Sentencia T-361 de 2019

T-361-19 Sentencia T-361/19 DERECHOS A LA INTIMIDAD PERSONAL, A LA HONRA, A LA IMAGEN Y AL BUEN NOMBRE-Reiteración de jurisprudencia DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Contenido y límites LIBERTAD DE EXPRESION-Razones derivadas del funcionamiento de las democracias i) El discurso político y sobre asuntos de interés público; ii) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos y; iii) discursos que expresan elementos esenciales de la identidad o dignidad personales. Estas categorías, dada la gama de la libertad de expresión, pueden estudiarse y aplicarse de manera separada o, incluso, pueden converger las tres categorías en un mismo discurso. LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Parámetros internacionales de protección y su aplicación en la jurisprudencia constitucional colombiana MALTRATO EN REDES SOCIALES-Reiteración de jurisprudencia DERECHO DE LAS MUJERES A DECIR "NO" EN REDES SOCIALES El empoderamiento femenino en redes sociales se puede leer sistemáticamente con otro fenómeno actual: el derecho de las mujeres a decir “¡no!” En este escenario, la libertad de expresión se convierte en “válvula de escape” para promover confrontaciones pacíficas en contra de decisiones estatales o sociales que discriminen a las mujeres. En efecto, se trata de un ejercicio de defensa ante cualquier ataque que, bajo su perspectiva, consideren como lesivo su integridad o dignidad. Asimismo, este derecho adquiere un mayor valor en sociedades donde existen altos índices de violencia de género y, de manera concreta, de violencia contra las mujeres. Su finalidad es expresar inconformismo con prácticas Estatales, sociales y personales machistas, las cuales se pueden expresar en todas las modalidades, incluso, en redes sociales. DERECHOS A LA INTIMIDAD PERSONAL, A LA HONRA, A LA IMAGEN Y AL BUEN NOMBRE-No vulneración por cuanto publicaciones de la accionada en su cuenta personal de Facebook, se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión Referencia: Expediente T-7.251.886 Acción de tutela formulada por Luis Alfredo Salamanca Daza, mediante apoderado judicial, contra Luz Estella Royo Bárcenas. Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019). La Sala Novena de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo del 22 de noviembre de 2018, por el cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena confirmó el fallo de tutela del 22 de octubre de 2018 proferido por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena, dentro de la acción de tutela promovida por el ciudadano Luis Alfredo Salamanca Daza, mediante apoderado judicial, contra la señora Luz Estella Royo Bárcenas. El expediente de la referencia fue escogido por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres[1], mediante auto proferido el 28 de marzo de 2019, indicando como criterio orientador de selección la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental (criterio objetivo). I. ANTECEDENTES A través de apoderado judicial especialmente constituido, el señor Luis Alfredo Salamanca Daza formuló acción de tutela en contra de la señora Luz Estella Royo Bárcenas, reclamando la protección de sus derechos fundamentales a la imagen, intimidad, buen nombre y honra, los cuales consideró vulnerados por una publicación en la red social Facebook de la accionada. 1. Hechos A continuación, se relatan los supuestos fácticos relevantes que sustentan la solicitud de amparo, tal como son narrados por el accionante en el escrito inicial de tutela: 1.1. El 5 de octubre de 2018, la señora Luz Estela Royo Bárcenas, a través de su cuenta de Facebook, publicó el siguiente mensaje, el cual, según el accionante, vulneró sus derechos fundamentales a la imagen, intimidad, buen nombre y honra: “Comunicado: Luis A. Salamanca (alias Quito)….TE aclaro y LE aclaro a los que no me conocen que nunca tendré el gusto tan ARRASTRAO (sic) para dar un paso contigo siquiera a cruzar una esquina. No se cual (sic) es tu deseo frustrao (sic) de andar diciendo que alguna vez saliste conmigo;…jajaja pobre ILUSO eso sólo lo verás en sueño…No tengo ese gusto bajo cero para siquiera detenerme a mirar a un personaje como tú..y con una lengua tan VIPERINA que parece que solo usándola para perjudicar a los demás es lo que te hace sentir grande, no se cuando (sic) la vas a Recoger!...POBRES las que x golpes de la vida tuvieron que Resignarse con un NADA QUE VER como TÚ!... O son ellas las que con su FRUSTACIÓN te quieren dar un estatus que nunca vas a alcanzar!” 1.2. Sostuvo que dicho mensaje tuvo una difusión considerable, la cual fue objeto, a su vez, de varios comentarios deshonrosos en contra del accionante. Asimismo, argumentó que en dicho mensaje se le atribuyó la comisión de delitos, tales como injuria y calumnia, lo cual implica una imposición injusta de una condena sin sentencia judicial y, por tanto, una vulneración a la garantía de presunción de inocencia. 1.3. El accionante aclaró que no tiene ni ha tenido relación alguna de amistad con la señora Luz Estella Royo Bárcenas y, lo único que tienen en común una amiga llamada Irma González y, además, asistían y se encontraban casualmente en encuentros sociales. Igualmente, aseguró que en los esporádicos encuentros siempre estaba de presente la señora Irma González. 1.4.Asimismo, el accionante argumentó que las declaraciones deshonrosas proferidas por la señora Luz Estella Royo Bárcena no solo vulneran los derechos fundamentales alegados, sino, al mismo tiempo, “destruyen y le causan un grave daño en su honor, decoro, fama y reconocimiento como un buen abogado litigante; atributos que dice con total sencillez, se ha ganado con mucho esfuerzo y sacrificio, luchando durante muchos años, con su comportamiento personal en el ámbito familiar, social y por su desempeño profesional preocupado como abogado litigante”. 2. Contenido de la petición de amparo Mediante apoderado judicial, el señor Luis Alfredo Salamanca Daza reclama la protección de sus derechos fundamentales a la imagen, a la intimidad, buen nombre y honra y, solicitó al juez constitucional que se ordene a la señora Luz Estella Royo Bárcena i) retirar las publicaciones que realizó en la red social Facebook; y ii) realizar una nueva publicación en la misma red social y; iii) abstenerse de realizar alguna manifestación que afecte los derechos fundamentales del señor Luis Alfredo Salamanca Daza. Para sustentar sus pretensiones, en el escrito de tutela se anexa el poder, el traslado del escrito de tutela para la parte demandada y copia de la publicación realizada por la señora Luz Estella Royo Bárcena en la red social Facebook. 3. Traslado y contestación de la acción de tutela Mediante Auto del 11 de octubre de 2018, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena admitió a trámite la demanda de tutela y ordenó la notificación a la accionada y, le concedió un plazo de 2 días para que rinda informe sobre el escrito de tutela[2]. 