Sentencia T-354 de 2025

T-354-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-354/25 DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y MINIMO VITAL-Vulneración/DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUSTITUCION PENSIONAL-Desconocimiento cuando se exige que se prueben circunstancias adicionales a las que están previstas en la ley la AFP ... vulneró el derecho al debido proceso administrativo, a la seguridad y al mínimo vital de los accionantes, al exigirles cargas adicionales a las previstas en la ley para estudiar la solicitud de reconocimiento de sustitución pensional. ACCIÓN DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL-Procedencia cuando los mecanismos ordinarios de defensa no son idóneos, eficaces, ni proporcionados ACCIÓN DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL-Procedencia excepcional a favor de sujetos de especial protección constitucional o personas en circunstancias de debilidad manifiesta ACCIÓN DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL PARA HIJO EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD-Procedencia excepcional SUSTITUCION PENSIONAL DE COMPAÑERA PERMANENTE-Procedencia material de la acción de tutela transitoria por estar verificada la amenaza al mínimo vital de la accionante PERJUICIO IRREMEDIABLE-Características SUSTITUCION PENSIONAL Y ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Caso en que procede tutela por configurarse perjuicio irremediable SUSTITUCIÓN PENSIONAL-Naturaleza, finalidad y principios constitucionales DEPENDENCIA ECONOMICA-Reglas para determinarla SUSTITUCIÓN PENSIONAL-Requisitos que debe acreditar el hijo en situación de discapacidad para ser beneficiario PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA EN EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL-Beneficiario debe acreditar la relación filial, la dependencia económica y la condición de invalidez SUSTITUCIÓN PENSIONAL-Requisitos que debe acreditar cónyuge o compañera(o) permanente del causante, ser mayor de 30 años de edad y demostrar la vida marital durante los 5 años anteriores a la muerte SUSTITUCION PENSIONAL PARA CONYUGE SUPERSTITE Y COMPAÑERA PERMANENTE-Reconocimiento proporcional a la convivencia PENSION COMPARTIDA ENTRE CONYUGE SUPERSTITE Y COMPAÑERA(O) PERMANENTE-Jurisprudencia constitucional DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL DE HIJO EN CONDICION DE INVALIDEZ-Caso en que se desconoció el principio de libertad probatoria para acreditar la condición de discapacidad mental e invalidez del agenciado SUSTITUCIÓN PENSIONAL-Orden de reconocer sustitución de pensión de invalidez, por cuanto accionante cumple requisitos REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Cuarta de Revisión- SENTENCIA T-354 DE 2025 Referencia: Expediente T-10.521.156 Asunto: Acción de tutela interpuesta por la señora María, quien actúa en nombre propio y en calidad de persona de apoyo de José, en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Magistrado ponente: Vladimir Fernández Andrade Síntesis de la decisión: La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional estudió el caso de dos personas que solicitaron a la AFP Protección S.A. el reconocimiento y pago de una sustitución pensional. El primer solicitante es una persona mayor de edad en situación de discapacidad y la segunda solicitante es una mujer de 69 años que refirió ser compañera permanente del pensionado fallecido y quien, además, actúa como persona de apoyo de su hijo, el primer solicitante, de conformidad con la formalización del acuerdo de apoyo que se realizó a través de escritura pública ante notario. La parte accionante reprochó que, para la fecha de presentación de la solicitud de amparo, la señora Ana (también de 59 años) percibía el 100% de la acreencia pensional en cuestión. Frente a la solicitud promovida, Protección S.A. se sustrajo de realizar un estudio de fondo, al estimar que los solicitantes no allegaron los documentos que acreditaban el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para tal fin. Al respecto, la Sala determinó que la AFP Protección S.A. vulneró el derecho al debido proceso administrativo, a la seguridad y al mínimo vital de los accionantes, al exigirles cargas adicionales a las previstas en la ley para estudiar la solicitud de reconocimiento de sustitución pensional. En esa medida, la Sala reiteró que las administradoras de pensiones obran al margen de la Constitución Política cuando exigen a los solicitantes de la sustitución pensional requisitos adicionales a los dispuestos en la ley. La Sala explicó que los solicitantes de esta prestación gozan de libertad probatoria para acreditar la condición de discapacidad que los hizo dependientes del causante. Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticinco (2025). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, en ejercicio de sus competencia legales y constitucionales, ha proferido la siguiente sentencia, con base en los siguientes: I. ANTECEDENTES Anotación: En atención a que en el proceso de la referencia se encuentran involucrados derechos fundamentales de una persona en situación de discapacidad y que, por ende, se puede ocasionar un daño a su intimidad, se registrarán dos versiones de esta sentencia, una con los nombres reales que la Secretaría General de la Corte remitirá a las partes y autoridades involucradas, y otra con nombres ficticios que seguirá el canal previsto por esta corporación para la difusión de información pública. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 1437 de 2011, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, el Reglamento de la Corte Constitucional y la Circular Interna No. 10 de 2022 de esta corporación[1]. A. Hechos relevantes 1. El señor Juan falleció el 03 de marzo de 2023. Para el momento de su deceso y desde el 06 de septiembre de 2001, estuvo afiliado a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. (en adelante “AFP Protección”) del cual percibía una mesada pensional por vejez, en la modalidad de retiro programado. 2. Así mismo, se advierte que el señor Juan ostentó el rango de sargento viceprimero retirado de la Policía Nacional y que, a partir del 21 de septiembre de 1996, la Caja de Sueldos de Retiros de la Policía Nacional (en adelante, “CASUR”) reconoció a su favor una asignación mensual de retiro en cuantía equivalente al 74% del sueldo básico y de las partidas legalmente computables para el cargo. 3. De otra parte, la señora María afirma que, en el año 1983, comenzó una relación sentimental con el señor Juan de la cual nacieron dos hijos: Miguel y José, quienes actualmente son mayores de edad. Expuso que, “solo fomaliza[ron] la unión marital de hecho desde el 22 de marzo de 2007 en la ciudad de Bogotá D.C., y luego en la vereda de Vilú municipio de Natagaima, hasta el 03 de marzo de 2023, fecha de su fallecimiento, habiendo convivido como marido y mujer de manera continua e ininterrumpida, sufragando [su] compañero, los gastos de la casa con lo devengado [por concepto de] mesada pensional de retiro”[2]. La señora María adujo que no adelantaron un proceso para declarar la unión marital de hecho porque el señor Juan tenía un matrimonio “válido y sin disolución” que se los impedía. 