Sentencia T-320 de 2012

T-320-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-320/12 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia en caso de pensión de jubilación de persona de 79 años Para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales es necesario que se evidencie (i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, (ii) la presencia de alguna de las causales específicas de prosperidad y (iii) la existencia de una lesión a derechos fundamentales del actor CONCILIACION COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS-Inspiración, alcance, límites y función del conciliador DERECHOS CIERTOS E INDISCUTIBLES EN EL DERECHO LABORAL Y LA SEGURIDAD SOCIAL COMO LIMITE A LA AUTONOMIA PRIVADA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Concepto, fundamento y procedencia de la acción de tutela para solicitarla REGLAS JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA Para determinar la procedencia de la acción de tutela, cuando quiera que se trate de conflictos relativos a la indexación de la primera mesada pensional, es necesario distinguir dos supuestos, que dependen de si se acude a la mencionada acción como mecanismo definitivo o si se recurre a ella como un instrumento subsidiario para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. En el primer caso, la Corte ha indicado en múltiples fallos, como reglas de procedibilidad de la acción de tutela, las siguientes: Que el interesado hubiera adquirido la calidad de pensionado; Que hubiera agotado la actuación en sede gubernativa mediante el uso de los recursos y medios de impugnación propios de esa instancia, en procura de satisfacer su pretensión de indexación. Ahora, si se trata de aquellas pensiones que han de ser canceladas por las empresas, este requisito se entiende agotado con la petición presentada ante estas últimas; Que hubiera acudido oportunamente a la jurisdicción ordinaria con el fin de obtener el reconocimiento de la indexación de la primera mesada; Que acreditara las condiciones materiales que justifican la protección por vía de tutela, esto es, la condición de persona de la tercera edad y la afectación de sus derechos fundamentales, como el mínimo vital y la igualdad INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Criterio reiterado y dominante de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia/INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Caso en que recurso de casación no gozaría de ninguna eficacia Determinado así el criterio reiterado y dominante de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a propósito de la indexación de la primera mesada pensional, esta Sala observa que en el caso concreto el recurso de casación no gozaría de ninguna eficacia, contrario a la tesis expuesta en las sentencias de tutela objeto de revisión, toda vez que el actor causó su pensión de jubilación antes de 1991 porque tanto la fecha en la cual terminó su contrato de trabajo con Bancolombia, como la fecha en que cumplió 55 años de edad (ver supra 2.1.4. y 2.3.1 del acápite de pruebas), son anteriores a 1991. De forma tal que es previsible que el recurso de casación no sea eficaz a efectos de que se ordene la indexación de la primera mesada pensional del demandante. Por este motivo, la Sala estima que la interposición del recurso extraordinario de casación no le es exigible al accionante para efectos de la procedencia de la acción de tutela, máxime si se toma en consideración su avanzada edad, hecho que disminuye considerablemente el tiempo en que podría disfrutar de su pensión debidamente indexada si se le somete a los términos de resolución de un recurso de casación RENUNCIA A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Y ACUERDO CONCILIATORIO El derecho a la pensión del accionante es, y era en la fecha de la conciliación, un derecho cierto e indiscutible, sobre el cual está prohibida la transacción. Sin embargo, el actor no renunció al derecho a la pensión sino que renunció al valor de la primera mesada pensional. Pues bien, el derecho a la pensión que se causó incluye también la causación del derecho a que la primera mesada sea debidamente cuantificada, esto es, que el ingreso base de liquidación sea el equivalente al propuesto en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, salario que, según la sentencia C-891A de 2006, es exequible “bajo el entendimiento de que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC certificado por el DANE”. Igualmente, el valor de la primera mesada pensional es un derecho indiscutible, dado que existe certeza sobre los extremos del derecho y sobre su quantum, debido a que al momento de celebrar la conciliación se podía constatar cuáles habían sido los salarios devengados por el actor. En estos términos, el valor de la primera mesada pensional, en el caso concreto, comprende un derecho cierto e indiscutible y, en virtud de tal característica, es intransigible e irrenunciable por su titular PENSION DE JUBILACION PREVISTA EN EL ARTICULO 267 DEL CST Y PACTOS CONTRA LEGEM-Se entienden como no escritos/CLAUSULAS DE RENUNCIA A DERECHOS CIERTOS E INDISCUTIBLES-Se tienen por no escritas El juez ante el cual se celebró el proceso conciliatorio debió improbar el arreglo acordado por las partes en conflicto, ya que su función es velar por que las partes no renuncien a derechos ciertos e indiscutibles que vicien de nulidad el negocio jurídico (ver supra 2.2, 2.6, 2.7 y 2.9 de las consideraciones). Dado que el juez aprobó un acuerdo que versaba sobre derechos ciertos e indiscutibles (ver supra 2.1.3 del acápite de pruebas), las partes están facultadas para demandar en un proceso jurisdiccional la nulidad del negocio jurídico por objeto ilícito. En este orden de ideas, no ignora la Sala que la providencia contra la cual debió haberse intentado el amparo constitucional, en principio, es el auto del 8 de noviembre de 1994 emitido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá (ver supra 2.1.3 del acápite de pruebas), por medio del cual se aprobó el acuerdo conciliatorio alcanzado por el actor y por Bancolombia, arreglo que atañe a la pensión de jubilación del primero. En este caso, la acción de tutela estaría llamada a ser improcedente por cuanto rompería abiertamente con el principio de inmediatez, principio que la Corte no puede admitir que se burle, así como tampoco puede estimular la práctica perversa, cuya finalidad es evitar la aplicación de este principio, y que consiste en que, cuando ha transcurrido un largo tiempo desde la expedición de una providencia y se pretenda instaurar una tutela en su contra, se inicie antes otro proceso ante el juez natural de la causa, proceso que muy probablemente no prosperará como consecuencia de la configuración de la cosa juzgada, y contra esa última providencia se formule una acción de tutela que respetará la inmediatez y que indirectamente estará dirigida en contra de la primera providencia proferida mucho tiempo atrás. No obstante ello, el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que