Sentencia T-367 de 2020

T-367-20 Sentencia T-367/20 DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Caso en que se afecta en su componente de habitabilidad, al carecer la vivienda de la accionante del servicio público de energía eléctrica ACCION DE TUTELA Y ACCION POPULAR-Cuando se trata de proteger derechos fundamentales la acción de tutela desplaza la acción popular como medio eficaz de protección ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Alcance ACCESO A LA ELECTRICIDAD-Dimensión social SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMO CONDICION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Condición de habitabilidad incluye disponibilidad de servicios e infraestructura adecuada (i) el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental que puede ser protegido mediante la acción de tutela. (ii) El acceso al servicio de energía eléctrica, en condiciones de seguridad, incide en el goce efectivo del derecho fundamental a la vivienda digna. (iii) La ausencia del servicio de energía eléctrica afecta, con mayor intensidad, a las poblaciones más vulnerables y agrava su situación. (iv) La garantía del servicio de energía eléctrica forma parte de la faceta prestacional del derecho a la vivienda digna, por lo tanto, su garantía es progresiva y está en cabeza de los entes administrativos definir las políticas públicas para garantizar su goce efectivo. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de atender prioritariamente a estas poblaciones y de procurar el disfrute pleno de su derecho a la vivienda digna, dirigiendo esfuerzos para procurar el acceso a la energía eléctrica, en condiciones de seguridad. PRESTACION ADECUADA Y EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS-Fin social del Estado DERECHOS FUNDAMENTALES-Facetas prestacionales La jurisprudencia constitucional ha señalado que las facetas prestacionales de los derechos fundamentales suponen “el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas que, en efecto, se estén implementando”. SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA-Faceta prestacional del derecho fundamental a la vivienda digna a cargo del Estado en coordinación con las autoridades municipales La garantía del acceso al servicio de energía eléctrica forma parte de la faceta prestacional del derecho a la vivienda digna, lo que se traduce en la obligación, por parte del municipio, de contar con un plan escrito y público para garantizar, de manera progresiva y sin discriminación, el acceso a dicho servicio a todos los habitantes de su jurisdicción, en condiciones de seguridad. IMPUGNACION FALLO DE TUTELA-Legitimación IMPUGNACION POR PERSONERO MUNICIPAL-Procedencia Desde una perspectiva constitucional, los personeros municipales se encuentran facultados para impugnar fallos de tutela, en representación del accionante, aun cuando esta acción constitucional haya sido ejercida de manera directa por este último. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMO CONDICION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Orden a autoridades garantizar el suministro de energía eléctrica en condiciones de seguridad en la casa de la accionante Referencia: expediente T-7.119.719 Acción de tutela instaurada por Olga Lucía Fajardo López, en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad, contra el Municipio de Gámbita (Santander) y la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. Magistrada ponente: DIANA FAJARDO RIVERA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de primera instancia adoptado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita (Santander) el 10 de julio de 2018 y de la decisión del 2 de agosto de 2018 del Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro (Santander) de rechazar la impugnación presentada por el Personero Municipal de Gámbita, dentro del proceso de tutela promovido por Olga Lucía Fajardo López contra el Municipio de Gámbita (Santander) y la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. I. ANTECEDENTES 1. El 22 de junio de 2018, la señora Olga Lucía Fajardo López, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad JSAF y DCAF, instauró acción de tutela contra el Municipio de Gámbita (Santander) y la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., para solicitar la protección de sus derechos fundamentales y los de sus hijos a la vida en condiciones dignas, a la vivienda digna, a la salud, a la igualdad, a la integridad física y al acceso a la energía eléctrica, por considerar que estas entidades vulneraban sus derechos al no garantizar el servicio de energía eléctrica en su vivienda.[1] 1. Hechos relevantes y fundamentos de la solicitud de amparo 2. La señora Olga Lucía Fajardo López reside, junto con su esposo y sus dos hijos de 7 y 8 años, en el predio San Isidro en la vereda El Tablón, ubicada en el área rural del municipio de Gámbita (Santander). En la actualidad, su vivienda carece del servicio de energía eléctrica y, según afirma, esto afecta gravemente sus condiciones de vida y las de sus hijos. Además, señala que su familia no tiene suficientes recursos económicos para mudarse a una vivienda que sí cuente con todos los servicios públicos domiciliarios.[2] 3. Respecto de sus hijos, menciona que “al versen (SIC) obligados a cumplir con sus actividades escolares, deben realizar tareas a la luz de una vela, actividad que debido a las condiciones en que se desarrollan (SIC), conlleva a la pérdida de la vista; y por otra parte versen (SIC) expuestos a intoxicaciones o adquirir enfermedades debido al consumo de alimentos sin su debido manejo de conservación y refrigeración. Situación que silenciosamente está atentando contra la salud de toda la familia.”[3] 4. Por lo anterior, desde el 2017, ha elevado distintas peticiones orales y escritas a la Alcaldía Municipal de Gámbita,[4] con el fin de “ser tenidos en cuenta en la inclusión de los programas de mejoramiento de vivienda y electrificación rural”.[5] En concreto, obra en el expediente copia de la petición presentada el 6 de octubre del mismo año, en la que el señor William Agudelo Molina, cónyuge de la accionante, pidió al ente municipal, la realización de “todas las gestiones locales pertinente[s] para que me sea otorgado los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento básico que tenemos derecho como ciudadanos, tal como lo indica la Constitución y la Ley.”[6] 5. En respuesta a dicha petición, la Alcaldía le advirtió que: “[…] el deber ser de usted antes de construir dicha vivienda, era acercarse a la Secretaría de Planeación Municipal a solicitar la respectiva Licencia de Construcción – Obra nueva. Situación que no se ha realizado por parte de usted a la fecha. En dicha Licencia de Construcción, uno de los requisitos es la obtención previa de la ‘disponibilidad de servicios públicos domiciliarios.’ Se le recuerda una vez más, el principio de la autoprotección y de la autoconservación según los cuales ‘toda persona natural o jurídica, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social.”