández y Lubin Castro Castro 24 de junio de 2013[67] 028-2013 (40 folios) Melecio Castro Ríos, Jairo de la Rosa Montes y Fernando Río Cohen 24 de junio de 2013[68] 4.7. El día 11 de diciembre de 2014, el despacho del Magistrado Sustanciador con el objetivo de determinar la vulneración actual de los derechos fundamentales de los accionantes, verificó en el Registro Único de Afiliados al Sistema General de Seguridad Social su estado de vinculación[69], encontrando que el señor Jorge Morales Espinosa[70] había sido retirado debido a su fallecimiento. La información relacionada con el deceso del peticionario fue confirmada por el grupo de Atención e Información Ciudadana de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante certificación del 11 de diciembre de 2014[71]. 4.8. El 25 de febrero y el 15 de abril de 2015, el señor Ángel María Ramos Zúñiga allegó al proceso de tutela copia de las Resoluciones 6647 y 6648 de 2014, a través de las cuales el Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena le reconoció la prestación consagrada en el Acuerdo Laboral celebrado el 4 de agosto de 1995 a los señores Adolfo Puello Hueto y José María Morales[72]. Asimismo, en un escrito anexo solicitó que al momento de resolver su solicitud de amparo se tuviera en cuenta que, además de los dos mencionados ciudadanos, existen cinco personas[73] más a quienes las entidades demandadas les han efectuado el pago de la pensión convencional[74]. III. CONSIDERACIONES y fundamentos 1. Competencia Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de los expedientes de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política[75]. 2. Cuestión previa: solicitud de acumulación de expedientes 2.1. Antes de analizar la procedencia de los asuntos seleccionados para revisión, este Tribunal deberá estudiar si es posible acceder a la solicitud de acumulación de los expedientes de tutela propuesta por el Director Administrativo del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena mediante escrito allegado el 13 de enero de 2014. Al respecto, la Sala considera que dicha petición resulta, frente algunos expedientes, improcedente, y en torno a otros, extemporánea. 2.2. Específicamente, los plenarios que se enlistan a continuación fueron archivados antes de proferirse sentencia de primera instancia en atención a la solicitud de desistimiento presentada por los respectivos actores, no existiendo por tanto fallo de amparo frente al cual la Corte pueda efectuar su revisión conjuntamente con los seleccionados, siendo así improcedente la petición de acumulación: Expediente Accionantes Fecha del auto 027-2013 Jairo Magallanes Gonzáles, Luis Alfonso Rentería Hernández y Lubin Castro Castro 24 de junio de 2013[76] 028-2013 Melecio Castro Ríos, Jairo de la Rosa Montes y Fernando Río Cohen 24 de junio de 2013[77] 2.3. De otra parte, en relación con los siguientes expedientes, este Tribunal estima que la pretensión de acumulación es extemporánea, pues fueron excluidos de revisión por diversas Salas de Selección de la Corte Constitucional hace más de un año y medio, implicando ello que el término para solicitar su examen por parte de esta Corporación ya haya vencido: No. de radicado de origen No. de radicado interno Accionantes Sala de Selección Fecha del Auto 007-2013 T-3.909.953 César Salcedo Yoli y Adolfo del Portillo Rodríguez Número Cinco 28 de mayo de 2013 012-2013 T-4.037.313 Agustín Lara Rodríguez y Jairo Jiménez Conde Número Nueve 12 de septiembre de 2013 013-2013 T-4.051.894 Juan Medrano Soto, Victoriano Sabala Lamadrid, Miguel Ángel Severiche Ballestas y Fredis de Jesús Beltrán Pérez Número Nueve 26 de septiembre de 2013 016-2013 T-4.057.758 Rafael Arturo Martelo Viloria Número Nueve 26 de septiembre de 2013 2012-0059-00 T-3.690.031 Luis Alejandro Meza Batista y José Ramón Castro Hernández Número Once 22 de noviembre de 2012 2013-0026-00 T-3.961.151 Felipa Arévalo Suárez y Benita Guardo Castillo Número Siete 18 de julio de 2013 2.4. En consecuencia, la Sala no accederá a la solicitud de acumulación pretendida por el Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena, pues el momento procesal establecido para realizar dicha petición ya precluyó. Con todo, esta Corporación examinará, al final de esta providencia, la necesidad de modular los efectos de las decisiones que se adopten en los casos en estudio para que, de ser pertinente, cobijen a los ciudadanos que se encuentren en situaciones similares a las que están los actores de los amparos de tutela en revisión[78]. 