no produce efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca el mínimo de derechos y garantías consagradas en la normatividad laboral a favor de los trabajadores, es decir que los pactos contra legem se entienden como no escritos. En el caso concreto, esta norma es perfectamente aplicable, pues no se trata de la pensión de vejez regulada en la Ley 100 de 1993, sino que se trata de la pensión de jubilación recogida en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo. En efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha asumido que las cláusulas mediante las cuales se renuncia a derechos ciertos e indiscutibles se entienden como no escritas PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Aplicación en este caso, ya que los jueces debieron entender la cláusula atinente al monto de la pensión como no escrita En contra de esta afirmación podría aducirse que la referida disposición no fue citada por ninguna de las partes procesales y que, en ese sentido, el juez no tenía la obligación de hacer uso de ella para la resolución del caso concreto. Sin embargo, la existencia de la jurisdicción parte de la premisa de que los jueces conocen el derecho objetivo (este principio también se conoce con el aforismo latino iura novit curia), a partir de lo cual se deduce “el antiguo adagio ‘narra mihi factum, dabo tibi ius’, que indica que las normas y argumentos jurídicos sostenidos en la demanda no son vinculantes para el fallador”. Este último principio se representa con la máxima ‘dame los hechos, yo te daré el derecho’. Desde esta óptica, los jueces debieron entender la cláusula atinente al monto de la pensión, incluida en el acuerdo conciliatorio suscrito entre el accionante y Bancolombia el 8 de noviembre de 1994, como no escrita. Así pues, de una cláusula que se entiende como no escrita no puede derivarse los efectos de la cosa juzgada, de tal suerte que los jueces acá accionados debieron evaluar de fondo el asunto puesto a su consideración, a la par que la excepción de cosa juzgada debió haber sido negada. Siguiendo esta lógica, las autoridades judiciales demandadas tenían la obligación constitucional de acceder a la pretensión de la indexación de la primera mesada pensional, pues así lo ordena la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Y JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No admite este derecho a las personas que causaron su pensión antes de 1991 Este cauce argumentativo emprendido por la Sala, podría refutarse con el argumento de que el petente dispone de otro mecanismo de defensa judicial, cual es demandar en la jurisdicción laboral la nulidad del acuerdo conciliatorio por objeto ilícito y que, una vez declarado nulo, inicie un nuevo proceso ordinario con el fin de que su primera mesada pensional sea indexada, proceso en el que no habrá cosa juzgada pues la nulidad hace desaparecer de la vida jurídica al arreglo conciliatorio. Con todo, una postura de esta índole perfora la protección especial de la que gozan las personas de la tercera edad de conformidad con la doctrina constitucional, con el agravante que la indexación podría ser negada en atención a la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que no admite este derecho a las personas que causaron su pensión antes de 1991. Encuentra claro la Sala, entonces, que someter al actor del caso concreto a dos procesos ordinarios laborales adicionales resulta desproporcionado, dado que la protección de sus derechos fundamentales llegaría de manera tardía como consecuencia de su avanzada edad. INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Orden a Bancolombia con base en la variación del IPC por cuanto la edad lo exime de acudir ante un Juez para que declare nulo acuerdo conciliatorio En congruencia, esta Sala concederá el amparo y dejará sin efectos la sentencia del 24 de noviembre de 2010 proferida por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y la sentencia del 13 de mayo de 2011 emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, providencias laborales que estimularon la presentación de esta acción de tutela. Asimismo, ordenará a Bancolombia S.A. indexar la primera mesada de la pensión de jubilación del demandante con base en la variación del IPC, como sea que su edad lo exime de acudir ante un juez para que declare nulo el acuerdo conciliatorio INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-No se ordenará proferir una nueva sentencia sino que se ordena de manera definitiva la indexación La parte resolutiva de esta providencia no ordenará a las autoridades judiciales accionadas proferir una nueva sentencia ajustada a las consideraciones acá exhibidas, tal como lo suele hacer esta Corporación cuando conoce de tutelas contra providencias judiciales. Por el contrario, la Sala ordenará de manera definitiva la indexación de la primera mesada pensional, con sustento en la reiterada e inflexible posición de la jurisdicción ordinaria que no concede el derecho a la indexación sobre las pensiones causadas antes de 1991 y con sustento en la pertenencia del actor al grupo especialmente protegido de personas de la tercera edad. Referencia: expediente T-3.302.162 Acción de tutela instaurada por Armando Luna Perdomo contra Bancolombia S.A., Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-. Magistrada Ponente (E): ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO Colaboró: Sebastián Lalinde Ordóñez Bogotá D.C., mayo dos (2) de dos mil doce (2012). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO y ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del trámite de revisión de los fallos dictados, en primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el seis (06) de septiembre de dos mil once (2011) y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el quince (15) de noviembre de dos mil once (2011), dentro de la tutela presentada por Armando Luna Perdomo contra Bancolombia S.A., el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-. I. ANTECEDENTES. El ciudadano Armando Luna, obrando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela el veintiséis (26) de agosto de dos mil once (2011) contra Bancolombia S.A., el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, que habrían sido vulnerados como consecuencia de los siguientes: 1.1. Hechos. 1.1.1. El demandante aseguró haber laborado para Bancolombia entre el 4 de octubre de 1951 y el 30 de septiembre de 1971. 1.1.2. Señaló que durante ese tiempo “percibía prestaciones sociales legales y primas extralegales consagradas en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre BANCOLOMBIA S.A. y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Bancolombia S.A.”[1] (resaltados tomados del texto original). 1.1.3. El actor manifestó en su demanda de tutela que la pensión de jubilación le fue reconocida por Bancolombia el 8 de noviembre de 1994 en acta de conciliación suscrita ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, y recalcó que la “conciliación se efectuó en vigencia de la Carta Política de 1991”[2]. 