Sentencia T-364 de 2018

T-364-18 Sentencia T-364/18 DERECHO A LA INTIMIDAD-Caso en que accionantes fueron sancionados y expulsados de escuela militar por la realización de actos sexuales al interior de la institución DERECHO A LA INTIMIDAD-Protección constitucional DERECHO A LA INTIMIDAD-Concepto y alcance DERECHO A LA INTIMIDAD-Características generales DERECHO A LA INTIMIDAD-Jurisprudencia constitucional DOMICILIO-Definición/DOMICILIO-Inviolabilidad Esta Corporación ha precisado que ‘por inviolabilidad de domicilio se entiende en general el respeto a la casa de habitación de las personas, lo cual muestra que el concepto de domicilio a nivel constitucional no corresponde a su acepción en el derecho civil.’ En efecto, ha precisado la Corte, ‘la definición constitucional de domicilio excede la noción civilista y comprende, además de los lugares de habitación, todos aquellos espacios cerrados, en donde las personas desarrollan de manera más inmediata su intimidad y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad. Esto muestra que, conforme a tales criterios, la protección del domicilio no comprende exclusivamente el lugar de habitación sino que se proyecta a otros espacios cerrados, que son importantes para el amparo de la intimidad y del libre ejercicio de la libertad individual. En síntesis, conforme a los criterios adelantados por esta Corte, la definición constitucional de domicilio ‘comprende, además de los lugares de habitación, trabajo, estudio, todos aquellos espacios o recintos aislados en los que la persona normal y legítimamente pretenda desarrollar su propia vida privada, separada de los terceros y sin su presencia”. DERECHO A LA INTIMIDAD-Protege espacios privados, adicionales al domicilio del individuo, en los que éste desarrolla actividades que solo le conciernen a sus intereses DERECHO A LA INTIMIDAD-Vulneración por publicación de grabaciones de imagen o voz sin autorización del titular Las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto. DERECHO A LA INTIMIDAD ESPACIAL-Está medido por el reconocimiento de tres tipos de lugares en donde ésta se manifiesta de forma diferenciada Ha establecido la Corte que el derecho a la intimidad implica la reserva del lugar de habitación, o del recinto privado en que se encuentre la persona. Esta Corporación ha expuesto que el respeto del derecho a la intimidad espacial está mediada por el reconocimiento de tres tipos de lugares en donde ésta se manifiesta de forma diferenciada. De conformidad con la sentencia T-407 de 2012, la garantía del derecho a la privacidad depende en gran parte del lugar donde tienen lugar las acciones humanas. Desde esa perspectiva existen “espacios públicos, en los que el interés general prima sobre el particular y por tanto la intimidad se ve ciertamente menguada; espacios privados en los que el carácter personalísimo del entorno hace que la protección de la intimidad presente un estándar ciertamente más estricto; espacios intermedios, como lo son los semi-privados y otros semi-públicos, que integran características tanto públicas como privadas, los primeros, respectivamente, relacionados con escenarios “cerrados en los que un conjunto de personas comparten una actividad y en los que el acceso al público es restringido” y los segundos, con “acceso relativamente abierto en los que diferentes personas se encuentran en determinado momento para realizar cierta actividad puntual dentro de un espacio compartido: un cine, un centro comercial, un estadio”. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS-Espacios semiprivados En el caso de establecimientos educativos, la Corte ha expuesto que no se tratan de espacios públicos o privados sino que caen en la categoría de semiprivados teniendo en cuenta que se trata de una comunidad en la cual existen códigos de convivencia y reglas preestablecidas, que también comparte cierta intimidad circunscrita a la vida común en el contexto cerrado del trabajo y del establecimiento educativo al cual solo acceden los trabajadores, o los estudiantes y profesores. “Estos espacios cerrados en los que un conjunto de personas comparten una actividad y en los que el acceso al público es restringido, son espacios semi-privados y, por ende, las injerencias a la intimidad y demás libertades que se ejercen en tales contextos, son limitados. Sin embargo, no son espacios privados, porque las acciones de cada uno de los individuos en una oficina, o en un establecimiento educativo, tiene repercusiones sociales: no se trata del individuo en su propio ámbito de acción, sino del individuo en una comunidad.”. ESPACIOS SEMI-PUBLICOS Y SEMI-PRIVADOS-Pueden existir algunas acciones o actividades que solo interesan a la persona que las realice, y que de ninguna manera pueden ser objeto de restricciones DERECHO A LA INTIMIDAD-Garantía fundamental protegida por el Estado, la cual implica el ejercicio de la libertad, adecuada a los lugares donde se desarrollan los actos del comportamiento humano y la influencia social sobre tales espacios AUTONOMIA PERSONAL Y RESPETO POR LA INTIMIDAD SEXUAL-Alcance DERECHO A LA INTIMIDAD SEXUAL-Jurisprudencia constitucional DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Reiteración de jurisprudencia La Corte Constitucional ha indicado que la protección del derecho fundamental al debido proceso tiene aplicación en el curso de las investigaciones disciplinarias que se adelantan en las instituciones educativas tanto públicas como privadas. PARTICULARIDADES DEL REGIMEN DISCIPLINARIO EN LAS ESCUELAS DE FORMACION MILITAR-Reiteración de jurisprudencia Para la jurisprudencia constitucional, los procedimientos disciplinarios desarrollados en las escuelas de formación educativa militar deben estar acordes con los derechos, principios y valores constitucionales, en especial las garantías que se derivan del derecho fundamental al debido proceso en materia sancionatoria, pues son plenamente exigibles en idénticas condiciones que los demás establecimientos de educación universitaria. VALORACION DE LA PRUEBA OBTENIDA CON VIOLACION DEL DEBIDO PROCESO-Reiteración de jurisprudencia De conformidad con el artículo 29 Superior “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Así las cosas, la Corte Constitucional ha expuesto que la norma citada faculta la exclusión de material probatorio que haya sido recaudado vulnerando los derechos fundamentales del procesado. Sin embargo, de conformidad con la sentencia T-233 de 2007 “no toda irregularidad procesal que involucre la obtención, recaudo y valoración de una prueba implica la violación del debido proceso. Los defectos procesales relativos a la prueba pueden ser de diversa índole y distinta intensidad y es claro que no todos tienen la potencialidad de dañar el debido proceso del afectado”. En ese entendido la Corte Constitucional ha establecido que las irregularidades procesales pueden ser de diversa índole e intensidad y que dependiendo de ello debe procederse a su exclusión, dejándola