Sentencia T-322 de 2017

T-322-17 Sentencia T-322/17 DERECHO A LA VIDA DIGNA DE ADULTO MAYOR-Caso en que una vez cumplido el deber estricto de constatación se logró determinar que la pretensión del accionante más que morir de forma digna, era vivir de forma digna DERECHO A MORIR DIGNAMENTE-Reiteración de jurisprudencia DERECHO A VIVIR DIGNAMENTE-Implica el derecho a morir dignamente/DERECHO A MORIR DIGNAMENTE-Fundamento normativo en la sentencia C-239/97 DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR DIGNAMENTE-Alcance y contenido ADULTO MAYOR-Sujeto de especial protección constitucional La protección especial de los derechos fundamentales de los adultos mayores, la deferencia especial que les debe la sociedad en su conjunto y, con más intensidad, la que les deben los miembros de sus familias, es una obligación que tiene amplio fundamento en la Constitución Política. Los adultos mayores, marcan el extremo superior de la fuerza viva de la sociedad, han participado de su construcción y la han puesto en el estado en el que la encuentran quienes hoy la lideran. Por eso, la etapa final de su vida, entraña la condición dual en la que la sabiduría se incrementa al tiempo que generalmente su biología se hace frágil. En esas condiciones, la sociedad en su conjunto, la familia como núcleo social y el Estado como expresión de ella, debe movilizarse para brindar apoyo, salud, y bienestar a ese adulto mayor que la reclama. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD CON PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia El Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación constitucional de acudir conjuntamente a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, así como de promover su integración en la vida activa comunitaria. FAMILIA-Solidaridad frente a las personas de la tercera edad JUEZ DE TUTELA-Tiene un deber estricto de constatación de los hechos, en las acciones de tutela que reclamen el derecho a morir dignamente DERECHO A LA VIDA DIGNA DE ADULTO MAYOR-Reconocer que familia de accionante y las instituciones que le brindan la atención en salud están cumpliendo con las obligaciones constitucionales y legales frente al deber de cuidado Referencia: Expediente T- 5.496.521 Acción de Tutela presentada por Reinaldo Anacona Gómez contra el Hospital Universitario San José de Popayán. Magistrado Ponente: AQUILES ARRIETA GÓMEZ Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017) La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Aquiles Arrieta Gómez (e), quien la preside, Alberto Rojas Ríos y José Antonio Cepeda Amarís (e), en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Cinco[1] de la Corte Constitucional, mediante Auto del 13 de mayo de 2016 escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. I. ANTECEDENTES 1. Hechos y solicitud 1.1. El 2 de diciembre de 2015, el señor Reinaldo Anacona Gómez de 91 años de edad,[2] acude ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán para interponer de manera verbal una acción de tutela alegando la vulneración de su derecho a morir dignamente. Fundamenta su solicitud en el hecho que el Hospital Universitario San José de Popayán y Nueva EPS,[3] le negaron la petición de práctica del procedimiento de eutanasia al señalar que se encontraba bien mentalmente, y desconociendo que se estaba solo, enfermo y desamparado. Los hechos narrados en la demanda son los siguientes: 1.2. El señor Reinaldo Anacona Gómez se encuentra afiliado a la Nueva EPS. En tal condición, en julio de 2015 acudió al Hospital Universitario San José de Popayán con la finalidad que se le practicara el procedimiento de eutanasia,[4] fue atendido en un primer momento por el médico general y, posteriormente, por el especialista en psiquiatría, quien negó la aplicación del procedimiento, argumentando que el accionante no goza de buena salud mental. 1.3. El accionante acudió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán con el objeto de interponer una acción de tutela. Ante la solicitud de que manifestara en forma precisa los motivos para interponer la acción, contestó lo siguiente: “En el mes de julio de 2015 acudí al Hospital Universitario San José de esta ciudad, con el fin de que se me aplicara la eutanasia, primero me atendió un médico general y luego un psiquiatra de apellido Dulcey, pero este se negó a ordenar que me apliquen la eutanasia porque dice que no me encuentro bien mentalmente. Yo me encuentro afiliado a la Nueva EPS. Lo que pretendo con esta acción de tutela es que se acceda a aplicarme la eutanasia porque aunque me encuentre bien de la mente estoy solo, no puedo caminar bien, estoy próximo a quedar en silla de ruedas, no puedo hacer nada y no hay quien vele por mí. Se me está vulnerando mi derecho a morir dignamente porque yo he oído que la eutanasia se puede aplicar a enfermos que estén graves o cuando el paciente así lo solicite. (...) Vivo con una sobrina Gicer López Anacona, pero ella se ocupa de las cosas de la casa. (...) Los nombres de mis hijos son Norles Anacona Pino, vive en barrio Guayabal de esta ciudad, (...) Albeiro Anacona Muñoz, vive en Bogotá, Cielo Patricia Anacona Pino, vive por el terminal de esta ciudad, (...) y Sandra Milena Anacona Gómez, ella es enferma, vive en el barrio los Comuneros de esta ciudad. (...) Lo que necesito es que se me aplique la eutanasia sin lugar a negativas por parte de la entidad accionada. Es todo.”[5] 2. Informe y contestación de la demanda[6] 2.1. La Nueva EPS a través de su representante legal, señaló que la entidad no tenía la facultad científica ni jurídica para determinar la aplicación de la eutanasia al accionante, y aunque el juez determinara que tendría que hacerlo ejercerían los recursos de ley y/o acciones judiciales pertinentes, por considerar que se trata de un problema social, y seguramente un abandono familiar. 2.2. El Hospital Universitario San José de Popayán, a través de su representante legal, señaló que las pretensiones de la acción de tutela eran absolutamente improcedentes, pues el procedimiento de aplicación de la eutanasia en Colombia está estrictamente reglado, sujeto a todas las formalidades tanto en su petición, como en su desarrollo, por lo que no podía aplicarse al accionante por haber manifestado de manera simple su intención de no continuar con su vida. 2.3. El médico psiquiatra Andrés José Dulcey Cepeda, dando cumplimiento a la solicitud del Juzgado, rindió informe respecto del estado de salud del accionante. Manifestó que el señor Anacona según su historial médico no sufre de una enfermedad terminal, sino otras afecciones como vértigo de Menniere e hipertensión arterial. 3. Decisión que se revisa El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, mediante Sentencia del 13 de enero de 2016, negó el amparo solicitado. Luego de realizar un recuento jurisprudencial respecto del derecho a morir dignamente, mencionó la Resolución No. 1216 de abril 20 de 2015, mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección Social le dio alcance a lo ordenado por esta Corporación en la Sentencia T–970 de 2014, a fin de hacer efectivo el derecho a morir dignamente, precisando que el artículo 2º de esa norma establece que este derecho le asiste únicamente a los enfermos terminales. Bajo esa premisa, indica que el señor Anacona Gómez no se encuentra afectado por alguna enfermedad grave o que ostente la condición de enfermo en fase terminal. Por el contrario, ha sido diagnosticado con depresión mayor severa, vértigo de Menniere e hipertensión arterial, patologías que a su juicio no ponen en riesgo su salud ni generan indignidad en su vida, por lo que la situación no se ajusta a los requisitos fijados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-239 de 1997 y T-970 de 2014, así como tampoco a los parámetros fijados en la Resolución No. 1216 de 2015, proferida por el Ministerio de Salud. 