Sentencia T-324 de 2025

T-324-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-324/25 DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por permanencia en centros de detención transitoria que excede el término legal y constitucional PROHIBICIÓN DE LA TORTURA, PENAS, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES FRENTE A POBLACIÓN CARCELARIA-Respeto a la dignidad humana de los reclusos (...) vulneración de los derechos a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes... los derechos del procesado fueron vulnerados, debido a las condiciones precarias e indignas de reclusión a las que se vio sometido al estar por más de 36 horas en la mencionada URI. ESTACIONES DE POLICÍA Y CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA-Vulneración generalizada y sistematizada de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad (...) las actuales condiciones de vida en reclusión en los centros de detención transitoria son indignas, reprochables y a todas luces contrarias a las garantías básicas de un estado social de derecho. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Configuración, persona privada de la libertad permaneció en centro de detención transitoria por tiempo notablemente más extenso al máximo legal ACCIÓN DE TUTELA PARA TRASLADO DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Procedencia excepcional (i) no existe otro mecanismo judicial que pudiera ser ejercido por (el accionante) para la garantía de sus derechos fundamentales, (ii) la jurisprudencia ha considerado la acción de tutela como la más idónea y eficaz para la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, (iii) pese a que la Corte Constitucional puede asumir el cumplimiento de órdenes estructurales proferidas en el marco de un ECI mediante un incidente de desacato o cumplimiento, en principio le corresponde al juez de instancia el restablecimiento de los derechos del accionante por ser la vía más ágil y sostenible para la garantía de derechos. ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Límites y facultades del juez de tutela en su labor de protección de los derechos fundamentales (...) los jueces de instancia pueden impartir órdenes simples o complejas, mas no estructurales, cuando adviertan afectaciones particulares que se enmarquen en una problemática estructural. Si bien esta Corporación ha reiterado la importancia de que los jueces no adopten decisiones desarticuladas y contradictorias con respecto a las labores propias de las Salas Especiales de Seguimiento, ello no significa que los jueces no deban salvaguardar los derechos fundamentales amenazados o vulnerados y adoptar la medida que consideren necesaria para reestablecerlos. Por el contrario, el juez constitucional está obligado a amparar los derechos de los afectados, con las órdenes simples o complejas que estime convenientes, siempre y cuando estas sean armónicas con las estrategias marco de superación del estado de cosas inconstitucional. Incluso, los jueces pueden hacer uso de facultades extra y ultra petita al momento de resolver el caso concreto a partir de situaciones o derechos no alegados cuando advierta que los derechos del accionante están siendo vulnerados. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-No impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y futuras violaciones DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Deber del Estado de garantizar pleno ejercicio de derechos no restringidos y parcialmente los limitados legalmente ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN MATERIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA-Complementariedad entre las medidas de protección que se pueden impartir en sede de tutela y el esquema de seguimiento de la Corte Constitucional REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Primera de Revisión SENTENCIA T-324 DE 2025 Referencia: expediente T-10.869.114. Acción de tutela presentada por la procuradora 7 judicial penal II contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Policía Metropolitana de Bogotá – URI de Puente Aranda. Magistrada ponente: Natalia Ángel Cabo. Bogotá, D.C., 31 de julio de 2025. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Lina Marcela Escobar Martínez y Natalia Ángel Cabo, quien la preside, y por el magistrado Juan Carlos Cortés González, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente: SENTENCIA. Esta decisión se dicta en el trámite de revisión del fallo de tutela proferido en única instancia por el Juzgado 042 Civil del Circuito de Bogotá. El fallo revisado se dictó para resolver la acción de tutela promovida por la procuradora 7 judicial penal II contra el Instituto Penitenciario y Carcelario y la Policía Metropolitana de Bogotá – URI de Puente Aranda[1] por la presunta vulneración de los derechos a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes de Felipe. Aclaración previa. En atención a que en el proceso de la referencia se encuentran involucrados derechos fundamentales de una persona privada de la libertad y que, por ende, se puede ocasionar un daño a su intimidad, se registrarán dos versiones de esta sentencia, una con los nombres reales que la Secretaría General de la Corte remitirá a las partes y autoridades involucradas, y otra con nombres ficticios que seguirá el canal previsto por esta Corporación para la difusión de información pública. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1437 de 2011, el Reglamento de la Corte Constitucional y la Circular Interna No. 10 de 2022. Síntesis de la decisión Dentro del trámite de revisión, la Sala encontró que se configuró una carencia actual de objeto por daño consumado. Por lo tanto, la sentencia reiteró la jurisprudencia constitucional sobre los derechos fundamentales de las personas recluidas en centros de detención transitoria e hizo el análisis de fondo. En el caso concreto la Sala concluyó que las entidades accionadas vulneraron los derechos del señor Felipe a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes al recluirlo en un centro de detención transitoria en condiciones precarias e indignas por más de 6 meses. En consecuencia, la sentencia profirió órdenes tendientes a que cesen las acciones y omisiones que condujeron a la demostrada violación de derechos fundamentales y reiteró algunas órdenes de la Sentencia SU-122 de 2022 y del Auto 714 de 2025 de la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario. Respecto de la decisión de instancia, que declaró la improcedencia de la acción, la Sala llamó la atención del despacho judicial por su omisión en el estudio de fondo de los hechos del caso. I. ANTECEDENTES 1. El 5 de diciembre de 2024, la procuradora 7 judicial penal II interpuso una acción de tutela contra el Instituto Penitenciario y Carcelario y la Policía Metropolitana de Bogotá – URI de Puente Aranda para que se protegieran los derechos fundamentales del señor Felipe a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. 1. Hechos relevantes[2] 2. El 30 y 31 de mayo de 2024 se celebraron las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Felipe ante el Juzgado 010 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. 