Sentencia T-325 de 2012

T-325-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-325/12 (Bogotá, D.C., Mayo 3 de 2012) ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO DE PETICION-Procedencia de manera directa por ser derecho fundamental de aplicación inmediata PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD-No se debe imponer carga desproporcionada a quien no es capaz de soportarla ACCION DE TUTELA Y REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad en caso de sujetos de especial protección constitucional DERECHO DE PETICION-Fundamental DERECHO DE PETICION-Respuesta oportuna y de fondo DERECHO DE PETICION EN REVOCATORIA DIRECTA DE ACTO ADMINISTRATIVO-Reiteración de jurisprudencia DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL-Reiteración de jurisprudencia DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CON RELACION A SOLICITUDES PENSIONALES ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales de procedibilidad AFECTACION AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO POR DEFECTO FACTICO FRENTE A OBLIGACION PENSIONAL-Municipio certifico tiempo de servicio diferente al efectivamente laborado por trabajadora PENSION DE VEJEZ-No puede negarse reconocimiento y pago por falta de aportes a la seguridad social por parte del empleador VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL POR DEFECTO SUSTANTIVO-Interpretación irrazonable del ISS al imponer la carga a quien solicita pensión de vejez en torno a eventual mora patronal DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Violación al supeditar reconocimiento de pensión de vejez al pago simultáneo de cotizaciones al sistema de salud y pensiones ACCION DE TUTELA DE MADRE DE HIJO INVALIDO CONTRA INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Reconocimiento y pago de pensión de vejez teniendo en cuenta aportes realizados al Sistema General de Pensiones y sin exigir requisitos adicionales ACCION DE TUTELA CONTRA INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Reconocimiento y pago de pensión de vejez de acuerdo a normativa aplicable más favorable Referencia: expedientes T-3287471, T-3288731, T-3289109 y T-3302519. Fallos de tutela objeto de revisión: Sentencia del 29 de septiembre de 2011 del Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga, Sentencia del 15 de Julio de 2011 del Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescencia con Funciones de Conocimiento de Cartagena, Sentencia del 19 de Octubre de 2011 del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales, Sentencia del 26 de Octubre de 2011 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal, que confirmó la sentencia del 22 de Septiembre de 2011 del Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, respectivamente. Accionantes:Fabiola Solange Rueda Villalba, Aída Raquel Franco Lopesierra, Guillermo Castaño Panesso, Carlos Alberto Sánchez Pilonieta, respectivamente. Accionados: Instituto de Seguros Sociales, Municipio de Maicao. Magistrados de la Sala 2ª de Revisión: Mauricio González Cuervo, Adriana Guillén Arango y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Magistrado sustanciador: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. I. ANTECEDENTES. 1. Las demandas de tutela. 1.1. La demanda de tutela correspondiente al expediente T-3287471[1]. La señora Fabiola Solange Rueda Villalba basa su pretensión de amparo constitucional en los siguientes hechos y consideraciones: 1.1.1. Derechos fundamentales invocados: Vida digna, mínimo vital y protección especial a la tercera edad. 1.1.2. Conducta causante de la vulneración: Negativa del Instituto de Seguros Sociales a reconocer el retroactivo pensional al que considera tener derecho como beneficiaria de una pensión especial de madre trabajadora por hijo inválido y por la decisión de la misma entidad de suspender el pago de la pensión que venía disfrutando, a partir de mayo de 2011, situación que ha generado dificultades económicas para ella y su hijo. 1.1.3. Pretensión: Se ordene al Instituto de Seguros Sociales cancelar desde el primero de septiembre de 2008 -fecha en que se retiró de su trabajo- hasta el 30 de septiembre de 2010 –fecha a partir de la cual se le reconoció la pensión-, el correspondiente retroactivo de su pensión especial de madre trabajadora por hijo inválido. Igualmente que se cancele la mesada pensional a la que considera tener derecho a partir del mes de mayo de 2011, fecha en la que se suspendió su pago. 1.1.4. Fundamentos: La accionante destacó que a través de la Resolución 7572 del 7 de diciembre de 2010[2] (notificada el 20 de enero de 2011[3]), el ISS Pensiones le reconoció la pensión especial de vejez de madre trabajadora-hijo inválido. De dicha resolución destacan los siguientes elementos: -. La accionante presentó solicitud de pensión especial de vejez madre trabajadora con hijo inválido por Bono tipo B (Art. 9, Ley 797 de 2003), el 29 de octubre de 2008. -. La accionante aportó al ISS para el reconocimiento de dicha pensión registro civil de nacimiento por medio del cual se demuestra que nació el 28 de junio de 1960. -. La accionante aportó al ISS para el reconocimiento de dicha pensión registro civil de nacimiento de Álvaro Andrés Ulloa en el que consta que es su madre, y demostró que él cuenta con una pérdida de la capacidad laboral del 70.05%, estructurada el 15 de agosto de 2008. -. El ISS Pensiones reconoce que la accionante dejó de estar vinculada a la fuerza laboral a partir del 30 de agosto de 2008 y que cumple con un total de 1466 semanas cotizadas. -. La pensión especial de vejez – madre trabajadora con hijo inválido por bono tipo B, fue reconocida a la señora Fabiola Solange Rueda Villalba a partir del 31 de diciembre de 2010 -. La accionante, debido a que la pensión le fue reconocida a partir del 31 de diciembre de 2010 y no desde la fecha de desvinculación, el 30 de agosto de 2008[4], acudió al derecho de petición a través de escrito radicado el 24 de mayo de 2011[5], en el que solicitó la revocatoria directa de la Resolución 7572 de 2010. -. La accionante aportó una certificación emanada de la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados – Coordinación Nacional de Nómina de Pensionados, del 16 de septiembre de 2011, en donde consta que para la nómina de Agosto de 2011 se consignó en la cuenta personal de la accionante el valor correspondiente a su asignación pensional. Se especificó que el valor devengado por concepto de pensión era de $556,837. -. Igualmente se especificó como “Suspendido”[6], el estado en que el pensionado se encuentra. 1.2. La demanda de tutela correspondiente al expediente T-3288731[7]. La señora Aída Raquel Franco Lopesierra basa su pretensión de amparo constitucional en los siguientes hechos y consideraciones: 1.2.1. Derechos fundamentales invocados: Vida digna, mínimo vital, seguridad social y protección especial a la tercera edad. 1.2.2. Conducta causante de la vulneración: Negativa del Instituto de Seguros Sociales a reconocer la pensión de vejez de la señora Franco Lopesierra, argumentando que no cumple con el tiempo mínimo de cotización al sistema de seguridad social en pensiones para acceder a la prestación. 