3.1. Contestación de la parte accionada en el trámite de tutela Mediante escrito del 16 de octubre de 2018, Luz Estella Royo Bárcenas sostuvo que, si bien hubo una publicación en la red social Facebook, dicha publicación no vulneró los derechos fundamentales alegados por el accionante, pues parte de una interpretación general de la publicación y los comentarios que otros usuarios de dicha red social le hicieron a esta. A partir de allí, afirmó que el accionante, de manera arbitraria, adujo una vulneración a sus derechos fundamentales. Igualmente, aseveró que, si bien la publicación fue vista por diversas personas y, al mismo tiempo, comentada, únicamente debe responder por las publicaciones que ella escribió en dicha oportunidad y no frente a los comentarios que fueron realizados por otros titulares de cuentas personales de la red social Facebook. Además de lo anterior, la accionada consideró que la acción de tutela era improcedente, pues existen otros mecanismos de defensa judicial tales como la querella por los delitos de injuria y calumnia, los cuales protegen la integridad moral como bien jurídico tutelado, el cual se pretende proteger por medio de acción de tutela. Por otra parte, frente a la vulneración a los derechos fundamentales alegados, la accionada señaló que, de acuerdo con la sentencia T-117 de 2018, en ninguna parte de la publicación objeto de tutela se ventilan datos personales del señor Luis Alfredo Salamanca Daza que conlleve a la comisión de una conducta ilícita, razón por la cual no existe una vulneración a la honra. Frente a la vulneración al buen nombre, la señora Luz Estella Royo Bárcenas argumentó que, acorde con la jurisprudencia constitucional, la publicación que realizó en la red social Facebook se basó en valoraciones, sentimientos y apreciaciones sobre determinados hechos, situaciones o personas, lo cual cobija la libertad de pensamiento u opinión. Por ello, no es aplicable al caso concreto las restricciones propias del derecho a la información, en tanto “las redes sociales en la actualidad tienen generalmente dentro de sus finalidades compartir o expresar diferentes opiniones que se tengan de cualquier tema en concreto.”[3] Finalmente, la accionada procedió a analizar la palabra “iluso” y la expresión “lengua viperina” a partir de lo definido por la Real Academia de la Lengua Española, para de allí sostener nuevamente que la acción de tutela es improcedente, al existir otros medios de defensa y, además, sancionar la conducta del accionante quien, de acuerdo con la posición de la señora Royo Bárcenas, en reiteradas oportunidades también ha realizado comentarios infortunados e imputaciones de conductas inapropiadas a la señora Luz Estella Royo Bárcenas. Por lo anterior, la accionada solicitó al juez de instancia que se declare improcedente la acción de tutela, niegue la pretensión de rectificación y se abstenga de condenar en abstracto al pago de perjuicio alguno[4]. 3.2. Posición del accionante frente a los argumentos de la señora Luz Estella Royo Bárcenas Mediante escrito del 23 de octubre del 2018 y por apoderado judicial, el señor Luis Alfredo Salamanca argumentó que la accionada no prueba ni sostiene que él haya realizado imputaciones deshonrosas contra ella, lo cual “permite deducir de forma clarísima su Señoría, que la accionada, implícitamente, acepta su total responsabilidad, pues, ni siquiera intenta atacar el fondo de la acción constitucional presentada en su contra (…), y por el contrario, tan solo se limita alegar que el doctor LUIS ALFREDO SALAMANCA DAZA no demostró el perjuicio irremediable y que como la acción de tutela es de carácter subsidiario, debe negarse por improcedente.”[5] De igual manera, el accionante, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, recabó en la procedencia de la acción de tutela, pues la publicación realizada en Facebook, al ser una de las redes sociales con mayor capacidad de divulgación, pone en situación de indefensión y, con ello, una vulneración grave a sus derechos fundamentales. Por lo anterior, nuevamente solicitó ante el juez de instancia que se tutelaran los derechos fundamentales alegados y, además, que ordene retirar “todas las publicaciones y las etiquetas que de forma injuriosa y mal intencionada realizó en su cuenta en su cuenta personal de la red social Facebook (…)” y que la accionada se retracte de las expresiones realizadas en dicha red social[6]. 4. Fallo de tutela de primera instancia En sentencia del 22 de octubre de 2018, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena i) amparó los derechos fundamentales al buen nombre y honra del señor Luis Alfredo Salamanca Daza; ordenó a la señora Luz Estella Royo Bárcenas ii) eliminar la publicación realizada en su cuenta personal de Facebook; iii) abstenerse de realizar nuevamente dichas afirmaciones; y, como forma de reparación, iv) se retracte a través de una publicación en su cuenta personal de Facebook de las afirmaciones realizadas en contra del señor Luis Alfredo Salamanca Daza. La providencia sostuvo que el accionante se encuentra en un estado de indefensión, pues “el hecho de publicar información a través de medios de alto impacto social como la red social Facebook, que pueden impactan (sic) la honra y el buen nombre de la persona, configura un estado de indefensión, pues quien la realiza tiene una gran capacidad dispositiva sobre lo que publica”[7]. De igual manera, el juez argumentó que, si bien existe en el ordenamiento constitucional colombiano la garantía de la libertad de expresión, las frases injuriosas que denoten falta de decoro, vejaciones, insultos, expresiones desproporcionadas y humillantes no están protegidas por la libertad de expresión, razón por la cual, en el caso concreto, resulta innecesario realizar un ejercicio de ponderación entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra y al buen nombre, pues si la finalidad de la señora Luz Estella Royo Bárcenas era expresar que no tenía ningún tipo de relación con el accionante, no era necesario realizar afirmaciones injuriosas y descalificantes contra el señor Alfredo Salamanca[8]. 5. Impugnación En escrito del 24 de octubre del 2018, la señora Luz Estella Royo Bárcenas solicitó revocar la anterior decisión[9]. En dicho escrito, la accionada argumentó que la publicación realizada el 5 de octubre de 2018 no contiene afirmaciones deshonrosas e irresponsables, tal y como lo afirma la parte accionante, pues, de la descomposición de dicho mensaje y de la interpretación lógica de las palabras, se desprende que se está ante un ejercicio de libertad de expresión[10]. Asimismo, afirmó que la sentencia no realizó un análisis completo sobre los mecanismos de defensa penal que tiene el accionante para proteger los derechos fundamentales que se pretenden defender en sede de tutela. De igual manera, explicó que los contenidos difamatorios no son por parte del mensaje escrito por ella, sino por terceros que comentaron en la red social Facebook dicha publicación[11]. Además de lo anterior, la accionada arguyó que “ese hecho es intrascendente, inconsecuente, nimio, fatuo, e insulso, y que fue superado desde el mismo momento en que yo decidí eliminar dicha publicación días después de haberlo publicado y asimismo inactivar y cerrar mi cuenta de Facebook, circunstancia que dentro del término que se me confirió lo demostrare (sic)”[12]. Finalmente, mediante memorial del 25 de octubre de 2018, la señora Luz Estella Royo, en cumplimiento de la sentencia del 22 de octubre del 2019, eliminó la publicación en la cuenta personal de Facebook objeto de tutela[13]. Asimismo, como medida de reparación, publicó en una nueva red social la rectificación conforme a lo ordenado en la sentencia de primera instancia[14], de la siguiente manera: “Por medio de la presente publicación manifiesto públicamente dimito de lo publicado el pasado 5 de octubre de 2018 en la presente cuenta Facebook con referencia al señor Luis A. Salamanca Daza. Cabe señalar, que la publicación del 5 de octubre de 2018 desde hace varios días se encuentra ELIMINADA, es decir, dicho contenido no se encuentra disponible ni en esta ni en ninguna otra red social.” 