3. Procedibilidad de las acciones de tutela Previo al estudio de los casos examinados, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta y del Decreto 2591 de 1991[79], se sintetizan en (i) la afectación de derechos fundamentales; (ii) la existencia de legitimación por activa y (iii) por pasiva; (iv) la instauración del amparo de manera oportuna (inmediatez); y (v) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable o que tales vías no sean eficaces o idóneas (subsidiariedad). 4. Afectación de derechos fundamentales 4.1. El artículo 86 de la Constitución consagra la acción de tutela como un mecanismo judicial, preferente y sumario, para la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los casos previstos en la ley. Así pues, por su naturaleza, el amparo está llamado a operar en aquellos eventos en los que la situación fáctica exige la pronta adopción de medidas de protección, razón por la cual su eficacia radica en la posibilidad que tiene el juez de impartir una orden dirigida a garantizar la defensa actual e inminente de la prerrogativa afectada. 4.2. Por lo anterior, cuando la causa de la violación o amenaza de los derechos fundamentales cesa o desaparece, la acción de tutela pierde, en principio, su razón de ser, pues la orden que pudiera proferir el juez en defensa de tales prerrogativas no tendría ningún efecto, resultando innecesario un pronunciamiento de fondo. A este fenómeno la Corte lo ha denominado como carencia actual del objeto. 4.3. Ahora bien, como se reseñó, el señor Jorge Morales Espinosa[80] falleció durante el trámite del proceso constitucional, lo cual podría hacer inferir que su caso no ameritaría pronunciamiento alguno por parte de esta Corporación. En efecto, la muerte durante el procedimiento de amparo de la persona que acudió a la jurisdicción para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, permite al juez de tutela proferir una decisión desestimatoria de la solicitud de protección, dado que no tendría sentido tutelar derechos si su titular ya no existe. Sin embargo, la Corte ha sostenido que el fallecimiento del peticionario durante el trámite de la acción, no impide que emita un pronunciamiento sobre la cuestión objeto de debate, pues las funciones asignadas constitucionalmente exceden a las que cumple ordinariamente un tribunal de instancia[81]. 4.4. Por lo anterior, ha de tenerse en cuenta que Jorge Morales Espinosa se encontraba en una situación similar a la de los demás accionantes, por lo cual, las consideraciones que se hagan en esta providencia respecto a la procedencia de las acciones de tutela que serán estudiadas, servirán, a mero título ilustrativo, para determinar de qué manera los jueces de instancia debieron examinar la viabilidad del amparo. Con todo, como los jueces de instancia concedieron la protección deprecada, la Sala resolverá de fondo el asunto (iii) T-4.322.651, con el fin de establecer los derechos prestacionales y las obligaciones que podrían tener los familiares del difunto. 4.5. Por último, en los demás casos[82], la Sala encuentra satisfecho este presupuesto de procedibilidad, en tanto, los accionantes alegan la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, presuntamente afectados por la negativa de las demandadas de reconocerles la pensión de jubilación consagrada en el Acuerdo Laboral Definitivo del 4 de agosto de 1995, celebrado entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Empresa en Liquidación de Servicios Públicos Distritales de la ciudad y sus ex trabajadores. 5. Legitimación por activa Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 1° del Decreto 2591 de 1991, los ciudadanos (i) Ángel María Ramos Zúñiga, (ii) Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, y (iii) Gilberto Seca Sanjuan presentaron de manera personal la acción como titulares de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas. 6. Legitimación por pasiva De acuerdo con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política y 5° del Decreto 2591 de 1991[83], el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad, son demandables en proceso de tutela, puesto que son autoridades públicas, porque el primero es un ente territorial[84], y el segundo es una dependencia de la Alcaldía del anterior[85]. 7. Inmediatez 7.1. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela está prevista para la “protección inmediata” de los derechos fundamentales que se consideren vulnerados o amenazados. De esta forma, el ordenamiento superior busca asegurar que el amparo sea utilizado para atender vulneraciones que de manera urgente requieren de la intervención del juez de tutela[86]. 