1.2.3. Pretensión: Que se ordene el reconocimiento de su pensión de vejez a la mayor brevedad posible, desde el momento que se hubiere causado. 1.2.4. Fundamentos: -. La accionante laboró como aseadora del Palacio Municipal de Maicao – Guajira, entre el 13 de octubre de 1965[8] y el 25 de junio de 1980[9]. Frente a dicha circunstancia obra certificación expedida el 5 de Septiembre de 1996 por el Archivo del Municipio de Maicao, en la que se especifica que “la Señora: AIDA RAQUEL FRANCO LOPESIERRA, identificada con Cédula de ciudadanía número 26’957.407 expedida en Maicao, quien fue nombrada según Acta de Posesión Número 115 de fecha 13 de Octubre de 1965, para el Cargo de Aseadora del Palacio Municipal y ocupó dicho cargo hasta el día 25 de Junio de 1980, cuando fue desvinculada por Decreto 072 de la fecha”[10]. En el mismo sentido obra en el expediente certificación del 7 de octubre de 1996 de la Secretaria de la Caja de Previsión Social Municipal, en la que consta que la señora Franco Lopesierra “[l]aboró en este municipio a partir del 13 de octubre de 1965 hasta el 25 de junio de 1980 y durante su permanencia estuvo afiliada a la Caja de Previsión Social”[11]. -. La señora Franco Lopesierra solicitó por primera vez su pensión de vejez ante el ISS el 16 de octubre de 1996, pero esta le fue negada mediante Resolución 01519 del 15 de abril de 1999[12]. De la misma destacan los siguientes elementos: - La señora Franco Lopesierra acreditó con su solicitud un tiempo laborado al sector público, pero no cotizado al ISS, de un total de 5292 días, en el periodo comprendido entre el 13 de octubre de 1965 y el 25 de junio de 2008. - La señora Franco Lopesierra cotizó un total de 258 semanas al ISS para el Sistema General de Pensiones. - La señora Franco Lopesierra contaba con la edad requerida para acceder a la pensión. - Manifestó la entidad que: “el tiempo cotizado a otras entidades de previsión del público y el cotizado al ISS, permite cumplir las 1000 semanas como mínimas exigidas para la pensión, reuniendo en esta forma los requisitos que exige el artículo33 de la Ley 100 de 1993”[13]. - Igualmente, el ISS manifestó que se consultó el proyecto de liquidación con el Municipio de Maicao, que manifestó al ISS que no era posible cotejar los aportes realizados por la señora Franco Lopesierra, puesto que los archivos de la entidad habían sido dados de baja por encontrarse en mal estado. - Dado lo anterior el ISS considera que a falta de certificación expedida por le entidad concurrente, la accionante no acreditó el tiempo de cotización requerido para acceder a la pensión. - Como consecuencia de lo anterior, negó la pensión de vejez. -. Desde entonces, manifiesta la accionante, han estado luchando por obtener los documentos que permitan acreditar al cumplimiento de los requisitos. Afirma que los funcionarios del municipio de Maicao manifestaron que estaban en el proceso de reconstrucción del archivo, por lo que el 26 de agosto de 2009 elevó segunda una solicitud para obtener la pensión de vejez, pero esta fue nuevamente negada mediante Resolución 0001586 del 11 de febrero de 2010[14]. De la misma destacan los siguientes elementos: - La señora Franco Lopesierra acreditó con su solicitud un tiempo laborado al sector público, pero no cotizado al ISS, de un total de 4811 días, equivalentes a 13 años, 4 meses y 11 días. - La señora Franco Lopesierra cotizó un total de 1886 días, equivalentes a 5 años, 2 meses y 26 días, al ISS. - La señora Franco Lopesierra es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto contaba con más de 40 años de edad y 15 o más años de servicio, para el 1° de abril de 1994. Consideró que la normativa aplicable a la situación de la accionante sería la correspondiente a la pensión de jubilación por aportes, contemplado en el art. 7° de la Ley 71 de 1988: “acreditar 55 o más años de edad para las mujeres, aportes efectuados al ISS y a otra Caja o fondo de Previsión Social, y un monto del 75% del Ingreso Base de Liquidación”[15]. - Manifestó la entidad que: “Sumado el tiempo laborado al sector público y el cotizado al ISS el asegurado cuenta con un total de 6.697 días, equivalentes a 18 años, 7 meses y 7 días de servicios […] es claro que el asegurado no reúne el requisito de tiempo exigido que para el caso es de 20 años de aportes”[16]. - Se analizó la situación de la señora Franco Lopesierra a la luz de las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, encontrando que tampoco cumplía con los requisitos de la misma. - La señora Franco Lopesierra contaba con la edad requerida para acceder a la pensión. - Como consecuencia de lo anterior, negó la pensión de vejez. - La señora Franco Lopesierra cuenta con 82 años al momento de la presentación de la acción de tutela. - La accionante manifestó que su situación económica es calamitosa, pues convive con su nieta, quien tiene 4 personas a su cargo y es madre cabeza de familia. Informó que su nieta es contratista del SENA, teniendo una asignación mensual equivalente a $2’575,000[17] y que los gastos del hogar ascienden a $1’596,900. - Aportó además la declaración juramentada de los señores Héctor Peña y Martín Ortega, en la que manifiestan que la señora Franco Lopesierra laboró en el municipio de Maicao a partir del 13 de octubre de 1965 y el 25 de junio de 1980[18]. Igualmente, consta en el expediente constancia de supervivencia de la señora Franco Lopesierra del 14 de junio de 2011, emitida por la Notaria 5ª del Círculo de Cartagena. 1.3. La demanda de tutela correspondiente al expediente T-3289109[19]. El señor Guillermo Castaño Panesso basa su pretensión de amparo constitucional en los siguientes hechos y consideraciones: 1.3.1. Derechos fundamentales invocados: Vida digna, mínimo vital, seguridad social y debido proceso. 1.3.2. Conducta causante de la vulneración: Negativa del Instituto de Seguros Sociales a reconocer al accionante la pensión de vejez solicitada, en las condiciones del régimen de transición contemplado en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993 y de acuerdo con las condiciones de la ‘pensión de jubilación por aportes’ regulada por la Ley 71 de 1988, al no haber contabilizado el tiempo de servicio cotizado a la Caja Nacional de Previsión, y laborado por el accionante en el Departamento de Caldas. 1.3.3. Pretensión: Se ordene al Instituto de Seguros Sociales efectuar el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, establecida en la Ley 71 de 1988, por acreditar más de 20 años de aportes. 