1.1.4. El petente advirtió que el asunto conciliado versó sobre derechos ciertos e indiscutibles. 1.1.5. Relató, asimismo, que la pensión “se le reconoció a partir del 20 de noviembre de 1994, en cuantía inicial de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente”[3], cuando él en realidad devengaba “dentro del año inmediatamente anterior al retiro, es decir, entre el 1° de octubre de 1970 al 30 de septiembre de 1971, un promedio de 11.04 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, como salario básico”[4]. 1.1.6. Igualmente, en la conciliación Bancolombia se obligó a pagar a favor del demandante la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000.oo) a título de retroactivo de la pensión sanción reclamada. 1.1.7. En dicha conciliación “no se estableció ni fue susceptible de pronunciamiento el Ingreso Base de Liquidación de la Pensión de Jubilación”[5]. 1.1.8. El 23 de septiembre de 2008, el actor elevó una petición ante Bancolombia a fin de que se indexara el ingreso base de liquidación de su pensión y se tuvieran en cuenta todos los factores salariales para efectos de la reliquidación de la pensión. 1.1.9. Bancolombia dio respuesta a esta petición en sentido negativo con el argumento de que la pensión se causó antes de la vigencia de la Constitución de 1991 y que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado la indexación de aquellas pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución. 1.1.10. En consecuencia, el petente promovió un proceso ordinario laboral con el propósito de que su pensión fuese reliquidada “con base en todos los factores salariales devengados en el último año de servicio incluyendo las primas extralegales y la actualización con base en el índice de precios al consumidor”[6]. 1.1.11. En sentencia del 24 de noviembre de 2010, el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda del proceso laboral y declaró probada la excepción de cosa juzgada en la medida en que el monto de la pensión sanción fue objeto de un acuerdo conciliatorio que, además, fue aprobado por un juez. 1.1.12. Esta providencia fue apelada por la parte demandante, por cuanto que “en el numeral [del acuerdo conciliatorio] donde se consagra el reconocimiento de la Pensión Sanción no se establecen los factores que se tienen en cuenta para el reconocimiento de la misma, siendo el reconocimiento de la pensión, la pretensión incoada”[7] en el proceso que terminó en virtud del acuerdo conciliatorio alcanzado por las partes procesales. 1.1.13. El 13 de mayo de 2011, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó, con los mismos argumentos del a quo, la sentencia recurrida. 1.2. Solicitud de tutela. Con fundamento en estos hechos, el actor solicitó al juez de tutela que amparara sus derechos “a la seguridad social, el (sic) minimo (sic) vital, [y] los derechos de los trabajadores”[8] y que, en consecuencia, se revocaran las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; y se condenara a Bancolombia a “reliquidar la pensión de jubilación con base en todos los factores salariales devengados en el último año de servicio incluyendo las primas extralegales”[9] y a actualizar la pensión “con base en el índice de precios al consumidor (I.P.C), de conformidad con la ley 100 de 1993”[10]. 1.3. Intervención de la parte demandada. En el auto admisorio de la acción de tutela, el juez de primera instancia requirió a las partes demandadas para que rindieran un informe sobre los hechos y las pretensiones de la demanda. De las tres entidades accionadas, únicamente Bancolombia contestó la demanda, en tanto que las demás guardaron silencio. 1.3.1. En primer lugar, Bancolombia hizo un recuento del proceso ordinario laboral que estimuló la acción de tutela que acá se revisa y observó que en todas las etapas de dicho proceso el accionante “tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, solicitando pruebas, presentando alegatos y finalmente recurriendo las providencias desfavorables a sus intereses”[11]. Sin embargo, advirtió que contra la sentencia de segunda instancia, el demandante “no interpuso recurso extraordinario de casación, quedando así incólumne (sic) la decisión de segundo grado”[12]. 1.3.2. Igualmente, expuso que “la sentencia contra la cual se dirige la presente acción de tutela y que resultó favorable a los intereses del Banco, está claramente fundamentada del porque (sic) no procede la reliquidación de la pensión reconocida al actor por parte de Bancolombia con base en factores salariales, como quiera que dicha pretensión fue objeto de un acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá el 8 de noviembre de 1994, el cual hizo tránsito a cosa juzgada y fue aprobada (sic) por un Juez de la República”[13]. 1.3.3. Por otro lado, Bancolombia anotó que había operado el fenómeno de la cosa juzgada por dos vías: la primera, por la existencia de decisión judicial en firme que hace que la sentencia sea definitiva e inmodificable, “por lo cual no es posible iniciar un litigio posterior entre las mismas partes a fin de obtener la reliquidación de la pensión de jubilación, cuando tal tópico fue desatado mediante sentencia judicial favorable al banco”[14]; y segundo, porque “la cuantía de la pensión, las diferencias pensionales y los factores base de su liquidación fueron objeto de un acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá”[15]. 1.3.4. Después de hacer un recorrido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional referente a los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la parte accionada constató que, en este caso concreto, la cuestión que se discute no tiene relevancia constitucional, dado que “lo que se pretende es la reliquidación de [la] pensión con fundamento en factores salariales, tema respecto del cual operó el fenómeno de cosa juzgada y que se refiere a un interés simplemente económico y, sin verdadera relevancia constitucional”[16]. Asimismo, Bancolombia arguyó que no se cumple con el requisito general de la inmediatez, puesto que “la providencia judicial que resolvió lo pretendido con la presente acción de tutela fue proferida el 13 de Mayo de 2011, es decir hace casi 4 meses […], lo que deja en evidencia que la acción de tutela no fue interpuesta dentro de un término razonable y proporcionado a partir del hecho que supuestamente originó la vulneración de los derechos del accionante”[17]. En este mismo sentido, la entidad demandada precisó que “la parte actora tampoco acredita que se este (sic) en presencia de alguna de las causales específicas para que proceda el amparo. En efecto, a juicio de esta entidad la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá no evidencia un defecto orgánico, procedimental, fáctico, material o sustantivo, como tampoco un error inducido, una decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, ni mucho menos una violación directa de la Constitución”[18]. 