3. El 31 de mayo de 2024, este juzgado impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión y libró la respectiva boleta de detención. Sin embargo, Felipe fue recluido en la Estación de Policía de Puente Aranda. 4. El 24 de septiembre de 2024 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación y el 6 de noviembre de 2024 se realizó la audiencia preparatoria. 5. Pese a que la instalación del Juicio Oral fue programada para el 5 de diciembre de 2024, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a protestas en el complejo judicial de Paloquemao. En consecuencia, según el escrito de tutela, Felipe habría permanecido privado de su libertad desde el 31 de mayo de 2024 en la URI de Puente Aranda en Bogotá. 2. Fundamentos de la solicitud de tutela[3] 6. A partir de los hechos expuestos, la procuradora 7 judicial penal II presentó una acción de tutela el 5 de diciembre de 2024 contra el Instituto Penitenciario y Carcelario y la Policía Metropolitana de Bogotá – URI de Puente Aranda. En la demanda, la procuradora solicitó el amparo de los derechos fundamentales del señor Felipe a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Dentro de las pretensiones, la procuradora judicial solicitó el traslado inmediato de Felipe al establecimiento carcelario que el INPEC designe, con el fin de proveerle unas condiciones de reclusión adecuadas. 7. Según la procuradora judicial, las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales del señor Felipe al no trasladarlo a un centro de reclusión que garantice los estándares mínimos previstos en instrumentos internacionales. 8. Adicionalmente, la procuradora señaló que, pese a que el sobrecupo en los establecimientos carcelarios y penitenciarios ha obligado a que sitios como unidades de reacción inmediata y estaciones de policía se terminaran convirtiendo en centros de reclusión permanentes, no en vano el artículo 21 de la Ley 1709 de 2014 establece que la detención en unidad de reacción inmediata o similar no podrá superar las treinta y seis (36) horas. 3. Trámite de la acción de tutela objeto de revisión 9. El proceso le correspondió al Juzgado 042 Civil del Circuito de Bogotá, que mediante Auto del 6 de diciembre de 2024: (i) admitió la acción de tutela[4]; (ii) vinculó al trámite a la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía 75 Especializada de Juicios - Unidad de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de Bogotá, al Juzgado 037 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, al Juzgado 010 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y a la Procuraduría General de la Nación; y (iii) concedió un término de un (1) día a las entidades accionadas y vinculadas para que se pronunciaran respecto de los fundamentos de la petición de amparo. 10. Los escritos de respuesta a la acción de tutela se resumen en la siguiente tabla: Tabla 1. Síntesis de las respuestas a la acción de tutela Entidad Síntesis Juzgado 010 Penal Municipal con Función de Control de Garantías[5] Después de hacer una reseña de las actuaciones judiciales realizadas en el proceso en contra del señor Felipe, el juzgado manifestó que no tiene actuaciones pendientes de trámite y que desconoce si el ciudadano ha sido sometido a tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes por parte de las entidades accionadas. Juzgado 037 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento El juzgado informó que (i) el expediente judicial fue recibido por reparto el 27 de agosto de 2024 por parte del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, (ii) adelantó audiencia de acusación el 25 de septiembre de 2024, audiencia preparatoria el 6 de noviembre de 2024 y programó dos sesiones de juicio oral para el 5 de diciembre de 2024 y 15 de enero de 2025. No obstante, indicó que no tiene injerencia en la detención o cambio del lugar de detención de Felipe, pues ello depende del INPEC y la alcaldía, según los convenios que tenga vigentes. Fiscalía 75 Especializada de Juicios - Unidad de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de Bogotá La Fiscalía señaló que le fue asignada la noticia criminal en contra del señor Felipe el 27 de agosto de 2024. Adicionalmente, informó las fechas en las que se llevaron a cabo las distintas audiencias y reiteró que la instalación de Juicio Oral no pudo celebrarse el 5 de diciembre de 2024 porque ese día Asonal Judicial cerró el complejo judicial de Paloquemao. Finalmente, pidió que se le desvinculara de la acción de tutela por no ser competente para dar respuesta a la petición. Instituto Penitenciario y Carcelario - INPEC[6] La entidad indicó que: (i) la competencia de la atención integral a las personas detenidas preventivamente es responsabilidad de los entes territoriales. Por lo tanto, la creación, el sostenimiento y vigilancia de las cárceles para estas personas se encuentra en cabeza de los departamentos y municipios; (ii) si bien la competencia de las personas condenadas está a cargo del INPEC, le corresponde a la autoridad en custodia de la persona presentar la documentación correspondiente a la Dirección Regional del INPEC para que se fije el establecimiento en el cual será recluido y trasladarlo hasta el establecimiento que el INPEC disponga; (iii) la Corte Constitucional en la Sentencia SU-122 de 2022 señaló que la solución de la problemática en los centros de detención transitoria no puede ser trasladar la situación de hacinamiento a los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao La juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales refirió que el proceso judicial del señor Felipe se encuentra en etapa de juicio oral y que dicha audiencia está programada para el 15 de enero de 2025. Por otra parte, manifestó que los trámites administrativos para el traslado de los indiciados o condenados a establecimiento de reclusión no son de competencia del centro de servicios judiciales, sino del establecimiento carcelario o la estación de policía, y el centro de servicios no tiene funciones correctivas en contra de los establecimientos carcelarios ni de policía. Ministerio de Defensa Nacional – Policía Metropolitana de Bogotá[7] La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que: (i) las instalaciones policiales prestan sus servicios de vigilancia como consecuencia del actual hacinamiento carcelario y penitenciario que ha desencadenado un estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-122 de 2022; (ii) ya radicó la documentación completa en la Cárcel Distrital y se encuentra a la espera del cupo carcelario, por lo cual no está vulnerando los derechos de Felipe. La Policía Metropolitana de Bogotá solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva porque no es la unidad encargada de asignar un cupo en centro carcelario para las personas privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios, carcelarios o lugar de domicilio. La entidad argumentó que realiza una colaboración interadministrativa de vigilancia temporal de retenidos, pero no por ello asume ninguna función penitenciaria, carcelaria o judicial. Fuente: elaboración propia del despacho ponente. 