Sentencia T-368 de 2023

T-368-23 AUTONOMIA DE LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA-Jurisprudencia constitucional La ausencia de segunda instancia no es, por cierto, excepcional en los pueblos indígenas. La Corte ha conocido diferentes casos en los que ha verificado que dicha figura no hace parte de las formas propias para resolver controversias de varias comunidades indígenas. (...) La reunión de funciones políticas, jurídicas y religiosas en algunas autoridades indígenas, por una parte, así como la usual intervención de la comunidad en la adopción de la decisión, explican que algunos sistemas no prevean la posibilidad de llevar la controversia a una instancia superior. ACCION DE TUTELA CONTRA DECISIONES DE AUTORIDADES DE COMUNIDADES INDIGENAS-Inexistencia de otro medio de defensa judicial JURISDICCIÓN ESPECIAL INDIGENA-Factores que determinan la competencia/ELEMENTOS DE LA JURISDICCION INDIGENA-Territorial, personal, institucional y objetivo JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA-Estructura del debido proceso y procedimiento para solución de conflictos PRINCIPIO DE MAXIMIZACION DE LA AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS O MINIMIZACION DE LAS RESTRICCIONES A SU AUTONOMIA-Reiteración de jurisprudencia PRINCIPIO DE COORDINACION INTER JURISDICCIONAL-Definición de competencias La coordinación interjurisdiccional, en una primera aproximación, supone la posibilidad de generar un diálogo entre distintas autoridades judiciales (sean indígenas o de distintos sistemas) para discutir y decidir acerca de si se presentan o no los elementos necesarios para el ejercicio de sus competencias, evitando así que se suscite un conflicto positivo o negativo de competencias. En el caso de los pueblos indígenas, debe concebirse en un espacio y modo apropiado a sus formas de ver el derecho. REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Tercera de Revisión SENTENCIA T-368 de 2023 Referencia: Expediente T-8.621.934 Acción de tutela presentada por Jorge Ortiz Fierro contra el Resguardo Indígena Meche San Cayetano de Coyaima, el Resguardo Indígena Tutira Bonanza, de Coyaima, Jesús Armando Loaiza Sánchez, Melba Loaiza Sánchez, Humberto Loaiza Sánchez y Orlando Loaiza Sánchez. Magistrada ponente: Diana Fajardo Rivera Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA 1. Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Coyaima (Tolima), el 5 de octubre de 2021, y por el Juzgado Penal de Circuito con Funciones de Conocimiento de Guamo (Tolima), el 26 de noviembre de 2021. I. ANTECEDENTES 2. El 20 de septiembre de 2021, Jorge Ortiz Fierro presentó acción de tutela contra (i) el Resguardo Indígena Meche San Cayetano del pueblo indígena Pijao, de Coyaima (Tolima); (ii) el Resguardo Indígena Tutira Bonanza, de Coyaima (Tolima); y (iii) los señores Jesús Armando Loaiza Sánchez, Melba Loaiza Sánchez, Humberto Loaiza Sánchez y Orlando Loaiza Sánchez.[1] 3. En su criterio, las autoridades indígenas de los resguardos Meche San Cayetano y Tutira Bonanza desconocieron sus derechos de petición, debido proceso, propiedad, mínimo vital e igualdad al resolver una controversia sin competencia y de forma arbitraria, por no tener en cuenta los elementos de prueba que aportó y negarle el derecho a recurrir la decisión. 4. Los hechos en los que se fundamenta el presente caso se desarrollan a continuación. a. Hechos[2] 5. El accionante pertenece al Resguardo Indígena Tutira Bonanza (municipio de Coyaima, Tolima)[3]. Señala que es poseedor del predio La Zorrera[4] desde el año 2000, cuyos derechos le regaló su cuñado, Luis Enrique Abella Moreno. Sostiene que desde 2013 ha sembrado diferentes cultivos e inició la construcción de una vivienda en La Zorrera. 6. Jesús Armando Loaiza Sánchez, Melba Loaiza Sánchez, Humberto Loaiza Sánchez y Orlando Sánchez Loaiza, miembros del Resguardo Indígena Meche San Cayetano (de Coyaima, Tolima), presentaron demanda escrita ante los resguardos Tutira Bonanza y Meche San Cayetano, en la que solicitaron el desalojo del señor Jorge Ortiz Fierro de La Zorrera.[5] Explicaron que habían adquirido ese terreno como herencia de sus padres, fallecidos en 2006 y 2009 respectivamente, y cuya sucesión fue protocolizada el 15 de julio de 2017.[6] 7. Jorge Ortiz Fierro contestó la demanda el 12 de septiembre de 2020.[7] Manifestó que ha sido poseedor del predio durante 20 años y sostuvo que ni los demandantes, ni sus padres, han ejercido actos de dominio sobre el bien. Señaló que el inmueble no está ubicado en un resguardo, sino que se trata de una propiedad de carácter privado, de manera que cualquier controversia sobre su posesión debe plantearse ante la justicia ordinaria, especialidad civil. Para apoyar su posición, aportó declaraciones extra juicio.[8] 8. Los cabildos de los resguardos indígenas Tutira Bonanza y Meche San Cayetano asumieron, de manera conjunta, el conocimiento del caso y, mediante Acta de Juzgamiento No. 1 de 8 de marzo de 2021,[9] decidieron (i) declarar al señor Ortiz Fierro perturbador de la posesión de los demandantes sobre La Zorrera, y (ii) otorgarle el plazo de 30 días para retirar sus plantaciones y cercos; (iii) advertir al demandado que, en caso de reincidir, sería sancionado y podría ser privado de la libertad. Para los cabildos, el accionante “se limitó a manifestar que el predio (…) es una posesión familiar, sin dar ninguna otra justificación de la ocupación que ha hecho al inmueble sin contar con el consentimiento de los demandantes, quienes figuran como poseedores del predio y las mejoras del mismo.” 9. Resaltaron que las asambleas de los resguardos los facultaron para decidir, por involucrar comportamientos contrarios a sus buenas costumbres, y puntualizaron que el fuero indígena es irrenunciable. 10. En escrito del 24 de marzo de 2021, Jorge Ortiz Fierro presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra el Acta de Juzgamiento Conjunta No. 1 del 8 de marzo de 2021.[10] 11. Reiteró que La Zorrera no está dentro de los resguardos y que él es su poseedor desde hace veinte años, cuando fue abandonado por los demandantes; argumentó que la decisión de 8 de marzo de 2021 es contraria a la Constitución y la ley, pues desconoce su derecho a la propiedad y no respeta el debido proceso, en sus dimensiones de juez natural y segunda instancia. Manifestó que la situación ha afectado a su familia, especialmente a sus hijas menores de edad, y a un cuñado que padece síndrome de Down, quienes están bajo el cuidado de algunos familiares. Pidió que se declare la nulidad de lo actuado y se decrete la suspensión de términos, mientras se define el juez competente; y que, en caso de mantener la decisión de 8 de marzo de 2021, se conceda el recurso de apelación y se remita el caso a la Federación Regional Indígena del Tolima - FICAT. 12. En Decisión Judicial 02 del 11 de mayo de 2021, las autoridades indígenas confirmaron su providencia y rechazaron el recurso de apelación del señor Ortiz Fierro.[11] Argumentaron que sí tienen competencia para resolver el asunto puesto a su consideración, pues los involucrados pertenecen a las comunidades que representan y el bien objeto de la controversia está en terreno de propiedad indígena. Con base en la Sentencia T-642 de 2014 de la Corte Constitucional, explicaron la proyección de su identidad cultural a lugares donde no se encuentre ubicada la comunidad y fundamentar su competencia territorial. 