Sentencia T-362 de 2013

T-362-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-362/13 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-En la sentencia C-590/05 la Corte Constitucional sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y motivos de procedibilidad Lo esencial para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es la concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) el requisito, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental. En ese marco, corresponde al juez constitucional evaluar los presupuestos de procedibilidad en cada caso concreto, la acreditación de una causal genérica y la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. CARACTERIZACION DEL DEFECTO ORGANICO/DEFECTO ORGANICO-Configuración En múltiples oportunidades esta Corporación se ha referido al defecto orgánico como causal de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Esta irregularidad se configura, entre otros supuestos, cuando la autoridad judicial que emitió la providencia, (i) carecía absolutamente de competencia para conocer y definir el asunto, esto es, desconoce su competencia, (ii) asume una competencia que no le corresponde, así como cuando (iii) adelanta alguna actuación o emite un pronunciamiento por fuera de los términos dispuestos jurídicamente para que se surta cierta actuación. En estos casos, excepcionalmente las providencias judiciales pueden ser atacadas en sede de tutela por vulneración del debido proceso. CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES/ DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, este defecto se produce cuando el juez toma una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios. La Corte ha manifestado que existen dos dimensiones en las que se presenta el defecto fáctico: un ámbito negativo, que ocurre en las situaciones en las que el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. De otro lado, una dimensión positiva que acontece cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes para el fallo en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, adolecen de nulidad por ilicitud o en los eventos en que se da por ciertos los hechos, sin que exista el material probatorio que respalde su decisión. DEFECTO FACTICO POR OMISION Y POR ACCION JUZGADOS PENALES DE DESCONGESTION-Competencia para conocer delitos relacionados con el Sistema General de Pensiones suscitados en Cajanal, según acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (i)El cargo formulado en la acción de tutela por defecto orgánico por desconocimiento del principio de juez natural, no concurre en el caso analizado, puesto que las reglas de reparto al juez del conocimiento tienen soporte legal y constitucional, y ii) la ley ordena que el juez penal del circuito de descongestión Foncolpuertos – Cajanal, resuelva los procesos penales por delitos cometidos contra Cajanal, como los que efectivamente adelantó contra las accionantes. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Improcedencia por inexistencia de defecto orgánico y fáctico en proceso penal por adquirir pensión gracia otorgada por Cajanal, de manera fraudulenta Referencia: expedientes T-3731414, T-3731415 y T-3731416. Acciones de tutela instauradas por Lidia Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil trece (2013). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa, y los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de las acciones de tutela presentadas por las ciudadanas Lidia Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López, contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal de la Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Aclaración previa: La presente acción de tutela fue inicialmente presentada ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y rechazada sin darle trámite, mediante Auto del 9 de noviembre de 2012. Por esta razón, en aplicación de lo dispuesto en el Auto 100 de 2008 de la Corte Constitucional, la acción fue presentada ante la Secretaría General de esta Corporación para que se surtiera el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección. I. ANTECEDENTES. Lidia Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López, obrando a través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela en contra de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, invocando la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que consideran vulnerado por las accionadas, debido a la condena que se les impuso por los delitos de peculado por apropiación en calidad de intervinientes, en concurso con fraude procesal en calidad de coautoras, ocultamiento y destrucción de documento público en calidad de coautoras, uso de documento público falso en calidad coautoras y falso testimonio, de conformidad con los siguientes: Hechos: 1. Presentación general de los procesos acumulados. Ante el conocimiento de irregularidades al interior de la Caja Nacional de Previsión (en adelante Cajanal) en el reconocimiento y pago de pensiones, la directora de ese establecimiento puso en conocimiento de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, los casos en que evidenció la práctica de procedimiento ilegales para la adjudicación de prestaciones sociales, concretamente el otorgamiento de pensión gracia[1] a docentes del orden nacional, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para tal fin. Con base en ello, la Fiscalía General de la Nación ordenó la apertura de la investigación correspondiente y dispuso la práctica de allanamientos, así como la interceptación de líneas telefónicas de los investigados. Esto con el propósito de recopilar material probatorio suficiente para esclarecer las situaciones denunciadas por Cajanal. Como quiera que la investigación demostrara irregularidades en el reconocimiento de pensiones a miembros del magisterio, la Fiscalía ordenó la detención preventiva de docentes que para el reconocimiento de una pensión gracia, habían contratado los servicios de un consorcio de abogados, compuesto, entre otros, por Franklyn Gaviria y Aura Cecilia Nates. Dicho consorcio efectuaba diferentes funciones con el propósito de que a sus clientes les fuera reconocida una pensión gracia, de manera fraudulenta, sin el lleno de los requisitos exigidos por la ley para dicho efecto. De acuerdo con lo probado en el proceso penal, se evidenció que la distribución del trabajo al interior del mismo se efectuaba de la siguiente forma: i) La ciudadana Nates cumplía con la función de conseguir clientes en su