1.3.5. Adicionalmente, Bancolombia subrayó que nunca vulneró ningún derecho fundamental del accionante, debido a que “su actuar se encuentra ajustado a derecho y a las sentencias judiciales que definieron las pretensiones del actor”[19]. II. PRUEBAS RELEVANTES QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE. 2.1. Pruebas aportadas por la parte demandante. 2.1.1. Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre el Banco de Colombia y el Sindicato Nacional de Trabajadores el 14 de diciembre de 1971, norma que es aplicable “a todos los trabajadores afiliados al Sindicato y a quienes, sin pertenecer a él, se les aplique según las disposiciones legales”[20], de acuerdo con su artículo 1°. En el artículo 15 de esta Convención se estipuló una prima equivalente a dos sueldos y medio por año y en el artículo 29 se previó una vigencia de la Convención por el tiempo comprendido entre el 16 de noviembre de 1971 y el 15 de noviembre de 1973. En ninguna disposición de la Convención Colectiva se desalarizó o se indicó que las primas extralegales no hacían parte del salario (cuaderno 1, folios 15-26). 2.1.2. Contrato de trabajo suscrito entre Armando Luna y el Banco de Colombia el 1° de mayo de 1952, en el cual se destaca que “no se considerarán como salario las sumas que ocasionalmente reciba el trabajador por mera liberalidad, tales como las primas, bonificaciones y gratificaciones ocasionales”[21] (cuaderno 1, folios 27-30). 2.1.3. Acta de audiencia pública de conciliación judicial llevada a cabo en el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá el 8 de noviembre de 1994. Esta audiencia se adelantó en el marco del proceso ordinario laboral promovido por Armando Luna en contra del Banco de Colombia[22] y dio lugar a un acuerdo mediante el cual el segundo se obligó a pagarle al primero una pensión de jubilación mes a mes equivalente al valor del salario mínimo legal mensual vigente. Dicho acuerdo fue aprobado por la juez del caso mediante auto del 8 de noviembre de 1994, en consideración a que “con el anterior arreglo conciliatorio no se vulneran derecho (sic) ciertos e indiscutibles del demandante”[23] (cuaderno 1, folios 43-44). 2.1.4. Certificación expedida por el Gerente de Gestión Humana de Bancolombia el 16 de julio de 2008, en la cual consta que el demandante “laboró al servicio de esta Entidad desde el día 04 de Octubre de 1951 hasta el 01 de Octubre de 1971”[24]. En este mismo documento se informa cuáles fueron los sueldos básicos mensuales devengados por el actor durante dicho lapso de tiempo (cuaderno 1, folios 45-46). 2.1.5. Petición elevada ante Bancolombia por parte del petente, a través de apoderado, el 23 de septiembre de 2008, en la cual solicitó “[q]ue se indexe el Ingreso Base de Cotización (I.B.C.), de la pensión reconocida por su entidad […] el día ocho (05) de noviembre de 1994, y que en consecuencia se tengan en cuenta todos los factores salariales para la reliquidación de su pensión de jubilación. Que como consecuencia de lo anterior se le cancele el retroactivo dejado de percibir por efectos de tal indexación”[25]. Como fundamentos de la petición, adujo que la pensión fue liquidada en cuantía de un salario mínimo vigente, cuando en realidad Armando Luna Perdomo “devengaba dentro del año inmediatamente anterior al retiro, es decir entre el 1° de octubre de 1970 al 30 de septiembre de 1971 un promedio de 11,04 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. En consecuencia, no se podían desconocer derechos ciertos e indiscutibles, ni por parte del Juez Laboral, ni por el empleador, que le acrrearan (sic) un detrimento patrimonial a mi poderdante, a sabiendas que se le reconoció una PENSIÓN con un (1) salario mínimo, porque no le fue indexado el Ingreso Base de Cotización”[26] (mayúsculas tomadas del texto original) (cuaderno 1, folios 47-48). 2.1.6. Respuesta de Bancolombia a la petición formulada por el accionante de fecha 18 de octubre de 2008, mediante la cual negó su solicitud de reliquidación y de indexación de la pensión. En esta respuesta, Bancolombia señaló que el contrato de trabajo del señor Luna Perdomo había sido “cancelado […] unilateralmente y por justa causa”[27]. Con respecto al acta de conciliación suscrita por el demandante y por Bancolombia, advirtió que “al haber sido suscrita […] por la parte demandante y demandada y aprobada por la autoridad judicial, ésta hizo tránsito a cosa juzgada, no siendo posible que los asuntos allí conciliados sean susceptibles de reclamación posterior, entre ellos el monto de la pensión por indexación del ingreso base de la primera mesada pensional, ya que el monto de la mesada pensional fue expresamente definido en la conciliación”[28]. Más adelante, citó una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que indica que el cumplimiento de la edad no es un requisito de causación del derecho a la pensión sanción sino un requisito de exigibilidad. Así que “[c]omo la pensión otorgada al extrabajador se causó el 1 de octubre de 1971, fecha de terminación del contrato de trabajo y no en 1994 cuando cumplió la edad (requisito de exigibilidad), no es viable predicar la indexación del ingreso base de la primera mesada pensional ya que su derecho se causó antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991 habiéndose liquidado de la manera prevista en el artículo 260 del C.S.T.”[29]. Sobre el particular, Bancolombia aludió a una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que fijó “la improcedencia de la indexación de aquellas pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991”[30] (cuaderno 1, folios 49-55). 2.1.7. Sentencia de primera instancia del 24 de noviembre de 2010, dictada por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral iniciado por Armando Luna Perdomo en contra de Bancolombia, cuyas peticiones eran que se ordenara a la entidad demandada “reliquidar la pensión de jubilación con base en todos los factores salariales, actualizada con base en el I.P.C.; [y pagar] el retroactivo por diferencias de las mesadas pensionales con sus intereses moratorios”[31]. En esta providencia se declaró probada la excepción de cosa juzgada por el hecho de que las partes enfrentadas habían logrado un acuerdo conciliatorio y, por tanto, se absolvió a Bancolombia (cuaderno 1, folios 57-62). 2.1.8. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en sede de tutela en contra de la sentencia de primera instancia del 24 de noviembre de 2010, dictada por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral, en el cual se arguyó que “en el numeral [del acuerdo conciliatorio] donde se consagra el reconocimiento de la Pensión sanción no se establecen los factores que se tienen en cuenta para el reconocimiento de la misma, siendo el reconocimiento de la pensión la pretensión incoada en la demanda adelantada [en] el Juzgado 5° Laboral del Circuito”[32]. A renglón seguido, se anotó que en el “caso en cuestión los factores salariales que se deben tener en cuenta son los del último año de servicio incluyendo las primas extralegales y la actualización con base en el Índice de Precios al Consumidor, tomándose este punto como derechos ciertos e indiscutibles, los cuales se desconocieron en el acta de conciliación celebrada en el Juzgado Quinto (5°) Laboral del Circuito”[33]. Como consecuencia de lo anterior, la parte recurrente solicitó revocar la sentencia de primera instancia (cuaderno 1, folios 63-68). 