6. Fallo de tutela de segunda instancia Mediante sentencia del 22 de noviembre de 2018, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena confirmó la decisión del juez de primera instancia. Para ello, sostuvo tres consideraciones. En primer lugar, arguyó que, si bien la accionada considera que es irrelevante el contenido de su publicación, de la lectura integral de la publicación se desprenden imputaciones que atentan contra los derechos fundamentales invocados, pues la accionada se refiere con adjetivos descalificativos que “dan al traste con su dignidad humana”[15]. En segundo lugar, consideró que, frente al derecho a la libertad de expresión, éste no es un derecho ilimitado y su principal limite lo constituye los derechos de los demás[16], en ese sentido, si bien la señora Royo Bárcenas goza de la libertad de expresar libremente su opinión, ello no puede trasgredir la esfera de la dignidad humana de las otras personas[17]. Finalmente, en tercer lugar, el juez de segunda instancia valoró el ejercicio de rectificación realizado por la accionada mediante la publicación hecha en la red social Facebook el 25 de octubre de 2018. En dicho análisis, el juez consideró que la rectificación realizada no cumple con el criterio de equidad establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. En efecto, con base en la jurisprudencia constitucional, calificó la rectificación realizada por la señora Royo Bárcenas como ambigua e imprecisa, pues se refiere a lo publicado el pasado 5 de octubre de 2018 sin precisar qué fue lo que se publicó[18]. Por ello, el juez de segunda instancia consideró que es importante que la accionada se refiera de manera exacta a su publicación vulneradora de los derechos fundamentales del actor, pues lo que se busca con la rectificación es “enderezar la percepción equivocada que de alguien que, a partir de la circulación de un contenido, se puede hacer alguna persona o la sociedad en general, de tal manera que (…) el lector o receptor pueda identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y el contenido enmendado; ello en atención a la garantía de equivalencia”[19]. Por lo anterior, dicho despacho consideró que aún no ha cesado la vulneración a los derechos fundamentales invocados por el accionante y, por ello, confirmó la sentencia de primera instancia[20]. 7. Acápite de pruebas que obran en el expediente · Poder especial mediante el cual se le otorga la representación al abogado Neil Enrique Fortich Rodelo en el trámite de tutela. · Copia de la publicación realizada por la señora Luz Estela Royo Bárcenas en la red social Facebook el día 5 de octubre de 2018. · Copia de la publicación realizada por la señora Luz Estela Royo Bárcenas en la red social Facebook en cumplimiento de la orden de rectificación emanada de la sentencia de tutela de primera instancia. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos proferidos dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Planteamiento del caso, problema jurídico y consideraciones El 5 de octubre de 2018, la señora Luz Estella Royo Bárcenas publicó en su cuenta personal de Facebook un mensaje contra el señor Luis Alfredo Salamanca Daza. Como consecuencia de ello, el señor Salamanca Daza instauró acción de tutela contra la señora Royo Bárcenas con la finalidad de que se protegieran los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la imagen y a la intimidad y, a su vez, se retirara dicho mensaje de la plataforma digital y rectificara, por medio de la misma red social, el mensaje. En el trámite de tutela, el accionante sostiene la procedencia de dicha acción, pues se encuentra en un estado de indefensión, comoquiera que no puede controlar las expresiones de la red social. Asimismo, con base en la jurisprudencia de esta Corporación, sostuvo que la acción penal no es un recurso que deba agotar y, por tanto, procede la acción de tutela. De igual manera, a su juicio, la publicación de la accionada en su cuenta de Facebook contiene mensajes injuriosos que atentan contra la integridad y la dignidad del accionante. La señora Luz Estella Royo Bárcena indicó, por el contrario, que la acción de tutela no procede, pues el accionante cuenta con el mecanismo judicial de la querella para resolver, ante la jurisdicción penal, si existe o no una vulneración a los derechos fundamentales incoados. De igual manera, afirmó que la publicación realizada en su cuenta privada de Facebook está amparada por el derecho a la libertad de expresión. Por ello, descompuso el mensaje y explicó, con base en el diccionario de la lengua española de la RAE lo que significaba la palabra “iluso” y la expresión “lengua viperina”, para, de allí, sostener que eran percepciones personales que ella tiene sobre el accionante. Con base en lo anterior, le corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional responder si ¿la publicación realizada por la señora Luz Estella Royo Bárcena el día 5 de octubre del 2018 en la plataforma social de Facebook vulnera los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la imagen y a la intimidad del señor Luis Alfredo Salamanca Daza o si, por el contrario, se encuentra amparado bajo el derecho a la libertad de expresión y opinión? Para resolver dicho interrogante, la Sala Novena de la Corte Constitucional considera necesario abordar i) los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad; y ii) el contenido del derecho fundamental a la libertad de expresión en redes sociales los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad. Finalmente iii) la Sala resolverá el caso concreto. 3. Desarrollo de las consideraciones 3.1. Los derechos fundamentales al buen nombre, intimidad y honra en redes sociales. Reiteración de jurisprudencia La Constitución Política garantiza el derecho a la honra -C.P. art.21- y, a su vez, impone al Estado su protección -C.P. art.2-. Esta ha sido entendida por la Corte Constitucional como la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana[21]. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad[22]. Asimismo, la jurisprudencia constitucional estableció que el derecho fundamental a la honra tiene una relación estrecha con la dignidad, en la medida que involucra tanto la consideración de la persona, como la valoración de las conductas más íntimas no cubiertas por la intimidad personal y familiar[23]. Además de lo anterior, la Corte Constitucional ha estudiado la relación entre el derecho a la honra con los derechos fundamentales al buen nombre e intimidad. A partir de la interpretación conjunta de estos derechos fundamentales, se han evidenciado dos escenarios constitucionales. El primero consiste en la protección del buen nombre e intimidad, mientras que el segundo conlleva a la protección de la honra y el buen nombre. La protección de la intimidad y el buen nombre consiste en la protección del ámbito privado del individuo y su familia[24]. Esta se traduce en una abstención de conocimiento e injerencia en aquella órbita reservada que le corresponde a la persona y que escapa al conocimiento público y, por tanto, no debe ser materia de información suministrada a terceros ni de intervención o análisis de grupos ajenos, ni de divulgaciones o publicaciones[25]. A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha identificado grados de protección del derecho fundamental a la intimidad, los cuales son: la intimidad personal, familiar, social y gremial. Por otra parte, la Corte Constitucional ha estudiado el derecho al buen nombre y a la honra[26]. De acuerdo con la Corte, se limita a la consideración y respeto que, por su condición de ser humano, merece cada persona del resto de la sociedad[27]. De allí que la afectación a esta prerrogativa se materialice cuando se emitan expresiones con ánimo injurioso o divulgue una información que riñe con los principios de veracidad e imparcialidad[28]. A partir de los ámbitos materiales de protección que han sido definidos por la jurisprudencia constitucional, el derecho a la intimidad y el derecho a la honra, en concordancia con el derecho al buen nombre, se refieren a la protección privada y pública de la persona. En efecto, por una parte, la relación entre el derecho a la intimidad y al buen nombre protege a la persona de las intromisiones en la vida privada de las personas o de su familia, que pongan en peligro o afecten su buen nombre, mientras que, por otra parte, el derecho a la honra no sanciona en sí misma la intromisión en la vida privada, sino la posterior violación del buen nombre o de su familia que por su naturaleza afectan su reputación[29]. En ese sentido, de acuerdo con la Corte Constitucional[30], el derecho a la honra y al buen nombre difieren en la esfera en que se proyectan[31]. Así, la honra se afecta por la información errónea o tendenciosa respecto a la persona, en su condición privada; mientras que el derecho al buen nombre se vulnera, fundamentalmente, por la divulgación de información falsa, errónea o incompleta que genera distorsión del concepto público que de una persona puede tener el grupo social[32]. En este último evento, se trata de la distorsión del concepto público de la persona la que compromete el derecho fundamental y no la información en sí misma considerada[33]. 3.2. El contenido del derecho fundamental a la libertad de expresión en redes sociales. Reiteración de jurisprudencia La Constitución Política, en su artículo 20, consagra la libertad de expresión. Esta libertad, en todas sus manifestaciones,[34] cuenta con un estatus jurídico dentro de sistemas políticos democráticos como el colombiano, sin embargo, su protección no depende sólo de ello, sino también de su valor intrínseco como derecho fundamental[35]. De acuerdo con la Corte, la protección de este derecho fundamental es un fin en sí mismo como manifestación de lo que entendemos por ser humano digno y autónomo y por una sociedad de personas igualmente libres[36]. Como consecuencia de ello, la jurisprudencia ha establecido que el ámbito material de protección del derecho fundamental a la libertad de expresión i) permite buscar la verdad y desarrollar el conocimiento[37]; ii) posibilita el principio de autogobierno[38]; iii) promueve la autonomía personal[39]; iv) previene los abusos del poder[40]; v) promueve la resolución racional y pacífica de los conflictos, es decir, funciona como válvula de escape[41]. A partir de dicho estatus, la jurisprudencia constitucional[42] ha emanado tres presunciones relevantes para la protección de la libertad de expresión[43]. La primera, que toda expresión, de cualquier contenido y forma, está amparada prima facie por el derecho a la libertad de expresión[44]. La segunda, que, en los eventos de colisión del derecho a la libertad de expresión con otros derechos fundamentales, en principio, aquél prevalece sobre los demás[45]. El tercero, que cualquier limitación de una autoridad pública al derecho a la libertad de expresión se presume inconstitucional y, por tanto, debe ser sometida a un control constitucional estricto[46]. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión presentó un catálogo de principios orientadores para el funcionamiento de la red. Este catálogo tiene como propósito, entre otros, guiar las medidas de los Gobiernos para su reglamentación con la finalidad de conservar las cualidades que han hecho de internet un espacio propicio para que las personas compartan ideas, informaciones y opiniones. Asimismo, la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet[47] acogió como principio que la libertad de expresión se aplica a internet del mismo modo que se aplica a todos los medios de comunicación y, por tanto, sus restricciones sólo son aceptables en tanto respeten los estándares internacionales. Como consecuencia de lo anterior, al encontrarse dentro del ámbito material de protección del derecho a la libertad de expresión[48], los discursos en las redes también pueden ser catalogados como discursos especialmente protegidos y, asimismo, pueden limitarse, dependiendo del contenido de las manifestaciones. Con respecto a los discursos especialmente protegidos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sostenido que, si bien todas las formas de expresión están protegidas, existen ciertos tipos de discurso que reciben una protección especial, por su importancia de esta clase de expresiones para el ejercicio de otros derechos e, incluso, para la consolidación, el funcionamiento y preservación de la democracia[49]. Estos tipos de discurso, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, son i) el discurso político y sobre asuntos de interés público[50]; ii) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos[51] y; iii) discursos que expresan elementos esenciales de la identidad o dignidad personales[52]. Estas categorías, dada la gama de la libertad de expresión, pueden estudiarse y aplicarse de manera separada o, incluso, pueden converger las tres categorías en un mismo discurso. De igual manera, la jurisprudencia se ha referido a la libertad de opinión. Esta consiste, de acuerdo con la Corte, en la virtud que tiene el sujeto para expresar juicios particulares a cerca de las cosas bajo cuestión, así como exponer la conciencia de ideas y conceptos sobre las mismas[53]. Su contenido normativo permite expresar juicios, dictámenes o pareceres relativos a un asunto o materia[54]. Por tanto, comprende “la facultad de prohijar y conservar una opinión y también la potestad de difundirla, sirviéndose de cualquier medio para su propagación”[55]. La libertad de opinión no se agota en el ámbito de la libertad de expresión. Aquella tiene un sustrato subjetivo y, por ello, se