Sentencia T-344 de 2010

T-344-10 Sentencia T-344/10 Sentencia T-344/10 SUSPENSION DE PAGO DE MESADAS PENSIONALES DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Suspensión del pago de las mesadas pensionales a extrabajadores de Foncolpuertos REVOCATORIA DIRECTA DE ACTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE PENSION-Improcedencia GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTION DEL PASIVO SOCIAL DE PUERTOS DE COLOMBIA-Caso en que vulneró el derecho fundamental de los accionantes al debido proceso Esta Corporación encuentra que la entidad accionada, a efecto de revisar la legalidad de las prestaciones de los accionantes, en relación con el cumplimiento de los requisitos para consolidar su derecho pensional o la autenticidad de los documentos que sirvieron para acreditarlos, debió, conforme con el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, iniciar una actuación de oficio en la que se observaran todas la etapas y garantías previstas en el Código Contencioso Administrativo para el efecto. Es decir, debió informarles de la iniciación de la actuación, y de las razones por la cuales adoptaba esa decisión, pero sin embargo no lo hizo. Así mismo, debió garantizarles la oportunidad para exponer sus argumentos, y para presentar y controvertir pruebas. Dicho procedimiento debió culminar con la expedición de un acto administrativo motivado, fundamentado en las pruebas del expediente, en donde se resolvieran todas las cuestiones planteadas durante el trámite, informándoles los recursos que, conforme con la ley procedían para controvertirlo. Y con mayor razón, si se tiene en cuenta que, conforme con la jurisprudencia, la entidad no podía, previo al agotamiento del procedimiento descrito, ordenar la suspensión en el pago de la mesada, ello en aplicación del principio de buena fe. Ahora bien, si de lo que se trataba era de una controversia jurídica con relación a la existencia del derecho a la pensión de los accionantes, la entidad debió demandar su propio acto ante la jurisdicción contencioso administrativa, conforme con lo expuesto previamente. SOLICITUD DE DECLARATORIA DE EFECTOS INTER COMUNIS-Caso en que no resulta procedente La Sala considera que tal solicitud no es procedente, en la medida en que la situación fáctica de los accionantes no puede ser apreciada en abstracto y, por el contrario, requiere de una valoración de las especiales circunstancias de cada caso concreto, por parte del juez de tutela. Por esa razón, la petición del ciudadano de extender los efectos de esta providencia a situaciones concretas no analizadas en la misma, no puede ser acogida. Debe precisar la Sala que, por regla general, los efectos de los fallos de tutela y de las sentencias dictadas por esta Corporación, en ejercicio de la función de revisión eventual de aquellos, tienen efectos inter partes y, sólo de forma excepcional, cuando concurren unos elementos específicos, es posible extender los efectos de sus providencias a sujetos que no hacen parte de la controversia analizada en la correspondiente sentencia, sin que ello implique que tiene efectos erga omnes. Adicionalmente, no se advierte la necesidad de extender los efectos de esta providencia a sujetos diferentes a quienes son parte en los procesos que se revisan, como quiera que, tal y como lo señala el solicitante, algunos pensionados de la extinta Empresa Puertos de Colombia, a quienes la entidad accionada suspendió el pago de su mesada, diferentes a los aquí accionantes, también han acudido al mecanismo del amparo constitucional, y en ciertos casos, los correspondientes fallos han sido seleccionados por esta Corporación para su revisión. Referencia: expedientes T-2.499.352, T-2.499.386, T-2.499.395, T-2.499.399, T-2.499.400, T-2.499.437, T-2.499.444 (Acumulados). Accionantes: Prodys Esther Laurens, Miguel David Askar Abdala, Hermes Nicolás Herrera Ibáñez, Luis Adolfo Iriarte Uparela, Héctor González, Javier Blanco Berrío, Jaime Rafael Guerra Flórez. Accionados: El Grupo Interno para la Gestión del Pasivo de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social Magistrado Ponente: Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil diez (2010). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente, SENTENCIA en la revisión de los fallos de tutela proferidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso T-2.499.352; por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso T-2.499.386; por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso T-2.499.395; por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso T-2.499.399; por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso T-2.499.400; por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso T-2.499.437; y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso T-2.499.444. La Sala de Selección número Uno de la Corte Constitucional, mediante Auto del 25 de enero de 2010, decidió escoger para revisión los fallos de tutela correspondientes a los procesos T-2.499.352, T-2.499.386, T-2.499.395, T-2.499.399, T-2.499.400, T-2.499.437, T-2.499.444. En la misma providencia, la Sala resolvió acumular entre sí estos expedientes, por presentar unidad de materia, para que fueran fallados en una misma sentencia. I. ANTECEDENTES 1. La solicitud En todos los casos bajo revisión de la Corte los demandantes presentaron acción de tutela, para que les fueran protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social, que, consideran, fueron vulnerados por el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, al suspender el pago de la mesada pensional que les fue reconocida por parte de la Empresa Puertos de Colombia, sin previo aviso, y sin adelantar actuación administrativa alguna. A continuación se exponen las circunstancias específicas, de cada uno de los asuntos objeto de análisis por la Sala. 2. Reseña Fáctica 2.1. Expediente T-2.499.352 2.1.1. La señora Prodys Esther Laurens Pérez señala que nació el 21 de septiembre de 1941, razón por la cual, a la fecha tiene 67 años de edad. 2.1.2. Afirma que la extinta Empresa Puertos de Colombia, mediante la Resolución número 063251 de diciembre 13 de 1990, reconoció en su favor una pensión especial de jubilación por haber cumplido los requisitos convencionales exigidos para el efecto. 2.1.3. Manifiesta que, posteriormente, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció una pensión de invalidez permanente, por enfermedad de origen no profesional, por virtud de la Resolución número 301 de mayo 2 de 1994. Así mismo, asevera que su empleador para ese momento era el Centro Radiológico La Asunción. 2.1.4. Indica que el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social ordenó, en el mes de mayo de 2009, sin comunicación ni actuación administrativa previa alguna, al Consorcio Privado Fopep la suspensión del pago de la mesada pensional que tiene a su cargo, y de la que es beneficiaria. 