reservada a los casos en los cuales el recaudo probatorio vulnera aspectos sustantivos del debido proceso. DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Vulneración por Escuela Militar al expulsar a accionantes por la realización de actos sexuales al interior de la institución Sobre el derecho a la intimidad, se concluyó que no basta con mantener la reserva en relación con el material probatorio (video) que mostraba a los estudiantes sosteniendo relaciones sexuales, pues es necesario adoptar diferentes medidas para salvaguardar la intimidad de los estudiantes, así como abordar de manera integral la valoración de la falta cometida, máxime si de una institución educativa se trata. En relación con el derecho al debido proceso, la Sala evidenció que, al momento de imponer la sanción de expulsión y cancelación de la matrícula, la escuela militar demandada inobservó el principio de proporcionalidad que es un elemento esencial del proceso disciplinario sancionatorio. Referencia: Expediente T-6.488.782 Acción de tutela formulada por MM y YY contra Escuela Militar.[1] Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo de tutela proferido el seis (6) de septiembre de 2017, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección A, que negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso formulado por los ciudadanos MM y YY contra Escuela Militar. I. ANTECEDENTES 1. Hechos relevantes 1.1. Los accionantes: MM (al momento de los hechos menor de edad) y el señor YY cursaban estudios militares en la Escuela (…) (en adelante Escuela Militar). 1.2. La accionante afirma que el 19 de junio de 2017, ella y el accionante fueron grabados en video, sin su consentimiento, manteniendo un encuentro sexual íntimo, por un cadete de la institución militar quien a su vez, presentó tal material ante sus superiores académicos. 1.3. Los accionantes manifiestan que con ocasión del video fueron llamados a descargos y se les avisó que la falta cometida era de carácter gravísimo, razón por la cual fueron inducidos por parte de las Directivas de la Escuela Militar a pedir la baja voluntaria para evitar que fueran reseñados ante las Fuerzas Militares, o de lo contrario serían sometidos a un Consejo Académico donde sería reproducido el video frente a todos los miembros del comité[2]: “[e]n las horas de la tarde, fuimos citados al Despacho del Director en donde se encontraban el Coronel…, en dicha reunión el Director de la escuela, no dio dos opciones: 1.-) pedir la baja de forma voluntaria para evitar ser reseñados ante las fuerzas militares. 2.-) someternos a un Consejo Académico donde sería reproducido el video frente a todos los miembros del comité. Situación que generó angustia y pánico entre nosotros convirtiéndose en una tortura psicológica especialmente para mi [la accionante], en razón a que era consciente de que mis partes superiores íntimas habían sido grabadas. La angustia, desespero y tortura psicológica a que fuimos sometidos de solo imaginar la publicación del video nos llevó a expresar que firmaríamos la baja voluntariamente.”[3]. 1.4. Los accionantes manifiestan que debido a las amenazas a las que fueron sometidos, suscribieron la baja voluntaria. Sin embargo, luego de buscar asesoría jurídica se retractaron, pues les fue indicado que la prueba obtenida era ilegal, aludiendo que la accionante era menor de edad para el momento de los hechos. 1.5. Posteriormente, los días 29 de junio y 4 de julio de 2017, los accionantes, por separado, interpusieron los recursos de reposición respectivos, y solicitaron copia del material probatorio en su contra, donde constataron la existencia del aludido video. De los recursos afirman que nunca obtuvieron respuesta alguna. 1.6. La accionante, en ese entonces menor de edad, expuso que el proceso que se le adelantó provocó burlas, “bullying”, agresiones verbales y actos discriminatorios, donde se vio involucrada su sexualidad y condición de mujer por parte de compañeros y directivos de la Escuela Militar, generando como consecuencia daños psicológicos en su salud. 1.7. El 24 de julio de 2017, la actora refiere que tuvo que ser internada y aislada por recomendación de médico –sicólogo– tratante durante tres semanas[4], como resultado de la gravedad de las secuelas ocasionadas (intento de suicidio, inicios de depresión, estrés agudo y alto nivel de ansiedad). 1.8. La peticionaria narra que el 25 de julio de 2017 sufrió una fuerte crisis, que obligó su desplazamiento al hospital Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá. Ese mismo día le notificaron a su acudiente que, al día siguiente (26 de julio), se iba a celebrar un Consejo Académico para tratar su caso, al cual no le fue posible asistir debido a que se encontraba en otra ciudad. A pesar de la ausencia de la entonces menor los miembros el Consejo desarrollaron la audiencia y decidieron que se debía dar la cancelación y la pérdida del cupo de los accionantes en la Institución. Debido a esto interpusieron recursos de reposición que, aseveran, nunca fueron resueltos. 1.9. Sostiene la accionante que lo ocurrido sobrepasó las barreras de la institución y llegó a conocimiento de sus amigos en la vida civil. Adicional, narra que fue víctima de persecución por parte del Sargento Mayor de Comando, quien por vía de aplicaciones de internet intentó obtener información con su amiga, refiriéndose a la actora con palabras que afectaron su dignidad[5]. 1.10. En consecuencia, debido al proceso que se les adelantó, el cual culminó con la pérdida de su cupo, formularon acción de tutela contra la Escuela Militar, requiriendo el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, educación, dignidad humana, buen nombre y a la honra. 2. Fundamentos del amparo Los accionantes consideraron vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la igualdad, al honor, la intimidad y el habeas data, la honra, de petición, a la libertad de escoger profesión u oficio, al debido proceso y la doble instancia. 2.1. Afirmaron que la exposición de los hechos por parte de la escuela militar les ocasionó problemas a su salud física y mental, al exponer un tema personal ante la sociedad, sus amigos y su familia. Sostuvieron que han tenido que recibir ayuda médica y sicológica. 2.2. Señalaron que durante el proceso disciplinario se vulneró su derecho a la igualdad, en tanto no se vincularon a todas las personas que intervinieron en la actuación que conllevó a adelantar el proceso disciplinario, como el centinela, o el oficial que realizó el informe de los hechos del caso. 2.3. Agregaron que su derecho a la honra fue lesionado debido a la exposición y censura social a la que fueron sometidos por parte de los directivos de la institución. 2.4. Adujeron que se vulneró su derecho de petición, pues no recibieron respuesta ni notificación de las decisiones tomadas, pese a que las autoridades de la escuela conocían a sus acudientes. Anotaron que sus padres fueron tratados irrespetuosamente por parte de las directivas de la institución. 