[7] 6. En todo caso, le indicó que “el Municipio de Gámbita está dispuesto a brindarle la asesoría y orientación necesaria para guiarlo en las diferentes Entidades donde puede solicitar los servicios de Energía (Electrificadora de Santander o Boyacá), Agua (Junta de Acueducto veredal) y saneamiento básico (sistema de tratamiento de aguas residuales “pozo séptico”)”.[8] Por último, le informó que su vivienda fue incluida en el listado de posibles beneficiarios del proyecto denominado “puntas y colas”, que ejecutaría la Electrificadora de Santander en cofinanciación con la Gobernación de ese Departamento. 7. En consecuencia, la accionante solicitó al juez constitucional ordenar a la administración municipal de Gámbita que realice todos los trámites administrativos que sean necesarios para garantizar su derecho y el de sus hijos a vivir en condiciones dignas, en una vivienda que cuente con el servicio de energía eléctrica. En este sentido, también le requirió: (i) ordenar a la Alcaldía Municipal de Gámbita que en un término razonable gestione ante la Empresa de Energía de Santander o de Boyacá la prestación de dicho servicio en su hogar. (ii) Ordenar a la referida Alcaldía que en un término razonable realice las actuaciones jurídicas, administrativas y presupuestales pertinentes para la ejecución de un proyecto de electrificación rural que garantice el servicio de energía eléctrica en su vivienda. Y (iii) conminar al Municipio de Gámbita y a la Empresa de Energía para que tramiten e inicien la ejecución de proyectos de electrificación rural que incluyan el predio en el que se encuentra su casa. 2. Trámite de primera instancia y respuesta de los accionados 8. El 25 de junio de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita admitió la acción de tutela y ordenó vincular al proceso a la Personería Municipal de Gámbita y al Departamento de Santander para que, en el ámbito de sus competencias, se pronunciaran sobre los hechos objeto de tutela.[9] 9. Alcaldía Municipal de Gámbita. El 28 de junio de 2018, el señor Edilson Salamanca Callejas, Alcalde Municipal de Gámbita, dio respuesta a la acción de tutela de la referencia.[10] En primer lugar, señaló que, dado que el esposo de la accionante tiene trabajo, no es posible concluir que la familia se encuentra en un estado de indefensión. Para el Alcalde, “ser labriego o agricultor en este país es un trabajo humilde y digno, pero para nada supone un estado de indefensión sino todo lo contrario, una capacidad de valerse por sus propios medios”. Afirmó que la vivienda de la señora Olga Lucía Fajardo López es “pirata” y no cuenta con las licencias y permisos de construcción requeridos para cumplir con la normativa ambiental, sanitaria, de seguridad y de desarrollo territorial. Al respecto, mencionó que no es posible llevar los servicios públicos a cualquier lugar del territorio “donde caprichosamente se desee construir una vivienda” y que era responsabilidad de la señora Fajardo y de su esposo adelantar las gestiones para construir su casa de manera legal y comprar un punto de energía eléctrica. Y agregó: “Quien puede lo más, puede lo menos. ¿Si tuvo para la casa, como es que no tiene para los servicios?”. 10. Además, expresó que la Alcaldía Municipal de Gámbita le ha informado a la accionante que está incluida en “un programa de puntas y colas de electrificación” y aclaró que esto no corresponde a una obligación del Municipio sino a un beneficio que canaliza con los demás entes del Estado. Por último, solicitó al juez constitucional declarar la improcedencia de la acción de tutela. Consideró que la accionante debía gestionar con la Empresa Electrificadora la compra de un punto de energía y pagar por el servicio y que, solo si dicho servicio le es negado, procedería la acción de tutela y únicamente ante dicha Entidad prestadora del servicio. 11. Personería Municipal de Gámbita. El 28 de junio de 2018, Juan Camilo Hernández Sánchez, Personero Municipal de Gámbita, explicó que la Personería Municipal asesoró a la accionante y, a partir de la información que suministrada, la Entidad redactó la acción de tutela para que ella la presentara. Por consiguiente, consideró que no sería objetivo ni ético pronunciarse sobre la acción de tutela instaurada por la señora Olga Lucía Fajardo López.[11] 12. Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. En escrito del 3 de julio de 2018, Claudia Johanna Olarte Zambrano, apoderada judicial de la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Olga Lucía Fajardo López.[12] Señaló que la Empresa no ha negado el acceso a la conexión de la accionante, pues ella no ha presentado ninguna solicitud de servicio. Indicó que, en caso de solicitar dicho servicio, a ella le correspondería asumir el costo de las obras de infraestructura eléctrica, como la instalación de los medidores de energía y la adecuación de acometidas. Por último, expresó que, como la señora Fajardo manifiesta que no cuenta con los recursos económicos para realizar dichos trámites, le corresponde al Estado asegurar la prestación del servicio de energía para la accionante y su núcleo familiar, de conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política y los artículos 3º, 4º y 6º de la Ley 143 de 1994. En este sentido, resaltó que la Gobernación de Santander cuenta con un impuesto cuyo fin exclusivo es invertir en la definición de proyectos de electrificación (“estampilla pro-electrificación rural”) y que el Ministerio de Minas y Energía tiene el Fondo de Apoyo para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER. 13. La Gobernación del Departamento de Santander guardó silencio sobre los hechos y pretensiones objeto de la acción de tutela presentada por la señora Olga Lucía Fajardo López. 3. Decisiones objeto de revisión 14. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita.[13] El 10 de julio de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Fajardo López. Este Juzgado hizo referencia a la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la vivienda digna y, en particular, sobre la procedencia de las acciones de tutela que pretenden el acceso al servicio de energía eléctrica.[14] Con fundamento en ello, mencionó que el acceso a la electricidad no es un derecho fundamental autónomo y que la acción de tutela procede para proteger el derecho fundamental a la vivienda digna, cuando con la ausencia del servicio de energía eléctrica este derecho fundamental u otros se ven amenazados. 15. Advirtió en su respuesta, que para el Municipio de Gámbita la familia de la accionante ya hace parte del listado de posibles beneficiarios del proyecto de electrificación “puntas y colas”. En criterio de esta autoridad judicial, esto “representa que el municipio ha reconocido su necesidad [la de la señora Fajardo López y de su familia] de electrificación rural”.[15] Asimismo, resaltó que la accionante no ha presentado solicitud alguna a la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y que, en todo caso, ella puede recurrir, con la intermediación del Municipio de Gámbita y de esta Empresa, a los fondos creados por el Estado para subsidiar las obras de electrificación rural de su vivienda. 