4. Refiere que, José, hijo del señor Juan, nació el 25 de agosto de 1994[3]. Así mismo que desde los 17 años, José inició síntomas de “orden psicótico”[4], por lo cual, se le diagnosticó en un inicio con “esquizofrenia indiferenciada”. Según concepto del 28 de marzo de 2019, emitido por su médico psiquiatra tratante, padece esquizofrenia “enfermedad crónica irreversible con pronóstico pobre, que requiere tratamiento farmacológico de manera indefinida con alto riesgo de recaídas”. Posteriormente, se determinó que sufre “esquizofrenia paranoide”[5]. 5. Señala que el 02 de noviembre de 2022, el señor Juan, quien para entonces tenía 68 años, rindió una declaración con fines extraprocesales ante el notario único de Natagaima (Tolima)[6]. En dicha declaración, afirmó: “Me llamo Juan, mayor de edad, de 68 años de edad, identificado con la cédula de ciudadanía (…) de Buenaventura Valle, natural del Líbano Tolima, con residencia en el Sector de la Virginia vereda de Velú municipio de Natagaima, pensionado de la Policía Nacional, casado y separado con la señora Ana y convivo actualmente en unión libre con la señora María. SEGUNDO: DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO: que puedo decir, que conocí a la señora María, e iniciamos una relación no formal desde el año de 1983, y habiendo procreado nuestros hijos Miguel de 33 años de edad y José de 27 años de edad, y fue solo hasta el 22 de marzo del año 2007, cuando en la ciudad de Bogotá D.C., formalizamos una relación de pareja, en unión marital de hecho conviviendo como marido y mujer: teniendo la residencia en algunos barrios de esa capital como CHIA, KENEDY y otros, para finalmente fijar nuestra residencia desde el año 2016 en la vereda Velú, Sector de La Virginia municipio de Natagaima, hasta el día de hoy, donde hemos convivido de manera continua e ininterrumpida, habitando siempre bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa, desde el momento en que formalizamos la unión marital de hecho, el 22 de marzo de 2007, siendo el suscrito Juan quién sufraga todos los gastos de la casa como vestuario, alimentación, medicamentos, y demás que demandan el sostenimiento del hogar. TERCERO: Debo agregar que soy retirado y pensionado de la Policía Nacional, y por ello tuve a mi hijo Miguel afiliado en salud en Casur hasta cuando cumplió la mayoría de edad y sigue afiliado en salud y en Casur nuestro hijo José de 27 años, debido a su discapacidad, por presentar la enfermedad ESQUISOFRENIA (SIC) PARANOICA, sin que, según los especialistas de la medicina, pueda tener una mejoría o recuperación de sus quebrantos de salud. CUARTO: Bajo juramento declaro que me casé por el rito católico en el año 1979, con la señora Ana y sin tramitar el divorcio nos separamos de hecho y jamás volvimos a convivir como esposos desde el mes de marzo de 2007. Que tuvimos nuestros hijos Darío (fallecido), Fabiola, Andrés y Alejandro, todos mayores de edad. QUNTO: LAS DECLARACIONES LAS REQUIERO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE CASUR O QUIEN CORRESPONDA”[7]. (Subraya fuera del texto original) 6. Sostiene que, con ocasión del fallecimiento del señor Juan, se iniciaron ante la AFP Protección dos trámites de sustitución pensional, por distintos grupos familiares: (i) El 25 de marzo de 2023[8], la señora María, en calidad de compañera permanente del señor Juan y el señor José, en calidad de hijo en situación de discapacidad solicitaron ante la AFP Protección el reconocimiento de la referida sustitución pensional. Sin embargo, dicha petición no fue tramitada, porque la entidad rechazó el poder que, para el efecto, confirió la parte accionante a un apoderado judicial “ya que hac[ía] falta adjuntar [acuerdo de] apoyo, ya que la señora [María] está manifestando representación de su hijo mayor de edad por discapacidad, cuya representación requiere documento de apoyo”[9]. (ii) El 24 de mayo de 2023[10], la señora Ana, en calidad de cónyuge del causante, promovió ante la AFP Protección el reconocimiento de la sustitución pensional del señor Juan. El 29 de agosto de 2023, la referida AFP accedió a lo pretendido y notificó a la solicitante que “luego de realizar el análisis de la cuenta individual [del] afiliado fallecido (…) y acorde con los lineamientos legales, procede[n] a reconocer la prestación económica por sobrevivencia, lo anterior por cuanto se logró establecer que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003”[11]. Así, se dispuso que la sustitución pensional se reconocía en los siguientes términos: Gráfica No. 3 Beneficiarios Parentesco Porcentaje de pensión Ana Cónyuge 100% 7. Aunado a lo anterior, el 30 de marzo de 2023, la señora Ana, en calidad de cónyuge supérstite, solicitó ante CASUR, el reconocimiento de la sustitución de la asignación mensual de retiro del señor Juan. Así mismo, el 17 de abril de 2023, la señora María presentó, ante la referida entidad, la misma solicitud, en calidad de compañera permanente del señor Juan y en favor del joven José, en condición de hijo en situación de discapacidad. 8. Sobre el particular, CASUR, a través de Resolución número 6763 del 09 de noviembre de 2023, resolvió: (i) reconocer una sustitución de asignación mensual de retiro, a partir del 03 de marzo de 2023 al señor José, en calidad de hijo en situación de discapacidad, en cuantía equivalente al 50% de la prestación que devengaba su padre fallecido y ordenó el pago por nómina a partir del 01 de abril de 2023. Además, (ii) suspendió el trámite de la sustitución de asignación mensual de retiro por el 50% remanente que pueda corresponder a la señora Ana, en calidad de cónyuge supérstite, o a la señora María, en calidad de compañera permanente. Lo anterior, en virtud del artículo 146 del Decreto 1213 de 1990 que prevé “si se presentare controversia judicial o administrativa entre los reclamantes de una prestación por causa de muerte, el pago de la cuota en litigio se suspenderá hasta tanto se decida judicialmente a que persona corresponde el valor de la cuota” [12]. 9. De otra parte, el 26 de agosto de 2023, el señor José, en calidad de titular del acto jurídico, formalizó un acuerdo de apoyo con su madre María, a través de escritura pública número 218, otorgada en la Notaría Única del Círculo de Natagaima (Tolima)[13]. Esto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”[14]: Gráfica No. 1 Titular del acto jurídico José Persona designada como apoyo María Actos jurídicos para los que se formaliza el acuerdo de apoyo Entre otros, “Solicitar ante caja de sueldos de retiro de la policía nacional CASUR, ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes por ser, hijo del Señor Juan Pensionado, por la policía Nacional la cual sería otorgada por la policía Nacional a la que consider[a] tener derecho por [su] discapacidad. De ser necesario para adelantar el trámite y/o reconocimiento de la pensión de sobreviviente que [le] pueda corresponder ante CASUR Y POTECCION. [la persona de apoyo] podrá designar los abogados o personas naturales o jurídicas para lograr el éxito de las reclamaciones a las que consider[a] tener derecho, con las facultades establecidas en el código en el código general del proceso código procesal administrativo y de lo contencioso administrativo y demás normas legales. Elevar derechos de petición, iniciar procesos administrativos ante esa jurisdicción, presentar tutelas, y ejercer los recursos a que haya lugar, desistir, conciliar, y en general todas las actuaciones judiciales, administrativas y civiles, para el cabal cumplimiento de esas funciones a [su] favor”. Vigencia 5 años 10. Así mismo, se advierte que el 24 de noviembre de 2023, el Grupo Médico Laboral Seccional de Sanidad del Tolima de la Policía Nacional emitió el dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral del señor José[15], en el cual se establece: Gráfica No. 2 Porcentaje de pérdida de la capacidad laboral Origen Fecha de estructuración 85% EC (común) Año 2011 11. El 29 de noviembre de 2023, la señora María radicó nuevamente ante la AFP Protección, en la ciudad de Ibagué, la solicitud de prestación económica por sobrevivencia[16], a través del “código único de asesoría: S23N38508”, por medio de apoderado judicial. 