2.5. Argumentaron que se afectó gravemente su derecho a escoger una profesión u oficio (art. 26 C.N.), debido a que su proyecto de vida se edificaba en hacer parte de las fuerzas militares de Colombia. En este sentido, explicaron que superaron diferentes obstáculos personales, económicos y académicos para ingresar a la escuela militar, y que no es “justo que por un error disciplinario donde la escuela lo eleva a una presunta tipificación penal, seamos nosotros y nuestros sueños sacrificados.” Resaltaron que era la primera vez que ingresaban mujeres al proceso académico de la institución, y que lo sucedido demuestra la falta de experiencia en el manejo de situaciones en las que se ve involucrada la vida sexual. 2.6. En relación con su derecho al debido proceso, señalaron que las decisiones adoptadas por la escuela militar, como la cancelación de la matrícula y la pérdida del cupo, vulneraron la Constitución y la ley, bajo el argumento de que se trata de una institución autónoma, sin la oportunidad de ejercer recursos en contra de las decisiones definitivas. 2.7. Finalmente, señalaron que no se les dio la oportunidad de acudir a una segunda instancia para revisar su caso y que, ni siquiera el recurso de reposición que presentaron fue atendido. 3. Trámite impartido a la acción de tutela El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección “A”, asumió el conocimiento del amparo y, mediante proveído del 6 de septiembre de 2017, comunicó el objeto de la acción de tutela a la demandada para que se pronunciara al respecto[6]. Respuesta de la entidad accionada: Escuela Militar El Director de la referida Escuela indicó que el actuar de los accionantes se configura en una falta gravísima, la cual se encuentra contemplada en el artículo 82 del reglamento interno[7], razón por la cual se procedió a realizar audiencia ante el Comité Académico con el fin de determinar la sanción a la que diera lugar dicha falta. Afirmó que la acción de tutela es improcedente, toda vez que durante la permanencia de los accionantes en la Escuela Militar se respetaron todos los derechos fundamentales invocados ante los procedimientos disciplinarios y académicos adelantados en su contra. Por otro lado, expuso que: “[e]l video fue grabado por quien en ese momento ejercía las labores de centinela con el fin de demostrar la ocurrencia de la falta, pero que este desconocía que la alumna fuera menor de edad, constatado lo anterior se excluyó de forma inmediata del material probatorio y destruido en presencia del Comisario de Familia y el Personero del municipio del N, por lo que considera que la acción de tutela no puede utilizarse como supletiva de la acción penal en razón del principio de la especialidad”[8]. 5. Decisión judicial objeto de revisión 5.1. Primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección A, mediante fallo del 6 de septiembre de 2017, resolvió “negar el amparo de los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela impetrada por MM y YY”[9]. Encontró que, una vez analizadas las pruebas obrantes en el expediente, se logró deducir que los peticionarios incurrieron en una falta gravísima, la cual se encuentra establecida en el reglamento interno de la Escuela Militar y que tiene por sanción la cancelación de la matrícula y pérdida del cupo. Observó la Sala, que la Escuela Militar: “[g]arantizó los derechos de la menor de edad involucrada en los hechos ocurridos el 19 de junio de 2017, al excluir como material probatorio el video de contenido sexual en el que aparecía esta, y proceder a su destrucción; decisión que fue adoptada por el Consejo Académico el mismo 26 de julio de 2017, contando con la presencia de la Personera municipal, el comisario de Familia del N, Cundinamarca, y el hoy accionante señor YY, diligencia que se llevó a cabo a continuación de culminada la sesión extraordinaria en que se decidió la cancelación de la matrícula y pérdida del cupo”.[10] La sentencia no fue impugnada. 5.2. Remisión del expediente a la Corte Constitucional Mediante la orden tercera de la sentencia adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección 2, Subsección A, se ordenó el envío del expediente a esta Corporación para su eventual revisión[11], conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 6. Material probatorio que obra en el expediente - Constancia de realización de Consejo Académico Emsub[12]. - Copia de informe y solicitud de Consejo Académico emitido por la Escuela Militar[13]. - Copia de informe rendido por el alumno CHE[14]. - Copia de acta de destrucción de 01 CD cuyo nombre indica “Video de actos sexuales 1 Alumna y 1 Dg (Sic)”[15]. - Copia de acta del Décimo Tercer Consejo Académico Extraordinario de Escuela Militar en el cual se determina la cancelación del cupo de los accionantes[16]. - Copia de diagnóstico e incapacidad emitido por el psicólogo Dr. AMS, especialista en pacientes adolescentes, especialmente mujeres que han sido víctimas en su condición de mujer[17]. - Copia de certificación del Hospital Simón Bolívar de Bogotá. En donde se especifica que la accionante ingresó por urgencias, debido a una crisis generada por la somatización del problema psicológico originado por los múltiples actos discriminatorios[18]. - Copia de denuncio ante Fiscalía General de la Nación[19]. Por el delito de pornografía con menores. Art. 218 Código Penal. Denunciante: José Hernán Saavedra Trujillo. Indiciado: CHE. - Copia de comunicación con fecha de Consejo Académico[20]. Remitido a la señora LTA, en calidad de representante legal, madre y acudiente de la accionante. - Copia de correos electrónicos con respuestas de recursos interpuestos por los accionantes[21]. 7. Selección del expediente por parte de la Corte Constitucional Mediante Auto del 15 de diciembre de 2017, la Sala de Selección de Tutelas Número Doce, conformada por el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, escogió el expediente de la referencia y lo asignó, previo reparto, al Magistrado Alberto Rojas Ríos para efectuar su revisión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, indicando como criterio objetivo de selección: asunto novedoso, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. II. FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES 1. Competencia 1. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer el fallo proferido dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Adicionalmente, el proceso fue repartido al despacho sustanciador en virtud del Auto del 15 de diciembre de 2017, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Doce de 2017. 