16. En consecuencia, consideró que ni la señora Olga Lucía Fajardo López ni sus hijos menores de edad se encontraban en una situación de inminente riesgo que amenazara sus derechos fundamentales. Finalmente, explicó que la carencia de electricidad en su vivienda no los afecta gravemente, pues no son personas que se encuentren en una condición de vulnerabilidad manifiesta, ni están inmersas en una grave enfermedad que amerite el servicio de energía eléctrica para mantener condiciones dignas de salud y vida. 17. Impugnación de la sentencia de primera instancia.[16] El 16 de julio de 2018, Juan Camilo Hernández Sánchez, Personero Municipal de Gámbita, presentó escrito de impugnación contra el fallo de Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita, “bajo el amparo que otorga el artículo 118 de la C.P.; como agente del Ministerio Público, en cumplimiento de la guarda y promoción de los derechos humanos [y] la protección del interés público.”[17] 18. En primer lugar, sostuvo que en las sentencias T-270 de 2007,[18] T-761 de 2015,[19] y T-189 de 2016,[20] citadas en la parte considerativa del fallo del Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita, la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de los accionantes y dictó una serie de órdenes encaminadas a que se garantizara el acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. Por tanto, afirmó que la decisión del referido juzgado no era coherente con los precedentes citados. A continuación, señaló que de las pruebas que obran en el expediente no es posible concluir que la vivienda de la señora Olga Lucía Fajardo López puede ser objeto del proyecto de electrificación de “puntas y colas”. De acuerdo con el Personero Municipal, la vivienda de la accionante se encuentra a una distancia aproximada de 400 metros del transformador más cercano. Ahora bien, advirtió que, según la respuesta dada el 15 de diciembre de 2017 por la Secretaría de Planeación y Desarrollo de Gámbita a la petición presentada por el esposo de la accionante, el proyecto de “puntas y colas” está diseñado para suministrar un punto de energía a las viviendas que estén a menos de 150 metros del transformador más cercano. En consecuencia, afirmó que una adecuada valoración probatoria conduciría a concluir que la familia de la accionante nunca podrá ser beneficiaria de estos proyectos de electrificación rural. 19. Adicionalmente, agregó que la accionante ha intentado por distintas vías acceder al servicio de energía eléctrica y no ha sido negligente en este esfuerzo. En este sentido, señaló que “al acudir a la empresa de energía de manera telefónica le han dado su viabilidad, no obstante al acudir a las oficinas locales de la empresa, ha obtenido respuestas en el sentido que esto es “imposible”, debido a la ubicación en la que se encuentra su vivienda”.[21] Por lo anterior, concluyó que a la accionante y a sus hijos se les está negando el acceso real al servicio de energía eléctrica y que, con ello, el goce efectivo de sus derechos fundamentales se está viendo amenazado. En consecuencia, solicitó revocar la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita y, en su lugar, ordenar al Municipio de Gámbita y la Electrificadora de Santander ESSA adoptar “las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un plan específico que asegure el suministro de energía eléctrica en las condiciones de eficiencia, eficacia y seguridad que debe mantener este servicio.”[22] 20. Rechazo de la impugnación.[23] El 2 de agosto de 2018, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro decidió rechazar la impugnación presentada por el Personero Municipal de Gámbita, bajo el argumento de que este no tenía legitimación para actuar. Esta autoridad judicial anotó que la acción de tutela fue interpuesta directamente por la señora Olga Lucía Fajardo López y que, por tanto, el Personero Municipal no se encontraba representando los intereses de la accionante. Adicionalmente, señaló que, de acuerdo con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, los fallos de tutela solo pueden ser impugnados por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente. En consecuencia, expresó que el Personero Municipal de Gámbita únicamente podría impugnar un fallo de tutela en los siguientes cuatro casos: “[…] si es él mismo la autoridad contra la cual se produjo; si se trata de un caso en que actúe como parte por haber ejercido la acción en desarrollo de la delegación del Defensor del Pueblo en nombre de una persona indefensa o por solicitud expresa; si el Defensor del Pueblo ha delegado en su cabeza la facultad de intervenir en un proceso provocado por solicitud directa de aquél; o en caso de haber recibido delegación del Defensor para actuar en un proceso específico iniciado por el ejercicio que de la acción hubiese hecho quien se considere afectado o amenazado en sus derechos fundamentales.”[24] 21. Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta que la acción de tutela fue presentada directamente por la señora Fajardo López y que no hay prueba de delegación alguna por parte del Defensor del Pueblo al Personero Municipal de Gámbita, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro concluyó que el referido personero no tenía la categoría de sujeto procesal y que carecía de legitimidad para impugnar la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Gámbita. 4. Selección del expediente para revisión de la Corte Constitucional 22. El 10 de octubre de 2018, el señor Juan Camilo Hernández Sánchez, Personero Municipal de Gámbita, solicitó a la Corte Constitucional seleccionar el presente caso para revisión.[25] Sostuvo que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro desconoció el artículo 118 de la Constitución Política, en la medida en que consideró que únicamente los defensores del pueblo pueden impugnar fallos de tutela, “olvidando que el ministerio público lo ejercen, además del Defensor del Pueblo, el Procurador General de la Nación y los Personeros Municipales.”.[26] Adicionalmente, resaltó que, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, los personeros municipales pueden interponer acciones de tutela para lograr la protección de derechos fundamentales de otras personas y que, en consecuencia, en este caso, estaba legitimado para impugnar el fallo de tutela “ya que un ciudadano del sector rural no posee los conocimientos técnicos para ejercer su propia defensa.”[27] 23. Mediante Auto del 14 de diciembre de 2018, la Sala de Selección Número Doce, integrada por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez, seleccionó el expediente para revisión de la Corte Constitucional.[28] II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia 24. Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por las salas de selección de tutelas y del reparto verificado en la forma que el reglamento de esta Corporación establece. 