Sentencia T-360 de 2025

T-360-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-360/25 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSION DE VEJEZ-Procedencia por violación directa de la constitución con relación al principio de favorabilidad en la acumulación de tiempo de servicios ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSION DE VEJEZ-Procedencia por desconocimiento del precedente constitucional con relación al principio de favorabilidad en la acumulación de tiempo de servicios ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSION DE VEJEZ-Procedencia por incurrir en defecto sustantivo con relación al principio de favorabilidad en la acumulación de tiempo de servicios ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional/ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de procedibilidad DEFECTO SUSTANTIVO-Caracterización CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION-Estructuración PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA INTERPRETACION DE LA LEY LABORAL FRENTE AL RECONOCIMIENTO DE PENSIONES-Jurisprudencia constitucional PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PENSIONAL-Aplicación (…), al tenor de lo señalado en el artículo 53 superior, el principio de favorabilidad constituye un imperativo constitucional de aplicación directa, por parte de las autoridades administrativas y judiciales encargadas de definir derechos propios del sistema general de seguridad social. PENSION DE VEJEZ Y REGIMEN DE TRANSICION PREVISTO EN LA LEY 100/93-Reiteración de jurisprudencia/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PENSIONAL-Aplicación del régimen de transición PENSION DE VEJEZ-Acumulación de tiempo de servicio para ser beneficiario de régimen de transición del Acuerdo 049/90 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Contenido y desarrollo ACUMULACION DE TIEMPO Y SEMANAS COTIZADAS PARA PENSION DE VEJEZ-Línea jurisprudencial (…), desde el año 2016, para la aplicación de las disposiciones previstas en el Acuerdo 049 de 1990, la jurisprudencia constitucional admite la posibilidad de acumular entre distintos fondos, regímenes pensionales o tiempos de servicio públicos y privados. Esto con el propósito de reconocer la pensión de vejez a los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, independientemente de si la afiliación al ISS se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Novena de Revisión SENTENCIA T-360 DE 2025 Referencia: expediente T-10.892.417. Acción de tutela instaurada por Lilia Mercedes Ramos Arias en contra de la Sala Tercera de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado ponente: José Fernando Reyes Cuartas Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025). La Sala Novena de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo y los magistrados Juan Carlos Cortés González y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en cumplimiento de sus competencias legales y constitucionales, profiere la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala de Casación Penal y la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en primera y segunda instancia, respectivamente. Síntesis de la decisión A la Sala Novena de Revisión de esta Corporación le correspondió resolver la acción de tutela promovida, a través de apoderado, por la señora Lilia Mercedes Ramos Arias en contra de la Sala Tercera de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por la vulneración de sus derechos al debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital y vida digna. Lo anterior debido a que, en la sentencia de casación del 15 de mayo de 2024, la accionada le negó la posibilidad a la actora de acceder a su pensión de vejez en virtud del Acuerdo 049 de 1990. En consecuencia, la accionante considera que la autoridad judicial incurrió en: (i) defecto sustantivo, (ii) desconocimiento del precedente constitucional y, (iii) violación directa de la Constitución Política. En esa línea, la Corte planteó el siguiente problema jurídico: ¿la autoridad judicial accionada desconoció los derechos al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad de la accionante al incurrir en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución al negarle a la actora la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento de la pensión de vejez, bajo el argumento de que para beneficiarse del régimen de transición y del derecho pensional contemplado en dicho Acuerdo debió afiliarse y cotizar al ISS antes del 1 de abril de 1994? Para resolver el problema jurídico planteado la Sala se pronunció sobre los principios de favorabilidad e in dubio pro operario en la aplicación de las reglas del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y el reconocimiento de la pensión de vejez dispuesta en el Acuerdo 049 de 1990. La Corte hizo referencia al precedente contenido en las sentencias SU-317 de 2021, SU-273 de 2022, SU-049 de 2024, SU-218 de 2024 y SU- 428 de 2024, de las cuales se extraen las siguientes subreglas: (i) los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que se les aplique, entre los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, aquel que les resulte más favorable, a fin de obtener el reconocimiento de la pensión de vejez; y (ii) las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aplicables por vía de transición, pueden consolidarse con las semanas cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y con los tiempos de servicio en el sector público, al margen de que la afiliación al ISS haya sido posterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Con base en estos criterios, la Corte concluyó que la decisión judicial controvertida incurrió en los siguientes defectos: (i) violación directa de la Constitución, pues se inaplicó el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política y se realizó una interpretación contraria a los postulados constitucionales (ii) defecto por desconocimiento del precedente constitucional, puesto que la autoridad accionada desconoció la línea jurisprudencial trazada por esta Corporación en las sentencias SU-317 de 2021, SU-273 de 2022, recientemente reiteradas en las sentencias SU-049 de 2024, SU-218 de 2024 y SU-428 de 2024 sin cumplir con la carga argumentativa y de transparencia para apartarse válidamente del precedente; y (iii) defecto sustantivo, por exigirle a la accionante condiciones que las normas no contemplan para ser beneficiaria del régimen de transición y adquirir el derecho pensional bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990. En consecuencia, la Sala Novena de Revisión concedió el amparo invocado por la accionante y dejó sin efectos las sentencias del 13 de mayo de 2022 y del 30 de noviembre de 2022 proferidas por el Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, respectivamente