12. Afirma que el 06 de diciembre de 2023, la AFP Protección le informó la recepción efectiva de los documentos para dar inicio al trámite de sustitución pensional[17]. Sin embargo, al consultar “unos días después” la página web de la accionada, advirtió que la entidad había rechazado algunos de los documentos, tal y como se transcribe a continuación[18]: Gráfica No. 4 Nombre documento rechazado Motivo de rechazo Descripción documento rechazado Fotocopia del registro civil de nacimiento del afiliado Incompleto Documento incompleto, en el nombre del afiliado adjuntar registro civil de nacimiento del afiliado completo y legible para validación. Declaración juramentada de convivencia Incompleto Documento incompleto. El declarante debe conocer a la pareja desde antes o iniciada la convivencia de hecho. Declaración extra - juicio de dependencia económica de José Incompleto Documento incompleto. Adjuntar declaración extra – juicio de dependencia económica donde indique si dependía o no del afiliado fallecido, la declaración debe ser rendida por el beneficiario hijo. Remisión para valoración médica del reclamante del hijo José Documentación pendiente Adjuntar formato para remisión médica del beneficiario hijo completo y legible para validación. Sentencia de Curaduría definitiva o provisional del curador Incompleto Documento incompleto. Adjuntar nombramiento de curador o guardador definitivo por juzgado de familia firmado por un juez. 13. En atención a lo expuesto, señala que, en enero de 2024, “cargó en dos oportunidades los documentos demandados por PROTECCIÓN S.A. en la página que se [les] instruyó, pero nunca econtra[ron] una respuesta o una anotación nueva”[19]. 14. Ante ese panorama, el 11 de mayo de 2024, indica que, a través de apoderado judicial, radicó un escrito ante la AFP Protección[20] en el que dio explicaciones respecto a los documentos solicitados. 15. Afirma que, el 04 de junio siguiente, solicitó nuevamente ante la AFP Protección[21]el reconocimiento y pago de “la sustitución pensional” del señor Juan, a su favor, en calidad de compañera permanente y del señor José, en condición de hijo en situación de discapacidad. Junto a dicha petición, remitió los documentos que, a su juicio, fueron solicitados por la entidad. Así mismo, agregó que estaban “dispuestos a aceptar la parte que le pueda corresponder a quien fuera la esposa del causante, considerando que, aunque no había una convivencia conjunta ni convivía con su esposa, por estar ligada por matrimonio, puede corresponderle un derecho, y tal como sea liquidada por la Entidad de Protección, para evitar procesos judiciales injustificados”[22]. 16. El 14 de junio de 2024, la AFP Protección dio respuesta a la petición en cita[23] y señaló que, al consultar el sistema de información de la entidad, el trámite en cuestión se encuentra en estado “DOCUMENTOS RECHAZADOS INCOMPLETOS”, comoquiera que “los documentos que fueron enviados o radicados para iniciar el trámite formal fueron rechazaron [sic] debido a que se encuentran incompletos o alguno de ellos no está correcto”. En concreto, especificó que los documentos pendientes son: “-Nombramiento Curador o Guardador: Documento incompleto. Adjuntar nombramiento de curador o guardador definitivo por juzgado de familia firmado por un juez. - Registro Civil de Nacimiento Afiliado: Documento incompleto en el nombre del afiliado. Adjuntar Registro Civil de Nacimiento del Afiliado completo y legible para validación. - Declaración de Convivencia: Documento incompleto. El declarante debe conocer a la pareja desde antes o iniciada la con vivencia de hecho. - Formato para remisión Medica Beneficiario: Adjuntar Formato para remisión Medica del Beneficiario hijo completo y legible para validación. - Declaración extra - juicio de dependencia económica Beneficiaro: Documento incompleto. Adjuntar declaración extra - juicio de dependencia económica donde indique si dependía o no del afiliado fallecido La declaración debe ser rendida por el beneficiario hijo”[24]. B. Trámite de la acción de tutela (i) Presentación y admisión de la demanda de amparo 17. El 08 de julio de 2024, la señora María de 69 años, obrando en nombre propio y en calidad de persona de apoyo del señor José, interpuso acción de tutela en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., al considerar vulnerados los derechos de petición, al debido proceso, a la igualdad, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social[25]. 18. En el escrito de demanda, la accionante afirmó que entre ella y el señor Juan existió una unión marital de hecho “de manera continua e ininterrumpida desde el 22 de marzo de 2007 hasta el tres de marzo de 2023, fecha de su fallecimiento”. Asimismo, resaltó que su compañero permanente era quien sufragaba “los gastos de la casa con lo devengado por la mesada pensional”. Expuso que, si bien desde el mes de marzo de 2023, quiso dar inicio al trámite de reconocimiento de la sustitución pensional ante la AFP Protección, la entidad ha rechazado continuamente su solicitud por considerar que la misma no cuenta con la documentación completa[26]. 19. En atención a lo señalado, la señora María consideró que la AFP Protección vulneró sus derechos fundamentales y los de su hijo José. En consecuencia, solicitó que se ordene a la entidad accionada: (i) Resolver “de fondo y derecho” la petición que presentó el 11 de mayo de 2024 con base en los argumentos y en las pruebas presentadas. (ii) Aceptar la copia remitida del (a) registro civil de nacimiento del afiliado fallecido; (b) las declaraciones extraprocesales surtidas ante notario público por los señores Isabel, Antonio, Juan y María con el fin de probar la existencia de la unión marital de hecho entre los dos últimos y la dependencia económica de los accionantes respecto al causante; (c) el formato para remisión médica beneficiario. (iii) Adelantar los trámites médicos y administrativos para que sea calificada la pérdida de capacidad laboral del señor José “de acuerdo con las directrices del artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y el Manual Único de Calificación laboral”. (iv) Reconocer el acuerdo de apoyo formalizado a través de la escritura pública número 218 del 26 de agosto de 2023 otorgada en la Notaría Única del Círculo de Natagaima (Tolima) como sustituto al “nombramiento de curador o guardador definitivo por juzgado de familia firmado por un juez” que solicita la entidad. (v) Reconocer y pagar al señor José, en calidad de hijo en situación de discapacidad y con dependencia económica del causante, el porcentaje que corresponda de la mesada pensional derivada del fallecimiento de su padre. (vi) Reconocer y pagar a la señora María, en calidad de compañera permanente, el porcentaje que corresponda de la mesada pensional derivada del fallecimiento del señor Juan. 20. El 09 de julio de 2024, el Juzgado 13 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué admitió la solicitud de amparo[27]. (ii) Respuesta de la AFP Protección S.A.