ciudad [Popayán] y recaudar los poderes, debidamente firmados para iniciar los trámites de reconocimiento de pensiones gracia ante Cajanal. También hacía firmar a los interesados un contrato de prestación de servicios en el cual se establecía que en el evento que les fuera reconocida la prestación, los docentes debían pagar por concepto de honorarios una cifra igual al 100% del valor del retroactivo de la pensión. En caso de no tener éxito en el objeto del contrato el contratante, debía pagar la suma de un millón de pesos (1.000.000) por los servicios prestados. ii) Una vez recibida la solicitud de pensión gracia, el consorcio, con la ayuda de personal interno de Cajanal, realizaba acciones con el propósito de desaparecer documentos que reposaban al interior de los archivos de esa entidad, falsificar documentos de tiempos de servicio y en algunas ocasiones modificar las fechas de nacimiento de los docentes, para que esa entidad expidiera actos administrativos que concedían la prestación reclamada. iii) También interponían acciones de tutela a favor de sus clientes, para que esa entidad pagara mesadas atrasadas, pagos retroactivos, indexaciones, reliquidaciones, o empezara a pagar las pensiones que había reconocido. iv) Cuando se efectuaba el desembolso de los dineros pagados, por concepto de pensión gracia, Aura Nates acompañaba a los docentes a retirar las sumas y les exigía las sumas de dinero estipuladas en el contrato de prestación de servicios. v) Finalmente, Aura Nates consignaba una parte del dinero al consorcio, apropiándose del restante a manera de pago por sus servicios. Entre las personas detenidas se encontraban las accionantes, a las cuales se vinculó a la investigación en razón a que en diligencia de allanamiento[2] se encontraron contratos de prestación de servicios, entre estas y el referido consorcio, con el objeto de que les fuera reconocida la pensión gracia de la que en ese momento eran beneficiarias. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, prosiguió la respectiva investigación penal, que concluyó con la detención preventiva y acusación de las aquí accionantes y posterior etapa de juicio, la cual correspondió en un primer momento al Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá, quien corrió el traslado[3] contemplado en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal[4] y fijó fechas para la audiencia preparatoria, la cual se efectuó el 15 de mayo de 2007. No obstante, al estudiar las disposiciones de los Acuerdos 1799 del 14 de mayo de 2003 y 4101 del 11 de junio de 2007, decidió que el proceso debía ser asumido por los Juzgados de Descongestión Foncolpuertos -Cajanal, razón por la cual, remitió la actuación a esos despachos. Correspondió al Juzgado Primero Penal de Descongestión (Foncolpuertos – Cajanal) del Circuito de Bogotá, asumir el conocimiento del proceso[5] y pronunciarse sobre la solicitud de nulidad presentada por las procesadas[6], en razón de la supuesta vulneración del principio del juez natural. Esta solicitud fue resuelta de manera adversa a sus intereses y posteriormente confirmada en apelación por la Sala Penal de Descongestión (Foncolpuertos – Cajanal) del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, mediante proveído del 22 de octubre de 2007. En audiencia de juicio llevada a cabo el 31 de marzo de 2009, las procesadas fueron absueltas de los cargos presentados por la Fiscalía. Ello debido a que no confluyeron elementos suficientes para generar certeza sobre la existencia de una conducta dolosa y que las pruebas recaudadas le llevaron a concluir que el consorcio de abogados encabezado por Franklyn Gaviria y Aura Cecilia Nates, había engañado a los docentes al practicar maniobras fraudulentas para el reconocimiento de la pensión gracia, sin que ello fuera consentido por las accionantes. Así, en criterio del juez de primera instancia, dentro del proceso penal, “…los maestros actuaron conforme a la convicción que en ellos generó Aura Cecilia Nates Cruz y se limitaron a aportar la documentación por ella solicitada, sin ningún tipo de alteración, con la creencia errada de tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia conforme lo relataron en sus indagatorias, sin siquiera haber tenido contacto con funcionarios de Cajanal.”, de la misma manera expuso que “no puede dejarse de lado, el resaltar que la misma Aura Cecilia Nates Cruz y Franklyn Gaviria fueron los que con sus declaraciones bajo juramento colocaron de presente que los poderes iban en blanco, que tenían formatos para declaraciones extraprocesales, y que ellos manejaban esa documentación de acuerdo a su conveniencia” (cuaderno principal de la demanda, folio 311). Como consecuencia de ello, se ordenó su inmediata libertad, hecho ante el cual el representante del Ministerio Público, el apoderado de la parte civil y el Fiscal Primero Delegado de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública, interpusieron recurso de apelación el cual fue concedido, para ser resuelto por la Sala Penal de Descongestión (Foncolpuertos – Cajanal) del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá (en adelante Tribunal de Descongestión). Este Tribunal, mediante sentencia del 19 de mayo de 2010, revocó el fallo de primera instancia y condenó a las sindicadas a pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario, argumentando que: i) actuaron de manera dolosa, debido a que tenían conocimiento de la falta de requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia que les fue reconocida y aún así, pusieron en marcha un plan para defraudar a Cajanal[7]; y ii) el pago de cuantiosas sumas de dinero a los abogados, encargados de tramitar el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante Cajanal, deja entrever que las sindicadas sabían que los medios que se emplearían para el reconocimiento de la prestación solicitada eran ilícitos[8]. Así las cosas, las condenadas interpusieron recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, cuyos hechos, al igual que los suscitados en el proceso de acción de tutela, se expondrán de manera individual, atendiendo a las particularidades de cada caso concreto. 