2. La acción de tutela analizada procede 25. Adicionalmente, la acción de tutela presentada por la señora Olga Lucía Fajardo López, en nombre propio y en representación de sus dos hijos menores de edad, contra la Alcaldía Municipal de Gámbita y la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. es procedente para amparar su derecho fundamental a una vivienda digna, en la medida en que satisface los requisitos de legitimación, inmediatez y subsidiariedad. 26. Así, entonces, resulta relevante señalar como primera medida que la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental en sí mismo.[29] En este sentido, ha establecido que el juez constitucional no puede desconocer la procedibilidad de la acción de tutela bajo el argumento de un supuesto carácter no fundamental de este derecho o recurriendo al criterio de conexidad con otros derechos fundamentales para negar su admisibilidad.[30] En consecuencia, la acción de tutela procede para garantizar la protección de los derechos fundamentales y, entre ellos, del derecho fundamental a la vivienda digna, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de particulares y no existan otros mecanismos judiciales de defensa, salvo la inminencia de un perjuicio irremediable. Con relación a este perjuicio, el mismo debe ser: (i) inminente o próximo a suceder; (ii) grave; (iii) requerir medidas urgentes para superar el daño o la inminencia del perjuicio; y finalmente, (iv) estas medidas de protección deben ser impostergables para evitar la consumación del daño. 27. En el caso objeto de estudio, la Sala verifica que la señora Olga Lucía Fajardo López podía instaurar la acción de tutela contra el Municipio de Gámbita y la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (legitimación). En efecto, en consonancia con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la accionante, como titular del derecho a la vivienda digna que considera vulnerado y como representante legal de sus hijos, presentó en nombre propio y de sus hijos la acción constitucional. Adicionalmente, la acción podía dirigirse contra el Municipio de Gámbita y contra la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., porque el primero es una autoridad pública (artículo 13 del Decreto 2591 de 1991) y la segunda es un particular que presta el servicio público pretendido con el ejercicio de esta acción constitucional, se trata de una sociedad cuyo objeto social principal es la prestación de los servicios públicos de generación, distribución, transmisión y comercialización de energía eléctrica (numeral 3º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991). 28. Igualmente, se encuentra que la acción se presentó en un término razonable (inmediatez). De acuerdo con la accionante, desde el 2017, su esposo y ella han elevado distintas peticiones orales y escritas a las entidades accionadas, con el fin de obtener la instalación del servicio de energía eléctrica. En particular, en el expediente obra prueba de una petición radicada el 6 de octubre de 2017 por el señor William Agudelo Molina, cónyuge de la accionante, ante la Alcaldía Municipal de Gámbita. La Sala considera, entonces, que entre dicha fecha y aquella de la presentación de la acción de tutela (el 22 de junio de 2018) transcurrió un periodo de tiempo razonable para que la señora López Fajardo presentara la acción de tutela, teniendo en cuenta la condición de la accionante y su reclamo particular (8 meses y 16 días). Para ello, se tiene en consideración que la accionante es una mujer campesina que vive en el área rural dispersa del Municipio de Gámbita y que, en consecuencia, el término transcurrido entre la última actuación administrativa y la presentación de la tutela es razonable, dadas las dificultades espaciales y jurídicas que una persona en sus condiciones puede enfrentar para acceder a la administración de justicia. Además, se resalta que la presunta vulneración alegada por la accionante “se presenta de manera permanente en el tiempo hasta tanto no satisfaga con la instalación del servicio público solicitado.”[31] Además, la falta de energía eléctrica es una afectación a las condiciones de vida digna de la accionante que se mantienen en el tiempo, por eso sigue siendo presente. De hecho, en el actual contexto de pandemia y emergencia sanitaria, la urgencia de acceder al servicio de electricidad es aún mayor. Múltiples gestiones ciudadanas básicas que antes se podían hacer fuera de casa, presencialmente, ahora suponen el uso de tecnologías y energía desde una vivienda que permita una vida en dignidad. 29. Por último, la Sala considera que la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta las condiciones particulares de urgencia la accionante y su núcleo familiar. La urgencia surge, principalmente de tres razones; dos que se dieron desde el momento en que se presentó la acción de tutela, y una que surge del contexto de emergencia sanitaria y pandemia en el cual se toma la decisión. A saber: (i) La carencia del servicio de energía eléctrica refuerza las condiciones de vulnerabilidad de ella y de su familia, además, tiene una consecuencia directa que les impide el goce efectivo de su derecho constitucional a la vivienda digna. (ii) La pretensión formulada ante el juez constitucional involucra a sus hijos menores de edad, quienes son sujeto de especial protección constitucional, y la falta del servicio requerido impacta el goce efectivo de su derecho fundamental a la educación. (iii) La tercera razón es la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, mediante Decreto 417 de 2020, debido a la pandemia del COVID-19, el cual evidenció que la necesidad de garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos, incluyendo el de energía eléctrica, es un asunto prioritario en la gestión de las autoridades públicas. La existencia digna de las personas en aislamiento y confinamiento depende, como no había ocurrido antes, de la prestación adecuada y oportuna de los servicios públicos. En consecuencia, teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto, la acción popular no es un mecanismo judicial de protección efectivo. En seguida, se exponen los argumentos que desarrollan las ideas precedentes. 30. El presente caso involucra a una familia campesina que vive en el área rural dispersa del Municipio de Gámbita. El puntaje Sisbén de los miembros de la familia es de 17.45 y su único sustento económico proviene de las labores que desempeña el señor William Agudelo Molina, cónyuge de la señora Olga Lucía Fajardo López, en actividades de construcción o jornal. Según afirman, estas labores, que además son esporádicas, generan un ingreso para toda la familia de aproximadamente $32.000 diarios. La Sala advierte que sus ingresos ($640.000) es inferior al valor de un salario mínimo mensual del año 2020 ($877.803), incluso si se asume que el señor Agudelo Molina trabajara todos los días hábiles del mes. De manera que, se encuentran en una situación de precariedad económica. 