2. Asunto objeto de revisión, planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión 2. La Sala estudia la tutela de la referencia presentada por dos estudiantes de una escuela militar a quienes se les inició un proceso disciplinario por la presunta realización de actos sexuales dentro de la institución educativa, que quedaron registrados en un video que fue obtenido sin su consentimiento. A partir de ese material probatorio, los estudiantes señalan que fueron presionados para pedir la baja en el servicio ante la institución, pero luego de asesorarse jurídicamente, se retractaron y se sometieron a un proceso –disciplinario– en el que finalmente fueron sancionados y expulsados. Por tal razón, presentaron el amparo que ahora se revisa, en el que solicitaron la protección de sus derechos fundamentales, pues consideraron que el tema no fue tratado adecuadamente por las directivas de la institución y que fueron objeto de afectación en su honra, buen nombre e intimidad, pues la situación trascendió el escenario institucional y terminó por afectar a sus familias, su entorno social externo y a su proyecto de vida profesional. 3. Con base en el anterior contexto fáctico, la Sala considera que debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿La Escuela Militar vulneró los derechos fundamentales, en especial al debido proceso y a la intimidad, de los accionantes al adelantarles un proceso disciplinario que surgió a partir del conocimiento de un video que los muestra sosteniendo relaciones sexuales en un aula de clase (espacio semi-privado) dentro de las instalaciones de la institución, y que conllevó a la imposición de las sanciones de pérdida de cupo y expulsión? 5. Para resolver el problema planteado, la Sala reiterará la jurisprudencia sobre los siguientes temas: (i) la protección constitucional al derecho a la intimidad, con especial énfasis en la protección a la autonomía personal y a la intimidad sexual; (ii) posteriormente, se hará refencia al derecho fundamental al debido proceso en el desarrollo de procesos disciplinarios en instituciones educativas; (iii) seguidamente, se hará alusión a la valoración de la prueba obtenida con violación del debido proceso. Finalmente, con base en el anterior marco teórico, se abordará (iv) el análisis del caso concreto. 3. Protección constitucional del derecho fundamental a la intimidad: autonomía personal y derecho a la intimidad sexual. Reiteración de jurisprudencia.[22] El derecho fundamental a la intimidad 6. La Carta Política establece la garantía ius fundamental a la intimidad en los siguientes términos: “ARTICULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.” 7. Para la Corte el derecho a la intimidad garantiza la preservación de un espacio personal, aislado a la injerencia de otros. De conformidad con la sentencia T-696 de 1996, la intimidad personal es el “área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley.”. 8. La Corte en sentencia SU-089 de 1995 expuso que entre los distintos aspectos que comprende el derecho a la intimidad se encuentran “los asuntos circunscritos a las relaciones familiares de la persona, sus costumbres y prácticas sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los espacios limitados y legales para la utilización de datos a nivel informático, las creencias religiosas, los secretos profesionales y en general todo "comportamiento del sujeto que no es conocido por los extraños y que de ser conocido originaría críticas o desmejoraría la apreciación que éstos tienen de aquel.”. 9. Frente al particular la Corte en sentencia C-282 de 1997 señaló que: “el derecho a la intimidad de toda persona y de toda familia, protegido por la Constitución, que las autoridades deben respetar y hacer respetar según el precepto mencionado, comprende el ámbito reservado e inalienable al que aquéllas se acogen, con total independencia de la propiedad o administración del inmueble que las cobija, o del tiempo durante el cual permanezcan dentro de él, por lo cual no es menos susceptible de amparo constitucional la casa tomada en arriendo, la habitación de un inquilinato o el cuarto de un hotel, que la casa cuyo derecho de dominio puede demostrar quien la habita, o en la cual ha vivido por muchos años.”. 10. Como se expuso en sentencia T-233 de 2007, el concepto de intimidad empleado por la Corte no se restringe al lugar de habitación, sino que “irradia todo espacio privado en el que el individuo desarrolla sus actividades personales, independientemente de que resida permanentemente en él.”. En aquel pronunciamiento se reiteró lo expuesto en las sentencias C-024 de 1994 y C-041 de 1994 en los siguientes términos: “Esta Corporación ha precisado que ‘por inviolabilidad de domicilio se entiende en general el respeto a la casa de habitación de las personas, lo cual muestra que el concepto de domicilio a nivel constitucional no corresponde a su acepción en el derecho civil.’ En efecto, ha precisado la Corte, ‘la definición constitucional de domicilio excede la noción civilista y comprende, además de los lugares de habitación, todos aquellos espacios cerrados, en donde las personas desarrollan de manera más inmediata su intimidad y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad[23]. Esto muestra que, conforme a tales criterios, la protección del domicilio no comprende exclusivamente el lugar de habitación sino que se proyecta a otros espacios cerrados, que son importantes para el amparo de la intimidad y del libre ejercicio de la libertad individual. (…) En síntesis, conforme a los criterios adelantados por esta Corte, la definición constitucional de domicilio ‘comprende, además de los lugares de habitación, trabajo, estudio, todos aquellos espacios o recintos aislados en los que la persona normal y legítimamente pretenda desarrollar su propia vida privada, separada de los terceros y sin su presencia”. 11. De conformidad con lo expuesto el derecho a la intimidad incluso protege espacios privados, adicionales al domicilio del individuo, en los que éste desarrolla actividades que sólo le conciernen a sus intereses. Por tal razón, “las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto.”[24]. 12. Ha establecido la Corte que el derecho a la intimidad implica la reserva del lugar de habitación, o del recinto privado en que se encuentre la persona. Esta Corporación ha expuesto que el respeto del derecho a la intimidad espacial está mediada por el reconocimiento de tres tipos de lugares en donde ésta se manifiesta de forma diferenciada. De conformidad con la sentencia T-407 de 2012, la garantía del derecho a la privacidad depende en gran parte del lugar donde tienen lugar las acciones humanas. Desde esa perspectiva existen “espacios públicos, en los que el interés general prima sobre el particular y por tanto la intimidad se ve ciertamente menguada; espacios privados en los que el carácter personalísimo del entorno hace que la protección de la intimidad presente un estándar ciertamente más estricto; espacios intermedios, como lo son los semi-privados y otros semi-públicos, que integran características tanto públicas como privadas, los primeros, respectivamente, relacionados con escenarios “cerrados en los que un conjunto de personas comparten una actividad y en los que el acceso al público es restringido” y los segundos, con “acceso relativamente abierto en los que diferentes personas se encuentran en determinado momento para realizar cierta actividad puntual dentro de un espacio compartido: un cine, un centro comercial, un estadio”. 