Sentencia T-368 de 2020

T-368-20 Sentencia T-368/20 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Obligación del Estado de brindar una protección especial MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Alcance/MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Procedimiento para su adopción ERRADICACION DE TODA FORMA DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Compromiso nacional e internacional CONVENCION BELEM DO PARA FRENTE A LA DISCRIMINACION O VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Jurisprudencia constitucional DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva El defecto fáctico tiene una dimensión positiva y una negativa; la primera se da cuando el juez aprecia pruebas determinantes en la resolución del caso, que no ha debido admitir ni valorar, y la segunda ocurre cuando el juez niega o valora pruebas de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración. PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-incumplimiento de la debida diligencia, frente a la protección de la mujer y prevención de cualquier forma de violencia en su contra ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Procedencia por defecto fáctico ante la deficiente valoración probatoria Referencia: Expediente T-6.939.071 Acción de tutela instaurada por Samantha en representación de su hija Deyanira contra el Juzgado XX de Familia de XX. Magistrada Ponente: DIANA FAJARDO RIVERA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo emitido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,[1] la cual confirmó la decisión de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,[2] que concedió la acción de tutela interpuesta mediante apoderado judicial por Samantha quien actúa en representación de su hija Deyanira contra el Juzgado XX de Familia de XX. I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política[3], el Decreto 2591 de 1991[4] y el Acuerdo 02 de 2015[5], la Sala de Selección Número Nueve (9) de la Corte Constitucional[6] escogió, para efectos de su revisión[7], la acción de tutela de la referencia. Teniendo en cuenta que en el presente asunto se estudiará la situación de una adolescente, esta Sala como medida de protección de su intimidad ha decidido suprimir los datos que permitan su identificación.[8] Con tal finalidad su nombre y el de sus familiares serán remplazados con nombres ficticios, los cuales se escribirán con letra cursiva[9]. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente. 1. Hechos Mediante apoderado judicial, la señora Samantha actuando en representación de su hija Deyanira, interpuso acción de tutela contra el fallo adoptado por el Juzgado XX de Familia de XX que revocó la medida de protección decretada por la Comisaría Once de Familia, Suba I, a favor de su hija por violencia intrafamiliar, posterior a una denuncia formulada por la adolescente en contra de su padre. La autoridad acusada consideró que los hechos que condujeron a la medida de protección ocurrieron dos meses antes de acudir a la Comisaría en busca de ayuda y además no había prueba alguna de que las agresiones de las que fue víctima la adolescente hubiesen continuado. Con base en lo expuesto, solicita se tutelen los derechos a la integridad física y psíquica, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y al buen nombre de su hija y se revoque la decisión mediante la cual se resolvió retirar la medida de protección. A continuación se hace referencia a los hechos relevantes que dan lugar al proceso de la referencia.[10] 1.1. La señora Samantha y el señor Ernesto son los progenitores de Deyanira de 17 años edad,[11] quien es la menor de tres hijas concebidas dentro del matrimonio católico, cuyo vínculo se disolvió mediante sentencia judicial en abril del 2009. 1.2. Dentro del proceso de divorcio promovido por la señora Castro Londoño, respecto a la custodia de las tres menores de edad se resolvió que las niñas Valeria y Lorena estarían bajo el cuidado de la madre. En relación con la custodia de Deyanira se decidió, que la misma recaería en cabeza de su padre. 1.3. Según el relato de la adolescente, después de varios años de convivencia entre la ella y su padre, empezaron a surgir episodios de “maltrato verbal y/o psicológico”, los cuales inicialmente consideró eran soportables, pero que con el paso del tiempo fueron empeorando. A lo que se suma “la conflictiva relación” entre sus padres, y los problemas de comunicación entre los mismos.[12] 1.4. Posterior a un inconveniente surgido entre la adolescente y su padre, el 14 de junio de 2017, Deyanira acompañada de su madre, acudió a la Comisaría Once de Familia de la Localidad de Suba I, a interponer denuncia por los actos de maltrato de que ha sido objeto.[13] En razón a la acusación, la Comisaría fijó fecha de audiencia de conciliación para el 23 de agosto siguiente. 1.5. El 24 de julio de 2017 el señor Salazar Bonilla radicó petición ante la Comisaría de Familia invocando la revocatoria del acto administrativo de “citación a conciliación por custodia”.[14] Posteriormente, la progenitora presentó requerimiento (3 de agosto siguiente) manifestando que acudió a la Comisaría de Familia con el propósito de acompañar a su hija “quien por su propia iniciativa pidió llevarla”.[15] 1.6. El 23 de agosto de 2017, se llevó a cabo la diligencia de conciliación donde pese a que no se llegó a ningún acuerdo, se levantó acta de atención y orientación y,[16] se dictó medida provisional de protección “a causa de los actos de violencia intrafamiliar del padre hacia la menor de edad”.[17] 1.7. El 8 de noviembre de 2017 la Comisaría Once de Familia Suba I, inició audiencia de trámite dentro de la medida de protección,[18] diligencia que fue suspendida y reprogramada para el 4 de diciembre de 2017, donde el padre se comprometió a no volver a agredir de ninguna forma a su hija “ni verbal, ni psicológicamente, ni involucrarle en los conflictos de expareja que tengo con su progenitora, a respetarla por su bienestar, desarrollo integral”.[19] 1.8. El 4 de diciembre de 2017 la Comisaría Once de Familia Suba I, adelantó audiencia de fallo en el marco de la medida de protección. La autoridad inició la diligencia negando un requerimiento presentado por el progenitor respecto a que a su parecer “la acción resulta extemporánea, pues la solicitud de medidas de protección se habrían presentado el 23 de agosto de 2017”, al considerar que resulta necesario establecer si los hechos de violencia han acaecido realmente y la protección no puede negarse por un aspecto meramente procesal.