2. Presentación particular de los casos objeto de revisión 2.1 Hechos Expediente T-3731414: Por medio de apoderado judicial, Lidia Mercedes Córdoba López, de 61 años de edad, presentó demanda de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que fuera revocada la decisión adoptada por el Tribunal de Descongestión, cuya sentencia condenatoria le impuso pena privativa de su libertad por un período de 68 meses de prisión, multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y setenta (70) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por los delitos de peculado por apropiación en calidad de interviniente, en concurso con fraude procesal en calidad de coautor, ocultamiento y destrucción de documento público en calidad de coautora y uso de documento público falso en calidad coautora. La sentencia fue casada parcialmente,[9] debido a que la Corte Suprema encontró un error aritmético en el cómputo de la pena, pues la suma individual de los delitos impuestos por cada uno de los delitos cometidos era una cifra distinta a la expuesta por el Tribunal “se partió de 48 meses, se aumentaron 10 por peculado tentado y 8 por el uso de documento falso, pero se totalizó 68, cuando lo correcto es 66”. No obstante, se confirmó el sentido de la decisión adoptada por el Tribunal, se devolvió la actuación al juzgado de origen y se advirtió que contra esa decisión no procedía recurso alguno en la jurisdicción ordinaria. Expediente T-3731415: Por medio de apoderado judicial, Laura Eugenia Mopán Palacios, de 65 años de edad, presentó demanda de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se revocara la decisión proferida por el Tribunal de Descongestión, cuya sentencia condenatoria le impuso pena privativa de su libertad por un período de 93 meses de prisión, multa de 48.183.039 pesos, pago de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y sesenta (60) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Ello por la comisión de los delitos de falso testimonio en calidad de autora, interviniente a título de determinadora de peculado por apropiación y coautora de uso de documento público falso y fraude procesal. La sentencia fue casada parcialmente, porque se consideró que condenar a la procesada por el delito de falso testimonio desconocía el principio de congruencia, en razón a que las declaraciones extraproceso rendidas por ésta, sobre su situación económica, no incidieron en el sentido del fallo. Así las cosas, decidió suprimir de la condena el delito referenciado y en su lugar condenar a la actora a 83 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación en calidad de interviniente, uso de documento público falso y fraude procesal en calidad de coautora. Al igual que en el caso anterior, se advirtió que esa decisión ponía fin al proceso, por lo cual no procedía recurso contra ella en la jurisdicción ordinaria. Expediente T-3731416: Por medio de apoderado judicial, Ana Genis Córdoba López, de 64 años de edad, presentó demanda de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que se revocara la sentencia proferida por el Tribunal de Descongestión, quien la condenó a 83 meses de prisión, multa de 36.632.500 pesos, pago de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y setenta (70) meses de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, por los delitos de uso de documento público falso y fraude procesal en calidad de autora y peculado por apropiación en calidad de determinadora. La Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda, argumentando que más que una omisión del Tribunal en su valoración “lo que se desea discutir es el valor probatorio que le dio a cada uno de ello. La alusión que de esos elementos probatorios hace el memoralista tiene el propósito de soportar su tesis personal en torno al actuar de los procesados y a la inexistencia de responsabilidad, intentando convencer, como si fuese alegato de insistencia, que no cometieron las conductas punibles por las que fueron llamados a juicio.(…) el falso juicio de existencia por omisión tiene ocurrencia cuando el juez no apreció una prueba que se halla materialmente en el expediente, ya porque no la vio o la ignoró por completo. De manera que si el juzgador hizo mención a ello pero al hacer el proceso contemplativo extractó conclusiones diversas a las del casacionista, se escogió la vía equivocada para recurrir en casación” También precisó que la condena se mantenía incólume, razón por la cual la actuación se devolvió al juzgado de origen, y advirtió que contra esa decisión no procedía recurso alguno, en la jurisdicción ordinaria. 2.2 De las acciones de tutela: Inconformes con la decisiones adoptadas, las ciudadanas Lidia Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López presentaron acción de tutela ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esto con el objeto que se les amparara su derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado con las decisiones adoptadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Descongestión, en el cual se investigó su responsabilidad por los delitos ya relacionados. Afirmaron que las colegiaturas accionadas decidieron sin argumentos de fondo. Esto es, extralimitándose en el ejercicio de su discrecionalidad interpretativa en perjuicio de la investigación integral realizada en la etapa de juicio, al ignorar las pruebas y desestimar los argumentos defensivos principales con los cuales demostraron su inocencia. Ello aunado a que el proceso, lejos de ser un escenario de debate imparcial, se encaminó a demostrar su culpabilidad a como diera lugar, sin observancia de las garantías fundamentales mínimas para adoptar una decisión ajustada a derecho. Reiteraron las causales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y presentaron los cargos con los cuales pretenden demostrar que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales. El primero de ellos, por violación al debido proceso, por falta de competencia del funcionario judicial que presidió el juicio, argumentando que de conformidad con los artículos 77 literal b y 91 de la Ley 600 de 2000[10] los procesos debieron tramitarse en Popayán, porque el supuesto delito más grave se cometió en esa ciudad, violándose la norma rectora del juez natural. Manifestaron que la transgresión invocada es la nulidad, consagrada en el artículo 306 de la Ley 600 de 2000[11], la cual afectó el proceso en su totalidad debido a que no puede subsanarse. Exponen que ésta fue alegada en el transcurso del proceso, de manera recurrente, sin que hiciera reparo en ello. Por tanto, invocaron el amparo vía tutela, porque consideran que no existe otro mecanismo procesal para reparar el referido defecto. Con relación al segundo cargo, violación al debido proceso por error fáctico en la sentencia, afirmaron que el Tribunal de Descongestión, no valoró algunas[12] de las pruebas pertinentes para