4. Decisión judicial objeto de revisión Decisión de única instancia[8] 11. Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, el Juzgado 042 Civil del Circuito de Bogotá resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la Procuraduría 7 Judicial Penal II por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. La decisión del juez se fundamentó en que la omisión del INPEC y de la Policía Metropolitana de Bogotá de trasladar a Felipe a un centro de reclusión se relaciona directamente con el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en las sentencias T-388 de 2013 y SU-122 de 2022. A criterio del juez, ante la existencia de una decisión de fondo de la Corte Constitucional no es posible que a través de una nueva solicitud de amparo se busque su cumplimiento, pues para ello procede el incidente de desacato. 12. La decisión del Juzgado 042 Civil del Circuito de Bogotá no fue impugnada. 5. Actuaciones en sede de revisión en la Corte Constitucional 13. Mediante Auto del 8 de abril de 2025[9] la magistrada ponente decretó de manera oficiosa las pruebas que se sintetizan a continuación. Tabla 2. Pruebas decretadas Entidad Prueba Procuradora 7 Judicial Penal II Informe si Felipe permanece privado de su libertad en la Estación de Policía de Puente Aranda, por cuánto tiempo ha estado detenido allí y cuáles son las condiciones de reclusión a las que se ha visto sometido. Juzgado 037 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá Informe si ya se celebró la audiencia de juicio oral y en qué estado se encuentra el proceso judicial en contra del señor Felipe. Policía Metropolitana de Bogotá Informe sobre el número de personas privadas de la libertad en las estaciones de policía de la ciudad. Las cifras deben dar cuenta del número total de cupos en cada estación de policía, del género de las personas privadas de la libertad, su situación jurídica y el tiempo que llevan recluidas. Fiscalía General de la Nación Informe sobre el número de personas privadas de la libertad en Unidades de Reacción Inmediata -URI de Bogotá. Las cifras deben dar cuenta del número total de cupos en cada URI, del género de las personas privadas de la libertad, su situación jurídica y el tiempo que llevan recluidas. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- Remita información estadística sobre el número de cupos y de ocupación de los establecimientos de reclusión en la ciudad de Bogotá que dé cuenta del número de personas privadas de la libertad por género, situación jurídica y tiempo de reclusión en establecimientos del orden nacional. Alcaldía Mayor de Bogotá Informe sobre los avances en la construcción de cupos carcelarios o de bienes temporales para la reclusión de sindicados y del estado de los convenios interadministrativos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para el cumplimiento de sus obligaciones legales sobre los sindicados de Bogotá. Personería Distrital de Bogotá y la Defensoría del Pueblo Pronúnciese sobre la situación de derechos humanos en las estaciones de policía y URI de Bogotá y remita informes, en caso de tenerlos, sobre las condiciones de reclusión en los centros de detención transitoria de Bogotá, en especial de la Estación de Policía de Puente Aranda. Fuente: elaboración propia del despacho ponente. Documentos aportados en respuesta al requerimiento probatorio 14. Procuradora 7 judicial penal II[10]. En escrito del 10 de abril de 2025, la procuradora 7 judicial penal II indicó que no tenía certeza acerca de si el señor Felipe continuaba privado de su libertad en la URI de Puente Aranda. Por tal razón, consultó en el Juzgado 037 Penal de Circuito de Conocimiento de Bogotá, el cual le informó que el accionante se encuentra actualmente en la Cárcel Distrital, ya que desde ese lugar fue conectado a la audiencia de juicio oral celebrada el 15 de enero de 2025. 15. La procuradora también manifestó que desconoce las condiciones actuales de reclusión de Felipe y reiteró que lo que la motivó a presentar la acción de tutela fue el hecho de que el abogado defensor del accionante dejara constancia en el expediente de que “su prohijado no se encontraba en las mejores condiciones en la Estación de Policía de Puente Aranda”[11]. 16. Fiscalía General de la Nación[12]. En escrito recibido el 21 de abril de 2025, el director Seccional de Fiscalías de Bogotá informó lo siguiente con respecto a las URI: (i) URI Puente Aranda: no se tienen personas privadas de la libertad bajo su responsabilidad. Dentro de la sede de la Unidad Permanente de Justicia sí se tienen personas privadas de la libertad bajo custodia de la Policía Nacional en convenio con la Alcaldía Mayor de Bogotá. (ii) URI Kennedy: las celdas quedaron inhabilitadas a raíz de la pandemia. Las celdas son usadas únicamente por un tiempo de una a tres horas para mantener al capturado en flagrancia y posteriormente el indiciado es trasladado a la Estación de Policía de Kennedy. (iii) URI Ciudad Bolívar: no cuenta con celdas transitorias habilitadas porque la Secretaría de Salud dispuso el cierre de estas el 12 de abril de 2019, dado que no reunían las condiciones necesarias para prestar dicho servicio. (iv) URI Usaquén: cuenta con dos celdas transitorias (una para hombres y otra para mujeres) con un cupo total de 20 personas privadas de la libertad. A fecha del 15 de abril de 2025 contaba con una persona privada de su libertad. (v) URI Engativá: no cuenta con celdas transitorias habilitadas porque desde octubre de 2022 se dispuso su cierre provisional por decisión de la Secretaría de Salud. (vi) URI Sur Occidente: no cuenta con celdas transitorias habilitadas, toda vez que no fueron aprobadas por la Contraloría y la Procuraduría. El edificio tiene muy poco tiempo de haber sido construido y por lo tanto no cuenta con el personal para disponer del servicio a cargo de la Policía Nacional. 17. Personería Distrital de Bogotá[13]. En escrito del 22 de abril de 2025, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Personería de Bogotá D.C. indicó que la Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos I ha visitado 21 centros de detención transitoria (en adelante CDT) distribuidos entre la URI de Puente Aranda y las estaciones de policía de la ciudad en el marco de sus funciones. Dentro de los principales hallazgos de estas visitas, la Personería señaló los graves problemas de hacinamiento, atención en salud, provisión de alimentos y la conectividad a las audiencias judiciales en los CDT. 18. Sobre la URI de Puente Aranda, el escrito señaló que es el único centro en la ciudad donde se encuentran recluidas mujeres privadas de la libertad que no han sido trasladadas a establecimientos penitenciarios. 