[20] Finalmente decidió imponer la medida de protección a favor de la adolescente, consistente en “la prohibición de protagonizar todo acto de agresión física, verbal, psicológica, económica, intimidación, amenaza, agravio, acoso, escandalo o cualquier otro acto que cause daño físico o emocional”.[21] 1.9. El 4 de febrero de 2018 Deyanira presentó un escrito donde expresó “haber sido presionada por su padre para retirar la medida de protección”. Señaló no estar de acuerdo con el levantamiento de la medida “entre otras razones porque continúa teniendo comportamientos groseros y abusivos… siendo el último del que tengo conocimiento la publicación y divulgación pública de un video donde me siento completamente vulnerada en mi intimidad y privacidad…”.[22] 1.10. El 25 de enero de 2018 Ernesto presentó apelación contra la medida de protección impuesta a favor de su hija.[23] Afirmó que su forma de actuar se dio en razón a que la adolescente en poco tiempo alcanzaría la mayoría de edad y por ello decidió “comenzar un proceso pedagógico de preparación… para su vida independiente”.[24] Además adujo que la madre incumplía sus obligaciones, no aportaba la cuota alimentaria que le correspondía y por eso se encontraba en curso un proceso de alimentos. Apreciaciones frente las cuales la progenitora presentó un escrito exponiendo sus argumentos y manifestando su oposición.[25] 1.11. El 23 de febrero de 2018 la Comisaría adelantó audiencia de trámite del posible levantamiento de la medida de protección y ordenó no acceder a las pretensiones del señor Ernesto.[26] Además dejó en evidencia que el padre “continuó ejerciendo presión psicológica y maltrato contra la adolescente”.[27] 1.12. El Juzgado XX de Familia de XX el 23 de abril de 2018, revocó la decisión adoptada por la Comisaría Once de Familia, por considerar que la medida de protección impuesta se encontraba fuera del término y además habría sido adoptada sin justificación.[28] 2. Respuestas de las entidades accionadas y personas vinculadas 2.1. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Integración Social[29] La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica informó al Despacho de Instancia que esa dependencia “no tiene injerencia respecto de las decisiones que desde las Comisarias se adopten, en virtud de las competencias que les atribuye la ley”. Así, adujo que procedió a remitir las diligencias a la Comisaría de Familia correspondiente. 2.2. Comisaría Once de Familia Suba I de Bogotá[30] La Comisaria Once de Familia, señaló que el Juzgado XX de Familia de XX incurrió en una vía de hecho al proferir la providencia del 23 de abril de 2018, situación que toma mayor relevancia constitucional si se advierte que con la decisión se dejó desprotegida a una adolescente que, ha sido víctima de actos de maltrato por parte de su padre. Afirmó que la Comisaría admitió la Acción de Violencia lntrafamiliar el 13 de septiembre de 2017 a favor de adolescente y en contra de su progenitor “por solicitud de la señora Samantha, madre de la joven, elevada el 23 de agosto de 2017, por hechos de maltrato acaecidos el 14 de junio de 2017”. Dentro de la acción se acreditó que el padre incurrió en actos de maltrato psicológico en contra de su hija, lo que fundamentó el fallo del 4 de diciembre de 2017, mediante el cual se impusieron medidas de protección a favor de la adolescente. En dicha decisión quedó consignada la razón por la cual se adelantó la respectiva acción a pesar de que la solicitud de medidas de protección se habría presentado posteriormente a los 30 días de acaecidos los hechos de violencia a intervenir. Expuso que si bien la solicitud de medidas de protección se presentó por fuera del término de treinta días previsto en la Ley 294 de 1996 (Art. 9°), esto no da lugar a negar tales medidas, pues se advierte que, resulta necesario establecer si los hechos de violencia denunciados han acaecido realmente, y, en caso tal, otorgar las medidas de protección que resulten procedentes y necesarias a favor de la adolescente, cuya protección por parte del Estado no puede negarse por un aspecto meramente procesal. Para la Comisaría el Juzgado XX de Familia de XX incurrió en una inadecuada valoración normativa, donde está en juego la integridad emocional y psicológica de la adolescente Deyanira, quien al parecer, continúa padeciendo agresiones de su progenitor. 2.3. Ernesto [31] El padre de la adolescente allegó diferentes copias del mismo escrito donde realiza un recuento de la Acción de Violencia Intrafamiliar adelantada en su contra ante la Comisaría de Familia. Expuso también en su forma de ver, la manera en que considera se está vulnerando sus derechos como padre y la forma de crianza para con su hija, ya que para él los actos de maltrato de los que se le acusa son inexistentes. 3. Decisión de primera instancia[32] 3.1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, tuteló el amparo. Una vez efectuada la inspección del expediente, el cual fue remitido en calidad de préstamo, observó que la decisión censurada, carece de suficiente motivación, pues revocó la decisión adoptada por la Comisaria Once de Familia, con fundamento en que operó el fenómeno de la caducidad.[33] Sin embargo, señaló que de la declaración rendida por la adolescente al momento de ratificarse en los hechos de agresión, se evidencia que provienen de una relación autoritaria que, según ella, se viene ejerciendo en su contra, lo que considera la limita y le impide tener contacto con su progenitora y familia materna. En el marco del conflicto familiar entre los progenitores se han adelantado actuaciones judiciales donde “no se han aceptado cargos de agresión verbal y psicológica”. [34] Para el Tribunal la situación se ha dado en los últimos meses lo que permite inferir que se trata de hechos que, en su conjunto se han venido prolongando. Además, señaló que la situación fáctica proveniente de lo expresado por las partes, conduce a establecer que la definición sobre la aplicabilidad o no del término de caducidad debió estar sujeta a un análisis más detenido sobre la prolongación en el tiempo, más allá de los hechos ocurridos el 14 de junio de 2017, que suscitaron que la adolescente formulara la solicitud de adopción de medida de protección. Por lo tanto, consideró vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, invocado por Samantha en representación de su adolescente hija, como consecuencia de una insuficiente motivación. Impuso declarar sin valor ni efecto la providencia emitida por el Juzgado de Familia de conocimiento y ordenó la remisión del proceso adelantado a dicho Despacho Judicial, a efectos de que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, procediera a dictar una providencia debidamente motivada, con arreglo al debido proceso, sin perjuicio de que previamente pudiera disponer la práctica de pruebas de oficio, fundamentando su conclusión con base en el estudio de todos los medios de prueba legalmente aducidos al proceso. 