establecer la inocencia de las accionantes. A fin de sustentar esta afirmación, manifestaron que la sentencia de segunda instancia no tuvo en cuenta: i) el certificado de tiempos de servicio de una de las accionantes[13], expedido por la Secretaría Administrativa y Financiera de la Gobernación del Cauca (cuaderno principal de la demanda, folio 328), ii) los interrogatorios practicados a Aura Cecilia Nates y Franklyn Gaviria Rosero y, iii) los documentos incautados en allanamiento a la residencia de Aura Cecilia Nates en Popayán. Afirmaron que el Tribunal vulneró su derecho al debido proceso, al omitir la valoración de esas pruebas, porque al sustraer las mismas se desconoció que las accionantes no sólo son inocentes de los cargos que se les imputaron sino que fueron objeto de un engaño a gran escala, por parte de Aura Nates y el consorcio de abogados para el cual trabajaba. De manera específica la ciudadana Lidia Mercedes Córdoba López (Expediente T-3731414) expone que el error en la apreciación de las pruebas recae en que el Tribunal, omitió el interrogatorio practicado a la ciudadana Nates Cruz, en el cual relató que fue ella quien elaboró el formato dirigido a Cajanal y adjuntó los documentos, declarados como falsos y requeridos para el reconocimiento de la pensión gracia. En el mismo interrogatorio Nates Cruz afirmó que fue ella personalmente la que radicó los papeles de la profesora, razón por la cual la accionante afirma que no supo que la documentación que se entregó a Cajanal era falsa, pues no se le informó sobre ello. También afirma, que el Tribunal omitió la valoración del certificado de tiempos de servicio expedido por la Gobernación del Cauca, en el cual se prueba que: i) la accionante ingresó al servicio público como docente antes del 31 de diciembre de 1980, ii) Que en un primer momento se desempeñó como maestra nacionalizada, iii) Que a partir del 4 de febrero de 1980 fue profesora de la Normal de Varones José Eusebio Caro por un período de 19 años, hasta el momento en que esa institución se transformó en colegio, iv) Que de acuerdo a la Ley 116 de 1928 tanto los profesores de primaria como los empleados y profesores de las normales se encuentran en igualdad de condiciones para acceder a la pensión gracia[14]. A partir de lo expuesto, asevera que cumple con los requisitos para acceder al beneficio prestacional de la pensión gracia, razón por la cual no tenía ninguna intención en defraudar al Estado y es inocente de los delitos que se le imputan. De otra parte, la ciudadana Laura Eugenia Mopán Palacios (Expediente T-3731415) considera que el error en la apreciación de las pruebas recae en que el Tribunal reprochó que ella se presentara ante el Notario Segundo de Popayán y declarara bajo la gravedad de juramento no haber sido sancionada en su cargo, para efectos de que obtener la pensión gracia que efectivamente le fue reconocida. Al respecto, manifiesta que el Tribunal incurre en error, ya no se trata de una falsificación, porque no está ocultando información alguna puesto que el certificado de tiempos de servicio presentado, no tenía necesariamente que contener información sobre antecedentes disciplinarios, como la suspensión que recae sobre ella por abandono del cargo en 1978. Expone que en los documentos que encontró e incautó la Fiscalía en la diligencia de allanamiento[15], obtuvo los certificados No. 0408 del 15 de febrero de 2002 con la siguiente anotación “por abandono del cargo se nombró en su reemplazo a Esther Inés Fernández mediante Resolución 0183-78”; certificado 0265 del 26 de febrero de 2004 sin anotación, certificado No. 0265 del 23 de febrero de 2004 con la siguiente anotación: “por abandono del cargo se nombró en su reemplazo a Esther Inés Fernández mediante Resolución 0183-78”; copias de declaración extraprocesal en la que ella afirmó bajo la gravedad de juramento que no había sido sancionada, para efectos de obtener la prestación. No obstante, estos no fueron usados, ni aportados a Cajanal para acceder a la pensión gracia, puesto que no aparecen en su expediente interno administrativo. También afirma que no se valoró el testimonio rendido por Aura Cecilia Nates y Franklyn Gaviria, en los que se demostró que las docentes no elaboraron los documentos falsos y que el consorcio de abogados estaba tan bien organizado que no sospecharon que estaban siendo objeto de una estafa. Finalmente, la ciudadana Ana Genis Córdoba López (Expediente T-3731416) manifiesta que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico porque omitió la valoración de los testimonios practicados a Aura Cecilia Nates y Franklyn Gaviria, en los cuales se comprobó que ella no allegó la documentación falsa a Cajanal. Asevera que su condena “está motivada en la proscrita responsabilidad objetiva, puesto que la Sala dejó de lado la investigación integral que realizó el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá [el cual las absolvió], quien si inmedió la práctica de las pruebas, para adoptar la defectuosa y nugatoria resolución de acusación que había sido desvirtuada en su totalidad en la etapa del juicio.”[16] Afirma que el Tribunal “teorizó y tergiversó el contenido de los actos administrativos que demuestran la historia laboral de la profesora que constatan su condición de educadora departamental antes de 1980 y nacional después de esa fecha y supuso sin ningún respaldo probatorio, que la educadora sabía que su condición de docente nacional le impedía acceder a la pensión gracia.”[17] Ahora bien, en relación al tercer cargo “violación al debido proceso por falta de motivación de la sentencia”, todas las accionantes exponen que se presentó porque la fiscalía no logró consolidar un material probatorio suficiente para demostrar la autoría directa o indirecta de los ilícitos que se les imputan, ni la voluntad de llevar a cabo las conductas punibles. Aseveraron que el Tribunal presumió que actuaron con dolo y transcribieron las conclusiones a las éste llegó, respecto de cada uno de los procesos, así: Para el caso de Lidia Mercedes Córdoba López, “contrató a Nates Cruz para obtener el reconocimiento y pago de una pensión gracia variando su condición de nacional a nacionalizada en la certificación de servicios y alterando la fecha de vinculación, derecho que le había sido negado por la entidad en junio de 2003 por ser docente en tal carácter. Así como el resto de los involucrados suscribió contrato de prestación de servicios con ella comprometiéndose a pagarle por concepto de honorarios el 100% del