Sentencia T-370 de 2020

T-370-20 Sentencia T-370/20 LIBERTAD DE PRENSA Y SU RELACION CON LOS DERECHOS A LA HONRA, AL BUEN NOMBRE, A LA INTIMIDAD Y A LA RECTIFICACION-Reiteración de jurisprudencia ACCION DE TUTELA CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION-Solicitud previa de rectificación al medio informativo como requisito de procedibilidad La solicitud de rectificación presentada por aquel que represente o agencie los derechos de la persona afectada es admisible. LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Contenido y alcance/LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Límites DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHO DE OPINION-Diferencias LIBERTAD DE PRENSA Y DE INFORMACION-Contenido y alcance/DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad e imparcialidad DERECHO A LA RECTIFICACION DE INFORMACION-Garantía constitucional/DERECHO A LA RECTIFICACION DE INFORMACION-Reglas jurisprudenciales ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Obligación de investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, a través de la Rama Judicial LIBERTAD DE PRENSA FRENTE A LOS DERECHOS A LA HONRA, EL BUEN NOMBRE Y A LA RECTIFICACION-Vulneración por desconocer el medio de comunicación el principio de veracidad Referencia: Expediente T-7.608.624 Acción de tutela interpuesta por Diana Sofía Nítola Vianchá, actuando en calidad de apoderada judicial de Raquel Lucía Pereira Suárez, contra el periódico Boyacá Siete Días. Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y especialmente de las atribuidas por el artículo 7º del decreto 2591 de 1991, ha proferido el siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES A. LA DEMANDA DE TUTELA 1. El 26 de junio de 2019, Diana Sofía Nítola Vianchá, actuando como apoderada judicial de Raquel Lucía Pereira Suárez, interpuso acción de tutela contra el periódico Boyacá Siete Días, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, buen nombre, honra y dignidad humana. B. HECHOS RELEVANTES 2. El 29 de enero de 2013, Raquel Lucía Pereira fue agredida por su ex esposo Roy José Andrade Becerra[1]. 3. Tras ser capturado en flagrancia, se inició un proceso penal en contra del señor Andrade Becerra, en el cual se le imputó inicialmente por el delito de violencia intrafamiliar, el cual fue posteriormente degradado a lesiones personales por parte de la Fiscalía General de la Nación[2]. 4. En audiencia del 11 de enero de 2018, el Juzgado Primero Penal Municipal de Tunja declaró culpable al señor Andrade Becerra por el delito de lesiones personales, condenándolo a una pena de 16 meses de prisión e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo término, concediéndole la suspensión condicional de la ejecución de la pena[3]. 5. Posteriormente, mediante sentencia del 3 de abril de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja resolvió declarar la prescripción del proceso y ordenó cesar todo procedimiento contra el señor Andrade Becerra[4]. 6. Según la accionante, el señor Oscar Fernando Díaz Rodríguez, abogado de Roy José Andrade Becerra, se refirió a ella de manera irresponsable en la noticia publicada por el periódico Boyacá Siete Días el 24 de mayo de 2019, y cuyo título era “Demandará a la Fiscalía”[5]. 7. Para la actora, en la noticia antes referida: (i) se hacen “expresiones despectivas, falaces sobre el estado del proceso legal al que se refieren, sobre la idoneidad de los conceptos emitidos a nivel profesional por una institución como lo es Medicina Legal”; (ii) el periodista y/o redactor no aplicó el principio de transparencia y veracidad al publicar la noticia, toda vez que el señor Andrade Becerra no fue absuelto por el delito de lesiones personales, sino que fue declarado culpable en primera instancia y en segunda instancia se encontró que había operado la prescripción por vencimiento de términos; y (iii) se indujo al lector a concluir que la tutelante había manipulado o sesgado los informes emitidos por la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, cuando se afirmó por parte del medio de comunicación que “de acuerdo con las pruebas, la víctima habría inventado una lesión que le provocó fractura de muñeca”[6]. 8. El 10 de junio de 2019, la Directora de la Casa de la Mujer de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (en adelante, la “Casa de la Mujer”), Astrid Castellanos Correcha, y la abogada voluntaria, Diana Sofía Nítola Vianchá, presentaron una petición al periódico Boyacá Siete Días, manifestando estar actuando “en pro de los derechos de Raquel Lucía Pereira Suárez” y solicitando la rectificación de la noticia antes referida[7]. 9. Como consecuencia de dicha solicitud, el 19 de junio de 2019 el periódico Boyacá Siete Días publicó una columna denominada “Carta al Lector”, en la que transcribió los fundamentos fácticos que sustentaron la petición antes mencionada[8]. 10. Tras considerar que la petición no fue resuelta y que la información no fue rectificada, la accionante interpuso la presente acción de tutela el 26 de junio de 2019, mediante apoderada judicial, solicitando la protección de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, buen nombre, honra y dignidad humana, y pidiendo que se ordene al periódico demandado que corrija y se retracte de la información publicada. Asimismo, requirió que se tasara la indemnización a título de daños y perjuicios causados a la integridad de la tutelante por parte de la entidad accionada. De manera subsidiaria, solicitó que: (i) se le compulsen copias por faltas disciplinarias al abogado Oscar Fernando Díaz Rodríguez; y (ii) se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación por los posibles delitos y/o faltas cometidas por el periódico Boyacá Siete Días[9]. C. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 11. Mediante auto del 2 de julio de 2019, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja –Boyacá- resolvió admitir la demanda y vincular al proceso a los señores Roy José Andrade Becerra y Oscar Fernando Díaz Rodríguez[10]. 12. A través de escrito presentado el 4 de julio de 2019, Oscar Fernando Díaz Rodríguez solicitó no acceder a la petición principal de la accionante, por considerar que la publicación en realidad es una rectificación de la noticia del mismo periódico titulada “Por maltrato, cárcel a un docente de la UPTC”, la cual fue publicada el 8 de septiembre de 2014[11]. Además, señaló que la noticia cuestionada en esta ocasión es un producto del derecho de libre expresión y de la interpretación armónica y razonable de las pruebas y decisiones tomadas dentro del proceso penal contra el señor Andrade Becerra. Por último, pidió negar la pretensión subsidiaria, por carecer de sustento probatorio[12]. 13. Por medio de escrito presentado el 4 de julio de 2019, Roy José Andrade Becerra se opuso a los hechos y consideró que la noticia que dio origen a la presente acción de tutela es una rectificación de la noticia publicada por el mismo periódico el 8 de septiembre de 2014. En vista de lo anterior, consideró que no se debían tutelar los derechos de la accionante, pues cuanto se pretende revivir el proceso y desconocer la decisión judicial que dio fin a las actuaciones en su contra[13]. 