4. Impugnación[35] El señor Ernesto, impugnó la decisión. (i) Sostuvo que fue asertivo como progenitor, y muestra de ello es que después del 14 de junio de 2017, estableció con su hija un régimen que se acomodaba a sus necesidades, actuando “como progenitor responsable y desprovisto de intereses egoístas de hacer uso de la situación para sacar algún provecho, o usar a su hija como herramienta de batalla en contra de otra persona”. (ii) Advirtió que en redes sociales quedó registro de la calidad de relación existente entre su hija y él como progenitor custodio. (iii) A su juicio, la Comisaría de Familia no pudo establecer otros hechos de violencia intrafamiliar y por lo tanto no le correspondía al Juzgado XX de Familia de XX hacer una investigación para determinar actos que no han existido. (iv) Afirmó también que las acusaciones de Samantha son gratuitas, se contradice, no guardan relación directa con los hechos y solo se concentran en difamar y hacer uso del halito del ser femenino víctima de atropello inexistente, y solo presente en su pensamiento. (v) Por otra parte, expuso que las declaraciones de su hija carecen de circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por cuanto ni existen fechas de otros supuestos hechos, ni Deyanira los narra en concreto. Así consideró que demuestra que las conclusiones del Tribunal se basan en percepciones no relacionadas con la trazabilidad de las argumentaciones expuestas por la contraparte. 5. Decisión del juez de tutela en segunda instancia[36] La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar la decisión de primera instancia con fundamento en las mismas consideraciones realizadas. Además señaló: “que la funcionaria judicial querellada… incurrió en defecto factico y sustantivo, lo cual vulnera los derechos fundamentales de la accionante y de su hija… En efecto, se resalta que la togada accionada, de una parte, se centró en la supuesta solicitud extemporánea de intervención (caducidad)… y de otra, no apreció en forma completa desde el punto de vista jurídico las pruebas obrantes en el proceso, ni la situación fáctica para determinar la procedencia o improcedencia de la medida adoptada, por los hechos de violencia que recayeron sobre la joven y que fueron invocados por la aquí accionante para demandar del Estado la protección legal”. De igual forma, resaltó que “se dejó de lado lo decantado por la jurisprudencia respecto a la Ley 575 de 2000 que ordena estudiar con detenimiento la condición de extemporánea de una petición de protección, analizando la gravedad o no de los hechos, sin que pueda resolver de plano ni en forma objetiva, ya que cada caso puntual es diferente a los demás, y es posible que a pesar de la ocurrencia… sea necesario acceder de fondo”.[37] II. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN 1. Mediante Auto del 6 de noviembre del 2018, la Magistrada Sustanciadora decretó la práctica de pruebas a fin de esclarecer aspectos fácticos de la tutela objeto de estudio.[38] Posteriormente, se recibió mediante correo electrónico informe del Juzgado XX de Familia de XX,[39] en el que señaló que el expediente no se encuentra en ese Despacho, pues fue remitido a la Comisaría Once de Familia de Suba I.[40] 2. Se recibió en calidad de préstamo por parte de la entidad requerida, el expediente original correspondiente a la acción por violencia intrafamiliar, que en razón a lo extenso se relaciona cronológicamente en cuadro anexo a la presente Sentencia. 3. El 7 de marzo de 2019, el señor Ernesto allegó escrito en el cual efectuó una “presentación con énfasis en el desarrollo cronológico de los diferentes oficios, documentos procesales, autos, fallos e interposición de diferentes recursos”,[41] con la finalidad de clarificar lo acaecido dentro del proceso. III. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.[42] 2. Cuestión previa: procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial en el caso concreto 2.1. De manera preliminar, debe determinarse si la acción de tutela promovida dentro del expediente cuyo fallo se revisa cumple los requisitos de procedibilidad establecidos por la jurisprudencia constitucional.[43] En este sentido, es necesario establecer si inicialmente se satisfacen las exigencias de legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva. De un lado, se tiene que la señora Samantha, actuando mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela en representación de su hija Deyanira. Para tales efectos, se allegó al expediente el poder conferido por la representada.[44] De igual forma, se encuentra acreditado que la señora Samantha actúa en representación de su hija quien al momento de presentar la tutela era menor de edad y es la titular de los derechos fundamentales que presuntamente vulnerados.[45] En este sentido, se encuentra legitimada en la causa por activa para presentar esta acción de tutela. Por otra parte, la legitimación en la causa por pasiva, también se encuentra satisfecha, comoquiera que la acción se dirigió contra la decisión adoptada por el Juzgado XX de Familia de XX que revocó la medida de protección decretada por la Comisaría Once de Familia, Suba I. 2.2. De igual forma, esta Sala identificará si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedencia contra decisiones judiciales.[46] (i) Tiene una evidente relevancia constitucional. Está de por medio la vulneración de derechos fundamentales de una adolescente, como consecuencia de la decisión del Juez de Familia de revocar la medida de protección por violencia intrafamiliar impuesta por la Comisaría de Familia de conocimiento. (ii) No existe otro mecanismo judicial idóneo. El proceso de imposición de medidas de protección por violencia intrafamiliar se encuentra consagrado principalmente en las Leyes 294 de 1996[47], 575 de 2000[48] y 1257 de 2008[49] y el Decreto 652 de 2001,[50] que particularmente, establece el trámite de las sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se realizará, en lo no escrito con sujeción a las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en sus artículos 52 y siguientes del capítulo V de sanciones.”[51] De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la sanción impuesta por incumplimiento de una orden judicial debe ser consultada al superior jerárquico. En este sentido, las sanciones por incumplimiento de una medida de protección por violencia intrafamiliar, si la sanción fue impuesta por una Comisaría de Familia, debe ser consultada ante los jueces de familia, sin que exista algún recurso contra dicha decisión. De esta manera, se tiene que no existe otro mecanismo ante otra autoridad judicial y al estar de por medio derechos fundamentales de una adolescente, se considera satisfecho el requisito de subsidiariedad. (iii) Cumplió el requisito de inmediatez.