19. Frente a las condiciones de ocupación, la Personería indicó que los “niveles extremos de hacinamiento comprometen gravemente la dignidad de las personas privadas de la libertad”[14]. La capacidad máxima de los centros de detención transitoria en la ciudad es de 1.227 personas. Sin embargo, a fecha del 15 de abril de 2025, se encuentran 3.006 personas privadas de la libertad, lo que representa un hacinamiento del 144.99 %. Los niveles de hacinamiento en cada estación de policía y URI se describen en la siguiente tabla. Tabla 3. Niveles de hacinamiento en los centros de detención de Bogotá Centro de Detención Capacidad Ocupación % Hacinamiento Estación de Policía Usaquén 10 46 360 % Estación de Policía Chapinero 15 0 -100 % Estación de Policía Suba 60 199 232 % Estación de Policía Barrios Unidos 35 56 60 % Estación de Policía Teusaquillo 25 62 148 % Estación de Policía San Cristóbal 35 134 283 % Estación de Policía Usme 20 84 320 % Estación de Policía Tunjuelito 20 33 65 % Estación de Policía Rafael Uribe Uribe 40 76 90 % Estación de Policía Ciudad Bolívar 60 232 287 % Estación de Policía Bosa 35 225 543 % Estación de Policía Kennedy 60 436 627 % Estación de Policía Fontibón 45 65 44 % Estación de Policía Engativá 60 136 127 % Estación de Policía Terminal 10 23 130 % Estación de Policía Santa Fé 85 114 34 % Estación de Policía Mártires 80 133 66% Estación de Policía Antonio Nariño 50 44 -12 % Estación de Policía Candelaria 30 101 237 % URI Puente Aranda 3 Piso 80 190 138 % URI Puente Aranda Celdas 2° Piso Femeninas - SIJIN 90 106 18 % URI Puente Aranda Celdas 2° Piso SIJIN 155 288 86 % URI Puente Aranda Celdas 1° Piso SIJIN 127 223 76 % TOTAL 1,227 3,006 144.99 % Fuente: Personería Distrital de Bogotá[15] 20. Además de las condiciones de hacinamiento, la Personería identificó las siguientes problemáticas críticas en los centros de detención transitoria: (i) Pese a que las celdas están diseñadas para ser ocupadas por un máximo de 36 horas, los internos permanecen en ellas por períodos mucho más largos, por lo que se han instalado hamacas y se han habilitado baños como lugares de descanso. En las estaciones de policía de Kennedy y Bosa “los detenidos se ven obligados a dormir bajo carpas improvisadas debido a la sobreocupación”[16]. Muchas de las celdas carecen de ventilación natural y acceso a luz. En específico, la Personería mencionó las estaciones de policía de Teusaquillo, Engativá y San Cristóbal. (ii) Se ha identificado la falta de atención en salud oral y dificultades para acceder a la atención médica especializada. Los brotes de enfermedades contagiosas también son una preocupación recurrente, como, por ejemplo, el brote respiratorio que obligó a la implementación de medidas de cuarentena entre marzo y abril de 2025 en la URI de Puente Aranda. (iii) La alimentación en los CDT se encuentra garantizada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC únicamente hasta el 30 de junio de 2025. Posteriormente, esa responsabilidad será asumida por los entes territoriales. En la mayoría de las visitas se constató que los alimentos llegan en condiciones óptimas para el consumo. No obstante, en la Estación de Policía de Ciudad Bolívar “se encontraron alimentos en estado de descomposición lo que refleja deficiencias en la cadena de suministro”[17]. (iv) En varios CDT se evidencia que “los uniformados de la Policía utilizan sus teléfonos celulares personales para permitir la conectividad a las audiencias judiciales, lo que plantea una grave limitación al derecho de los internos a participar en sus procesos judiciales”[18]. 21. Alcaldía Mayor de Bogotá[19]. En oficio remitido el 24 de abril de 2025 por el director de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital, la Alcaldía informó sobre los avances en la construcción de cupos carcelarios o de bienes temporales para la reclusión de sindicados. 22. En primer lugar, el director indicó que el Distrito cumplió la orden de mediano plazo[20] de la Sentencia SU-122 de 2022 mediante la puesta en funcionamiento de la primera fase del Centro Especial de Reclusión -CER en el año 2022, con una capacidad de 216 cupos. El Distrito tiene prevista una segunda fase con 273 cupos adicionales a los 216 existentes, la cual se encuentra en avance físico del 63 % y un avance financiero de 45.49 %[21]. 23. En segundo lugar, la administración distrital manifestó que espera dar cumplimiento de forma definitiva a la orden vigésima[22] de la Sentencia SU-122 de 2022 mediante la construcción de la Cárcel Distrital II. Con esta finalidad (i) suscribió el convenio interadministrativo 1127 de 2021 con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la USPEC, y el INPEC y ii) el 30 de diciembre de 2024 adjudicó y suscribió el contrato interadministrativo con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) para la gerencia integral, estructuración de estudios y diseños, interventoría, permisos y licencias de la Cárcel Distrital II[23]. Con la nueva cárcel la administración distrital espera habilitar 2.000 nuevos cupos para la población sindicada. 24. En tercer lugar, el director indicó que la administración distrital solicitó cupo de endeudamiento para habilitar nueva infraestructura que albergue 500 personas privadas de la libertad en condición de detención preventiva. El 28 de diciembre de 2024 adjudicó y suscribió el contrato interadministrativo SCJ-1990-2024 con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) para “realizar la gerencia integral de la adquisición de un predio para la ampliación de equipamientos en justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de derechos en Bogotá D.C.”[24]. 25. Con las tres estrategias anteriormente mencionadas, la Alcaldía espera adicionar 2.773 nuevos cupos a la oferta distrital existente de la Cárcel Distrital (1.028 cupos) y del Centro Especial de Reclusión -CER (216 cupos), para un total de 4.017 cupos destinados a la población sindicada en Bogotá. 26. Frente a otras medidas adicionales, el Distrito indicó que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia: (i) propuso la creación de un plan de choque para disminuir el hacinamiento en las estaciones de policía de Usme, Kennedy y Bosa, por ser las de mayor ocupación. El plan consistirá en impulsar los procesos judiciales con el apoyo de la Personería Distrital, judicantes y consultorios jurídicos mediante la destinación de unidades móviles de justicia en las estaciones de policía; (ii) fijó como compromiso ante el Consejo Superior de la Judicatura la creación de 5 juzgados penales del circuito y 5 juzgados penales municipales permanentes; (iii) inició el desarrollo de una herramienta tecnológica para consolidar los datos de las entidades involucradas en el proceso penal desde el momento de ingreso de las personas privadas de la libertad (PPL) a las estaciones de policía. Con la base de datos se espera que cada actor con competencia sobre los procesos judiciales pueda hacer seguimiento a la situación jurídica de las PPL y los traslados que deban efectuarse a los establecimientos de reclusión. 27. En cuanto a los convenios interadministrativos con el INPEC para el cumplimiento de las obligaciones legales del distrito sobre los sindicados en Bogotá, la entidad manifestó que no ha identificado la necesidad de suscribir convenios de integración de servicios con la Nación, ya que cuenta con una cárcel propia y se encuentra realizando gestiones para la ampliación de cupos carcelarios en cumplimiento de las órdenes de la Sentencia SU-122 de 2022[25]. 