4. Actuaciones en sede de revisión 4.1. En etapa de Revisión por parte de esta Corporación se recibieron intervenciones de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, de la Alcaldía de Popayán, de la Fundación Emtel, del Colegio Colombiano de Psicólogos, de la Superintendencia Nacional de Salud, de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia y de la Conferencia Episcopal de Colombia.[7] 4.2. En atención al tiempo transcurrido al momento de dictar sentencia,[8] y con el fin de verificar las condiciones del señor Anacona Gómez., así como su deseo de continuar con el trámite de la presente acción de tutela, el magistrado sustanciador delegó en un magistrado auxiliar y una profesional especializada de su despacho, la práctica de una visita de inspección al lugar de residencia del accionante.[9] Esa visita se realizó el día 4 de mayo de 2017 en la ciudad de Popayán, como consta en el acta de la misma, así como en la evidencia audiovisual recopilada.[10] A continuación se resume la diligencia:[11] “Comienzan los delegados preguntando al accionante: ¿Usted se acuerda haber presentado una tutela hace unos años? A lo que el señor Anacona respondió: “¿tutela? ¿Sobre qué sería la tutela?, sí yo la presenté una tutela porque me estaban demorando mucho el paguito allá donde yo estaba afiliado, entonces me tocó que presentar una tutela” ¿Qué le estaban demorando cuando presentó la tutela?, ante lo cual responde: “no me acuerdo bien.” Respecto a su estado actual de salud manifiesta que ha ido últimamente al médico y ha estado hospitalizado, sostiene que estuvo hospitalizado cerca de unos 15 días. Solicitan los delegados de la Corte Constitucional información sobre la rutina diaria del señor Reinaldo, quien responde que no se puede levantar y que cuando asiste su familia lo sacan a pasear. Afirma que diariamente se encuentra bajo el cuidado de su hija Patricia. Posteriormente, procede la Corte a conversar con los miembros de la familia presentes en la diligencia. La Señora Aura María Idrobo, nuera del señor Anacona Gómez, por decisión de la familia procede a responder las preguntas; sostiene que ellos conocen de la acción de tutela interpuesta por el señor Reinaldo Anacona Gómez por las llamadas realizadas a su esposo por parte de la fiscalía. Indagan los delegados de la Corte Constitucional por la situación previa a la acción de tutela, ante lo que afirma la señora Idrobo que: “el señor vive en Popayán, que hace 55 años se separó de su esposa y formó otra familia, criando a dos hijas como suyas, vivieron varios años hasta que la señora murió. Las hijas no se hicieron cargo de él, lo que hicieron fue firmar las escrituras de una casa que él tenía; que él había interpuesto la acción tutela debido a que se encontraba desprotegido y no tenía quien lo cuidara. Sostiene que tiene dos hijas más que no se hacen cargo de él, motivo por el cual el accionante vivió con una sobrina, lugar al cual no podía ir su esposo a visitarlo, por motivos de salud de una de sus sobrinas y por discordias familiares. Sin embargo, manifiesta que “mi esposo y patricia siempre iban, pero no nos dejaban entrar, lo amenazaban, por eso mi esposo casi no iba”.[12] Manifiestan que un día, su hija Patricia Anacona fue a verlo y lo encontró en el suelo, golpeado y en malas condiciones de vida; por tal motivo, lo llevaron al hospital, y lo hospitalizaron durante un mes. El señor Reinaldo quería continuar viviendo donde su sobrina, ante lo cual, ella manifestó que ya no lo recibía por su estado de salud, dado que, ya no podía caminar y requería ayuda para su aseo personal. Afirmaron que con su pensión le pagan a la persona encargada de su cuidado, pues, pese a ser su hija, también tiene familia y permanece tiempo completo con él. También se le compran los medicamentos necesarios. Manifestó también que la EPS le estaba suministrando los pañales y la crema, pero cuando no le entregan a tiempo los medicamentos, el esposo de ella es quien los compra. Se indagó por cuanto tiempo llevaba el señor Reinaldo en la casa, y sostienen que el 14 de julio cumple un año, en compañía de la Señora Patricia, quien tiene un reemplazo una vez a la semana. Le preguntaron a la señora Patricia por el día a día y la rutina. Ella sostuvo que: los alimentos se preparaban en la casa de la cuñada; “llego y le lavo las manitos, lo acomodo para darle el desayuno, y caliento el agua para bañarlo”, “luego lo baño y lo saco a pasear en la silla, llego y le doy la colada con la galleta y él vuelve a dormir, el almuerzo es traído de la otra casa y toca darle porque él no puede manejar la cuchara, después lo acuesto para seguir con mis cosas”.[13] Posteriormente la Corte solicitó información sobre el tema de salud y su acceso. Ante lo cual respondieron que él sufría de la presión pero estaba controlado con pastillas de Hidroclorotiazida y Losartan; la doctora le ordenó tomar un anticoagulante, además consume Loratadina por una alergia producto del pañal. Él pertenece a la Nueva EPS. Se encuentra afiliado al programa de adulto mayor en que le brindan atención en la casa. Por esta razón, la doctora Carmen Sandoval asiste cada mes a revisar su estado de salud y le formula los pañales, las cremas y los medicamentos para la presión. Informa que cuando le ordena medicamentos diferentes la entidad a veces no los da o se los demora, en consecuencia, deben comprarlos. El señor Reinaldo no puede caminar, por tal motivo, la doctora le ordenó sesiones de fisioterapia, las cuales son realizadas en su casa; le ordenaron terapia respiratoria debido a que él tiene “colapsado el pulmón izquierdo”, también le mandaron terapias de fonoaudiología, las cuales no se han realizado. Pero en general afirma que el servicio de salud es muy bueno. En relación con las constancias de las visitas médicas, sostuvo la señora Patricia que la doctora deja unos formatos que hacen referencia a las evoluciones del señor Reinaldo y las fórmulas médicas; afirmó que deben hacer el trámite de cambio de pañales por las reacciones alérgicas. Cada mes también asiste una psicóloga, pero ella no deja constancias. Exponen que uno de sus familiares alquiló una cama hospitalaria para mayor comodidad del señor Reinaldo, y que hay que moverlo constantemente para que no se canse. Señaló además que en los últimos días habían estado viniendo las sobrinas con quienes él vivía antes, en donde no tenía buenas condiciones de vida, pues según ella estando allá le diagnosticaron desnutrición severa. Informan que la intención de ellas recaía en los beneficios económicos producto de la pensión del señor Reinaldo, afirmó que a veces él solicita que lo lleven a la casa de ellas. Manifestaron también la existencia de conflictos familiares, y que la casa que él tenía fue entregada hace aproximadamente 8 o 10 años. Posteriormente, los delegados de la Corte Constitucional preguntaron: ¿Cómo funciona el pago de la pensión y como es invertido el dinero? Sus familiares informaron que él gana un salario mínimo y lo cobra en Bancolombia. Informaron que quien estaba a cargo del señor Reinaldo no le estaba dando buen manejo a su pensión, motivo por el cual, ellos siguieron cobrando este pago. Afirman que a quien lo cuida se le pagan seiscientos mil pesos, para cubrir los gastos de transporte debido a que vive lejos y tiene una hija y una nieta, y cien mil pesos que sobran es para pagar la cama. Informa quien lo cuida que llega a las 7 de la mañana y se va a las 7:30 de la noche. A las 9:24 de la mañana la Corte terminó la diligencia preguntando a los presentes si tenían algo que adicionar a la diligencia. Agregaron que él dormía en esta sala porque la cama no cabía en las otras dos habitaciones. La señora Gloria adicionó que ella no podía ayudar por su estado de salud pero que lo acompaña en las noches. La Corte da por terminada la diligencia al a las 9:26 de la mañana.”