2.1.5. Por esa razón, advierte que el 11 de junio de 2009 presentó un derecho de petición al Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, en el que solicitaba que le informaran las razones por las cuales se dispuso la suspensión del pago de la mesada pensional de la que es beneficiaria. Sin embargo, afirma, que no obtuvo respuesta alguna. 2.1.6. Señala que, por terceros, tuvo conocimiento de que su mesada pensional fue suspendida por la entidad, con el argumento de que recibía una pensión adicional, por parte del Instituto de Seguros Sociales. Por esa razón, la suspensión en el pago de su pensión se mantendría mientras que su situación se aclarara. 2.1.7. Indica que, en la medida en que tiene 67 años, es una persona de la tercera edad, razón por la cual es sujeto de especial protección constitucional por parte del Estado. Así mismo, refiere que deriva sus ingresos, exclusivamente, de las dos pensiones de las que es beneficiaria y que, con ellas, satisface sus necesidades básicas y las de su madre, quien tiene 91 años de edad, y por esa razón depende de ella. Manifiesta, además, que tiene obligaciones crediticias con Colmena, por un valor de cinco millones novecientos mil pesos ($5.900.000), y otra con Davivienda, por valor de dos millones de pesos ($2.000.000). Finalmente, señala que padece de artritis reumatoidea, hipertensión y arritmia cardiaca. 2.1.8. Por lo anterior, el 22 de julio de 2009, la señora Prodys Esther Laurens Pérez presentó, a través de apoderada judicial, acción de tutela contra el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, con el propósito de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social, para que se ordenara a la entidad reanudar el pago de la prestación de la que es beneficiaria. 2.2. Expediente T-2.499.386 2.2.1. El señor Miguel David Askar Abdala manifiesta que nació el 1 de enero de 1929, razón por la cual actualmente tiene 81 años de edad. 2.2.2. Señala que la extinta Empresa Puertos de Colombia expidió la Resolución número 5424 de 1966, mediante la cual le reconoció una pensión de jubilación. 2.2.3. Indica que, posteriormente, el Instituto de Seguros Sociales dictó la Resolución número 02008 de 1989, por virtud de la cual, le reconoció una pensión de vejez. 2.2.4. Manifiesta que, desde el mes de mayo de 2009 el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social ordenó al Consorcio Privado Fopep, sin comunicación previa, suspender el pago de la mesada pensional que tiene a su cargo, y de la que es beneficiario, con el argumento de que recibía el pago de otra pensión a cargo del Instituto de Seguros Sociales. Por ello, la suspensión en el pago de su mesada se prolongaría, hasta tanto se estableciera la legalidad de esa situación. 2.2.5. Considera que, debido a que tiene 81 años, es una persona de la tercera edad, y por esa circunstancia merece especial protección constitucional. También, indica que sus recursos económicos provienen, exclusivamente, de las dos pensiones de las que es beneficiario, y con ellos satisface sus necesidades básicas, y las de su grupo familiar, integrado por su esposa y su hijo, quienes dependen económicamente de él. Adicionalmente, manifiesta que, como consecuencia de la suspensión del pago de su mesada, le fue interrumpida la prestación del servicio de salud. 2.2.6. Por lo anterior, el 16 de septiembre de 2009, el señor Miguel David Askar Abdala presentó, por intermedio de apoderada judicial, acción de tutela en contra del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, con el propósito de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social, para que se ordenara a la entidad reanudar el pago de la prestación de la que es beneficiario. 2.3. Expediente T-2.499.395 2.3.1. Manifiesta el señor Hermes Nicolás Herrera Ibáñez que nació el 9 de mayo de 1941, razón por la cual a la fecha tiene 69 años de edad. 2.3.2. Indica, que la extinta Empresa Puertos de Colombia le reconoció una pensión especial de jubilación, por medio de la Resolución número 0122 de 1992. 2.3.3. Asevera que, posteriormente, le fue reconocida una pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales, por medio de la Resolución número 000282 de 2002. 2.3.4. Asegura que, desde el mes de mayo de 2009, el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social ordenó, sin informarlo previamente, al Consorcio Privado Fopep, suspender el pago de la mesada pensional que tiene a su cargo, y de la que él es beneficiario. 2.3.5. Por lo anterior, asevera que el 3 de junio de 2009 presentó un derecho de petición dirigido al Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, en el que solicitaba que le informaran las razones por las cuales se ordenó la suspensión del pago de su mesada pensional. 2.3.6. El Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, le informó que la suspensión en el pago de su mesada, obedeció a que recibía dos pensiones, una a cargo de esa entidad y otra a cargo del Instituto de Seguros Sociales, situación que debía clarificarse, para lo cual, le correspondía allegar los documentos que considerara relevantes al efecto. 2.3.7. Afirma que, por tener 69 años es una persona de la tercera edad, y, por tanto, es sujeto de especial protección constitucional. Señala, que sus necesidades básicas y las de su grupo familiar, compuesto por su cónyuge y sus dos hijos, quienes dependen económicamente de él, son satisfechas, exclusivamente, con los recursos provenientes de las dos pensiones que recibe. Igualmente, indica que tiene diferentes obligaciones crediticias a saber: una con el Banco Popular por valor de nueve millones cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos ($9.466.858); otra con la Cooperativa Multiactiva Mercar por un monto de cinco millones ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos pesos ($5.835.400). Adicionalmente, manifiesta que, semestralmente, debe pagar la matrícula de la carrera universitaria de uno de sus hijos, la cual corresponde a la suma de novecientos noventa mil pesos ($990.000), y la pensión mensual del colegio de otro por un valor de doscientos veinte mil pesos ($220.000). 2.3.8. Por lo expuesto, el 2 de septiembre de 2009, el señor Hermes Nicolás Herrera Ibáñez presentó, a través de apoderada judicial, acción de tutela en contra del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, con el propósito de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social, para que se ordenara a la entidad reanudar el pago de la prestación de la que es beneficiario. 2.4. Expediente T-2.499.399 2.4.1. El señor Luis Adolfo Iriarte Uparela manifiesta que nació el 7 de julio de 1934, motivo por el que a la fecha tiene 75 años de edad. 2.4.2. Sostiene que, por virtud de la Resolución número 043356 del 2 de junio de 1994, la extinta Empresa Puertos de Colombia le reconoció una pensión de jubilación, por haber prestado sus servicios durante 20 años al Estado. 