13. En el caso de establecimientos educativos, la Corte ha expuesto que no se tratan de espacios públicos o privados sino que caen en la categoría de semiprivados teniendo en cuenta que se trata de una comunidad en la cual existen códigos de convivencia y reglas preestablecidas, que también comparte cierta intimidad circunscrita a la vida común en el contexto cerrado del trabajo y del establecimiento educativo al cual solo acceden los trabajadores, o los estudiantes y profesores. “Estos espacios cerrados en los que un conjunto de personas comparten una actividad y en los que el acceso al público es restringido, son espacios semi-privados y, por ende, las injerencias a la intimidad y demás libertades que se ejercen en tales contextos, son limitados. Sin embargo, no son espacios privados, porque las acciones de cada uno de los individuos en una oficina, o en un establecimiento educativo, tiene repercusiones sociales: no se trata del individuo en su propio ámbito de acción, sino del individuo en una comunidad.”[25]. 14. Sin embargo, la Corte ha expuesto que a pesar que en los espacios semi-públicos como los semi-privados la mayoría de las actividades que llevan a cabo las personas tienen repercusiones sociales, aun así, pueden existir algunas acciones o actividades que solo interesan a la persona que las realice, y que de ninguna manera pueden ser objeto de restricciones (en lugares de servicios personales, de vestuario o descanso)[26]. 15. A su vez, ha determinado que en los espacios semi-privados y semi-públicos “son cerrados y exigen cierto comportamiento a las personas, pero se diferencian por el mayor o menor grado de acceso público a los mismos, o por la permanencia de determinado grupo de personas en dicho lugar, o por el mayor o menor efecto social de las conductas de los individuos”[27]. 16. Finalmente ha señalado que “existe una relación inversamente proporcional entre la mayor o menor libertad en los espacios y el nivel de control de la conducta para fines preventivos que justifica la intromisión en la intimidad de las personas, siempre que no afecte la dignidad humana o que resulte desproporcionadamente lesiva para los derechos fundamentales: los espacios semi-públicos, cuentan con menores limitaciones a las libertades individuales, pero, por lo mismo, hay mayor tolerancia al control y vigilancia sobre las conductas de las personas con el fin de evitar y prevenir situaciones de riesgo ya que las repercusiones sociales son mayores; por el contrario, a pesar de las reglas y restricciones en los espacios semi-privados, el hecho de que se trate de lugares en los que las personas realizan actividades cotidianas, como el estudio o el trabajo, o que sean espacios en los que son menores los efectos sociales de las conductas desplegadas por los sujetos, limita las intromisiones a la intimidad.”[28]. 17. De esta manera, se concluye que el derecho a la intimidad es una garantía fundamental protegida por el Estado, la cual implica el ejercicio de la libertad, adecuada a los lugares donde se desarrollan los actos del comportamiento humano y la influencia social sobre tales espacios. La autonomía personal y el respeto por la intimidad sexual 18. La jurisprudencia constitucional ha explicado[29] que el derecho a la autonomía personal es una garantía que se deriva de varios principios constitucionales como el pluralismo jurídico (art. 1º C.N.), el libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.N.), el derecho a la autodeterminación (art. 9 C.N.) y del derecho a la dignidad humana (art. 1º C.N.). 19. En este sentido se ha advertido que el principio de autonomía se erige como una garantía de que los ciudadanos pueden tomar decisiones, en tanto no afecten derechos de terceros, a partir del reconocimiento de su capacidad de reflexión sobre sus propias preferencias, deseos, valores ideales y aspiraciones.[30] 20. Adicionalmente, la Corte también ha enfatizado[31] en que la toma de decisiones que supone la autonomía, y la reflexión que ella conlleva, se basa en un profundo respeto por el principio de libertad. De manera que la autonomía implicaría una doble dimensión: (i) el valor de llevar una vida de acuerdo con las propias decisiones, y (ii) el valor de decidir sin limitaciones externas de otros. 21. Ahora bien, en relación con el derecho a la intimidad, la jurisprudencia constitucional ha recabado en que el Estado tiene el deber de respetar aquellas decisiones de los individuos que tengan como fundamento su condición de seres libres y autónomos, siempre que tales decisiones no comprometan el goce de los derechos de otras personas.[32] 22. Al aceptar que la autonomía personal es una condición de la dignidad humana de todos los ciudadanos, aquella adquiere el estatus de garantía, lo que supone que las personas pueden adoptar ciertas actitudes o adoptar las posiciones personales en virtud de su autonomía. Dicho reconocimiento se extiende al ámbito de la intimidad. La intimidad entendida como derecho conlleva al respeto de las diferentes conductas que las personas consideran, se corresponden con sus convicciones. 23. Como se puede apreciar, en la protección de la intimidad es esencial la noción de respeto, entendido particularmente como respeto por la manifestación de las prácticas que se corresponden con las propias creencias, las cuales son indisponibles para terceros, pues hacen parte del espacio íntimo, el espacio de la autonomía. 24. Ahora bien, específicamente sobre el derecho a la intimidad sexual, la jurisprudencia también ha tenido la oportunidad de realizar algunas consideraciones. 25. En términos de la doctrina constitucional, el derecho a la intimidad sexual excluye la “imposición perfeccionista de comportamientos sexuales exigidos por una concepción del bien diferente a la que el sujeto ha elegido libremente.”[33] Y las posibles limitaciones de este ámbito de la conducta sexual de los ciudadanos está prohibida, pues hace parte de su autonomía, salvo que implique la afectación de los derechos de terceros. 26. En particular, la protección del derecho a la intimidad sexual está ligado al de la dignidad, entendida no sólo dentro del ámbito del respeto de las decisiones de los individuos, pero sobre todo del respeto de las consecuencias de las decisiones que se toman. 27. Bajo tal entendido, la jurisprudencia de esta Corte ha concluido que los eventuales límites al derecho a la intimidad sexual, adoptados mediante alguna regulación jurídica, se traducen en que: (i) se puede restringir las conductas sexuales que atenten contra la autonomía y la intimidad de terceros, y (ii) no se podrá adjudicar consecuencias jurídicas restrictivas según el gusto, la tendencia o cualquier manifestación práctica de la sexualidad, pues esto pertenece a la esfera inviolable del proyecto de vida íntima.