2.1.9. Sentencia del 13 de mayo de 2011, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral iniciado por Armando Luna Perdomo en contra de Bancolombia. Con esta decisión judicial se confirmó la providencia del a quo, bajo el sustento de que el señor Luna Perdomo acordó unas condiciones pensionales sin ningún vicio en su consentimiento y sin renunciar a derechos ciertos e indiscutibles, lo que llevó a la Juez Quinta Laboral del Circuito de Bogotá a aprobar el acuerdo conciliatorio alcanzado por las partes procesales, el cual tiene efectos de cosa juzgada (cuaderno 1, folios 75-86). 2.2. Pruebas aportadas por las partes demandadas. Bancolombia no arrimó ninguna prueba adicional al proceso que no hubiese sido ya aportada por el petente. Las autoridades judiciales accionadas, por su parte, no esgrimieron ninguna prueba. 2.3. Pruebas recaudadas por la Corte Constitucional. Mediante Auto del 15 de marzo de 2012, el magistrado sustanciador ordenó que por Secretaría General se oficiase al Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá con el fin de que remitiese a esta Corte el expediente radicado con el número 2009-00863, correspondiente al proceso ordinario laboral instaurado por Armando Luna Perdomo en contra de Bancolombia S.A. En cumplimiento de este Auto, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá remitió a la Corte el expediente solicitado, del cual llaman la atención los siguientes documentos que no habían sido aportados antes al proceso de tutela: 2.3.1. Cédula de ciudadanía del señor Armando Luna Perdomo, la cual evidencia que su fecha de nacimiento fue el día 15 de agosto de 1932, es decir que a la fecha tiene la edad de 79 años (cuaderno 4, folio 64). 2.3.2. En este expediente obra copia del proceso ordinario laboral seguido ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá y que terminó el 8 de noviembre de 1994 con el acuerdo conciliatorio celebrado por Armando Luna Perdomo y el Banco de Colombia. De la copia de este último expediente se resalta que el señor Luna Perdomo adujo en los hechos de aquella demanda haber sido despedido sin justa causa por el Banco de Colombia el 30 de septiembre de 1971 (cuaderno 4, folio 186), en tanto que el Banco de Colombia puntualizó en la contestación de la demanda que no era cierto que el despido hubiese sido sin justa causa (cuaderno 4, folio 195). III. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN. 3.1. Mediante sentencia del seis (06) de septiembre de dos mil once (2011), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, actuando como autoridad judicial de primera instancia, resolvió negar la protección de los derechos fundamentales del demandante con sustento en que éste disponía de otro mecanismo de defensa judicial: “el accionante, demandante dentro del proceso ordinario laboral, debió utilizar las herramientas que el ordenamiento jurídico le concede para proteger sus derechos, es decir, presentar el recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia; en efecto aquel no empleó el mecanismo idóneo y eficaz establecido en la Ley para salvaguardar sus derechos y garantías, pues aparece claro que dejó fenecer su oportunidad”[34]. 3.2. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, dado que estimó que no debía agotar el recurso extraordinario de casación por ser una persona de la tercera edad y debido a que “existe una desproporción manifiesta y discriminatoria de la pensión liquidada en cuanto al salario que devengaba […] con la entidad cuando estaba activo, para lo cual estaríamos hablando de una diferencia entre un salario mínimo legal mensual vigente de mesada pensional y de 11.04 salarios mínimos legales mensuales vigentes que devengaba en la época en que se encontraba activo con la entidad”[35]. Los anteriores argumentos se apoyaron en la sentencia T-362 de 2010 que fue citada in extenso en el recurso de apelación. 3.3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia del quince (15) de noviembre de dos mil once (2011), confirmó el fallo de primera instancia que negó el amparo constitucional. El ad quem encontró que “las providencias que se pretenden dejar sin efectos en virtud del mecanismo de amparo no son el resultado de la arbitrariedad ni el (sic) capricho de los funcionarios judiciales que las expidieron; por el contrario, fueron emitidas en el decurso de un procedimiento laboral, con plenas garantías para las partes, y obedecen a la aplicación de la normatividad vigente”[36]. Sumado a lo anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia halló que “el actor no hizo uso del medio idóneo de defensa judicial contemplado al interior del proceso como lo era acudir al recurso extraordinario de casación a fin de debatir las inconformidades que ahora plantea, omisión que, independientemente de las razones o situaciones que la motivaron, no puede ser reemplazada por vía de la acción de tutela”[37]. IV. REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala de Selección de Tutelas Número Doce, mediante auto del catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011), dispuso su revisión por la Corte Constitucional. 4.1. Competencia. Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del caso que hizo la Sala de Selección. 4.2. Consideraciones. 4.2.1. Problema jurídico y esquema de resolución. 4.2.1.1. El problema jurídico que se propone la Sala busca definir si Bancolombia S.A., el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral- quebrantaron los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso del accionante por el hecho de no haber tomado en consideración las primas extralegales que éste percibía en la cuantificación de su pensión de jubilación y por el hecho de no indexar su primera mesada pensional, so pretexto de que el actor y Bancolombia habían llegado a un acuerdo conciliatorio con respecto al valor de la pensión. 4.2.1.2. Con el propósito de resolver este problema jurídico, (i) la Sala reiterará, en primer lugar, su jurisprudencia acerca de la procedibilidad y prosperidad de la acción de tutela cuando se utiliza como mecanismo para controvertir providencias judiciales. En segundo término, (ii) estudiará el alcance, la naturaleza y los límites de la conciliación. En lo sucesivo, (iii) la Sala analizará la irrenunciabilidad de derechos ciertos e indiscutibles en materia de derecho laboral y de la seguridad social como una restricción a la autonomía privada. Posteriormente, (iv) la Sala recordará su jurisprudencia atinente a la indexación de la primera mesada pensional. Finalmente, (v) utilizará todos estos elementos como premisas normativas para resolver el caso concreto. i) Procedibilidad y prosperidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. 