2.4.3. Aduce que, posteriormente, el Instituto de Seguros Sociales expidió la Resolución número 03221 de 2001, por medio de la cual reconoció en su favor una pensión de vejez. 2.4.4. Indica que desde el mes de mayo de 2009, el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social ordenó, sin previo aviso y sin desarrollar actuación administrativa alguna, al Consorcio Privado Fopep suspender el pago de la mesada pensional que tiene a su cargo, y de la que es beneficiario. 2.4.5. Afirma que, el 11 de junio de 2009 presentó un derecho de petición ante el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, para que le informaran las razones de hecho y de derecho que llevaron a la entidad a suspender el pago de su pensión. 2.4.6. Manifiesta que, por terceras personas, tuvo conocimiento de que su mesada pensional fue suspendida en razón a que recibía una pensión adicional, por vejez, por parte del Instituto de Seguros Sociales. Razón por la cual, la suspensión en el pago de la mesada a cargo del Ministerio de la Protección Social, se mantendría mientras que su situación se aclarara. 2.4.7. Afirma que, en la medida en que tiene 75 años, es una persona de la tercera edad y merece especial protección constitucional. También, sostiene que sus ingresos son derivados, exclusivamente, de las dos pensiones de las que es beneficiario y con ellas, satisface sus necesidades básicas y las de su cónyuge. Manifiesta, además, que tiene obligaciones crediticias con el Banco Popular por un valor de doce millones cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos ($12.488.00) y otra con Coomeva por valor de seis millones de pesos ($6.000.000). 2.4.8. Por lo expuesto, el 1 de septiembre de 2009, el señor Luis Adolfo Iriarte Uparela presentó, a través de apoderado judicial, acción de tutela en contra del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, con el propósito de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social, para que se ordenara a la entidad reanudar el pago de la prestación de la que es beneficiario. 2.5. Expediente T-2.499.400 2.5.1. El señor Héctor González Niño Abdala manifiesta que a la fecha tiene 72 años de edad. 2.5.2. Asevera que la extinta Empresa Puertos de Colombia, por medio de la Resolución número 030983 de 1980, le reconoció una pensión convencional de jubilación. 2.5.3. Manifiesta que, desde el mes de mayo de 2009, el pago de su mesada pensional fue suspendido por parte del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, sin que se le hubiera informado el motivo para adoptar tal decisión. 2.5.4. Por esa razón, asevera que el 30 de junio de 2009 elevó un derecho de petición ante el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, con el propósito de que se le informaran las razones por las cuales se le había suspendido el pago de la mesada pensional de la que es beneficiario. Sin embargo, afirma, para el momento en el que presentó la acción de tutela no había recibido respuesta alguna. 2.5.5. Señala que, solamente en el trámite de esta acción de tutela tuvo conocimiento de que la razón por la cual le había sido suspendido el pago de la mesada pensional a cargo del Ministerio de la Protección Social, era que recibía otra prestación de la misma naturaleza a cargo del Instituto de Seguros Sociales, y que esa situación se mantendría mientras se establecía la legalidad de sus derechos pensionales. 2.5.6. Manifiesta que su subsistencia depende de la mesada pensional que recibía, y que la entidad accionada decidió suspender desde el mes de mayo de 2009. 2.5.7. Por lo anterior, el 16 de julio de 2009, el señor Héctor González Niño Abdala presentó acción de tutela en contra del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, con el propósito de que se protegieran sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social, para que se ordenara a la entidad reanudar el pago de la prestación de la que es beneficiario. 2.6. Expediente T-2.499.437 2.6.1. El señor Francisco Javier Blanco Berrío señala que nació el 3 de noviembre de 1934, por lo cual a la fecha tiene 75 años de edad. 2.6.2. Afirma, que la extinta Empresa Puertos de Colombia, por medio de la Resolución número 0435 de 1992 le reconoció pensión de jubilación, cuando cumplió los requisitos previstos en la correspondiente convención colectiva, para el efecto. 2.6.3. Asegura que el Instituto de Seguros Sociales expidió la Resolución número 004836 de 1995, mediante la cual le reconoció una pensión de vejez. 2.6.4. Asevera que, desde el mes de mayo de 2009 el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social dio la orden, de forma inconsulta y sin consentimiento previo, al Consorcio Privado Fopep, de suspender el pago de la mesada pensional que tiene a su cargo, y de la que es beneficiario, con el argumento de que recibía una prestación adicional, de la misma naturaleza, por parte del Instituto de Seguros Sociales. Razón por la cual, esa situación se prolongaría mientras se establecía la legalidad de su prestación. 2.6.5. Sostiene que al tener 75 años, es una persona de la tercera edad, y es titular de especial protección constitucional por parte del Estado. Manifiesta que los recursos económicos con los que satisface sus necesidades y las de su núcleo familiar, provienen, exclusivamente, de las dos pensiones de las que es beneficiario. Igualmente, indica que es deudor de diferentes obligaciones crediticias, razón por la cual debe pagar mensualmente una cuota al Banco Popular de cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos sesenta y dos pesos ($478.262), a Fincomercio LTDA por doscientos sesenta y tres mil novecientos ochenta pesos ($263.980), y otra a Davivienda por trescientos diez mil ochocientos cuarenta y un pesos ($310.841). Adicionalmente, señala que la prestación del servicio de salud le fue suspendida a causa de la suspensión en el pago de su mesada. 2.6.6 Por lo expuesto, el 2 de septiembre de 2009, el señor Francisco Javier Blanco Berrío presentó, a través de apoderado judicial, acción de tutela en contra del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, con el propósito de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social, para que se ordenara a la entidad reanudar el pago de la prestación de la que es beneficiario. 2.7. Expediente T-2.499.444 2.7.1. El señor Jaime Rafael Guerra Flórez asevera que nació el 30 de agosto de 1936, por lo cual a la fecha tiene 73 años de edad. 2.7.2. Afirma, que la extinta Empresa Puertos de Colombia le reconoció una pensión de jubilación, por virtud de la Resolución número 031711 de 1986, cuando cumplió los requisitos previstos en la correspondiente convención colectiva, para el efecto. 2.7.3. Asevera que, a su vez, el Instituto de Seguros Sociales dictó la Resolución número 05856 de 1999, por virtud de la cual, le reconoció una pensión de vejez. 