[34] 4. El derecho fundamental al debido proceso en las actuaciones disciplinarias adelantadas en instituciones educativas 28. El artículo 29 de la Constitución Política impone distintas condiciones para que las actuaciones judiciales y administrativas, entre ellas los trámites destinados a la imposición de sanciones, se ajusten a los postulados propios del derecho fundamental al debido proceso. 29. La Corte Constitucional ha indicado que la protección del derecho fundamental al debido proceso tiene aplicación en el curso de las investigaciones disciplinarias que se adelantan en las instituciones educativas tanto públicas como privadas.[35] 30. Esto significa que los procedimientos propios de las instituciones que prestan el servicio público de educación superior, incluidos los de investigación y sanción de faltas disciplinarias, están sujetos al complejo normativo que protege el derecho fundamental al debido proceso, que en este caso constituye un claro límite de la autonomía universitaria (art. 69 C.N.).[36] 31. En este sentido, la doctrina constitucional ha señalado que si bien las instituciones educativas universitarias gozan de una especial protección en su autonomía, en los términos previstos en el artículo 69 de la Carta, también es cierto que sus decisiones deben ser armónicas con la protección de los derechos constitucionales, especialmente, en el desarrollo de los procedimientos disciplinarios desarrollados en las instituciones de educación superior. 32. Así, los presupuestos de legalidad, favorabilidad, presunción de inocencia, contradicción, celeridad, protección de los derechos fundamentales en la consecución y valoración probatoria y consagración del non bis in idem, informan todo el derecho sancionador[37], incluido el adelantado en instituciones educativas.[38] De allí que si el análisis de cada caso concreto permite concluir que se han desplegado conductas o verificado omisiones que impidan el cumplimiento de estos principios, el derecho citado resulta vulnerado. 33. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el contenido del derecho fundamental al debido proceso no se agota en los postulados enunciados, sino que se configura como una cláusula abierta, que incluye todos aquellos principios que tengan relación con la protección de derechos constitucionales[39]. 34. En particular, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha anotado[40] que dentro de los requisitos esenciales que deben observar las instituciones educativas para garantizar los presupuestos mínimos del debido proceso, en el marco de los procedimientos disciplinarios, se encuentran los siguientes: (i) Que las reglas de conducta que dan origen a una sanción hayan sido determinadas previamente en la ley o el reglamento de la institución.[41] (ii) Las sanciones imponibles también deben encontrarse expresamente señaladas en el manual de conducta, pues sólo con ello la persona puede comprender la dimensión y los efectos derivados de su comportamiento. (iii) Debe señalarse con claridad un procedimiento a seguir, de manera que el implicado pueda ejercer razonablemente su derecho de contradicción y defensa, siempre bajo el supuesto de la presunción de inocencia.[42] (iv) El proceso disciplinario se sustenta en el principio de publicidad, porque “sólo de esta manera el acusado puede conocer oportunamente los cargos que se le imputan y los hechos en que éstos se basan.”[43] (v) Por último, el principio de proporcionalidad constituye un elemento inherente a cualquier proceso disciplinario, no sólo frente a la conducta que se espera del sujeto, sino también frente a la sanción que conlleva su incumplimiento.[44] 35. Sobre este último aspecto en particular, la Corte ha destacado que el procedimiento disciplinario en instituciones educativas debe observar los principios de proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones, concluyendo que su inobservancia vulnera el derecho al debido proceso. Lo anterior, debido a que tanto las reglas de conducta como la censura a su incumplimiento deben tener una finalidad adecuada y constitucionalmente legítima, so pena de tornarse arbitrarias.[45] Al respecto, en la sentencia T-391 de 2003[46], este Tribunal Constitucional advirtió: “El principio de proporcionalidad constituye un elemento inherente a cualquier proceso disciplinario, no sólo frente a la conducta que se espera del sujeto, sino también frente a la sanción que conlleva su incumplimiento. Ni las reglas de conducta, ni menos aún las sanciones disciplinarias, pueden apartarse de los criterios de finalidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. En otras palabras, las reglas de comportamiento, así como las sanciones que de su inobservancia se derivan, deben perseguir un fin constitucionalmente legítimo, ser adecuadas y necesarias para su realización, y guardar la debida correspondencia de medio a fin entre la conducta y la sanción.” 36. Como ha explicado la Corte[47], la exigencia de este principio subyace la concepción de Estado de Derecho y la noción de justicia material, al combinar los elementos de un caso concreto dentro de la lógica de la moderación en el ejercicio del poder. En los términos de la jurisprudencia: “la razón jurídica de la razonabilidad y de la proporcionalidad no es otra que la necesidad de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de proporcionalidad rige todas las actuaciones de la administración pública y de los actos de los particulares que estén encargados de la prestación de un servicio público cuando se trate de la imposición de una sanción que conlleve pérdida o disminución de un derecho.”[48] 37. En suma, los trámites discplinarios deben respetar la garantía del derecho fundamental al debido proceso[49], de manera que las normas que regulen el régimen disciplinario de las instituciones educativas están sujetas a reglas constitucionales estrictas que condicionan su configuración, postulados que encuentran sentido en el otorgamiento de facultades suficientes al investigado, y que hagan cierta la observancia de sus derechos fundamentales.[50] Dentro de dicha actuación, el principio de proporcionalidad adquiere una especial relevancia pues permite valorar la adecuación de la sanción. Particularidades del régimen disciplinario en las escuelas de formación militar. Reiteración de jurisprudencia[51] 38. La jurisprudencia constitucional ha señalado que las instituciones de formación militar, al igual que las demás instituciones de educación, están sujetas a las mismas garantías de estas últimas (p. e. autonomía universitaria, art. 69 C.N.) y a los límites que implica el desarrollo de procedimientos disciplinarios y sancionatorios. 39. En particular, se ha reconocido que las instituciones de formación militar, por las particularidades de la instrucción en las que se fundamentan (jerarquía militar, exigencias en el comportamiento de sus alumnos, tipo de formación, etc), pueden establecer un conjunto de exigencias o condiciones de conducta que no son comunes a los demás establecimientos educativos. 