31. En este escenario, la falta de suministro del servicio de energía eléctrica en la vivienda de la accionante refuerza esas condiciones de vulnerabilidad y la somete a dificultades adicionales para lograr el goce efectivo de su derecho fundamental a la vivienda digna. Al respecto, la Sentencia T-189 de 2016 resaltó que: “[u]na condición imprescindible para el goce pleno del derecho a la vivienda digna es que exista una adecuada infraestructura de servicios públicos[32], que atienda los requerimientos más elementales de la existencia. Uno de estos servicios es el de energía eléctrica con el cual las personas satisfacen muchas de sus necesidades cotidianas como son: conservar alimentos, tener una adecuada iluminación, asegurar condiciones de higiene y aseo, entre otros. La Corte ha recalcado que las dificultades en el acceso al fluido eléctrico tiene consecuencias ‘en la agudización de la pobreza extrema y pone a la ciudadanía en condiciones de especial vulnerabilidad.’”[33] 32. Además, es relevante tener en cuenta que en el núcleo familiar de la accionante hay dos menores de edad. La Sala está estudiando un caso en el cual la pretensión formulada tiene que ver, de manera directa, con sujetos de especial protección constitucional y el goce efectivo de su derecho a la educación. La señora Olga Lucía explicó que debido a que carecen del servicio de energía eléctrica sus hijos se ven obligados a estudiar y hacer sus tareas escolares a la luz de una vela. Además, advirtió que dicha situación podría llegar a comprometer la salud de los menores de edad,[34] debido a que no cuenta con “electrodomésticos para preparación y conservación de los alimentos.”[35] En este escenario, se reitera que esta Corporación ha considerado que la ausencia del servicio pretendido impacta el desarrollo físico y académico de menores de edad, pues “[l]a ausencia de iluminación impide que menores en edad escolar, puedan ejercer su derecho a la educación, dado que la lectura, la lúdica, y el descanso se ven fuertemente limitados sin la luz eléctrica.”[36] 33. Justamente sobre la relación entre estos dos derechos, la Sentencia T-559 de 2014, al justificar la procedencia de la acción de tutela en un caso en el que se analizaba la presunta vulneración del derecho a la educación de un grupo de alumnos, producto de la falta de acceso al servicio de energía eléctrica en su centro educativo. La Corte afirmó en esa oportunidad que “[e]n el ordenamiento jurídico no se encuentra un medio judicial más idóneo que la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de los menores [de edad]. En caso de comprobarse su violación, se requiere un pronto pronunciamiento por parte del juez constitucional para que cesen de inmediato las actuaciones u omisiones que los amenazan o vulneran.”[37] Un año después, a propósito de un caso parecido al que se analiza en el presente proceso, la Sentencia T-761 de 2015 dijo: “[l]a suspensión del servicio de energía eléctrica implica la vulneración de derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional. Implica que los menores no podrán gozar de las condiciones mínimas para el disfrute de su derecho a la educación, ni las circunstancias que facilitan su adecuada alimentación […] Este servicio público tiene mayor importancia para sujetos de especial protección constitucional, dado que la falta del suministro los afecta de manera desproporcionada y con consecuencias que únicamente asumen ellos. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, verbigracia, la ausencia de fluido energético impide que puedan ejercer de manera adecuada sus derechos fundamentales a la educación o a la alimentación equilibrada.”[38] 34. La pandemia del COVID-19, que conllevó a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, mediante Decreto 417 de 2020, evidenció que la obligación estatal de garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos es prioritaria. Por ello, la situación que vive el núcleo familiar de la accionante, quienes se encuentran viviendo en área rural sin tener acceso al servicio de energía eléctrica, evidencia que la pretensión formulada ante el juez de tutela tiene que ver con una necesidad de urgente protección y de relevancia inminente. Deben mantener el distanciamiento social y el aislamiento, lo que implica la permanencia en su lugar de residencia, como una estrategia fundamental para prevenir el contagio. No obstante, sin la prestación del servicio requerido, el cumplimiento de ese deber transgrede el goce efectivo de otros derechos que dependen de ese servicio público, como por ejemplo, el derecho a la educación y a la comunicación e información.[39] Además, la vulnerabilidad en la que vive la familia es mucho mayor, sin tener la posibilidad de almacenar sus alimentos en neveras, conectar electrodomésticos, ni contar con la posibilidad de mantener, en este momento, contacto social con otras personas, así sea por medio virtual. La brecha digital que supone la exclusión de la tecnología es casi insuperable si ni siquiera se cuenta con energía eléctrica. Es por ello que, en el presente asunto, la acción de tutela es el mecanismo de protección procedente para estudiar el asunto expuesto de la referencia. 35. La Sala de revisión reconoce que, en principio, la pretensión formulada podría ser tramitada mediante una acción popular.[40] El Legislador estableció “[e]l acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna” como un derecho colectivo (literal j del artículo 4º de la Ley 472 de 1998). Sin embargo, como se demostró previamente, las condiciones particulares de la accionante y su núcleo familiar imponen el deber de analizar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en consideración a las condiciones particulares de urgencia la accionante y su núcleo familiar y, en consecuencia, el juez de tutela debe estudiar el fondo del asunto, valorando si se configura o no la vulneración alegada. 36. Sería desproporcionado, desde el punto de vista constitucional, (i) exigirle a una persona que inicie un proceso judicial ante un juez contencioso administrativo, si se tiene en cuenta la precariedad económica en la que se encuentra, la falta de recursos para hacerlo, pues evidentemente no cuenta con electrodomésticos en su vivienda, lo que a su vez limita la posibilidad de acceder a la información necesaria para agenciar sus derechos de manera autónoma e independiente. (ii) Además, la accionante ha elevado diversas solicitudes ante la administración municipal para tramitar su requerimiento, sin que al momento de la interposición de la acción de tutela se le haya brindado una alternativa viable para acceder al servicio público pretendido. También ha presentado solicitudes verbales a la empresa de energía eléctrica, en la que de manera telefónica le han indicado la viabilidad de instalar el servicio; “no obstante al acudir a las oficinas locales de la empresa, ha obtenido respuestas en el sentido que esto es ‘imposible’, debido a la ubicación en la que se encuentra su vivienda”.[41] (iii) Por último, ante las medidas de distanciamiento social adoptadas para evitar el contagio del COVID-19, la energía eléctrica se convierte en un servicio esencial, del que depende el ejercicio de otros derechos, como la educación y la comunicación e información, entre otros. 