[14] II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Competencia y procedibilidad 1.1. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de esta referencia. 1.2. La tutela objeto de estudio es procedente para el trámite de revisión en la Corte Constitucional, en cuanto se trata de un asunto de gran relevancia constitucional, pues está en juego el derecho a la vida digna de un sujeto de especial protección constitucional, a saber, una persona de 91 años de edad Se configura la procedencia frente al carácter residual y subsidiario e inmediato de la acción, pues el recurso de amparo se convierte en el mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los caros derechos fundamentales involucrados. La legitimidad de la tutela que se revisa, por su parte, está sustentada en el hecho que es el mismo señor Anacona quien promueve su propia defensa. 2. Planteamiento del problema jurídico 2.1. Vistos los hechos del caso, la Sala de Revisión deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Una entidad prestadora de servicios de salud vulnera el derecho a la vida digna de un adulto mayor al negarse a practicarle la eutanasia, por considerar que no cumple requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional, aun cuando el accionante no puede valerse por sí solo, padece enfermedad mental, vive solo y no tiene familiares y amigos que velen por su integridad? 2.2. Para dar respuesta a este interrogante, la Sala en primer lugar reiterará la jurisprudencia constitucional relativa al derecho a morir dignamente, posteriormente hará referencia a los derechos de los adultos mayores y, finalmente resolverá el problema jurídico que se presenta en este caso. 3. El derecho a morir dignamente en la jurisprudencia constitucional – reiteración de jurisprudencia 3.1. Es deber del Estado proteger el derecho a la vida de los ciudadanos, de forma tal que puedan llevar una existencia compatible con la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.[15] En tal sentido, el derecho fundamental a vivir dignamente implica entonces el derecho a morir dignamente. Así lo estableció la jurisprudencia constitucional en la sentencia C-239 de 1997, en la que estableció que condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no solo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Constitución sino la anulación de su dignidad y su autonomía como sujeto moral.[16] Al respecto señaló: “(...) el Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad. Por consiguiente, si un enfermo terminal que se encuentra en las condiciones objetivas que plantea el artículo 326 del Código Penal considera que su vida debe concluir, porque la juzga incompatible con su dignidad, puede proceder en consecuencia, en ejercicio de su libertad, sin que el Estado esté habilitado para oponerse a su designio, ni impedir, a través de la prohibición o de la sanción, que un tercero le ayude a hacer uso de su opción. No se trata de restarle importancia al deber del Estado de proteger la vida sino, como ya se ha señalado, de reconocer que esta obligación no se traduce en la preservación de la vida sólo como hecho biológico. // El deber de no matar encuentra excepciones en la legislación, a través de la consagración de figuras como la legítima defensa, y el estado de necesidad, en virtud de las cuales matar no resulta antijurídico, siempre que se den los supuestos objetivos determinados en las disposiciones respectivas. // En el caso del homicidio pietístico, consentido por el sujeto pasivo del acto, el carácter relativo de esta prohibición jurídica se traduce en el respeto a la voluntad del sujeto que sufre una enfermedad terminal que le produce grandes padecimientos, y que no desea alargar su vida dolorosa. La actuación del sujeto activo carece de antijuridicidad, porque se trata de un acto solidario que no se realiza por la decisión personal de suprimir una vida, sino por la solicitud de aquél que por sus intensos sufrimientos, producto de una enfermedad terminal, pide le ayuden a morir. // No sobra recordar que el consentimiento del sujeto pasivo debe ser libre, manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de comprender la situación en que se encuentra. Es decir, el consentimiento implica que la persona posee información seria y fiable acerca de su enfermedad y de las opciones terapéuticas y su pronóstico, y cuenta con la capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión. Por ello la Corte concluye que el sujeto activo debe de ser un médico, puesto que es el único profesional capaz no sólo de suministrar esa información al paciente sino además de brindarle las condiciones para morir dignamente. Por ende, en los casos de enfermos terminales, los médicos que ejecuten el hecho descrito en la norma penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden ser, entonces, objeto de sanción y, en consecuencia, los jueces deben exonerar de responsabilidad a quienes así obren.[17] 3.2. Esta tesis ha sido reiterada en fallos posteriores de la Corte Constitucional en las sentencias C-233 de 2014, [18] T-970 de 2014[19] y T-132 de 2016.[20] En estas sentencias se retomaron los parámetros para la valoración de la eutanasia en casos concretos así: (i) que el sujeto pasivo que padezca una enfermedad terminal; (ii) que el sujeto activo que realiza la acción u omisión tendiente a acabar con los dolores del paciente quien, en todos los casos, debe ser un médico; y (iii) debe producirse por petición expresa, reiterada e informada de los pacientes.[21] También se hizo la distinción entre eutanasia y suicidio asistido. En ése último caso, es el paciente quien materializa la conducta punible, después de recibir la ayuda necesaria del médico, quien realiza todos los actos preparativos para que el paciente pueda terminar con su existencia.[22] 3.3. La jurisprudencia además ha señalado de manera categórica que el individuo que solicite la muerte asistida deberá estar en capacidad de comprender la situación en la que se encuentra y al mismo tiempo tendrá que expresar su consentimiento de manera libre. “Para ello, -ha dicho- deberá contar con información seria y fiable acerca de su enfermedad proveniente de un médico quien, igualmente, indicará las opciones terapéuticas y el pronóstico. Ello en atención a que se trata del profesional de la salud capacitado tanto para proporcionar dicha información como para brindar las condiciones para una muerte digna.”