13. Indicaron, además, que la decisión observó el procedimiento aplicable, garantizó el derecho de defensa y analizó de manera integral el material probatorio; y explicaron que la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima –ACIT– y la Federación Indígena de Cabildos Autónomos del Tolima –FICAT– no ejercen funciones jurisdiccionales ni de revisión de las providencias de los cabildos. b. Argumentos del escrito de tutela 14. El accionante acudió a la tutela, pues considera que la decisión de las autoridades indígenas viola la Constitución, la ley, y los siguientes derechos fundamentales:[12] 14.1. De petición, debido a que presentó pruebas, recursos y soluciones al conflicto que fueron desestimadas, y que los gobernadores de los resguardos no se reunieron para dar una “verdadera decisión”;[13] 14.2. Al debido proceso, por la falta de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena para conocer del caso a involucrar un predio privado ubicado fuera de un resguardo, la omisión de valoración de material probatorio aportado, la toma de una decisión sin una reunión de toda la comunidad, la ausencia de segunda instancia o reunión del cabildo en pleno, y la notificación irregular de las actuaciones; 14.3. A la propiedad, dado que desconocieron el derecho de posesión que ha ejercido durante 20 años, no verificaron que el terreno correspondiera al que alega que le pertenece, y no recibió una indemnización por sus mejoras y plantaciones en el terreno. 14.4. A la igualdad, porque tiene derecho, como cualquier persona, a la segunda instancia, a que se valoren sus argumentos y pruebas, y a que el caso sea conocido por los jueces civiles. 15. En su escrito, reiteró los argumentos expuestos en líneas previas, y alegó que (i) los señores Loaiza Sánchez pretendían afectar sus derechos; (ii) él ha ejercido posesión en un predio distinto al que los señores Loaiza Sánchez reclaman, como lo demuestra el hecho de que construyó una casa en un terreno cercano a la carretera de Coyaima; (iii) las declaraciones extra juicio presentadas en el proceso ante las autoridades indígenas son suficientes para acreditar que él es el verdadero poseedor; (iv) el cabildo en pleno era la autoridad competente para tomar la última decisión; (v) presentó un recurso de apelación que no fue resuelto, y que le correspondía al cabildo en pleno; (v) los gobernadores de los resguardos no se reunieron para tomar las decisiones adoptada en su contra; (vi) si fuera un predio del resguardo, le correspondería a toda la comunidad, por lo que la jurisdicción civil es la competente; y (vii) los señores Loaiza Sánchez presentaron un recibo de impuesto predial sobre un predio distinto. 16. El accionante solicitó como medida provisional la suspensión de las decisiones cuestionadas, y pidió que (i) se declare la nulidad de lo actuado; (ii) se respete su derecho de posesión sobre el inmueble objeto de la controversia y las mejoras allí ubicadas; (iii) se aplicaran las sanciones correspondientes por la arbitrariedad de las decisiones de las autoridades indígenas; (iv) se tenga en cuenta todo el material probatorio aportado; y (v) el caso sea remitido a la jurisdicción ordinaria. c. Trámite de la acción de tutela 17. Mediante Auto del 22 de septiembre de 2021, el Juzgado Promiscuo Municipal de Coyaima (Tolima) admitió la acción y vinculó a la señora Yolanda Ortiz Fierro,[14] y a los señores Luis Enrique Abella Moreno[15] y Jesús Moncaleano Sánchez.[16] Así mismo, ordenó su notificación y corrió traslado para el ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción.[17] Como resultado, obtuvo las siguientes respuestas: 18. Jesús Moncaleano Sánchez, en su calidad de gobernador del resguardo Meche San Cayetano de Coyaima, se opuso a las solicitudes del accionante.[18] Indicó que todas las etapas del trámite se adelantaron de forma rigurosa, con el respeto al debido proceso, y que, a partir de las pruebas practicadas, se evidenció que el señor Ortiz Fierro no tenía derecho a reclamar una posesión ajena.[19] Manifestó que la figura de la posesión sobre terreno ajeno es propia de la cultura occidental, pero resulta inaceptable para su comunidad porque amenaza su supervivencia armónica, e implica un despojo al derecho fundamental a la tierra entre indígenas. 19. Yolanda Ortiz Fierro presentó un escrito en el que corroboró que los hechos alegados por su hermano, el accionante, son ciertos.[20] d. Sentencia de tutela de primera instancia 20. En sentencia del 5 de octubre de 2021, el Juzgado Promiscuo Municipal de Coyaima (Tolima) negó el amparo.[21] Consideró que la decisión cuestionada se adoptó de conformidad con los sistemas de derecho propio de los resguardos indígenas accionados y no es arbitraria. Reconoció la autonomía e independencia de la jurisdicción indígena y manifestó que el rol del juez constitucional no es el de convertirse en un “dador de instancia”, por lo que la acción resulta improcedente. Así mismo, indicó que el recurso de apelación fue considerado y se argumentaron las razones de su improcedencia, y que no es posible cuestionar las consideraciones de fondo de la decisión o resolver una solicitud de cambio de jurisdicción mediante tutela. e. Impugnación 21. El accionante impugnó la decisión.[22] Argumentó que la sentencia de primera instancia es incongruente, debido a que no se pronunció sobre su solicitud de medida cautelar; el juez no tuvo en cuenta el material probatorio que lo acredita como poseedor de La Zorrera durante más de 20 años, y no respondió de manera adecuada, concreta y completa sus peticiones, por lo que violó su derecho de petición. Reiteró que el predio está por fuera del territorio indígena y que el procedimiento adelantado desconoció el debido proceso porque debió haber sido fallado por la jurisdicción ordinaria civil. Adujo que se afectó el mínimo vital de su familia, su sustento y estabilidad económica.[23] f. Sentencia de segunda instancia 22. La decisión de primera instancia fue confirmada por el juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guamo, Tolima, mediante providencia de 26 de noviembre de 2021.[24] Con base en la Sentencia T-670 de 2011, destacó el alcance de la autonomía indígena en el sistema jurídico colombiano y su facultad para resolver las controversias que surjan en sus formas de autogobierno con base en sus sistemas de derecho propio. II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN 23. La Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro, integrada por las magistradas Natalia Ángel Cabo y Paola Andrea Meneses Mosquera, seleccionó al expediente T-8.621.934 para revisión mediante Auto 29 de abril de 2022, por tratarse de un asunto novedoso. a. Solicitud de pruebas y respuestas 24. Mediante Auto del 19 de julio de 2022, la Sala de Revisión decretó la práctica de pruebas y dispuso la suspensión de los términos del proceso por tres meses, con el propósito de permitir su recepción y valoración adecuada. Como resultado, se obtuvieron las siguientes respuestas: 25. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)[25] manifestó que no contaba con investigadores que se encuentren trabajando con los resguardos indígenas Meche San Cayetano y Tutira Bonanza, por lo que su concepto técnico solamente incluye generalidades sobre el pueblo Pijao, que tiene una presencia relevante en el municipio de Coyaima.