2.7.4. Manifiesta que, en el mes de mayo de 2009, el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social ordenó, de forma abrupta y sin comunicárselo previamente, al Consorcio Privado Fopep, suspender, a partir de esa fecha, el pago de la mesada pensional que tiene a su cargo, y de la que es beneficiario, en razón a que recibía otra mesada pensional por parte del Instituto de Seguros Sociales. Situación que se extendería, mientras se aclara su situación. 2.7.5. Sostiene que, como quiera que a la fecha tiene 75 años, pertenece a la tercera edad y es sujeto de especial protección constitucional. También, aduce que sus ingresos provienen, exclusivamente, de las dos pensiones de las que es beneficiario, y que con ellos satisface sus necesidades básicas, y las de su grupo familiar, compuesto por su esposa y tres nietos a su cargo, quienes depende económicamente de él. Adicionalmente, asevera que por causa de la suspensión en el pago de su mesada, le fue interrumpida la prestación del servicio de salud, impidiéndole practicarse una cirugía que tenía programada. 2.7.6. Por lo expuesto, el 18 de agosto de 2009, el señor Jaime Rafael Guerra Flórez presentó, por intermedio de apoderado judicial, acción de tutela en contra del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, con el propósito de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social, para que se ordenara a la entidad reanudar el pago de la prestación de la que es beneficiario. 3. Pruebas relevantes 3.1. Expediente T-2.499.352 En el expediente reposan las siguientes pruebas relevantes: · Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Prodys Esther Laurens Pérez (Folio 10). · Declaración extraproceso rendida por la señora Prodys Esther Laurens Pérez, en la que manifiesta que es una persona de la tercera edad y que de ella depende económicamente su madre, quien tiene 90 años de edad. Así mismo, que tiene obligaciones crediticias con Colmena, por un valor de cinco millones novecientos mil pesos ($5.900.000), y otra con Davivienda, por valor de dos millones de pesos ($2.000.000), y que la mesada pensional que recibe por parte el Seguro Social la utiliza para la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su madre (Folio 12). · Copia de la Resolución número 000301 de 1994, expedida por el Instituto de Seguros Sociales, en la que se reconoció una pensión de invalidez, en favor de la señora Prodys Esther Laurens Pérez (Folios 13 y 14). · Copia del derecho de petición presentado el 11 de junio de 2009 por la señora Prodys Esther Laurens Pérez, para que el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social le informe las razones por las cuales se suspendió el pago de su mesada pensional (Folios 19 y 20). · Poder conferido a la misma abogada por la señora Prodys Esther Laurens Pérez (Folio 8). 3.2. Expediente T-2.499.386 En el expediente reposan las siguientes pruebas relevantes: · Copia de la cédula de ciudadanía del señor Miguel David Askar Abdala (Folio 3). · Declaración jurada rendida por el señor Miguel David Askar Abdala, en la que asevera ser una persona de la tercera edad, de quien depende económicamente su núcleo familiar, compuesto por su cónyuge y su hijo. Igualmente, que sus necesidades básicas y las de su familia las satisface, exclusivamente, con las dos mesadas pensionales que recibe (Folio 9). · Copia de la Resolución número 5424 de 1996, expedida por la Empresa Puertos de Colombia, en la que se reconoció una pensión de jubilación al señor Miguel David Askar Abdala (Folios 5 y 6). · Copia de la Resolución número 02008 de 1989, expedida por el Instituto de Seguros Sociales, en la que se reconoció una pensión de vejez, en favor del señor Miguel David Askar Abdala (Folio 7). · Poder para actuar en esta causa, conferido por el señor Miguel David Askar Abdala a la misma abogada que en el anterior y en los siguientes casos (Folio 1). 3.3. Expediente T-2.499.395 En el expediente reposan las siguientes pruebas relevantes: · Copia de la cédula de ciudadanía del señor Hermes Nicolás Herrera Ibáñez (Folio 4). · Declaración extraproceso rendida por el señor Hermes Nicolás Herrera Ibáñez, en la que manifiesta ser una persona de la tercera edad, de quien depende económicamente su núcleo familiar, compuesto por su cónyuge y sus dos hijos quienes dependen económicamente de él. Así mismo, indica que sus necesidades básicas y las de su familia las satisface, exclusivamente, con las dos mesadas pensionales que recibe, y que tiene obligaciones crediticias con el Banco Popular por valor de nueve millones cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos ($9.466.858); otra con la Cooperativa Multiactiva Mercar por un monto de cinco millones ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos pesos ($5.835.400). Adicionalmente, señala que semestralmente, debe pagar la matrícula de la carrera universitaria de uno de sus hijos, la cual corresponde a novecientos noventa mil pesos ($990.000) (Folio 7). · Copia de la Resolución número 0122 de 1992, expedida por la Empresa Puertos de Colombia, en la que se reconoció una pensión especial de jubilación, en favor del señor Hermes Nicolás Herrera Ibáñez (Folio 6). · Copia de la Resolución número 000282 de 2002, expedida por el Instituto de Seguros Sociales, en la que se reconoció una pensión de vejez, en favor del señor Hermes Nicolás Herrera Ibáñez (Folio 5). · Copia del oficio del 10 de junio de 2009, expedido por el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, en el que se le informan las razones por las cuales se le suspendió el pago de su mesada pensional (Folio 12). · Poder para actuar en esta causa, conferido por el señor Hermes Nicolás Herrera Ibáñez a la misma abogada (Folio 1). 3.4. Expediente T-2.499.399 En el expediente reposan las siguientes pruebas relevantes: · Copia de la cédula de ciudadanía del señor Luis Adolfo Iriarte Uparela (Folio 3). · Declaración extraproceso rendida por el señor Luis Alfonso Iriarte Uparela, en la que asevera que es una persona de la tercera edad y que de el depende económicamente su cónyuge. Así mismo, que tiene obligaciones con el Banco Popular por una valor de doce millones cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos ($12.488.00) y otra con Coomeva por valor de seis millones de pesos ($6.000.000), y que sus necesidades básicas las satisface con las mesadas pensionales que recibe (Folio 11). · Copia de la Resolución número 043356 de 1992, expedida por la Empresa Puertos de Colombia en la que se reconoció una pensión de jubilación, en favor del señor Luis Adolfo Iriarte Uparela (Folios 5 a 8). · Copia de la Resolución número 003221 de 2001, expedida por el Instituto de Seguros Sociales, en la que se reconoció una pensión de vejez, en favor del señor Luis Adolfo Iriarte Uparela (Folio 9). · Copia del derecho de petición presentado el 11 de junio de 2009 por el señor Luis Adolfo Iriarte Uparela, para que el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social le informe las razones por las cuales se suspendió el pago de su mesada pensional (Folios 19 y 20). · Poder para actuar conferido por el señor Luis Adolfo Iriarte Uparela a la misma abogada (Folio 1). 