valor del retroactivo, suscribiendo en su favor letra de cambio y pagaré por cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) además de haberle pagado un millón (1.000.000) como un seguro por si no cumple el objeto del contrato. || Es evidente que actuó dolosamente, teniendo conocimiento que le había sido negada la prestación por Cajanal por ser docente nacional, entonces aceptó la propuesta de Nates consistente en allegar documentos con información falsa invocando la calidad de nacionalizado (sic) con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, obteniendo de manera fraudulenta el reconocimiento de la prestación, aunque no recibió dinero por circunstancias ajenas a su voluntad, quedando su conducta en la modalidad de tentativa.” (Cuaderno principal de la demanda, folio 26) Respecto de Laura Eugenia Mopán Palacios, el Tribunal concluyó que, “se presentaron ante Cajanal certificaciones falsas de servicios en las que omite referenciar la sanción por abandono del cargo que tuvo la docente en 1978 cuando por dicha razón se nombró en su reemplazo a Esther Inés Fernández e igualmente se varió su condición de docente nacional a nacionalizada con el fin de acceder a la prestación, logrando el pago de 28.733.513, mas 33 mesadas para un total de 64.124.052, habiendo contratado para ello a través de Nates Cruz al abogado Franklyn Gaviria Rosero suscribiendo contrato de prestación de servicios por valor del 100% del retroactivo y declarando ante el Notario Segundo de Popayán bajo la gravedad de juramento no haber sido sancionada para efectos de poder obtener la pensión. ||Contrario a lo afirmado en su indagatoria, los elementos probatorios recaudados permiten establecer que la docente tenía conocimiento de las maniobras fraudulentas ejecutadas por el consorcio encabezado por Nates Cruz para obtener la pensión gracia, no de otra manera se explica la Sala como es que contrata a abogado a quien no conoce a través de Nates, obligándose a cancelarle por concepto de honorarios el equivalente al 100% del retroactivo sin tener certeza siquiera de que le sería reconocida la prestación, ello por contera permite concluir que aceptó la propuesta delictiva de esta consistente en alterar su información para lograr de Cajanal la expedición de un acto administrativo contrario a tal derecho y así obtener el pago de dinero proveniente del patrimonio económico de la Nación.” (Cuaderno principal de la demanda, folio 184) Finalmente, con relación a la situación de Ana Genis Córdoba López, el Tribunal concluyó que ésta “solicitó la pensión gracia ante Cajanal allegando constancia laboral No. 114 alterando la fecha de su ingreso y cambiando su condición de nacional a nacionalizada, misma documentación que fue allegada ante el juez de tutela que amparó el derecho fundamental de petición de la docente dando lugar a la expedición de la Resolución No. 00019 del 5 de enero de 2005 mediante la cual se reconoció en su favor la prestación. ||(…) El material probatorio recaudado permite establecer que Ana Genis Córdoba López, a sabiendas de su condición de docente nacional y de que la misma le impedía acceder a la pensión gracia como se lo hizo saber Cajanal en forma previa al negarle el derecho en virtud de tal circunstancia, decidió acudir a los servicios del consorcio liderado por Aura Cecilia Nates Cruz para acceder a como diera lugar a una prestación a la que no tenía derecho, sin importarle tener que pagar una cuantiosa suma correspondiente al 100% de su retroactivo por concepto de honorarios, lo que refleja la ilegalidad de su comportamiento, pues ello refleja que era conocedora de las maniobras fraudulentas desplegadas por los abogados, para obtener el beneficio, no de otra manera se explica la Sala como es que accede a cancelar tan alta suma de dinero por la simple presentación de una solicitud de pensión, habiendo obtenido en forma ilegal el pago de cuarenta y ocho millones provenientes del patrimonio económico de la Nación.” (Cuaderno principal de la demanda, folio 172) Debido a los defectos que en opinión de las accionantes presentan las sentencias, solicitaron ante el juez constitucional (i) que dejara sin efectos jurídicos la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia proferida el 17 de noviembre de 2011. ii) que se dejara sin efectos jurídicos la sentencia proferida por el Tribunal de Descongestión, dictada el 19 de mayo de 2010, que revocó la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Primero Penal de Descongestión (Foncolpuertos – Cajanal) del Circuito de Bogotá y condenó a las accionantes[18], por los delitos de uso de documento público falso y fraude procesal en calidad de autora y peculado por apropiación en calidad de determinadora, y iii) se declare su inocencia o en su defecto, quede en firme la sentencia absolutoria que profirió el juez de primera instancia, el 31 de marzo de 2009, y se ordene su libertad inmediata. 3. Trámite dado a las acciones de tutela interpuestas En sentencia del 9 de noviembre de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió no admitir las acciones de tutela, argumentando que esa corporación tiene la calidad de órgano límite y cierre de la jurisdicción ordinaria, razón por la cual sus decisiones no pueden ser objeto de nueva revisión o examen por ella misma o por otras autoridades, puesto que no hay otro organismo que pueda disputarle las decisiones adoptadas dentro de su propio ámbito; cuestión que adquiere mayor relevancia en el campo penal, donde la protección de los derechos fundamentales puede darse aún de oficio en el recurso extraordinario de casación. Consideró que no debían remitirse las acciones de tutela, para su eventual revisión ante la Corte Constitucional, debido a que no se resolvió de fondo la solicitud de amparo presentada. Por ello, las accionantes, mediante escrito recibido en la Secretaria General de esta Corporación el 23 de noviembre de 2012, solicitaron que se efectuara el trámite de revisión de la presente acción de tutela, con base en el Auto 100 de 2008 proferido por esta Corte, que faculta a las personas para: “solicitar ante la Secretaría General (…) que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente, con el fin de que se surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia objeto de la acción de tutela.”. La Sala de Selección número uno de la Corte Constitucional, por medio de Auto del 30 de enero de 2013, seleccionó para revisión los procesos de la referencia y ordenó que se acumularan y fallaran en una sola sentencia, correspondiendo al suscrito magistrado presentar el proyecto para fallo. 