[26] A continuación se reseñan algunos puntos de su intervención: 26. En 1920 se conformó el primer órgano de gobierno propio del pueblo Pijao y, desde los años 70, comenzaron a crearse organizaciones regionales en el proceso de reivindicación de sus derechos. Actualmente, el pueblo Pijao cuenta con 60 cabildos: 19 pertenecen al Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), 27 a la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT), 11 a la Federación de Indígenas de Cabildos Autónomos del Tolima (FICAT), y los demás funcionan de manera independiente. Las comunidades cuentan con estatutos reglamentos propios para la resolución de conflictos. En 2001 se creó el Tribunal Superior Indígena del Tolima en 2001, por parte del CRIT, para fortalecer la administración de justicia en sus territorios, dentro de los que se encuentra el municipio de Coyaima, el cual definió un protocolo de coordinación interjurisdiccional para cada proceso,[27] y la regla de remitir la información sobre las decisiones adoptadas por las autoridades indígenas. Sin embargo, se desconoce el estado actual del Tribunal. 27. Los gobernadores de los resguardos indígenas Meche San Cayetano y Tutira Bonanza[28] indicaron que: (i) La Zorrera es parte del territorio Pijao, del municipio de Coyaima, con base en la definición de territorio indígena del artículo 2 del Decreto 2164 de 1995.[29] En ese sentido, aunque no existe un título específico, el predio se encuentra dentro del municipio de Coyaima, cerca del asentamiento del resguardo Meche San Cayetano, y es un lugar donde las comunidades realizan actividades económicas; (ii) las partes son miembros de comunidades diferentes, así que sus autoridades tramitaron el asunto de forma conjunta, pues comparten la costumbre de respetar los derechos de cada comunero y rechazar las vías de hecho para apropiarse de bienes; (iii) el diálogo entre comunidades para solucionar conflictos entre sus miembros se produce ya ha sido utilizado previamente. En efecto, en Coyaima (Tolima) es muy frecuente el diálogo entre resguardos, porque en sus veredas hay miembros de diferentes comunidades. 28. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Interior indicó que los procedimientos de solución de conflictos son construidos por los miembros del resguardo en el marco de su autonomía y autodeterminación, por lo que solo intervienen en caso de solicitud de la comunidad; y explicó que no tiene la facultad de certificar si el predio objeto de controversia hace parte del territorio de los resguardos; esa función corresponde a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). 29. La Agencia Nacional de Tierras - ANT informó que no pudo ubicar el predio La Zorrera en el municipio de Coyaima, debido a que no cuenta con información geográfica suficiente.[30] 30. El Departamento de Antropología de la Universidad Nacional[31] se abstuvo de rendir concepto, por la ausencia de docentes con estudios o conocimientos sobre el objeto de la consulta. 31. Jorge Ortiz Fierro (el peticionario) se pronunció sobre las respuestas referidas. Reiteró los argumentos incluidos en la acción de tutela. Aceptó que La Zorrera está ubicada en el municipio de Coyaima, pero negó que la comunidad haya realizado actividades económicas en dicho terreno, pues sólo él lo ha explotado, en calidad de dueño. También negó que el predio esté cerca del asentamiento de la comunidad Meche San Cayetano.[32] Además, solicitó a la Sala que oficiara al IGAC para que indicara la ubicación exacta del predio objeto de la controversia.[33] 32. Mediante Auto del 9 de diciembre de 2022, que fue notificado el 13 de diciembre de 2022,[34] por considerarlo útil y pertinente, la Magistrada Sustanciadora solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - informar si el predio objeto de la controversia hace parte del territorio ancestral o colectivo de uno de los resguardos Meche San Cayetano o Tutira Bonanza. 33. Su respuesta se recibió de forma extemporánea, el 23 de mayo de 2023. Sin embargo, en la medida en que fue información requerida por este Tribunal, y en el marco del carácter informal de la acción, la Sala sintetiza así su intervención: en sus bases de datos se identifica dos predios denominados “La Zorrera” en la vereda Buenavista del municipio de Coyaima: uno, con número catastral 73217000400000003021200000000, cuya propietaria es Ana flor Sánchez Loaiza; y otro, con número de catastro 73217000400000003017900000000, cuya propietaria es Rosalba Oliveros García. El IGAC argumentó que no tiene competencias en asuntos de orden étnico, cultural y ancestral, y que, con base en la información disponible, no puede determinar la ubicación los dos predios denominados “La Zorrera” dentro de los resguardos y/o comunidades indígenas mencionadas.[35] III. CONSIDERACIONES a. Competencia 34. La Sala Tercera de Revisión es competente para pronunciarse en el asunto de la referencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 29 de abril de 2022 de la Sala de Selección Número Cuatro de 2022, que escogió para revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.[36] La Sala comenzará por el análisis de procedencia formal de la acción (o procedibilidad). En caso de que se supere, planteará el problema jurídico y la estructura de la decisión. b. Análisis de procedibilidad 35. Aunque las decisiones de la Jurisdicción Especial Indígena son verdaderas decisiones judiciales, los requisitos generales y las causales específicas fijadas desde la Sentencia C-590 de 2005[37] para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias dictadas por los jueces de la cultura mayoritaria no les resultan aplicables en su integridad, pues, en virtud de la autonomía que le reconoce el artículo 246 de la Constitución y los principios de (i) maximización de la autonomía indígena y minimización de las restricciones[38] y de (ii) mayor autonomía para la decisión de conflictos internos,[39] la aplicación de los requisitos procedimentales debe ser aplicada en consideración al contexto en que se ubican, sin perjuicio de acudir a las subreglas de la Sentencia C-590 de 2005, cuando resulten pertinentes para la adecuada comprensión del conflicto constitucional bajo estudio. 36. Como se desarrollará en el acápite (f), la Jurisdicción Especial Indígena tiene una amplia autonomía para la toma de sus decisiones. La Constitución de 1991 reconoce las concepciones jurídicas de cada comunidad indígena, pero las somete al cumplimiento de unos contenidos mínimos del debido proceso, como la predecibilidad y previsibilidad de las actuaciones de sus autoridades. Sin embargo, no existe un deber de codificación procesal o de apego a otras formalidades, que sí son obligatorios para los Jueces de la República. 37. Desde la perspectiva formal y procedimental, los requisitos especiales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial se pensaron para el derecho no indígena, e incluyen supuestos como la interpretación de la ley escrita, y una profusa regulación de las etapas procesales y requisitos para el análisis probatorio, así como la necesidad de preservar las competencias de otros órganos de cierre. 