1.3.4. Fundamentos: -El accionante laboró al servicio del Departamento de Caldas en los siguientes periodos: Municipio Cargo Desde Hasta Pueblo Rico Celador de Rentas 19-11-1964 22-02-1965 Apia Celador de Rentas 23-02-1965 08-01-1967 La Dorada Celador de Rentas 09-01-1967 24-07-1967 Samaná Celador de Rentas 25-07-1967 19-02-1968 Samaná Celador de Rentas 17-06-1968 19-02-1969 Chinchiná Celador de Rentas 20-02-1969 31-07-1969 Palestina Celador de Rentas 01-08-1969 14-09-1969 La Dorada Celador de Rentas 15-09-1969 31-01-1970 Manizales Auxiliar Servicios Generales – Secretaría Servicios Administrativos 01-06-2000 31-08-2001 Se certificó que hasta el 31 de enero de 1970 “se efectuaron descuentos de ley […] con destino a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL”[20] - El señor Castaño Panesso solicitó por primera vez su pensión de vejez ante el ISS el 16 de febrero de 2010, pero esta le fue negada mediante Resolución 2338 del 22 de junio de 2010[21]. De la misma destacan los siguientes elementos: - El señor Castaño Panesso presentó con su solicitud certificados sobre tiempo laborado al sector público, pero no cotizado al ISS de un total de 1864 días. - El señor Castaño Panesso cotizó un total de 5014 días o 716 semanas al ISS para el Sistema General de Pensiones. - El señor Castaño Panesso contaba con la edad requerida para acceder a la pensión. - Que el accionante es beneficiario del régimen de transición. - Que dado que el accionante sólo contaba con 982 semanas no reúne los requisitos exigidos para acceder a la pensión de vejez, previo análisis a la luz de los regímenes de tiempo de cotización y edad de la Ley 33 de 1985, Acuerdo 49 de 1994 aprobado mediante Decreto 758 de 1990 y Ley 71 de 1988. - Como consecuencia de lo anterior, negó la pensión de vejez. - El 19 de enero de 2011, el señorCastaño Panesso elevó una segunda una solicitud para obtener la pensión de vejez, pero esta fue nuevamente negada mediante Resolución 2209 de junio 21 de 2011[22]. De la misma destacan los siguientes elementos: - El señor Castaño Panessopresentó con su solicitud certificados sobre tiempo laborado al sector público, pero no cotizado al ISS de un total de 1864 días. - El señor Castaño Panesso cotizó un total de 5553 días o 793 semanas al ISS para el Sistema General de Pensiones. - El señor Castaño Panesso contaba con la edad requerida para acceder a la pensión. - Que el accionante es beneficiario del régimen de transición. - Se analizó la situación del señor Castaño Panesso a la luz de las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, y de la Ley 33 de 1985, encontrando que no cumplía con los requisitos de los mismos. - En cuanto al régimen de la Ley 71 de 1988, destacó que a pesar de que el accionante cuenta con 1059 semanas de tiempo laborado, es decir, 20 años, 7 meses y 3 días, “revisado el formato CLEBP emanado del Departamento de Caldas, aportado a folio 12, se observa que los periodos entre el 19 de Noviembre de 1964 al 31 de enero de 1967 no fueron aportados a caja o fondo como lo es requisito para dar aplicación a la mencionada norma, razón por la cual estos tiempos no se pueden tener en cuenta para la aplicación de esta norma, en virtud de lo anterior no le es aplicable este régimen, por lo tanto el tiempo real aplicable serían 6625 días equivalentes a 18 años 04 meses y 25 días (946 semanas)”[23] - Como consecuencia de lo anterior, negó la pensión de vejez. - El señor Castaño Panesso cuenta con 72 años al momento de la presentación de la acción de tutela. - El accionante manifestó que su situación económica es precaria, pues aunque es propietario de un predio avaluado en $31’600,000, este se encuentra embargado[24], y sólo contaría con su pensión para obtener un ingreso, del que no sólo depende él sino su esposa. Se recibió testimonio del señor Luis Gonzaga Ossa Duque que confirmó la precariedad de la situación económica del accionante[25]. - El accionante destaca que dado que pertenece a la tercera edad, siendo sujeto de especial protección, obligarlo a tramitar su pretensión por las vías ordinarias lo someterían a una situación inviable por la tardanza que comportarían para la protección de sus derechos. 1.4. La demanda de tutela correspondiente al expediente T-3302519[26]. El señor Carlos Alberto Sánchez Pilonieta basa su pretensión de amparo constitucional en los siguientes hechos y consideraciones: 1.4.1. Derechos fundamentales invocados: Vida digna, mínimo vital, igualdad y seguridad social. 1.4.2. Conducta causante de la vulneración: Negativa del Instituto de Seguros Sociales a reconocer al accionante la pensión de vejez argumentando que no cumplía con el requisito de haber aportado al menos 1000 semanas. 1.4.3. Pretensión: Se ordene al Instituto de Seguros Sociales efectuar el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada. 1.4.4. Fundamentos: -El accionante solicitó su pensión de vejez ante el ISS siendo esta negada mediante Resolución 022857 del 25 de agosto de 2004, confirmada por la resolución 431005 del 15 de julio de 2009[27]. De esta última destacan los siguientes elementos: - El señor Sánchez Pilonieta cotizó un total de 949 semanas al ISS para el Sistema General de Pensiones. 256 de dichas semanas pertenecen al periodo comprendido a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de jubilación. - El señor Sánchez Pilonieta contaba con la edad requerida para acceder a la pensión. - El accionante es beneficiario del régimen de transición. - La situación del señor Sánchez Pilonieta fue analizada a la luz de las disposiciones que sobre edad de jubilación y tiempo de cotización estaban contempladas en el Decreto 758 de 1990, encontrando que si bien cumple con el requisito de edad, no habría cotizado el mínimo de 1000 semanas exigido para la obtención de la pensión. - Como consecuencia de lo anterior, negó la pensión de vejez. - El accionante informa que se dio a la tarea de solicitar a sus empleadores la verificación de la realización de algunos aportes extemporáneos realizados por las empresas CAS SISTEMAS S.A. y ONECOM DE COLOMBIA S.A., obteniendo las certificaciones y soportes correspondientes a los respectivos periodos, de la siguiente manera[28]: Empresa Periodo Días válidos ONECOM Nov-2000 29 ONECOM Jul-2001 29 ONECOM Ago-2001 29 CASSISTEMAS Sep-2005 26 - El accionante obtuvo de la EPS Sanitas una certificación de pago de aportes, del 6 de julio de 2009, en donde consta que dicha empresa recibió aportes correspondientes al periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2002 y julio de 2003[29]. - El 16 de abril de 2010, el señor Sánchez Pilonieta elevó solicitud para obtener el desarchivo de su expediente pensional para que se reevaluara su situación de cara al cumplimiento de los requisitos. La pensión de vejez fue nuevamente negada mediante Resolución 024986 de julio 22 de 2011[30], expedida luego de una acción de tutela concedida al actor. De la misma destacan los siguientes elementos: - El señor Sánchez Pilonieta cotizó un total de 999 semanas al ISS para el Sistema General de Pensiones. 