3.5. Expediente T-2.499.400 En el expediente reposan las siguientes pruebas relevantes: · Copia de la Resolución número 030983 de 1980, expedida por la Empresa Puertos de Colombia, en la que se reconoció una pensión de jubilación al señor Héctor González Niño (Folios 6 y 7). · Copia del derecho de petición presentado por el señor Héctor González Niño ante el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, en el que solicita que se le informen las razones por las cuales le fue suspendido el pago de su mesada pensional (Folio 5). 3.6. Expediente T-2.499.437 En el expediente reposan las siguientes pruebas relevantes: · Copia de la cédula de ciudadanía del señor Francisco Javier Blanco Berrío (Folio 2). · Declaración extraproceso rendida por el señor Francisco Javier Blanco Berrío, en la que afirma ser una persona de la tercera edad, de quien depende económicamente su núcleo familiar. Así mismo, que sus necesidades básicas y las de su familia las satisface con las dos mesadas pensionales que recibe, y que tiene obligaciones por las que paga cuotas mensuales al Banco Popular, de cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos sesenta y dos pesos ($478.262), a Fincomercio LTDA por doscientos sesenta y tres mil novecientos ochenta pesos ($263.980), y otra a Davivienda por trescientos diez mil ochocientos cuarenta y un pesos ($310.841) (Folio 7). · Copia de la Resolución número 0435 de 1992, expedida por la Empresa Puertos de Colombia, en la que se reconoció una pensión de jubilación, en favor del señor Francisco Javier Blanco Berrío (Folio 5). · Copia de la Resolución número 004836 de 1995, expedida por el Instituto de Seguros Sociales, en la que se reconoció una pensión de vejez, en favor del señor Francisco Javier Blanco Berrío (Folio 4). · Poder para actuar en esta causa, conferido por el señor Francisco Javier Blanco Berrío a la misma abogada (Folio 1). 3.7. Expediente T-2.499.444 En el expediente reposan las siguientes pruebas relevantes: · Copia de la cédula de ciudadanía del señor Jaime Rafael Guerra Flórez (Folio 3). · Declaración extraproceso rendida por el señor Jaime Rafael Guerra Flórez, en la que afirma ser una persona de la tercera edad, de quien depende económicamente su núcleo familiar, compuesto por su cónyuge y tres nietos. Así mismo, que sus necesidades básicas y las de su familia las satisface con las dos mesadas pensionales que recibe (Folio 4). · Copia de la Resolución número 05856 de 1999, expedida por el Instituto de Seguros Sociales, en la que se reconoció una pensión de vejez, en favor del señor Jaime Rafael Guerra Flórez (Folios 5 a 8). · Poder para actuar en esta causa, conferido por el señor Jaime Rafael Guerra Flórez a la misma abogada, que en los otros casos (Folio 1). 4. Consideraciones de los accionantes Los accionantes sustentan la vulneración de sus derechos fundamentales, con los siguientes argumentos. Consideran que el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social vulneró sus derechos fundamentales, al ordenar la suspensión del pago de la mesada pensional de la que son beneficiarios. Al efecto, indican que la decisión de la entidad fue arbitraria, en la medida en que no les fue comunicada y no se les dio la oportunidad de controvertirla. En ese orden de ideas, estiman que tal actuación desconoce su derecho fundamental al debido proceso, como quiera que se adoptó una decisión de forma inconsulta, sin darles la oportunidad de defenderse. Por esa razón, afirman que, si la administración pretendía suspender el pago de su pensión, o revocar el acto que la reconoció, debió primero iniciar una actuación encaminada a ese efecto, conforme con el procedimiento previsto en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, en la que se respetara su derecho al debido proceso administrativo, y en la que contaran con la oportunidad de controvertir los motivos que llevan a la entidad a adoptar tal decisión, Ahora bien, con relación a la compatibilidad de las pensiones convencionales de jubilación y legales de vejez o invalidez, sostienen que, conforme con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, no son prestaciones excluyentes, como quiera que se originan en causas y requisitos diferentes. Finalmente, señalaron que, conforme con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es procedente para perseguir la protección del derecho fundamental de los pensionados al mínimo vital, el cual se ve amenazado cuando quiera que sus mesadas no se les paguen de forma completa u oportuna. 5. Pretensiones de los accionantes Los demandantes solicitan que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social y, en consecuencia, que se ordene al Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social que, de forma inmediata, reanude el pago de las mesadas correspondientes a las pensiones de las que son beneficiarios. Así mismo, que se ordene a la entidad que pague las mesadas por el periodo en el que la pensión estuvo suspendida, debidamente indexadas, “sin hacer ningún tipo de compensaciones y/o descuentos diferentes a los ordenados por un juez de la República o por el Decreto 1073 de 2002”. Adicionalmente, que se ordene reestablecer, de forma inmediata, el servicio de salud por cuenta de la entidad accionada. 6. Respuesta de los entes accionados 6.1. Grupo Interno para la Gestión del Pasivo de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social Los jueces de primera instancia, una vez admitidas las correspondientes acciones de tutela, ordenaron ponerlas en conocimiento del Grupo Interno para la Gestión del Pasivo de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, entidad accionada en todas y cada una de aquellas, para que se pronunciara con relación a los hechos y pretensiones formuladas en las demandas reseñadas. Como quiera que esa entidad expuso idénticos argumentos para sustentar su defensa, en cada una de las acciones de tutela, a continuación se presenta un resumen de los mismos. La entidad manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes y que, por el contrario, sus actuaciones se han ajustado a los mandatos constitucionales y legales en la materia. Inicia señalando que, por virtud del Decreto - Ley 1689 de 1997, se ordenó la supresión de Foncolpuertos, y que la atención de los procesos de carácter laboral y la representación y defensa de la empresa liquidada fueron asumidos por la Nación, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de la Protección Social. Por esa razón, se creó el Grupo Interno de Trabajo, Gestión Pasivo Social de Puertos de Colombia, quien tiene a su cargo, entre otras funciones, la de depurar la nómina de pensionados de la empresa extinta. Ahora bien, considera que, conforme con el artículo 128 de la Constitución Política, nadie podrá recibir más de una asignación del Tesoro Público o de empresas, o instituciones en las que el Estado tenga parte mayoritaria, salvo en los casos expresamente señalados en la ley, entendiendo para el efecto, también, por Tesoro Público el de las entidades territoriales y descentralizadas. Descendiendo al caso concreto de los accionantes, con fundamento en lo anterior, manifiesta que a partir de mayo de 2009, decidió suspender transitoriamente el pago de las prestaciones de las que son beneficiarios los demandantes, en razón a que, al confrontar su información con la del Instituto de Seguros Sociales, pudo establecer que recibían dos pensiones a cargo del erario, una por cuenta de Puertos de Colombia y otra por parte del Seguro Social, lo cual, en su criterio, desconoce el Ordenamiento Superior. Así mismo, indicó que se procedió en igual sentido en el caso de otros 185 pensionados. Por lo anterior, sostiene que la decisión administrativa de suspender el pago de las mesadas pensionales, se adoptó para prevenir el eventual e injusto menoscabo del Tesoro Público, derivado del doble pago de pensiones a un mismo beneficiario. Señala que, en la actualidad, se adelantan gestiones con el Instituto de Seguros Sociales con el propósito de establecer qué prestaciones se ajustan a la legalidad, y que una vez se clarifique la situación de los afectados por la medida, se procederá a decidir de fondo en el caso de cada uno de ellos. Precisa la entidad, que no ha revocado el acto administrativo de reconocimiento de las prestaciones de los accionantes, ni ha ordenado su exclusión de nómina de pensionados. Por esa causa, estima que el procedimiento previsto en la Sentencia C-835 de 2003 no es aplicable al caso de los demandantes, como quiera que no se trata de la revocatoria de una resolución que reconoce una pensión. Adicionalmente, indican que el servicio de salud no les ha sido suspendido, y que, por el contrario, continúan gozando de éste, el cual se les presta a cargo de la Nación. Por otra parte, estima que el derecho fundamental al mínimo vital de los accionantes no ha sido vulnerado, como quiera que reciben del Instituto de Seguros Sociales otra mesada pensional. Aduce que lo expresado hasta este punto, les fue informado a los demandantes en sendos oficios remitidos en el mes de mayo de 2009, en los que se les comunicó que debían hacer llegar a esa entidad las explicaciones que estimaran pertinentes, acompañadas de la correspondiente documentación, a efecto de definir su situación pensional. Finalmente, la institución indicó que la acción de tutela no es procedente en los casos analizados, en la medida en que no se estaba afectando el derecho fundamental de los demandantes al mínimo vital, y para sustentar sus argumentos citó jurisprudencia constitucional relacionada con la materia. 6.2. Entidades vinculadas a la actuación en calidad de listisconsortes En las acciones de tutela correspondientes a los procesos T-2.499.352, T-2.499.386, T-2.499.395, T-2.499.399, T-2.499.437, y T-2.499.444, además de la entidad accionada referida anteriormente, los demandantes solicitaron que se vinculara a la actuación, como litisconsortes, al Consorcio Fopep, el Instituto de Seguros Sociales y el Fondo del Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Por esa razón, los jueces de primera instancia ordenaron que las citadas acciones se pusieran en conocimiento de las entidades, para que se pronunciaran con relación a los hechos y pretensiones que aquellas contenían. A su vez, los sujetos anotados, en las respuestas en cada uno de los citados procesos, expusieron las mismas razones, las cuales se sintetizan a continuación. 6.2.1. Consorcio Privado Fopep El Consorcio indicó que el Fondo de Pensiones Públicas es una cuenta de la Nación que no tiene personería jurídica, adscrita al Ministerio de la Protección Social, quien es su representante legal, razón por la cual, no puede ser sujeto pasivo de una acción como la que en este caso se analiza. En ese sentido, informó que el Consorcio se encarga de administrar los recursos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional y de pagar las mesadas pensionales de quienes adquieren ese derecho, a cargo de las diferentes cajas o fondos del nivel central. Asevera que el estudio de las solicitudes de reconocimiento de pensiones, su revisión y el reporte de las inclusiones en nómina o suspensión en el pago de las mesadas, corresponde al Grupo Interno para la Gestión del Pasivo de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social. En esa medida, afirma que el Consorcio solo está a cargo de la administración de los recursos del fondo y del pago de las mesadas pensionales anotadas. Específicamente, con relación al caso de la accionante, informó que, revisada la base de datos de la nómina general de pensionados que administra el Consorcio FOPEP 2007, se pudo establecer que los accionantes fueron incluidos en la nómina del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional FOPEP, como pensionados de FONCOLPUERTOS, con una anotación de “pago suspendido a partir mayo de 2009”. En complemento de lo anterior, señala que mediante oficio fechado en el mes de mayo de 2009, el Coordinador de Pensiones del Grupo Interno de Trabajo, Gestión Pasivo Social de Puertos de Colombia- Área de Pensiones, informó que: “Comedidamente, y siguiendo instrucciones del Coordinador de este Grupo, le solicito impartir orden de no pago a la mesada y pago adicional procesado para la nómina de mayo de 2009, a las cédulas relacionadas en el archivo adjunto, las cuales deben figurar en nómina con el código 90080 y el valor pensión en ceros, hasta que el Grupo, decidido (sic) de fondo sobre su situación, en razón de haberse detectado que reciben simultáneamente pensión por el ISS y por la Empresa Puertos de Colombia, por lo cual es necesario suspender TRANSITORIAMENTE, el pago de la mesada, mientras se adoptan las medidas legales ha(sic) que haya lugar, sin perder de vista que la Corte Constitucional ha dicho, que procede dicha suspensión, siempre y cuando éste transitoria (sic), tal y como aquí se ordena.”. Por las razones expresadas, la entidad solicitó que se le desvinculara de cada uno de los procesos o en su lugar, que se declaran improcedentes las acciones con respecto a ella, por no haber vulnerado los derechos fundamentales de los demandantes. 6.2.2. Instituto de Seguros Sociales Esa entidad guardó silencio y no se pronunció con respecto ninguna de las acciones de tutela, durante el trámite de instancia. 