38. Aquellos requisitos pueden resultar incompatibles con los sistemas jurídicos indígenas, donde muchos sistemas son de carácter oral, no hay una distribución similar de competencias, ni la estructura de jueces, tribunales y Cortes, entre otros aspectos. Con la anterior aclaración, la Sala analizará la procedencia de la acción de tutela. 39. Legitimación en la causa por activa. La legitimación por activa “se refiere a la capacidad para actuar en la acción de tutela. Esta es particularmente amplia en la acción de tutela, pues la Constitución la concibe como un derecho fundamental de todas las personas. La acción de tutela puede ser presentada, entre otros, por cualquier persona afectada en sus derechos, en nombre propio o a través de apoderado judicial”;[40] y, en esta oportunidad, el requisito se encuentra acreditado debido que el señor Jorge Ortiz Fierro acudió a la acción de tutela en nombre propio, para el amparo de los derechos fundamentales que considera vulnerados. 40. Legitimación en la causa por pasiva. Corresponde a “la aptitud legal (…) de ser llamado efectivamente a responder por la vulneración o amenaza [de los derechos fundamentales cuya protección se reclama]”[41]. El requisito se cumple, dado que el señor Ortiz Fierro alega una violación de sus derechos por parte de las autoridades de los resguardos Meche San Cayetano y de Tutira Bonaza, autoridades contra las que se dirige la acción. 41. La Sala concluye que Melba Loaiza Sánchez, Jesús Armando Loaiza Sánchez, Humberto Loaiza Sánchez y Orlando Sánchez Loaiza no tienen legitimación en la causa por pasiva. El accionante aduce la violación de derechos fundamentales por las decisiones de las autoridades indígenas, sin que haya conducta alguna que pueda atribuírsele a los señores Loaiza Sánchez en relación con los hechos narrados en su acción de tutela. Ellos simplemente solicitaron la protección de su posesión, sin que se evidencie acción u omisión alguna que les dé la aptitud legal para responder por las afectaciones alegadas por Jorge Ortiz Fierro. 42. Inmediatez. La acción de tutela debe presentarse dentro de un término razonable, a partir de la acción u omisión que habría generado la violación de un derecho fundamental. La razonabilidad se debe analizar con base en criterios como “la complejidad del asunto, la diligencia del peticionario en defensa de sus derechos, o el impacto que la intervención del juez de tutela pueda tener en terceros y en la seguridad jurídica.”[42] En el caso concreto, la decisión de rechazar el recurso presentado por el señor Ortiz Fierro fue notificada el 28 de agosto de 2021[43] y la acción de tutela fue presentada el 20 de septiembre de 2021, casi un mes después, período breve, que evidencia celeridad en la defensa de los derechos por parte del peticionario. El requisito está acreditado. 43. Subsidiariedad. La acción de tutela solo procede cuando el afectado no cuenta con otro medio de defensa judicial; cuando, pese a que ese mecanismo existe, no es idóneo o eficaz en las circunstancias del caso concreto; o cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.[44] 44. La demanda interpuesta contra el señor Ortiz Fierro fue resuelta por una decisión de la Jurisdicción Especial Indígena, frente a la que no procedía ningún recurso, como consta en la Decisión Judicial 02 del 11 de mayo de 2021,[45] así que el accionante no cuenta entonces con otro mecanismo de defensa judicial para controvertir la decisión cuestionada y el requisito se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad. c. Problema jurídico y estructura de la decisión 45. La Sala Tercera de Revisión debe determinar si las autoridades de los resguardos Meche San Cayetano y Tutira Bonanza desconocieron el derecho fundamental al debido proceso del señor Jorge Ortiz Fierro, al (i) adoptar, de manera conjunta, la decisión de ordenar su desalojo del predio La Zorrera, por perturbación de la posesión de otros comuneros, por tratarse, en criterio del accionante, de un asunto de la justicia ordinaria, especialidad civil, pues ese predio no se encuentra en territorio indígena; (ii) no analizar las pruebas que aportó al proceso que dan cuenta de su posesión del predio durante 20 años, y que se trata de uno distinto al que reclaman los señores Sánchez Loaiza; y (iii) rechazar los recursos de reposición y apelación contra esa decisión. 46. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia sobre autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas y (ii) los factores que activan la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena; (iii) abordará el alcance del derecho a una segunda instancia para procesos judiciales en el ordenamiento jurídico colombiano y su aplicabilidad en el marco del debido proceso dentro de los asuntos bajo competencia de la Jurisdicción Especial Indígena; y (iv) el principio de coordinación al interior de la Jurisdicción Especial Indígena. En ese marco, (v) analizará el caso concreto y definirá los remedios a adoptar. d. La autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas 47. La Constitución Política de 1991 implicó una profunda transformación en el ordenamiento jurídico colombiano. En contraste con la Constitución Nacional de 1886, centralista y unitaria tanto en lo jurídico como en lo cultural,[46] la Carta Política actual reconoce, respeta y protege la diversidad étnica y cultural. [47][48] Al compás del derecho internacional de los derechos humanos, abandonó el enfoque de integración de los pueblos a las sociedades de los países que habitan o de asimilación de la diferencia[49] y abrió un horizonte de respeto por la autonomía de los pueblos y la diferencia cultural.[50] 48. La Carta Política actual, además, tiene como pilares el pluralismo y la participación. Establece el carácter oficial de los idiomas de los pueblos indígenas en sus territorios,[51] los derechos a conformar entidades territoriales indígenas,[52] y a ejercer autonomía política y administrar justicia dentro de su ámbito territorial.[53] Es una constitución multicultural,[54] pues establece el principio de igualdad de culturas; e intercultural, pues confía en el diálogo horizontal para la construcción de la identidad nacional. 49. En ese marco, y de acuerdo con el artículo 246 superior, los pueblos indígenas tienen derecho a darse y ejercer sus sistemas de derecho propio y, las autoridades indígenas[55] tienen la facultad de aplicarlos en su ámbito territorial.[56] La Jurisdicción Especial Indígena asegura el acceso a la justicia a una proporción relevante de la población colombiana y preserva un conocimiento profundo en torno a la solución de los conflictos sociales.[57] Esta disposición que debe interpretarse de manera sistemática con el resto de normas que definen los derechos de los pueblos étnicos en el país. 50. Además, el artículo 246 -citado- establece que la Jurisdicción Especial Indígena debe ejercerse de conformidad con la Constitución y la ley y ordena al Congreso de la República debe dictar una ley de coordinación. El primer enunciado ha generado profundas discusiones constitucionales, a las que se hará referencia a continuación; el segundo mandato no ha sido cumplido, después de treinta años de la suscripción del pacto constitucional, y será objeto de reflexiones ulteriores en esta providencia. 51. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los derechos de los pueblos indígenas son fundamentales, diferentes a los de cada uno de sus miembros y a la sumatoria de estos últimos.[58] Por lo tanto, una lectura aislada y gramatical de su conformidad con la Constitución y la ley es errada, ya que pondría a todas las leyes por encima de un derecho fundamental. 52. Después de las discusiones sostenidas entre los años 1994 y 1998;[59] y recogidas posteriormente en sentencias de los años 2009 y 2010,[60] reiteradas desde entonces pacíficamente, la comprensión del alcance y límite de la justicia indígena debe seguir estas pautas: (i) existe un núcleo de derechos humanos que debe ser respetado por todas las jurisdicciones, incluida la indígena.[61] Este incluye (i) la prohibición de la pena de muerte, (ii) la prohibición de servidumbre, (iii) la prohibición de tortura y (iv) el debido proceso constitucional.[62] Este núcleo (2) debe ser comprendido en clave de respeto por la diversidad.[63] En torno a los demás derechos fundamentales, (3) cuando surgen tensiones deben realizarse ejercicios de ponderación, en los cuales (4) el principio de maximización de la autonomía y minimización de las restricciones[64] confiere un peso inicial relevante a la Jurisdicción Especial Indígena y a la autonomía de los pueblos.[65] 53. Es oportuno recordar también que la autonomía de los pueblos indígenas, en el ámbito de la justicia, no tiene límites materiales absolutos o definitivos y que la división en especialidades, propia del derecho ordinario, no es exigible a los pueblos. Esta puede resultar incompatible con culturas que propenden por una comprensión integral y holística de sus relaciones con el territorio.[66] Por lo tanto, el análisis de los límites de las decisiones de la Jurisdicción Especial Indígena parte de la interdicción de la arbitrariedad,[67] en virtud del cual se exigen los siguientes contenidos mínimos del debido proceso: “la sentencia T-510 de 2020 sintetizó las reglas mínimas del derecho al debido proceso reconocidas por la jurisprudencia constitucional en tratándose de investigaciones adelantadas por la JEI: (i) el principio de juez natural, (ii) la presunción de inocencia, (iii) el derecho de defensa, (iv) la prohibición de la responsabilidad objetiva y el principio de culpabilidad individual, (v) el principio de non bis in idem, (vi) la no obligatoriedad de la segunda instancia, (vii) la razonabilidad y proporcionalidad de las penas y (viii) el principio de legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas.”[68] 54. En torno a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que (i) el principio de legalidad debe entenderse como respeto por el procedimiento propio e incluye la previsibilidad y predecibilidad de la conducta; [69] y (ii) el respeto por las formas propias de cada sistema de derecho propio. 55. Para terminar, según jurisprudencia consolidada, los pueblos indígenas, gozan de un margen de autonomía aún más amplio para la solución de conflictos internos o que pueden dar lugar a divisiones internas de especial intensidad.[70] e. Factores que activan la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena. Reiteración de jurisprudencia 56. La Jurisdicción Especial Indígena es un “derecho autonómico de las comunidades indígenas”[71] y una garantía para cada uno de sus integrantes, el fuero indígena, que se integra al principio de juez natural;[72] (i) una potestad exclusiva, en cabeza de los pueblos, para conocer de las controversias que se enmarquen en su competencia; y (ii) un derecho fundamental de sus miembros que se integra al debido proceso. 57. Como se indicó, el artículo 246 de la Constitución ordena al Congreso dictar una ley de coordinación entre jurisdicciones, la cual no ha sido expedida aún. En ausencia de esta herramienta normativa, una construcción progresiva de jurisprudencia constitucional ha desarrollado criterios para comprender el alcance de la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena y, en especial, para materializar su ejercicio desde la premisa según la cual el concepto de constitución normativa implica que la eficacia de los derechos constitucionales debe alcanzarse aun en ausencia del correspondiente desarrollo legislativo. 58. Los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena involucran un análisis razonable. La simple constatación de su concurrencia, a modo de una fórmula automática o lista de chequeo, no es suficiente para determinar la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena. El que alguno de estos factores no se cumpla no implica necesariamente su exclusión. El juez constitucional y, en especial la Corte, debe ponderar las implicaciones de su presencia o ausencia en el caso concreto en función de tres grandes finalidades. La protección de los derechos de las víctimas, el principio de juez natural y el equilibrio o armonía social.[73] 59. A continuación, se reitera la jurisprudencia sobre los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena, con base en la exposición sistemática de la Sentencia T-617 de 2010,[74] después acogida por la Sala Plena en la Sentencia C-463 de 2014[75] y muchas otras providencias:[76] (i) el factor personal, (ii) el factor territorial, (iii) el factor objetivo, y (iv) el factor institucional. 60. El factor personal se refiere a “la pertenencia del acusado de un hecho punible o socialmente nocivo a una comunidad indígena”[77] o, en casos que no suponen el juzgamiento de una persona, la pertenencia de los interesados en el conflicto a la comunidad. Esta se determina con base en la identidad cultural de quien comparece ante la Jurisdicción Especial Indígena y se analiza por “(i) la propia consciencia del sujeto frente a su pertenencia al grupo étnico y (ii) el reconocimiento de la misma comunidad.”[78] Los censos de las comunidades así como el reconocimiento son pruebas de esta identidad; y, de modo auxiliar, los censos que almacena el Ministerio del Interior.[79] 61. El factor territorial alude a la ocurrencia de los hechos “dentro del ámbito territorial del resguardo”,[80] bajo el entendido de que el ámbito territorial no se reduce a una perspectiva física o geográfica, sino que se trata del especio cultural donde se tejen relaciones en ejercicio de los derechos de los pueblos y, en especial de su autonomía.[81] Por lo tanto, en ciertas ocasiones, un asunto puede “remitirse a las autoridades indígenas por razones culturales”,[82] sin perjuicio de que los hechos hayan ocurrido por fuera de los linderos del territorio colectivo, pero en lugares significativos para su subsistencia física y su pervivencia cultural.[83] 62. El factor objetivo se relaciona con la “naturaleza del bien jurídico afectado (…), con el fin de determinar si el interés del proceso recae exclusivamente en la comunidad indígena o de la sociedad mayoritaria.”[84] Sin embargo, la Sala Plena ha considerado que “en asuntos distintos a los de connotación penal, como ocurre con las discusiones civiles, laborales o de familia, se circunscribe “a la naturaleza del interés jurídico que persiguen las partes en el transcurso del proceso judicial”, como se infiere de lo mencionado por la Corte en el auto 674 de 2022.[85] Esto implica que debe determinarse si el interés de judicialización de un asunto recae sobre la comunidad indígena o sobre la cultura mayoritaria.”