28. Defensoría Delegada para asuntos Constitucionales y Legales[26]. En escrito recibido el 25 de abril de 2025, el defensor delegado para los asuntos constitucionales y legales indicó que la Defensoría del Pueblo convocó el 30 de octubre de 2024 a la Mesa de Alto Nivel para la verificación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria y unidades de reacción inmediata (URI) de Bogotá. En dicho espacio, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Regional Central INPEC, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Distrito, la Cárcel Distrital, la USPEC y la Secretaría de Salud Distrital llegaron a acuerdos para el deshacinamiento y para la garantía del suministro de alimentos y atención primaria en salud. 29. El delegado también manifestó que la Defensoría del Pueblo realizó una brigada integral en la URI de Puente Aranda el 4 y 5 de diciembre de 2024 en la que se encontró que la capacidad del centro de detención es de 452 personas, pero a la fecha de la brigada albergaba 972 personas. Entre las personas recluidas se encontraban 114 mujeres, 139 extranjeros, 123 personas condenadas y 849 imputadas. Además de las condiciones de hacinamiento, la Defensoría encontró que las baterías sanitarias no funcionan adecuadamente y que las condiciones de seguridad y salubridad no son las necesarias para atender a la población reclusa. 30. Por otra parte, la Defensoría ha realizado nuevas visitas en lo corrido del año 2025 a las estaciones de policía de Antonio Nariño, Usaquén, los Mártires, Rafael Uribe Uribe y la URI de Puente Aranda, en las que ha constatado que persisten condiciones de violación de derechos humanos. Por ejemplo, el “uso desmedido de las celdas según las capacidades instaladas en cada espacio; inadecuada prestación de servicios de alimentación por raciones menores a las indicadas; prestación de servicios de salud extemporáneas u obstáculos para el acceso a medicamentos, traslados para citas con especialistas o cumplimiento de tratamientos médicos que requieren frecuencia; reclusión indistinta de sindicados y condenados en un mismo lugar, demoras injustificadas en los procesos de traslado a centros penitenciarios y dificultades en el seguimiento y superación de situaciones de seguridad de las personas privadas de la libertad”[27]. 31. Finalmente, el defensor delegado indicó que, según información obtenida por el jefe de celdas de la SIJIN, el señor Felipe fue trasladado a la Cárcel Distrital de Bogotá el 18 de diciembre de 2024. 32. Instituto Penitenciario y Carcelario – INPEC[28]. En oficio recibido en la Corte Constitucional el 25 de abril de 2025, el INPEC remitió el link a sus tableros estadísticos para la consulta de la información solicitada e incluyó un anexo en Excel. De acuerdo con la información suministrada, la capacidad de los tres establecimientos de reclusión del orden nacional en la ciudad de Bogotá es de 10.337 cupos y la población que actualmente se encuentra recluida es de 13.243, por lo que se estima un hacinamiento del 28.1 % y una sobrepoblación de 2.906 personas. Tabla 4. Cifras de la población carcelaria y penitenciaria intramural en Bogotá Establecimiento Cifras Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá Capacidad: 6.184 personas Población: 7.425 personas Hacinamiento: 20.1 % Sindicados: 1.550 hombres y 4 mujeres Condenados: 5.861 hombres y 3 mujeres CPMS Bogotá – La Modelo Capacidad: 2.910 personas Población: 4.096 personas Hacinamiento: 40.8 % Sindicados: 896 hombres y 3 mujeres Condenados: 3.189 hombres. CPAMSM Bogotá – El Buen Pastor Capacidad: 1.246 personas Población: 1.722 personas Hacinamiento: 38.2 % Sindicados: 309 mujeres Condenados: 5 hombres y 1.405 mujeres Fuente: INPEC[29]. 33. En cuanto al tiempo de reclusión de las personas privadas de la libertad, el INPEC remitió el consolidado de tiempo de privación de la libertad de toda la población intramural en los establecimientos de reclusión de Bogotá, sin hacer una distinción entre la población sindicada y condenada o por género. 34. Juzgado 037 Penal del Circuito de Conocimiento[30]. En comunicación recibida el 29 de abril de 2025, el Juzgado 037 Penal del Circuito de Conocimiento informó que se encuentran agendadas dos sesiones de juicio oral para el 22 de mayo y 27 de junio de 2025. A su vez informó que la audiencia programada para el pasado 2 de abril no pudo llevarse a cabo porque el despacho se encontraba realizando una audiencia de juicio oral presencial con otra persona privada de la libertad. 35. Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria[31]. En escrito remitido el 5 de mayo de 2025, la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria hizo un breve recuento de las funciones de la Defensora del Pueblo en defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y sobre la precariedad de la vida carcelaria y penitenciaria en Colombia. En específico, señaló 8 problemáticas que impiden el goce efectivo de los mínimos constitucionalmente asegurables de las personas privadas de la libertad, a saber: (i) El hacinamiento carcelario y la infraestructura obsoleta de los establecimientos carcelarios. (ii) El modelo de atención en salud implementado en el año 2016 que se ha caracterizado por una centralización excesiva y la ausencia de una oferta institucional inmediata. (iii) La precariedad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y energía eléctrica. (iv) La existencia de barreras estructurales que impiden a la población privada de la libertad acceder a los subrogados penales y beneficios administrativos. (v) La prestación deficiente del servicio de alimentación en términos de calidad y cantidad y la falta de transparencia en los procesos de contratación. (vi) La falta de cobertura en los procesos de resocialización. (vii) La falta de capacidad técnica para atender las necesidades específicas de las personas privadas de la libertad que pertenecen a grupos poblacionales especiales como los miembros de las comunidades LGBTI, mujeres gestantes o lactantes, comunidades indígenas, adultos mayores, entre otros. (viii) El contrapunteo permanente entre el INPEC y las entidades territoriales sobre las competencias relacionadas con la construcción de cárceles y custodia de la población sindicada. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 36. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela seleccionado, con fundamento en lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Procedencia de la acción de tutela 37. En esta oportunidad, se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela, esto es, legitimación por activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad. A continuación, se analizan estos presupuestos. 