[28] 21. La entidad accionada sostuvo que la acción de tutela promovida no satisface los requisitos generales para su procedencia. En particular, afirmó que no se satisface el requisito de subsidiariedad y que la parte accionante no logró probar la presencia de un perjuicio irremediable. En su criterio, los accionantes disponen de otras acciones legales específicas previstas en el ordenamiento jurídico para solicitar el cumplimiento de sus derechos ante la jurisdicción ordinaria laboral. Agregó que se trata de una controversia meramente económica y que no se satisface el requisito de inmediatez dado que transcurrieron 8 meses desde que se brindó la asesoría inicial. 22. Ahora bien, frente a la presunta vulneración del derecho de petición, refirió que, con el fin de atender dicha solicitud, el día 11 de julio de 2024, Protección S.A. “remitió con sus correspondientes soportes anexos, respuesta de fondo en el caso, clara, detallada, precisa, punto por punto frente a lo pedido” y notificó en debida forma a la accionante al correo electrónico dispuesto para estos efectos en la petición. En ese sentido, solicitó que se declare una carencia actual de objeto por hecho superado respecto a estas pretensiones. 23. En sustento de lo expuesto, la accionada aportó oficio “Rad. SER – 09334341” del 11 de julio de 2024[29]. En este documento, la AFP Protección reiteró que la documentación que aportó la parte accionante para el trámite de reconocimiento de la prestación económica por sustitución pensional se encontraba incompleta. Así, hizo referencia al listado de documentos ya expuestos [véase supra 16]. Por lo demás, informó a los accionantes “que una vez la documentación se encuentre completa, se dará continuidad a su solicitud de prestación económica por sobrevivencia”. 24. En cuanto al conflicto entre posibles beneficiarios de la acreencia en cuestión, sostuvo que debe acudirse a la jurisdicción ordinaria laboral. Esto, en tanto a la señora Ana en calidad de cónyuge del causante, tras haber acreditado la calidad de beneficiaria, se le reconoció en un 100% la pensión de sobrevivencia del afiliado fallecido. Además, recalcó que en las investigaciones realizadas no hubo indicios de que pudiese haber otros posibles beneficiarios, por lo que, a su juicio, resulta indispensable que la parte accionante acredite con la documentación requerida tener igual o mejor derecho que la señora Ana y, de hacerlo y ser del caso, proceder con la redistribución de los porcentajes y mesadas. 25. En suma, señaló que en virtud de la “legislación vigente [esa] administradora requiere de una decisión judicial emitida por un Juez Ordinario Laboral para lograr dirimir la controversia suscitada entre las partes reclamantes y poder definir EN FAVOR DE QUIEN O DE QUIENES HABRÍA LUGAR A RECONOCER LA POSIBLE PRESTACION PENSIONAL QUE PUDO HABER DEJADO CAUSADA [el afiliado] AL MOMENTO DE SU MUERTE”. 26. Por último, precisó que no existe una petición en curso en relación al reconocimiento y pago de la mesada que se pretende “por falta de documentos solicitados a cargo de la parte accionante” y que, en la asesoría brindada por la entidad el 29 de noviembre de 2023[30], se le explicó con claridad a la parte actora “las etapas que se surtirían en el trámite y la documentación que debía ser aportada para realizar el análisis del caso y definir la solicitud de prestación pensional, lo cual fue aceptado LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE”. (ii) Auto de vinculación 27. En auto del 17 de julio de 2024, el Juzgado 13 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué dispuso vincular al trámite de tutela a la señora Ana, en calidad de cónyuge del señor Juan. Sin embargo, la señora Ana guardó silencio. C. Decisiones judiciales objeto de revisión 28. En el presente caso son objeto de revisión los fallos de tutela de primera y segunda instancia proferidos por el Juzgado 013 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué y el Juzgado 002 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad, respectivamente. (i) Fallo de tutela de primera instancia[31] 29. En sentencia del 22 de julio de 2024, el Juzgado 13 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué resolvió “negar el amparo deprecado”. Para justificar su decisión, señaló que “frente a la falta de reconocimiento y pago de la de sustitución pensional, el amparo es improcedente”, dado el carácter residual que caracteriza la acción de tutela. La referida autoridad sostuvo que la solicitud de amparo no supera el requisito de subsidiariedad dado que la parte accionante omitió acudir de forma preliminar ante la jurisdicción ordinaria. Agregó que lo pretendido implica el reconocimiento de una mesada pensional y la redistribución de esta, asunto que debe ser ventilado ante el juez ordinario y “escapa por completo a la competencia del juez de tutela”. 30. En relación con la pretensión encaminada a salvaguardar el derecho de petición, señaló que la misma fue superada, ya que, en el curso del proceso surtido, la AFP Protección contestó la solicitud formulada en los términos planteados. En ese orden de ideas, concluyó la configuración de una carencia actual de objeto, dada por la estructuración de un hecho superado. (ii) Impugnación[32] 31. En escrito del 26 de julio de 2024, la accionante reprochó que la sentencia no era congruente con el escrito de demanda y las pruebas allí aportadas. Reiteró que la AFP Protección incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues ha omitido su deber de examinar de forma correcta los documentos que se han aportado. (iii) Fallo de tutela de segunda instancia[33] 32. En sentencia del 20 de agosto de 2024, el Juzgado 002 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Ibagué confirmó en todas sus partes el fallo proferido por el a quo. Consideró que los accionantes cuentan con un “juez natural que puede resolver las controversias surgidas en el proceso de reconocimiento y pago de la sustitución pensional”. En línea con lo anterior, señaló que no se demostró de forma sumaria la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela. De otro lado, adujo que el escrito de impugnación no ofrece nuevos argumentos tendientes a controvertir la decisión de primera instancia en cuanto al incumplimiento del requisito de subsidiariedad y no aportó evidencia que permita inferir la