y la Sentencia SL 1107-2024 del 15 de mayo de 2024, proferida por la Sala Tercera de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y adoptó directamente la orden de reemplazo. Para el efecto, esta Corporación expuso las pautas que el juez constitucional debe aplicar para dictar directamente la orden de reemplazo en asuntos pensionales en el marco de la acción de tutela contra providencias judiciales. Asimismo, la Corte le ordenó a Colpensiones reconocer y pagar la pensión de vejez a favor de la accionante, con fundamento en los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, así como el pago del retroactivo pensional y de los intereses moratorios. I. Antecedentes 1. Por medio de apoderado, Lilia Mercedes Ramos Arias interpuso la presente acción de tutela en contra de la Sala Tercera de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con el fin de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital y vida digna. Esto debido a que, en la sentencia de casación del 15 de mayo de 2024, la accionada le negó la posibilidad de acceder a su pensión de vejez en virtud del Acuerdo 049 de 1990; por lo que considera que la sala incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa la Constitución Política. Hechos[1] 2. La accionante nació el 26 de febrero de 1946 y en la actualidad tiene 79 años de edad. Informó que no recibe remuneración alguna para suplir sus necesidades básicas, lo que afecta su mínimo vital. Expuso que, por su avanzada edad, no le es posible desempeñar cargo laboral alguno; por lo tanto, se encuentra en una situación de debilidad manifiesta[2]. 3. Afirmó que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[3], contaba con 48 años de edad; por lo que es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de dicha normativa. 4. De acuerdo con los medios de prueba allegados al expediente ordinario laboral y de tutela, la actora efectuó cotizaciones al Sistema General de Pensiones desde 1983 hasta el año 2012, de la siguiente forma: Tabla 1. Tiempos de servicio cotizados[4] Entidad Período Días Semanas Departamento del Vaupés 1983-03-08 al 1983-06-16 99 14,14 DAPRE 1987-07-06 al 1991-10-30 1555 222,14 Icetex 1993-05-11 al 1993-08-23 103 14,57 Icetex 1995-05-01 al 1995-05-27 27 3,86 Icetex 1995-06-01 al 1999-11-08 1598 228,28 Icetex 1999-12-01 al 2000-06-29 209 29,85 Icetex 2000-07-01 al 2001-10-29 479 68,42 Icetex 2001-11-01 al 2002-02-28 120 17,14 Icetex 2002-04-01 al 2003-01-16 286 40,85 Bogotá D.C. 2004-01-01 al 2004-01-05 5 0,71 Bogotá D.C. 2004-02-01 al 2011-04-01 2581 368,71 Lilia Mercedes Ramos 2011-08-01 al 2012-10-31 450 64,28 5. La accionante afirmó haber acreditado 546.71 semanas entre el 26 de febrero de 1981 y el 26 de febrero de 2001; es decir, 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años. Por lo que, en virtud del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, cumple el requisito de 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de pensión. 6. La actora solicitó el reconocimiento de su pensión ante la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones). Sin embargo, mediante las Resoluciones GNR 274645 del 28 de octubre de 2013, GNR 202863 del 7 de julio de 2015, SUB 203699 del 31 de julio de 2018, la administradora le negó el reconocimiento. 7. En razón a la negativa de Colpensiones, promovió proceso ordinario laboral en el que solicitó condenar a tal entidad al reconocimiento de su pensión de vejez a partir del 26 de febrero del 2001, bajo los parámetros del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 758 de 1990. En dicho proceso, además, solicitó la declaratoria de que prestó sus servicios para el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) entre el 26 de enero de 1984 y el 10 de enero de 1986. Por lo tanto, solicitó que se condenara a Colpensiones a convalidar en la historia laboral las semanas que sirvió a dicho ministerio. 8. Mediante sentencia del 13 de mayo de 2022, el Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a Colpensiones de las pretensiones incoadas en su contra. 9. Apelada la decisión, en sentencia del 30 de noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión. Consideró que la demandante no contaba con 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y que por ello no conservó el régimen de transición. 10. En desacuerdo con el citado proveído, la accionante recurrió en casación. Mediante Sentencia SL 1107-2024 del 15 de mayo de 2024, la Sala Tercera de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia recurrida y negó la posibilidad de aplicar el Acuerdo 049 de 1990. Argumentó que no se encontró afiliación ni cotizaciones al Instituto de los Seguros Sociales (ISS) antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues la accionante se afilió al ISS e inició sus cotizaciones en mayo de 1995. 11. La actora considera que la Corte Suprema de Justicia incurrió en una vía de hecho por defecto material, en violación directa de la Constitución y en desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional[5] y de la Sala de Casación Laboral[6], respecto a la posibilidad de acumular los tiempos de servicio cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al ISS, independientemente de si la afiliación a dicho instituto se dio con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. 12. En consecuencia, la accionante, por medio de su apoderado, promovió la presente acción de tutela en la que solicitó: (i) el amparo de sus derechos al debido proceso, igualdad, seguridad social en conexidad con el mínimo vital, vida digna y derechos adquiridos; (ii) dejar sin efectos la decisión emitida por la accionada y se ordene proferir una nueva sentencia teniendo en cuenta el precedente de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia; además de aplicar los principios de favorabilidad, proporcionalidad y equidad. Trámite procesal en primera instancia y respuesta de las accionadas 13. Por auto del 27 de agosto de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela y le corrió traslado a la accionada. Adicionalmente, vinculó al presente trámite a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, al Juzgado 37 Laboral del Circuito de esa ciudad, a Colpensiones y las partes e intervinientes dentro del proceso ordinario laboral No. 11001310503720200007801. Tabla 2. Respuesta de las accionadas y vinculadas Autoridad Síntesis de la respuesta La Corte Suprema de Justicia Expuso que el amparo debe ser negado porque no vulneró los derechos fundamentales invocados. Destacó que la providencia fue adoptada con sustento en la ley y la jurisprudencia vigente de la Sala de Casación Laboral. El Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogotá Reseñó las actuaciones a su cargo y aportó copia del enlace contentivo del expediente laboral. El Tribunal Superior de Bogotá Se remitió a los fundamentos de su providencia y se refirió a las recientes actuaciones del asunto. Colpensiones Manifestó que lo resuelto en el proceso ordinario laboral no vulneró los derechos fundamentales de la demandante. Pidió declarar la improcedencia de la acción constitucional porque no cumple con los requisitos de procedibilidad ante la existencia de cosa juzgada. El Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS Expuso que, una vez revisados los aplicativos de consulta con que cuenta esa entidad, evidenció que no hizo parte ni se vinculó al extinto ISS, como tampoco a ese Patrimonio al presente trámite. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Mintic Señaló que no existe acción u omisión que indique que esa entidad haya vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. Solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. 14. Primera instancia. En providencia del 3 de septiembre de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo. Consideró que la determinación responde a una interpretación razonable de la normatividad que regula la materia y la jurisprudencia relacionada con el tema debatido. No advirtió la vulneración de los derechos fundamentales invocados y tampoco la acreditación de las causales específicas de procedencia de acción de tutela contra providencia judicial o la concurrencia de un perjuicio de carácter irremediable[7]. 15. Impugnación. El apoderado de la señora Ramos Arias afirmó que es evidente que la Corte Suprema de Justicia se niega aplicar el precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional sin explicación alguna, desconociendo las garantías constitucionales de quienes no se afiliaron al régimen de prima media con anterioridad al 1 de abril de 1994[8]. 16. Segunda instancia. Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia impugnada. Consideró que la providencia se advertía razonable, ya que no fue resultado de un criterio subjetivo que conlleve la desviación del ordenamiento jurídico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas[9]. Pruebas que obran en el expediente 17. Obran como pruebas en el expediente: i) el poder conferido por la accionante[10]; ii) la cédula de ciudadanía de la actora[11], iii) el expediente completo del proceso ordinario laboral[12]. Actuaciones en sede de revisión 18. Mediante auto del 30 de mayo de 2025, la Sala de Selección número cinco[13] de la Corte Constitucional seleccionó para revisión el presente asunto y lo repartió a este despacho. 19. En auto del 2 de julio de 2025, se decretaron pruebas tendientes a especificar la situación socioeconómica de la accionante y a obtener su historia laboral actualizada. 20. Mediante respuesta allegada el 10 de julio de 2025, la accionante, por medio de su apoderado, indicó que no cuenta con empleo. Informó que tiene un ingreso de quinientos mil pesos mensuales ($500.000) por concepto de arriendo de una propiedad ubicada en Medellín que heredó junto con 8 copropietarios y es beneficiaria de su esposo en el régimen contributivo de salud. Afirmó no recibir ninguna ayuda económica de familiares, amigos o del Estado. 21. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia allegó respuesta el 10 de julio de 2025. Expuso que la accionante no acreditó una expectativa legítima frente al régimen de transición, dado que inició cotizaciones al ISS en mayo de 1995, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. Acudió a los precedentes contenidos en las sentencias CSJ SL1981-2020 y SL4165-2020, que reafirman la improcedencia de aplicar el Acuerdo 049 de 1990 a quienes no se encontraban afiliados al ISS ni efectuaron cotizaciones antes del 1º de abril de 1994. Indicó que no es de recibo que se pretenda utilizar el presente mecanismo como una instancia adicional para cuestionar un asunto que ya concluyó, el cual, se resolvió mediante una sentencia que contiene argumentos razonables, se encuentra en firme e hizo tránsito a cosa juzgada. Por lo tanto solicitó confirmar las decisiones de tutela y negar el amparo. 22. Por su parte Colpensiones allegó la historia laboral actualizada de la accionante. 23. Posteriormente, el 8 de julio de 2025, el magistrado ponente presentó informe a la Sala Plena de conformidad con el artículo 60 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. Sin embargo, la Sala Plena no asumió el conocimiento del asunto. II. Consideraciones de la Corte Constitucional Competencia 24. De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión es competente para analizar el fallo materia de revisión. Problema constitucional y estructura de la sentencia 25. La accionante, por medio de apoderado interpuso la presente acción de tutela en contra de la Sala Tercera de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior con el fin de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital y vida digna. Esto debido a que, en la sentencia de casación del 15 de mayo de 2024, la accionada le negó la posibilidad de acceder a su pensión de vejez en virtud del Acuerdo 049 de 1990; por lo que considera que la sala incurrió en una vía de hecho por defecto material, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución. 26. Le corresponde a la Corte resolver el siguiente problema jurídico: ¿la autoridad judicial accionada desconoció los derechos al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad de la accionante al incurrir en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución al negarle a la actora la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento de la pensión de vejez, bajo el argumento de que para beneficiarse del régimen de transición y del derecho pensional contemplado en dicho Acuerdo debió afiliarse y cotizar al ISS antes del 1 de abril de 1994? 27. Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado la Sala Novena de Revisión reiterará la jurisprudencia constitucional en relación con: (i) la tutela contra providencia judicial, los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución; (ii) el principio de favorabilidad; (iii) la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; (iv) las reglas jurisprudenciales sobre la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 para quienes no estaban afiliados al ISS para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y; (v) finalmente resolverá el asunto concreto. La tutela contra providencia judicial y los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución 28. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la acción de tutela procede contra los actos y las decisiones expedidos en ejercicio de la función jurisdiccional[14]. A partir de la Sentencia C-543 de 1992 la Corte desarrolló una doctrina sobre el concepto de las vías de hecho judiciales que permitió cuestionar, mediante la acción de tutela, los pronunciamientos de los jueces que fueran ostensiblemente arbitrarios, caprichosos y contrarios a la Constitución[15]. 29. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005 la Corte reconceptualizó su doctrina. Abandonó la categoría de vía de hecho e introdujo la expresión criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Esto con el fin de incluir aquellas situaciones en las que “sí bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”[16]. La Sala Plena sistematizó entonces los requisitos de procedencia de la acción de tutela en estos casos, distinguiendo dos categorías: los requisitos generales de procedencia y las causales específicas de procedibilidad[17]. 30. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales exigen: i) que la cuestión sea de relevancia constitucional; ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial -lo que incluye que la lesión se hubiere alegado en el proceso judicial-, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; iii) que se acredite el requisito de inmediatez; iv) que se demuestre la legitimación por activa y por pasiva; v) cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga la potencialidad de causar un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; vi) que la parte demandante identifique de manera razonable los hechos que generaron la afectación y los derechos vulnerados; y vii) que no se trate de sentencias de tutela[18]. 31. A su vez es necesaria la configuración de al menos una de las causales especiales de procedibilidad que fueron enunciadas así: “a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. i. Violación directa de la Constitución, que es el defecto que se deduce de infringir directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente vinculables a la Constitución”[19]. 32. En suma, la acción de tutela procede contra providencias judiciales cuando se configuran los requisitos generales y al menos una de las causales específicas de procedibilidad mencionadas. 33. A continuación, la Sala precisará el alcance de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la constitución. Tabla 3. Causales específicas de tutela contra providencia judicial[20] Defecto Caracterización Defecto Sustantivo[21] 1. Noción. Se presenta cuando el juez se aparta del marco jurídico aplicable a un caso concreto. 2. Eventos en los que se configura. La Corte Constitucional ha admitido que se presenta un defecto sustantivo cuando: (i) la decisión judicial se soporta en una norma que no resulta aplicable. Esto sucede cuando la norma: a) es impertinente, b) se derogó o perdió vigencia, c) es inexistente, d) se declaró contraria a la Constitución, o e) no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó. (ii) La interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable. La aplicación de la regla es inaceptable por: a) tratarse de una interpretación contraevidente, que desconoce su lenguaje natural o la intención del legislador, b) resulta claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes, siempre que ello no corresponda al efecto jurídico previsto en la disposición objeto de controversia, c) se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, o d) carece de la motivación suficiente, es caprichosa o incongruente. (iii) La aplicación de la norma desconoce la Constitución o una interpretación conforme a la Constitución. Esto sucede cuando: a) no realiza una aplicación de la norma de forma compatible y coherente con el ordenamiento jurídico, en especial de acuerdo con los mandatos de la Constitución, b) la aplicación de una norma que desconoce una sentencia con efectos erga omnes o el precedente constitucional previsto para tal disposición jurídica, o c) se deja de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una manifiesta violación de la Constitución. Desconocimiento del precedente constitucional[22] 1. Noción. Se presenta cuando la Corte Constitucional ha establecido el alcance normativo de un derecho fundamental o definido la interpretación constitucional de un precepto y, sin embargo, el juez natural limita sustancialmente el alcance del derecho, o se aparta de la interpretación constitucional. 2. Características. Se configura si: (i) en la ratio decidendi de una sentencia existe una regla jurisprudencial que puede ser aplicable a futuros casos; (ii) dicha razón resuelve un problema jurídico análogo o semejante al propuesto en el nuevo caso; y (iii) los hechos del caso son equiparables. El juez puede apartarse del precedente constitucional si cumple con la siguiente carga argumentativa: (i) hace referencia al precedente constitucional que decide inaplicar, para efectos de transparencia; (ii) ofrece una justificación razonable, suficiente y proporcionada, que manifieste las razones por las que se aparta de la regla jurisprudencial previa; (iii) demuestra que la interpretación alternativa desarrolla y amplía de mejor manera el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales que defiende el tribunal constitucional. Debe presentar razones suficientes que superen los desacuerdos y explicar por qué tales razones justifican afectar los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y coherencia. 3. Eventos en los que se configura. (i) Se desconoce la interpretación realizada por la Corte Constitucional respecto de su deber de definir el contenido y alcance de los derechos constitucionales. (ii) Se desatiende el alcance de los derechos fundamentales fijados a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela proferidas por la Sala Plena o las distintas salas de revisión. (iii) Se reprocha la vulneración del derecho a la igualdad, el principio de buena fe, confianza legitima y seguridad jurídica, por la inaplicación del precedente constitucional definido en sede de tutela. Violación directa de la Constitución[23] 1. Noción. Se presenta cuando la providencia judicial contraría la obligación que le asiste a todas las autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política, según el cual “la Constitución es norma de normas”. De manera que, en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. 2. Características. Se configura cuando: el juez adopta una decisión que, de manera específica y directa, desconoce los postulados de la Constitución Política. 