[52] La acción de tutela fue interpuesta dentro de un término oportuno, justo y razonable. En efecto, la Sentencia reprochada fue proferida el 23 de abril de 2018 y la acción de tutela fue instaurada el 1° de junio de ese mismo año. Eso significa que la accionante acudió a la jurisdicción constitucional dentro del mes siguiente a la fecha en que se profirió la decisión judicial que considera contraria a sus derechos fundamentales. (iv) Se alega presuntas irregularidades que, de comprobarse, tienen un efecto decisivo en la sentencia. La revocatoria de la medida de protección decretada a favor de una adolescente es una determinación que genera un gran impacto en sus derechos, por lo cual debe comprobarse si se presentó una irregularidad procesal, al levantar sin valoración probatoria, una medida impuesta para proteger cualquier forma de violencia en contra de una menor de edad. (v) Se identifican los derechos vulnerados (la integridad física y psíquica, el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y el buen nombre de una adolescente) y los hechos generadores de la vulneración (“fue levantada una medida de protección por violencia intrafamiliar”). Por último, (vi) la providencia judicial que se acusa no es de tutela, pues se trata de una sentencia proferida por un juez de familia, en el marco de la solicitud de medida de protección por violencia intrafamiliar. Así, pues, este es uno de esos casos que ya en el pasado la jurisprudencia ha considerado procedente.[53] 2.3. Cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la Sala de Revisión procede a estudiar si la Sentencia proferida por el Juzgado XX de Familia de XX, que revocó la medida de protección por violencia intrafamiliar dictada por la Comisaría Once de Familia Suba I a favor de una adolescente, incurrió en alguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,[54] que configuren una violación al derecho constitucional al debido proceso. En este caso, concretamente, la accionante alega la existencia de un defecto fáctico en la sentencia proferida por el Juzgado de Familia accionado, al haber “omitido el contenido documental y probatorio incorporado al expediente y puesto a su disposición en procura de un fallo en el que debió darse un pronunciamiento total e inequívoco favorable a los derechos de la menor víctima”.[55] 3. Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión 3.1. La Sala de Revisión considera que el problema jurídico que ha de ser resuelto es el siguiente: ¿Una autoridad judicial vulnera el derecho al debido proceso de una adolescente, al decidir revocar la medida de protección impuesta por la autoridad administrativa (Comisaría de Familia), dentro de una diligencia iniciada por violencia intrafamiliar, con fundamento en que la solicitud de protección fue admitida fuera del término y además no existía prueba de que las agresiones de las que fue víctima la adolescente fuesen continuas? 3.2. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala Segunda analizará; (i) la especial protección constitucional en cabeza de la adolescente; (ii) los aspectos relevantes de la medida de protección en el marco de las actuaciones por violencia intrafamiliar, herramienta para poner fin a la violencia, maltrato o agresión o evitar que ésta se realice; (iii) el compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer; y (iv) el defecto fáctico, la ausencia de valoración probatoria o su valoración irrazonable. Finalmente, se resolverá el asunto objeto de estudio y se adoptarán las decisiones a que haya lugar. 4. La especial protección constitucional en cabeza de la adolescente 4.1. Después de un examen atento del material probatorio que se ha reseñado en los acápites precedentes, debe advertirse que, conforme los parámetros fijados por esta Corporación, en cabeza de Deyanira recaen varios factores que la convierten en una persona de especial protección constitucional. Al respecto, es necesario tener en cuenta que, en virtud del principio de igualdad material,[56] existe un deber a cargo del Estado tendiente a brindar una protección especial a las personas que “por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se comentan”.[57] Una obligación constitucional contenida expresamente en el artículo 13 Superior y soportada en los artículos 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50 y 53 de la Constitución Política (los cuales reconocen especiales medidas en materia laboral, educacional, social y de salud a favor de la población más vulnerable). La Corte Constitucional ha reconocido que, entre los sujetos de especial protección constitucional, se encuentran las mujeres cabeza de familia, las mujeres en estado de gravidez, los niños, niñas y adolescentes,[58] los grupos étnicos, las personas en situación de discapacidad, las personas de la tercera edad, entre otros, y ha ordenado la adopción de acciones afirmativas a favor de todos ellos.[59] 4.2. Deyanira, además de ser una adolescente, es una mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar y psicológica, lo cual la llevó a solicitar ayuda mediante una medida de protección y a desplazarse de su domicilio. En tal sentido, recuérdese que en nuestra Carta Política los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás (Art. 44, par. 3°, Superior), contenido normativo que incluye a los niños, niñas y adolescentes en un lugar primordial en el que deben ser especialmente protegidos, dada su particular vulnerabilidad con especial atención por parte de la familia, la sociedad y el Estado[60] y sin cuya asistencia no podrían alcanzar el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El actual Código de la Infancia y la Adolescencia señala;[61] “se debe garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión” donde “prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna”.[62] En ese orden, el principio del interés superior del menor, es un criterio “orientador de la interpretación y aplicación de las normas de protección de la infancia que hacen parte del bloque de constitucionalidad y del Código de la Infancia y la Adolescencia”,[63] además de ser un desarrollo de los presupuestos del Estado Social de Derecho y del principio de solidaridad[64]. En el asunto bajo estudio Deyanira se encuentra en estado de indefensión que merece una protección especial de parte del juez de tutela tanto en el conocimiento y comprensión, como en el abordaje integral del caso. 5. Aspectos relevantes de la medida de protección en el marco de las actuaciones por violencia intrafamiliar, herramienta para poner fin a la violencia, maltrato o agresión o evitar que ésta se realice 5.1. El artículo 42 de la Constitución dispone, entre otros,[65] que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. En particular, su inciso 5 prevé que “cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. 