1.1. La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la regla general es que la acción de tutela no procede contra providencias judiciales. Esta regla se justifica en la medida en que, de ordinario, las providencias judiciales (i) son el escenario habitual de reconocimiento y realización de derechos fundamentales; (ii) de ellas se predica el efecto de cosa juzgada, el cual es garantía de la seguridad jurídica que debe imperar en un Estado democrático; y (iii) están amparadas por el principio de respeto a la autonomía e independencia de los jueces[38] y al principio de la división de las jurisdicciones por especialidad. 1.2. Sin embargo, esta Corte ha permitido la posibilidad excepcional de admitir la tutela en contra de las decisiones de los jueces, toda vez que las autoridades judiciales eventualmente en sus decisiones pueden “desbordar el estricto marco de aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales”[39]. En consecuencia, procederá la acción de tutela contra providencias judiciales, sólo en aquellos casos en que éstas vulneren o pongan en peligro derechos fundamentales. Para ello, este Tribunal, a través de su jurisprudencia, ha establecido una serie de requisitos de procedibilidad de la misma, unos de carácter general que habilitan la interposición de la tutela[40] y otros específicos, que más que ser requisitos de procedibilidad, se refieren a la prosperidad de la acción una vez interpuesta[41]. Estos requisitos, por lo demás, no corresponden a un listado arbitrario y caprichoso, sino que constituyen una adaptación de las reglas y principios previstos en el artículo 86 superior, en el Decreto 2591 de 1991 y en la doctrina constitucional al escenario específico de la tutela contra providencias. Es decir, aunque en algunos casos se produce un cambio nominal, lo que subyace detrás son las mismas normas de subsidiariedad, de informalidad, de oficiosidad, de inmediatez, de protección de derechos constitucionales fundamentales y demás. 1.3. Respecto de los requisitos generales, ha establecido la Corte que el juez de tutela debe constatar (i) que el asunto sometido a su estudio tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado todos los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios de defensa que estén a su alcance, antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la acción constitucional cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; y (vi) que el fallo impugnado no sea una sentencia de tutela. 1.4. Específicamente, los requisitos de inmediatez y de agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa no son absolutos y, por ende, admiten excepciones, como sucede con cualquier acción de tutela. Frente a la inmediatez, ha aceptado la Corte la procedibilidad de tutelas, aun cuando el tiempo entre la acción vulneradora del derecho fundamental y la fecha de interposición de la tutela ha excedido la razonabilidad, “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición”[42]. En lo que atañe al agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa, que no es más que un requisito que hace valer el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 prevé que la tutela no procederá “[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante” (subrayas añadidas)[43]. Pues bien, si los recursos ordinarios y extraordinarios dispuestos en un proceso jurisdiccional resultan ineficaces para la protección de los derechos fundamentales, la tutela se torna procedente[44], aun si estos recursos no son agotados. 1.5. Adicional a los requisitos generales exhibidos más arriba, debe demostrarse la existencia de alguna de las que la Corte ha denominado causales específicas de procedibilidad, pero que más técnicamente deben llamarse causales de prosperidad de la acción. Estos requisitos o causales han sido definidos por la Corte como defecto orgánico[45], sustantivo[46], procedimental[47] o fáctico[48]; error inducido[49]; decisión sin motivación[50]; desconocimiento del precedente constitucional[51]; y violación directa de la Constitución. 1.6. Por supuesto que del hecho de que la tutela entablada sea en contra de una providencia judicial, no se sigue que el amparo constitucional se desnaturalice y que no se rija por las proposiciones jurídicas del artículo 86 de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991. Lo anterior se traduce en que una tutela contra providencia es idéntica a cualquier otra tutela, por lo tanto, no le es exigible ningún tipo de formalidad o de ritualidad[52], máxime cuando su interposición no requiere del ius postulandi, de conformidad con el artículo 86 superior y con el artículo 10° y 14 del Decreto 2591 de 1991. La consecuencia de lo anterior es que la parte demandante no debe alegar expresamente una de las causales específicas y que incluso, si cita alguna causal, puede errar sin que se siga necesariamente la improsperidad de la acción[53]. 1.7. En conclusión, para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales es necesario que se evidencie (i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, (ii) la presencia de alguna de las causales específicas de prosperidad y (iii) la existencia de una lesión a derechos fundamentales del actor. ii) La conciliación como mecanismo alternativo de solución de controversias. Su inspiración, sus alcances, sus límites y la función del conciliador. En esta sección la Sala hará un recuento legal, jurisprudencial y doctrinario de la institución de la conciliación, advirtiendo desde ya que, pese a las evidentes diferencias entre la conciliación en los distintos campos del derecho (estas diferencias conciernen a asuntos como quién puede fungir como conciliador, qué asuntos se pueden conciliar, si el acuerdo conciliatorio debe o no ser aprobado por un juez, si la conciliación es o no requisito de procedibilidad, etc.), la figura descansa sobre la misma filosofía: autocomposición de litigios, democracia y ejercicio de la autonomía privada. 