3. Eventos en los que se configura. La Corte Constitucional ha admitido que se presenta un defecto por violación directa de la Constitución por las siguientes hipótesis: (i) la inaplicación de la Constitución, la cual se presenta cuando la autoridad judicial deja de “aplicar una disposición iusfundamental en un caso concreto”[24], (ii) la aplicación de una disposición abiertamente contraria a la Constitución y (ii) el desconocimiento de la supremacía constitucional, el cual se configura en aquellos eventos en los que la ley es aplicada “al margen de mandatos y principios contenidos en la Constitución” o se ignora “el principio de interpretación conforme con la Constitución”[25]. El principio de favorabilidad 34. El artículo 53 de la Constitución establece que, en caso de duda sobre la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, los jueces deben optar por la solución más favorable al trabajador[26]. Existen dos manifestaciones de este principio. En primer lugar, el principio de favorabilidad en sentido estricto, en virtud del cual el juez que pueda elegir entre dos o más normas vigentes que regulen una misma circunstancia, debe optar por aquella disposición que más beneficie al trabajador. En segundo lugar, el principio in dubio pro operario o de favorabilidad en sentido amplio implica que, ante múltiples interpretaciones de una misma disposición, el juez debe escoger la más provechosa para el empleado[27]. 35. A partir de la Sentencia C-168 de 1995, en la que por primera vez la Corte se refirió al alcance del principio de favorabilidad en su expresión de la condición más beneficiosa, este Tribunal sostuvo que este principio tiene como propósito proteger los derechos adquiridos de los trabajadores, más no las simples expectativas. La Corte Constitucional llegó a esta conclusión al realizar una interpretación conjunta de los artículos 53 y 58 de la Constitución. En virtud de estas normas, existe la prohibición de desmejorar los derechos de los trabajadores que vincula a todas las autoridades públicas y específicamente al legislador, lo cual implica que las modificaciones legislativas que este realice en materia laboral no pueden menoscabar los derechos de los trabajadores, pues de lo contrario desconocerían este principio[28]. 36. En esa línea, la Corte Constitucional ha insistido en que es la misma Carta Política la que le impone al funcionario judicial la obligación de interpretar el ordenamiento a favor del trabajador en asuntos laborales y, en esa medida, restringe la autonomía interpretativa reconocida al juez por la naturaleza de su función (artículos 228 y 230 C.P.)[29]. 37. No obstante, la favorabilidad solo es pertinente, como dispone la Constitución, “en caso de duda” sobre la aplicación e interpretación de las fuentes de derecho (art 53 C.P.). Es decir, la favorabilidad no es viable cuando no existe una duda objetiva sobre la aplicación o interpretación de una fuente de derecho[30]. La Corte Constitucional ha precisado que no cualquier duda habilita al juez para escoger una norma o interpretación determinada. La duda debe ser seria y objetiva, derivada de la solidez jurídica de las posturas encontradas. Además, la duda debe ser respecto de un aspecto normativo y no fáctico. Asimismo, deben concurrir las interpretaciones en juego en un caso concreto; es decir, las normas concurrentes y su hermenéutica deben ser aplicables a los mismos supuestos de hecho[31]. 38. Así las cosas, el principio de favorabilidad ha sido empleado para resolver discusiones respecto de qué régimen aplicar para evaluar las solicitudes de reconocimientos pensionales. En la Sentencia T-090 de 2009, esta Corporación estableció que se debía aplicar la interpretación más favorable para el accionante y concluyó que se cumplían con los requisitos descritos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. En consecuencia, la Corte -en aplicación del principio de favorabilidad- se decantó por una interpretación finalista e histórica, dado que la Ley 100 de 1993 tuvo como objetivo crear un sistema integral de seguridad social que permitiera acumular semanas cotizadas respecto de distintos empleadores (públicos y privados), con el fin de que los trabajadores tuvieran posibilidades reales de alcanzar el número mínimo de semanas necesario para acceder a la pensión de vejez. 39. De acuerdo con la sentencia en cita, la interpretación favorable, además se sustenta en las limitaciones a la acumulación de semanas anteriores al nuevo sistema, pues, aunque las personas permaneciesen vinculadas al mercado laboral, si cambiaban de empleador no era posible acumular cotizaciones para obtener su pensión de vejez. Además, tal interpretación se fundamenta en la filosofía que sostiene la institución de la pensión, la cual busca que el trabajo continuado durante años sea la base para disfrutar de una inactividad remunerada y en condiciones dignas[32]. 40. En suma, al tenor de lo señalado en el artículo 53 superior, el principio de favorabilidad constituye un imperativo constitucional de aplicación directa, por parte de las autoridades administrativas y judiciales encargadas de definir derechos propios del sistema general de seguridad social[33]. Aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 41. El régimen de transición pensional es un mecanismo diseñado para proteger las expectativas de los afiliados a un sistema de pensiones, frente a los cambios normativos que se presenten. Para el efecto, se combinan reglas del régimen anterior con las del nuevo[34]. Se trata de una prerrogativa a la que tienen derecho todas las personas que, al momento de entrada en vigencia del actual Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (SGSSP) tenían una expectativa legítima de acceder al reconocimiento de un derecho pensional en las condiciones establecidas por la normatividad anterior[35]. 42. La Ley 100 de 1993 surgió con la finalidad de unificar las reglas en materia pensional y de establecer un tratamiento igualitario en este ámbito para los trabajadores de los diferentes sectores. Para el efecto, esta regulación permitió la acumulación de tiempos laborados con distintos empleadores y semanas cotizadas en diferentes cajas de previsión social, y recogió los regímenes anteriores bajo el mecanismo del régimen de transición, para proteger a los afiliados frente a los cambios producidos por la modificación legislativa y agrupar dichos regímenes bajo la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD)[36]. 43. Sobre este tema específico, la Sala Plena de esta Corte indicó en la Sentencia C-789 de 2002, que la creación de un régimen de transición constituye un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el momento del tránsito legislativo. 44. En relación con la aplicación de normas anteriores a la Ley 100 de 1993, se debe recordar que el inciso 2° del artículo 36 de dicha ley estableció un régimen de transición para beneficiar a los afiliados al RPMPD que cumplieron, para la fecha de entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, alguno de los siguientes requisitos: (i) tener 35 años de edad las mujeres o 40 años los hombres, o (ii) haber cotizado o prestado 15 años de servicios. 