5.2. En desarrollo del artículo 42 de la Constitución Política la Ley 294 de 1996,[66] adoptó una legislación especial para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.[67] En primer lugar, da un tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia, a efecto de asegurar su armonía y unidad. Además, consagra medidas complementarias de protección para las víctimas de daños físicos o psíquicos, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, y se puede solicitar al juez de familia o promiscuo de familia, promiscuo municipal o civil municipal, si faltare el de familia, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar. También se adoptaron otras medidas de carácter represivo, como la definición de delitos contra la armonía y la unidad familiar, la violencia intrafamiliar, el maltrato constitutivo de lesiones personales, el maltrato mediante restricción a la libertad física y el de la violencia sexual entre cónyuges. La Corte Constitucional, desde el inicio de su jurisprudencia ha buscado visibilizar el fenómeno de la violencia intrafamiliar como un asunto de gran relevancia constitucional. En un primer periodo, mediante Sentencia T-529 de 1992[68] sostuvo que el maltrato intrafamiliar conlleva a un desconocimiento del derecho a la vida y a la integridad física, así como también atenta de manera directa contra la dignidad humana y la prohibición de someter a tratos crueles, inhumanos o degradantes, contenida en el artículo 12 constitucional.[69] En este sentido, la Corporación ha manifestado que la violencia intrafamiliar causa daños irreparables en la familia y que “merece especial protección constitucional, pues es considerada institución básica y núcleo fundamental de la sociedad”.[70] También, en Sentencia T-552 de 1994,[71] reconoció de manera expresa que “sin perjuicio de las prescripciones legales específicas que integran la normatividad civil y de familia, lo relativo a la violencia en el interior de ésta cae bajo las atribuciones de protección confiadas a la Jurisdicción Constitucional en cuanto el artículo 86 de la Carta atribuye a los jueces la responsabilidad de tutelar los derechos fundamentales si éstos son violados o amenazados por acción u omisión de particulares respecto de quien el solicitante se halle en estado de indefensión”, así esta Corte tuteló los derechos a la vida y a la integridad personal de la accionante y sus hijos, además, ordenó al demandado “abstenerse de ejecutar cualquier acto de violencia física o moral”. En la misma línea, entre otras, las sentencias T-181 de 1995,[72] T-436 de 1995[73] y T-557 de 1995[74] tutelaron los derechos a la vida, y a la integridad física y personal de las accionantes y sus hijos e hijas ordenando la protección de las víctimas ante las autoridades correspondientes. Dado que para la fecha de presentación de estas acciones no se habían promulgado las leyes 294 de 1996 y 575 de 2000, ni existían mecanismos expeditos para conjurar este tipo de violencia, distintos a la denuncia penal por el delito de lesiones personales y el procedimiento ante las autoridades de policía. En este sentido, la Corte consideró que aquellos no eran el mecanismo alternativo idóneo y eficaz para proteger a las víctimas de estos tipos de violencia.[75] 5.3. Uno de los mecanismos previstos por la Ley 294 de 1996 es la denominada medida de protección. El artículo 5° de esta normativa dispone que siempre que la autoridad competente determine que el solicitante o cualquier persona dentro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia, “emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar”.[76] 5.4. La petición de una medida de protección puede ser presentada, de forma escrita, verbal o por cualquier medio idóneo, “por el agredido, por cualquier otra persona que actúe en su nombre, o por el defensor de familia cuando la víctima se hallare en imposibilidad de hacerlo por sí misma”.[77] Esta solicitud debe contener un relato claro de lo sucedido, la mención de las personas involucradas en el conflicto de violencia intrafamiliar y el señalamiento de las pruebas que deberían practicarse y, además, presentarse dentro de los 30 días siguientes a su acaecimiento.[78] 5.5. Respecto al término de 30 días en el que se debe solicitar la medida de protección, esta Corte al efectuar el estudio de constitucionalidad de la norma ahora citada, mediante Sentencia C-059 de 2005[79] señaló que este debe analizarse en forma sistemática y en el contexto preventivo en el que se enmarca este tipo de medidas, de manera que si la agresión permanece en el tiempo la facultad para solicitar el amparo también debe conservar su vigencia atendiendo la pertinencia funcional de la medida. En este orden, la Corte reiteró la doctrina expuesta en la Sentencia C-652 de 1997,[80] en el sentido de que frente a cualquier hecho de violencia intrafamiliar el término a que hace referencia la norma debe empezar a contarse a partir del último día de su ocurrencia, sin perjuicio de que tratándose de agresiones permanentes o que se prolongan en el tiempo la víctima pueda acudir a la protección especial ofrecida por la ley sin necesidad de esperar a que finalice la conducta. 5.6. En consecuencia, y claro lo anterior, después de recibir la petición de una medida de protección, el Comisario de Familia dispondrá la realización de una audiencia, en la cual escuchará a las partes y ordenará la práctica de las pruebas que se estimen útiles y pertinentes para esclarecer los hechos informados.[81] Las partes podrán excusarse de asistir por una sola vez a esta diligencia y, de encontrarse justificada, se procederá a programar una nueva fecha para su desarrollo. En esta audiencia, el Comisario “deberá procurar por todos los medios legales a su alcance, fórmulas de solución al conflicto intrafamiliar entre el agresor y la víctima, a fin de garantizar la unidad y armonía de la familia, y especialmente que el agresor enmiende su comportamiento”.[82] La decisión sobre la petición de una medida de protección se proferirá al finalizar la audiencia, la cual se les notificará a las partes en estrados y, de no estar presentes, mediante aviso, telegrama o por cualquier otra forma supletoria idónea de notificación, según lo previsto por el artículo 16 de la Ley 294 de 1996. 