articula sistemáticamente a la libertad de conciencia; es la exteriorización de la conciencia. En ese sentido, la opinión abarca la difusión externa de pensamientos y posee una naturaleza ideológica inherente a la persona que la emite[56]. La Constitución, al verificar el carácter subjetivo de la opinión, definió que sólo es predicable la rectificación de las informaciones, mas no de los pensamientos y opiniones[57]. En efecto, la rectificación puede dar lugar a la reparación de daños causados y la consecuente responsabilidad conforme a las leyes civiles y/o penales. Sin embargo, es imposible pedir que se rectifique un pensamiento u opinión, pues únicamente es posible rectificar lo falso o parcial, mas no las apreciaciones subjetivas que sobre los hechos permitan la manifestación de pensamientos y opiniones[58]. a. Redes sociales y sociedad La red de internet permitía únicamente acceder a páginas determinadas con la finalidad de encontrar información. Con el nacimiento de las redes sociales, las conexiones ya no son entre páginas web, sino entre personas. Las redes sociales –en general la red de internet[59]- implican un cambio en el modelo de intercambio de bienes culturales a través de la comunicación; la identidad de las personas que hacen uso de las redes sociales sólo se adquiere en tanto se expresan -un perfil inactivo en redes sociales no adquiere una identidad, no adquiere reconocimiento-; las redes sociales no sólo permiten un escenario de libertad de expresión, sino que, de manera más profunda, permite la identificación de las personas con el mundo web -las redes sociales permiten una modificación de la identificación de la persona y esta es la que impera frente al reconocimiento de los demás-. La Internet cambió la forma en que las personas se comunican entre sí y con el mundo. Así, de acuerdo con la Relatoría para la Libertad de Expresión, “en la actualidad, el derecho a la libertad de expresión encuentra en internet un instrumento único para desplegar, incrementalmente, su enorme potencial en amplios sectores de la población”[60]. Además de la facilidad de comunicación, las redes sociales y, entre ellas Facebook, los usuarios también se expresan publicando fotos, estados, videos. Reaccionan a las publicaciones con un “me gusta”, con emoticones, así como debaten sobre estas, las critican y las comparten. En general, funciona como una plataforma de diálogo y expresión digital. Las expresiones en redes sociales son efímeras, por ello, los discursos con mayor incidencia en la red son aquellos que exponen con mayor gravedad la intimidad de las personas o, a su vez, son aquellos discursos que protegen las diferentes libertades garantizadas en la sociedad. Por esta razón, las redes sociales son un escenario donde se presentan graves vulneraciones a la intimidad y, al mismo tiempo, un escenario donde las denuncias o cualquier discurso de inconformidad son más divulgadas y, por tanto, tienen mayor impacto en la sociedad. En el primer escenario -graves violaciones a la intimidad-, las redes sociales pueden ser focos de, por ejemplo, actos de hostigamiento, incitación a la violencia[61], la circulación de contenido ilegal e, incluso -y con mayor frecuencia-, actos de difamación[62]. Estos se materializan a través, entre otras, de la publicación de estados, publicaciones en el muro, etiquetas, o comentarios de terceros. Como se sostuvo en líneas anteriores, si bien las redes sociales son espacios digitales, esto es virtuales y sin corporeidad, en tanto que son creaciones humanas, son también lugares en los que se ejercen las mismas prácticas culturales que se presentan en los espacios “reales” y materiales (en el mundo no digital) por tal razón, son aplicables las reglas y garantías de la libertad de expresión. Al igual que el mundo “real”, las redes sociales, no por ser espacios cibernéticos, dejan de ser violentos, y en los que se ejercen conductas patriarcales y sexistas, las cuales en este escenario se agudizan, al menos, por dos razones. La primera, por el hecho que, en ocasiones, las prácticas sexistas se pueden ocultar tras perfiles falsos o inexistentes, los cuales permiten que las agresiones queden en el anonimato. La segunda, porque, en la mayoría de las ocasiones, para obtener aprobación y reconocimiento en las redes sociales, se hace necesaria la publicación de aspectos íntimos, e incluso corporales, de la persona titular de la cuenta personal[63]. Aunado a ello, autores han reconocido que en múltiples ocasiones, la industria del entretenimiento acude a estrategias en las que se estetiza o, incluso se hiper estetiza, y se usa el cuerpo de las mujeres como vehículo para difundir publicidad. Así, debido a que las redes sociales son, principalmente, espacios de entretenimiento, en los que además, para lograr amplia difusión de un contenido, deben publicarse aspectos de la vida íntima, resalta una conclusión y es que las redes sociales son lugares para que se intercambie gran cantidad de información con un contenido que, potencialmente, puede reforzar los prejuicios discriminatorios contra las mujeres[64]. Las redes sociales no pueden verse como manifestaciones culturales diferentes a las que se producen en el mundo no digital. Las redes son productos de la cultura que, así como la pintura, la música o el arte, en general, porta los prejuicios y comprensiones de la época en la que se produce. A juicio de esta Corte, la relación entre las redes sociales y los derechos fundamentales de las mujeres, pueden implicar las mismas prácticas discriminatorias que otras expresiones del espíritu humano. En el caso de estas, agravado por el anonimato, la difusión y el reconocimiento que las redes sociales permiten. En el segundo escenario consiste en una lectura del papel de las redes sociales y la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres -discurso de inconformismo y denuncias públicas-. De manera concreta, esto se ha evidenciado a partir de la libertad de expresión, las redes sociales y los derechos de las mujeres. En efecto, desde la década de 1990 se han impulsado movimientos de “ciberfeminismo social” [65]. Aquí se entiende la red como un espacio para la vindicación de luchas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pues la web no está jerarquizada y cualquiera puede acceder tanto a esta, como difundir sus ideas en condiciones de igualdad. Con este movimiento nació el “ciberactivismo feminista” que busca denunciar y vindicar el dominio web permitiendo la garantía y el respeto de los derechos de las mujeres[66]. Las redes sociales son un foro vital no solo para superar las barreras de discriminación de género, sino también para integrar la participación de las mujeres en escenarios como la rendición de cuentas y la toma de decisiones[67]. Las redes sociales han servido para fortalecer el empoderamiento femenino a partir de lo que llaman en “Hashtag activismo”. Ello busca movilizar la atención de las agendas políticas públicas hacia los derechos de las mujeres en los medios de comunicación dominantes[68]. Uno de ellos es el movimiento hashtag “#MeToo”[69]. Movimientos feministas contemporáneos como el “#MeToo” han pretendido mostrar el sexismo