38. El requisito de legitimación en la causa por activa se encuentra satisfecho, toda vez que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que “la Procuraduría General de la Nación y sus agentes están legitimados para interponer acciones de tutela cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales en protección del interés general, del patrimonio público y de los intereses de la sociedad”[32]. En Sentencia T-293 de 2013[33] la Corte indicó que, si bien el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 no menciona expresamente la posibilidad de que la Procuraduría General de la Nación interponga acciones de tutela, el artículo 277 de la Constitución le otorga la competencia de intervenir en cualquier proceso “cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”[34]. 39. Por su parte, la Sentencia SU-214 de 2016[35] reiteró que la competencia de la Procuraduría General de la Nación para interponer acciones de tutela encuentra fundamento en el artículo 277 de la Constitución e indicó que el artículo 38 del Decreto 262 de 2000 consagra expresamente la competencia de la Procuraduría para interponer acciones de tutela encaminadas a asegurar la defensa del orden jurídico, en especial las garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente o el patrimonio público[36]. Además, esta sentencia señaló que en diversas oportunidades la Corte ha reconocido que la Procuraduría General de la Nación cuenta con legitimación por activa para interponer acciones de tutela en defensa de los derechos de personas que se encuentran en estado de indefensión o para la protección del interés público[37]. 40. En el mismo sentido, la Sentencia T-079 de 2018 concluyó que el análisis de la legitimación en la causa en cabeza del Ministerio Público debe ser flexible como consecuencia del amplio ámbito de competencias que le atribuyeron la Constitución y la ley y de sus funciones como garante de los derechos fundamentales[38]. 41. Como consecuencia de las anteriores consideraciones, en el caso bajo examen, la legitimación en la causa por activa de la procuradora 7 judicial II se encuentra acreditada en tanto que interpuso la acción de tutela en el marco de las funciones que se le otorgan a la Procuraduría General de la Nación y sus agentes en el artículo 277 de la Carta Política y el artículo 38 del Decreto 262 de 2000. Adicionalmente, porque la procuradora judicial promovió la acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional que se encuentra en circunstancias de indefensión demostradas por las condiciones de detención en las que se encuentra[39]. 42. La legitimación en la causa por pasiva se encuentra acreditada únicamente para la Policía Metropolitana de Bogotá y el INPEC. 43. Según lo establece el artículo 86 de la Constitución y los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela podrá promoverse en defensa de los derechos fundamentales cuando estos estén siendo amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los casos previstos en la Constitución y en la ley. 44. En el caso concreto, pese a que la procuradora 7 judicial II aseguró en la demanda de tutela que el señor Felipe se encontraba recluido en la Estación de Policía de Puente Aranda, de las pruebas recaudadas en el expediente se encontró que el lugar de reclusión no era una estación de policía sino la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda. Por lo anterior, la suscrita magistrada le solicitó información a la Fiscalía en el auto de pruebas sobre el estado de ocupación de las unidades de reacción inmediata de la ciudad de Bogotá. 45. En respuesta al auto del 8 de abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación indicó que la URI de Puente Aranda está siendo custodiada y administrada por la Policía Nacional en convenio con la Alcaldía Mayor de Bogotá por lo que la custodia y administración de este centro de detención transitoria no está en cabeza de la Fiscalía. Adicionalmente, la Fiscalía señaló que las URI de Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá y Sur Occidente no cuentan con celdas transitorias habilitadas y la de Usaquén cuenta con dos celdas transitorias que están siendo utilizadas en los términos previstos por la Ley 65 de 1993 por un máximo de 36 horas. Por ello, no se acredita la legitimidad por pasiva de la Fiscalía General de la Nación. 46. Sin embargo, sí se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la Policía Metropolitana de Bogotá – URI de Puente Aranda, pues al asumir la función de custodia de las personas privadas de la libertad en este centro de detención transitoria le correspondía la garantía y salvaguarda de los derechos fundamentales de Felipe en el momento en que sucedieron los hechos de la demanda. 47. En cuanto al INPEC, la Sala también encuentra acreditada la legitimidad en la causa por pasiva por dos razones. En primer lugar, porque en las pruebas que obran en el expediente se encontró que el Juzgado 010 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá profirió la boleta de detención No. 9 del 31 de mayo de 2024 dirigida a los directores de la Cárcel Nacional Modelo y/o el Establecimiento COMEB Picota y/o a la Cárcel Distrital de Varones y/o el establecimiento de reclusión que disponga el INPEC[40]. Esto con el fin de que el INPEC trasladara al procesado para el cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión que le fue impuesta en la audiencia preliminar. 48. En segundo lugar, porque, así como lo ha indicado la jurisprudencia constitucional[41], en virtud de las competencias asignadas por los artículos 14 y 17 de la Ley 65 de 1993 le corresponde al INPEC “ejercer inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales”[42] y “la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta a través de una sentencia penal condenatoria, el control de las medidas de aseguramiento, del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado”[43] (énfasis añadido). Además, porque el artículo 304 de la Ley 906 de 2004 establece que “cuando el capturado deba privarse de la libertad, una vez se imponga la medida de aseguramiento o la sentencia condenatoria, el funcionario judicial a cuyas órdenes se encuentre lo entregará inmediatamente en custodia al INPEC o a la autoridad del establecimiento de reclusión que corresponda, para efectuar el ingreso y registro al Sistema Penitenciario y Carcelario”. 49. En consecuencia, la Sala encuentra acreditada la legitimación por pasiva del INPEC por ser la entidad que ejerce la inspección y vigilancia de las cárceles y el control sobre las medidas de aseguramiento. En consecuencia, esta autoridad tenía responsabilidad sobre la vigilancia de la garantía de los derechos de Felipe mientras se encontraba privado de su libertad en cumplimiento de una medida de aseguramiento. 50. En cuanto a las demás entidades vinculadas por el juez de única instancia, la Sala encuentra que ninguna de ellas tiene a su cargo competencias relacionadas directa o indirectamente con las presuntas acciones y omisiones ejercidas por las autoridades de custodia sobre los derechos del señor Felipe. En consecuencia, se dispondrá la desvinculación en el presente trámite de la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía 75 Especializada de Juicios - Unidad de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de Bogotá, el Juzgado 037 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, el Juzgado 010 Penal Municipal con Función de Control de Garantías y la Procuraduría General de la Nación. 