5.7. La medida de protección puede ser de carácter provisional o definitivo. En el primer caso, el artículo 11 de la Ley 294 de 1996 prevé que esta medida puede adoptarse, incluso, dentro de las cuatro horas siguientes a la recepción de la petición, “si estuviere fundada en al menos indicios leves”. En el caso de la medida definitiva, el juez deberá “mediante providencia motivada… [ordenar] al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja”.[83] Solo la decisión definitiva sobre una medida de protección será susceptible de controvertirse mediante el recurso de apelación, el cual se concederá en el efecto devolutivo;[84] por su parte, las medidas provisionales no son susceptibles de recurso alguno. Finalmente de dictarse una medida de protección, el mismo funcionario es competente para vigilar su ejecución y cumplimiento.[85] 6. El compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer y la niñez La violencia tiene cara de mujer y de niñez, sin excluir aquellos hombres que también la sufren y tienen derecho a una igual protección. Sin embargo, las estadísticas, como se mostrará a continuación, hablan claro por diferentes factores culturales, sociales, económicos, entre otros, la violencia se acentúa con niños, niñas, adolescentes y mujeres. 6.1. Los deberes del Estado frente a la violencia ejercida contra una mujer[86] 6.1.1. La violencia contra la mujer es una realidad social generada como consecuencia de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que conduce a perpetuar la discriminación contra esta y a obstaculizar su pleno desarrollo.[87] Desde el plano internacional se han suscrito numerosos instrumentos para hacerle frente. En el sistema de las Naciones Unidas, a partir de 1967, se realizaron una serie de declaraciones y conferencias que pusieron en la agenda mundial la cuestión de la discriminación y la violencia contra la mujer,[88] y que finalmente se concretaron en los compromisos adquiridos con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW por sus siglas en inglés- (1979),[89] y su Protocolo Facultativo (2005).[90] En el ámbito regional además de la protección general que brinda la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969),[91] se aprobó en 1995 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-;[92] instrumento especializado que ha servido para nutrir los sistemas jurídicos del continente a partir de las obligaciones concretas para el Estado en todas sus dimensiones. Asimismo, la Constitución Política, en sus artículos 13 y 43,[93] reconoce el mandato de igualdad ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación por razones de sexo, también dispone que la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y libertades. Además de las normas dedicadas a generar un marco de igualdad de oportunidades,[94] el Estado colombiano ha desarrollado leyes específicamente destinadas a la prevención y sanción de la violencia contra la mujer.[95] La erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra la mujer es un compromiso promovido y asumido por Colombia al ratificar los tratados internacionales en mención. El país se ha obligado a condenar “todas las formas de violencia contra la mujer..., adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”,[96] además de llevar a cabo las acciones de carácter específico.[97] 6.1.2. El artículo 1° de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia, señala que por esta “se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. [98] Definición que según el artículo 2° de esa misma Declaración abarca diversos actos como la violencia, física, sexual y psicológica que: i) Se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación. ii) Se perpetúe dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada. iii) Se perpetúe o tolere por el Estado, donde quiera que ocurra. 6.1.3. La Corte Constitucional ha amparado los derechos fundamentales de las mujeres frente al desconocimiento de las autoridades competentes al momento de evaluar la necesidad de brindar medidas de protección por violencia intrafamiliar. Así esta Corporación en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales,[99] ha reconocido en su jurisprudencia que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional debido a que presentan una “situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familiar, a la educación y al trabajo”.[100] En este sentido, y en el marco de un ámbito investigativo y de juzgamiento de la violencia de género, la Corte ha amparado los derechos fundamentales de este grupo poblacional cuando se ha demostrado que las autoridades de conocimiento han vulnerado el derecho al debido proceso al momento de evaluar la necesidad de brindar medidas de protección por violencia intrafamiliar.[101] 6.2. Nacional e internacionalmente se han adoptado una serie de mandatos para la protección de la mujer y prevención de cualquier forma de violencia en su contra 6.2.1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- ha indicado que en los casos de violencia contra la mujer, las obligaciones específicas derivadas de la Convención de Belém do Pará, refuerzan y complementan las obligaciones generales contenidas en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera que “los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas…, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará”.[102] 6.2.2. Concretamente, y en cuanto al mandato contenido en la Convención Belém do Pará, respecto a la debida diligencia (Art. 7 literal b), es preciso indicar que la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas también lo reconoce “Los Estados (…) deberán: (….) c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.[103] En este sentido, puede existir responsabilidad estatal por los actos de violencia contra la mujer cometidos por el propio Estado o por los particulares; en la Recomendación General No. 19 adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se estableció que “los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”. 6.2.3. Así pues, nacional e internacionalmente, se han adoptado una serie de mandatos para la protección de la mujer y prevención de cualquier forma de violencia en su contra. Entre los que se encuentra la debida diligencia,[104] que los obliga a adoptar medidas integrales en materia jurídica y legal, además de la implementación de políticas de prevención que permitan actuar con eficacia ante las posibles denuncias por violencia contra la mujer. Asimismo, se ha reconocido que los Estados deben responder, no solo por los actos propios de violencia contra la mujer, sino por los actos privados, cuando se demuestre la falta de adopción de medidas con la debida diligencia para prevenirlos o impedirlos. 