2.1. La idea liberal de Estado de derecho se traduce en que todas las personas, tanto gobernantes como gobernados, están sometidas al imperio del derecho, por tanto sus actuaciones deben respetar el ordenamiento jurídico. Por supuesto que lo anterior no implica que en un Estado de derecho el ordenamiento jurídico invada de manera ilimitada todos los espacios vitales, dado que una de las más grandes conquistas de las revoluciones liberales del siglo XVII y XVIII fue precisamente suprimir el excesivo y agobiante intervencionismo estatal del absolutismo en todas las esferas de la vida. En este orden de ideas, se forjó un discurso de los derechos en el sentido de libertades negativas que funge como escudo ante la exuberante invasión del Estado en órbitas que son propias y exclusivas de la sociedad civil y de cada individuo[54]. Pues bien, la jurisdicción en un Estado de derecho es la garantía última o la ultima ratio que controla la conformidad de la vida humana con el derecho. Significa lo anterior que antes de que los asuntos y conflictos intersubjetivos de intereses escalen a la jurisdicción, deben intentarse otras herramientas menos lesivas para resolverlos, como lo son, por ejemplo, la educación y la satisfacción de las necesidades categóricas del ser humano. Es decir, primero razones y, por último, fuerza y coerción. En este contexto surgió la conciliación como mecanismo de eliminación de litigios sin necesidad de tener que surtir en su integridad un proceso jurisdiccional[55]. No implica esto, por supuesto, que la función jurisdiccional sea lesiva per se, sino que un mecanismo como la conciliación se muestra mucho más respetuoso del principio democrático que un proceso jurisdiccional, en el cual prima el principio de autoridad, sin que de acá se pueda desprender que una providencia judicial sea antidemocrática, puesto que si bien ella es por definición un acto jurídico unilateral, el respeto al debido proceso de las partes procesales le otorga un aliento democrático, al igual que la aplicación por parte del juez de normas preestablecidas por los representantes elegidos democráticamente. 2.2. De allí que la conciliación haya sido concebida desde su origen como un mecanismo autocompositivo de solución de controversias, en el cual son las mismas partes en disputa quienes resuelven su conflicto de manera pacífica, al contrario de lo que sucede con los mecanismos de heterocomposición, en los cuales un tercero dirime la controversia. Ejemplos de heterocomposición son el proceso jurisdiccional (acá el tercero es un juez) y los equivalentes jurisdiccionales (acá el tercero no es un juez sino que es, por ejemplo, un árbitro). Si bien es cierto que en la conciliación aparece la figura de un tercero -el conciliador-, este simple hecho no la convierte de por sí en un mecanismo heterocompositivo por la siguiente razón: a pesar de que el tercero no está en un plano de igualdad con respecto a las partes sino que está por encima de ellas dado que está investido de tres poderes, a saber: el poder de convocatoria (sancionar a quien no asista a la conciliación), el poder de orden o de disciplina (dirigir la audiencia de conciliación) y el poder de homologación (otorgar validez al acuerdo logrado por las partes tras realizar un control de legalidad[56]); no está investido del poder de resolver en derecho el litigio que se le plantea, suprimiendo con ello las voluntades privadas. En conclusión, el conciliador desempeña un papel activo a fin de que las partes solucionen ellas mismas el litigio, pero, se insiste, el tercero no impone una solución[57]. 2.3. Desde esta perspectiva autocompositiva, la conciliación tiene un talante que se muestra muy afín con los elementos de la democracia participativa implementada por la Constitución de 1991. De manera que el sustrato constitucional de la conciliación se encuentra en las disposiciones referentes a la democracia participativa y al autogobierno y no en el artículo 116 superior relativo a la función jurisdiccional, debido a que los conciliadores no desempeñan funciones jurisdiccionales, entre otras razones porque no deciden en qué sentido se resolverá un conflicto ni tampoco valoran pruebas[58], sino que su función se circunscribe, por lo menos desde el punto de vista laboral, a verificar que la manera en que las partes enfrentadas deciden resolver su litigio no desborda el ordenamiento jurídico, de manera tal que no se desconozcan derechos ciertos e indiscutibles. Así pues, la conciliación es una herramienta que no sólo es útil para resolver conflictos y, cuya consecuencia casual, que no finalidad perseguida, es la descongestión de la jurisdicción[59], sino que también constituye una educación para la democracia y un instrumento que la afianza, en tanto propicia el diálogo y la deliberación entre personas con posturas disímiles, situación que a la postre reafirma la tolerancia, el pluralismo ideológico y facilita el debate en una democracia constitucional[60], en tanto favorece la búsqueda y la exposición de argumentos que pretenden convencer al otro de una tesis, argumentos que, por lo general, son de razón pública, según la conocida tipología planteada por John Rawls[61]. 2.4. Asimismo, la conciliación encuentra un respaldo constitucional en la autonomía privada de la voluntad respecto de la cual, “aunque no existe una norma en la Constitución que la contemple en forma específica, ella se deduce de los artículos 13 y 16, que consagran la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, respectivamente, los que sirven de sustento para afirmar que se ha de reconocer a las personas la posibilidad de que obren según su voluntad, siempre y cuando no atenten contra el orden jurídico y los derechos de los demás. Adicionalmente, se encuentra una serie de normas constitucionales garantes de ciertos derechos, cuyo ejercicio supone la autonomía de la voluntad; tal es el caso del derecho a la personalidad jurídica (art. 14), el derecho a asociarse (art. 38), a celebrar el contrato de matrimonio (art. 42) y los lineamientos de tipo económico que traza el artículo 333”[62]. Así pues, la facultad que otorga el Estado a los asociados para conciliar sus diferencias, en ejercicio de un poder de autorregulación, se aleja de una postura paternalista que apunta a que el Estado debe tratar a sus gobernados como menores de edad, quienes no pueden tomar decisiones por sí mismos y, por el contrario, abraza un optimismo hacia el individuo y su razón, propio de la filosofía liberal[63]. En esta proporción, el Estado le reconoce al individuo la posibilidad de elegir y tomar decisiones sin verse determinado por una voluntad ajena[64], en este caso por la voluntad de un juez en el marco de un proceso jurisdiccional, bajo la premisa de que cada quien está en mejores condiciones de conocer sus propios intereses. Pero, se insiste, la autonomía privada y la libertad no son absolutas, de modo que deben atenerse a las normas imperativas. 