[23] 3.4. Sobre la manifestación de la voluntad, la sentencia T-970 de 2014 indicó también la figura del consentimiento sustituto que ocurre en los eventos en los que la persona que sufre de una enfermedad terminal, se encuentra en imposibilidad fáctica de manifestar su consentimiento. En esos casos la familia puede sustituir su consentimiento. Sin embargo esa es una figura que aún no ha tenido suficiente evaluación a la luz del derecho constitucional.[24] 3.5. Solo en el evento en que se presentan estas circunstancias claramente definidas por la jurisprudencia se puede exigir la protección constitucional de este derecho. La razón de excepcionalidad de este procedimiento da cuenta de que si bien se funda sobre un ejercicio de ponderación, la Carta Superior ha promovido el derecho a la vida. 3.6. Por esta razón, el juez de tutela tiene un deber estricto de constatación de los hechos, en las acciones de tutela que reclamen el derecho a morir dignamente. La decisión de morir de forma digna es independiente del amor por la vida de una persona y se da cuando quien sufre de una enfermedad terminal renuncia a una existencia sin dignidad, sin que esto signifique un desprecio por la vida. En estos casos, existe la obligación del juez de tutela de garantizar el derecho a la vida y a la dignidad humana, implica que el juez actúe con la convicción que al tratarse del derecho a la vida que, además, es la base para la garantía de los demás derechos. Por esta razón es fundamental que el juez constitucional se cerciore del contexto fáctico de cada caso, así como de la capacidad de la persona de manifestar su voluntad, especialmente tratándose de una petición tan radical como lo es la práctica de la eutanasia. 4. Los derechos de los adultos mayores en la jurisprudencia constitucional 4.1. La protección especial de los derechos fundamentales de los adultos mayores, la deferencia especial que les debe la sociedad en su conjunto y, con más intensidad, la que les deben los miembros de sus familias, es una obligación que tiene amplio fundamento en la Constitución Política. Los adultos mayores, marcan el extremo superior de la fuerza viva de la sociedad, han participado de su construcción y la han puesto en el estado en el que la encuentran quienes hoy la lideran. Por eso, la etapa final de su vida, entraña la condición dual en la que la sabiduría se incrementa al tiempo que generalmente su biología se hace frágil. En esas condiciones, la sociedad en su conjunto, la familia como núcleo social y el Estado como expresión de ella, debe movilizarse para brindar apoyo, salud, y bienestar a ese adulto mayor que la reclama. 4.2. Los individuos que están en los extremos de la vida, quienes empiezan a vivir y quienes están en la etapa final de su existencia, cumplen una función esencial dentro del entorno social. Entretejen la relación de la sociedad actual con el pasado y con el futuro. Se trata de compartir un legado de responsabilidad y solidaridad intergeneracional, con aquellos que están llamados hoy a defender esos derechos. Es deber del Estado, la sociedad y la familia, se insiste, asegurarles el goce efectivo a una vida digna a aquellas personas que lo requieren. 4.3. El Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación constitucional de acudir conjuntamente a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, así como de promover su integración en la vida activa comunitaria.[25] Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades, especialmente en relación con los derechos a la salud y a la seguridad social de los adultos mayores.[26] No obstante estos avances en materia de derechos sociales que se han dado por vía judicial, la efectiva protección de los derechos de los adultos mayores pasa también por la existencia de redes óptimas de cuidado conformadas por la familia, la sociedad y el Estado. No en vano, el Pacto de San Salvador ha establecido que una las actividades que los Estados parte deben realizar para la efectiva protección especial de los adultos mayores es la de estimular la organización social en pro del mejoramiento de la calidad de vida de estas personas.[27] 4.4. En concordancia con lo anterior, el Gobierno de Colombia se ha preocupado por establecer la hoja de ruta para atender las necesidades de las personas mayores. Desde hace ya varios años existe la política pública de “envejecimiento humano y vejez” y en ésta se ha reconocido que con ocasión de los cambios demográficos que se proyectan para el futuro, la mayor demanda de asistencia será de las personas mayores de la sociedad, y que el cuidado de esta población es un asunto de responsabilidad colectiva.[28] 4.5. Desde la óptica constitucional, el deber colectivo de cuidado a los adultos mayores persigue la realización del principio de igualdad al tratarse de sujetos de especial protección constitucional. Aunque el envejecimiento humano es un proceso natural y no en todos los casos pueda equipararse la vejez con dependencias funcionales, en ciertas condiciones externas propias de las trayectorias de vida de cada ser humano, como la enfermedad, la pobreza y la soledad, pueden desencadenarse situaciones de vulnerabilidad física emocional y social que deben mitigarse desde la perspectiva del enfoque diferencial. Imponen una carga superior, tanto a la familia, como a la sociedad y al Estado de evitar que esas condiciones manifiestas de vulnerabilidad impidan el goce efectivo de derechos de los adultos mayores. 4.6. Desde el punto de vista de la familia el ordenamiento jurídico colombiano, en especial el derecho civil ha fundado varias instituciones sobre la base los principios de solidaridad y reciprocidad familiar. Éstos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional como los “deberes impuestos a quienes por vínculo familiar se encuentran unidos por diferentes lazos de afecto y se espera que de manera espontánea lleven a cabo actuaciones que contribuyan al apoyo, cuidado y desarrollo de aquellos familiares que debido a su estado de necesidad o debilidad requieran protección especial. De esta forma, los miembros de la familia son los primeros llamados a prestar la asistencia requerida a sus integrantes más cercanos, pues es el entorno social y afectivo idóneo en el cual encuentra el cuidado y el auxilio necesario.”[29] De allí la obligación contenida en el artículo 251 que establece el deber de cuidado y auxilio que los hijos tienen con los padres.[30] 4.7. La familia entonces constituye uno de los recursos más importantes de los adultos mayores en la medida que constituye una fuente de autoestima, confianza, apoyo y proporciona arraigo y seguridad.[31]Sin embargo, es claro que en gran cantidad de casos, contrario al ideal, la familia por diversas razones se convierte en la principal fuente de abandono y maltrato para esta población. En tales eventos el apoyo estatal ha de ser total, pues si bien toda persona tiene derecho a la solidaridad familiar, su ausencia no legitima la ausencia, también, de parte del Estado. Dicho de otra forma, toda persona tiene derecho por igual y sin discriminación a vivir en dignidad, sin que ello dependa de haber nacido en medio de una familia respetuosa de sus deberes mutuos de solidaridad. 