7.2. En los presentes casos, la Sala considera que el presupuesto de inmediatez se encuentra satisfecho, comoquiera que a la fecha de la presentación de los recursos de amparo, a los señores (i) Ángel María Ramos Zúñiga, (ii) Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, y (iii) Gilberto Seca Sanjuan no se les ha reconocido su derecho a la prestación de jubilación, a pesar de habérselo requerido en diferentes ocasiones a las demandadas, por lo que la posible vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital y a la seguridad social resulta actual, más aún cuando esta Corporación ha sostenido la imprescriptibilidad de los derechos pensionales de conformidad con el artículo 48 superior[87]. En efecto, para la Corte “el carácter imprescriptible del derecho a la pensión se deriva directamente de principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir a la sociedad, y además, se constituye en un instrumento para la especial protección que el Estado debe a las personas que por su edad, condiciones de salud y ausencia de alguna fuente de sustento, tienen mayor dificultad para subsistir, y de esta manera asegurar el mantenimiento de unas condiciones de vida digna (…).”[88] En ese mismo sentido, este Tribunal ha considerado que el derecho a la pensión es imprescriptible, mientras que las mesadas pensionales pueden extinguirse si no son reclamadas en los plazos señalados por la ley, por lo que el afectado tiene la oportunidad de solicitar el reconocimiento de la prestación en cualquier tiempo[89]. 8. Subsidiariedad 8.1. La Corte Constitucional ha sostenido que es obligación del juez que estudia la procedencia de la acción de tutela tener en cuenta que ésta es un mecanismo sumario y preferente creado para la protección de los derechos fundamentales, que se caracteriza por ser un instrumento residual o supletorio, obedeciendo a la necesidad de preservar las competencias atribuidas por el legislador a las diferentes autoridades judiciales a partir de los procedimientos ordinarios o especiales, en los que también se protegen derechos de naturaleza constitucional[90]. En consecuencia, el recurso de amparo no puede convertirse en un mecanismo alternativo, sustitutivo, paralelo o complementario de los diversos procedimientos existentes, salvo que los mismos no sean idóneos o eficaces, o se configure un perjuicio irremediable[91]. 8.2. En materia pensional este Tribunal ha señalado que se configura un perjuicio irremediable, que habilita la procedencia excepcional de la acción de tutela, cuando se afecte de manera clara y evidente un derecho o una garantía fundamental, en particular el mínimo vital y la vida digna. Así, la Corte ha establecido algunos criterios que permiten ponderar las circunstancias especiales de cada caso para determinar si se concreta la posible ocurrencia de un daño de relevancia constitucional que amerite la intervención del juez de amparo. En efecto, se ha sostenido que se debe tener en cuenta: (a) la edad del demandante, (b) su estado de salud, (c) el número de personas que tiene a su cargo, (d) su situación económica y la existencia de otros medios de subsistencia, así como (e) la carga de la argumentación o de la prueba en la cual se sustenta la presunta afectación de sus derechos fundamentales, (f) el agotamiento de los recursos administrativos disponibles, entre otros[92]. 8.3. Descendiendo a los casos estudiados, la Sala encuentra que los actores pueden acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para obtener el reconocimiento de la pensión consagrada en el Acuerdo Laboral Definitivo, pues de conformidad con el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, le corresponde a los funcionarios judiciales de dicha especialidad conocer de los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, como ocurre en los asuntos en examen, puesto que los accionantes fundamentan sus pretensiones en el mencionado acuerdo convencional en el que se establecieron una serie de beneficios ante la terminación de las relaciones laborales que habían sostenido como trabajadores oficiales de la extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, cuya naturaleza jurídica era la de una empresa industrial y comercial del Estado[93]. Al respecto, la Corte resalta que el proceso ordinario laboral es idóneo, pues en los artículos 70 y siguientes del estatuto procesal del trabajo se estipulan varios instrumentos que pueden utilizar las partes para procurar la defensa de sus intereses. Para ilustrar, los intervinientes, además de tener la oportunidad de manifestar sus inconformidades frente a las decisiones adoptadas por las demandadas en relación con el reconocimiento de la prestación de jubilación, pueden