6.3. La violencia doméstica o intrafamiliar es, según el caso, el daño físico, emocional, sexual, psicológico o económico que se causa entre los miembros de la familia y al interior de la unidad doméstica 6.3.1. La violencia intrafamiliar, se nutre de una discriminación histórica. Esta violencia, que se ejerce tanto desde el ámbito físico como psicológico, pretende resquebrajar la autonomía e independencia, y en el marco de los paradigmas y estereotipos, se tolera sin que haya una reacción social o estatal eficaz. Valga aclarar que este fenómeno no ha sido ajeno a la administración de justicia, pues las decisiones judiciales también han sido fuente de discriminación contra la mujer al confirmar patrones de desigualdad.[105] Para contrarrestar esta situación, la jurisprudencia constitucional ha introducido subreglas sobre cómo deben analizarse los casos que involucren actos o medidas discriminatorias.[106] 6.3.2. La violencia contra la mujer, como lo ha señalado esta Corte en el pasado, se alimenta de estereotipos que les exige a las personas asumir roles específicos en la sociedad.[107] Y la obligación del Estado es la de adelantar todas las medidas necesarias para contrarrestar la discriminación histórica y estructural que motiva a la violencia.[108] 6.3.3. A pesar de lo anterior, al analizar la violencia al interior del hogar, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, hizo hincapié en que la misma sigue siendo invisibilizada por diversos factores. En especial, por prácticas culturales tradicionales que establecen estereotipos sobre la mujer y por la consideración de que la familia y las relaciones de los miembros al interior de esta, se circunscriben a un espacio privado y de poca acción estatal.[109] La Recomendación General N° 19, emitida por el referido Comité (1992), explicó que “la violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de la violencia contra la mujer”.[110] Por ello, recomendó a los Estados que ratificaron la CEDAW como Colombia, establecer las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia. Medidas dentro de las cuales figuran: (i) sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso de violencia en el hogar; (ii) legislación que elimine la defensa del honor como justificativo para atacar a las mujeres de la familia o atentar contra su vida; (iii) servicios para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia en la familia, incluidos refugios y programas de asesoramiento y rehabilitación; (iv) programas de rehabilitación para agresores; y (v) servicios de apoyo para las familias en las que haya habido un caso de incesto o de abuso sexual.[111] 6.3.4. En conclusión, y sin mencionar más referentes es evidente la necesidad de que la sociedad y el Estado encaminen sus acciones hacia la generación de nuevos marcos de interpretación de la violencia contra los niños, niñas, adolescentes y contra la mujer,[112] en donde se analice el problema personal que tiene determinada víctima con su agresor, bajo una concepción estructural y social del fenómeno de maltrato.[113] 7. Defecto fáctico, ausencia de valoración probatoria o su valoración irrazonable en el caso concreto 7.1. El defecto fáctico se configura cuando el funcionario judicial de conocimiento aplica el derecho sin contar con el apoyo probatorio para aplicar una determinada norma[114] 7.1.1. En concreto, dicho defecto se presenta en aquellos casos en los que: (i) el funcionario judicial, a pesar de contar con los elementos probatorios pertinentes, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión a adoptar y, además, se hace evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto debatido hubiera variado sustancialmente (dimensión negativa); o (ii) el juez, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico, o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas, no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta su decisión (dimensión positiva).[115] 7.1.2. En Sentencia T-902 de 2005 se aclaró al respecto, que si bien los jueces gozan de un amplio margen valorativo del material probatorio, dicho poder jamás puede ejercerse arbitrariamente, pues la evaluación del acervo probatorio requiere de la adopción de criterios objetivos, racionales y rigurosos.[116] En este sentido, no es cualquier objeción sobre la valoración de las pruebas la que conduce a declarar la existencia de un defecto fáctico, pues la vulneración al derecho al debido proceso sólo se configura cuando lo concluido por el juez sobre la prueba es manifiestamente arbitrario e incorrecto, es decir, cuando se separa de las reglas de la sana crítica. En ausencia de dicha arbitrariedad, la intervención del juez de tutela es inadmisible, pues la acción de tutela “no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”.[117] 7.1.3. En síntesis, el defecto fáctico tiene una dimensión positiva y una negativa; la primera se da cuando el juez aprecia pruebas determinantes en la resolución del caso, que no ha debido admitir ni valorar, y la segunda ocurre cuando el juez niega o valora pruebas de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración.[118] 7.2. El Juez dentro del contexto por analizar y al momento de adoptar una decisión de fondo en el caso puesto a su consideración, debe ahondar con rigidez en la construcción del marco interpretativo que ofrezcan visiones más amplias y estructurales del problema por resolver 7.2.1. En el presente asunto, se tiene que la señora Samantha en representación de su hija Deyanira presentó acción de tutela contra el Juzgado XX de Familia de XX, por considerar que esa autoridad judicial vulneró los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y al buen nombre de la adolescente, al revocar la medida de protección decretada por la Comisaría Once de Familia, Suba I en el proceso iniciado por Deyanira en contra de su padre por hechos constitutivos de violencia intrafamiliar.[119] Mediante fallo del 25 de julio de 2018 la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil confirmó la decisión de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que concedió la protección de los derechos de la adolescente, por considerar que la providencia atacada “incurrió en defecto fáctico y sustantivo, lo cual vulnera los derechos fundamentales de la accionante y de su hija”, en razón a que la decisión se centró en que la solicitud se presentó de manera extemporánea y no apreció en forma completa las pruebas obrantes en el proceso, ni la situación fáctica para determinar la procedencia o improcedencia de la medida adoptada, por los hechos de violencia que recayeron sobre la joven. 