4.8. Por todo lo anterior, es mandatorio tanto para las instituciones, como para los jueces de tutela tener la sensibilidad de identificar aquellos eventos en los cuales un adulto mayor por dependencias funcionales, enfermedad, o incluso por ser víctima del maltrato o abandono, requiere de la asistencia y apoyo de la sociedad y el Estado. 5. Cumplido el deber estricto de constatación fáctica, se concluye que el señor Reinaldo Anacona Gómez se encontraba en una situación dramática, que se pudo mejorar con la actuación solidaria de su familia y las instituciones competentes para asegurar el goce efectivo de sus derechos 5.1. Las particularidades del caso obligan a la Corte a reparar en ellas. Se trata de un hombre de la tercera edad, quien a pesar de tener varios hijos, biológicos y de crianza, se encuentra inicialmente en una situación dramática, en un estado de indefensión y soledad tan extremo, que pide verbalmente le sea terminada su vida con el fin de acabar un sufrimiento que lo aqueja. También es el caso de un hombre con una pensión modesta, devengada como fruto de su trabajo, que es un instrumento de protección para sobrellevar la vejez, pero también ha generado conflictos en su familia, poniéndolo a él en medio de la polémica. Por eso, el deseo de morir dignamente que expresó Reinaldo Anacona Gómez en su solicitud verbal inicial, no parece para la Sala ser otra cosa que un deseo profundo de vivir dignamente, tanto así, que al pronunciarse en voz alta se confunde, diciendo, prácticamente, que la vida que vivía el accionante, al momento de presentar su solicitud, no merecía a su juicio ser vivida. 5.2. El señor Reinaldo Anacona Gómez se encuentra en una situación dramática de soledad y enfermedad. Quizá haya tenido en algún momento el deseo de no vivir más y haya solicitado se le practicara la eutanasia por la desesperación en la que se encontraba. Pero también es claro que una vez cumplido el deber estricto de constatación y activado el aparato judicial, las acciones que se adelantaron por parte de la familia y la entidad prestadora de salud a la que el accionante se encuentra afiliado. Su situación mejoró y su desesperanza cesó. 5.3. Ante peticiones como las del señor Anacona Gómez, la Sala insiste sobre el deber estricto de constatación; obligación que tienen los jueces en tales casos, pues se reclama tutelar el derecho a morir dignamente. El Juez debe conocer la realidad social en que se dan los hechos. Debe distinguir entre una situación dramática pero superable, de una situación trágica que imponga cargas heroicas frente a los sufrimientos que comprometan gravemente la posibilidad de existir en dignidad. 5.4. Para esta Sala es claro que el ejercicio del deber estricto de constatación que adelantó la Corte en el caso del señor Anacona Gómez, permitió valorar el hecho de que se trataba de un paciente que sufría de una depresión severa y que esa circunstancia afectaba su capacidad de decidir y manifestar su voluntad respecto de la aplicación de la eutanasia. Sin embargo, la solicitud del accionante no podía ser desestimada simplemente, como si se tratara de una inconducencia procesal y no de un caso de hondas connotaciones humanas. 5.5. Leer la solicitud del señor Reinaldo Anacona Gómez simplemente como una petición a los jueces de la República de ordenar la práctica de un procedimiento de eutanasia, sin cumplir el deber estricto de constatación fáctica, impide al juez de tutela ver que, lejos de un deseo de muerte, lo que expresaba el accionante y sigue expresando, es un profundo deseo de vivir en condiciones de dignidad, compañía y afecto. Por eso, en un caso como el presente, la persona que como juez conozca el caso, debe tomar las medidas adecuadas y necesarias para entender por qué razón un ser humano que en términos generales está físicamente sano, puede pedir, de manera casi desesperada, que se le ponga fin a su vida. 5.6. Ahora bien, la Sala rescata varios elementos positivos del presente caso. Las pruebas que obran en el expediente y que fueron recaudadas en la visita realizada por los funcionarios de la Corte al sitio de habitación del señor Anacona Gómez en la ciudad de Popayán, dan cuenta de que el accionante está hoy en condiciones dignas, no como las que narró en su solicitud verbal de tutela. De igual forma, se encontró que el accionante tiene a su alrededor un núcleo familiar cohesionado y que recibe los cuidados médicos y humanos necesarios para vivir en condiciones dignas. De su propio dicho se abstrae que el accionante se siente rodeado de un ambiente afectivo adecuado, que es cuidado y atendido por su familia, y que recibe la atención que, en términos generales, siente que está bien desde el punto de vista emocional. Igualmente, la evidencia recaudada por los funcionarios de la Corte que practicaron la visita al accionante, da cuenta de que el accionante recibe en su domicilio tratamiento médico, sicológico y fisioterapéutico de manera oportuna y permanente, y obtiene del sistema de salud los implementos que requiere para su existencia digna. 5.7. En este caso, las circunstancias de hecho que narró el accionante han cambiado. Así se pudo verificar en la diligencia judicial practicada por el magistrado sustanciador cuando al ser preguntado el señor Anacona sobre el motivo de interposición de la acción de tutela, él se limitó a afirmar: “sí, yo presenté una tutela porque me estaban demorando mucho el paguito allá donde yo estaba afiliado, entonces me tocó que presentar una tutela”. En ese sentido, la Corte observa que no hay, a la fecha de emisión de esta providencia, un deseo latente, libre y espontáneo del accionante de querer morir dignamente. 5.8. Se pudo constatar, además, que el accionante ya no reside solamente con su sobrina encargada de realizar las labores de aseo. A su alrededor se ha conformado una verdadera comunidad de cuidado. Su hija todos los días lo acompaña desde la mañana hasta la noche. La madre de dos de sus hijos, que vive en el mismo lugar que el accionante, le hace compañía permanentemente junto al hijo y nuera del accionante. Éstos, a quienes él reconoce y se refiere con cariño y afecto, son quienes además, según su propio dicho, hacen las erogaciones económicas para su sostenimiento diario. Le cocinan los alimentos dentro de su residencia y le proveen además los recursos para adquirir medicamentos y vestido para el accionante cuando son necesarios. 5.9. En esas circunstancias, si bien la Sala reconoce y celebra que las entidades del Estado hayan prestado al accionante los servicios que corresponden en la forma y términos en que lo han hecho, también encuentra que existe una preocupación necesaria, tanto por la situación de vulnerabilidad del accionante como por las características de la disputa familiar subyacente, que en torno al cuidado y custodia del accionante se identificó y que, en buena medida, tienen que ver con el uso y disfrute de la mesada pensional de la que es titular el señor Anacona Gómez. 5.10. Por esa razón, la Corte confirmará de forma parcial el fallo del juez de tutela en el sentido de conceder el amparo del derecho a la vida digna. Y adicionalmente ordenará al Municipio de Popayán que a través de su programa de atención al adulto mayor, realice un seguimiento detallado a la evolución física y sicológica del señor Reinaldo Anacona Gómez, brindándole la asesoría necesaria para su protección y para garantizar el disfrute efectivo de sus derechos fundamentales. 