imposibilidad de recurrir a otros medios de defensa judicial. D. Trámite de selección 33. La Sala de Selección de Tutelas Número Nueve de 2024, en auto del 26 de septiembre, decidió seleccionar el caso y asignarlo al despacho del magistrado ponente. Para el efecto, se invocaron los criterios de (i) urgencia de proteger un derecho fundamental y (ii) posible violación o desconocimiento de un precedente de este tribunal. E. Actuaciones adelantadas en sede de revisión 34. Auto de pruebas del 10 de diciembre de 2024. En la referida providencia, el magistrado sustanciador decidió requerir a la señora María para que informara: (i) su situación económica actual y la del señor José, sus gastos mensuales, si recibe un ingreso fijo mensual y, de ser así, el monto de este rubro; (ii) la forma en que suple sus necesidades en caso de no contar con un ingreso mensual; (iii) si es propietaria de uno o más bienes inmuebles y, de ser así, la destinación de cada uno de ellos y los posibles valores o rentas por su uso o explotación económica; (iv) si ha iniciado algún proceso judicial distinto a la acción de tutela. 35. Por su parte, se le solicitó a la AFP Protección que informara (i) los fundamentos jurídicos en los que soporta la negativa de reconocimiento de la prestación solicitada por la parte accionante, (ii) los datos de contacto de la señora Ana que repose en su base de datos; y (iii) que entregara copia íntegra de los documentos que aportó la señora Ana en el marco de la solicitud de reconocimiento de la sustitución pensional que adelantó con ocasión del fallecimiento del señor Juan. 36. Por último, se le pidió a la señora Ana informar su situación económica actual, sus fuentes de ingreso, personas a cargo y los demás argumentos y manifestaciones que estimara conveniente efectuar. 37. Declaraciones de la señora María. Durante el trámite de revisión, la accionante presentó en diferentes fechas cinco escritos[34]. En efecto, los días (i) 19 de noviembre de 2024[35]; (ii) 16 y 18 de diciembre de 2024[36]; (iii) 13 de enero de 2025[37] y (iv) 17 de enero de 2025[38]. En sus comunicaciones, manifestó lo siguiente: 38. En escrito recibido el 19 de noviembre 2024, la accionante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de demanda de tutela. En línea, solicitó a la Corte que sean revocados los fallos de tutela de instancia para que, en su lugar, se conceda el amparo de los derechos fundamentales invocados y se ordene a la AFP Protección reconocer y pagar a su favor, en calidad de compañera permanente y del señor José, como hijo en situación de discapacidad, la sustitución pensional del señor Juan. 39. El 16 y 18 de diciembre de 2024, la parte actora respondió a los requerimientos efectuados en el referido auto de pruebas. Informó que su núcleo familiar está compuesto por ella y sus dos hijos José y Miguel. En relación con José, recordó que ella actúa en condición de persona de apoyo según la designación que, en calidad de titular de actos jurídicos, fue efectuada por su hijo a través de escritura pública. De otro lado y respecto a Miguel, refirió que “ha estado recluido en lugar de reposo y hospitalizado por presentar trastornos psicóticos agudos y transitorios conforme a la epicrisis de psiquiatría”[39]. 40. Resaltó que “[su] situación económica es precaria, en consideración a que todos tres [María y sus dos hijos] [viven] enfermos y [requieren] asistencia médica con frecuencia, compra de medicamentos, y gastos de transporte, teniendo en cuenta que [viven] en zona rural y el pasaje por persona de la vereda al pueblo de Natagaima o viceversa, vale CINCO MIL PESOS por cada uno”[40]. Agregó que sus dos hijos dependen económicamente de ella y que, a su vez, ella dependía de los recursos que el señor Miguel aportaba al hogar hasta el 03 de marzo de 2023, fecha de su fallecimiento. 41. Frente a la forma en que el núcleo familiar suple sus necesidades, refirió que la Caja de Sueldos de la Policía Nacional – CASUR, reconoció una sustitución pensional a favor de José, en calidad de hijo en situación de discapacidad del señor Juan en una proporción del 50%, valor que equivale a la suma mensual de dos millones cien mil pesos ($2.100.000). Al respecto, sostuvo que ese era el único ingreso económico que percibía el hogar y que es insuficiente para la cobertura de los gastos básicos. 42. Por otra parte, con relación a los gastos mensuales del hogar, refirió que, por concepto de alimentación, requieren la suma de un millón cuatrocientos mil pesos ($1.400.000) y que con el valor remanente deben asumir los costos de transporte, servicios públicos domiciliarios, salud, vestido y demás necesidades básicas. La señora María agregó que la familia reside en una vivienda que era de su padre fallecido. Al respecto, indicó que “es una sucesión y la casa en la vereda tiene más de 60 años de haber sido construida, incluso está ruinosa”[41]. 43. Por último, en los escritos del 13 y 17 de enero de 2025, la accionante reiteró su situación y la de su núcleo familiar. 44. Declaración de la AFP Protección. En oficio recibido el 23 de enero de 2025, la entidad accionada sostuvo que en ningún momento emitió una negativa a la parte accionante, toda vez que la señora María no superó la etapa de radicación formal de la sustitución pensional. Relató que si bien recibió asesoría preliminar por parte de Protección S.A para iniciar dicho trámite, “hubo lugar a desistir la misma con ocasión de que no aportó la documentación especifica requerida para continuar el proceso” [42]. 45. La entidad precisó que los documentos solicitados son indispensables como elemento probatorio, puesto que permiten validar tanto la identidad del posible beneficiario como el parentesco con el afiliado fallecido, pues al ser un documento oficial debe aportarse en debida forma para verificar la relación entre el señor Juan y los reclamantes. Frente a lo anterior, expuso que, al no encontrarse completa la documentación aportada por la señora María y por el señor José en calidad de solicitantes, la AFP asumió un desistimiento tácito de la solicitud de reconocimiento de la prestación económica por ellos pretendida. 46. Con todo, la entidad afirmó que “en el hipotético caso de que la señora María en calidad de compañera permanente del causante hubiese radicado la solicitud formalmente o lo hiciese en un futuro, lo procedente sería negar la misma por la controversia existente entre beneficiarias, para que sea un juez ordinario laboral quien decida si esta ostenta la calidad de beneficiaria y en qué porcentaje conforme al cumplimiento de los requisitos que contempla el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 12 de la Ley 797 de 2003, acorde al cual, para generar derecho a la pensión de sobrevivientes, el afiliado debe acreditar que cotizó 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores a la fecha del fallecimiento”[43]. 47. Finalmente, en cuanto a José, señaló que una vez se surta la radicación formal para solicitar la prestación pensional por sobrevivencia, “en la cual se haya remitido la totalidad de la documentación, Protección S.A procedería con el análisis del caso y por tanto el estudio del cumplimiento de requisitos para generar el derecho en calidad de hijo mayor con discapacidad”. 