[86] 63. La Sentencia T-617 de 2010[87] sintetizó las siguientes subreglas jurisprudenciales en torno a este elemento:[88] (i) interés exclusivo de la comunidad indígena: si el interés jurídico o su titular pertenecen de forma exclusiva a la comunidad indígena, el elemento objetivo sugiere la remisión del caso a la Jurisdicción Especial Indígena; (ii) interés exclusivo de la sociedad mayoritaria: si el interés jurídico o su titular pertenecen exclusivamente a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo orienta al juez a remitir el caso a la Jurisdicción Ordinaria; (iii) concurrencia de intereses: si, independientemente de la identidad cultural del titular, el interés jurídico concierne tanto a la comunidad a la que pertenece el actor o sujeto activo de la conducta, como a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo no determina una solución específica. 64. Por último, en casos de (iv) especial nocividad, por ejemplo porque involucran los derechos de niñas, niñas y adolescentes u otros sujetos vulnerables, es necesario efectuar un análisis más detallado sobre la vigencia del factor institucional. 65. Finalmente, el factor institucional corresponde a “la existencia de una estructura orgánica capaz de llevar a cabo la investigación y el juzgamiento, en el marco del debido proceso.”[89] Es decir, normas, procedimientos y autoridades propias, que garanticen el respeto del contenido mínimo de aquel derecho fundamental, y que tengan la capacidad de adelantar el procedimiento y hacer cumplir su decisión para propiciar la convivencia pacífica entre las personas y familias involucradas en un conflicto.[90] 66. La Sala insiste en que los anteriores criterios no son de aplicación mecánica, sino que deben evaluarse en su conjunto para cada caso, de una manera ponderada y razonable.[91] Por lo tanto, “si uno de estos factores no se cumple en el caso concreto, ello no implica que de manera automática el caso corresponda al sistema jurídico nacional. El juez deberá revisar cuál es la decisión que mejor defiende la autonomía indígena, el debido proceso del acusado y los derechos de las víctimas. En cuanto a los dos últimos, deberá estudiarlos bajo la perspectiva de la diversidad cultural.”[92] 67. Para la Corte Constitucional resulta claro que, en virtud del principio de maximización de la autonomía de las autoridades indígenas y la diversidad de sistemas de derecho propio no resulta válido establecer juicios abstractos y previos sobre sus normas y procedimientos.[93] 68. En ese marco, aunque suele pensarse que la Jurisdicción Especial Indígena tiene un carácter exclusivamente penal,[94] esta es una percepción errada por dos razones. Primero, porque no existe ninguna limitación material absoluta derivada de la Constitución Política; y, segundo, porque la división del Derecho en especialidades no es característica necesaria en los sistemas de derecho propio; por el contrario.[95] Como ha explicado la Corte, “no cabe trasladar los conceptos propios de las sociedades occidentales organizadas en el constitucionalismo liberal clásico (…).”[96] 69. La Jurisdicción Especial Indígena no se limita entonces a sancionar comportamientos socialmente reprochables, faltas o delitos. Aborda controversias que en el derecho mayoritario se clasificarían, entre otras, como laborales,[97] civiles,[98] educativas,[99] de familia,[100] y ambientales,[101] aunque necesariamente utiliza una clasificación de “ramas” o “especialidades” análoga a la del derecho ordinario, sin perjuicio de que no utilice una clasificación semejante.[102] f. El derecho a la segunda instancia no es una condición para el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena 70. El derecho a la segunda instancia hace parte del debido proceso y está reconocido en el artículo 31 de la Constitución como una garantía procesal. Sin embargo, no tiene carácter absoluto.[103] La misma disposición establece que el Legislador puede establecer excepciones a este derecho y la jurisprudencia de la Corte ha expresado que estas son válidas si siguen criterios de razonabilidad y proporcionalidad,[104] y ha puntualizado que la Constitución sólo establece el derecho a impugnar “la sentencia adversa en materia penal[105] y [… las sentencias] de tutela.”[106] 71. Tampoco la doble instancia es un contenido mínimo del debido proceso en la Jurisdicción Especial Indígena. Además de su carácter relativo, derivado de la redacción del artículo 31 superior, en el contexto de la justicia indígena no resulta exigible en todos los casos, debido a que existen comunidades en las que es frecuente que los conflictos se resuelven a través de mecanismos de diálogo, que involucran a toda o buena parte de la comunidad, y que cuentan con “autoridades cuyo rango sociocultural excluye la impugnación de sus decisiones.”[107] Cada sistema jurídico es autónomo para regular la doble instancia, incluso su exclusión, y ello ha sido considerado válido por esta Corporación, al menos, desde la Sentencia T-523 de 1997.[108] 72. La ausencia de segunda instancia no es, por cierto, excepcional en los pueblos indígenas. La Corte ha conocido diferentes casos en los que ha verificado que dicha figura no hace parte de las formas propias para resolver controversias de varias comunidades indígenas.[109] El debido proceso debe interpretarse en clave de diversidad y pluralismo jurídico,[110] asociado “al restablecimiento del equilibrio entre la población indígena.” La reunión de funciones políticas, jurídicas y religiosas en algunas autoridades indígenas, por una parte, así como la usual intervención de la comunidad en la adopción de la decisión, explican que algunos sistemas no prevean la posibilidad de llevar la controversia a una instancia superior.[111] 73. Así las cosas, desde la perspectiva del principio de maximización de la autonomía indígena y minimización de las restricciones, es facultad de cada pueblo o comunidad decidir si incorpora o no esta garantía entre sus normas de regulación de la vida social. Dada “la imposibilidad de adelantar juicios abstractos y previos sobre la constitucionalidad o no de las justicias indígenas”,[112] en cada caso se debe hacer un análisis de la institucionalidad con la que cuenta cada comunidad para resolverlo,[113] y si la segunda instancia resulta exigible para garantizar el debido proceso. g. La Sentencia T-522 de 2016. Precedente relevante en materia de coordinación entre autoridades de distintas jurisdicciones 74. El artículo 246 de la Constitución Política ordenó al Congreso de la República expedir una ley de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y las no indígenas, lo que aún no ha ocurrido. Con independencia de las razones de conveniencia, oportunidad y voluntad política asociadas a esta omisión, y al desafío de construir una ley con principios lo suficientemente amplios y flexibles para coordinar adecuadamente los sistemas de derecho de 115 pueblos y la sociedad no-indígena,[114] la jurisprudencia constitucional ha ido determinando paulatinamente los criterios para la activación de la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena (§§56-69) y su funcionamiento con los jueces de la cultura mayoritaria. 