conciliar, presentar alegatos, solicitar o controvertir pruebas si lo consideran necesario, e interponer los recursos ordinarios y extraordinarios correspondientes. Igualmente, dicha vía judicial resulta eficaz, pues a pesar de que los procesos ordinarios revisten de un mayor grado de complejidad y formalismo, implicando que su trámite se extienda en el tiempo de manera más prolongada frente a la duración promedio de la resolución del recurso de amparo, dicha circunstancia no permite descartarlos de plano como vía judicial para solucionar las controversias sobre el reconocimiento de prestaciones periódicas de jubilación originadas en el desarrollo de contratos laborales, puesto que su mayor complejidad se explica por la naturaleza de los asuntos que deben resolverse. En materia pensional convencional, por ejemplo, la dificultad está dada no sólo por la diversidad de modalidades normativas utilizadas en la elaboración de los acuerdos sindicales que tornan compleja la interpretación de las reglas para resolver los asuntos en concreto, sino también por el material probatorio que debe ser allegado y valorado para adoptar una decisión, por lo que evidentemente el proceso puede llegar a ser relativamente dispendioso. De igual manera, esta Corporación considera que un razonamiento en el sentido de descartar de plano los procesos ordinarios por su duración, llevaría a concluir que cualquier controversia judicial debe ser canalizada a través del amparo, toda vez que por propia definición constitucional, la acción de tutela es una vía que debe ser resuelta de manera preferente y sumaria. Adicionalmente, como se explicó en las sentencias T-493 y T-494 de 2013[94], no es del todo clara la ineficacia sistemática y generalizada de los procesos laborales, ya que, según las estadísticas de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura del año 2013, de cada 100 procesos que ingresan a la jurisdicción laboral se desacumulan 24 del inventario. Significa esto que a pesar de las dificultades y los problemas de tipo estructural de la administración de justicia en el país, los procesos ordinarios no pueden ser descalificados, ni mucho menos sustituidos en su integridad por la acción de tutela a partir de una supuesta ineficacia o carencia de idoneidad[95]. Así las cosas, la Corte estima que los amparos presentados por los ciudadanos Ángel María Ramos Zúñiga[96], Luis Forero Ruíz[97] y Gilberto Seca Sanjuan[98] son improcedentes, pues, como se explicó, tienen a su alcance la posibilidad de acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para obtener el reconocimiento de la pensión pretendida, y no probaron la configuración de un perjuicio irremediable. En efecto, si bien para justificar que sus solicitudes de tutela deben proceder los señores Ramos Zúñiga, Forero Ruíz y Seca Sanjuan señalaron que son personas de avanzada edad, desempleadas, que se encuentran en una precaria situación económica y que están en tratamiento para distintas enfermedades, no allegaron piezas probatorias que permitan al juez constitucional confirmar dicha información, y por el contrario de los elementos de juicio que obran en los plenarios y de los que fueron recaudados por la Sala en sede de revisión, no se avizora que se configure una situación de inminencia que haga imperiosa la protección inmediata de sus derechos a través de este mecanismo constitucional. Concretamente, Ángel María Ramos Zúñiga tiene 56 años de edad, y Luis Forero Ruíz tiene 65 años, por lo cual no pueden considerarse personas que en razón de su edad deban tener un trato preferencial al momento de estudiarse la procedencia de la acción de tutela en materia pensional, pues para que pueda presumirse la configuración de un perjuicio irremediable por dicha circunstancia, la Corte ha estimado que el peticionario debe ser mayor o estar cercano a la expectativa de vida, que para los hombres colombianos[99] es de 72.1 años. Además, si bien los ciudadanos Ramos Zúñiga y Forero Ruíz manifestaron que padecen de diferentes enfermedades, no allegaron prueba alguna donde se indique cuáles son sus problemas de salud y si se encuentran en tratamiento médico, información que a juicio de la Sala debió ser suministrada por los accionantes, pues hace parte de su esfera privada, máxime cuando se encuentran afiliados al sistema de salud en el régimen contributivo[100], y por tanto sus dolencias deberán ser tratadas por sus empresas promotoras de salud, y en caso de no contar con los recursos económicos suficientes para pagar su vinculación, podrán afiliarse al régimen subsidiado. En cuanto la posible afectación de su derecho al mínimo