48. Declaración de la señora Ana. En oficio remitido el 22 de enero de 2025, Ana, quien fuera cónyuge del señor Juan, informó que padece afectaciones serias de salud “relacionadas con problemas de columna que [le] causan dolor crónico en espalda, cadera y piernas, por lo cual, aparte de los enviados en la EPS que son medicamentos muy básicos, deb[e] comprar otros medicamentos y pagar terapias con fisioterapeuta de manera particular que [le] ayuden a sobrellevar el dolor” [44]. Precisó que su único ingreso económico es la mesada que recibe a cargo de la AFP Protección con ocasión a la sustitución pensional que le fue reconocida a causa del fallecimiento de su esposo. 49. Auto de pruebas y suspensión del 5 de febrero de 2025. En dicha providencia, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas decretó la suspensión de términos del proceso por el término de dos (2) meses contados a partir de la fecha del auto, con la finalidad de recaudar todos los elementos de juicio necesarios para fallar y valorar las pruebas decretadas[45]. Además, decidió requerir a CASUR para que aportara: (i) copia de los documentos remitidos por Ana y María, (ii) copia de la Resolución 6763 del 09 de noviembre de 2023 y (iii) un informe sobre si hay algún trámite judicial sobre la asignación de retiro del señor Juan. También solicitó a María y Ana que informaran si habían iniciado algún proceso judicial con miras a obtener el 50% remanente de la sustitución de la asignación mensual de retiro del señor Juan a cargo de CASUR. 50. Declaración de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. En oficio recibido el 13 de febrero de 2025, CASUR envió los documentos solicitados[46] e informó que “[e]n el Juzgado Administrativo 025 Administrativo de Bogotá, se encuentra demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con numero de radicado 11001333502520240022200. Demandante Ana, Demandado. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, con ocasión al reconocimiento y pago de la sustitución de asignación de retiro por el fallecimiento del señor Juan”[47]. 51. Declaraciones de la señora María. La accionante presentó dos escritos. En el primero, recibido el 13 de febrero de 2025, informó que no se encuentra en curso un proceso judicial con miras a obtener el 50% remanente de la sustitución de la asignación mensual de retiro del señor Juan, debido a la falta de recursos; no obstante, narró que, en 2024, otorgó poder a un abogado para que presentara demanda ante lo contencioso administrativo en contra de la Resolución No. 6763 de 2023 y que, actualmente, está adelantando el trámite de solicitar a CASUR los documentos requeridos para solicitar la conciliación, como requisito previo al inicio del proceso contencioso administrativo[48]. En el segundo escrito, recibido el 17 de febrero de 2025, la accionante insistió en controvertir los hechos y documentos que, en su momento, aportó la señora Ana, refiriéndose a las circunstancias “reales”, en las cuales convivió con el fallecido, y reiteró que dicho material probatorio está orientado a favorecer a la señora Ana y a su pretensión de mantener un porcentaje mayor de la pensión de sobreviviente[49]. II. CONSIDERACIONES 52. Con miras a resolver el presente asunto, la Sala seguirá el siguiente esquema: (i) se establecerá la competencia de la Corte para analizar el caso en concreto; (ii) se abordará el examen de procedibilidad de la acción y, en caso de que se supere esta etapa; (iii) se procederá con el planteamiento del problema jurídico y se asumirá la revisión sustancial de los derechos invocados por la parte accionante. A. Competencia 53. Esta Sala de Revisión es competente para proferir sentencia en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86.2 y 241.9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en cumplimiento del Auto del 26 de septiembre de 2024 expedido por la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve, que dispuso el estudio del presente expediente. B. Procedencia de la acción de tutela 54. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, para el ejercicio de la acción de tutela se deben acreditar unos requisitos que permitan establecer su procedencia para resolver el problema jurídico puesto en conocimiento del juez constitucional. Así las cosas, la Sala Cuarta de Revisión procederá a realizar un análisis sobre (i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la inmediatez y, por último, (iii) la subsidiariedad. (i) Legitimación en la causa por activa 55. El artículo 86 de la Constitución establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados podrá interponer acción de tutela, directamente o a través de un representante que actúe en su nombre[50]. 56. La Sala constata el cumplimiento de este requisito- De un lado, la señora María fue designada como persona de apoyo por el joven José. En efecto, a través de la escritura pública número 218 del 26 de agosto de 2023 otorgada en la Notaría Única del Círculo de Natagaima (Tolima), se formalizó el acuerdo de apoyo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1996 de 2019[51] y el Decreto 1429 de 2020[52] cuya vigencia sería de cinco años. En dicho acuerdo, el titular del acto jurídico y persona en situación de discapacidad señaló expresamente que facultaba a su madre, como persona de apoyo, a realizar todos los trámites tendientes a obtener el reconocimiento de una sustitución pensional ante CASUR y la AFP Protección. Asimismo, incluyó la facultad de “presentar tutelas, y ejercer los recursos a que haya lugar, desistir, conciliar, y en general todas las actuaciones judiciales, administrativas y civiles, para el cabal cumplimiento de esas funciones”. 57. Por tanto, la señora María está facultada para solicitar la protección de los derechos de los que es titular su hijo mayor de edad, y, en particular, para presentar el amparo constitucional que está siendo estudiado, pues este fue promovido el 08 de julio de 2024, es decir, con posterioridad al otorgamiento de la escritura pública en la que se le designó como persona de apoyo. 58. En sintonía con lo anterior, la señora María está legitimada para actuar en nombre propio, comoquiera que acudió de manera directa a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales. (ii) Legitimación en la causa por pasiva 59. En cumplimiento del artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 5 del Decreto Ley 2591 de 1991 señala que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. Así mismo, dichas normas prevén que la acción de amparo será procedente, de forma excepcional, contra acciones u omisiones de particulares[53]. Por tal motivo, este tribunal ha señalado que, para satisfacer el presupuesto de la legitimación en la causa por pasiva, se deben acreditar las siguientes condiciones: (i) que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y (ii) que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho fundamental se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión. 60. En el presente asunto, se cumple con los requisitos bajo examen, toda vez que la acción de tutela se dirige contra la AFP Protección, fondo de pensiones al cual estaba afiliado el señor Juan, además es la entidad que, presuntamente, no ha realizado el estudio de fondo del reconocimiento y pago de la sustitución pensional en favor de la parte accionante. En consecuencia, es una entidad privada encargada de la prestación del servicio público de seguridad social dentro del Sistema General de Pensiones, y puede ser demandada a través del recurso de amparo, en virtud de lo previsto en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Por ende, esta Sala observa que el citado fondo de pensiones está legitimado por pasiva. 61. La Sala descarta la posibilidad de que la Caja de Sueldos de Retiros de la Policía Nacional – CASUR integre la parte pasiva de este proceso. Lo anterior, dado que no se advirtió en su contra reproche alguno. En sede de revisión, se constató que dicha entidad reconoció una sustitución de asignación mensual de retiro, a partir del 03 de marzo de 2023 al señor José, en calidad de hijo mayor de edad en situación de discapacidad, en cuantía equivalente al 50% de la prestación que devengaba su padre fallecido y que la señora María no efectuó reparos respecto de la determinación de la entidad de suspender el pago del 50% remanente de la mesada hasta que se resolviera en instancia jurisdiccional a quien corresponde. 62. De otra parte, se advierte que el Juzgado 013 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué vinculó al trámite constitucional a la señora Ana, en calidad de cónyuge supérstite del señor Juan, causante de la pensión cuya sustitución se discute[54] y a quien le fue reconocida el 100% de dicha prestación. Al respecto, la Sala considera que la señora Ana debe permanecer vinculada al proceso, por cuanto tiene interés en lo que se decida, en la medida en que puede resultar afectada. 63. Sobre el particular, cabe recordar que en la Sentencia SU-116 de 2018 de esta corporación señaló que, si bien los terceros no tienen la calidad de partes, puede ocurrir que “se encuentren vinculados a la situación jurídica de una de las partes o a la pretensión que se discute, al punto de que a la postre puedan resultar afectados por el fallo que se pronuncie. (…) En este evento, el interés del cual son titulares los legitima para participar en el proceso, con el fin de que se les asegure la protección de sus derechos”[55]. (iii) Inmediatez 64. Este tribunal ha expuesto que el propósito de la acción de tutela es asegurar la protección inmediata de los derechos fundamentales, como se infiere de lo previsto en el artículo 86 del texto superior. Esto significa que el amparo, por querer del constituyente, corresponde a un medio de defensa judicial previsto para dar una respuesta oportuna, en aras de garantizar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Lo anterior se traduce en la obligación de procurar su ejercicio dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario no se estaría ante el presupuesto material para considerarlo afectado[56]. 65. Si bien la Constitución y la ley no establecen un término de caducidad, en la medida en que lo pretendido con el amparo es la protección concreta y actual de los derechos fundamentales, la jurisprudencia ha señalado que le corresponde al juez de tutela –en cada caso en concreto– verificar si el plazo fue razonable, es decir, si teniendo en cuenta las circunstancias personales del actor, su diligencia y sus posibilidades reales de defensa, y el surgimiento de derechos de terceros, la acción de tutela se interpuso oportunamente[57]. Este cálculo se realiza entre el momento en que se genera la actuación que causa la vulneración o amenaza del derecho y aquél en el que el presunto afectado acude al amparo para solicitar su protección. 66. Para determinar la razonabilidad del tiempo, en procura de establecer si existe o no una tardanza injustificada e irrazonable, entre otras, este tribunal ha trazado las siguientes subreglas[58]: (i) que exista un motivo válido para la inactividad del actor; (ii) que el mismo no vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión o bienes constitucionalmente protegidos de igual importancia[59]; y (iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos del interesado. Excepcionalmente, (iv) si el fundamento de la acción de tutela surge después de acaecida la actuación vulneradora de los derechos fundamentales, de cualquier forma, su ejercicio debe realizarse en un plazo no muy alejado de dicha situación[60]. 67. En el asunto bajo examen, se encuentra acreditado este requisito, pues el 14 de junio de 2024, la AFP Protección dio respuesta a la solicitud de reconocimiento y pago de sustitución pensional formulada por la parte accionante, en el sentido de informar que los documentos remitidos por los solicitantes para tal fin fueron rechazados por encontrarse incompletos o incorrectos. A su turno, la presentación de la acción de tutela se llevó a cabo el 08 de julio del año en cita, es decir, menos de un mes después. (ii) Subsidiariedad 68. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela es (i) improcedente si existe un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico sometido a decisión y no existe el riesgo de que opere un perjuicio irremediable respecto de los derechos alegados. A esta regla general, se adicionan dos hipótesis específicas que se derivan de la articulación de los citados conceptos, conforme con las cuales: (ii) el amparo es procedente de forma definitiva, si no existen medios judiciales de protección que sean idóneos y eficaces para resolver el asunto sometido a consideración del juez; y, por el contrario, es (iii) procedente de manera transitoria, en el caso en que la persona disponga de dichos medios, pero exista la posibilidad de que se configure un perjuicio irremediable. En este último caso, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario. 69. Un mecanismo judicial es idóneo si es materialmente apto para resolver el problema jurídico planteado y es capaz de producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Por su parte, es eficaz cuando permite brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados[61]. Lo anterior implica que el juez constitucional no puede valorar la idoneidad y la eficacia del otro medio de defensa judicial en abstracto. Por el contrario, debe determinar si, de acuerdo con las condiciones particulares del accionante y los hechos y circunstancias que rodean el caso, dicho medio le permite ejercer la defensa de los derechos que estima vulnerados de manera oportuna e integral. 70. Adicionalmente, según la jurisprudencia de esta Corte, “el examen de procedencia de la acción de tutela debe tomar en cuenta las dificultades específicas que los sujetos de especial protección constitucional podrían enfrentar para acceder a la justicia, como sería el caso de los niños, niñas y adolescentes, y las personas en estado de debilidad manifiesta debido al deterioro de su salud”[62]. 71. Así mismo, el juez de tutela debe verificar si puede configurarse un perjuicio irremediable, el cual se caracteriza por ser (i) inminente, es decir, que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el restablecimiento de forma inmediata. 