14. Mediante escrito presentado el 4 de julio de 2019, José Ricardo Bautista Pamplona, actuando en calidad de representante legal del periódico Boyacá Siete Días, consideró que el periódico en ningún momento vulneró los derechos fundamentales de la accionante. Al respecto, manifestó que con la publicación efectuada el 19 de junio de 2019 se le permitió a la accionante expresarse frente a los hechos, garantizándole el derecho a la igualdad y a la libre expresión. Sumado a esto, tras destacar la diferencia entre el derecho a la libre expresión y el derecho a la información, señalo que la nota publicada el 24 de mayo de 2019 es una manifestación del derecho a la libertad de expresión del señor Roy José Andrade Becerra y no contiene aseveraciones del equipo periodístico de Boyacá Siete Días, por lo que no puede concluirse que el periódico haya vulnerado los derechos fundamentales invocados[14]. D. DECISIONES JUDICIALES EN EL TRÁMITE DE TUTELA Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja 15. Por medio de sentencia proferida el 15 de julio de 2019, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja consideró que el periódico Boyacá Siete Días y el señor Oscar Fernando Díaz Rodríguez habían vulnerado los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de la accionante. En consecuencia, ordenó que, dentro de los 8 días siguientes a la notificación de la providencia, tanto el accionado como el vinculado publicaran en el mismo espacio una retractación de las afirmaciones realizadas en el artículo “Demandará a la Fiscalía”. Por otra parte, negó las pretensiones subsidiarias por considerar que desnaturalizaban la acción de tutela, señalando que la accionante podía acudir a los medios ordinarios para ventilar sus solicitudes[15]. 16. Mediante oficio radicado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja el 17 de julio de 2019, Oscar Fernando Díaz Rodríguez allegó copia de la solicitud de publicación de la rectificación ordenada por la sentencia de primera instancia, la cual fue radicada en la misma fecha ante el periódico Boyacá Siete Días. Se observa que el vinculado solicitó que se publicara lo siguiente: “Rectifico que en el desarrollo del juicio adelantado en contra del señor ROY JOSE ANDRADE, no se logró probar la incapacidad de 55 días y fractura de muñeca de la señora RAQUEL LUCIA PEREIRA SUAREZ, tal y como fue publicado el 8 de septiembre de 2014 por el Boyacá 7 días, sino únicamente una incapacidad de 15 días sin secuelas, por lo que se varió la calificación jurídica del delito de Violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y sucesivo con tres circunstancias mayor punibilidad, por el que fue imputado, al delito de lesiones personales, por el que se le pidió condena, proceso en donde operó el fenómeno jurídico de la prescripción antes de que se dictara sentencia en firme. En segundo lugar rectifico que nunca pretendí señalar que la señora RAQUEL LUCIA PEREIRA SUAREZ, había inventado las lesiones sufridas, sino que la incapacidad de 55 días que dictaminó medicina legal y la fractura en el brazo izquierdo se desvirtuaron en atención a que no se aportaron ni a medicina legal ni al proceso penal, las imágenes diagnósticas de las lesiones que se reclamaban, pese a que los resultados fueron entregados a la presunta víctima”[16]. Impugnación 17. La decisión de primera instancia fue impugnada el 19 de julio de 2019 por José Ricardo Bautista Pamplona, actuando como representante legal del periódico Boyacá Siete Días. Al respecto, consideró que la publicación realizada por el periódico no corresponde a hechos falsos ni a publicaciones con las que se pretenda vulnerar los derechos de la accionante, sino que responde a una labor informativa e investigativa en condiciones de imparcialidad y veracidad. En consecuencia, solicitó que no se impartiera orden de rectificación contra el periódico, por cuanto la publicación cuestionada corresponde a manifestaciones hechas tanto por el señor Roy José Andrade Becerra, como por su apoderado Oscar Fernando Díaz Rodríguez. En esa medida, destacó que el periódico Boyacá Siete Días estaba garantizando la libertad de expresión, al difundir una noticia cuya información provenía de un tercero[17]. 18. El 25 de julio de 2019, Oscar Fernando Díaz Rodríguez puso en conocimiento la respuesta recibida por el periódico Boyacá Siete Días a su solicitud de publicación de la rectificación ordenada, en la que se le adjunta la cotización indicando el valor por concepto de la publicación solicitada. Ante esto, el vinculado le contestó al periódico que: (i) la publicación realizada el 24 de mayo de 2019 no fue a solicitud suya, sino que consistió en una rectificación de la noticia publicada el 8 de septiembre de 2014; (ii) el artículo publicado nunca fue puesto en su conocimiento ni se le preguntó si lo autorizaba; y (iii) desde el 17 de julio de 2019 solicitó una copia de la grabación de la totalidad de la entrevista con el fin de verificar las frases citadas por el periódico, sin obtener respuesta alguna[18]. 19. En la edición del 25 de julio de 2019, el Periódico Boyacá Siete Días publicó el siguiente artículo, titulado nuevamente “Demandará a la Fiscalía”: “En cumplimiento del fallo de la tutela 2019-000172-00 de fecha 15 de julio de 2019, emitido por el Juzgado Tercero Civil de Oralidad, cuya orden se comunicó mediante oficio 1421 de fecha 15 de julio de 2019, realiza la siguiente publicación a través de la cual se retracta de la nota publicada el viernes 24 de mayo de 2019, la cual quedará bajo el siguiente tenor: “En el año 2018, el juzgado primero Penal Municipal, condenó al docente de la Uptc Roy José Andrade a 16 meses de cárcel, por lesiones personales a su exesposa, Raquel Pereira, en el año 2013. ‘La víctima se lesionó lo que le convenía, logró conseguir un dictamen médico y lo entregó a Medicina Legal, por lo que se le dio a ella una incapacidad de 15 días’, dijo el apoderado de Roy Andrade. ‘La imputación de la que fue objeto no correspondía a la realidad de los hechos’, aseguró Oscar Díaz. “Esta situación me arruinó la vida, perdí muchas oportunidades como docente”, dijo el profesor Roy José Andrade, quien además agregó: ‘voy a demandar a la fiscalía por no decir la verdad y por no tener pruebas’. El tribunal Superior ordenó cesar todo procedimiento contra el docente”[19]. Sentencia proferida por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja 20. Mediante sentencia proferida el 14 de agosto de 2019, la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja decidió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela. El Tribunal consideró que la señora Raquel Lucía Pereira Suárez no había presentado de manera directa la solicitud de rectificación y corrección de la noticia, por lo que no había cumplido con el requisito previo de procedencia. Al respecto, aclaró que no resulta de recibo que otras personas pretendan abrogarse esa diligencia, pues de hacerlo tendría que acreditarse una situación excepcional que ameritara que la persona directamente afectada no pudiera obrar. Así las cosas, concluyó que en este caso no puede predicarse que la Directora de la Casa de la Mujer y la abogada Sofía Nítola Vianchá tuvieran legitimidad para presentar tal solicitud a nombre de la accionante[20]. 