vital debido a que son personas desempleadas, la Corte evidencia que los dos peticionarios se encuentran afiliados a la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Cartagena, por lo que en caso de estar cesantes podrán solicitar el respectivo subsidio de desempleo, puesto que en el Registro Único de Afiliados a la Protección Social – RUAF, aparecen como afiliados activos reportados como trabajadores independientes, circunstancia que, en principio, también desvirtúa que se encuentren sin trabajo[101]. Ahora, frente a la procedencia del recurso de tutela interpuesto por el señor Gilberto Seca Sanjuan, esta Corporación estima que esta se torna improcedente, pues el posible perjuicio irremediable que se pudiera configurar en relación con su derecho al mínimo vital, se desvirtúa con el hecho de encontrarse pensionado por el Instituto de Seguros Sociales desde el año 2003, como puede evidenciarse de la lectura de la información disponible en el Registro Único de Afiliados a la Protección Social – RUAF, donde consta que el demandante disfruta de una prestación de vejez reconocida mediante la Resolución 636 de 2003[102]. En consecuencia, este Tribunal revocará las sentencias de instancia que concedieron los amparos solicitados, y en su lugar declarará improcedente las acciones de tutela presentadas por Ángel María Ramos Zúñiga, Luis Forero Ruíz y Gilberto Seca Sanjuan, por no satisfacer el presupuesto de procedibilidad denominado subsidiariedad. De otra parte, en relación con la acción de tutela interpuesta por Roque Martínez Ríos[103], la Corte considera que es procedente, ya que a pesar de existir otro mecanismo judicial, se configura un perjuicio irremediable en razón a su edad avanzada, en tanto, la eventual duración del proceso laboral podría restringir de manera significativa el disfrute y goce de su derecho. En efecto, el demandante es una persona mayor de 73 años[104], encontrándose por encima de la expectativa de vida de los hombres colombianos certificada por el DANE. En ese orden de ideas, esta Corporación analizará de fondo su caso. 9. Problema jurídico y esquema de resolución Corresponde a la Sala decidir sobre los amparos interpuestos por Roque Martínez Ríos[105] y Jorge Morales Espinosa[106], en busca de la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas. Con tal propósito, este Tribunal deberá determinar: (a) Cuál es el ámbito de aplicación y quiénes son los destinatarios del plan pensional establecido en el Acuerdo Laboral Definitivo suscrito el 4 de agosto de 1995 entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Empresa en Liquidación de Servicios Públicos Distritales de la ciudad y sus ex trabajadores. (b) Si los ciudadanos Roque Martínez Ríos y Jorge Morales Espinosa cumplen con los requisitos establecidos en el Acuerdo Laboral Definitivo suscrito el 4 de agosto de 1995, para acceder a la pensión convencional de jubilación. Para el efecto, la Corte (i) examinará el contenido del Acuerdo Laboral Definitivo suscrito el 4 de agosto de 1995, determinando los destinatarios del plan pensional consagrado en el mismo, y luego (ii) solucionará los casos concretos de los accionantes. 10. Acuerdo Laboral Definitivo suscrito el 4 de agosto de 1995 entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Empresa en Liquidación de Servicios Públicos Distritales de la ciudad y sus ex trabajadores. 10.1. El 1 de marzo de 1994, el Concejo Distrital de Cartagena expidió el Acuerdo 05[107], a través del cual facultó al Alcalde Mayor de la ciudad para iniciar el proceso de disolución y liquidación de la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, que para la fecha prestaba los servicios de acueducto y alcantarillado a la población del ente territorial. Igualmente, se autorizó a la primera autoridad municipal para que constituyera una sociedad de economía mixta con el fin de que asumiera las funciones de la compañía en disolución sin que se afectara el acceso de los habitantes a dichos servicios públicos. 10.2. En uso de las facultades otorgadas, el Acalde Mayor de Cartagena expidió el Decreto 538 de mayo 31 de 1994, mediante el cual se establecieron las condiciones y reglas para la liquidación de la empresa de servicios públicos, constituyendo para el efecto un fondo de cuenta de pasivos con el que se cancelarían las prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores que hacían parte de la compañía. 