45. La Corte ha concluido que para acceder al régimen de transición se deben cumplir los siguientes supuestos: (i) si es mujer, tener 35 años de edad, o si es hombre, contar con 40 años para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y haber estado, en ese momento, afiliado a un régimen pensional; o (ii) tener 15 años de servicios cotizados para el 1° de abril de 1994, y estar afiliado a un régimen pensional[37]. 46. De conformidad con la Sentencia C-596 de 1997, para tener derecho a los beneficios del régimen transicional, la persona debía (i) pertenecer a alguno de los esquemas pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, los cuales quedaron integrados en el RPMPD en virtud del artículo 36 de dicha normatividad, y (ii) cumplir los requisitos de edad o tiempo de servicios antes señalados[38]. 47. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional más reciente en la materia sostiene que los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que se les aplique entre los regímenes anteriores, aquel que les resulte más favorable, a fin de obtener el reconocimiento de la pensión de vejez[39]. Esto, con fundamento en el principio de favorabilidad en sentido estricto, el principio de igualdad y el de irrenunciabilidad de los derechos laborales[40]. 48. De esta manera, quienes cumplan los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición pueden aspirar a que su derecho pensional se reconozca en atención a los parámetros del Acuerdo 049 de 1990[41], normatividad objeto de controversia en la presente acción, y cuya aplicación se explicará en el siguiente apartado. Aplicación del Acuerdo 049 de 1990 para los beneficiarios del régimen de transición que no estuvieron afiliados al ISS para la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 49. En múltiples ocasiones la Corte ha establecido que bajo el Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990) no es necesario que las cotizaciones se hayan realizado exclusivamente al ISS[42]. En la Sentencia SU-769 de 2014 esta Corporación unificó su jurisprudencia y concluyó que “la interpretación que más se acompasa con los principios de favorabilidad y pro homine, es la que, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, permite acumular los tiempos cotizados a entidades públicas y a empleadores privados, para que aquellas personas que acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, accedan a la pensión de vejez”[43]. 50. A partir de dicha decisión, la jurisprudencia constitucional en la materia ha sido pacífica y es posible rastrear pronunciamientos en esta misma dirección en todas las salas de revisión[44], así como sentencias recientes que reiteran la SU-769 de 2014[45]. 51. En la Sentencia SU-317 de 2021 la Corte indicó que de “la jurisprudencia constitucional se desprende una subregla clara según la cual, a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, es posible acumular los tiempos de servicio cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al ISS, independientemente de si la afiliación a dicho Instituto se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por cuanto se trata de exigencias no contempladas en el Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990)”[46]. 52. Por otra parte, en la Sentencia SU-273 de 2022[47], la Corte Constitucional reconstruyó la línea jurisprudencial vigente desde 2009 sobre la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, bajo una interpretación constitucional favorable al trabajador o de in dubio pro operario. Como subregla de decisión, la Sala Plena expuso que desde la Sentencia T-370 de 2016[48], la jurisprudencia constitucional ha reconocido la posibilidad de aplicar el Acuerdo 049 de 1990 para los beneficiarios del régimen de transición que pretendan obtener el reconocimiento de su pensión de vejez, independientemente de si la afiliación al Instituto de Seguros Sociales ISS se dio con posterioridad a la entrada en vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social. “En la actualidad existe un precedente unificado, pacífico, uniforme y reiterado que rechaza la exigencia de haber estado afiliado o haber cotizado al ISS para la fecha de entrada de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994), como condición para aplicar de manera ultractiva los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990. Eso para peticionarios beneficiarios del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 y por las siguientes razones: (i) porque no existe disposición constitucional, legal o reglamentaria que contenga o sustente tal exigencia; se trata en realidad de una regla sin un sustento adicional al criterio de COLPENSIONES o de algunos jueces que han omitido tener en cuenta el precedente vinculante explicado en los fundamentos jurídicos anteriores; (ii) es contraria a los principios de igualdad, irrenunciabilidad de los derechos laborales y del principio de favorabilidad, pues supone un acto discrecional que impide el reconocimiento de un derecho, sin justificación alguna, y (iii) vulnera derechos fundamentales como la seguridad social, el mínimo vital y la vida, pues trunca la obtención de una mesada pensional para quienes son beneficiarios del régimen de transición y tienen derecho a pensionarse, al cumplir con los requisitos exigidos en aquel régimen que les fuere más favorable, previo al consagrado en la Ley 100 de 1993”[49]. 53. De no acogerse esta subregla jurisprudencial, de carácter iusfundamental y favorable para el trabajador, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que niegan la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, incluso respecto de decisiones judiciales de una alta corporación judicial. En tales eventos, este tribunal ha declarado la configuración de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución. Para soportar esta conclusión, la Sala Plena de la Corte Constitucional desarrolló la fundamentación que pasa a reiterarse. 54. Primero: la amplia autonomía interpretativa que ordinariamente le es reconocida al juez por la naturaleza de su función, se encuentra restringida cuando se trata de asuntos laborales, y ello porque la propia Carta ha impuesto a todo operador jurídico la obligación de interpretar el ordenamiento a favor del trabajador (artículo 53 CP). El juez no puede escoger libremente entre las diversas opciones interpretativas de las fuentes del derecho, “por cuanto ya la Constitución lo ha hecho por él y de manera imperativa y prevalente”[50]. 55. Sobre el examen del Acuerdo 049 de 1990, para el reconocimiento de la pensión de vejez, la Corte ha concluido que a los jueces les corresponde realizar una interpretación y aplicación favorable sobre el alcance del artículo 12 de dicho cuerpo normativo, es decir, la que le permita al trabajador asegurar la aplicación de la excepcionalidad del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y que además reconozca las dificultades de articulación entre los regímenes pensionales que existían con anterioridad al Sistema de Seguridad Social Integral[51]. 