37. De igual manera, se reitera que esta Corporación ha indicado que la importancia de garantizar el suministro de energía eléctrica tiene una estrecha relación con el goce efectivo del derecho fundamental a la vivienda digna.[42] Al respecto, por ejemplo, la Sentencia T-281 de 2012 afirmó que: “[…] como quiera que los servicios públicos domiciliarios necesariamente influyen en la materialización de los fines propios del Estado Social de Derecho, su prestación en condiciones inadecuadas o la falta del servicio por no instalación, no sólo deriva en controversias de tipo contractual o patrimonial, sino que además puede incidir sustancial y negativamente en asuntos de rango constitucional como la dignidad, la igualdad, la salud y la seguridad social de las personas, de modo que se legitima la intervención excepcional del juez de tutela, en remplazo del juez natural del asunto.”[43] 38. Dado que la Corte es competente para conocer de la acción de tutela y esta cumple con los requisitos de procedibilidad, procede esta Sala a plantear los problemas jurídicos que surgen del caso y a analizar el fondo del asunto. 3. Problema jurídico 39. Acorde con los antecedentes expuestos, le corresponde a esta Sala de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿un municipio y una empresa de servicios públicos vulneran el derecho fundamental a la vivienda digna de una mujer campesina y de su núcleo familiar, al decirle que existe un programa para acceder al servicio de energía eléctrica en el que está incluida como posible beneficiaria, pero a la vez decirle oficialmente que no puede acceder a éste porque su casa (i) no cumple las exigencias técnicas (tener que estar ubicada a menos de 150 metros del transformador más cercano) y (ii) se había construido sin los permisos previos requeridos? 40. Además, teniendo en cuenta que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro negó la impugnación presentada por el Personero del mismo municipio, al considerar que no tenía legitimación por activa, es necesario analizar si un Personero Municipal se encuentra facultado para impugnar un fallo de tutela, en nombre de otra persona, cuando la acción fue ejercida directamente por ella. 41. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala (i) hará referencia a la relación entre el acceso, en condiciones de seguridad, al servicio de energía eléctrica y el derecho fundamental a la vivienda digna. (ii) Posteriormente, se referirá al deber del Municipio de Gámbita de contar con un plan escrito y público que permita satisfacer de manera progresiva y sin discriminación el suministro de energía eléctrica en todo el territorio del Municipio. (iii) A partir de lo anterior, la Sala abordará la presunta vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna de la accionante y de su familia. (iv) Y, finalmente, hará referencia a la legitimación del Personero Municipal de Gámbita para impugnar el fallo de primera instancia. 4. El derecho fundamental a la vivienda digna y su relación con el acceso, en condiciones de seguridad, al servicio de energía eléctrica 42. La señora Olga Lucía Fajardo tiene derecho a una vivienda digna, en los términos establecidos en el artículo 51 de la Constitución Política. De acuerdo con esa disposición constitucional, para garantizarlo el Estado tiene el deber de establecer las condiciones necesarias para su goce efectivo y, en consecuencia, está obligado promover planes de vivienda de interés social, sistemas de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Debido a que la norma mencionada no establece los elementos materiales para determinar en qué consiste el goce efectivo de este derecho, desde la Sentencia C-936 de 2003[44], la Corte Constitucional recurrió al Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce el derecho a una vivienda adecuada.[45] 43. Así, el derecho a la vivienda digna debe ser comprendido a la luz de dicho artículo, que a su vez debe ser interpretado de manera armónica con la Observación General Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que desarrolla el contenido de este derecho. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el derecho de la señora Olga Lucía, no se agota con “la posibilidad de encontrarse bajo un tipo de construcción que se sostenga”,[46] sino que “[d]ebe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”.[47] En este sentido, se identifican siete aspectos que impactan el goce efectivo de este derecho, con independencia de factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos o de cualquier otra índole.[48] Estos aspectos son:[49] (i) La seguridad jurídica de la tenencia del inmueble, que garantice una protección legal de sus habitantes contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. (ii) La disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, que permitan responder a las necesidades de quienes habitan el inmueble. (iii) Gastos soportables de vivienda que no impidan ni comprometan el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. (iv) La habitabilidad de la vivienda, en el sentido de que esta ofrezca espacio adecuado a sus ocupantes y garantice su seguridad física, protegiéndolos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. (v) Su asequibilidad a la población y, en especial, a aquellos grupos que se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad y desventaja. (vi) El lugar en el que se encuentra ubicada la vivienda, de tal forma que esta no presente graves riesgos para la seguridad personal de las personas y que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. (vii) La adecuación cultural de la vivienda, con el fin de que, con su construcción, con los materiales utilizados o incluso con las políticas que desarrollan el derecho a la vivienda, no se afecte la expresión de la identidad cultural y de la diversidad de sus habitantes. 44. Adicionalmente, en cuanto a la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, vale la pena resaltar que la Observación General Número 4 hace referencia a la disponibilidad de todos los elementos que pueden ser indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición de los habitantes de la vivienda. En este sentido, señala que “[t]odos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”[50] 45. Así pues, con fundamento en las condiciones de habitabilidad y de disponibilidad de servicios e infraestructura que debe tener una vivienda adecuada, la Corte Constitucional ha considerado que el derecho fundamental a la vivienda digna implica, entre otros aspectos, la garantía de acceso al servicio de energía eléctrica y su prestación en condiciones de seguridad para las personas que allí moren.[51] Al respecto, esta Corporación ha manifestado que, en las sociedades contemporáneas, el servicio de energía eléctrica constituye, cada vez en mayor medida, una condición para el goce pleno de esta garantía constitucional. En efecto, como se ha mencionado en la jurisprudencia,[52] este servicio se ha vuelto necesario para satisfacer necesidades cotidianas como conservar y refrigerar alimentos, tener una adecuada iluminación, asegurar condiciones de higiene y aseo, y vivir en un espacio con adecuada calefacción, entre otras.