111 de dichas semanas pertenecen al periodo comprendido a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de jubilación. - Destacó que el asegurado, el mes de julio de 2003 y desde el mes de junio de 2007 a agosto de 2007 “cotizó en forma interrumpida, para pensión pero no acreditó haber efectuado pagos para salud, razón por la cual esas semanas no se tuvieron en cuenta para estudiar la prestación reclamada”[31]. - El señor Sánchez Pilonieta contaba con la edad requerida para acceder a la pensión. - El accionante es beneficiario del régimen de transición. - La situación del señor Sánchez Pilonieta fue analizada a la luz de las disposiciones que sobre edad de jubilación y tiempo de cotización estaban contempladas en el Decreto 758 de 1990, encontrando que si bien cumple con el requisito de edad, no habría cotizado el mínimo de 1000 semanas exigido para la obtención de la pensión. - Como consecuencia de lo anterior, negó la pensión de vejez. - El señor Sánchez Pilonieta cuenta con 68 años al momento de la presentación de la acción de tutela. 2. Respuesta del accionado. 2.1. Expediente T-3287471. Ni el Instituto de Seguros Sociales Seccional Santander ni las directivas del ISS a nivel nacional[32] se pronunciaron sobre la acción de tutela promovida por la señora Rueda Villalba. 2.2. Expediente T-3288731. 2.2.1. Municipio de Maicao[33]. El municipio de Maicao se opuso a las pretensiones de la accionante manifestando que contrario a lo afirmado por la señora Franco Lopesierra, el ‘tiempo real de servicios’ corresponde a los siguientes periodos: Desde Hasta Cargo/Observaciones 13-10-1965 12-01-1973 Conserje Municipal 13-01-1973 10-09-1973 Aseadora Municipal 13-01-1975 31-12-1975 Aseadora Municipal 01-01-1976 25-06-1980 Aseadora Municipal Destacó que el Municipio cumplió con su deber al certificar el tiempo laborado y que la decisión de otorgar o no la pensión corresponde al ISS, por lo que es esta entidad la que, eventualmente, habría vulnerado los derechos de la señora Franco Lopesierra. Señaló igualmente que la accionante no agotó los mecanismos de la vía gubernativa en ninguna de las dos ocasiones en que acudió al ISS a solicitar la pensión. 2.2.2. El Instituto de Seguros Sociales – Pensiones. El Instituto de Seguros Sociales no se pronunció sobre la acción de tutela promovida por la señora Franco Lopesierra. 2.3. Expediente T-3289109. El Instituto de Seguros Sociales - Seccional Caldas se pronunció extemporáneamente[34] sobre la acción de tutela promovida por el señor Castaño Panesso, limitándose a aportar copia de la Resolución 2209 del 21 de junio de 2011 –antes reseñada-. 2.4. Expediente T-3302519. El Instituto de Seguros Sociales no se pronunció sobre la acción de tutela promovida por el señor Sánchez Pilonieta. 3. Decisiones judiciales objeto de revisión: 3.1. Expediente T-3287471: Sentencia del 29 de septiembre de 2011 del Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga. El Juzgado encuentra que la accionante presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución 7572 de 2010, sin que hubiera obtenido respuesta habiendo transcurrido más de cinco meses luego de su solicitud. Esta situación, considera el Juzgado de instancia, comporta la vulneración del derecho fundamental de petición. A causa de lo anterior, el Juzgado dispuso tutelar dicho derecho, ordenando al Instituto de Seguros Sociales responder a la solicitud de revocatoria directa elevada por la señora Rueda Villalba dentro de los dos días siguientes a la notificación de su decisión. Sin embargo, advirtió a la accionante que la protección de tutela no sería procedente frente a los derechos prestacionales relacionados con la situación por ella expuesta, en tanto estos no tienen rango fundamental, quedando disponibles para su concreción los mecanismos judiciales ordinarios. 3.2. Expediente T-3288731: Sentencia del 15 de Julio de 2011 del Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescencia con Funciones de Conocimiento de Cartagena[35]. 3.2.1. El juzgado deniega el amparo al considerar que ninguno de los medios de prueba aportados por la accionante consigue desvirtuar la afirmación del ISS o denotar su ilegalidad, en el sentido de que la accionante habría cotizado solamente 18 años, 7 meses y 7 días de servicios. Así, destaca que los tiempos de servicio efectivamente laborados de acuerdo con lo certificado por el Municipio de Maicao dan cuenta de interrupciones en la vinculación laboral y que la accionante no consigue desvirtuar lo anterior, pues sólo se opone con su manifestación en el escrito de tutela y en la declaración rendida ante el despacho. Considera que la jurisprudencia de la Corte Constitucional exige que la titularidad alegada del derecho pensional sea clara para la procedencia del amparo de tutela y que en caso de duda, deberá ser la justicia ordinaria la que se pronuncie de manera definitiva sobre el asunto. A lo anterior agregó que no se advierte la amenaza u ocurrencia de un perjuicio irremediable que afecte a la señora Franco Lopesierra, y pone de presente que nunca agotó los mecanismos judiciales ordinarios a su disposición para obtener la pensión que ahora reclama. Por las anteriores consideraciones, determinó la improcedencia del amparo. 3.2.2. La accionante radicó escrito de impugnación a través de apoderado el 25 de julio de 2011, pero este fue inadmitido por extemporaneidad, en tanto la sentencia se notificó a la actora el 18 de julio de 2011, por lo que sólo había posibilidad de formular la impugnación hasta el 22 de julio de 2011[36]. 3.3. Expediente T-3289109: Sentencia del 19 de Octubre de 2011 del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales[37]. Consideró el juzgado que a pesar que el accionante pertenece a la tercera edad, no hay elementos adicionales que se encaminen a mostrar como procedente la acción de tutela, en tanto que el accionante no agotó los mecanismos administrativos a su disposición, como por cuanto no habría claridad sobre las semanas efectivamente cotizadas mientras sirvió al Departamento de Caldas. Así, considera que la solicitud del accionante se enmarca en un conflicto de rango legal que no corresponde en su resolución a la jurisdicción constitucional, por lo que debe tramitarse a través de los mecanismos judiciales ordinarios. Por las anteriores consideraciones, negó el amparo por improcedente. 3.4. Expediente T-3302519: Sentencia del 26 de Octubre de 2011 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal[38], que confirmó la sentencia del 22 de Septiembre de 2011 del Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá[39]. 3.4.1. Sentencia del 22 de Septiembre de 2011 del Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá Destaca que el mecanismo de la acción de tutela no es el adecuado para obtener las pretensiones expuestas por el accionante, en tanto dado su carácter, correspondería su realización a los mecanismos judiciales ordinarios. Igualmente señaló que el accionante no señaló la ocurrencia o inminencia de un perjuicio irremediable. Tampoco encontró el juez probadas las afectaciones de los derechos fundamentales invocados por el accionante, en especial la infracción al mínimo vital a falta de cualquier prueba obrante en el expediente sobre el particular, e incluso duda de la afectación al mismo por cuanto el señor Sánchez Pilonieta se encuentra suscrito al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo. Por las anteriores consideraciones denegó el amparo. 