7.2.2. El Juzgado XX de Familia de XX, mediante providencia de 23 de abril de 2018, resolvió el recurso de apelación instaurado frente a la providencia que concedió medida de protección por parte de la Comisaría de Familia de Familia 11 Suba, a favor de la adolescente. La Comisaría de Familia, en esa decisión, señaló que dentro de la acción de violencia intrafamiliar Nº 777/17 se acreditó que el señor Ernesto incurrió en actos de maltrato psicológico en contra de su hija. Además, le otorgó plena validez probatoria a los testimonios rendidos por la adolescente, pese a los reparos que sobre los mismos efectuó el padre.[120] 7.2.3. Contrario a las consideraciones de la Comisaría, Juzgado XX de Familia de XX sostuvo que el “permitir que la protección inmediata pueda presentarse sin límite en el tiempo… podría dar lugar a actuaciones dilatorias y dolosas de las partes en conflicto”[121] y concluyó que, en la forma como procedió la Comisaría, “se vulneraron los derechos del accionado e igualmente se pasa por alto un término que la misma Ley ha establecido”[122]. Por tal motivo, resolvió revocar en su integridad la decisión tomada por la Comisaría Once de Familia Suba 1 de Bogotá, encaminada a imponer medida de protección a favor de la adolescente y en contra del señor Ernesto consistente en: (i) la prohibición de protagonizar todo acto de agresión física, verbal, psicológica, económica, intimidación, amenaza, agravio, acoso, escandalo o cualquier otro acto que cause daño físico o emocional a la adolescente en cualquier lugar donde se encuentra; (ii) en compañía de la progenitora acudir a tratamiento reeducativo y terapéutico con el objeto de controlar la ira y los impulsos, y minimizar las conductas agresivas, entre otros; (iii) Ordenar como medida de protección definitiva que la custodia y tenencia repose en cabeza de la progenitora, con previos compromisos, con fijación de cuota alimentaria a favor de la adolescente; y (v) posteriores citaciones para llevar a cabo acción de seguimiento por trabajo social. 7.2.4. Así, fueron tres los hechos, que a juicio de la autoridad accionada, motivaron la revocatoria de medida de protección impuesta a favor de la adolescente: (i) que la medida fue solicitada dos meses después de ocurridos los hechos y por lo tanto la sanción impuesta fue extemporánea, (ii) sí en la audiencia del 8 de noviembre las partes habían llegado a un acuerdo respecto de lo que fue objeto de solicitud de medida, en lugar de suspender la diligencia, la funcionaria debía haber procurado que todos aquellos aspectos relacionados con las obligaciones del padre hacia su hija Deyanira fueran de mutuo acuerdo; y, además (iii) no hay prueba alguna que demuestre que las agresiones hubieren seguido sucediendo en el tiempo. 7.2.5. Examinada la normatividad vigente sobre medidas de protección, se tiene que el artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2° de la Ley 575 de 2000, modificado a su vez por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, señala que: “Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18 de la presente ley: a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia; b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada; c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor. e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima;”. Subrayas del Despacho. 7.2.6. La Sala encuentra que aplicada la norma en cita, en el expediente del proceso adelantado en la Comisaría de Familia por violencia intrafamiliar sí existían pruebas suficientes, tanto de la violencia contra la adolescente, como de la amenaza a su integridad física y psicológica, como se extrae de diferentes testimonios recopilados en el proceso.[123] 7.2.7. Por último, se tiene que el juez encargado no tuvo en cuenta la verdad objetiva debidamente probada a través de un largo proceso. Sin embargo, por presentarse inconsistencias de una supuesta extemporaneidad[124] decidió revocar la medida de protección, desplazando con esta actuación el amparo de los derechos de la adolescente omitiendo dar aplicación estricta a las normas que regulan el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Cuando la extemporaneidad y la supuesta falta continuidad de las agresiones no pueden servir de excusa para desproteger a la adolescente, de quien se predica una protección especial. 7.2.8. Pese a la claridad y validez probatoria obrante dentro del expediente, el Juez Once de Familia se limitó a señalar que “…la comisaria de turno al momento de decidir de fondo era consiente (sic) de que la medida se había solicitado fuera del término… sin embargo en forma vaga y sin explicación alguna indica que “ese mero hecho no da lugar a negar tales medidas” desconociendo que el término que señala la Ley obedece a un criterio mínimo de oportunidad y por ello deben ser solicitadas por el agredido dentro de un plazo razonable o por cualquier persona que lo haga en su nombre cuando la víctima esté imposibilitada para hacerlo, oportunidad que desconoció la madre de Deyanira …”, desconociendo de esta manera la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 7.2.9. Lo anterior denota que el Juzgado XX de Familia de XX desconoció la existencia de plena prueba que fundamentaba el otorgamiento de la medida de protección. Vale la pena resaltar que la Comisaria de Once de Familia Suba 1, en su decisión del 4 de diciembre de 2017, no desconoció los derechos del sancionado por violencia intrafamiliar, pues se emitieron órdenes relacionadas con: (i) el inicio del trámite de alimentos a favor de la adolescente a cargo de ambos padres, con el fin de suplir sus necesidades básicas de vivienda, alimentación y vestido y (ii) el régimen de visitas y obligaciones compartidas también entre ambos padres. 7.2.10. La decisión del 23 de abril de 2018 proferida por el Juez Once de Familia de Bogotá incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria al valorar las pruebas “de manera arbitraria, irracional y caprichosa”,[125] como consecuencia de: “(i) una omisión judicial, como puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas allegadas al proceso[…]”. En conclusión, la Sala considera que el operador judicial incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria al desconocer que estaban dados los presupuestos para acceder a la imposición de la medida de protección. En ese orden, el Juzgado XX de Familia de XX, al levantar la medida de protección, no dejó claro ni analizó si desprotegía y dejaba en estado de vulnerabilidad a la adolescente. Pues, en el evento en que el material probat...