6. Conclusión 6.1. En primer lugar la Sala encuentra que cumplido el deber estricto de constatación se logró determinar que la pretensión del señor Anacona Gómez más que morir de forma digna, era vivir de forma digna. En ese orden de ideas fue posible verificar que actualmente el accionante está recibiendo el debido cuidado por parte su familia y las instituciones del Estado. 6.2. En segundo lugar, reitera la jurisprudencia de esta Corporación sobre la muerte digna y llama la atención a los jueces y a las instituciones para que tratándose de adultos mayores tengan en cuenta las circunstancias particulares de un caso que puede ser trágico, como lo es sufrir una enfermedad terminal o que puede ser dramático, como lo es la situación de vulnerabilidad y maltrato de un adulto mayor. Y que en virtud de la especial protección constitucional de la que son sujetos los adultos mayores logre establecer cuál debe ser la correcta actuación de las autoridades públicas para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. 6.3. Por todo lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión confirmará parcialmente el fallo de única instancia proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán - Cauca, el trece (13) de enero de dos mil dieciséis (2016), en el proceso de tutela iniciado por el señor Reinaldo Anacona Gómez contra el Hospital Universitario San José de esta ciudad y la empresa prestadora de servicios de salud La Nueva EPS, en el sentido de negar el amparo solicitado por considerarse que era improcedente aplicar la eutanasia por no reunir los requisitos para acceder a la pretensión de morir dignamente, y adicionalmente concederá el amparo como mecanismo idóneo para la protección del derecho a una vida digna. Además, se hará una prevención para que tanto familia como las instituciones mantengan la misma actitud de cuidado frente al señor Reinaldo Anacona Gómez, dado el riesgo de la situación ya vivida. De igual manera se le ordenará a la Alcaldía de Popayán para que haga seguimiento a las condiciones de vida del señor Reinaldo Anacona Gómez. III. DECISIÓN Una petición de protección del derecho a morir dignamente debe ser considerada por el juez de tutela después de cumplir con el deber estricto de constatación de los hechos y el contexto del caso. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE Primero.- CONFIRMAR parcialmente el fallo de única instancia proferido el trece (13) de enero de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán – Cauca, en el proceso de tutela iniciado por el señor Reinaldo Anacona Gómez contra el Hospital Universitario San José de Popayán – cauca y la Nueva EPS. En el sentido de negar el derecho fundamental del señor Reinaldo Anacona Gómez a morir dignamente, y adicionalmente CONCEDER el amparo del derecho a la vida digna. Segundo.- RECONOCER que la familia del accionante y las instituciones que le brindan la atención en salud están cumpliendo con las obligaciones constitucionales y legales frente al deber de cuidado, y PREVENIR a las mismas para que continúen haciéndolo de la misma manera. Tercero.- ORDENAR a la Alcaldía de Popayán – Cauca que realice seguimiento periódico a la condición de vida del señor Reinaldo Anacona Gómez como sujeto de especial protección constitucional. Cuarto.- LIBRAR las comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte Constitucional-, así como DISPONER las notificaciones a las partes -a través del Juez de tutela de instancia-, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. AQUILES ARRIETA GÓMEZ Magistrado (e) ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARÍS Magistrado (e) ROCÍO LOAIZA MILIÁN Secretaria General (e) ANEXO PRIMERA PARTE 1. Superintendencia Nacional de Salud 1.1. A través de oficio enviado al correo electrónico de esta Corporación la Superintendencia de Salud solicitó la desvinculación de la acción de tutela, toda vez que la violación de los derechos que se alegan como conculcados, no devienen de una acción u omisión atribuible a la Superintendencia Nacional de Salud, por lo tanto existe falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostiene que las EPS, como aseguradoras en salud, son responsables de la calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios de salud, pues son ellas quienes deben asumir el riesgo transferido por el usuario, esto es, su salud y su vida. Señala que son las EPS las que están llamadas a responder por toda falla, falta, lesión, enfermedad e incapacidad que se genere con ocasión de la no prestación o indebida prestación de los servicios de salud incluidos en el plan de beneficios que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 1.2. No obstante, pese a su solicitud de ser desvinculada, hace referencia a los antecedentes jurisprudenciales que frente al asunto que hoy ocupa la atención de la Sala han sido proferidos por esta Corporación, reiterando que de la lectura de los hechos y del material probatorio allegado al expediente no se aprecia que la patología y circunstancias previstas en la Sentencia C-239 de 1997 se articulen con el sufrimiento o la problemática de salud mental del accionante. 2. La Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente 2.1. Mediante escrito allegado al expediente el trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016), sostuvo que en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-970 de 2014, ante la ausencia de regulación del derecho a la muerte digna por el Congreso de la República, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 1216 de 2015, en la cual se fijaron los requisitos para tener acceso a la eutanasia, entre ellos: (i) que el paciente padezca una enfermedad o condición patológica grave, (ii) que esté diagnosticada en forma precisa por un médico experto, (iii) tenga carácter progresivo e irreversible, (iv) con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, (v) no susceptible de un tratamiento curativo (vi) cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces. Así mismo, indica que el derecho a la vida no es absoluto, pues es el ser humano el que establece sus límites y no pueden ser sobrepasados por el Estado, esto en protección del derecho a la dignidad y a la autonomía de las personas. 2.2. Finalmente, pone de presente que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no solo hace parte de la vida el concepto físico, sino también el mental y el social, y son estos dos últimos los que deben ser considerados en el presente caso, pues se trata de una persona para quien la vida es intolerable, su vida no tiene sentido, y es esa la condición que merece la protección del Estado, pues la fuente de su sufrimiento es moral o mental y debería tener derecho a elegir, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, con lo cual se protege el derecho a la dignidad humana. Concluye que si bien es cierto de acuerdo a las normas vigentes en Colombia no existen las condiciones exigidas para considerar la opción de muerte digna por eutanasia, el sufrimiento intolerable que la persona alega debería llevar a que la Corte le conceda para su vida el final que en uso de su autonomía está solicitando. 