3.4.2. Impugnación El señor Sánchez Pilonieta reitera las consideraciones de la acción de tutela en su escrito de tutela, ampliando su alegato a la vulneración del derecho al debido proceso básicamente por la espera de dos años que ha tenido que soportar tramitando su pensión ante el ISS. 3.4.3. Sentencia del 26 de Octubre de 2011 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal Se manifestó estar de acuerdo con la consideración del a quo en torno a que la pretensión del accionante corresponde en su trámite a las acciones jurisdiccionales ordinarias, que no pueden ser suplantadas por la acción de tutela. Destacó que si bien el señor Sánchez Pilonieta habría hecho uso de recursos de la vía gubernativa, dicha circunstancia no hace inmediatamente procedente la acción de tutela, que sólo procedería en caso de que el mecanismo ordinario se tornase ineficaz, o se utilizase como mecanismo transitorio, circunstancias que no aplican al caso concreto. En virtud de las anteriores consideraciones confirmó el fallo del juez de primera instancia. II. CONSIDERACIONES. 1. Competencia. La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36-[40]. 2. Procedencia de la demandas de tutela. 2.1. Alegación de afectación de un derecho fundamental. 2.1.1. Expediente T-3287471. La señora Rueda Villalba expone en su escrito de tutela la posible afectación de su derecho fundamental de petición y el derecho a la Seguridad Social, debido a la omisión del Instituto de Seguros Sociales a responder su solicitud de revocatoria directa de la Resolución 7572 de 2010 y la decisión de la misma entidad de suspender el pago de su mesada pensional. 2.1.2. Expedientes T-3288731, T-3289109 y T-3302519. Los accionantes en estos expedientes, la señora Franco Lopesierra y los señores Castaño Panesso y Sánchez Pilonieta exponen en sus escritos la eventual afectación de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la Seguridad Social, debido a las omisiones del Instituto de Seguros Sociales de valorar adecuadamente su situación pensional y aplicar el régimen legal propio de la misma, negándoles con ello el acceso a la pensión a la cual consideran tener derecho. 2.2. Legitimación activa. Los accionantes en los expedientes de tutela analizados son titulares de los derechos que alegan vulnerados. Frente al expediente T-3288731 cabe anotar que si bien en un principio la señora Franco Lopesierra actuó a través de su nieta, Marleth Solar Arredondo -como agente oficioso para la presentación del escrito de tutela[41]-, la accionante, mediante testimonio rendido ante el juez de primera instancia en el trámite de la acción de tutela ratificó su actuación[42]. 2.3. Legitimación pasiva. En los casos analizados las acciones de tutela se dirigen contra autoridades públicas (Instituto de Seguros Sociales y el Municipio de Maicao) por lo que son pasibles de demanda de tutela[43]. 2.4. Subsidiariedad. 2.4.1. El derecho de Petición - Expediente T-3287471. Dado que la señora Rueda Villalba expone en su escrito de tutela la posible afectación de su derecho fundamental de petición, la acción de tutela sería procedente de manera directa en tanto se refiere a un derecho fundamental de aplicación inmediata[44], situación que se verifica en abundante jurisprudencia de esta Corporación. 2.4.2. El derecho al debido proceso administrativo y el derecho a la seguridad social – Expedientes T-3288731, T-3289109 y T-3302519. En los casos expuestos por la señora Franco Lopesierra y los señores Castaño Panesso y Sánchez Pilonieta se exponen situaciones que se encuadran en eventuales afectaciones del derecho al debido proceso administrativo, que habrían impedido la realización del derecho a la seguridad social. Valga decir que lo pretendido por los accionantes en los casos expuestos podría tramitarse a través de los mecanismos ordinarios, como hacen ver los respectivos jueces de instancia, pero las circunstancias particulares de cada uno de ellos muestran como dichos mecanismos no serían idóneos para su protección dado que los tres solicitantes pertenecen a la tercera edad y exponen circunstancias adicionales que apuntan a que el trámite por las vías ordinarias implicaría una carga desproporcionada para ellos. Vale la pena anotar sobre el tema de la evaluación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad que existen ocasiones en las que, a pesar de existir mecanismos judiciales ordinarios para el trámite de las pretensiones expuestas en sede de tutela, y de manera excepcional, se hace necesario ponderar el alcance del principio de subsidiariedad, la efectividad del mecanismo ordinario y la situación particular del actor, de modo que no se le imponga una carga desproporcionada a quien no es capaz de soportarla. Es así como “el amparo constitucional procede con el fin de salvaguardar bienes cuya inmediata protección resulta necesaria, siempre y cuando los medios ordinarios de defensa judicial existentes, atendiendo a las condiciones del caso concreto, resulten insuficientes para lograr dicho cometido”[45]. Cabe destacar que el examen en torno al cumplimiento del requisito de subsidiaridad, al tener en cuenta las particularidades de quien reclama el amparo constitucional, se hace más flexible en el caso de sujetos de especial protección constitucional -como por ejemplo personas de la tercera-, lo que no quiere decir que siempre será procedente la acción de tutela cuando sean invocadas por estos sujetos. Esto es así por cuanto, como se señaló anteriormente, debe existir algún elemento de convicción en torno a que quien recurre a la acción de tutela no podría soportar la carga que implicaría el trámite de su pretensión por la vía ordinaria, so pena de afectar el principio de igualdad[46]. En punto al tema de la tercera edad, debe destacarse que la jurisprudencia no ha asumido una posición uniforme en torno a cuándo debe entenderse su inicio, existiendo varios criterios y parámetros razonables para su determinación. Atendiendo esta situación, considera la Sala que uno de esos criterios razonables, que se aplicará en la presente providencia, es el de fijar el inicio de la tercera edad con la ayuda de la ley que regula el régimen general de pensiones, de tal manera que el inicio de la ‘tercera edad’ coincida con el momento en que se puede acceder al amparo de vejez, que en la actualidad es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres[47]. Deberá entenderse entonces que los accionantes en los expedientes analizados, la señora Franco Lopesierra, de 82 años de edad, y los señores Castaño Panesso, de 72 años de edad, y Sánchez Pilonieta, de 68 años de edad, pertenecen a la tercera edad y deben considerarse sujetos de especial protección, por lo que el análisis del requisito de subsidiariedad será más flexible. Considera la Sala que, si bien “el juez constitucional puede presumir la idoneidad del proceso laboral, medio específicamente diseñado por el legislador para resolver controversias pensionales”[48], las circunstancias personales de los solicitantes apuntan a que su duración podría ser demasiado larga, teniendo en cuenta que la señora Franco