10.3. El 30 de septiembre de 1994, a través de la Escritura Pública número 5427 suscrita ante el Notario Segundo del Círculo de Cartagena y en cumplimiento de la Resolución 1787 proferida por el Alcalde Mayor el 23 del mismo mes y año mencionados, se creó la sociedad de economía mixta Aguas de Cartagena S.A. E.S.P –Acuacar S.A. E.P.S-, la cual asumió la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado el 25 de junio de 1995, sustituyendo a la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, que para la fecha ya había iniciado su proceso de liquidación. 10.4. En ese contexto, el 4 de agosto de 1995, la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Empresa en Liquidación de Servicios Públicos Distritales de la ciudad y sus ex trabajadores, representados por su organización sindical, suscribieron un convenio denominado Acuerdo Laboral Definitivo[108], en el cual las partes pactaron las condiciones del retiro de los empleados de la entidad. En efecto, se estipuló que los contratos de trabajo terminarían por mutuo acuerdo el 27 de junio de 1995, y que además de las prestaciones legales, se otorgarían algunos beneficios convencionales que estaban sujetos a la edad y al tiempo de servicios de trabajador, como pasa a explicarse[109]: En primer lugar, para los empleados que llevaran más de 10 o 15 años de servicios para el sector oficial y tuvieran más de 44 o 45 años, se estipuló el siguiente plan pensional[110]: “1) quienes a 31 de diciembre de 1995, sumasen 55 puntos con un mínimo de 10 años de servicios a la Empresa y con cuarenta y cinco (45) años de edad, pensión que será igual al porcentaje que arroje la suma de puntos de edad más el tiempo de servicios. 2) quienes a 31 de diciembre de 1995 sumasen 59 puntos, con un mínimo de quince (15) años de servicios y cuarenta y cuatro (44) años de edad, pensión que será igual al porcentaje que arroje la suma de puntos de edad más tiempo de servicios. Al total de puntos que arrojen los numerales 1 y 2, anteriormente citados, se le sumaran 10 puntos más, es decir, que el mínimo de la pensión de jubilación será del sesenta y cinco (65%) por ciento del salario promedio del trabajador sin que exceda del setenta y cinco (75%) por ciento del mismo. El tiempo de servicios a que se refieren los numerales 1 y 2, anteriormente señalados, quedaran congelados a 26 de junio de 1995, fecha en la cual se da por terminado por mutuo consentimiento el contrato de trabajo que vinculó a las partes. Se entiende para los efectos jubilatorios preindicados que el tiempo de servicios incluye el lapso laborado en otra u otras entidades oficiales, o el servido en contratos de aprendizaje (SENA), o como supernumerario a la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena en Liquidación, o el del servicio militar, siempre en términos de Ley y excluidos los lapsos de contratación de naturaleza diferente a la laboral, cualquiera que sea el status del servidor.”[111] De otra parte, para los empleados que llevaran menos de 10 años de servicios para el sector oficial y tuvieran menos de 45 años, se contempló: (i) una compensación económica igual a la indemnización legal a la que tuvieran derecho, la cual se incrementaría de un 10% a un 40% si manifestaban voluntariamente su intención de no iniciar ninguna acción judicial contra el Distrito de Cartagena y si accedían o no nuevamente al mercado laboral[112]; y (ii) un plan de vinculación con la nueva empresa Acuacar S.A. E.P.S, el cual se reglamentó en el Anexo Único del Acuerdo Laboral Definitivo[113], aclarándose que para efectos legales se entendería que no existiría unidad de empresa, ni sustitución patronal. Por lo demás, se acordó que los trabajadores que fueran pensionados a cualquier título, no tendrían derecho alguno a la compensación económica[114], y que los empleados a reubicar en la nueva empresa de servicios públicos serían como mínimo 250 y como máximo 270, otorgándosele prelación a los que se encontrasen más próximos al plan pensional pero que no alcanzaron a beneficiarse del mismo[115]. 10.5. Ahora bien, en cuanto los destinatarios del plan pensional consagrado en el acuerdo laboral, la Sala considera que el mismo estuvo dirigido para beneficiar a los empleados con contrato laboral vigente al 26 de junio de 1995 que se vieron afectados con la liquidación de la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena, por las razones que a continuación se exponen: En primer lugar, una interpretación literal de la norma convencional permite evidenciar que en el parágrafo 2° del numeral 6° del Acuerdo Laboral[116], se estipuló que para efectos de analizar el cumplimiento del requisito de tiempo de servicios necesario para acceder a la pensión, se entendería que el periodo laborado para la compañía quedaba congelado el “26 de junio de 1995, fecha en la cual se da por terminado