21. En vista de esta decisión, el 3 de septiembre de 2019 el periódico Boyacá Siete Días publicó la noticia titulada “Niegan Tutela contra Boyacá Siete Días” en donde reprodujo los argumentos por los cuales fue declarada improcedente la acción de tutela[21]. E. ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL 22. Mediante escrito presentado el 13 de septiembre de 2019, Diana Sofía Nítola Vianchá, en su calidad de apoderada de Raquel Lucia Pereira Suarez, solicitó a la Corte Constitucional la selección del presente caso para su revisión[22]. 23. Por medio de auto del 18 de octubre de 2019, la Sala de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional dispuso la selección para revisión del expediente T-7.608.624, correspondiéndole esta labor al Magistrado Alejandro Linares Cantillo[23]. 24. Mediante auto del 4 de febrero de 2020[24], el Magistrado sustanciador solicitó pruebas a Raquel Lucía Pereira Suárez[25], a la Directora de la Casa de la Mujer[26] y al representante legal del periódico Boyacá Siete Días[27]. Información allegada por la accionante, Raquel Lucía Pereira Suárez, y la Casa de la Mujer 25. Por medio de Oficio recibido en Secretaría General de la Corte el 7 de febrero de 2020, Diana Sofía Nítola Vianchá, apoderada judicial de la accionante y miembro de la Casa de la Mujer, dio contestación a la solicitud de información formulada por el Magistrado sustanciador[28]. Para esto, adjuntó un CD que contiene el Oficio DCM-0017, en el que se relatan los hechos del caso y se manifiesta que la accionante acudió a la Casa de la Mujer en 2019 con el fin de obtener asesoría psicológica y jurídica como consecuencia de las situaciones de violencia ejercidas por el señor Roy José Andrade Becerra. Asimismo, adjuntó varios documentos entre los que se encuentran: (i) informe psicológico de la accionante, con fecha del 19 de marzo de 2019, suscrito por la Directora de la Casa de la Mujer, Astrid Castellanos Correcha y la psicóloga, Laura Patricia Zabala; (ii) carta de consentimiento para proceso de evaluación y posible intervención terapéutica con fecha del 20 de marzo de 2019, firmada por la accionante, Raquel Lucía Pereira Suárez; (iii) copia de la solicitud de rectificación con fecha del 6 de junio de 2019, presentada por la Casa de la Mujer ante el Periódico Boyacá Siete Días; (iv) copia de la solicitud de rectificación con fecha del 6 de junio de 2019, presentada por la Casa de la Mujer ante el Periódico Extra Boyacá[29]; y (v) copia del incidente de desacato interpuesto el 16 de septiembre de 2019, dentro del proceso de tutela No. 2019 00128-00, entre Raquel Lucía Pereira Suárez y el Periódico Extra Boyacá[30]. Información allegada por el Periódico Boyacá Siete Días 26. Mediante Oficio presentado por el representante legal del periódico Boyacá Siete Días, José Ricardo Bautista Pamplona, el cual fue recibido en Secretaría General de la Corte el 11 de febrero de 2020, se dio respuesta a la solicitud de información formulada por el Magistrado sustanciador[31]. El representante legal del periódico accionado señaló que, con la publicación en la sección “Carta al Lector” realizada el 19 de junio de 2019, se atendió la solicitud de rectificación interpuesta por la Directora de la Casa de la Mujer. Agregó que, acatando la decisión del Juzgado Tercero Civil de Oralidad de Tunja, mediante publicación del 25 de julio de 2019 el periódico se retractó de la nota publicada el 24 de mayo de 2019 y, en su lugar, publicó la nota bajo el título “Demandará a la Fiscalía”, cuyo texto da estricto cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia[32]. Por último, puso de presente que, en atención a lo dispuesto en el fallo de segunda instancia, el periódico Boyacá Siete Días realizó una publicación con fecha del 3 de septiembre de 2019, a través de la cual informó sobre esta decisión y las razones por las cuales el Tribunal de Boyacá había revocado la sentencia de primera instancia[33]. 27. Por medio de auto del 20 de febrero de 2020, la Sala Cuarta de Revisión de esta Corte: (i) reiteró la solicitud de pruebas tanto a la accionante[34], como a la Casa de la Mujer[35]; y (ii) resolvió suspender los términos del proceso por 1 mes[36]. 28. Mediante Oficio recibido en la Secretaría General de esta Corte el 24 de febrero de 2020, la Casa de la Mujer manifestó que en el 2019 la accionante acudió a esa entidad con el fin de obtener asesoría psicológica y jurídica. Señaló que, al ingresar a la institución, además del consentimiento informado para la atención psicológica, se firmó la correspondiente autorización para adelantar los procedimientos legales respectivos[37]. Para sustentar lo anterior, se aportó el documento titulado “Autorización Procedimientos Legales”, en el que la accionante autoriza a “iniciar y adelantar los procesos legales a que haya lugar”. El documento, con fecha del 20 de marzo de 2019, se encuentra suscrito por Raquel Lucia Pereira Suárez y Diana Sofía Nítola Vianchá[38]. Suspensión de términos judiciales 29. En cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556, PCSJA20-11567 y PCSJA20-11581, adoptados con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia que afectaba a Colombia, los términos de los asuntos de tutela fueron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de julio de 2020. Igualmente, por tratarse de vacancia judicial en semana santa, durante los días 4 a 12 de abril de 2020, los términos judiciales tampoco corrieron. II. CONSIDERACIONES A. COMPETENCIA 30. Esta Sala de Revisión es competente para conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del auto del 18 de octubre de 2019, expedido por la Sala de Selección de esta Corte, que decidió someter a revisión la decisión adoptada por los jueces de instancia. B. CUESTIONES PREVIAS – PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL PERIÓDICO BOYACÁ SIETE DÍAS 31. Antes de entrar a analizar el fondo del asunto, esta Sala deberá ocuparse de verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991. En esa medida, a continuación, se realizará un estudio en el caso concreto de la procedencia de la acción de tutela, acreditando (i) la legitimación por activa; (ii) la legitimación por pasiva; (iii) la inmediatez; y (iv) la subsidiariedad. Procedencia de la acción de tutela – Caso concreto 32. Legitimación por activa: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[39], la Corte Constitucional ha concretado las opciones del ejercicio de la acción de tutela, para el que existe la posibilidad “(i) del ejercicio directo, es decir, quién interpone la acción de tutela es a quien se le está vulnerando el derecho fundamental; (ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o, en su defecto, el poder general respectivo; y (iv) por medio de agente oficioso” (negrillas fuera de texto original)[40]. 