56. En el enfoque de la jurisprudencia constitucional ha primado una interpretación del régimen de transición establecido por la Ley 100 de 1993 favorable para el trabajador, que le permitiera a la autoridad administrativa o judicial poder determinar cuál de los regímenes anteriores resultaba más favorable para el solicitante o demandante, con el objetivo de lograr el reconocimiento de su pensión de vejez[52]. 57. Segundo: el principio de favorabilidad en sentido amplio admite, para efectos de acreditar los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, acumular aportes hechos al ISS con tiempos de servicio prestados a entidades del Estado que tenían a su cargo el reconocimiento directo de las prestaciones sociales o semanas aportadas a fondos o cajas de previsión[53]. Para llegar a esta regla de decisión, la Corte Constitucional optó por una lectura teleológica e histórica sobre el alcance del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 respecto del reconocimiento de la pensión de vejez, en aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993[54]. 58. Dicha interpretación finalista e histórica tiene soporte en que la Ley 100 de 1993 tuvo como objetivo crear un sistema integral de seguridad social que permitiera a los trabajadores garantizar sus derechos sociales bajo los principios de eficiencia, universalidad, participación e integralidad. En consecuencia, la seguridad social, pensada como un derecho y no solo como un seguro, tiene por objetivo permitir que las personas accedan, bajo ciertas condiciones y requisitos, a las prestaciones económicas determinadas en el sistema. La Corte ha insistido en que no existe razón admisible a la luz de la Constitución que justifique limitar la acumulación de semanas al beneficiario del régimen de transición que pretende la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, con fundamento en las distinciones normativas que existían entre los trabajadores con anterioridad a la Ley 100 de 1993[55]. 59. Lo anterior porque el Sistema de Seguridad Social Integral lo que pretende es garantizar que el trabajo continuo de una persona sea la base para disfrutar de una prestación pensional y el régimen de transición -que se supone más favorable para el trabajador- no puede representar un retroceso frente a esas garantías laborales y de seguridad social[56]. 60. Esta corporación ha sostenido que la acumulación entre distintos fondos, regímenes pensionales o tiempos de servicio públicos y privados para personas beneficiarias del régimen de transición resulta igualmente admisible desde una interpretación sistemática. La Corte soportó esta conclusión en que la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 era respecto de la edad, los tiempos de cotización y las tasas de reemplazo. Por ende, no incluía las reglas para el cómputo de las semanas cotizadas, razón por la cual respecto de dichas semanas debía aplicarse el parágrafo 1º del artículo 33 de la misma Ley 100 de 1993, que permitía expresamente dicha acumulación. 61. Para la Corte Constitucional, el Sistema de Seguridad Social Integral fue la respuesta a la desarticulación entre los diferentes regímenes pensionales que existían antes de la Ley 100 de 1993, la cual no permitía, como se advertía con el Acuerdo 049 de 1990, la acumulación de tiempos de servicio en diferentes instancias, lo que disminuyó notablemente el acceso a la pensión de vejez y constituyó el fundamento para el cambio de paradigma en el sistema pensional[57]. 62. Tercero: la acumulación referida para la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, no puede condicionarse a que los beneficiarios del régimen de transición estuvieran afiliados al ISS para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. La Corte ha clarificado -a modo de subregla jurisprudencial- que ni Colpensiones, ni las autoridades judiciales en los trámites ordinarios o contenciosos, incluso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, pueden negar el acceso a la pensión de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990 con el argumento de que, aunque el solicitante o demandante era beneficiario del régimen de transición, no podía procederse con la acumulación de los tiempos públicos de cotización por no haber efectuado cotizaciones al ISS antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993[58]. 63. En la Sentencia SU-273 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la interpretación dispuesta desde la Sentencia T-370 de 2016[59] permite aplicar el Acuerdo 049 de 1990 a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 que se afiliaron al ISS con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. 64. En particular, como ya se dijo, en la Sentencia SU-317 de 2021, la Corte Constitucional manifestó expresamente que siguiendo la jurisprudencia de este tribunal se desprende una subregla clara según la cual, a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, es posible acumular los tiempos de servicio cotizados a las cajas o fondos de previsión social con las semanas de cotización efectuadas al ISS, independientemente de si la afiliación a dicho Instituto se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por cuanto se trata de exigencias no contempladas en el Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990). 65. Además de la interpretación finalista, histórica y sistemática del Acuerdo 049 de 1990, la Corte Constitucional soportó esta conclusión en que: (i) los requisitos para acceder a los derechos del Sistema General de Pensiones se acreditan ante el sistema y no ante las entidades que lo conforman[60]; (ii) el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, no exige que a efectos de contabilizar las semanas cotizadas, estas sean exclusivamente aportadas al Instituto de Seguros Sociales[61]; y (iii) tampoco existen otras disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias que sustenten esta exigencia, sino que se trata -de facto- de una regla impuesta por Colpensiones[62]. 66. Sobre este último elemento, la Corte precisó que al tratarse de la aplicación del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el asunto se relaciona directamente con una materia vinculada con los derechos fundamentales, especialmente con el derecho a la seguridad social, por lo que su estructuración se encuentra sujeta a reserva de ley. En consecuencia, su regulación no puede quedar en cabeza del ejecutivo ni de la entidad pensional, como lo pretende Colpensiones[63]. 