4. Actuación en sede de revisión En cumplimiento del Auto del 30 de enero de 2013, proferido por la Sala de Selección número uno, se seleccionaron los expedientes de la referencia para su revisión y se ordenó la acumulación de los mismos para que fueran fallados en una única sentencia. El reparto de éstos fue asignado a este despacho el cual se dispone a resolver de fondo la situación planteada. 4.1 Solicitud de pruebas Con el objeto de contar con mayores elementos de juicio para proferir una decisión, esta Sala, en Auto del 17 de mayo de 2013, ofició al Juzgado Primero Penal de Descongestión (Foncolpuertos –Cajanal) del Circuito de Bogotá, para que remitiera a esta Corporación, en calidad de préstamo, el expediente (con la totalidad de las actuaciones surtidas) del proceso penal adelantado por la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública – Estructura Apoyo Foncolpuertos – Cajanal, de la Fiscalía General de la Nación, contra las ciudadanas Lidia Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López, referencia: Sentencia Causa 2007 – 0271. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia Esta Corte es competente para conocer del fallo objeto de revisión, de conformidad con lo determinado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en el Auto de la Sala de Selección número uno, proferido el 30 de enero de 2013. De la misma manera, su competencia radica en las atribuciones conferidas por medio del Auto 100 de 2008, entre las cuales se encuentra el revisar las acciones de tutela, que la Corte Suprema de Justicia declaró improcedentes por presentarse contra decisiones proferidas por esa entidad.[19] 2. Planteamiento del caso y presentación del problema jurídico De conformidad con la situación expuesta, esta Sala de revisión deberá determinar si las acciones de tutela, objeto de estudio, cumplen con los requisitos de procedencia (generales y específicos) para los casos en que se pretendan revisar providencias judiciales, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación. Si la acción de tutela llegare a ser procedente formalmente, esta Sala analizará si los fallos proferidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Descongestión, presentan un defecto orgánico por vulnerar el principio de juez natural, al permitir que el conocimiento del proceso fuera asumido por el Juzgado Primero Penal de Descongestión (Foncolpuertos – Cajanal) del Circuito de Bogotá cuando según las accionantes debía llevarse a cabo por un juez de la ciudad de Popayán porque en ese lugar sucedió el delito más grave, es decir, el peculado. También deberá determinar si las providencias objeto de revisión incurrieron en un defecto fáctico, por omisión en la valoración de las pruebas, concretamente, se estudiará si las sentencias proferidas tuvieron en cuenta los interrogatorios practicados a Aura Cecilia Nates Cruz y Franklyn Gaviria Rosero, y los certificados de tiempos de servicio expedidos por la Gobernación del Cauca (Secretaría Administrativa y Financiera). De presentarse esto, deberá determinarse si las pruebas sobre las cuales se debate producían tal grado de certeza que podían incidir en el sentido del fallo. Para resolver estas cuestiones, la Sala reiterará su jurisprudencia sobre: i) Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, ii) Caracterización de la causal genérica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por defecto orgánico, iii) Procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por defecto fáctico y, finalmente estudiará el caso concreto. 3. Reiteración de jurisprudencia. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales[20]. Esta Sala se ha pronunciado con anterioridad sobre la existencia del defecto fáctico en las providencias judiciales. En sentencia T-757 de 2009, se expuso que la Corte Constitucional, como intérprete autorizado de la Constitución Política y guardiana de la integridad del texto superior ha desarrollado una doctrina bien definida sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.[21] Esta línea se basa en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre dos elementos fundamentales del orden constitucional: la primacía de los derechos fundamentales y el respeto por los principios de autonomía e independencia judicial[22]. Para lograr este adecuado equilibrio, la Corte ha partido de los principios generales de procedencia de la acción, subsidiariedad e inmediatez, haciéndolos particularmente exigentes en el caso de que se pretenda controvertir una providencia judicial; por otra parte, ha ido determinando los eventos en los cuales es posible que una providencia judicial vulnere los derechos fundamentales. Esto con el fin de evitar acusaciones infundadas y mantener un nivel adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos operadores judiciales. Por último, ha recalcado constantemente que la acción sólo procede cuando se encuentre acreditada la amenaza a un derecho fundamental. A continuación, se reiterará brevemente la jurisprudencia de la Corporación, sistematizada por la Sala Plena en la decisión de constitucionalidad C-590 de 2005[23]: La tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico[24], como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad[25] e, incluso, a partir de la ratio decidendi[26] de la sentencia C-543 de 1992[27], siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional. Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales[28], que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.” Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” “b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.” “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.” “d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.” “e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.” “f. Que no se trate de sentencias de tutela.”