33. Tratándose de la presentación de la acción de tutela mediante apoderado judicial, esta Corte ha señalado que debe tratarse de “un abogado debidamente inscrito que actúa en virtud de un poder especial o, en su defecto un poder general, que le ha concedido el titular de los derechos para interponer la acción de tutela específicamente”[41]. 34. En el presente caso, se observa que la acción de tutela fue presentada por Diana Sofía Nítola Vianchá, actuando en calidad de apoderada judicial de la accionante. De las pruebas que obran en el expediente, es posible verificar que la señora Nítola Vianchá es una abogada debidamente inscrita[42], quien actúa en virtud del poder especial otorgado por la señora Raquel Lucía Pereira Suárez para presentar la acción de tutela que aquí se estudia[43]. En virtud de lo anterior, esta Sala considera que se encuentra debidamente acreditado el requisito de legitimación en la causa por activa. 35. Legitimación por pasiva: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, así como en el artículo 5[44] del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier acción u omisión: (i) de las autoridades públicas que hayan violado, violen o amenacen con violar un derecho fundamental; y (ii) de los particulares, que se encuentren en los supuestos establecidos por la misma norma. En desarrollo de esto último, el artículo 42 del mismo Decreto dispone que la acción de tutela resulta procedente “[c]uando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas”[45], mientras que el numeral 9º del mismo artículo señala que procederá cuando la solicitud sea para tutelar los derechos de “quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción”. 36. Esta Corte ha destacado que el estado de indefensión, por ejemplo, se puede presentar en la relación que existe entre el medio de comunicación y la persona involucrada en la noticia que este divulga[46]. Lo anterior, en razón a que “la actividad informativa que desempeñan este tipo de organizaciones, además de tener un gran alcance, en tanto llevan su mensaje a diversos sectores de la sociedad, también tiene el poder de impacto social, comoquiera que puede influir o generar determinada opinión en el conglomerado”[47]. Asimismo, ha señalado que esta situación de indefensión no requiere ser probada, precisamente, por el poder de divulgación que ostentan los medios de comunicación[48]. 37. En el caso bajo estudio, se encuentra que el demandado es el periódico Boyacá Siete Días, un medio de comunicación con circulación en el departamento de Boyacá, sobre el que se solicita la rectificación de una nota publicada. Sumado a esto, se evidencia que la accionante no tiene control alguno sobre la información que decida publicar este medio, colocándola en circunstancia de indefensión frente al accionado. Por esta razón, la Sala considera que se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa por pasiva. 38. Inmediatez: Según la jurisprudencia de esta Corte, a pesar de no existir un término de caducidad para acudir a la acción de tutela, ésta debe presentarse en un término prudente y razonable después de ocurrir los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos[49]. De este modo, ha dicho este Tribunal que la relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales debe evaluarse en cada caso concreto, atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad[50]. 39. En el presente caso se observa que: (i) la noticia que presuntamente vulneró los derechos fundamentales de la accionante fue publicada el 24 de mayo de 2019; (ii) el 10 de junio de 2019, la Directora de la Casa de la Mujer y la abogada voluntaria Diana Sofía Nítola Vianchá, elevaron una petición al periódico Boyacá Siete Días, solicitando la rectificación de la noticia antes referida; (iii) el 19 de junio de 2019 el periódico Boyacá Siete Días publicó una columna en la que transcribió los fundamentos fácticos que sustentaron la petición antes mencionada; y (iv) el 26 de junio de 2019 se decidió interponer la acción de tutela que acá se estudia. 40. De manera particular, se observa que el lapso de tiempo transcurrido entre todas estas actuaciones es razonable, habiendo pasado un (1) mes y dos (2) días desde la publicación de la noticia y el momento en el que se interpuso la acción de tutela. Igualmente, entre la fecha de la solicitud de rectificación y la publicación en la columna del 19 de junio de 2019, transcurrieron escasos días para la interposición de la acción de tutela. En esa medida, tras comprobarse el cumplimiento del criterio de proporcionalidad exigido por la jurisprudencia constitucional, esta Sala considera que se encuentra debidamente acreditado el requisito de inmediatez dentro del presente caso. 41. Subsidiariedad de la acción de tutela: En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia constitucional sobre la materia[51], la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario. Por lo anterior, solo procede como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; o (ii) cuando existiendo ese medio, carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, a la luz de las circunstancias del caso concreto. Además, procederá como mecanismo transitorio (iii) cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un derecho fundamental. 42. En relación con la posible vulneración a los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre, esta Corte ha considerado que la acción de tutela es procedente incluso en aquellos casos en los que fuese procedente la acción penal ante la eventual configuración de los delitos de injuria y calumnia, dada su disímil naturaleza, objetos de protección y fines. Esto, por cuanto la acción de tutela proporciona una protección “más amplia y comprensiva”[52], con el propósito de evitar “que los efectos de una eventual difamación sigan expandiéndose y prolongándose en el tiempo como acontecimientos reales y fidedignos”[53]. En este tipo de asuntos, el objeto y las finalidades de esta acción se limitan a constatar si, en el caso concreto, se amenazan o vulneran los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre y, de acreditarse, adoptar los remedios judiciales necesarios para que cese tal situación, como, por ejemplo, la rectificación de la información inexacta o errónea. 43. En el presente caso se observa que, de manera principal, la accionante busca que la parte accionada se retracte y corrija la información publicada en la noticia “Demandará a la Fiscalía”. Lo anterior, por cuanto considera que la información allí contenida no es veraz, y con ella se han vulnerado sus derechos fundamentales. Estas pretensiones, en efecto, resultan afines con el objeto, alcance y finalidad de la acción de tutela y se enmarcan expresamente en uno de los supuestos de procedencia en contra de particulares, tal como lo dispone el numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Por lo tanto, en el caso concreto, la existencia de la acción penal no desplaza ni torna improcedente la presente solicitud de amparo. 44. Ahora bien, respecto de las demás pretensiones, la Sala considera que se trata de asuntos que desbordan la competencia del juez constitucional, para los cuales la accionante puede acudir a los medios ordinarios de defensa judicial para ventilar sus solicitudes y, por ejemplo, solicitar una indemnización a título de daños o perjuicios. En consecuencia, la Corte no se pronunciará de fondo sobre las demás pretensiones de la demanda, sino únicamente sobre la solicitud de rectificación de la información publicada, frente a una potencial vulneración de los derechos fundamentales al derecho de petición, debido proceso, la honra y al buen nombre de la accionante, así como al principio de dignidad humana. 45. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece que, cuando la acción de tutela se interpone contra un particular solicitando la rectificación de informaciones inexactas o erróneas, “se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma”. 46. En el caso bajo estudio se observa que, el 10 de junio de 2019, la Directora de la Casa de la Mujer y la abogada Diana Sofía Nítola Vianchá presentaron una petición ante el periódico Boyacá Siete Días, manifestando estar actuado “en pro de los derechos de Raquel Lucía Pereira Suárez” y solicitando la rectificación de la noticia publicada por ese medio el 24 de mayo de 2019. Con lo anterior, según la accionante, se dio cumplimiento al requisito de solicitud de rectificación previa, según lo exigido por la ley. 47. Sin perjuicio de esto, mediante la sentencia proferida el 14 de agosto de 2019, la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, actuando como juez de segunda instancia dentro del presente caso, consideró que no se había cumplido con el requisito previo de solicitud de rectificación, por cuanto esta no había sido presentado directamente Raquel Lucía Pereira Suárez, y no podía entenderse que quienes la habían presentado tuvieran legitimidad para actuar a nombre de la accionante. 48. Al respecto, esta Sala considera necesario aclarar que el numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 no exige que la solicitud de rectificación sea presentada directamente por la persona afectada. En esa medida, no le es dado al juez constitucional crear una exigencia adicional y no prevista por el Legislador, que endurezca la procedencia de una acción informal como lo es la acción de tutela, en casos en los que se solicita la rectificación de información inexacta o errónea. En efecto, una lectura armónica del numeral 7º del artículo 42 y del principio de informalidad, permite concluir que la solicitud de rectificación presentada por aquel que represente o agencie los derechos de la persona afectada es admisible. 49. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que, según los documentos aportados en sede de revisión, la accionante acudió a la Casa de la Mujer con el fin de obtener asesoría psicológica y jurídica por parte de esa entidad, suscribiendo una autorización para adelantar cualquier procedimiento legal al que hubiere lugar[54]. En consecuencia, es posible concluir que la señora Astrid Castellanos Correcha, Directora de la Casa de la Mujer, y la abogada Diana Sofía Nítola Vianchá, vinculada a esa entidad y quien suscribió la autorización antes mencionada, se encontraban facultadas –por la voluntad expresa de la accionante– para presentar la solicitud de rectificación previa en su nombre, ante el periódico Boyacá Siete Días. Por tal motivo, la Corte considera que se encuentra acreditada la exigencia prevista en el numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y, de manera más general, el requisito de subsidiariedad en el caso concreto. 50. En vista de lo expuesto hasta ahora, se concluye que en la presente ocasión se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela y la Sala continuará con el estudio de fondo del caso. C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN 51. De conformidad con los hechos expuestos en la Sección I anterior de esta sentencia, le corresponde a la Sala analizar si el periódico accionado, Boyacá Siete Días, vulneró los derechos fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, buen nombre, honra y el principio de dignidad humana de Raquel Lucía Pereira Suárez, al no rectificar la información contenida en la noticia del 24 de mayo de 2019 titulada “Demandará a la Fiscalía”. 52. Para resolver lo anterior, se procederá a analizar (i) las libertades de expresión, de opinión, de información y de prensa; (ii) los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre; (iii) el derecho fundamental a la rectificación en condiciones de equidad; (iv) la violencia contra la mujer y la administración de justicia en perspectiva de género; y, con fundamento en las anteriores reglas, se procederá a resolver (v) el caso concreto. D. LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN, DE OPINIÓN, DE INFORMACIÓN Y DE PRENSA. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA 53. El artículo 20 de la Constitución Política establece que “[s]e garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. 54. Del artículo anteriormente citado se desprende el fundamento del derecho que tiene toda persona de expresar y difundir sus opiniones, ideas, pensamientos, narrar hechos, noticias, y todo aquello que considere relevante. A su vez, allí se encuentra el fundamento del derecho de todos a recibir información veraz e imparcial, lo que, en consecuencia, conlleva la posibilidad de crear medios de comunicación que tengan por objeto transmitir al público hechos y noticias de interés general[55]. 55. Dentro de las múltiples garantías independientes que protege la libertad de expresión, hay dos relevantes para el caso que acá se estudia: (i) el primero, se refiere al derecho que tiene toda persona a expresar y difundir sus pensamientos, opiniones e ideas mediante cualquier medio sin ser perturbado, a lo que se le denomina libertad de opinión; y (ii) el segundo, es el derecho de información, que implica no solo la facultad de informar y recibir información veraz e imparcial, sino además, de fundar medios de comunicación, a no ser censurado por sus manifestaciones y a la rectificación en condiciones de equidad[56], denominado libertad de información[57]. 56. Esta Corte ha sido enfática en señalar que la libertad de expresión “ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa”[58]. El carácter preferente de la libertad de expresión, como garantía constitucional, se refuerza con cuatro presunciones: (i) la presunción de cobertura de toda expresión dentro del ámbito de protección constitucional; (ii) la sospecha de inconstitucionalidad respecto de cualquier limitación o regulación estatal; (iii) la presunción de primacía de la libertad de expresión sobre otros derechos, valores o intereses constitucionales con los que pueda llegar a entrar en conflicto; y (iv) la prohibición de la censura en tanto presunción imbatible, que permite decir, en principio, que los controles al contenido de las expresiones son una modalidad de censura[59]. 57. Sin perjuicio de esto, ha destacado que no se trata de un derecho absoluto, sino que encuentra distintos límites que buscan proteger el “interés de terceros o de la comunidad en su conjunto”[60], así como garantizar el respeto por los derechos fundamentales. 58. La libertad de opinión, por una parte, ampara la garantía de expresar y comunicar asuntos del fuero personal interno[61], cuya materialización “comprende la manifestación tanto de señalamientos positivos, como de opiniones negativas sobre las personas o sus actuaciones”[62]. 59. Por otro lado, la libertad de información ha sido definida como un “derecho complejo”[63], el cual comprende cuatro ámbitos de protección: (i) el acceso a la información en poder del Estado o de particulares que presten funciones públicas; (ii) el derecho a informar, comunicar, difundir, emitir o transmitir información, frente al cual no procede la censura; (iii) el derecho a ser informado o a recibir información veraz e imparcial; y (iv) el derecho a informarse por sí mismo, esto es, “la libertad de buscar o investigar información sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole”[64]. 60. La libertad de prensa, como una expresión de la libertad de información, ha sido entendida como la posibilidad que tiene toda persona de difundir información y opiniones a través de medios masivos de comunicación, sean tradicionales o modernos, así como el derecho a fundar y mantener en funcionamiento tales medios[65]. Al ser una manifestación de la libertad de expresión, así como un elemento esencial para la existencia de la democracia[66], la libertad de prensa goza de un estatus de prevalencia frente a otros derechos, e impone a quien la ejerce una responsabilidad social que tiene diferentes connotaciones. En esa medida, en relación con la trasmisión de información sobre hechos, los medios están particularmente sujetos, entre otros, a los parámetros de: (i) veracidad e imparcialidad; (ii) distinción entre informaciones y opiniones; y (iii) garantía del derecho de rectificación[67]. 61. Los principios de veracidad e imparcialidad constituyen, por un lado, un límite para quien ejerce como medio de comunicación y, por otro, una garantía para los receptores de la información[68]. En cuanto a su contenido y alcance, la Corte ha señalado que, en virtud del principio de veracidad, (i) la información no sólo tiene que ver con el hecho de que no sea falsa o errónea, sino también con que (ii) no sea equívoca[69], esto es, que no se base en “invenciones, rumores o meras malas intenciones”[70] o que no induzca “a error o confusión al receptor”[71]. Igualmente, se ha considerado inexacta la información, y por ende violatoria del principio de veracidad, cuando (iii) es presentada como un hecho cierto e indiscutible, correspondiendo en realidad a un juicio de valor o a una opinión del emisor, o cuando los hechos de carácter fáctico que enuncia no pueden ser verificados[72]. Por otro lado, en lo que respecta al principio de imparcialidad, esta Corte ha determinado que, además de constituir un límite a la libertad de información y, por consiguiente, a la libertad de prensa, es una exigencia ligada únicamente “al derecho del público a formarse libremente una opinión, esto es, a no recibir una versión unilateral, acabada y "pre-valorada" de los hechos que le impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios, expuestos objetivamente”[73]. 62. En adición a lo anterior, la jurisprudencia de esta Corte ha determinado que el medio de comunicación, por la responsabilidad social que le asiste, tiene la obligación de suministrar información veraz e imparcial que, a su vez, garantice la formación de una opinión pública libre de intereses particulares, respete los derechos fundamentales de la persona que es objeto de la información y reivindique el ejercicio de la actividad periodística[74]. En esa medida, es posible que, debido al poder de impacto de los medios de comunicación, la divulgación de una noticia falsa, inexacta, errada o parcializada, no solo distorsione el objeto de la libertad de prensa, sino que también genere daños importantes en los derechos al buen nombre y a la honra de la persona sobre la que versa la información. Por lo anterior, resulta necesario definir el alcance de estos derechos, tal como se verá a continuación. E. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA 63. El artículo 15 de la Constitución reconoce el derecho que tiene toda persona a su buen nombre. Al Estado, según esta disposición, le corresponde “respetarlo y hacerlo respetar”. Esta Corte ha considerado que, con este derecho, se buscar proteger que lo que se exprese sobre alguien corresponda a la realidad de su actuar social[75]. En otras palabras, es el derecho a que el concepto sobre una persona se consolide según su comportamiento social, honestidad, decoro o profesionalismo[76]. En esta línea, el derecho al buen nombre es “la reputación o la imagen que de una persona tienen los demás miembros de la comunidad y además constituye el derecho a que no se presenten expresiones ofensivas, oprobiosas, denigrantes, falsas o tendenciosas que generen detrimento de su buen crédito o la pérdida del respeto de su imagen personal”[77]. 64. Si bien el buen nombre reconoce las “virtudes” que una persona ha mostrado socialmente, la Constitución no garantiza un buen nombre per se, porque (i) no es un derecho gratuito[78]; y (ii) exige el mérito de la conducta intachable y, en esa medida, es un derecho cuya protección se construye con base en la actuación de su titular. Para esta Corte, se vulnera el buen nombre cuando se difunde información falsa o errónea con el ánimo de distorsionar el concepto público de la persona[79]. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha reconocido que no es posible reclamar la protección de este derecho cuando el comportamiento de la persona no le permite al resto de la sociedad considerarla como digno de una “buena estima social”[80]. 65. El derecho al buen nombre guarda una relación con el derecho a la honra, a pesar de que se trata de dos garantías con contenido diferente. De allí que, en muchos casos, la vulneración de uno implique la trasgresión del otro. 66. El derecho a la honra, establecido en el artículo 21 de la Constitución, protege, por un lado, la estimación que el individuo hace de sí mismo, y por el otro, el reconocimiento que la sociedad debe hacer del individuo, por el simple hecho de ser persona[81]. El reconocimiento objetivo opera en dos direcciones (personal y social) y al estar ligado al valor como persona, está vinculado con la dignidad humana (por esa razón se habla de que la honra es un derecho de valor)[82]. En ese sentido, cómo valor propio, involucra las conductas más íntimas, distintas a aquellas cubiertas por la intimidad personal y familiar. De ahí su estrecha relación con la noción de dignidad humana. 67. La protección de la honra exige analizar si el sujeto, como primer obligado respecto de la protección de sus derechos, realizó el más severo cumplimiento de sus deberes respecto del prójimo y respecto de sí mismo[83]. Se diferencia del honor –que no es un derecho dentro del ordenamiento jurídico colombiano– pues éste es un concepto o sentimiento interno y subjetivo que se refiere a la conciencia del propio valor, independientemente de la opinión ajena[84]. Ahora bien, no hay afectación al derecho “si es la misma persona la que con sus acciones lo está pisoteando y por consiguiente perdiendo el prestigio que hubiera conservado”[85]. Ante casos de violación de este derecho, corresponde al juez constitucional analizar conjuntamente el reconocimiento social, como bien jurídico protegido, desde la afectación a las perspectivas interna y externa[86]. 68. De manera general, tanto el derecho al buen nombre como el derecho a la honra son consecuencia de las acciones del individuo, bien porque en virtud de éstas goce de respeto y admiración, o porque carezca de tal estima. Ambos derechos, sin embargo, difieren en la esfera en la que se proyectan: el primero, en la social, y el segundo, en la personal. Por lo tanto, las hipótesis de afectación de uno y otro también son diferentes. Mientras el derecho a la honra se afecta por la información errónea o tendenciosa respecto a la persona, en su conducta privada; el derecho al buen nombre se vulnera, fundamentalmente, por la emisión de información falsa, errónea o incompleta que genera distorsión del concepto público que de una persona puede tener el grupo social. 69. Por último, cabe mencionar que esta Corte ha tomado nota de que los derechos al buen nombre y a la honra guardan una estrecha relación con el principio de la dignidad humana[87]. En concreto, este Tribunal ha llamado la atención sobre el hecho de que: “(…) al estudiar casos relacionados con la vulneración al buen nombre de una persona, el juez de tutela debe realizar un juicioso estudio de la situación fáctica que se le presenta, dado que este derecho guarda una estrecha relación con la dignidad humana y, por ende, de evidenciar los elementos previamente mencionados [esto es, cuando se divulgan públicamente hechos falsos, tergiversados o tendenciosos sobre una persona, con lo cual se busca socavar su prestigio o desdibujar su imagen], debe proceder al restablecimiento y protección del derecho”[88]. F. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA RECTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA 70. En caso de que la publicación de información falsa, errónea o inexacta derive en la violación de los derechos fundamentales a la honra o el buen nombre, la persona afectada tiene el derecho a obtener la rectificación de aquello que es contrario a la veracidad o que resulta ser una exposición sesgada o parcializada de los hechos[89]. 71. Según el artículo 20 de la Constitución, la rectificación debe realizarse en condiciones de equidad. Lo anterior significa que: (i) la rectificación o aclaración se haga por quien difundió la información; (ii) se haga públicamente, es decir, que ante los receptores de la misma se reconozca que hubo un error[90]; (iii) tenga un despliegue y una relevancia equivalentes al que tuvo la información inicialmente publicada; y (iv) la rectificación conlleve el entendimiento de la equivocación, error, tergiversación o falsedad por parte del medio de comunicación[91]. Cuando la obligación de rectificar la imponga una autoridad judicial, ésta debe establecer en la respectiva providencia “los lineamientos precisos bajo los cuales ésta deberá ser realizada. Lo anterior, con el objeto de proteger efectivamente los derechos fundamentales de quien fue afectado con la información falsa divulgada y asegurar su efectivo restablecimiento”[92]. 72. En relación con la carga de la prueba, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que recae sobre la persona interesada en obtener la rectificación de la información y no sobre el medio de comunicación. En ese sentido, esta Corte ha reiterado que, “basta con que la persona afectada logre demostrar que la información que se exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación; o carece de fundamento, para que exista el deber correlativo de rectificarla”[93]. Sin perjuicio de esto, la Corte también ha acudido a la prueba de la verdad como eximente de responsabilidad (exceptio veritatis), precisando, primero, que no se trata de una figura exclusiva del proceso penal y, segundo, que ante la supuesta trasgresión de los derechos a la honra o al buen nombre, la prueba de la veracidad de las afirmaciones constituye un medio idóneo para liberar de responsabilidad a quien ha emitido la información, siempre que se demuestre la diligencia suficiente para constatar las fuentes consultadas[94]. 73. De manera precisa, vale la pena destacar que la rectificación no es el derecho a la corrección. En otras palabras, no es el derecho a corregir en el sentido que pretende quien presenta la solicitud por información inexacta o imparcial. Se cumple la carga de rectificar cuando se emite una respuesta de fondo que exponga las razones por las cuales se mantiene en lo publicado o, en efecto, se rectifica o corrige el contenido inexacto o imparcial[95]. El alcance de la rectificación vía judicial puede variar en razón de las particularidades del caso concreto. En efecto: (i) en la mayoría de los casos, la rectificación se concretará con la corrección de lo dicho públicamente con igual despliegue, para lo cual, podrá corregirse por el medio de comunicación, o conceder un espacio al perjudicado para que tenga la oportunidad de poner en conocimiento de la comunidad el error y manifestar su posición al respecto; (ii) en algunos asuntos, la rectificación se entenderá satisfecha con la eliminación de la información del medio de comunicación utilizado para divulgarla; o (iii) en situaciones excepcionales, bastará con la mera declaración de que la información divulgada no corresponde a la realidad y que ello constituyó una afectación de las prerrogativas fundamentales, en el sentido de que una sentencia declaratoria de una violación de derechos constituye per se una forma de reparación. 74. La selección del remedio con el que se pretenda satisfacer el derecho a la rectificación debe: (i) evitar que se generen nuevas afectaciones a derechos, o que la recordación de los hechos, aún para aclararlos o desmentirlos, pueda generar un efecto peor o indeseado para la persona afectada; y (ii) ser ponderada, esto es, basada en el ordenamiento jurídico, con una finalidad admisible, y ser necesaria, idónea y estrictamente proporcional al objetivo superior propuesto[96]. 75. Por lo demás, se colige que la rectificación en condiciones de equidad es un derecho fundamental autónomo[97], con un contenido propio que permite diferenciarlo de otros derechos. En particular, el derecho a la rectificación, consagrado en el artículo 20 Superior, busca que, a través de una solicitud ante el medio de comunicación, se reestablezca la veracidad e imparcialidad en la información y, en efecto, se proteja la honra y el buen nombre del afectado[98]. G. LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA ADMINISTRCIÓN DE JUSTICIA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA 76. La violencia contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”[99], lo que conduce a perpetuar la discriminación contra ésta y a obstaculizar su pleno desarrollo. La violencia de género se manifiesta de diferentes formas (física, psicológica, económica, sexual), y algunas de éstas pueden no ser visibles. Sobre este punto, la Corte ha sido clara en determinar que existe un tipo de violencia de género denominada “invisible” o estructural, la cual debe ser tenida en cuenta a la hora de combatirla. En ese sentido, ha señalado que: “Centrándose en lo concerniente a la violencia contra las mujeres, las agresiones van más allá de las lesiones físicas y psicológicas, denominadas violencia visible. La invisible se refiere a la violencia estructural que implica inequidad en el ámbito de lo político, lo social y lo económico y a la violencia cultural constituida por los discursos que justifican el trato desigual. Estos tres componentes de la violencia se retroalimentan entre ellos, perpetuando la discriminación, la desigualdad y la violencia.”[100] (Negrillas fuera del texto) 77. Ante este panorama, varios instrumentos de orden nacional[101] e internacional[102] establecen normas tendientes a erradicar la violencia de género y garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En virtud de estos instrumentos, es responsabilidad del Estado y de sus agentes prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia contra la mujer, lo cual incluye a la administración de justicia. 78. Sobre el particular, la jurisprudencia reiterada de esta Corte[103] ha reconocido el importante rol de los jueces a la hora de luchar contra la discriminación en razón al género. En ese sentido, así como los jueces pueden reconocer y proteger derechos, también es posible que confirmen patrones estructurales de discriminación y desigualdad[104]. De hecho, la Corte ha visibilizado las dificultades que aquejan a las mujeres que acuden a la justicia para denunciar casos de violencia: “Como se ha podido advertir, la violencia contra la mujer se presenta en distintos escenarios. No solo en espacios públicos sino también privados. Cuando esto sucede las mujeres acuden a las autoridades públicas, como los jueces, para exigir sus derechos. No obstante, lo que la práctica indica es que cuando ello ocurre, se presenta un fenómeno de “revictimización” de la mujer pues la respuesta estatal no solo no es la que se esperaba, sino que, muchas veces, se nutre de estigmas sociales que incentivan la discriminación y violencia contra esa población. Tales circunstancias se presentan, al menos, de dos formas. La primera por la “naturalización” de la violencia contra la mujer, obviando la aplicación de enfoques de género en la lectura y solución de los casos y, la segunda, por la reproducción de estereotipos.”[105] 79. Por este motivo, en los casos que involucren violencia contra las mujeres, se ha señalado que este tribunal tiene la obligación de adoptar un enfoque de género, que permita visibilizar los tipos de violencia estructural a los que son sometidas y, de esa manera, ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. De hecho, en la sentencia T-967 de 2014[106], se concluyó que existe la necesidad de que los operadores judiciales adopten una perspectiva de género en la solución de sus casos, con el fin de reconfigurar las estructuras que llevan a la discriminación y violación de los derechos de las mujeres. De manera específica se señaló que: “(…) es evidente que los esfuerzos en pro de la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, en este caso, desde la administración de justicia, no han sido suficientes. Por tanto, se debe ahondar en la construcción de marcos interpretativos que ofrezcan a los operadores jurídicos visiones más amplias y estructurales del problema, que les permitan ofrecer soluciones judiciales integrales y que aporten, desde su función, a la reconfiguración de los mencionados patrones culturales discriminadores.” (Negrillas fuera del texto original) 80. Debido a lo anterior, es dado concluir que las autoridades judiciales deben aplicar “(…) una perspectiva de género en el estudio de sus casos, que parta de las reglas constitucionales que prohíben la discriminación por razones de género”[107]. Como ha sido resaltado por esta Corte, si bien lo anterior resulta de particular importancia en el ámbito penal, debe extenderse hacia los procesos de otra naturaleza, con el fin de lograr una “igualdad procesal realmente efectiva [en la que] en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente con mayor peso que los derechos humanos de la mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia”[108]. En esa medida, le corresponde a este tribunal verificar si el operador judicial actúa o no desde formas estereotipadas que conllevan a invisibilizar la violencia contra la mujer. H. SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO –EL PERIÓDICO BOYACÁ SIETE DÍAS VULNERÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA HONRA, AL BUEN NOMBRE Y A LA RECTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 81. En el presente caso, esta Sala debe determinar si el periódico accionado, Boyacá Siete Días, vulneró los derechos fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, buen nombre, honra y el principio de dignidad humana de Raquel Lucía Pereira Suárez, al no rectificar la información contenida en la noticia del 24 de mayo de 2019 titulada “Demandará a la Fiscalía”. 82. Según la accionante, en la noticia publicada por el periódico Boyacá Siete Días: (i) se hacen “expresiones despectivas, falaces sobre el estado del proceso legal al que se refieren, sobre la idoneidad de los conceptos emitidos a nivel profesional por una institución como lo es Medicina Legal”; (ii) no se aplicó el principio de transparencia y veracidad al publicar la noticia por parte del periodista y/o redactor; y (iii) se indujo al lector a concluir que ella había manipulado o sesgado los informes emitidos por la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, cuando se afirmó por parte del medio de comunicación que “de acuerdo con las pruebas, la víctima habría inventado una lesión que le provocó fractura de muñeca”. 83. Tras haberse interpuesto una solicitud de rectificación, el periódico demandado publicó una columna denominada “Carta al Lector”, en donde transcribió los fundamentos fácticos que sustentaron la solicitud de rectificación. Sin embargo, tras considerar que dicha solicitud no fue resuelta y que la información no fue rectificada, la accionante decidió interponer la acción de tutela que acá se estudia. 84. En primera instancia, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja consideró que el periódico Boyacá Siete Días y el señor Oscar Fernando Díaz Rodríguez habían vulnerado los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de la accionante. En consecuencia, ordenó que, tanto el accionado como el vinculado, publicaran en el mi...