40. En principio, podría considerarse que tales particularidades inciden en la naturaleza de los procedimientos disciplinarios al diferenciar la educación de profesionales civiles y la de militares. No obstante, la Corte ha determinado[52] que las particularidades en la valoración de la falta disciplinaria cometida por alumnos de escuelas de formación militar no limita la obligatoriedad de los requisitos constitucionales propios de cualquier establecimiento educativo, siendo por lo tanto plenamente aplicables en aquellos centros. 41. Lo anterior, pues si bien la disciplina militar restringe con mayor rigurosidad la conducta esperada por el alumno y su análisis (desde el punto de vista disciplinario), no constituye un aval para que los superiores jerárquicos ejerzan la potestad disciplinaria de forma arbitraria, pues en todos los casos, esta facultad deberá sujetarse a las reglas constitucionales que ordenan el derecho sancionador. 42. En suma, para la jurisprudencia constitucional, los procedimientos disciplinarios desarrollados en las escuelas de formación educativa militar deben estar acordes con los derechos, principios y valores constitucionales, en especial las garantías que se derivan del derecho fundamental al debido proceso en materia sancionatoria, pues son plenamente exigibles en idénticas condiciones que los demás establecimientos de educación universitaria.[53] 6. La valoración de la prueba obtenida con violación del debido proceso. Reiteración de jurisprudencia 43. De conformidad con el artículo 29 Superior “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Así las cosas, la Corte Constitucional ha expuesto que la norma citada faculta la exclusión de material probatorio que haya sido recaudado vulnerando los derechos fundamentales del procesado. 44. Sin embargo, de conformidad con la sentencia T-233 de 2007 “no toda irregularidad procesal que involucre la obtención, recaudo y valoración de una prueba implica la violación del debido proceso. Los defectos procesales relativos a la prueba pueden ser de diversa índole y distinta intensidad y es claro que no todos tienen la potencialidad de dañar el debido proceso del afectado”. 45. En ese entendido la Corte Constitucional ha establecido que las irregularidades procesales pueden ser de diversa índole e intensidad y que dependiendo de ello debe procederse a su exclusión, dejándola reservada a los casos en los cuales el recaudo probatorio vulnera aspectos sustantivos del debido proceso. 46. Por ello, las irregularidades menores que no inciden en la definición del conflicto, sino que se refieren al recaudo defectuoso por no respetar la forma propia de los juicios –aspecto exclusivamente procedimental−, no quedan dentro de la hipótesis contemplada por el inciso final del artículo 29 Superior. Sobre este particular dijo la Corte: “(…) las irregularidades menores o los errores inofensivos que no tienen el potencial de sacrificar estos principios y derechos constitucionales no han de provocar la exclusión de las pruebas. El mandato constitucional de exclusión cobija a las pruebas obtenidas de manera inconstitucional o con violación de reglas legales que por su importancia tornan a una prueba en ilícita”. (Sentencia SU-159 de 2002) 47. En sentido similar la Corte Suprema de Justicia ha expuesto que las irregularidades menores que no afectan la estructura del proceso ni el derecho de defensa, no imponen la exclusión de la prueba defectuosa[54]. 48. La Corte ha entendido que la irregularidad de la prueba puede derivarse tanto de su incompatibilidad con las formas propias de cada juicio –prueba ilegal− como de su oposición a la vigencia de los derechos fundamentales –prueba ilícita− y sólo en este último caso la prueba se entiende nula de pleno derecho. 49. No obstante, el hecho de que la prueba obtenida con violación del debido proceso sea nula de pleno derecho, no implica la nulidad del proceso en el que se inserta. En este sentido, la jurisprudencia define la interpretación que debe dársele al artículo 29 constitucional, cuando advierte que es “nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso”, al precisar que la nulidad de dicha prueba se restringe a ella misma, no al proceso, como se expuso en sentencia C-372 de 1997: “De todas maneras, es preciso advertir que la nulidad prevista en el último inciso del artículo 29 de la Constitución, es la de una prueba (la obtenida con violación del debido proceso), y no la del proceso en sí. En un proceso civil, por ejemplo, si se declara nula una prueba, aún podría dictarse sentencia con base en otras no afectadas por la nulidad. La Corte observa que, en todo caso, la nulidad del artículo 29 debe ser declarada judicialmente dentro del proceso. No tendría sentido el que so pretexto de alegar una nulidad de éstas, se revivieran procesos legalmente terminados, por fuera de la ley procesal.” (Sentencia C-372 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía) (Subrayado adicionado al texto original). 50. En sentido similar la sentencia SU-159 de 2002 expuso: “el artículo 29 inciso último de la Constitución claramente sanciona de nulidad únicamente a la prueba obtenida ilícitamente, no a todas las pruebas del acervo probatorio dentro del cual ésta se encuentre ni a la resolución de acusación y a la sentencia basadas en dicho acervo, conformado por numerosas pruebas válidas e independientes en sí mismas determinantes.” 51. Teniendo en cuenta lo expuesto, el proceso si puede declarase nulo si el fundamento de la decisión que concluye el mismo fue la valoración de una prueba obtenida de manera irregular. Al respecto la Corte en sentencia T-233 de 2007 señaló que “si la prueba ilegal o inconstitucional es crucial para la adopción de la providencia judicial, esto es, si su incidencia en la decisión judicial es de tal magnitud que, de no haberse tenido en cuenta, el fallo racionalmente habría podido ser otro, el juez de tutela está obligado a anular el proceso por violación grave del debido proceso del afectado”. 52. En síntesis, la Corte ha señalado que el análisis de la violación del debido proceso por admisión de una prueba obtenida de manera irregular y la anulación del proceso en que se inscribe, corresponde al estudio particular del caso, pues es necesario verificar, en el texto del fallo concreto, si la decisión judicial tiene como base el contenido probatorio ilegítimo[55]. III. ANALISIS DEL CASO CONCRETO 1. Análisis de la procedibilidad formal 53. Previo estudio sobre la materialidad del amparo, la Sala estudiará si en el asunto de la referencia se encuentran acreditados los requisitos de procedibilidad formal. 1.1. Legitimación 54. Teniendo en cuenta que los accionantes son las personas que se han visto afectados por la decisión de adoptada por la Escuela Militar, consistente en la cancelación y la pérdida del cupo en la Institución y que, a su vez, ellos mismos interpusieron la acción de tutela, la Sala encuentra acreditado el requisito de legitimidad por activa. 