jerarquizado en distintos ámbitos sociales promoviendo políticas de cero tolerancia contra actos como el acoso y la violencia sexual[70]. El “#MeToo” se convirtió en una plataforma digital para que todas las mujeres, no solo aquellas víctimas de episodios de acoso y violencia sexual, pudieran comunicar sus experiencias. El medio digital se convirtió en un foro de educación y divulgación de ideales feministas para remodelar temas como el sexismo y exigir ser oídas[71], en algunos casos con resultados exitosos[72]. En ese sentido, algunos feminismos encontraron en la industria de las redes sociales foros para la sororidad y compartir experiencias. Algunas de estas son foros en los cuales todos los que participen tienen la premisa fundamental de eliminar el sexismo[73]. De hecho, la tendencia anterior a este paradigma era marginar la participación y la opinión de las mujeres en el sector de la tecnología[74]. Por el contrario, algunas redes sociales son el medio potencial para cerrar estas brechas de invisibilidad, garantizando, significativa y paulatinamente, la presencia “on line” de las mujeres[75]. La reivindicación de agendas de mujeres en las redes sociales permite la difusión igualitaria de su voz, incluso en temas de acoso cibernético[76]. El empoderamiento femenino en redes sociales se puede leer sistemáticamente con otro fenómeno actual: el derecho de las mujeres a decir “¡no!”[77] En este escenario, la libertad de expresión se convierte en “válvula de escape” para promover confrontaciones pacíficas en contra de decisiones estatales o sociales que discriminen a las mujeres. En efecto, se trata de un ejercicio de defensa ante cualquier ataque que, bajo su perspectiva, consideren como lesivo su integridad o dignidad. Asimismo, este derecho adquiere un mayor valor en sociedades donde existen altos índices de violencia de género y, de manera concreta, de violencia contra las mujeres[78]. Su finalidad es expresar inconformismo con prácticas Estatales, sociales y personales machistas, las cuales se pueden expresar en todas las modalidades, incluso, en redes sociales. Existen paradigmas machistas concretos que se han superado a partir de la libertad de expresión de las mujeres. Por ejemplo, la libertad que tienen las profesoras de instituciones educativas en Bangladesh de usar o no velos para cubrir su cabeza y la obligación estatal de no acosar a quien las use o no[79] o, como el caso colombiano, defender el derecho a la libertad de expresión de las mujeres cuando denuncian actos de violencia de género y acoso laboral en instituciones laborales[80]. b. Limitaciones del derecho fundamental a la Libertad de Expresión en redes sociales En cuanto a las limitaciones del derecho fundamental a la libertad de expresión, la Corte Constitucional, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, ha establecido los discursos no protegidos por la libertad de expresión y los parámetros para verificar la admisibilidad de las limitaciones a la libertad de expresión. En cuanto a la primera, sin perjuicio de la presunción de la cobertura de la libertad de expresión, existen expresiones que no se protegen por estar manifiestamente prohibidas en el derecho internacional. Estas, de acuerdo con la normatividad internacional, son: i) la pornografía infantil; ii) la incitación al genocidio; iii) la propaganda a la guerra; y iv) la apología del odio que constituya incitación a la violencia. Asimismo, la jurisprudencia constitucional, con base en la jurisprudencia interamericana ha establecido el test tripartito como un método de interpretación conflictualista que permite establecer si las restricciones aplicadas a la libertad de expresión son acordes a los estándares interamericanos y constitucionales o, por el contrario, existe la vulneración a este derecho fundamental[81], en otras palabras, para controlar la legitimidad de las limitaciones. De acuerdo con dicho test, la limitación debe cumplir con la regla general, la cual es la compatibilidad de las limitaciones con el principio democrático[82]. Posteriormente, se verifica si i) la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material[83]; ii) la limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana[84]; y iii) la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan, e idónea para lograr el objetivo imperioso que se pretende lograr[85]. Este método ha sido aplicado por la jurisprudencia constitucional. La sentencia T-634 de 2013[86] revisó sentencias de tutela en las que resolvían el conflicto suscitado entre una empresa de masajes y una mujer que denunció que fue víctima de violación del derecho a la intimidad. En efecto, la empresa de masajes había publicado fotos comprometedoras de la accionante en su cuenta de Facebook, las cuales no quería eliminar, pese a las peticiones presentadas por la mujer[87]. En sede de revisión, la Corte Constitucional sostuvo que las imágenes vulneraban el derecho a la intimidad, honra y buen nombre, por dos razones. La primera, las imágenes distorsionan el concepto público que la mujer quiere proyectar en la sociedad y, asimismo, le impide desarrollar su opción de vida y expectativas. La segunda, las imágenes reflejan la imagen de la mujer entre un universo de públicos indeterminados, los cuales tienen acceso a la página de la red social. Por lo anterior, la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la honra, intimidad y buen nombre de la peticionaria. De igual manera, en la sentencia T-145 de 2016, la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre e intimidad de una mujer que fue tildada de “ladrona” mediante una publicación realizada en la red social Facebook[88]. En sede de revisión, la Corte Constitucional, al momento de realizar la ponderación, sostuvo que la titular de la red social Facebook no estaba realizando una simple publicación -como ámbito material de la libertad de expresión-, sino que estaba realizando la imputación de un delito, sin que se hubiere probado ese hecho[89]. Posteriormente, la sentencia T-244 de 2018 resolvió un conflicto sobre la libertad de expresión y la honra y el buen nombre. En este caso se resolvió si al alcalde de Bogotá -Enrique Peñalosa- se le habían vulnerado sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, como consecuencia de unas afirmaciones realizadas por un concejal, tanto en el debate político[90] como en la red social Twitter[91]. En el caso concreto, la Corte Constitucional amparó el derecho a la libertad de expresión, pues el Concejal no realizó afirmaciones irrazonables y/o desproporcionadas y “aunque provocan dudas sobre la génesis de la propuesta presentada a la corporación distrital, ello se enmarca dentro de las cargas soportables que deben asumir los actores del escenario público en aras de salvaguardar el patrimonio, el interés, la transparencia y la moralidad públicas[92]. De igual manera, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-243 de 2018[93], recordó y aplicó el test tripartito desarrollado por la jurisprudencia interamericana. Al igual que el caso anterior, la publicación realizada en la red social Facebook consistía en la acusación de un delito[94]. En la aplicación del test