[53] 46. Además, la Corte ha sostenido que la ausencia de este servicio repercute negativamente en las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y somete a quienes no gozan de este servicio a dificultades adicionales para superar condiciones de pobreza y para lograr el ejercicio de sus derechos fundamentales.[54] Sobre el particular, esta Corte ha expresado que: “Este servicio público tiene mayor importancia para sujetos de especial protección constitucional, dado que la falta del suministro los afecta de manera desproporcionada y con consecuencias que únicamente asumen ellos. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, verbigracia, la ausencia de fluido energético impide que puedan ejercer de manera adecuada sus derechos fundamentales a la educación o a la alimentación equilibrada. || Las mujeres que viven espacios rurales y pobres, deben asumir las consecuencias de la pobreza energética. […].”[55] 47. En consecuencia, esta Corporación ha reconocido la importancia del servicio de energía eléctrica, especialmente, en casos en los que las personas que no pueden acceder al servicio se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta,[56] o cuando la ausencia del servicio afecta el disfrute de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, y la integridad personal.[57] 48. La prestación del servicio de energía eléctrica pretendido en esta ocasión es uno de los elementos mínimos que debe tener una vivienda, para ser considerada adecuada, en los términos de la Observación General Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En todo caso, esta Sala de Revisión reconoce que dicho servicio tiene que ver con la faceta prestacional del derecho, dado que requiere de la formulación e implementación de una política pública, la destinación de recursos públicos, la construcción de la infraestructura técnica necesaria, entre otras. Es decir que su garantía es progresiva y la manera cómo se haga debe analizarse en el contexto de las circunstancias específicas de cada persona. Se reitera que cuando “la jurisprudencia constitucional ha considerado procedente tutelar el derecho a la vivienda digna, ha precisado que el remedio que deba adoptarse para resolver la situación concreta corresponde definirlo, en primer término, a las autoridades encargadas de adoptar las decisiones en materia de políticas públicas en vivienda.”[58] 49. Esta Sala de Revisión resalta que la presente decisión se dicta en el contexto de una pandemia global generada por el COVID-19, debido a la cual se han adoptado medidas de aislamiento y distanciamiento social con el fin de evitar el contagio masivo de personas. Considerar este hecho es de relevancia, porque evidencia aún más la importancia que tiene el servicio de energía eléctrica para el goce efectivo del derecho a la vivienda digna. También del derecho a la educación de los dos (2) hijos menores de edad de la accionante, en el que sea posible su acceso a la ciencia, a la técnica y a la cultura; a la comunicación, justo en este momento en el cual las relaciones sociales se ven limitadas a espacios virtuales; y, a la información, disponible en diferentes medios de información. La jurisprudencia ya había hecho mención a esta dimensión del derecho a la educación de los niños y las niñas y a la necesidad de enfrentar la brecha digital, que en el contexto de aislamiento y distanciamiento social se vuelve más urgente.[59] 50. En síntesis, (i) el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental que puede ser protegido mediante la acción de tutela. (ii) El acceso al servicio de energía eléctrica, en condiciones de seguridad, incide en el goce efectivo del derecho fundamental a la vivienda digna. (iii) La ausencia del servicio de energía eléctrica afecta, con mayor intensidad, a las poblaciones más vulnerables y agrava su situación. (iv) La garantía del servicio de energía eléctrica forma parte de la faceta prestacional del derecho a la vivienda digna, por lo tanto, su garantía es progresiva y está en cabeza de los entes administrativos definir las políticas públicas para garantizar su goce efectivo. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de atender prioritariamente a estas poblaciones y de procurar el disfrute pleno de su derecho a la vivienda digna, dirigiendo esfuerzos para procurar el acceso a la energía eléctrica, en condiciones de seguridad. 5. La Alcaldía de Gámbita tiene la obligación de tener un plan para garantizar el servicio público de energía eléctrica a los habitantes de su Municipio y debe evitar que las personas humildes, más vulnerables y que habitan en áreas rurales sean las “últimas de la fila” en el acceso a este servicio 51. De conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y, por lo tanto, del servicio público de energía eléctrica a todos los habitantes del territorio nacional, bien sea de manera directa o indirecta. Además, le corresponde la regulación, control y vigilancia respecto de su prestación. Adicionalmente, el artículo 311 de la Carta señala que los municipios, como entidades fundamentales de la división político-administrativa del Estado, tienen la obligación de prestar los servicios públicos que determine la ley.[60] Dicho deber constitucional se concreta en el numeral 1º del artículo 3º de la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”,[61] y los artículos 5 y 6 de la Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. Dichas normas establecen que la administración municipal es la principal garante y gestora en materia de servicios públicos.[62] 52. En línea con lo anterior, es obligación de los municipios contar con un plan para garantizar la prestación, en condiciones de eficiencia y calidad, regularidad y continuidad, solidaridad y universalidad,[63] de los servicios públicos domiciliarios y, en particular, del servicio público de energía eléctrica en condiciones de seguridad. Adicionalmente, vale la pena resaltar que la jurisprudencia de esta Corte ha exaltado la importancia de las políticas públicas de las cuales depende el goce efectivo de los derechos fundamentales. En efecto, esta Corporación ha instado a los jueces de tutela a comprender las complejidades que deben enfrentar las instituciones del Estado para cumplir las obligaciones de proteger las facetas de carácter prestacional o progresivo de los derechos fundamentales, sin que ello obligue a los jueces a hacer caso omiso de las violaciones o amenazas que se prueben y verifiquen en los procesos de tutela.[64] 53. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que las facetas prestacionales de los derechos fundamentales suponen “el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas que, en efecto, se estén implementando”.[65] De manera similar, la Observación General Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que, aunque las acciones que los Estados Parte adopten para garantizar el derecho a una vivienda adecuada pueden variar según las capacidades administrativas y financieras de cada Estado, todos deben cumplir con la obligación de adoptar “estrategias capaces” que, en su conjunto, sean suficientes para realizar el derecho de cada individuo en el tiempo más breve posible de conformidad con el máximo de los recursos disponibles.