6.2.3. Fondo del Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia La entidad solicitó que, con relación a ella, se negaran las acciones de tutela de la referencia, en la medida en que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los demandantes. Manifiesta que, conforme con el inciso 3º del artículo 236 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1890 de 1995, “el Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, actúa dentro del régimen contributivo de seguridad social en salud, en su calidad de adaptada…”. Señala que el Gobierno Nacional, en ejercicio de facultades extraordinarias expidió el Decreto 1689 de 1997, por virtud del cual ordenó la liquidación de Foncolpuertos, y trasladó la responsabilidad en la prestación del servicio de salud a los pensionados a ese Fondo, para quienes desearan continuar recibiendo el mismo en aquel. Por otra parte, asevera que en el mes de junio de 2009 el Grupo Interno para la Gestión del Pasivo de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, no giró los aportes a salud correspondientes a 152 afiliados, sin reportar una novedad de retiro. Señala que, una vez solicitó las explicaciones respectivas, la entidad manifestó que ello obedecía a que a 109 de las personas cuyos aportes no se efectuaron, dentro de los cuales se encuentran los accionantes, se les había suspendido el pago de sus mesadas pensionales, como quiera que se adelantaba una revisión de la legalidad de esas prestaciones. Por ello, los accionantes fueron retirados de la base de datos de beneficiarios del servicio de salud que esa entidad presta. Razón por la cual, estima que las acciones de tutela no son procedentes en su contra, como quiera que no ha vulnerado derechos fundamentales de la demandante, y su conducta se ha ceñido al ordenamiento jurídico, y son consecuencia de las actuaciones del Grupo Interno para la Gestión del Pasivo de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN 1. Expediente T-2.499.352 1.1. Sentencia de Primera Instancia La Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en Sentencia del 5 de agosto de 2009, resolvió negar por improcedente la acción de tutela de la referencia. Consideró que la demandante lo que pretende con esta acción, es que se reanude el pago de su mesada pensional, lo que en criterio del fallador, no se relaciona con un asunto de relevancia constitucional, ni implica la vulneración de un derecho fundamental. Por esa razón, dado el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, estimó que no resultaba procedente en este caso, como quiera que lo que se discute es un derecho de naturaleza legal, por lo que la demandante cuenta con otros mecanismos de protección para esas garantías. Adicionalmente, señaló que no se probó que la interesada se encontrara frente al peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, razón por la cual, la acción tampoco resulta procedente como mecanismo transitorio. Sin embargo, advirtió el juez que, en la medida en que la entidad accionada había manifestado que la suspensión en el pago de la mesada de la demandante era transitoria, mientras que se determinaba la legalidad de la prestación, esa situación no podía ser permanente y, en consecuencia, le ordenó que, en un término no mayor a 4 meses, decidiera de fondo con respecto a ese particular. 1.2. Impugnación La demandante impugnó el fallo de primera instancia por las razones que se exponen a continuación: Señaló que el fallador negó el amparo solicitado por existir otros mecanismos de defensa judicial para buscar la protección que reclama para los derechos que considera vulnerados, sin embargo, estima que no advirtió que, vista su situación, no tenía a su disposición acción judicial alguna, en la medida en que no se produjo un acto administrativo que pudiera controvertir en la jurisdicción contencioso administrativa, sino que la entidad accionada simplemente dio la orden de suspender el pago de su mesada pensional. Por esa razón, la acción presentada era procedente en su caso. Así mismo, indicó que el juez no tuvo en cuenta que su derecho fundamental al mínimo vital estaba siendo vulnerado con la decisión de la entidad, como quiera que sus ingresos sufrieron una disminución significativa por esa causa, y que, conforme con la jurisprudencia constitucional, cuando ello ocurre, opera una presunción de afectación de la garantía anotada. 1.3. Sentencia de Segunda Instancia La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sentencia del 22 de septiembre de 2009, revocó la providencia de primera instancia, que negó la protección solicitada por la demandante, al considerar que la conducta de la entidad accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso administrativo, teniendo en cuenta que se trata de una persona de la tercera edad, que desde hace más de 18 años gozaba de una pensión de jubilación. Por lo anterior, ordenó al sujeto accionado en esta causa que restableciera el pago de la mesada pensional de la demandante, y disponer lo necesario para respetar su derecho fundamental al debido proceso. 2. Expediente T-2.499.386 2.1. Sentencia de Primera Instancia La Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante Sentencia del 1 de octubre de 2009, resolvió conceder la protección solicitada por el accionante para sus derechos fundamentales. Consideró que, en la medida en que la entidad accionada no aplicó el trámite previsto en el Código Contencioso Administrativo para revocar los actos administrativos, ni demandó su propio acto ante la jurisdicción correspondiente, a fin de suspender el pago de la mesada pensional del accionante, vulneró su derecho fundamental al debido proceso administrativo. Por esa razón, ordenó al Grupo Interno para la Gestión del Pasivo de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social que reanudara el pago de la mesada pensional del accionante. 2.2. Impugnación El Grupo Interno para la Gestión del Pasivo de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social impugnó la decisión de primera instancia, por considerar que sus actuaciones se habían ceñido a los mandatos constitucionales y legales en la materia, y en consecuencia, no había vulnerado derechos fundamentales del demandante. Al efecto, manifestó que el artículo 128 de la Constitución Política, establece que nadie podrá recibir más de una asignación del Tesoro Público o de empresas, o instituciones en las que el Estado tenga parte mayoritaria, salvo en los casos expresamente señalados en la ley, entendiendo para el efecto por Tesoro Público el de las entidades territoriales y descentralizadas. En el caso concreto del accionante, manifestó que, a partir de mayo de 2009, decidió suspender transitoriamente el pago de la prestación, en razón a que, al confrontar su información con la del Instituto de Seguros Sociales, pudo establecer que recibía dos pensiones a cargo del erario, una por cuenta de Puertos de Colombia y otra por parte del Seguro Social, lo cual, en su criterio, desconoce el Ordenamiento Superior. Por lo anterior, sostiene que la decisión administrativa de suspender el pago de la mesada pensional, se adoptó para prevenir el eventual e injusto menoscabo del erario, derivado del doble pago de pensiones a un mismo beneficiario. Señala que, en la actualidad, se adelantan gestiones con el Instituto de Seguros Sociales con el propósito de establecer si su prestación se ajusta a la legalidad, y que una vez se clarifique la situación, se procederá a decidir de fondo en su caso. Así mismo, consideró que el mínimo vital del accionante no ha sufrido afectación alguna, como quiera que, continúa recibiendo una mesada pensional por parte del Instituto de Seguros Sociales. 