2.5. Ahora bien, es preciso que la Sala aclare la naturaleza del concepto conciliación, ya que la Corte en sentencia C-204 de 2003 señaló que el “término conciliación admite dos acepciones: una jurídico procesal, que lo identifica como trámite procedimental que persigue un fin específico; y otra jurídico sustancial que se refiere al acuerdo en sí, a la resolución del conflicto que pretendía componerse”. La noción de conciliación permite la acepción que la Corte ha denominado jurídico procesal en el sentido de que la conciliación es una fuente del derecho[65], ya que como consecuencia de la conciliación nace a la vida jurídica una norma de carácter particular y concreto que elimina el conflicto trabado entre las partes[66]. De suerte que si el litigio es eliminado, significa que el acuerdo conciliatorio tiene fuerza de cosa juzgada[67], salvo invalidez del acuerdo, lo cual es cierto para la conciliación en cualquier materia. En el caso especial del derecho laboral y de la seguridad social, el artículo 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone expresamente que el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada. 2.6. Surge entonces la pregunta de cuál es la consecuencia de una conciliación, a lo cual se responde que una conciliación exitosa trae los mismos efectos de un contrato de transacción[68], de un allanamiento o de un desistimiento[69], vertido en el acta de conciliación. Esto, por lo demás, es un argumento adicional del cual se infiere que la conciliación le presta un gran servicio a la democracia y, de paso, a la libertad entendida en su fórmula rousseauniana, de acuerdo con la cual se es libre cuando se obedece a las leyes que uno mismo se ha dado. En palabras de Kelsen, “[s]er libres social o políticamente significa, ciertamente, estar sujetos a un ordenamiento normativo, significa libertad subordinada a la ley social. Pero significa estar sujetos no a una voluntad ajena, sino a la propia, a un ordenamiento normativo y a una ley en cuyo establecimiento el sujeto participa. Es precisamente a través de esta metamorfosis como la idea de libertad puede llegar a ser el criterio decisivo en el antagonismo entre democracia y autocracia y, por tanto, el hilo conductor para la sistematización de las formas de organización social”[70]. 2.7. Una conciliación exitosa con efectos idénticos a los de una transacción, un allanamiento o un desistimiento implica que la manifestación de voluntad debe ser libre, consciente y espontánea, lo que exige que esté libre de error, fuerza o dolo; el objeto debe ser lícito; la causa debe ser lícita[71]; la manifestación de voluntad debe provenir de una persona capaz o de su representante; y, en los casos que se requiera, se debe verificar que esté presente la formalidad habilitante[72]. 2.8. En el área laboral y de la seguridad social, en particular, la conciliación debe intentarse de manera obligatoria en el curso de los procesos ordinarios, según lo ordenado en los artículos 72, 77 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Igualmente, la conciliación extrajudicial es aceptada por el artículo 19 ibídem. Ambas clases de conciliación -judicial y extrajudicial- se rigen, en lo pertinente, por la Ley 640 de 2001 y producen efectos de cosa juzgada, de acuerdo con el artículo 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el artículo 66 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 14 de la Ley 640 de 2001. Además, los requisitos de validez contenidos en al artículo 1502 del Código Civil son aplicables a la conciliación laboral y de seguridad social, lo cual ha sido ratificado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Corporación que ha indicado que “la conciliación es un acto de declaración de voluntad, cuya validez y eficacia están sujetas a que se cumplan los requisitos generales del artículo 1502 del Código Civil”[73]. Por último, uno de los requisitos de validez del acuerdo conciliatorio es que su objeto sea lícito, elemento que en derecho laboral y de la seguridad social está acotado por los derechos ciertos e indiscutibles[74] (ver infra numeral iii de las consideraciones). 2.9. En síntesis, el producto de la conciliación tiene los mismos efectos de un contrato de transacción, de un allanamiento o de un desistimiento; y deben participar en él personas capaces o sus representantes, cuyo consentimiento esté libre de fuerza, error y dolo, que tanto la cusa como el objeto sean lícitos, esto es, cumplir con lo previsto en el artículo 1502 del Código Civil, así como observar la formalidad habilitante que en cada caso que se requiera. iii) La noción de derechos ciertos e indiscutibles en el derecho laboral y de la seguridad social como límite a la autonomía privada. 3.1. En el área del derecho laboral y de la seguridad social, es preciso señalar que los derechos son, en principio, renunciables en un eventual acuerdo conciliatorio, en razón a que se trata de derechos individuales que sólo miran el interés particular del renunciante. No obstante, tratándose de derechos ciertos e indiscutibles, la libertad dispositiva está cercenada por mandato directo de la Constitución y de la ley. Así pues, el artículo 53 de la Carta ordenó al Congreso expedir un estatuto del trabajo que reconociera “facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles”, entre otros principios fundamentales. A pesar de este claro mandato constitucional, el Congreso no ha proferido un nuevo código que regule las relaciones laborales[75]. Sin embargo, el Código Sustantivo del Trabajo anterior a la Constitución de 1991, al igual que otras normas concordantes, hacen eco de varios de estos principios fundamentales, en especial de aquel que prohíbe la conciliación sobre derechos ciertos e indiscutibles. Siguiendo esta lógica y tratándose del derecho a la seguridad social y de los demás derechos que de allí se derivan, su irrenunciabilidad está contemplada en los artículos 1° y 3° de la Ley 100 de 1993, al igual que en el artículo 272 ibídem que amplía explícitamente la aplicación de los principios fundamentales recogidos en el artículo 53 superior al Sistema Integral de Seguridad Social establecido en la Ley 100. Con respecto a los derechos pensionales no regulados por la Ley 100 sino por el Código Sustantivo del Trabajo, su irrenunciabilidad está consignada en el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, al prescribir que “[l]as disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley”. Adicionalmente, el artículo 15 del mismo estatuto establece que “[e]s válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles”. 3.2. Esta evidente intromisión estatal, cuyo propósito es impedir que las personas renuncien a derechos laborales y de seguridad social ciertos e indiscutibles, aun si consienten voluntariamente en ello, encuentra respaldo en la creencia fundada de que los trabajadores y los afiliados al sistema de seguridad social pueden verse forzados a realizar renuncias como respuesta a un estado de necesidad y en la convicción de que, de facto, las relaciones laborales no se desenvuelven en un plano de igualdad entre empleador y trabajador, cuestionando así la vetusta idea de que las relaciones entre privados siempre se desarrollan en un plano de horizontalidad e igualdad y conduciendo a la necesidad de entregarle a los trabajadores una tutela reforzada[76]. En virtud de esta misma concepción existen, por ejemplo, en el derecho laboral el principio protector[77] y en el derecho civil, ámbito en el que tradicionalmente ha prevalecido con mayor acento la creencia de que los vínculos están permeados por el principio de la igualdad, normas que amparan a los incapaces[78] y normas que protegen al arrendatario[79], parte que se considera la más débil en el contrato de arrendamiento. En la sentencia C-660 de 1996, esta Corporación describió la desigualdad que subyace a ciertos vínculos jurídicos, desigualdad que explica la existencia de normas que pretenden igualar a las partes contractuales: “Para algunos de...