por mutuo consentimiento el contrato de trabajo que vinculó a las partes.” En segundo lugar, desde una interpretación finalista del Acuerdo Laboral, se observa que luego de realizarse una lectura de su articulado es claro que el mismo se orientó a establecer soluciones a las posibles consecuencias que afrontarían los empleados de la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena debido a su finalización de operaciones, pues se identificaron diferentes grupos de trabajadores ofreciéndoles soluciones de sostenimiento atendiendo a su edad y tiempo de vinculación con el Estado, de allí que sea razonable concluir que sus destinatarios son únicamente los trabajadores que tuvieron vinculación laboral vigente al 26 de junio de 1995, fecha en la cual la compañía fue relevada en la prestación de los servicios públicos del ente territorial[117]. En tercer lugar, si se realiza un análisis sistemático del acuerdo convencional junto con las normas nacionales que regulan los conflictos colectivos del trabajo, puede concluirse que al ser el primero suscrito por la organización sindical de la empresa, los trabajadores que se encontraban representados por esta eran los que tenía contrato vigente con la compañía, pues dada la naturaleza del sindicato de base, para poder hacer parte del mismo el empleado debe tener una vinculación laboral con la empresa, según lo estipula el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo[118]. En cuarto lugar, una hermenéutica histórica del Acuerdo Laboral lleva al intérprete a concluir que dicha norma es el resultado de la negociación que se inició por los representantes de los trabajadores de la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena ante la cesación de actividades, derivada de la finalización de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. En efecto, como se explicó líneas atrás, decisiones políticas dadas por el Concejo Distrital y ejecutadas por la Alcaldía llevaron a la liquidación de dicha compañía y establecieron una serie de reglas para respetar los derechos de los trabajadores[119]. 11. Caso concreto (a) Expedientes (ii) T-4.317.649 y (iii) T-4.322.651. 11.1. El señor Roque Martínez Ríos[120] nació el 1 de abril de 1942[121] y prestó sus servicios para el Estado durante 15 años, 8 meses y 10 días[122], siendo su última vinculación con la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena, la cual finalizó el 16 de septiembre de 1977. A su vez, el ciudadano Jorge Morales Espinosa[123] nació 26 de octubre 1948[124] y trabajó para la mencionada empresa pública hasta el 30 de agosto de 1993, para un total de 11 años, 8 meses y 20 días[125]. En el año 2013, los accionantes solicitaron la pensión de jubilación convencional consagrada en el Acuerdo Laboral Definitivo suscrito el 4 de agosto de 1995[126], pero la misma no les fue reconocida. Ante tales circunstancias, los señores Martínez y Morales interpusieron sendas acciones de tutela, pretendiendo que se le ordene al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad que les reconozcan y paguen dicha prestación. 11.2. Los jueces de instancia accedieron a las pretensiones de los accionantes, argumentando que cumplían con los requisitos establecidos en la norma convencional. Al respecto, la Corte considera que los funcionarios judiciales que profirieron las decisiones que son objeto de revisión erraron en la aplicación del Acuerdo Laboral, pues, como se explicó, el mismo sólo benefició a los trabajadores con contrato laboral vigente al 26 de julio de 1995, por lo cual los demandantes al haberse desvinculado de la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena en los años 1977 y 1993, no podían ser destinatarios del plan pensional especial, ya que este fue diseñado para atender la situación de desprotección en la que quedaron los empleados ante la liquidación de la compañía. Así las cosas, la Sala revocará las decisiones de instancia que concedieron los amparos, y en su lugar los denegará. (b) Consideraciones adicionales 11.3. Ahora, si bien la Sala no accedió a la solicitud de acumulación presentada por las demandadas, estima necesario examinar la posibilidad de adoptar una serie de medidas encaminadas a modular los efectos de los fallos de tutela que no fueron seleccionados, con el fin de salvaguardar el patrimonio público y los derechos de los demás beneficiarios de prestaciones otorgadas por el Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena, cuyos recursos están siendo afectados por las decisiones judiciales proferidas. 11.4. En ese sentido, es pertinente resaltar que esta Corporación ha considerado que dentro...