55. Por su parte, al interponerse la acción de tutela contra la Escuela Militar, entidad que presuntamente vulneró los derechos fundamentales del ciudadano YY y de la ciudadana MM, la Sala encuentra que la accionada es sujeto pasible de la acción. 1.2. Subsidiariedad 56. En cumplimiento del artículo 157 del reglamento académico y disciplinario de la Escuela Militar, el Consejo Académico de esa institución realizó el Décimo Tercer Consejo Académico Extraordinario el 26 de julio de 2017, mediante el cual se definió la situación disciplinaria de los accionantes. En aquella diligencia se decidió la expulsión de los disciplinados del centro educativo y los actores interpusieron los recursos administrativos pertinentes. 57. El recurso de reposición interpuesto por el accionante a la decisión de cancelación de la matrícula y pérdida del cupo ya fue resuelto en forma negativa por la entidad, en la misma audiencia del Consejo Académico Extraordinario del 26 de julio de 2017[56]. 58. En lo que se refiere a la accionante, esta estuvo representada, en la mayoría de actuaciones, por su apoderada, sus familiares o su acudiente, a quienes se les notificaba de las actuaciones a adelantar por parte del Consejo Académico, quienes hicieron uso del recurso procedente contra la decisión de cancelación de la matrícula y pérdida del cupo, el cual fue resuelto por la Escuela Militar el 30 de agosto de 2017 confirmando la decisión anterior. 59. Es pertinente tener en cuenta que los actos que emanan del Consejo Académico pueden ser (i) académicos, que como su nombre lo indica estudian actos relacionados con el desempeño de las actividades pedagógicas[57], los cuales no son objeto de control por otros medios de defensa judicial distinto de la acción de tutela[58], y (ii) administrativos[59] entre los cuales se encuentran aquellos relacionados con procedimientos disciplinarios, los cuales, de afectar situaciones particulares y concretas son demandables ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de nulidad y restablecimiento del derecho. 60. En el asunto de la referencia, el acto proferido por el Consejo Académico corresponde a uno de naturaleza administrativa y es susceptible de ser cuestionado ante los jueces administrativos. No obstante, aunque el medio de control de nulidad y restablecimiento sea idóneo para resolver la controversia, en el entendido que es el mecanismo que permite enjuiciar la legalidad del acto que ordena la cancelación del cupo a los accionantes, tal acción no es eficaz para proteger sus derechos fundamentales debido a, al menos, dos razones. 61. En primer lugar, porque se requiere una medida inmediata para que cesen los efectos de la vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes, a su buen nombre, a su honra, a su plan de vida y a su debido proceso, sobre los cuales existe una afectación actual e intensa que amerita la intervención urgente del juez constitucional. Y en segundo lugar, porque a pesar de la existencia de medidas cautelares ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, prolongar la definición de la situación académica de los accionantes perpetuaría la afectación de sus derechos, pues es necesario resolver –definitivamente– la presente controversia, teniendo en cuenta que pueden perder periodos adicionales de estudio mientras se tramita cualquier actuación ante la justicia ordinaria administrativa. En ese sentido, la Sala encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad. 1.3. Inmediatez 62. La acción de tutela se instauró el 16 de agosto de 2017[60], contra la decisión de cancelar la matrícula que adoptó la Escuela Militar el 26 de julio de 2017[61]. 63. El lapso de tiempo de veinte (20) días que transcurrió entre la decisión que el Consejo Académico adoptó en el caso de los demandantes y la presentación del mecanismo de amparo, que presentaron en conjunto, es razonable. 2. Análisis de la procedibilidad material 64. Como se indicó en los antecedentes y la presentación del asunto objeto de revisión, la Sala estudia la demanda de dos estudiantes, quienes alegan que la escuela militar de la que hacían parte, vulneró sus derechos fundamentales por la sanción y expulsión que les impuso, luego de adelantado un proceso disciplinario a raíz de un video que los mostraba sosteniendo relaciones sexuales en una de las aulas de clase de la institución. 65. Los actores afirman que la situación no fue tratada adecuadamente por la escuela militar, pues les ocasionó problemas a su salud física y mental, y afectó sus vidas personal, social y familiar. Señalan que el proceso disciplinario no respectó su debido proceso y que terminó por afectar su intimidad y honra, debido a la exposición y censura social, sumada a la frustración de su proyecto de vida profesional. Precisiones metodológicas del análisis 66. Pues bien, para la Sala, los elementos fácticos y jurídicos del caso bajo examen, envuelve, esencialmente, la discusión constitucional de tres elementos: (i) el derecho fundamental al debido proceso, (ii) el derecho a la intimidad, en su faceta correspondiente a la intimidad sexual, y el (iii) adecuado desarrollo de la potestad disciplinaria de las instituciones educativas, en particular, de una escuela con orientación militar. 67. Bajo este entendido, la Corte estima que, en el caso concreto, se deben resolver dos aspectos: 68. En primer lugar, se debe determinar si se vulneró el derecho a la intimidad de los accionantes al someterlos a un proceso disciplinario que se adelantó a partir del conocimiento de un video que demostró la comisión de la falta disciplinaria por haber sostenido relaciones sexuales dentro de las instalaciones de la escuela militar. 69. En segundo lugar, resulta necesario establecer si la sanción adoptada por la institución educativa salvaguardó los contenidos esenciales del derecho al debido proceso, en particular, en lo que a la proporcionalidad de la sanción corresponde. 70. Con base en estos dos aspectos, procede la Sala a determinar si se produjo la vulneración de los derechos fundamentales alegada en la demanda de tutela de la referencia. a. La utilización de un video que muestra a estudiantes sosteniendo relaciones sexuales, en el marco del procedimiento sancionatorio en una institución educativa, afecta intensamente el derecho a la intimidad sexual de los estudiantes 71. De conformidad con las consideraciones expuestas sobre el derecho a la intimidad y su correlación con el escenario en el que se efectúan los actos del comportamiento humano, la Sala encuentra que el lugar en donde sucedieron los hechos, el aula de la Escuela Militar, es un escenario semi-privado, esto es, un espacio en el cual un conjunto de personas comparten una actividad y en el que el acceso al público es restringido. 72. En tales espacios, como se explicó, las injerencias a la intimidad y demás libertades que se ejercen...