2.3. Sentencia de Segunda Instancia La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 4 de noviembre de 2009, confirmó el fallo de primera instancia, que concedió la presente acción de tutela, por las mismas consideraciones. Adicionalmente, estimó que la acción de tutela en este caso se instituía como procedente, en la medida en que el demandante, por sus circunstancias específicas, requiere de una protección urgente de sus derechos fundamentales, razón por la cual, si bien cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, aquellos no son eficaces para el efecto. 3. Expediente T-2.499.395 3.1. Sentencia de Primera Instancia La Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante Sentencia del 15 de septiembre de 2009, resolvió negar la protección solicitada por el accionante para sus derechos fundamentales. Estimó el fallador que el derecho de petición del accionante no ha sido vulnerado, en la medida en que la entidad le informó las razones por las cuales había suspendido el pago de su mesada pensional. Por otra parte, indicó que en el proceso no existe prueba de que se haya expedido un acto de revocatoria del acto administrativo de reconocimiento de su pensión especial de jubilación reconocida por la extinta Empresa Puertos de Colombia, ni de que se le hubiese excluido de la nómina de pensionados de la entidad. Simplemente, advirtió el juez que al accionante se le había suspendido transitoriamente el pago de su mesada, lo que, estimó, no vulnera su derecho al debido proceso. Así mismo, consideró que el derecho fundamental del accionante al mínimo vital no era objeto de vulneración en la medida en que continuaba recibiendo por parte del Instituto de Seguros Sociales la pensión de la que es beneficiario. 3.2. Impugnación El demandante impugnó la sentencia de primera instancia, por considerar que el fallador pasó por alto que, precisamente, en la medida en que no existía un acto administrativo que pudiese controvertir por medio de otros mecanismos de defensa judicial, no contaba con acción alguna para el efecto, razón por la cual, se encontraba en estado de indefensión con relación a la actuación de la entidad accionada. Por otra parte, insistió en que su derecho fundamental al mínimo vital estaba siendo desconocido por la entidad accionada, en la medida en que con la decisión de suspender el pago de su mesada pensional, sufrió una disminución significativa en su nivel de ingresos, lo que no le permite satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar, afectación que, conforme con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, debe presumirse en estos casos. 3.3. Sentencia de Segunda Instancia La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sentencia del 4 de noviembre de 2009, revocó el fallo de primera instancia, que había negado la protección deprecada, por considerar que “el accionante es una persona de la tercera edad que goza de su pensión de jubilación desde hace mas de diecisiete años y ciertamente se vulneró su derecho fundamental al debido proceso administrativo con ocasión de la conducta desplegada por el ente accionado.” Por ello, ordenó a la entidad demandada que restableciera el pago de la mesada pensional del accionante, y que dispusiera lo necesario para respetar su derecho fundamental al debido proceso. 4. Expediente T-2.499.399 4.1. Sentencia de Primera Instancia La Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante Sentencia dictada el 29 de septiembre de 2009, decidió negar por improcedente el amparo solicitado, por estimar que la acción de tutela tiene una naturaleza residual y subsidiaria, de tal forma que no procede cuando existen otros mecanismos de defensa judicial de los derechos, tal y como en este caso ocurre. Así mismo, considera que, si bien, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela es procedente para solicitar el pago de mesadas pensionales o la inclusión en nómina de los beneficiarios de estas prestaciones, cuando se trata de personas de la tercera edad, dado su estado de debilidad manifiesta, se debe acreditar la existencia plena del derecho que se reclama. En ese orden de ideas, el fallador señaló que, no obstante que el accionante es una persona de la tercera edad, no se vulnera su derecho al mínimo vital, como quiera que recibe una pensión equivalente a dos salarios mínimos legales vigentes, por parte del Instituto de Seguros Sociales, que le permite satisfacer sus necesidades básicas. Finalmente, indicó que lo que se debate en este caso es la compatibilidad de la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales y la pensión de jubilación reconocida por la extinta Empresa Puertos de Colombia, controversia que debe ser dirimida ante la jurisdicción ordinaria. 4.2. Impugnación El demandante impugnó el fallo de primera instancia por las razones que se exponen a continuación: Indicó que el juez negó la protección deprecada para sus derechos fundamentales, por estimar que cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para el efecto, sin reparar que, en su caso concreto, no tenía a su alcance otras acciones, como quiera que no se dictó un acto administrativo que pudiera demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa, en atención a que la entidad accionada, suspendió el pago de su mesada pensional. Por lo anterior, estima, que esta acción resulta procedente. De la misma forma, señaló que el juez pasó por alto que su derecho fundamental al mínimo vital era vulnerado por la decisión de la entidad, en la medida en que aquella produjo una disminución significativa de sus ingresos, y que, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando ello ocurre la afectación de la garantía anotada debe ser presumida. 4.3. Sentencia de Segunda Instancia La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por medio de Sentencia del 4 de noviembre de 2009, revocó el fallo de primera instancia, que negó la protección deprecada. Consideró que la entidad vulneró el derecho fundamental del accionante al debido proceso, al ordenar la suspensión del pago de su mesada pensional, sin agotar el procedimiento legal previsto para el efecto, y sin reparar en que se trataba de una persona de la tercera edad. Por ello, ordenó al Grupo Interno para la Gestión del Pasivo de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social que restableciera el pago de la mesada pensional del demandante, y que dispusiera lo necesario para respetar su derecho fundamental al debido proceso, en el trámite de verificación de la legalidad de sus prestaciones...