[66] 54. Adicionalmente, en cuanto a la no discriminación, es importante señalar que si bien la administración puede enfrentar diversos obstáculos de carácter técnico, institucional y económico para el diseño e implementación del plan, esto no puede, en manera alguna, justificar que su avance se haga con discriminación, excluyendo a ciertos grupos sociales. Por eso, dentro del actual Estado social y democrático de derecho, las personas más vulnerables y del sector rural tienen el derecho constitucional a no ser las últimas de la fila, a la hora de acceder a las condiciones para el goce efectivo de su derecho a la vivienda digna y, entre ellas, para acceder al servicio de energía eléctrica.[67] 55. En asuntos como el que se revisa en esta Sentencia, la consideración anterior deber ser analizada teniendo en cuenta que las personas también tienen la obligación de actuar conforme al ordenamiento normativo colombiano, deben cumplir unas cargas mínimas al momento de solicitar la prestación del servicio de energía eléctrica. Por ejemplo: (i) hacerlo en un área permitida legalmente y en una zona en la que no puedan presentarse desastres naturales, (ii) solicitar de manera previa los permisos y licencias de construcción, (iii) pedir la prestación del servicio ante la empresa o autoridad local competente, entre otras. Se aclara que, en todo caso, el incumplimiento de dichas cargas no tiene la consecuencia de perder el derecho a la vivienda digna, ni mucho menos. Se trata de cargas que deben ser valoradas por el juez de tutela, con el fin de establecer el grado de exigibilidad en cada caso concreto en esta instancia constitucional.[68] Más aún cuando “[a]l juez de tutela ‘no le compete inmiscuirse en las decisiones sobre la oportunidad o conveniencia de disponer de los fondos públicos en la construcción de una obra’, pero es su deber impartir las órdenes tendientes a garantizar el goce efectivo de un derecho fundamental, así estas tengan ‘efectos sobre la actividad de los entes administrativos” y deba “modificar decisiones discrecionales sobre el empleo eficaz del presupuesto disponible’.[69] Es la propia administración, o la entidad a la que corresponda, la que debe destinar los recursos humanos y materiales necesarios para establecer de forma idónea, cuáles son las acciones que deben ser realizadas, por ejemplo, para evitar que una edificación se desplome total o parcialmente.[70] Para la Corte, ‘[e]n estas situaciones el juez debe limitarse a definir si se vulneran o amenazan los derechos del demandante y a darle vía a la búsqueda de la mejor solución del problema concreto (…), procurando que participen dentro del proceso las instituciones o personas que posean los conocimientos apropiados para definirla. Además, el juez deberá garantizar que el afectado tenga participación dentro del proceso de decisión y que, en el caso de que no cuente con las condiciones para poder establecer una interlocución significativa con la administración, sea asistido por personas o instituciones que le generen confianza para la defensa de sus intereses.’”[71] 56. Teniendo en cuenta la consideración anterior, esta Sala de Revisión propone los siguientes factores para que los jueces de tutela los tengan en cuenta, sin el ánimo de establecer un listado taxativo, al momento de ponderar las situaciones particulares en casos como el que se estudia en el expediente de la referencia: a. La ubicación geográfica del accionante para determinar en cabeza de quién está la obligación de adelantar las gestiones para garantizarle la prestación del servicio de energía eléctrica. Por ejemplo, la empresa de servicios públicos correspondiente o el municipio; o, si es el caso, determinar la existencia de una responsabilidad compartida entre estas. b. Los requerimientos técnicos particulares y específicos para cada caso. Los que podrían depender, por ejemplo, de la ubicación de la vivienda del accionante; el terreno en el que está ubicada; la existencia de la infraestructura de energía eléctrica a la cual se pretende tener conexión (es diferente solicitar el acceso a una red preexistente frente a una situación en la que ésta aún no ha sido construida o ni siquiera planeada); la distancia entre la vivienda y la red de preexistente; entre otras circunstancias. c. La capacidad institucional de suministrar el acceso al servicio de energía eléctrica, dependiendo del directamente responsable de la prestación, bien sea una empresa de servicios públicos domiciliarios o el municipio, en aquellos casos que presta el servicio directamente. En concreto, podría valorarse, por ejemplo, las solicitudes de ciudadanos y las políticas públicas vigentes para la garantía del acceso a este servicio público domiciliario. En este escenario, es importante tener en cuenta, tanto aquello que debería ser en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en la materia; así como, la manera cómo efectivamente se está garantizando, es decir, el plan que viene ejecutando la administración local correspondiente. Lo anterior, sin perder de vista la dimensión prestacional que implica garantizar el acceso al servicio de energía eléctrica en el marco de la garantía del derecho a la vivienda digna. Además, le corresponde al juez de tutela ser deferente con las decisiones que tomen los administradores en el marco de sus competencias. Por ejemplo, si un municipio decide garantizar en un primer momento el acceso al servicio de energía eléctrica atendiendo a unos factores técnicos a determinada zona rural frente a otra, podría concluirse que dicha decisión es razonable y está justificada si así se demuestra. 57. Con base en lo anterior, se concluye, teniendo en cuenta que la prestación del servicio de energía eléctrica tiene que ver con la faceta prestacional del derecho a la vivienda digna, que (i) el Municipio de Gámbita tiene el deber de proporcionar el servicio de energía eléctrica a todos los habitantes de su jurisdicción. (ii) Para ello, debe contar con un plan escrito y público que permita satisfacer de manera progresiva el suministro de energía eléctrica en todo el territorio del municipio; y, (iii) este plan debe estar diseñado de tal forma que las personas humildes, más vulnerables y que habitan en zonas rurales dispersas no sean las últimas de la fila a la hora de acceder al servicio de energía eléctrica en condiciones de seguridad y, con ello, gozar plenamente de su derecho a la vivienda digna. Además, se resalta que las personas tienen la obligación de actuar conforme al ordenamiento normativo colombiano, para lo cual deben cumplir con las cargas mínimas al momento de construir una vivienda. Por último, esta Sala de Revisión propuso algunos elementos que le pueden permitir al juez de tutela valorar a la luz de las condiciones particulares de cada caso el nivel de exigibilidad en es...