67. La Corte Constitucional también ha insistido en que (iv) a una persona beneficiaria del régimen de transición se le puede aplicar una norma previa a la Ley 100 de 1993, con fundamento en el principio de favorabilidad en sentido estricto, el principio de igualdad y el de irrenunciabilidad de los derechos laborales, así como con base en la protección efectiva de los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna. Lo importante para el caso de los beneficiarios del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, es que la autoridad judicial o administrativa puede definir cuál de todos los regímenes anteriores resulta el más favorable para el solicitante, con el objetivo de que logre el reconocimiento de su pensión de vejez. 68. En conclusión, desde el año 2016, para la aplicación de las disposiciones previstas en el Acuerdo 049 de 1990, la jurisprudencia constitucional admite la posibilidad de acumular entre distintos fondos, regímenes pensionales o tiempos de servicio públicos y privados. Esto con el propósito de reconocer la pensión de vejez a los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, independientemente de si la afiliación al ISS se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[64]. Caso concreto 69. La señora Lilia Mercedes Ramos Arias, por medio de apoderado, interpuso la presente acción de tutela en contra de la Sala Tercera de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior con el fin de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital y vida digna. Esto debido a que, en la sentencia de casación del 15 de mayo de 2024, la accionada le negó la posibilidad de acceder a su pensión de vejez en virtud del Acuerdo 049 de 1990, por lo que considera que la Sala incurrió en una vía de hecho por defecto material, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución. Por lo tanto, le corresponde a la Corte determinar si se configuraron los defectos invocados por la accionante. Se satisfacen los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 70. En este apartado la Corte estudiará si la tutela interpuesta satisface los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, de conformidad con las reglas dispuestas en la Sentencia C-590 de 2005, ya que su examen exige mayor rigurosidad en estos casos[65]. Lo anterior, debido a que corresponde a un pronunciamiento del juez natural, que además es órgano de cierre de la respectiva jurisdicción[66]. 71. Legitimación por activa y pasiva. Se cumple este requisito dado que la acción de tutela fue promovida por la accionante, como titular de los derechos alegados, quien presentó su solicitud de amparo mediante apoderado judicial[67]. Asimismo, la acción de tutela fue instaurada contra la Sala Tercera de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, autoridad que profirió la decisión que se cuestiona y a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales. 72. Adicionalmente, se vinculó al trámite constitucional a: (i) todas las autoridades judiciales que tuvieron conocimiento de la controversia en el proceso ordinario; (ii) Colpensiones, entidad que en sede administrativa le negó el reconocimiento de la pensión de vejez a la accionante y que actuó como parte demandada en los procesos ordinarios laborales; y (iii) el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación – PAR ISS en liquidación, administrado por Fiduagraria S.A. 73. En esa línea, se satisface el requisito de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Sala Tercera de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a la que se le acusa de la vulneración de los derechos fundamentales; también se cumple frente al Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, autoridades judiciales que participaron en el trámite de primera y segunda instancia en los procesos ordinarios laborales y que negaron las pretensiones de la accionante. Finalmente se satisface la legitimación en la causa por pasiva respecto de Colpensiones, como tercero con interés en el resultado del proceso de tutela. 74. Sin embargo, se advierte que Fiduagraria S.A., en su condición de administradora del PAR ISS, no hizo parte del proceso ordinario laboral y carece de competencia para reconocerle una eventual pensión de vejez. A su vez, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones también carece de competencia para reconocerle a la actora una eventual pensión de vejez. Por consiguiente, se ordenará su desvinculación del trámite de tutela en la parte resolutiva de esta sentencia, por falta de legitimación en la causa por pasiva. 75. Inmediatez. El 15 de mayo de 2024 se profirió la decisión que se cuestiona. Posteriormente, el 23 de agosto de 2024, se presentó la acción de tutela. En consecuencia, se encuentra satisfecho este requisito ya que trascurrieron tres meses y ocho días entre la decisión de la accionada y la presentación de la acción de tutela, lo cual se estima razonable. 76. Subsidiariedad. La Sala advierte que en el presente caso la actora agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios que tenía a su alcance para lograr el reconocimiento de la pensión de vejez. Al respecto interpuso demanda ordinaria laboral en contra de Colpensiones. Ese proceso judicial agotó el trámite de primera, segunda instancia y casación con una decisión desfavorable para la accionante. 77. Además, en casos como los que aquí se plantean, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que niegan la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 por no haber efectuado cotizaciones antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, incluso respecto de decisiones de una alta corporación judicial[68]. Finalmente, se debe advertir que el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social – CPTSS no contempla ningún medio de impugnación que permita controvertir lo resuelto en sede de casación y, además, no se presentan nuevos hechos o circunstancias que lleven a que se configure alguna de las causales que permitan la procedencia excepcional del recurso extraordinario de revisión[69]. 78. Identificación razonable de los hechos y los derechos vulnerados. Para la Corte, esta exigencia se satisface porque la accionante identificó los hechos que, en su opinión, dieron lugar a la afectación de los derechos fundamentales. Tanto en el marco de la acción de tutela como en el proceso ordinario laboral, la actora expuso con claridad el conjunto de circunstancias fácticas y jurídicas que, desde su perspectiva, vulneran sus derechos fundamentales. Explicó y soportó documentalmente como, para ella, se cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez previstos en el Acuerdo 049 de 1990. En consecuencia, presentó múltiples peticiones ante Colpensiones para el reconocimiento de la pensión de vejez, sustentó sus pretensiones ante la justicia o...