Lopesierra y los señores Castaño Panesso y Sánchez Pilonieta, argumentaron que la falta del reconocimiento de la pensión afecta gravemente su mínimo vital, situación que además de razonable en el caso de personas de edad avanzada como las aquí accionantes -en el sentido de que ya no harían parte de la población económicamente activa-, se debe tener como cierta teniendo en cuenta que para el caso de la señora Franco Lopesierra el Municipio de Maicao nunca controvirtió tal afirmación, y esta aportó pruebas en torno a su dependencia económica con relación a su nieta (ver supra. Antecedentes, numeral 1.2.2.5.). En cuanto a la situación de los señores Castaño Panesso y Sánchez Pilonieta, se aplica a su favor la presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[49], además de que el señor Castaño Panesso aportó elementos de convicción en torno al peligro en que se encuentra su mínimo vital por la falta de la pensión a la que considera tener derecho (ver supra. Antecedentes, numeral 1.3.2.5.). Ante la comprobación de las circunstancias personales de los solicitantes y la amenaza a su derecho al mínimo vital por la negación de sus pensiones, reflejada en los medios de prueba que refuerzan su argumento, aparece probada la ineficacia del medio judicial ordinario y por lo tanto, cumplido el requisito de subsidiariedad en los casos analizados. 2.2. Inmediatez. 2.2.1. Expediente T-3287471. El derecho de petición que motiva la solicitud de amparo fue elevado ante la entidad el 24 de mayo de 2011 y la tutela presentada el 16 de septiembre de 2011, por lo que sólo han transcurrido menos de 4 meses entre la ocurrencia de los hechos y la solicitud de amparo. Igualmente, la suspensión en el estado pensional de la accionante le habría sido anunciada el 16 de septiembre de 2011, el mismo día de la presentación de la acción de tutela. 2.2.2. Expediente T-3288731. La accionante interpuso acción de tutela a través de su nieta el 16 de septiembre de 2011, atacando la decisión del Instituto de Seguros Sociales, plasmada en la Resolución 0001586 del 11 de febrero de 2010, de modo que entre el momento en que se concretó la supuesta afectación de los derechos y la interposición de la acción de tutela transcurrieron un año y 7 meses. Este término, si bien algo prolongado, se considera razonable para la interposición de la acción de tutela, teniendo en cuenta las condiciones de edad y salud de la señora Franco Lopesierra que incluso la obligaron a recurrir a solicitar el amparo por interpuesta persona, y que se aprecia un nivel de diligencia adecuada ya que entre el momento en el que se profirió la resolución mencionada, ha solicitado elementos adicionales para sustentar sus pretensiones[50]. 2.2.3. Expediente T-3289109. El señor Castaño Panesso interpuso la acción de tutela el 4 de octubre de 2011, atacando los efectos de la Resolución 2209 de junio 21 de 2011, de modo que entre el momento en que se concretó la supuesta afectación de los derechos y la interposición de la acción de tutela transcurrieron cerca de 3 meses y medio, un término razonable para el ejercicio de la acción. 2.2.4. Expediente T-3302519. El señor Sánchez Pilonieta interpuso su acción de tutela el 8 de septiembre de 2011, atacando los efectos de la Resolución 024986 de julio 22 de 2011, de modo que entre el momento en que se concretó la supuesta afectación de los derechos y la interposición de la acción de tutela transcurrió cerca de 1 meses y medio, un término razonable para el ejercicio de la acción. 3. Problema jurídico constitucional. La Corte Constitucional examinará dos problemas jurídicos fundamentales: 3.1. Si se produjo la vulneración del derecho de petición de la accionante en el expediente T-3287471, quien solicitó al ISS Pensiones la revocatoria directa de la Resolución 7572 de 2010, teniendo en cuenta que no obra prueba en el expediente de algún tipo de pronunciamiento sobre el particular. 3.2. Si el Instituto de Seguros Sociales, frente a los restantes expedientes, y el Municipio de Maicao en el caso T-3288731, incurrieron en vía de hecho administrativa al no reconocer las pensiones solicitadas al desconocer circunstancias debidamente probadas por los solicitantes, imponer barreras no contempladas en la Ley para acceder a la pensión o desconocer la Ley aplicable, al momento de expedir las resoluciones que definieron los respectivos casos. 4. Vulneración del derecho de petición. 4.1. El Derecho de Petición en solicitud de revocatoria directa – Reiteración de jurisprudencia. 4.1.1. El derecho de petición está contemplado en el artículo 23 de la Carta, indicando que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. El artículo 85 de la Constitución, lo enlista como uno de aquellos derechos de aplicación inmediata.El Código Contencioso Administrativo indica en su artículo 6, refiriéndose al derecho de petición de interés general, que “[l]as peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 4.1.2. La Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que el derecho de petición tiene rango de fundamental y puede ser protegido por vía de tutela, especialmente porque en muchas ocasiones tiene un carácter instrumental para hacer realidad otros derechos de rango fundamental e incluso brindar espacios de participación ciudadana “al permitirles a los particulares acercarse a la administración para reclamar de las autoridades la respuesta a sus inquietudes y cuestionamientos”[51]. Se ha establecido que la respuesta al derecho de petición debe cumplir con los siguientes requisitos: “i) [D]eben contener una respuesta de fondo, pues aquellas respuestas que están dirigidas a evadir la información o a aplazar la toma de decisión, constituyen una clara afectación de este derecho fundamental, ii) deben ser oportunas, iii) deben ser claras, suficientes y congruentes con lo pedido”[52]. Igualmente, en reiterada jurisprudencia se ha determinado que la falta de respuesta del derecho de petición implica la afectación de su núcleo esencial. En lo referido a solicitudes encaminadas a obtener la revocatoria directa de actos administrativos, ha considerado la jurisprudencia que las solicitudes “no solo buscan controvertir un determinado acto, sino que hacen uso del derecho fundamental de petición y de acuerdo a lo reseñado, la administración está en la obligación de resolver [las][53]”[54]. Ha entendido la Corte que la petición, retomando los lineamientos decantados en la sentencia T-304 de 1994, que “la administración no puede demorar la decisión de un recurso, más allá de los términos con que cuenta para la práctica de pruebas, es decir, treinta (30) días, cuando el asunto no amerite medio probatorio alguno, y de ser las pruebas necesarias, un término prudencial que consulte las cargas mismas de la administración, término que debe ser razonable. Razonabilidad que se apreciará en cada caso, y que dependerá, en últimas, de la naturaleza del asunto recurrido.|| Esto se ratifica con el hecho de que si la administración, pasados dos (2) meses de presentado el recurso no lo ha resuelto, sigue obligada a resolver, sin eximirse de responsabilidad alguna”[55]. 4.2. El Caso Concreto frente al derecho de petición: Expediente T- 3287471. En el expediente consta que la accionante acudió al derecho de petición a través de escrito radicado el 24 de mayo de 2011[56], en el que solicitó la revocatoria directa de la Resolución 7572 de 2010, que reconoció su pensión especial de vejez de madre trabajadora con hijo inválido. Revisado el expediente, se aprecia que no se aportó respuesta alguna frente a esta petición, habiendo la accionante destacado que el Instituto de Seguros Sociales no se había pronunciado frente a la misma, afirmación que se presume cierta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 dada la falta de contestación a la acción de tutela por parte de la entidad accionada, de modo que transcurrieron 3 meses y 23 días sin que se obtuviera una respuesta. La accionante en el presente caso refirió además que la entidad accionada decidió “de manera abusiva suspender el pago de mi Pensión especial para la nómina de Mayo de 2011”[57], y que “esta restricción que ya no se opera, en mi caso porque la Pensión fue reconocida de manera definitiva, esto me llevó a elaborar la petición del 28/07/2011”[58], cuestión que haría inferir la existencia de un segundo derecho de petición. Sin embargo, la accionante no aportó con su escrito de tutela prueba alguna que permitiera verificar la existencia del mismo, a la vez que se aprecia en la certificación de la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados – Coordinación Nacional de Nómina de Pensionados del 16 de septiembre de 2011, aportada por la propia accionante, que para la nómina de Agosto de 2011 se consignó en la cuenta personal de la accionante el valor correspondiente a su asignación pensional[59]. Esto implica que para el momento de la interposición de la acción de tutela, el 16 de septiembre de 2011, se había cancelado la última mesada pensional causada, es decir la correspondiente a agosto de 2011, de manera que no se aprecia la afectación de algún otro derecho fundamental. En este sentido, se verifica que en el presente caso se presentó una vulneración del derecho fundamental de petición, situación que analizó y sobre la que se pronunció el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga mediante su sentencia del 29 de septiembre de 2011 tutelando el derecho de petición y ordenando al Instituto de Seguros Sociales “dar respuesta de fondo, clara y precisa al (sic) solicitud elevada por la señora FABIOLA SOLANGE RUEDA VILLALBA, con relación a la solicitud de revocatoria directa presentada el 12 de mayo de 2011”[60], en el término de 2 días siguientes a la notificación del fallo. Debido a lo anterior, por haberse verificado la vulneración del derecho de petición de la accionante, se confirmará la Sentencia del 29 de septiembre de 2011 del Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga, por las consideraciones antes analizadas. 5. Vulneración del derecho al debido proceso administrativo y el derecho a la seguridad social – Reiteración de jurisprudencia. 5.1. El derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas con relación a solicitudes pensionales. La Constitución de 1991, al establecer en el artículo 29[61] el derecho fundamental al debido proceso, no pretendió restringir su alcance a las actuaciones judiciales sino que delineó su ámbito para comprender también las actuaciones administrativas. Es así que se puede definir el debido proceso como “el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción”[62]. En este sentido, el administrado también es sujeto de protección constitucional contra actos arbitrarios o contrarios al ordenamiento jurídico que se producen, por ejemplo, con ocasión del reconocimiento de pensiones, escenario sobre el que la Corte Constitucional se ha pronunciado profusamente. Debe destacarse que gracias al desarrollo que ha tenido la jurisprudencia en torno a la caracterización de la vulneración al debido proceso en materia judicial, se han utilizado las categorías establecidas para dicha situación para facilitar el análisis de la afectación del derecho al debido proceso en el ámbito administrativo, con la consideración de que aunque diferentes en su concepción inicial, se presentan como útiles para la identificación de actuaciones de la administración que comportan la afectación de los derechos fundamentales del ciudadano[63]. La jurisprudencia se ha dado a la tarea de adaptar las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales al lenguaje y características propias del ámbito administrativo, para lo cual se recordará lo dicho por la Corte en la sentencia T-076 de 2011 sobre el particular: “13.1. Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de competencia para expedirlo. Se trata, por ende, de una situación extrema, en donde resulta irrazonable sostener que dicha autoridad estaba investida de la facultad de adoptar la decisión correspondiente. 13.2. Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico. Este vicio tiene carácter cualificado, puesto que para su concurrencia se requiere que (i) no exista ningún motivo constitucionalmente válido o relevante que permitiera sobreseer el procedimiento aplicable; (ii) las consecuencias de ese desconocimiento involucren una afectación verificable de las garantías constitucionales, en especial del derecho al debido proceso; y (iii) que el defecto observado no haya sido solucionado a través de los remedios previstos por la ley para subsanar errores en el procedimiento. 13.3. Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos demostrados dentro de la actuación. Este defecto, al igual que el anterior, tiene naturaleza cualificada, puesto que para su estructuración no basta plantear una diferencia de criterio interpretativo respecto a la valoración probatoria que lleva a cabo el funcionario, sino que debe demostrarse la ausencia de vínculo entre los hechos probados y la decisión adoptada. Además, el error debe ser de tal magnitud que resulte dirimente en el sentido del acto administrativo, de modo que de no haber ocurrido, el acto hubiera tenido un sentido opuesto al adoptado. 13.4. Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes, inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en lo que la doctrina define como interpretación contra legem. 13.5. Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por parte de un tercero. 13.6. Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. Este defecto ha tenido un profundo desarrollo por la jurisprudencia constitucional, la cual ha señalado que la motivación del acto administrativo es un aspecto central para la garantía del derecho al debido proceso de las partes, puesto que la ausencia de tales premisas impide expresar cargos de ilegalidad o inconstitucionalidad ante la jurisdicción contenciosa distintos al de desviación de poder de que trata el artículo 84 C.C.A., lo que a su vez conlleva una grave afectación, tanto del derecho de defensa del afectado, como del principio de publicidad propio de la función administrativa.[64] Esta postura ha llevado a que la jurisprudencia de esta Corporación haya previsto que incluso en los eventos en que el ordenamiento confiere a determinadas autoridades administrativas la potestad discrecional para adoptar ciertas decisiones, tal facultad no puede entenderse como un ámbito para el ejercicio arbitrario del poder, lo que implica que en ese escenario también deba hacerse expresa la motivación de la decisión.[65] 13.7. Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con efectos obligatorios, la Corte Constitucional. 13.8. Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo que desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política. Ello se evidencia cuando la Constitución prevé reglas positivas particulares con efecto inmediato, que determinan consecuencias jurídicas verificables y, a pesar de ello, la autoridad desconoce esos mandatos o profiere actos que contradicen las reglas mencionadas”[66]. 5.2. Análisis del caso concreto: expediente T-3288731. 5.2.1. En el caso expuesto por la señora Franco Lopesierra destaca el hecho de que las circunstancias acreditadas por ella al momento de la solicitud de su pensión de jubilación no fueron tenidas en cuenta por el Instituto de Seguros Sociales, que se basó plenamente en las circunstancias certificadas por el Municipio de Maicao, que en un momento reconoció a la accionante un tiempo laborado, mientras que posteriormente, y aparentemente por la destrucción de sus archivos, acreditó ante el ISS Pensiones un tiempo menor de cotización. Se evidencian entonces dos actuaciones administrativas independientes que desconocen los derechos de la señora Franco Lopesierra y que terminan por impedirle el acceso a la pensión de vejez a la que tiene derecho. 5.2.2. La certificación del tiempo laborado por el Municipio de Maicao. La accionante aportó al proceso fotocopias autenticadas de dos certificaciones expedidas por funcionarios diferentes del Municipio de Maicao, una del Archivo del Municipio en donde se expone con claridad que “la Señora: AIDA RAQUEL FRANCO LOPESIERRA, identificada con Cédula de ciudadanía número 26’957.407 expedida en Maicao, quien fue nombrada según Acta de Posesión Número 115 de fecha 13 de Octubre de 1965, para el Cargo de Aseadora del Palacio Municipal y ocupó dicho cargo hasta el día 25 de Junio de 1980, cuando fue desvinculada por Decreto 072 de la fecha”[67] y otra de la Secretaria de la Caja de Previsión Social Municipal, en la que consta que la señora Franco Lopesierra “[l]aboró en este municipio a partir del 13 de octubre de 1965 hasta el 25 de junio de 1980 y durante su permanencia estuvo afiliada a la Caja de Previsión Social”[68]. Estas certificaciones datan del año 1996, fecha en la que la accionante acudió por primera vez al Instituto de Seguros Sociales a solicitar la pensión que fue negada mediante Resolución 01519 del 15 de abril de 1999[69] en la que consta que “esta entidad [el Instituto de Seguros Sociales] consultó el proyecto de liquidación de la pensión a la entidad concurrente [el Municipio de Maicao] mediante oficio GNAP No 12096 del 18 de diciembre de 1998 (fl.70) para que se pronunciara sobre la cuota parte asignada, entidad que con oficio calendado el 12 de enero de 1999 (Fl.77) expresa que carecen de los archivos que les permita verificar los aportes realizados a la Caja de Previsión Social municipal de Maicao, por cuanto los mismos ‘fueron dados de baja por encontrarse en mal estado’”[70]. Aún más, la accionante aportó declaración juramentada de los señores Héctor Peña y Martín Ortega, en la que manifiestan que la señora Franco Lopesierra laboró en el municipio de Maicao a partir del 13 de octubre de 1965 y el 25 de junio de 1980[71]. En su contestación, la entidad accionada destaca que “[c]abe resaltar que el Municipio de Maicao, a través de funcionario responsable no puede certificar periodos distintos a los que constan en sus archivos [… y que…] el Municipio de Maicao ha certificado el tiempo de servicios que aparece en sus archivos, pues no le es dado al funcionario competente agrupar o quitar tiempos o periodos de labores de ningún funcionario o trabajador del mismo”[72]. Frente a la situación establecida en sede de revisión, se aprecia que la entidad se ha limitado a certificar los tiempos que constan en sus archivos, situación que no parecería contraria a los derechos fundamentales, de no ser porque está claro que para el año 1999 dichos archivos ‘fueron dados de baja por encontrarse en mal estado’ según informó el Municipio de Maicao al Instituto de Seguros Sociales, y que la accionante cuenta con certificaciones -que anteceden a la fecha de la destrucción del archivo- de las cuales se desprende con claridad que laboró como aseadora del Palacio Municipal de Maicao – Guajira, entre el 13 de octubre de 1965[73] y el 25 de junio de 1980[74]. Además de lo anterior, el Municipio de Maicao, al contestar la tutela, en lugar de probar una supuesta discontinuidad en el tiempo de servicio, por ejemplo a través de actas de posesión y actos administrativos de desvinculación, se limita a afirmar que no consta más información en sus archivos, ocultando que los mismos habían sido destruidos y desconociendo que la accionante aportaba con su solicitud de tutela elementos probatorios, emanados de sus propios funcionarios, que consiguen acreditar con suficiencia el hecho de que habría laborado de manera continua en dicha entidad, y no de manera discontinua en los periodos certificados erradamente por el municipio. Debe destacarse que las deficiencias y dificultades administrativas no pueden constituirse en barreras que impidan la realización de los derechos fundamentales de los administrados, como pretende hacerse en el presente caso. De lo anterior se desprende que el Municipio de Maicao, al ser consultada como entidad concurrente frente a la obligación pensional de la señora Franco Lopesierra, y haber certificado un tiempo de servicio diferente al efectivamente laborado por la trabajadora, incurrió en defecto fáctico, especialmente porque no logró desvirtuar los elementos de prueba aportados por ella, y que la propia entidad debía conocer pues provienen de sus funcionarios, en los que se certifica claramente que la accionante laboró entre el 13 de octubre de 1965 y el 25 de junio de 1980 de manera continua; lo anterior implica la existencia de una afectación al derecho al debido proceso de la accionante. 5.2.3. La negativa de la pensión de vejez de la señora Franco Lopesierra por parte del Instituto de Seguros Sociales. La negativa de la pensión de vejez de la señora Franco Lopesierra, operada mediante Resolución 0001586 del 11 de febrero de 2010[75], se basa en que ésta no consigue acreditar el tiempo de servicio necesario para acceder a la prestación solicitada. Esta circunstancia, si bien es en parte consecuencia de la certificación contraria a la verdad emitida por el Municipio de Maicao en cuanto al tiempo de servicio laborado por la accionante, y por ende producto de un acto contrario al derecho al debido proceso por haber i...