tripartito, la Sala, a partir de la prohibición de la adopción de “listas negras” establecida en el artículo 59, numeral 8, del Código Sustantivo del Trabajo, consideró que i) existía una prohibición legal de divulgar información que resulte desproporcionada y afecte la vida laboral de sus ex-trabajadores[95]; ii) dicha prohibición atendía una necesidad, la cual era la protección de la intimidad y el buen nombre[96]; y iii) atendía a unos objetivos constitucionalmente admisibles, pues las “listas negras” crean una etiqueta que materialmente induce a la desvalorización y discriminación social del trabajador, las cuales resultan eficaces para clausurarle oportunidades vitales, de manera que el objetivo de ésta es evitar la configuración de esa situación, lo cual corresponde con los mandatos superiores[97]. Finalmente, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-102 de 2019[98], evidenció que no existía una afectación directa a la honra, a la vida y a la seguridad frente a una serie de publicaciones realizadas en la red social Facebook[99]. En efecto, en el caso concreto la Sala Novena evidenció que los pasquines con murmuraciones indeterminadas sobre las personas “no posee la entidad suficiente para ser catalogada como un impacto tangible a la honra y al buen nombre susceptible de elevarse a nivel de violación iusfundamental”[100]. Además de lo anterior, sostuvo que para la violación a los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, las expresiones deben tratarse de reales descalificaciones inadmisibles en una democracia constitucional, “de tal manera que la imputación que se haga debe ser suficientemente intensa para generar un daño moral en el sujeto (…)”[101]. III. RESOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO El 5 de octubre de 2018, la señora Luz Estella Royo Bárcenas publicó en su cuenta personal de Facebook el siguiente mensaje contra el señor Luis Alfredo Salamanca Daza: “Comunicado: Luis A. Salamanca (alias Quito)….TE aclaro y LE aclaro a los que no me conocen que nunca tendré el gusto tan ARRASTRAO (sic) para dar un paso contigo siquiera a cruzar una esquina. No se cual (sic) es tu deseo frustrao (sic) de andar diciendo que alguna vez saliste conmigo;…jajaja pobre ILUSO eso sólo lo verás en sueño…No tengo ese gusto bajo cero para siquiera detenerme a mirar a un personaje como tú..y con una lengua tan VIPERINA que parece que solo usándola para perjudicar a los demás es lo que te hace sentir grande, no se cuando (sic) la vas a Recoger!...POBRES las que x golpes de la vida tuvieron que Resignarse con un NADA QUE VER como TÚ!... O son ellas las que con su FRUSTACIÓN te quieren dar un estatus que nunca vas a alcanzar!” Como consecuencia de ello, el señor Salamanca Daza instauró acción de tutela contra la señora Royo Bárcenas con la finalidad de que se protegieran los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la imagen y a la intimidad y, a su vez, se retirara dicho mensaje de la plataforma digital y rectificara, por medio de la misma red social. En el trámite de tutela, el peticionario argumenta la procedencia de dicha al encontrarse en un estado de indefensión, comoquiera que no puede controlar las expresiones de la red social. Asimismo, con base en la jurisprudencia de esta Corporación, sostuvo que la acción penal no es un recurso que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, deba agotar y, por tanto, procede la acción de tutela. De igual manera, la publicación de la accionada en su cuenta de Facebook contiene mensajes deshonrosos e injuriosos que atentan contra la integridad y la dignidad del accionante y, a su vez, lo sitúa una posición de indefensión de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por su parte, la señora Luz Estella Royo Bárcena indicó, por el contrario, que la acción de tutela no procede, pues el accionante cuenta con el mecanismo judicial de la querella para resolver, ante la jurisdicción penal, si existe o no una vulneración a los derechos fundamentales incoados. De igual manera, afirmó que la publicación realizada en su cuenta privada de Facebook está amparada por el derecho a la libertad de expresión. Por ello, descompuso el mensaje y explicó, con base en el diccionario de la lengua española de la RAE lo que significaba la palabra “iluso” y la expresión “lengua viperina”, para, de allí, sostener que eran percepciones personales que ella tiene sobre el accionante. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala Novena de la Corte Constitucional revisará la procedencia de la acción de tutela promovida por Luis Alfredo Salamanca Daza. Si la acción de tutela cumple con las exigencias de procedibilidad, procederá a revisar si el conflicto entre libertad de expresión y los derechos fundamentales a la honra, intimidad y buen nombre se resolvió con base en la jurisprudencia constitucional y los estándares interamericanos. 3.3. Análisis procedimental de la acción de tutela La Constitución de 1991 consagró la acción de tutela. De la lectura de dicho artículo, en concordancia con lo previsto en los artículos 1°, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela debe cumplir con i) legitimación en la causa por activa y por pasiva; ii) inmediatez; y, iii) subsidiariedad. Por tanto, le corresponde a la Sala verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos. a. Legitimidad en la causa por activa y por pasiva en el caso concreto El artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona que considere amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales por parte de una autoridad pública o, en ciertas circunstancias, por un particular. De igual manera, con base en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional ha concretado las opciones de ejercicio de la acción de tutela mediante i) el ejercicio directo, es decir, quien interpone la acción de tutela es a quien se le está vulnerando el derecho fundamental; ii) representantes legales, como en el caso de los niños, niñas y adolescentes, los incapaces absolutos y las personas jurídicas; iii) apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la calidad de abogado titulado y al escrito de acción de tutela debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto, el poder general respectivo; y iv) mediante agencia oficiosa. En el presente caso, se evidencia el cumplimiento del requisito de legitimidad en la causa por activa, pues i) Luis Alfredo Salamanca Daza fue quien, de acuerdo con los hechos y la acción, se vio afectado en sus derechos fundamentales a la honra, imagen y buen nombre y, asimismo, ii) el apoderado judicial aporta poder especial con la finalidad de representar al señor Salamanca en el trámite de tutela. También se observa que se cumple con la legitimidad por pasiva, pues la acción de tutela se dirige contra Luz Estela Royo Bárcenas quien, de acuerdo con los hechos y las pruebas, fue la persona que publicó en su cuenta personal de Facebook el mensaje que se acusa como fuente de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el Luis Alfredo Salamanca en el escrito de tutela. Además de lo anterior, la Sala considera que el accionante se encuentra en un estado de indefensión, pues, con