[29][30] Que se presente alguna de las causales genéricas de procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[31] sustantivo[32], procedimental[33] o fáctico[34]; error inducido[35]; decisión sin motivación[36]; desconocimiento del precedente constitucional[37]; y violación directa a la constitución[38]. Sobre la determinación de los defectos, es claro para la Corte que no existe un límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional, pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o, que la falta de apreciación de una prueba, puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico[39]. No sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume: la preservación de la supremacía de los derechos fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los principios de seguridad jurídica e independencia judicial[40]. Por ello, el ámbito material de procedencia de la acción es la vulneración grave a un derecho fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe a los asuntos de evidente relevancia constitucional. De acuerdo con las consideraciones precedentes, lo esencial para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es la concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) el requisito, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental.[41]. En ese marco, corresponde al juez constitucional evaluar los presupuestos de procedibilidad en cada caso concreto, la acreditación de una causal genérica y la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. Ahora bien, una vez reiterados los requisitos generales para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala estudiará los requisitos específicos, propuestos por las accionantes, los cuales refieren a la violación al principio de juez natural por la presencia de un defecto orgánico y vulneración al debido proceso por la existencia de un defecto fáctico por omisión en la valoración de las pruebas. 4. Breve caracterización de la causal específica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por defecto orgánico. En múltiples oportunidades esta Corporación se ha referido al defecto orgánico como causal de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. La mencionada irregularidad se configura, entre otros supuestos, cuando la autoridad judicial que emitió la providencia, (i) carecía absolutamente de competencia para conocer y definir el asunto, esto es, desconoce su competencia, (ii) asume una competencia que no le corresponde, así como cuando (iii) adelanta alguna actuación o emite un pronunciamiento por fuera de los términos dispuestos jurídicamente para que se surta cierta actuación. En estos casos, excepcionalmente las providencias judiciales pueden ser atacadas en sede de tutela por vulneración del debido proceso. En Sentencia T-757 de 2009[42] se reiteró que, la probada incompetencia del funcionario judicial configura un defecto orgánico que afecta el derecho al debido proceso, en tanto “el grado de jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad judicial para asegurar así el principio de seguridad jurídica que “representa un límite para la autoridad pública que administra justicia, en la medida en que las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley establecen”[43][44] Y agregó “la extralimitación de la esfera de competencia atribuida a un juez quebranta el debido proceso y, entre otros supuestos, se produce cuando “los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde”[45] y también cuando adelantan alguna actuación o emiten pronunciamiento por fuera de los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas actuaciones.”[46] En consecuencia, la actuación judicial está enmarcada dentro de una competencia funcional y temporal, determinada, constitucional y legalmente, que de ser desbordada conlleva la configuración de un defecto orgánico, y por ende, el desconocimiento del derecho al debido proceso. 5. Breve caracterización de la causal específica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por defecto fáctico. Esta Sala reiterará su jurisprudencia, específicamente lo dispuesto en Sentencia T-118 de 2012, frente a esta causal específica para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorio.”[47] Es importante resaltar que, esta causal es una de las más exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las reglas de la lógica y la sana critica[48]. De hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria del proceso”[49]. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación[50], este defecto se produce cuando el juez toma una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina[51], como consecuencia de una omisión en el decreto[52] o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios. En razón de lo anterior, la Corte ha manifestado que existen dos dimensiones en las que se presenta el defecto fáctico[53]: un ámbito negativo, que ocurre en las situaciones en las que el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa[54] u omite su valoración [55] y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente[56]. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[57]. De otro lado, una dimensión positiva que acontece cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes para el fallo en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, adolecen de nulidad por ilicitud o en los eventos en que se da por ciertos los hechos, sin que exista el material probatorio que respalde su decisión.[58] Adicionalmente, la jurisprudencia ha delimitado las modalidades en las que puede presentarse el defecto fáctico o probatorio, así: “… defecto fáctico por omisión cuando el juzgador se abstiene de decretar pruebas. Lo anterior trae como consecuencia 'impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido'. Existe defecto fáctico por no valoración del acervo probatorio, cuando el juzgador omite considerar pruebas que obran en el expediente bien sea porque 'no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente. Hay lugar al defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio cuando o bien 'el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva' dando paso a un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba obtenida de manera ilícita” [59] En cuanto a los fundamentos y al marco de intervención que compete al juez de tutela, en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha sentado los siguientes criterios[60], que encuentran plena armonía con las consideraciones antes expuestas: a. El fundamento de la intervención radica en que, a pesar de las amplias facultades discrecionales que tiene el juez de conocimiento para el análisis del material probatorio, este debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales.[61] b. No obstante, como ya se ha indicado, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez de conocimiento debe ser de carácter extremadamente reducido. En primer término, porque el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio.[62] En segundo lugar, ha destacado que las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba, no constituyen errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez del conocimiento debe determinar, conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez, en su labor, no solo es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe[63]. En consecuencia, el juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión judicial, así como de la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural[64]. c. Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[65] [66] Ahora bien, una vez caracterizados los requisitos generales y específicos para la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, esta Sala analizará si éstos se encuentran acreditados en el caso sometido a consideración. 6. Estudio del caso concreto 6.1 Síntesis de la situación planteada Con el propósito de hacerse acreedoras de una pensión gracia, las ciudadanas Lidia Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López, contrataron los servicios de un consorcio de abogados que por medio de maniobras fraudulentas consiguieron el reconocimiento de esa prestación social por parte de Cajanal EICE. Debido a ello, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, inició la respectiva investigación penal que concluyó con la detención preventiva de las aquí accionantes y posterior etapa de juicio. El conocimiento del proceso correspondió en un primer momento al Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá, quien con posteridad consideró que de conformidad con las disposiciones establecidas en los acuerdos 1799 del 14 de mayo de 2003 y 4101 del 11 de junio de 2007, el conocimiento de los procesos debía ser asumido por los Juzgados Penales de Descongestión (Foncolpuertos – Cajanal) del Circuito de Bogotá. Ante ello, las accionantes solicitaron la nulidad de lo actuado por violación al principio del juez natural, la cual fue denegada y posteriormente confirmada en apelación por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá Foncolpuertos Cajanal, mediante proveído del 22 de octubre de 2007. En sentencia del 31 de marzo de 2009, las sindicadas fueron absueltas de cada uno de los cargos formulados por la fiscalía, decisión que fue apelada por el representante del Ministerio Público, el apoderado de la parte civil y el Fiscal Primero Delegado de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública. Correspondió al Tribunal Superior del Distrito de Bogotá Foncolpuertos Cajanal resolver el recurso de apelación. Este tribunal, en sentencia del 19 de mayo de 2010, revocó los fallos de primera instancia y condenó a las sindicadas a pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario además del pago de multas e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. Las tutelantes interpusieron recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, la cual casó parcialmente el proceso de Lidia Mercedes Córdoba al encontrar un error aritmético en el cómputo de la sentencia. A su vez, en el caso de Laura Eugenia Mopán Palacios, se tomó una decisión similar, al considerarse que condenar a la procesada por el delito de falso testimonio desconocía el principio de congruencia. Respecto de Ana Genis Córdoba López, inadmitió la demanda, advirtiendo que la ciudadanía pretendía debatir valoraciones probatorias cuando el momento procesal para ello había concluido. En lo demás, las decisiones del Tribunal permanecieron incólumes, el sentido del fallo no fue modificado, razón por la cual se confirmó la condena impuesta por éste. Inconformes con la decisiones adoptadas, las ciudadanas Lidia Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López presentaron acción de tutela ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, invocando la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado con las decisiones adoptadas por las accionadas. Aunado a ello, solicitaron que declarara su inocencia, o en su defecto quedara en firme la sentencia absolutoria que profirió el juez de primera instancia el 31 de marzo de 2009, y como consecuencia se ordenara su libertad inmediata. En sentencia del 9 de noviembre de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió no admitir las acciones de tutela argumentando que esa Corporación tiene la calidad de órgano límite y cierre de la jurisdicción ordinaria. Debido a ello, las accionantes solicitaron a esta Corte que se efectuara el trámite de revisión de la presente acción de tutela, con base en el Auto 100 de 2008 proferido por esta Corporación. La Sala de Selección número uno de la Corte Constitucional, por medio de Auto del 30 de enero de 2013, seleccionó para revisión los procesos de la referencia y ordenó que se acumularan y fallaran en una sola sentencia, correspondiendo al suscrito magistrado presentar el proyecto para fallo. 6.2 Consideraciones para resolver el caso concreto En el asunto que ahora ocupa la atención de la Sala, se discute si la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, y al acceso a la administración de justicia de las ciudadanas Lidia Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López. Entonces, conforme a las circunstancias fácticas del presente asunto se procederá a aplicar las reglas jurisprudenciales establecidas por esta Corporación para evaluar la procedibilidad de las tutelas contra providencias judiciales. En ese orden de ideas, inicialmente la Sala verificará en el caso objeto de examen las condiciones jurídicas generales para que se pueda ingresar en el fondo del problema iusfundamental que el fallo plantea, a fin de constatar el defecto que se acusa. Si llegase a satisfacer los requisitos generales para la procedibilidad de la acción de tutela, se procederá a analizar si las sentencias objeto de revisión presentan los defectos específicos que las accionantes exponen, esto es, defecto fáctico, por omisión en la valoración de las pruebas y defecto orgánico por vulneración al principio de juez natural. 6.3 De la aplicación de las consideraciones al caso concreto 6.3.1 Requisitos generales de procedibilidad: En primer lugar, de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario se evidencia que la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia constitucional, comoquiera que se encuentran en discusión los derechos fundamentales de las ciudadanas Lidia Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López, como son el debido proceso, la defensa y al acceso a la administración de justicia, esto en el marco de un proceso penal. Es de resaltar que sólo con la intervención del juez de tutela en el presente caso se evitaría l...