3. Conferencia Episcopal de Colombia En su informe, se limitó a señalar que “siendo fiel a la enseñanza de la Iglesia Católica (…) considera la práctica de la eutanasia como un atentado a la dignidad humana y como una grave vulneración del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 4. La Asociación Cuidados Paliativos de Colombia Luego de analizar la historia clínica del señor Anacona, manifestó que no existe claridad y precisión frente a la existencia de un diagnóstico de enfermedad terminal y que además por su enfermedad psiquiátrica severa podría estar incapacitado para la toma de decisiones, según concepto de Psiquiatría. Aclara que, soportados en la Ley 1733 de 2014 y la Sentencia T-970 de 2014, el paciente Reinaldo Anacona Gómez no cumple con los requisitos para acceder al derecho a morir dignamente; por lo tanto sugieren que se realicen otros procedimientos de tratamiento para la enfermedad mental que el accionante padece, aunado a las intervenciones propias para el manejo social y de salud del adulto mayor por parte de su asegurador, reivindicando los derechos que le asisten por la Ley 1251 de 2008. 5. Colegio Colombiano de Psicólogos 5.1. Informó que de los argumentos expuestos por el accionante, se evidencia que no se cumple con los requisitos jurisprudenciales ni con la Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud y de la Protección Social para practicar el procedimiento de la eutanasia. Sin embargo, manifiesta que en la jurisprudencia que existe respecto a la eutanasia no se hace referencia a la existencia de sufrimiento mental, por lo cual considera que no puede descartarse que el actor esté padecimiento un profundo dolor de orden psicológico. 5.2. Precisó que según Bayés (2009),[32] se ha comprobado que personas que no padecen alguna enfermedad terminal pueden experimentar alto sufrimiento psicológico percibido como intolerable; y aun cuando el señor Anacona padeciera de depresión no delirante, ello no lo inhabilitaría para tener objetivos de vida o de muerte; así mismo Canham (2009)[33] sostiene que las personas reportan más sufrimiento relacionado con la soledad, los sentimientos de inutilidad y el miedo a convertirse en una carga, que con la enfermedad misma. 5.3. Señaló que el dolor y el sufrimiento no se refieren exclusivamente al deterioro o daño físico de una persona, ya que incluyen el sufrimiento psicológico asociado a la edad avanzada, a la pérdida de la autonomía física, a la percepción de abandono psicológico o pérdida de la dignidad, que conlleva al deterioro de la calidad de la vida de quien lo experimenta. 5.4. Concluyó que aunque la Sentencia T-970 de 2014 no aclara los aspectos de sufrimiento psicológico y enfermedad mental como factores incluyentes para acceder al derecho a la muerte digna, es preciso que previo practicarse la eutanasia al paciente, debe realizarse una valoración interdisciplinar que permita hacer un diagnóstico de las condiciones actuales de sus redes de apoyo familiar, social y asistencial. 6. Alcaldía de Popayán 6.1. A través de la Secretaría de Salud, informó que el objetivo general de la política pública del municipio es mejora la calidad de vida de la población mayor, donde se reconozca y restablezcan los derechos humanos con criterios de universalidad e integralidad, creando condiciones que garanticen un envejecimiento activo y saludable, que permitan fortalecer el entorno social, económico y cultural, cuyo proceso sea el resultado permanente de una participación individual, familiar y social, convirtiéndose así en un territorio de oportunidades que contribuyan al desarrollo activo de los ancianos. 6.2. De igual manera, pone de presente que en el año 2016 el municipio de Popayán celebró dos convenios en cumplimiento de la política pública del adulto mayor, con el objeto de aunar esfuerzos para la operación de los centros de vida norte y sur de la localidad, garantizando la ingesta de alimentos, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, atención psicosocial y uso del tiempo libre a través de la recreación, cultura y deporte. 6.3. Los beneficiarios de la mencionada política pública son los adultos mayores, de niveles I y II del SISBEN o quienes, según evaluación socio económica, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, aislamiento o carencia de soporte social. SEGUNDA PARTE - INSPECCIÓN JUDICIAL Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Siendo las 8:37 am del día 4 de mayo de 2017, en la carrera 20 #8-04 barrio Guayabal de Popayán. Nos hacemos presentes Luisa Fernanda Toro Riaño, profesional especializada grado 33 de la Corte constitucional y Pablo Jaramillo Valencia magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, por delegación del Magistrado Aquiles Arrieta Gómez. Comisiona en auto de fecha 2 de mayo de 2017, originalmente programada para el 3 el mayo de 217 y reprogramada para el 4 de mayo de 2017, en razón de condiciones de fuerza mayor. Esto dentro del expediente identificado con a referencia T-5.496.521, acción de tutela interpuesta por el señor Reinaldo Anacona Gómez contra el hospital universitario San José de Popayán y otros. Dentro del expediente se programó esta diligencia con el fin de constatar las condiciones físicas de salud del señor Reinaldo Anacona Gómez y con el fin de verificar sus condiciones de vida actuales. En esta audiencia se ha hecho presentes el señor Reinaldo Anacona Gómez. Y voy empezar por pedirle a los presentes sus cédulas: el señor Reinaldo Anacona Gómez identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.423.300, fecha de nacimiento el 1 de junio de 1926 en San Sebastián, Cauca; la señora Cielo Patricia Anacona Pino identificada con Cedula de Ciudadanía número 34.549.966, con fecha de nacimiento el 1 de mayo de 1967 en la ciudad de Popayán; la Señora Olga Pino Hormiga, identificada con Cédula de Ciudadanía número 25.251.572, nacida el 25 de febrero de 1931 en la Vega, Cundinamarca; la señora Aura María Idrobo de Anacona, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 34.526.725, nacida en el Tambo, Cauca el 11 de septiembre de 1953, se identifica la señora Aura María como la esposa del hijo Norles Anacona Pino que es el hijo mayor del señor Reinaldo Anacona. Empieza la Corte esta diligencia notificando a la señora Cielo Patricia Anacona y en nombre del señor Reinaldo Anacona Gómez, los dos autos que citan a esta diligencia y poniéndoselos de presente. A Continuación la Corte informa las razones de esta diligencia y el mecanismo que llevaremos a cabo en la audiencia que esperamos que sea corta, una cosa breve. Nuestro interés es saber de la condición de salud del señor Reinaldo Anacona Gómez y conocer cuál es la situación frente a la acción de tutela que él presentó hace dos años. Para el efecto, la idea va a ser la siguiente: queremos tener una conversación con él, en la que yo amablemente les voy a pedir que lo dejen contestar, pero siéntanse libres de participar en el momento que lo crean adecuado y después me gustaría tener una conversación con ustedes como grupo familiar para saber un poco de sus condiciones y demás, y de su día a día con el fin de proceder a tener todos los elementos que necesitamos. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Don Reinaldo ¿cómo me le va, como ha estado? ¿Se ha estado sintiendo bien? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Bien. ¿Usted se llama Pablo? Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Pablo me llamo yo Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: El apellido. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Jaramillo. Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: ¿Descendencia? Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: ¡Paisa! Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Paisa claro. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Claro. Sí imagínese, pero también tengo familia acá, no he venido mucho pero me gusta mucho. Cuénteme una cosa, ¿cómo se ha estado de salud últimamente? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Ahí como me ve, el destino me tiene así y así tengo que conformarme porque no hay de otra. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Cuénteme una cosa ¿usted se acuerda de que presentó una tutela hace unos años? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: ¿Tutela? Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Si usted se acuerda de eso. Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: ¿Sobre qué sería la tutela? Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Pero ¿usted se cuerda de haberla presentado de haber ido donde un juez? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Sí, yo presenté una tutela porque me estaban demorando mucho el paguito allá donde yo estaba afiliado, entonces me tocó que presentar una tutela, eso fue todo. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Ya, y ¿qué le estaban demorando? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Pues no, yo no estaba casado. Asentamiento paisa, vea pues. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Pero cuénteme, ¿que se estaba demorando cuando usted presentó la tutela? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Que yo me recuerde nada. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: ¿No se acuerda bien? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: No me acuerdo bien. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Bueno, y cuénteme ¿cómo ha estado usted de ánimo, se ha sentido bien últimamente? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Pues tengo un hijo y una nuera muy distinguida, yo no es que la quiera, por pequeña no, sino que mi forma de hablar es en diminutivo yo la llamo Aurita, pero la forma de hablar es en diminutivo. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Ya. ¿Y ha ido últimamente al médico? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Sí, he estado hospitalizado. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: ¿Cuándo estuvo hospitalizado? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Por ahí unos 15 días, pero aquí dentro de este alojamiento. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Cuénteme un poco que hace usted todos los días, cuando se levanta que hace. Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Que voy a hacer si no me puedo levantar, ni nada. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: ¿Pero lo sacan aquí a pasear? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Sí, claro, cuando viene mi familia me sacan a pasear Y cuénteme a usted que le gusta hacer Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Yo fui un gran músico, empírico, no de profesión porque las capacidades económicas no se me facultaban pero sí fui una gran música de cuerda bandola, tiple y guitarra. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: ¿Le gusta la música? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Mucho, mucho no la olvidare. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: ¿Y le ponen su música? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Ave María. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: ¿Si? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Si. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: A qué bueno. ¿Quién lo cuida? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Mi hija patricia Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: ¿Usted trabajaba antes don Reinaldo? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: ¿Cómo dice? Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: ¿Usted trabajaba antes? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Pues… Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: ¿Donde trabajaba? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Yo no le puedo decir en donde trabajaba. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Ya… Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Como le digo yo soy un músico empírico no soy profesional, así como ve. Pero me gusta que la doctora sea de asentamiento Caldense. Y como se conocieron, entre paisas se puede decir, entre abogados, porque me entero que usted también es abogada Profesional especializada grado 33, Luisa Fernanda Toro Riaño: Sí señor. Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: ¿En qué materia? Profesional especializada grado 33, Luisa Fernanda Toro Riaño: Constitucional. En derechos de las personas, derechos a la vida, a la salud. Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: ¿A dónde se conocieron? Profesional especializada grado 33, Luisa Fernanda Toro Riaño: En Bogotá. Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: En Bogotá, yo trabajé en Bogotá. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: ¿Dónde trabajó en Bogotá? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Yo trabajé en la… aguarde le digo, en donde que yo recuerde… Pero yo trabaje en Bogotá. Me toco retirarme de allá porque me toco que… Pues como le digo no era músico profesional, era empírico. Ustedes como abogados que buena carrera que han tenido y espero que la sigan teniendo. Pero usted está muy jovencita. Usted tendrá unos 25 años, un poco, más o menos. Profesional especializada grado 33, Luisa Fernanda Toro Riaño: Un poquito más. Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Cuénteme don Reinaldo. ¿Le gusta vivir en Popayán o prefiere Bogotá? Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Yo prefiero vivir en Popayán porque aquí está mi familia y eso es todo. ¿Ustedes se conocieron en Bogotá? Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Sí señor en Bogotá, don Reinaldo le agradezco mucho que haya conversado con nosotros, vamos a conversar acá con la familia si le parece bien. Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Reinaldo, claro, claro, con mucho gusto Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Muchas gracias don Reinaldo. Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez ¿Cómo es que se llama? Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Pablo Jaramillo Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez: Pablo Jaramillo. ¡Paisa! Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Si, bueno, muchas gracias. Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez ¿Se conocieron en Bogotá? Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia: Sí en Bogotá. Bueno, terminada la entrevista con el señor Reinaldo Anacona Gómez la Corte procede a conversar con los miembros de su familia que se hicieron presentes en esta diligencia. Por solicitud de los miembros de esta familia en la conversación intervendrá la señ...