75. La Sentencia T-522 de 2016[115] constituye un precedente relevante en materia de coordinación interjurisdiccional. En esta decisión, la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela contra una providencia judicial de la justicia ordinaria, especialidad civil, en la que se ordenó el embargo, secuestro remate y adjudicación de dos predios ubicados en territorio del cabildo indígena Yaguara (Chaparral), que habían sido entregados como mejoras a dos comuneros, quienes, a su vez, las utilizaron como garantía para obtener un crédito de la organización Roa Florhuila. 76. La Corte concluyó que el juzgado civil violó los derechos de la comunidad e incurrió en (i) un defecto orgánico, porque la competencia le correspondía a la Jurisdicción Especial Indígena; y (ii) violación directa de la Constitución, al afectar con medidas cautelares y transferir el dominio de un bien objeto de propiedad colectiva indígena, de carácter inembargable, imprescriptible, inalienable y no enajenable. Sin embargo, como aquellas actuaciones involucraban a una persona jurídica de la cultura mayoritaria, consideró necesario dar aplicación al principio de coordinación interjurisdiccional y remitir el expediente al juzgado accionado para que, manera coordinada con las autoridades indígenas del cabildo Yaguara, emitiera una nueva decisión. 77. La Corte Constitucional generó un espacio de coordinación y colaboración interjurisdiccional con la Sentencia T-522 de 2016, con el propósito de garantizar los derechos de las partes y la autonomía de la Jurisdicción Especial Indígena. La coordinación interjurisdiccional, en una primera aproximación, supone la posibilidad de generar un diálogo entre distintas autoridades judiciales (sean indígenas o de distintos sistemas) para discutir y decidir acerca de si se presentan o no los elementos necesarios para el ejercicio de sus competencia, evitando así que se suscite un conflicto positivo o negativo de competencias. En el caso de los pueblos indígenas, debe concebirse en un espacio y modo apropiado a sus formas de ver el derecho.[116] 78. La coordinación interjurisdiccional requiere además mecanismos adecuados de interpretación o traducción que atiendan las particularidades de la diversidad lingüística del país, que incluye casi 70 idiomas y lenguas diversas, la formación universitaria en torno al pluralismo y la garantía de participación de jueces pertenecientes a los pueblos en los órganos de justicia propia y en los órganos de cierre de la justicia ordinaria, proceso aún en construcción en el país.[117] 79. Aunque la Sentencia T-522 de 2016 no parte de supuestos fácticos idénticos a los que configuran el caso objeto de estudio,[118] la Constitución reconoce a la Jurisdicción Especial Indígena como una verdadera jurisdicción. Por lo tanto, el principio de coordinación es aplicable entre las autoridades que la integran, siempre que resulte compatible con sus sistemas de derecho propio. De este modo, un asunto que involucre intereses de varias comunidades indígenas puede ser decidido en un espacio de coordinación diseñado autónomamente por ambas comunidades,[119] siempre que se respeten los límites a la autonomía descritos en esta providencia. 80. Con base en las reglas, principios y precedentes reiterados, entra la Sala a resolver el caso concreto. IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 81. A continuación, la Sala se referirá, en primer lugar, a la competencia y el principio de juez natural y, en segundo lugar a la ausencia de violación por desconocimiento del principio de segunda instancia. Por último, con base en el precedente T-522 de 2016 y destacará la validez de las decisiones adoptadas de forma conjunta entre diversas autoridades de los pueblos indígenas. a. Las autoridades de los resguardos Meche San Cayetano y de Tutira Bonanza eran competentes para conocer de la demanda presentada 82. El peticionario alega que las autoridades indígenas accionadas no eran competentes para conocer de la queja presentada en su contra por perturbación del derecho de propiedad sobre un terreno, en síntesis, por (i) tratarse de una controversia sobre un bien ubicado por fuera de los resguardos de las autoridades accionadas; y (ii) ser un asunto para el cual carecían de competencia, pues involucra el derecho de posesión sobre una propiedad regida por el derecho civil. 83. En criterio de la Sala, las autoridades de los resguardos Meche San Cayetano y de Tutira Bonanza sí tenían competencia para conocer y decidir la demanda presentada Jesús Armando Loaiza Sánchez, Melba Loaiza Sánchez, Humberto Loaiza Sánchez y Orlando Sánchez Loaiza en contra de Jorge Ortiz Fierro, pues se acreditan los factores que activan la Jurisdicción Especial Indígena, como se explica a continuación. 84. En cuanto al factor personal (§60), se evidencia que el accionante y los accionados pertenecen a las comunidades indígenas cuyas autoridades adoptaron la decisión que se somete a revisión en este caso: 85. El accionante es miembro de la comunidad del resguardo Tutira Bonanza: (i) se auto reconoce como miembro de la referida comunidad,[120] y (ii) sus autoridades tradicionales también lo identifican como tal. [121] Por su parte, Jesús Armando Loaiza Sánchez, Melba Loaiza Sánchez, Humberto Loaiza Sánchez y Orlando Sánchez Loaiza[122] son miembros de la comunidad del resguardo Meche San Cayetano. Ambos, aspectos contenidos en el Acta de Juzgamiento Conjunta No. 1 del 8 de marzo de 2021 y reconocidos en este trámite por los interesados.[123] 86. En consecuencia, se trata de un conflicto que, desde el punto de vista personal, involucra a personas que se identifican como indígenas y son reconocidos por dos comunidades como miembros de estas. El factor se encuentra entonces comprobado. 87. Frente al factor territorial (§61), la Sala estima que los hechos ocurrieron en el ámbito territorial de ambos resguardos, puesto que se dio en el espacio donde se desenvuelve su cultura. Así las cosas, si bien en este punto existe una controversia entre las partes, y las pruebas técnicas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi solo llegaron de manera extemporánea, la Sala concluye que el factor sí se acredita por las siguientes razones: 88. (i) La Zorrera se encuentra ubicada en el municipio de Coyaima, donde reside el pueblo indígena Pijao, de manera ancestral, como lo reconoce el accionante y lo corrobora el concepto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, al igual que la información de la Organización Indígena de Colombia sobre los pueblos indígenas del país; (ii) los resguardos de ambas comunidades mantienen una continua interacción y relacionamiento, al igual que sus miembros, razón por la cual el Gobernador del resguardo Meche San Cayetano ha solicitado considerar también que se trata de lugares de relevancia para las dos comunidades;[124] (iii) el accionante admite que Coyaima (Tolima) es un municipio donde hace presencia el pueblo Pijao e indica también que ocupa el predio porque la comunidad no lo está utilizando y por el abandono de la familia Loaiza Sánchez. Sin embargo, su afirmación no desvirtúa el factor territorial, sino que confirma el análisis de los hechos efectuado por las comunidades accionantes en la decisión cuestionada pues, en síntesis, el accionante indica que está allí porque la comunidad lo ha permitido y los comuneros que lo demandaron ante la Jurisdicción Especial Indígena habrían abandonado el predio;[125] (iv) en aplicación del principio de maximización de la autonomía indígena y minimización de las restricciones, el factor territorial no debe limitarse a los linderos precisos de los resguardos, sino al ámbito de existencia cultural de las comunidades, que en diferentes casos es compartido. 