base en la naturaleza de la red social, no puede controlar la divulgación del mensaje publicado, ni tampoco puede controlar el contenido de la publicación. b. Cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto Según la jurisprudencia constitucional, para acudir a la acción de tutela, esta debe ser presentada en un término prudente y razonable después de ocurridos los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos fundamentales. En esa medida, la Corte Constitucional ha sostenido que la relación de inmediatez entre la solicitud de tutela y el hecho vulnerador de derechos fundamentales debe evaluarse en cada caso concreto, atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En el caso concreto, la publicación del mensaje el cual se acusa como vulnerador de derechos fundamentales fue realizada el 5 de octubre de 2018 y el escrito de tutela fue radicado el 10 de octubre de 2018, en ese sentido, trascurrieron 5 días entre la vulneración de los derechos fundamentales y la presentación del escrito de tutela, razón por la cual la Sala Novena de la Corte Constitucional considera que dicho requisito se cumple en el presente caso. c. Cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto El artículo 86 de la Constitución Política establece que sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Asimismo, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció como causal de improcedencia la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de acudir a la tutela como mecanismo transitorio para remediar el perjuicio irremediable. De esta manera, la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 exigen que el accionante haya desplegado todas las acciones judiciales idóneas y eficaces para la efectiva protección del derecho fundamental alegado. En lo que atañe a la protección de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre, la Corte Constitucional[102] ha establecido que, aunque el ejercicio de la acción penal por los delitos de injuria y calumnia pareciese un medio judicial idóneo y eficaz para la protección de estos derechos fundamentales, el mecanismo penal y la acción de tutela persiguen finalidades distintas. Mientras la primera -escenario penal- sólo protege determinadas vulneraciones a los anotados derechos fundamentales, la acción de tutela ampara de manera más completa estos derechos. En ese sentido, existen violaciones a estos derechos fundamentales que, sin constituir expresamente un delito, sí afectan el ámbito material de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre[103]. En el proceso penal es necesario agotar etapas previstas en la ley en relación con la investigación y eventual sanción de una conducta ilícita con el consecuente restablecimiento de derechos para la víctima. Por su parte, la acción de tutela es un mecanismo expedito, sumario y dúctil que permite otorgar una salvaguarda urgente e inmediata ante un agravio iusfundamental[104]. Igualmente, las potestades del juez son reducidas en el proceso penal, y particularmente en el sistema penal adversarial vigente, en contraste con las atribuciones que le son reconocidas a los jueces de tutela para dilucidar la situación litigiosa en aras de impartir una protección integral, lo que se evidencia en las posibilidades de decretar pruebas oficiosamente, integrar el contradictorio con todos los sujetos que considere pertinentes, moverse dentro de un extenso margen para disponer medidas provisionales según lo amerite el caso, e incluso extender la salvaguarda a derechos que no han sido expresamente invocados o adoptar medidas más allá de las pretensiones consignadas en la demanda constitucional de amparo (facultades ultra y extra petita)[105]. Además de lo anterior, el proceso penal no tiene como finalidad la protección de los derechos fundamentales del accionante. Su principal finalidad es el ejercicio de la acción penal, esto es, imponer una sanción. Asimismo, la confrontación del debate se da entre la Fiscalía y el abogado defensor, mientras que la víctima participa como un interviniente especial en el proceso adversarial. Finalmente, la Sala considera que no se debe agotar la rectificación en condiciones de equidad. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la rectificación procede en los eventos que involucren informaciones u opiniones difundidas por medios de comunicación o informes periodísticos publicados en redes sociales[106]. En ese sentido, aplica cuando la información que se publica se predica de inexacta o errónea y, asimismo, fue divulgada por medios de comunicación, personas que actúan en calidad de periodistas, o quienes sin ser comunicadores de profesión se dedican habitualmente a emitir información[107]. Como consecuencia de lo anterior, no es posible aplicar las reglas de la rectificación a los escenarios concretos de libertad de expresión -como el presente caso-, pues conllevaría a i) limitar la procedencia de la acción de tutela[108]; ii) aplicar a la libertad de expresión en sentido estricto cargas que el constituyente y el legislador no le impusieron[109]; iii) e incurrir en el error de trasplantar las reglas creadas para los medios de comunicación a canales de expresión y difusión diferentes como las redes sociales[110]. 3.4. Análisis material de la vulneración de los derechos fundamentales alegados en el escrito de tutela Tal como se estudió en las consideraciones pertinentes, la libertad de expresión es una garantía que goza de una protección especial en el ordenamiento jurídico constitucional. Su protección es reforzada por tratarse de un presupuesto necesario para el progreso y desarrollo de una sociedad democrática, en la medida que promueve valores como la pluralidad y la tolerancia. Por lo anterior, su protección incluye la expresión de toda clase de argumentos, incluso aquellos que puedan resultar desagradables, incómodas e, incluso, aquellas expresiones que se encuentran contrarias a lo socialmente aceptables. Por lo anterior, la Sala evaluará la publicación realizada por Luz Estela Royo Bárcenas: “Comunicado: Luis A. Salamanca (alias Quito)….TE aclaro y LE aclaro a los que no me conocen que nunca tendré el gusto tan ARRASTRAO (sic) para dar un paso contigo siquiera a cruzar una esquina. No se cual (sic) es tu deseo frustrao (sic) de andar diciendo que alguna vez saliste conmigo;…jajaja pobre ILUSO eso sólo lo verás en sueño…No tengo ese gusto bajo cero para siquiera detenerme a mirar a un personaje como tú..y con una lengua tan VIPERINA que parece que solo usándola para perjudicar a los demás es lo que te hace sentir grande, no se cuando (sic) la vas a Recoger!...POBRES las que x golpes de la vida tuvieron que Resignarse con un NADA QUE VER como TÚ!... O son ellas las que con su FRUSTACIÓN te quieren dar un estatus que nunca vas a alcanzar!” Se observa que la publicación realizada por la señora se enmarca en la protección del derecho a la libertad de opinión. En efecto, la intención es enunciar su desacuerdo con diversas actuaciones realizadas por el accionante, las cuales, aun siendo informaciones incómodas, no por ello dejan de estar protegidas por la libertad de expresión y opinión. Estas actuaciones expresan una opinión neg...