72. En relación con el asunto de referencia, cabe recordar que, en la Sentencia T-234 de 2022, esta Corporación estudió una acción de tutela promovida en contra la UGPP por negar una solicitud de sustitución pensional. En esa oportunidad, la Corte indicó los presupuestos que se deben verificar cuando median este tipo de pretensiones: “a. Que se trate de sujetos de especial protección constitucional; b. Que la falta de pago de la prestación o su disminución genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital; c. Que el accionante haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial con el objetivo de que le sea reconocida la prestación reclamada; y, d. Que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados”. 73. Ahora bien, en relación con los conflictos que surgen entre cónyuges y compañeras permanentes cuando ambas se presentan a reclamar una sustitución pensional, el artículo 6 de la Ley 1204 de 2008 establece que la mitad del valor de la pensión que no corresponda a los hijos, o el 100 % si no hay hijos reclamantes, quedará pendiente de pago mientras la jurisdicción correspondiente define a quién se le debe asignar y en qué proporción, o las dos partes si es el caso, conforme al grado de convivencia ejercido con el causante[63]. En efecto, en principio, la jurisdicción ordinaria o de lo contencioso administrativo, según el caso, son las que deben resolver este tipo de conflictos. 74. En línea con lo expuesto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en atención al principio de juez natural y el carácter excepcional de la acción de tutela, corresponde a la jurisdicción ordinaria decretar y valorar las pruebas aportadas, con el fin de determinar la existencia de convivencia y así adjudicar el derecho de sustitución pensional. Esto, en tanto el despliegue probatorio involucra la recolección de testimonios, según se vio, junto con la implementación de todas las reglas jurídicas para su práctica, por ejemplo, la posibilidad de controvertir las declaraciones o de extenderlas a otros testigos, lo que sin duda desborda prima facie las alternativas del juez de tutela[64]. 75. Sin perjuicio de lo anterior, esta corporación ha advertido que, a pesar de que existe otro medio de defensa judicial para establecer los beneficiarios y porcentajes de una sustitución pensional, la acción de tutela resulta procedente cuando se advierta la afectación al mínimo vital de las personas que solicitan dicha prestación y estos sean sujetos de especial protección constitucional. 76. Bajo ese panorama, el juez debe valorar cuáles son las circunstancias personales del accionante para determinar si las herramientas judiciales ordinarias son idóneas y efectivas. En caso contrario, “el accionante puede reclamar por vía del amparo constitucional el derecho a percibir el pago de prestaciones pensionales, puesto que pueden verse afectadas garantías superiores”[65]. En efecto, en relación con los sujetos de especial protección constitucional, como es el caso de los adultos mayores o de personas en situación de discapacidad, esta corporación ha indicado que someterlos al rigor de un proceso judicial podría resultar desproporcionado y lesivo de sus derechos fundamentales. 77. En el caso objeto de estudio, se advierte que la señora María acude a la acción de tutela a solicitar la protección de sus derechos fundamentales y los de su hijo en situación de discapacidad, José, presuntamente vulnerados por el fondo de pensiones accionado. En particular, se observa que la accionante plantea dos grupos de pretensiones. El primero se encamina a obtener un pronunciamiento de fondo respecto del trámite de sustitución pensional que presentó ante la AFP Protección. Particularmente, que dicha entidad: (i) resuelva de fondo la petición de 11 de mayo de 2024, (ii) acepte los distintos documentos aportados con la solicitud, toda vez que, en su opinión, acreditan los requisitos previstos en la ley para reclamar la referida prestación y (iii) califique la pérdida de la capacidad laboral del señor José, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993. En el segundo grupo, la accionante, en nombre propio, y como apoyo de su hijo en condición de discapacidad, solicita que se les reconozca y pague la sustitución pensional del causante en los porcentajes que correspondan. 78. Bajo ese panorama, se advierte que de resultar procedente la acción de tutela respecto del segundo grupo de pretensiones, las primeras carecerían de objeto en la medida en que se resolverían con la decisión adoptada. Así pues, le corresponde a la Sala de Revisión determinar, en primer lugar, si la acción de tutela resulta procedente para analizar la solicitud de la parte accionante para que les sea reconocida la sustitución pensional del señor Juan. 79. Al respecto, la Sala advierte que se satisface el requisito de subsidiariedad respecto de las pretensiones encaminadas a que se reconozca y pague al señor José, el porcentaje que corresponda de la mesada pensional del señor Juan, en su condición de hijo en situación de discapacidad, pues los mecanismos ordinarios de defensa no son idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. Lo anterior, por cuanto José, de 30 años, es un sujeto de especial protección constitucional, toda vez que es una persona en situación de discapacidad, por la enfermedad que padece “esquizofrenia paranoide”[66] y por su porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el cual fue determinado en un 85%, por enfermedad común, el 24 de noviembre de 2023, por el Grupo Médico Laboral Seccional de Sanidad del Tolima de la Policía Nacional, con fecha de estructuración del año 2011. 80. En segundo lugar, se encuentra probado en el expediente que José dependía económicamente por completo del causante, tal y como consta en la declaración que aquel mismo rindió el 2 de noviembre de 2022 ante la Notaría Única de Natagaima, en la que señaló: “PRIMERO: mi nombre es como quedó escrito, me llamo Juan, mayor de edad, de 68 años de edad, identificado con la cedula de ciudadanía 16.473.795 de Buenaventura Valle, natural del Líbano Tolima, con residencia en el sector de la Virginia vereda de Velu, municipio de Natagaima, pensionado de la Policía Nacional, casado y separado con la señora Ana y convive actualmente en unión libre con la señora María. SEGUNDO: DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO: que puedo decir, que conocí a la señora María, e iniciamos una relación no formal desde el año de 1983, y habiendo procreado nuestros hijos Miguel de 33 años y José de 27 años de edad, y fue solo hasta el 22 de marzo de 2007 cuando en la ciudad de Bogotá D.C. formalizamos una relación de pareja, en unión marital de hecho, conviviendo como marido y mujer; teniendo la residencia en algunos barrios de esa capital como “CHIA, KENEDY” y otros, para finalmente fijar nuestra residencia desde el año 2016 en la vereda Velu, sector de La Virginia municipio de Natagaima, hasta el día de hoy donde hemos convivido de manera continua e ininterrumpida, habitando siempre bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa, desde el momento en que formalizamos la unión marital de hecho, el 22 de marzo de 2007, siendo el suscrito Juan quien sufraga todos lo...