89. En este orden de ideas, la Sala encuentra que los elementos de convicción que fueron aportados al expediente son suficientes para resolver la controversia sobre el factor territorial a favor de la parte accionada. Por lo tanto, aunque no se haya recibido la certificación sobre si se ubicaba en un resguardo (§28-29),[126] La Zorrera hace parte del territorio donde se desenvuelve la vida cultural de los Resguardos Indígenas Meche San Cayetano de Coyaima y Tutira Bonanza, de Coyaima. 90. Adicionalmente, la Sala encuentra que el argumento según el cual se trata de dos predios distintos carece de fundamentos fácticos, y que resulta contradictorio con la información presentada por el accionante. Así, se advierte que en diferentes documentos del expediente consta que el accionante reclama una posesión sobre “La Zorrera”. Estos son (i) la contestación a la queja presentada por los señores Loaiza Sánchez el 12 de septiembre de 2020;[127] (ii) la declaración extraprocesal de Jaime Olivero Peña, de 9 de septiembre de 2020;[128] (iii) la declaración extraprocesal de Yolanda Ortiz Fierro, de 9 de septiembre de 2020;[129] y (iv) la declaración extraprocesal de Luz María Cumbe Albino, de la misma fecha.[130] Por tanto, no hay elementos que justifiquen los argumentos del accionante en este punto. 91. La Sala también resalta que la información aportada por el IGAC no demuestra que el accionante reclame la posesión sobre un predio distinto al que las autoridades accionadas denominan La Zorrera. Aunque explica que hay dos predios denominados “La Zorrera” en la vereda Buenavista del municipio de Coyaima (ver §33), uno de ellos no tiene relación alguna con el proceso.[131] Jorge Ortiz Fierro indica que el predio sobre el que reclama su posesión le fue regalado por Enrique Abella Moreno, quien era el esposo de su hermana, Yolanda Ortiz Fierro.[132] El otro inmueble con el nombre de “La Zorrera” le pertenece a Rosalba Oliveros García, quien no tiene relación alguna con el presente proceso. Además, está identificado con un número catastral distinto al que reclama el accionante.[133] Por lo tanto, la información proporcionada por el IGAC permite inferir que las menciones a “La Zorrera” que se hacen en los documentos antes referidos que aportó el accionante (§98) hacen referencia al predio de los señores Loaiza Sánchez. 92. En relación con el factor objetivo (§62), la Sala considera que la controversia resuelta por las autoridades indígenas involucra intereses jurídicos que le pertenecen exclusivamente a las comunidades indígenas (§63). Se trata de una controversia sobre el derecho de posesión de un terreno que involucra exclusivamente a miembros de los resguardos Meche San Cayetano y de Tutira Bonaza, y que se ubica en el ámbito de su existencia cultural. Para las comunidades indígenas involucradas, en cambio, es un problema relevante en la medida en que atañe también a su relación con el territorio, que es el ámbito esencial de su autonomía.[134] Por lo tanto, el factor objetivo orienta a que el caso le correspondía a la Jurisdicción Especial Indígena, pero resulta necesario evaluar si cuenta con una institucionalidad suficiente para conocer el presente caso. 93. La Sala también encuentra acreditado el factor institucional (§65), dado que existe una estructura orgánica capaz de llevar a cabo la investigación y el juzgamiento en el marco del debido proceso. Las autoridades de ambas comunidades indígenas manifestaron su voluntad inequívoca de conocer y resolver el caso, ante la solicitud de unos de sus miembros. El contenido de la queja por perturbación de la posesión, las decisiones proferidas por las autoridades indígenas,[135] y la insistencia del accionado de sustraer la controversia de su conocimiento, al ser desfavorable para sus pretensiones, dan cuenta de un derecho propio que es conocido por todos los involucrados, y en el que la figura de la usucapión entre miembros de la comunidad no es aceptada. 94. La Sala resalta que la forma en que las comunidades llevaron a cabo el proceso da cuenta de una institucionalidad suficiente y que respeta los mínimos del debido proceso: las distintas actuaciones constan por escrito, son debidamente notificadas, se permite la participación directa de los interesados y el aporte de diferentes tipos de pruebas, las autoridades realizan inspecciones oculares, y se adoptan decisiones públicas y motivadas. Además, se aprecia que las autoridades indígenas cuentan con mecanismos para hacer efectivas sus decisiones, incluso en coordinación con las autoridades de la cultura mayoritaria.[136] 95. Debe aclararse, sin embargo, que a la Sala en principio no le corresponde analizar el contenido de este sistema, sino verificar su existencia. Como lo determinó la Corte Constitucional en su Sentencia T-387 de 2020,[137] “el derecho propio de cada comunidad “debe concebirse como un sistema jurídico particular e independiente, no como una forma incipiente del derecho occidental o mayoritario”;[138] por lo cual no es necesario que las comunidades adopten las formas procesales o los estándares de juzgamientos de la sociedad mayoritaria. Basta entonces, en principio, constatar la existencia de una institucionalidad que ejerce su autoridad en un ámbito territorial determinado y la manifestación inequívoca de la comunidad en el sentido de asumir un caso, sin que sea necesario entrar a valorar el contenido de sus normas o juzgar su corrección”. 96. Por lo tanto, además de lo expuesto, se observa también en el concepto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (que en realidad expone características generales del pueblo Pijao y su organización), que las comunidades de este pueblo suelen adoptar estatutos o reglamentos propios para la solución de conflictos y cuentan con autoridades que se encargan de estos asuntos. El Instituto advirtió que no cuenta con información más profunda, pero indicó que (i) se evidencia la existencia de normas compartidas por las comunidades para la toma de las decisiones, así que las actuaciones de sus autoridades son previsibles en función al reproche a la perturbación de la posesión de los terrenos de sus miembros; se puede concluir que cuentan con mecanismos para hacer cumplir sus órdenes, como se intuye de la advertencia de la privación de la libertad y del acompañamiento de “la guardia indígena y la fuerza pública en caso de ser necesario.”[139] 97. Así las cosas, (i) en criterio de la Sala los cuatro factores se encuentran acreditados y (ii) un análisis de los mismos en función de los principios de juez natural, autonomía de las autoridades y pueblos indígenas, respeto por la identidad étnica de las partes y capacidad para garantizar la convivencia indica que, más allá de las controversias planteadas por las partes, el asunto sí corresponde a la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena. 98. La Sala concluye que las autoridades indígenas evaluaron todo el material...