51. Por su parte, la acción de tutela satisface el requisito de inmediatez. La Corte Constitucional ha indicado en su jurisprudencia que quien acuda a la acción de tutela debe hacerlo dentro de un plazo razonable, dado que es un instrumento para la protección inmediata de derechos fundamentales[44]. En el caso concreto, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque, para el momento en el que se interpuso la acción de tutela, Felipe aún se encontraba detenido en la URI de Puente Aranda[45]. En consecuencia, la presunta vulneración de los derechos fundamentales de Felipe persistía al momento de interposición de la acción de tutela. 52. Finalmente, la Sala encuentra que en el expediente objeto de análisis también se cumple con el presupuesto de subsidiariedad. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela sólo es procedente (i) cuando no exista otro medio de defensa judicial que permita resolver el conflicto relativo a la afectación de un derecho fundamental, (ii) cuando el mecanismo existente no resulte eficaz e idóneo o (iii) cuando la intervención transitoria del juez constitucional sea necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable[46]. 53. En este marco, la Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad[47] porque no existe otro recurso judicial en el ordenamiento jurídico que sea adecuado y efectivo para alcanzar la protección de los derechos fundamentales de esta población. Más aún cuando se está ante la situación de un estado de cosas contrario a la Constitución en el sistema penitenciario y carcelario que ha sido declarado y reiterado en dos ocasiones y extendido a los centros de detención transitoria[48]. 54. A diferencia de lo establecido por el juez de instancia, en la Sentencia SU-092 de 2021, la Corte Constitucional indicó que los jueces de instancia pueden impartir órdenes simples o complejas, mas no estructurales, cuando adviertan afectaciones particulares que se enmarquen en una problemática estructural[49]. Si bien esta Corporación ha reiterado la importancia de que los jueces no adopten decisiones desarticuladas y contradictorias con respecto a las labores propias de las Salas Especiales de Seguimiento, ello no significa que los jueces no deban salvaguardar los derechos fundamentales amenazados o vulnerados y adoptar la medida que consideren necesaria para reestablecerlos[50]. 55. Por el contrario, el juez constitucional está obligado a amparar los derechos de los afectados, con las órdenes simples o complejas que estime convenientes, siempre y cuando estas sean armónicas con las estrategias marco de superación del estado de cosas inconstitucional[51]. Incluso, los jueces pueden hacer uso de facultades extra y ultra petita al momento de resolver el caso concreto a partir de situaciones o derechos no alegados cuando advierta que los derechos del accionante están siendo vulnerados[52]. 56. Si bien en el Auto 548 de 2017, reiterado por la Sentencia T-089 de 2024, la Corte reconoció que el cumplimiento de las órdenes estructurales proferidas por la Corporación en el marco de una declaratoria de ECI puede ser asumido por ella misma mediante un incidente de desacato o de cumplimiento, en principio le corresponde al juez de instancia el restablecimiento de los derechos fundamentales del accionante de la manera más ágil y sostenible posible[53]. 57. En consecuencia, la Sala encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad ya que: (i) no existe otro mecanismo judicial que pudiera ser ejercido por Felipe para la garantía de sus derechos fundamentales, (ii) la jurisprudencia ha considerado la acción de tutela como la más idónea y eficaz para la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, (iii) pese a que la Corte Constitucional puede asumir el cumplimiento de órdenes estructurales proferidas en el marco de un ECI mediante un incidente de desacato o cumplimiento, en principio le corresponde al juez de instancia el restablecimiento de los derechos del accionante por ser la vía más ágil y sostenible para la garantía de derechos. 3. Cuestión previa: configuración de la carencia actual de objeto 58. Durante el trámite de revisión, la Sala recaudó pruebas y tuvo conocimiento de nuevas circunstancias que evidencian la terminación de las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales de Felipe. Por esta razón, se explicará brevemente la figura de la carencia actual de objeto, sus modalidades y las razones por las cuales operó la carencia actual de objeto por daño consumado en el caso concreto. 59. La carencia actual de objeto es un concepto que se desarrolló en la jurisprudencia de la Corte Constitucional para describir los casos en los cuales las causas que motivaron la presentación de la acción de tutela terminaron antes del pronunciamiento judicial, por lo que una orden de protección en principio carecería de sentido. En la Sentencia SU-522 de 2019 la Corte Constitucional hizo un recuento de las categorías en las que pueden subsumirse los casos de carencia actual de objeto, a saber: (i) Hecho superado: ocurre cuando lo que se pretendía lograr con la tutela sucedió antes de que el juez se hubiera pronunciado. En este caso, le corresponde al juez constitucional constatar que efectivamente se satisfizo por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela y que la entidad accionada haya actuado o cesado su accionar de manera voluntaria[54]. (ii) Daño consumado: ocurre cuando la afectación del derecho se ha concretado o ejecutado, por lo que ya no es factible que el juez de tutela dé una orden para cesar la vulneración o evitar que el peligro se concrete[55]. No obstante, en este caso el juez de tutela está obligado a adelantar un análisis de fondo y a dictar órdenes para prevenir que en el futuro se produzcan situaciones similares a las que llevaron a la vulneración del derecho[56]. (iii) Hecho sobreviniente: ocurre cuando el accionante perdió el interés en la satisfacción de la pretensión solicitada o cuando esta fuera imposible de llevar a cabo[57]. En este caso el pronunciamiento del juez constitucional no es perentorio[58]. 60. De conformidad con las pruebas aportadas en el expediente por la procuradora 7 judicial II[59] y por el defensor delegado para asuntos constitucionales y legales[60], la Corte encontró en sede de revisión que el señor Felipe fue trasladado a la Cárcel Distrital de Bogotá el 18 de diciembre de 2024, razón por la cual aparentemente se estaría frente a la figura de carencia actual de objeto por hecho superado. 61. No obstante, desde la Sentencia SU-122 de 2022 la Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que en los casos en los que las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria eran trasladadas a establecimientos de reclusión del orden nacional se configuraba una carencia actual de objeto por daño consumado, “por el simple hecho de que estas personas hubiesen permanecido más de 36 horas en lugares que no están destinados para albergar individuos más allá de ese tiempo”[61]. 62. La Corte se pronunció en este mismo sentido en las sentencias T-011 de 2023 y T-089 de 2024, en las que indicó que es perentorio un pronunciamiento de fondo en el que se precise si se presentó o no la vulneración que dio origen a la acción de tutela, no solo para efectos de declarar la existencia de la vulneración, sino como garantía de no repetición[62]. 63. Por las razones expuestas, en el caso concreto la Sala declarará la carencia actual de objeto por daño consumado y procederá a pronunciarse de fondo sobre la vulneración de los derechos fundamentales del señor Felipe. 4. Problema jurídico y metodología de la decisión 64. Una vez determinada la procedencia de la presente acción, le corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿los entes territoriales y las autoridades penitenciarias, carcelarias y de policía vulneran los derechos fundamentales a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes de una persona al obligarla a permanecer recluida por más de 36 horas en una URI? 65. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala Primera de Revisión (i) reiterará la jurisprudencia constitucional sobre los derechos fundamentales de las personas recluidas en centros de detención transitoria y (ii) analizará el caso concreto. 5. Los derechos fundamentales de las personas recluidas en centros de detención transitoria. Reiteración de jurisprudencia 5.1. Los derechos de las personas privadas de la libertad en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata 66. La Corte Constitucional ha reconocido que mantener a personas recluidas en centros de detención transitoria por más de 36 horas es contrario a la Constitución, a los derechos humanos y a los postulados más básicos del orden constitucional[63]. En particular, en la Sentencia T-847 de 2000, reiterada por la T-851 de 2004, la Corte estableció que la reclusión prolongada de personas en las salas de retención transitorias de las estaciones de policía y otras instituciones por más tiempo del legalmente permitido constituye tratos crueles, inhumanos y degradantes. En primer lugar, porque el artículo 28 de la Constitución y el artículo 21 de la Ley 1709 de 2014 prohíben la detención en unidad de reacción inmediata o unidad similar por más de 36 horas. En segundo lugar, porque las funciones carcelarias y penitenciarias no están asignadas a la Policía Nacional, al CTI ni a otros cuerpos de seguridad y el artículo 121 de la Constitución proscribe a las autoridades ejercer funciones distintas a las que les fueron atribuidas por la Constitución y la ley[64]. 67. En el mismo sentido, la Sentencia SU-122 de 2022 estableció que, si bien algunos derechos pueden ser restringidos desde el momento en que las personas deban ser sometidas a detención preventiva o condenadas, muchos de sus derechos se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por las autoridades de custodia[65]. Sin embargo, las estaciones de policía y las unidades de reacción inmediata no cuentan con las condiciones mínimas requeridas para la vida en reclusión que deberían garantizarse en las cárceles, por ejemplo, la alimentación suficiente y adecuada, el derecho a recibir visitas, la atención en salud y el acceso a servicios médicos, el acceso a la administración pública y a la justicia -incluyendo la posibilidad de asistir de manera presencial o virtual a las audiencias penales-, el derecho al agua y servicios de saneamiento básico, la seguridad física de los detenidos y del cuerpo de custodia, la separación de sindicados y condenados, entre otras[66]. 68. Adicionalmente, el derecho a la dignidad humana y la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes tampoco pueden ser restringidos respecto de las personas privadas de la libertad, ya que es una obligación exigible al Estado desde el momento mismo de la captura y hasta el instante en que la persona recupere su libertad[67]. Al respecto, tanto la Corte Constitucional[68] como el Consejo de Estado[69] han señalado que las condiciones de hacinamiento desconocen la dignidad humana y constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. 69. Otros eventos en los que la Corte Constitucional ha identificado que se pueden configurar tratos crueles, inhumanos o degradantes son: (i) la reclusión en estructuras físicas en malas condiciones o en condiciones antihigiénicas, (ii) el sometimiento a un encierro sin acceso a servicios básicos, (iii) la privación de la atención médica necesaria, (iv) ser objeto de medidas disciplinarias que incluyan castigos corporales o aislamiento prolongado, (v) ser sometido a requisas que impliquen desnudarse, hacer cuclillas y mostrar sus partes íntimas o (vi) ser utilizado para experimentos médicos o científicos[70]. 70. En este marco, instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y el Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptado por la Asamblea General de la ONU, consagran obligaciones de los Estados para proteger la dignidad humana de las personas detenidas, cualquiera que sea su condición. Recientemente, a estos instrumentos internacionales se sumó la aprobación del protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-121 de 2025. Con la suscripción de este protocolo, el Estado colombiano se compromete a crear un mecanismo nacional de prevención y a establecer un sistema de visitas periódicas -de los subcomités internacionales y nacionales- a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes. 5.2. Los remedios adoptados por la Corte para la garantía de los derechos de las personas recluidas en centros de detención transitoria y el nivel de cumplimiento de las órdenes proferidas 71. Ante las graves vulneraciones de derechos humanos que la Corte encontró en los centros de detención transitoria, la Sentencia SU-122 de 2022 reiteró el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario y lo extendió a dichos centros. Como consecuencia de esta decisión, la Corte ordenó adoptar medidas a corto plazo o de cumplimiento inmediato en una fase transitoria y medidas a mediano y largo plazo en una fase definitiva. Adicionalmente, esta Corporación creó una Sala Especial de Seguimiento destinada específicamente a la verificación del cumplimiento de las órdenes de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 en las cuales se declaró y se reiteró el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario y penitenciario, y de la SU-122 de 2022 en la que dicha declaratoria se extendió a los centros de detención transitoria. 72. Dentro de las medidas de corto plazo, la Corte le ordenó al INPEC que en el término de dos (2) meses trasladara a establecimientos penitenciarios a todas las personas condenadas y a todas las personas a las que se les hubiera concedido prisión domiciliaria que se encontraran privadas de la libertad en los centros de detención transitoria[71]. Por su parte, les ordenó a las entidades territoriales que dentro de los cuatro (4) meses siguientes garantizaran que todas las personas privadas de la libertad en estos lugares contaran con las condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación...