Sentencia T-310 de 2019

T-310-19 Sentencia T-310/19 LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Alcance de la protección DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Clasificación en tres grupos: derechos suspendidos, derechos intocables y derechos restringidos o limitados DERECHO A LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN CENTROS DE RECLUSION Toda persona, sin distinción de su relación con el Estado, tiene derecho a “recibir asistencia religiosa de su propia confesión en donde quiera que se encuentre y principalmente en los lugares públicos de cuidado médico, en los cuarteles militares y en los lugares de detención”; mientras que, el artículo 152 de la Ley 65 de 1993, que hace parte del título XIV relativo a la atención social, penitenciaria y carcelaria, dispone que: “los internos de los centros de reclusión gozarán de libertad para la práctica del culto religioso, sin perjuicio de las medidas de seguridad”. LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Ámbito espiritual no puede ser restringido o limitado mientras que los actos de exteriorización si Las manifestaciones o actos externos de la religión, que pueden ser limitados, siempre y cuando ello resulte proporcional y razonable dentro del contexto de la relación de especial sujeción en que se hallan. Este asunto fue abordado en el pasado por esta Corporación, en la Sentencia T-077 de 2015, en la que se indicó que: “la Corte ha reiterado que el derecho fundamental a la libertad religiosa, en su dimensión interna, no puede ser restringido en el marco de la relación de especial sujeción por tratarse de una garantía intangible. Sin embargo, lo mismo no se predica de su manifestación externa”. LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Convicciones y creencias deben ser profundas, fijas y sinceras LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS EN LOS CENTROS CARCELARIOS-Caso en que no está probada la existencia de una convicción religiosa profunda, fija y sincera Referencia: Expediente T-6.806.622 Asunto: Acción de tutela instaurada por el señor Jesús Francisco Villán Torrado en contra del Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo (El Pesebre) Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Penal del Circuito de El Santuario, Antioquia, correspondiente al trámite de la acción de amparo constitucional impetrada por el señor Jesús Francisco Villán Torrado en contra del Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo (El Pesebre) (en adelante EP Puerto Triunfo). I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos relevantes 1.1.1. El señor Jesús Francisco Villán Torrado fue privado de la libertad el 24 de junio de 2015, como resultado de una condena por el delito de homicidio en grado de tentativa[1]. Actualmente, se encuentra recluido en el EP Puerto Triunfo (El Pesebre), Antioquia. 1.1.2. El Acuerdo 011 de 1995 establece que para garantizar la higiene personal de los internos, estos deben bañarse y afeitarse diariamente, así como se proscribe la posibilidad de llevar el pelo largo[2]. Esta disposición también se encuentra contenida en el reglamento interno del EP Puerto Triunfo[3]. 1.1.3. El 15 de enero de 2018, el señor Villán Torrado solicitó a las autoridades del EP Puerto Triunfo que se le permitiera llevar el pelo largo y la barba en “el mentón y bigote” [4]. 1.1.4. Posteriormente, de acuerdo con lo afirmado por el EP Puerto Triunfo en el proceso, el Cónsul de Derechos Humanos del establecimiento le brindó una respuesta verbal al accionante y le solicitó que entregara la documentación que dé a conocer su creencia religiosa. También se mencionó que esa información se le requirió al actor el 12 de febrero de 2018, cuando recibió atención personalizada de un profesional universitario en psicología[5]. 1.1.5. Hasta la fecha de presentación de la acción de tutela, el accionante no había allegado ninguno de los documentos o soportes requeridos. 1.2. Solicitud de amparo constitucional Con fundamento en lo expuesto, el 26 de febrero de 2018, el señor Jesús Francisco Villán Torrado presentó acción de tutela, en la cual invocó la protección de sus derechos fundamentales a la libertad religiosa e integridad personal como persona privada de la libertad, los cuales consideró vulnerados ya que no se le permite llevar el pelo largo y la barba como, aparentemente, se lo exige su religión (cristianismo trinitario nazareno). En consecuencia, solicitó que se ordene al EP Puerto Triunfo que se le exceptúe de la regla de afeitarse a diario y cortarse el pelo con regularidad. Para fundamentar su solicitud, primero, manifestó que su vida como creyente comenzó a los 12 años en la iglesia cristiana “La Carismática”, la cual hoy lleva el nombre “G12 Internacional”[6]. Segundo, que desde el año 2009 se trasladó a la ciudad de Bogotá y empezó a asistir a la iglesia cristiana “El lugar de su presencia”. Adicionalmente, que se bautizó en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, con la pastora de una iglesia cristiana con el nombre de Rosaura Villán (tía del accionante). Por último, afirmó que hoy pertenece a esta última iglesia, sin especificar el nombre de la misma. El accionante señaló que las explicaciones resumidas en el párrafo anterior son suficientes para demostrar su pertenencia a la iglesia y su compromiso como cristiano trinitario nazareno. En este orden de ideas, consideró que la omisión del EP Puerto Triunfo de acceder a su pretensión se traduce en una discriminación en razón a su creencia religiosa, ya que las autoridades la ponen en duda por no contar con soportes que la respalden. Con ello, “se está poniendo en tela de juicio” su fe y lo están tratando como “si fuera un objeto o una mascota”[7]. Adicional a lo anterior, el señor Villán Torrado pidió al juez tomar en consideración el entorno en el que se encuentra actualmente y en el cual se le dificulta el ejercicio pleno de su libertad religiosa. En concreto, explicó que en el patio en el que está ubicado no le brindan la alimentación adecuada y se encuentra “rodeado de vicio e inconversos”, escenario que le impide “emplear en completa armonía y paz [su] creencia”[8]. Concretamente, solicitó al juez que ampare todos los derechos fundamentales que sean necesarios para el ejercicio pleno de su libertad religiosa. 1.3. Contestación de las entidades accionadas En auto admisorio del 26 de febrero de 2018, el Juzgado Penal del Circuito de El Santuario, Antioquia, integró el contradictorio con la entidad accionada el EP Puerto Triunfo, y vinculó al Consorcio Distrialimentos[9]. 1.3.1. Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo (El Pesebre) En escrito presentado el 1 de marzo de 2018, el Director del EP Puerto Triunfo solicitó desestimar la presente acción de amparo, al considerar que no existe vulneración de los derechos fundamentales del interno Jesús Francisco Villán Torrado. En este sentido, señaló que las personas privadas de la libertad se encuentran en una relación especial de sujeción con el Estado y quedan sometidas a un régimen jurídico particular que supone la restricción razonable y proporcional de sus derechos fundamentales, “con el fin de lograr la resocialización y garantizar la conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro del Establecimiento.”[10] En este orden de ideas, la Ley 65 de 1993[11], el Acuerdo 011 de 1995[12] y el reglamento interno del EP Puerto Triunfo han consagrado limitaciones al derecho al libre desarrollo de la personalidad, al no permitir el cabello largo y la barba en los reclusos, en aras de mantener “la seguridad, la salubridad [y] la resocialización”[13]. De ahí que, no resultaba desproporcionado exigirle al señor Villán Torrado el cumplimiento de un estándar de higiene personal que ha sido previamente fijado por normas vigentes. Por otro lado, también se opuso al cargo propuesto por el accionante sobre una supuesta discriminación religiosa por parte del EP Puerto Triunfo, y afirmó que no se ha presentado transgresión alguna a sus derechos fundamentales. En lo que respecta a este asunto, relató que, luego de la petición del señor Villán Torrado, el Cónsul de DDHH consultó vía telefónica con la Dirección General de Derechos Humanos del INPEC y con el Ministerio del Interior sobre el camino a seguir frente este tipo de pretensiones. En esa oportunidad, se le puso de presente la exigencia de requerir al interesado la documentación necesaria que lo acreditara como congregado del culto religioso, para que, en conjunto con dicho Ministerio, se corroboren las costumbres de la iglesia o religión. De igual modo, manifestó que el Cónsul informó verbalmente sobre este requerimiento al interno y le solicitó remitir tales documentos. Al escrito de contestación se anexó una carta dirigida al interno, en la que se le reiteró la necesidad de entregar la documentación[14]. Adicionalmente, se adjuntó como prueba copia de la cartilla biográfica del interno Villán Torrado, en la cual aparece su fotografía tomada en el momento en que ingresó al penal. Cabe puntualizar que en ella el señor Villán Torrado no tiene el pelo largo, ni barba y/o bigote[15]. 1.3.2. Consorcio Distrialimentos En escrito del 3 de febrero de 2018, la representante del Consorcio señaló que las actuaciones a las que se refiere el accionante en el recurso constitucional nada tienen que ver con la ejecución del contrato de suministro de alimentos que tiene el Consorcio con el EP Puerto Triunfo[16]. Por consiguiente, se opuso a las pretensiones del tutelante. II. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN En fallo del 12 de marzo de 2018, el Juzgado Penal del Circuito de El Santuario, Antioquia, resolvió denegar las pretensiones del señor Villán Torrado, al estimar que el EP Puerto Triunfo no vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la libertad de cultos. Para justificar la decisión adoptada, expuso que de los elementos probatorios aportados no es posible determinar que el accionante haga parte de la religión cristiana trinitaria nazarena, ni que se trate de una convicción religiosa profunda, fija y sincera que suponga la excepción de una norma de conducta legalmente determinada para los reclusos[17]. De igual modo, precisó que no queda claro si efectivamente en la religión que dice profesar el accionante se les obliga a sus fieles a dejarse crecer el cabello y la barba, y al cumplimiento de una dieta específica. III. PRUEBAS En el expediente se encuentran las siguientes pruebas relevantes: 3.1. Copia de comunicación remitida el 28 de febrero de 2018 por el EP Puerto Triunfo al señor Jesús Francisco Villán Torrado, con ocasión de la acción de tutela interpuesta por este último. En la misma se le expresó al accionante que, como ya se lo había hecho saber verbalmente en días anteriores el Cónsul de Derechos Humanos, debía aportar documentación que lo acreditara como congregado del culto religioso, por ejemplo, con la certificación de bautismo, el nombre de la iglesia a la que pertenece y razón social. Lo anterior, con fundamento en la indicación dada al EP Puerto Triunfo por la Dirección General de Derechos Humanos del INPEC y el Ministerio del Interior, sobre el tratamiento que debía darse al requerimiento del señor Villán Torrado de llevar la barba y el pelo largo. Del mismo modo, se le advirtió que una vez entregada dicha información, se debía proceder a corroborar con el Ministerio del Interior la existencia de las costumbres invocadas[18]. 3.2. Copia de la cartilla biográfica del interno Jesús Francisco Villán Torrado, en la que aparece la siguiente información relevante para el caso: (i) fecha de captura: 24/06/2015; (ii) fecha de ingreso al penal: 29/10/2016; y (iii) foto del accionante con el pelo corto y sin barba ni bigote[19]. IV. CONSIDERACIONES 4.1. Competencia Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 27 de junio de 2018 proferido por la Sala de Selección Número Seis. 4.2. Trámite en sede de revisión 4.2.1. En Auto del 30 de julio de 2018, se solicitó al EP Puerto Triunfo, al Ministerio del Interior, al pastor Eduardo Vera de la Iglesia Cristiano Remanente de Chinácota, Norte de Santander, y a la señora Rosaura Villán información adicional relacionada con las circunstancias que rodean el asunto sub judice. Específicamente, se preguntaron aspectos relacionados con la solicitud del accionante de llevar barba y el pelo largo, así como de su creencia religiosa. En un primer momento, no se recibieron respuestas por parte del pastor Eduardo Vera de la Iglesia Cristiano Remanente, ni de la señora Rosaura Villán, por lo que se resumirán las intervenciones allegadas en término a la Corte[20]. 4.2.2. Inicialmente, al EP Puerto Triunfo se le pidió dar respuesta a varios interrogantes relativos a la solicitud del señor Villán Torrado. En respuesta del 17 de agosto de 2018, el área jurídica de dicho centro carcelario remitió dos escritos realizados por (i) el funcionario para la promoción de los derechos humanos y (ii) por el responsable del Área de Atención y Tratamiento. De igual modo, se agregó documentación adicional para sustentar y complementar las afirmaciones de dichos textos. 4.2.2.1. En el escrito proyectado por el responsable del Área de Atención y Tratamiento se indicó que el último censo religioso del EP Puerto Triunfo había sido adelantado el 7 de febrero del 2018 en los Patios 1, 6 y 7. Dado que el recluso Villán Torrado se encontraba recluido en el Patio 3, no fue posible levantar la información sobre su afiliación religiosa en ese momento. Precisó también que en dicho Patio no se llevó a cabo el censo por un “brote de Parotiditis, enfermedad infectocontagiosa”[21]. En relación con la petición del accionante para que se le permita llevar el pelo largo y la barba en “mentón y bigote”, se puntualizó que, en los registros del EP Puerto Triunfo, aparece constancia de la atención brindada al actor el 12 de febrero de 2018 por una profesional universitaria de psicología. De acuerdo con lo señalado en la contestación, en dicha ocasión se le informó al señor Villán Torrado que para acceder a su pretensión debía allegar “(…) documentación emitida por la Comunidad espiritual a la cual pertenece[,] en donde dé a conocer los principios, creencias, etc., que los rige (…)”[22]. Como hasta ese momento no se había hecho entrega de lo requerido, no había sido posible acceder a la pretensión del accionante. Por otro lado, se explicó que las fotografías de las personas que son privadas de la libertad y reposan en las bases de datos del INPEC (como las que se allegan del señor Villán Torrado al expediente), son tomadas al momento de hacer el ingreso al establecimiento. En este sentido, se observó que, para el caso del accionante, se le tomaron fotografías el 30 de junio de 2015, fecha en la que entró al Establecimiento La Modelo de Bogotá, y el 26 de octubre de 2016, momento en el que fue trasladado al EP Puerto Triunfo; en ambas aparece con un corte de pelo bajo y sin barba ni bigote[23]. De igual manera, expresó que dicho establecimiento no tiene conocimiento si en la Cárcel Modelo de Bogotá se le exigía al privado de la libertad afeitarse diariamente y tener el pelo corto. Por último, se mencionó que el señor Villán Torrado no ha formulado ninguna nueva petición en ese mismo sentido, y que, en una entrevista reciente que se realizó, manifestó “que su deseo de portar el cabello largo [y] barba larga, obedec[ía] a una creencia de tipo personal y que no correspond[ía] a las creencias de la comunidad a la cual dice pertenecer”[24] (resaltado no es del texto original). 4.2.2.2. Paralelo a lo anterior, el Cónsul en Derechos Humanos del EP Puerto Triunfo destacó que, el 15 de enero de 2018, el accionante había remitido al Comando de Vigilancia del establecimiento una solicitud para que se le permitiera llevar la barba y el pelo largos, y que la misma había sido resuelta directamente de manera verbal. En el escrito no se precisó el contenido de la respuesta dada. De igual manera, puso de presente que el 9 febrero del 2018 se solicitó a la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior realizar una capacitación de los funcionarios del cuerpo de custodia, vigilancia y administrativo del Establecimiento de Puerto Triunfo, con el fin de promover la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad[25]. 4.2.2.3. En lo que respecta a la documentación allegada, se observa una carta enviada el 28 de febrero de 2018 por el Director del EP Puerto Triunfo y el referido Cónsul de Derechos Humanos, en la cual se le informó al señor Villán Torrado sobre el contenido de la respuesta otorgada a la acción de tutela instaurada por este último y se le reiteró la necesidad de entregar la documentación en la que pueda soportarse su creencia[26]. 4.2.3. En escrito radicado en Secretaría General de esta Corporación el 3 de agosto de 2018, el Ministerio del Interior, a través de su Oficina Jurídica, expuso que el “cristianismo trinitario nazareno no se encuentra establecido en el país como una organización religiosa, ni representa un carácter confesional específico, salvo el ser de corte cristiano”[27]. Sin perjuicio de lo anterior, agregó que en el Registro Público de Entidades Religiosas se encuentran inscritas iglesias del movimiento Nazareno[28]. En la respuesta se enlistaron todas las confesiones religiosas que representan este último movimiento y que aparecen en dicho registro, aclarando que ninguna de ellas se encuentra ubicada en el municipio de Chinácota, Norte de Santander. 4.2.4. Posteriormente, el Magistrado Sustanciador profirió un nuevo Auto el 31 de agosto de 2018. En esta oportunidad, por una parte, atendiendo a que el pastor Eduardo Vera de la Iglesia Cristiano Remanente y la señora Rosaura Villán no allegaron respuesta alguna, se reiteraron los requerimientos que habían sido realizados en la providencia del 30 de julio del año en cita. De igual modo, se ordenó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Modelo” de Bogotá y a algunas iglesias nazarenas inscritas en el Registro Público de Entidades Religiosas que procedieran a resolver interrogantes relacionados con la afiliación religiosa del actor, y las creencias y expresiones de este culto. También se ordenó oficiar a la Facultad de Derecho Canónico y Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y al Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional para resolver unas preguntas en torno al cristianismo trinitario nazareno. Concluido el plazo para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Auto, por medio de la Secretaría General de esta Corporación se informó que solo se recibieron las intervenciones de ambas universidades. 4.2.5. Así, por parte de la Universidad Javeriana se allegaron dos conceptos el 24 de septiembre de 2018; uno firmado por el Decano de la Facultad, el señor Luis Guillermo Sarasa Gallego, S.J. y, otro por el profesor Antonio José Sarmiento Nova, S.J. 4.2.5.1. El escrito proyectado por el Decano de la Facultad de Derecho Canónico y Teología advirtió que cualquier iglesia que opere en el territorio colombiano debe contar con una resolución de reconocimiento de personalidad jurídica otorgada por el Ministerio del Interior. A partir de dicho trámite quedan inscritas en las bases de datos de dicho Ministerio, las cuales pueden ser consultadas por cualquier persona a través de su página web. Bajo este entendido, el interviniente manifestó que la entidad religiosa denominada “cristianismo trinitario nazareno” no existe en Colombia, ya que no aparece en las bases de datos que reposan en la página web del Ministerio del Interior. Sin perjuicio de lo anterior, agregó que en la mencionada base de datos se encuentra información sobre iglesias que podrían ser semejantes –al menos en su denominación– con la iglesia sobre la que se solicitó conceptuar. En concreto, se mencionaron los nombres de algunas “iglesias nazarenas”. Adicionalmente, puso de presente que, en ciertas oportunidades, las entidades religiosas pueden cambiar de nombre y que esa modificación no se ve reflejada en los registros del Ministerio. Así las cosas, consideró que a efectos de establecer si se está en presencia de dicho supuesto, el señor Villán Torrado debe poner esa situación en conocimiento de las autoridades involucradas en esta disputa constitucional. 4.2.5.2. En cuanto a lo conceptuado por el profesor Antonio José Sarmiento Nova, S.J., se realizó una breve explicación sobre el derecho a la libertad de cultos y se afirmó que no tiene conocimiento del cristianismo trinitario nazareno como denominación religiosa en Colombia. 4.2.6. Por su parte, el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional también dio respuesta a lo requerido por el magistrado sustanciador en escrito del 25 de septiembre de 2018. En esta oportunidad, se rindió un concepto firmado por el Director del Departamento, el señor Juan Carlos Celis, y el profesor asociado William Mauricio Beltrán. En el mismo se informó que no tienen conocimiento de la existencia en Colombia, ni en el mundo, del cristianismo trinitario nazareno, así como tampoco aparece tal denominación en las bases de datos del Ministerio del Interior. En todo caso, resaltó que las nuevas iglesias o movimientos religiosos suelen operar de manera no oficial antes de proceder a realizar los respectivos registros legales. Esta práctica es reiterada sobre todo en iglesias que se sitúan en zonas rurales o municipios apartados. 4.3. Problema jurídico y esquema de resolución. 4.3.1. A partir de las circunstancias que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela, de la decisión adoptada en la instancia judicial y de la información obtenida en sede de revisión, esta Corporación debe entrar a determinar si el EP Puerto Triunfo vulneró el derecho fundamental a la libertad religiosa, en concreto en lo referente a la libertad de cultos, del señor Jesús Francisco Villán Torrado, al haberle solicitado la entrega de soportes para acreditar su creencia religiosa como cristiano trinitario nazareno, con miras a poder exceptuar al accionante del deber de cortarse el pelo y rasurarse la barba. Este examen se extiende a la petición realizada respecto a la alimentación y espacio que le facilite ejercer su credo. 4.3.2. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala inicialmente reiterará la jurisprudencia relativa a la libertad religiosa y de cultos, para luego exponer las reglas específicas respecto de su ejercicio por las personas privadas de la libertad. Agotado lo anterior, se examinará el fondo del asunto, previa acreditación de los requisitos de procedencia de la acción de tutela. 4.4. De la libertad religiosa y de cultos. Reiteración de jurisprudencia 4.4.1. La libertad religiosa y de cultos fue consagrada en el artículo 19 de la Constitución Política, en el cual se reconoce el derecho de toda persona, de forma independiente y autónoma, de creer o no en una concepción sobre la divinidad, de tener una visión sobre lo sagrado y profano, de cimentar una fe religiosa y de seguir los principios que de ella se deriven, e incluso, de asumir posturas agnósticas o ateas[29]. En la Ley 133 de 1994 se estableció que “el Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución (…)”, seguido de lo cual indicó que “este derecho se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República”[30]. En esta misma ley se contempla que “(…) ninguna Iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos (…)”[31]. Finalmente, se expresa que se “(…) reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivos de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales. // Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”[32]. 4.4.2. Siguiendo lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución[33], es claro que en materia religiosa opera el principio de pluralismo, según el cual, el Estado debe velar por la salvaguarda y protección de las distintas inclinaciones espirituales o eclesiásticas, sin preferir ninguna de ellas, ya que todas son iguales ante la ley y, por lo mismo, deben ser respetadas y amparadas a partir de una relación eminentemente neutral. A su vez, al no ser indiferente a las múltiples dimensiones espirituales existentes, el Estado también debe garantizar el ejercicio de este derecho fundamental, sin que sean válidas intervenciones de su parte que no se sustenten en condiciones legalmente definidas y que respondan a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad[34]. Por lo anterior, la citada Ley 133 de 1994 establece que “[e]l poder público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación de éstas y aquellas en la consecución del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con las iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad colombiana”[35]. 4.4.3. En cuanto al contenido del derecho a la libertad religiosa, de manera general, el artículo 19 de la Constitución comprende dos atributos, a saber: (i) la facultad de profesar libremente los cánones de una religión y; (ii) la facultad de difundir sus postulados, ya sea de forma individual o colectiva. Al respecto, en la Sentencia T-823 de 2002[36], se expuso que: “[C]uando la Constitución reconoce el derecho a profesar una religión está legitimando a todas las personas para practicar, creer y confesar los votos éticos de una determinada orientación religiosa, mediante la asunción y el acatamiento de un credo o culto cuyo ejercicio se manifiesta en la interioridad de actos de fe. Por otra parte, la divulgación consiste en la prerrogativa que, en estrecha vinculación con los derechos a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad, faculta a los creyentes de una confesión religiosa para expresar en forma pública -individual o colectiva- los postulados o mandatos de su religión, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el orden jurídico”. Por su parte, la Ley 133 de 1994, en los artículos 6 y 7[37], sin que pueda entenderse como una lista taxativa[38], describe algunos de los derechos que se desprenden de la libertad religiosa y de cultos. Para los efectos de esta sentencia, la Corte destaca que en el primer artículo se reconoce como objeto del derecho en comento, la posibilidad de toda persona de “profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente su religión o creencias religiosas o la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre ellas”[39]. Igualmente, contempla la posibilidad de “practicar, individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración y culto; conmemorar sus festividades; y no ser perturbado en el ejercicio de estos derechos”[40]. De igual forma, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en lo referente al contenido de este derecho, se establece que este comprende la facultad de toda persona de “(…) conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”[41]. Frente a lo cual, también se plantea el derecho que tienen de no ser “(…) objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o creencias”[42]. En términos similares, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) contempla que el derecho objeto de análisis en esta oportunidad “(…) incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. // Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección”[43]. De lo anterior se evidencia que, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, se reconoce y protege la posibilidad de profesar o no una religión, al igual que la facultad de difundir sus creencias. De ello se advierten dos perspectivas de aproximación al contenido del derecho, por una parte, la positiva, que supone la facultad de toda la persona de asumir y acatar la orientación religiosa que libremente escoja, al igual que expresar y exteriorizar los comportamientos que su creencia demande. Por la otra, la negativa, que supone la prohibición de la preferencia de algún credo por parte del poder público. Es claro que de ambas perspectivas se desprende la conexidad estructural que existe entre la doctrina de determinada convicción religiosa y los actos externos que llevan a su divulgación, pues la persona que sigue determinado credo ha de ser consecuente con sus principios, lo cual comprende, necesariamente, expresiones en los ámbitos privados y públicos, que se encuentran protegidas por la restricción de intervención del Estado, a menos que los actos de difusión y no de conciencia supongan limitaciones para garantizar otros bienes de orden constitucional, en términos concordantes con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En efecto, no podría ser de otra manera, pues resultaría a todas luces contradictorio que “el ordenamiento[,] de una parte[,] garantizase la libertad religiosa, pero, de otra parte, se negase a proteger las manifestaciones más valiosas de la experiencia religiosa, como la relativa a la aspiración de coherencia a la que apunta el creyente entre lo que profesa y lo que practica”[44]. Ahora bien, desde una perspectiva analítica, se observa que también la esfera positiva del derecho a la libertad religiosa tiene dos ámbitos diferentes de expresión. Por una parte, una dimensión espiritual (creer o no creer) y, por la otra, la exteriorización de ella a través de actuaciones y omisiones que deba cumplir la persona, si asume y acata una orientación de manera consecuente. Esta última ha sido identificada como el ámbito de la libertad de cultos y, como se explicará a continuación, de acuerdo con los instrumentos internacionales y las normas nacionales existentes sobre la materia, puede ser limitada, siempre que la restricción que se imponga resulte acorde con los principios de proporcionalidad y razonabilidad. 4.4.4. En efecto, en los instrumentos internacionales mencionados, esta libertad estará “(…) sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás”[45]. A su vez, y bajo el mismo parámetro, el artículo 4 de la Ley 133 de 1994 contempla que: “El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto, tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público, protegido por la ley en una sociedad democrática (…)”. 4.4.5. Entendiendo que este derecho fundamental admite límites en los actos que conducen a su exteriorización, siempre que ellos sean necesarios para proteger otros bienes de especial relevancia constitucional, como la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás, resta por ahondar en las especificidades que este derecho tiene en cuanto al alcance de las restricciones que se pueden imponer frente a las personas que, como los reclusos, se hallan en una relación de especial sujeción ante el Estado y que, en virtud de ella, ven algunos de sus derechos suspendidos y/o limitados[46]. 4.5. Del ejercicio de la libertad religiosa y de cultos de las personas privadas de la libertad. Reiteración de la jurisprudencia 4.5.1. Para comenzar, es preciso recordar que entre las personas privadas de la libertad y el Estado surge un vínculo que ha sido denominado relación de especial sujeción. Dentro de sus características se encuentra la subordinación de dicha población a un régimen jurídico especial que permite la limitación y suspensión de ciertos derechos, mientras que mantiene a otros como intangibles. A su vez, esta relación conlleva la obligación del Estado de asegurar la eficacia de aquellos otros derechos fundamentales intangibles e incluso de los ámbitos que no son objeto de suspensión por dicho régimen. Esta Corporación ha clasificado los derechos de la población reclusa en tres conjuntos: (i) aquellos que son objeto de limitación, como los derechos a la familia y a la intimidad personal; (ii) aquellos susceptibles de suspensión, como la libertad de locomoción; y finalmente, (iii) aquellos intangibles, como la dignidad humana o la vida. Sin embargo, como se indicó, la realidad jurídica resulta más compleja y existen derechos que, si bien tienen facetas intangibles, también presentan otras que pueden ser válidamente limitadas. Un ejemplo de ello, es la libertad religiosa, como se verá posteriormente. En todo caso, cualquier carga que el Estado imponga sobre los derechos de las personas privadas de la libertad debe estar sustentada bajo supuestos de razonabilidad y proporcionalidad, pues aquellas deben obedecer a los fines de la pena, que -como se vio- supone la resocialización del interno, así como la seguridad, orden y disciplina dentro del establecimiento de reclusión[47]. En otras palabras, las limitaciones al ejercicio de los derechos de las personas privadas de la libertad deben ser las estrictamente necesarias para el logro de los fines legítimos de la función penitenciaria y carcelaria del Estado[48]. Así se ha estipulado en el artículo 5 de la Ley 65 de 1993[49] (modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014[50]), en el cual se advierte que aquellas “restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto.”[51] 4.5.2. Ahora bien, en lo tocante a la libertad religiosa, cabe resaltar que se trata de una garantía que ha sido abordada en el pasado a nivel internacional. Así, en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1955) se contempló que resultaba importante “(…) respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso”[52]. Por ello, en el principio 42, se dispone que “dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiéndosele participar en los servicios organizados en el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de instrucción religiosa de su confesión”. La importancia de la libertad religiosa para la población reclusa obedece no sólo al discurso de neutralidad y pluralismo religioso que existe dentro de un Estado Social de Derecho, sino también al papel que puede llegar a tener una creencia como medio para materializar los fines de la pena, en particular, en lo que corresponde a la resocialización de la persona que ha incurrido en un comportamiento delictivo[53]. En efecto, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos contemplan que “el fin y la justificación de las penas y medidas privativas de la libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo”[54]. Para lograr esta finalidad, de acuerdo con el principio 59 de las reglas en comento, “(…) el régimen penitenciario debe emplear (…) todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que pueda disponer”[55]. Entre los medios espirituales, el principio 66.1, que trata sobre el tratamiento penitenciario desde una perspectiva general, dispone que para lograr los fines de la pena se deberá recurrir, entre otros, bajo el principio de neutralidad, a la “asistencia religiosa”[56]. Si bien en Colombia, el Código Penitenciario y Carcelario no contempla de forma expresa a la dimensión religiosa dentro de los postulados del tratamiento penitenciario, una interpretación sistemática del artículo 143 de la Ley 65 de 1993 permite concluir que la posibilidad de comprender las creencias como un medio (no el único) para alcanzar los fines de la pena, resulta acorde con los axiomas en que se funda el logro de la resocialización o, al menos, puede entenderse que la no existencia de una restricción injustificada en la libertad religiosa, es una de las formas de asistencia con las que puede contar el régimen penitenciario para lograr los propósitos de la pena. Precisamente, el citado artículo 143 del Código en mención dispone que: “El tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto (…)”[57]. Por lo cual, si se acepta que toda persona tiene la libertad de asumir y acatar una orientación religiosa y de comportarse de acuerdo con sus designios, al mismo tiempo que se le prohíbe al Estado “toda forma de coacción, presión, dádiva o discriminación a los internos para que se adhieran a religiones diversas a las que pertenezcan o para que se mantengan en la propia[,] (…) [sumado a lo cual se establece que] (…) las autoridades penitenciarias y carcelarias deberán impedir la utilización de mecanismos que coarten la libertad religiosa y de culto de los internos, o que tiendan a que éstos cambien de confesión religiosa de manera no voluntaria”[58], es claro que, el irrespeto a la libertad religiosa o una injustificada limitación, incidiría negativamente en el tratamiento penitenciario y, por lo mismo, en el fin de la pena, que es la resocialización del sujeto. 4.5.3. En armonía con lo expuesto, el literal f) del artículo 6 de la Ley 133 de 1994 contempla que toda persona, sin distinción de su relación con el Estado, tiene derecho a “recibir asistencia religiosa de su propia confesión en donde quiera que se encuentr[e] y principalmente en los lugares públicos de cuidado médico, en los cuarteles militares y en los lugares de detención”[59]; mientras que, el artículo 152 de la Ley 65 de 1993[60], que hace parte del título XIV relativo a la atención social, penitenciaria y carcelaria, dispone que: “los internos de los centros de reclusión gozarán de libertad para la práctica del culto religioso, sin perjuicio de las medidas de seguridad”. Bajo este contexto, fue expedido el Decreto 1069 de 2015[61], en cuyo artículo 1º se establece que: “[l]os internos de los centros penitenciarios y carcelarios del país gozan del derecho a la libertad de cultos y de profesar libremente su religión, así como a difundirla en forma individual o colectiva (…)”[62]. El ejercicio de este derecho comprende, entre otros, “la celebración de cultos o ceremonias religiosas al interior de los centros penitenciarios; la comunicación de los internos con los ministros o representantes de los distintos cultos (…); el establecimiento de lugares adecuados para el ejercicio de [este] derecho (…); [y] la asistencia de los internos por el ministro del culto, iglesia o confesión religiosa a que pertenezca”[63]. De lo anterior se infiere que, al igual que toda persona en el territorio nacional, los reclusos preservan su derecho a la libertad religiosa y de culto, el cual es susceptible de ser ejercido dentro de los establecimientos penitenciaros y carcelarios, a partir de un conjunto de actos de profesión, tanto internos como externos. En general, el ejercicio de este derecho comprende las dimensiones negativa y positiva previamente mencionadas, al igual que el ámbito espiritual y de exteriorización en que esta última se desarrolla. Esta clasificación, como se verá, resulta útil para comprender las incidencias que la relación de especial sujeción tiene frente al citado derecho. 4.5.4. Así las cosas, en virtud de tal relación en que se hayan los reclusos respecto del Estado, algunos aspectos y expresiones de su libertad religiosa pueden ser limitados. Tales limitaciones no caben en el campo espiritual, sino en el ámbito que faculta al sujeto para asumir actos o comportamientos que exterioricen su credo, supeditadas a cuestiones necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, así como los derechos y libertades fundamentales de los demás. Sobre el particular, el Código Penitenciario y Carcelario establece el derecho de los internos de gozar de la libertad para la práctica del culto religioso, pero expresamente establece que ello se dará “(…) sin perjuicio de las debidas medidas de seguridad”[64]. Por su parte, el Decreto 1069 de 2015 también señala a la seguridad como una causa por la cual es posible limitar el ejercicio del derecho en comento. En términos del artículo 2.2.1.8.1 del Decreto en cita: “(…) Las autoridades penitenciarias y carcelarias deberán permitir sin restricción alguna al (sic) libre ejercicio de esos derechos, sin perjuicio de la seguridad de los centros de reclusión”. El carácter explícito de dicho móvil, como se deriva del derecho internacional, no excluye las limitaciones que sean necesarias para permitir el ejercicio de la función penitenciaria, como lo son aquellas que apuntan al orden, la sanidad y la disciplina en el establecimiento. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta la situación que se vive en los centros de reclusión a nivel nacional, tal y como ha sido desarrollado en las Sentencia T-388 de 2013[65] y T-762 de 2015[66], en las cuales se declaró el estado de cosas inconstitucional y se adoptaron medidas para su superación, pues las dificultades de hacinamiento e infraestructura imponen que los motivos de salud como de orden, puedan llevar a restricciones que resulten razonables y proporcionadas para permitir el desenvolvimiento de la aludida función, a través de la regulación de la forma como pueden expresar ciertas manifestaciones religiosas cuando tienen un alcance colectivo. 4.5.5. A pesar de ello, se insiste en que los reclusos tienen un ámbito intangible de libertad, referente a la dimensión espiritual, la cual supone la posibilidad de creer o no en una determinada orientación religiosa. Su respeto, como ya se dijo, que obedece a los postulados del pluralismo religioso, está también ligado a la potencialidad de las creencias para alcanzar la resocialización de la pena; para lo cual, claramente, se requiere que ellas incidan en el comportamiento del recluso, entre otras, con la esperanza de ajustar sus actuaciones a unos mínimos parámetros éticos, propios de toda confesión religiosa, que permitan desarrollar su vida en sociedad. Cosa distinta, como se ha dicho, sucede con las manifestaciones o actos externos de la religión, que pueden ser limitados, siempre y cuando ello resulte proporcional y razonable dentro del contexto de la relación de especial sujeción en que se hallan. Este asunto fue abordado en el pasado por esta Corporación, en la Sentencia T-077 de 2015[67], en la que se indicó que: “la Corte ha reiterado que el derecho fundamental a la libertad religiosa, en su dimensión interna, no puede ser restringido en el marco de la relación de especial sujeción por tratarse de una garantía intangible[68]. Sin embargo, lo mismo no se predica de su manifestación externa”. En desarrollo de lo expuesto, en esta misma providencia se dijo que: (i) El principio pro libertate también opera respecto de la libertad religiosa y de cultos, por lo cual sólo caben respecto de ella las limitaciones necesarias para garantizar los derechos de los demás y el orden público. (ii) Las limitaciones no cobijan el mero acto de profesar una creencia. Es decir, el acto individual e interno de fe no puede ser objeto de restricción alguna. (iii) Las acciones y omisiones derivadas de la religión, cuyo ejercicio también se garantiza constitucionalmente, sí tienen límites.[69] 4.5.6. En todo caso, para que en el examen de un asunto en concreto pueda determinarse si una restricción impuesta al ejercicio de la libertad religiosa resulta aceptable a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, el juez constitucional (en especial, el de tutela) debe verificar la importancia de la limitación en el contexto en el cual se despliega, así como su finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Sobre este punto, es preciso anotar que la facultad atribuida al Estado para limitar los derechos de los reclusos es relativamente amplia, siempre que sea estrictamente necesaria para el logro de los fines que explican la relación de especial sujeción en el ámbito carcelario, esto es, la resocialización de los internos y la conservación de la seguridad, el orden y la disciplina dentro de las cárceles; en todo caso su ejercicio debe realizarse con plena sujeción a los principios de razonabilidad y proporcionalidad[70], con el propósito de evitar toda forma de arbitrariedad que termine legitimando restricciones inútiles o innecesarias, o que superpongan los fines de la función penitenciaria y carcelaria respecto de otros derechos de los internos. A este respecto, se ha destacado que la razonabilidad y la proporcionalidad “son criterios que permiten establecer si la restricción de las garantías de los internos es constitucionalmente válida”[71]. Para tal efecto y en lo que compete a la valoración de las decisiones legislativas limitativas de los derechos de los internos, este examen supone determinar: (i) si el fin perseguido con la medida es legítimo desde la perspectiva constitucional; (ii) si la medida resulta adecuada y válida para el logro del fin perseguido; (iii) si la medida es necesaria, esto es, si no existen otros medios menos onerosos para lograr el objetivo buscado; y (iv) si la medida es estrictamente proporcional, a partir de lo cual se verifica si los beneficios que se derivan de su adopción superan las restricciones que ella produce sobre otros derechos y principios constitucionales[72]. En relación con lo expuesto, cabe resaltar que esta Corporación también ha señalado que toda limitación a los derechos de los reclusos debe ser la mínima necesaria para lograr los fines propuestos, por lo que se considera que toda restricción adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación de tales derechos. De acuerdo con esta orientación, la Corte ha destacado que la “órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias, pues los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección”[73]. 4.5.7. Sin embargo, antes de proceder en tal sentido, como presupuesto previo, se requiere establecer si la persona que promueve el amparo realmente se identifica con los mandatos de la orientación religiosa que afirma propugnar. En este punto, la Sala reiterará las reglas expuestas en la Sentencia C-728 de 2009[74], referentes a la forma de acreditar convicciones o creencias en el ámbito de la libertad de conciencia. Este examen es necesario pues, finalmente, cuando una persona recluida en un establecimiento penitenciario y carcelario alega que la sujeción al reglamento que debe seguir, afecta de manera grave su derecho a la libertad religiosa, plantea una tensión entre un deber jurídico que demanda determinado comportamiento y las actuaciones u omisiones que su conciencia (en este caso, la religiosa) le dictan. Los elementos que se desarrollaron en la mencionada providencia, como presupuestos para resolver este tipo de tensiones, implican que las convicciones o creencias que se aleguen deben ser profundas, fijas y sinceras. Ello supone que condicionan el actuar de la persona, que no puedan ser modificadas fácilmente y que no son acomodaticias. En términos de la Sentencia: “Que sean profundas implica que no son una convicción o una creencia personal superficial, sino que afecta de manera integral su vida y su forma de ser, así como la totalidad de sus decisiones y apreciaciones. Tiene que tratarse de convicciones o creencias que formen parte de su vida y que condicionen su actuar de manera integral. Que sean fijas, implica que no son móviles, que no se trata de convicciones o creencias que pueden ser modificadas fácil o rápidamente. Creencias o convicciones que tan sólo hace poco tiempo se alega tener. Finalmente, que sean sinceras implica que son honestas, que no son falsas, acomodaticias o estratégicas (…)”. 4.5.8. En conclusión, a pesar de la relación de especial sujeción en que se encuentra la población privada de la libertad, el derecho a la libertad religiosa, en sus dimensiones positiva y negativa, así como en sus ámbitos espirituales y de exteriorización, son objeto de protección en el ordenamiento interno. Como el ámbito espiritual no puede ser restringido o limitado por el poder público, todo interno cuenta con la facultad de asumir o no una orientación religiosa, de variarla o de mantenerse en ella. Esta prohibición no opera frente a los actos de exteriorización que, como ya se dijo, pueden ser limitados por el Estado, siempre que ello sea razonable y proporcional para garantizar el cabal desenvolvimiento de la función penitenciaria. Lo anterior supone una posible tensión entre bienes de relevancia constitucional -como el orden público, la salubridad o la seguridad- y el desarrollo de comportamientos que exterioricen el credo de una persona privada de la libertad. Para solventarla, y previa consideración del contexto en el cual se despliega la limitación, se debe evidenciar, como presupuesto de la convicción, que se trata de una creencia profunda, fija y sincera. Una vez superado este análisis, es posible verificar si la restricción cumple una finalidad legítima, si resulta necesaria y válida para alcanzarla, si es idónea y si es proporcional en sentido estricto. 4.5.9. Con base en las anteriores consideraciones, a continuación, la Sala abordará el estudio del caso en concreto, previo análisis del cumplimiento de los presupuestos de procedencia de la acción de tutela. 4.6. Caso concreto 4.6.1. Procedencia. Entre los presupuestos de procedencia de la acción de tutela se encuentran la legitimación por activa y pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad. De su cumplimiento depende la posibilidad procesal de que la autoridad judicial pueda analizar de fondo el asunto puesto a su consideración. 4.6.1.1. En cuanto al primero de ellos, esto es, la legitimación por activa, es claro que en la presente causa se cumple a cabalidad, pues el señor Jesús Francisco Villán Torrado es quien instaura la demanda, al mismo tiempo que alega ser la persona agraviada por las actuaciones del Establecimiento Penitenciario en el que se encuentra recluido. 4.6.1.2. En relación con la legitimación por pasiva, no admite duda la procedencia de la acción, ya que el amparo es instaurado contra una autoridad pública (CP art. 86), como lo es el EP Puerto Triunfo, a partir del requerimiento realizado al actor de presentar cualquier tipo de documentación que acreditara su convicción religiosa a efectos de decidir sobre si es procedente excepcionar las reglas sobre higiene y presentación personal previstas en el Reglamento Interno y en el Reglamento General del INPEC, al ser presuntamente contrarios a los designios de su credo religioso. Sobre este punto, es preciso anotar que en el texto de la tutela, el accionante también dirigió expresamente sus pretensiones en contra del Cónsul de Derechos Humanos del Establecimiento. Sin embargo, esta Corporación considera que al ser éste un dependiente de la Dirección del Establecimiento (art. 6, Resolución 501 del 4 de febrero de 2005[75]), se trata de una figura que desarrolla sus funciones como un agente del Establecimiento, y no como un sujeto independiente. De ahí que, aquellas pretensiones dirigidas por el actor en contra del Cónsul de Derechos Humanos, serán analizadas en conjunto con las relativas al Establecimiento en general. 4.6.1.3. En lo que atañe al presupuesto de inmediatez, la Sala encuentra que también se cumple, pues el actor instauró la acción de tutela el 26 de febrero de 2018, y solo hasta enero del mismo año el señor Villán Torrado solicitó que se le permitiera llevar el pelo largo y la barba, situación que desencadenó en el sustento fáctico de la presente acción. Ello implica que, aproximadamente, transcurrió un mes entre el momento en el cual el accionante acudió al juez constitucional y el instante en el que se generó la actuación que considera lesiva de su derecho fundamental a la libertad religiosa. Este lapso, a juicio de la Sala, es razonable, máxime si se tiene en cuenta que, quien acude en sede de tutela, es una persona privada de la libertad. 4.6.1.4. Finalmente, en cuanto al presupuesto de subsidiariedad, la Sala considera que no existe otro medio de defensa judicial idóneo para solventar la situación planteada. Lo anterior, por cuanto la pretensión que persigue el actor, esto es, que se inapliquen las normas sobre higiene y presentación personal por motivos religiosos, a partir del desarrollo de un mandato constitucional, no es susceptible de ser materializada en otro tipo de procesos por fuera de la jurisdicción constitucional. Por lo demás, no puede pasarse por alto que el presente caso reviste especial relevancia constitucional, en la medida que se trata de una persona que se encuentra en una situación de indefensión por la relación de especial sujeción que existe entre ella y el Estado, y que alega la transgresión de un bien jurídico de relevancia constitucional, como lo es, la libertad religiosa. En consecuencia, la Sala considera que, en este caso, se cumplen a cabalidad los requisitos de procedencia de la acción y, con sujeción a lo anterior, se procederá a analizar el fondo de la presente cuestión. 4.2.3. Del examen de fondo del asunto objeto de estudio. El señor Villán Torrado presentó acción de tutela con el fin de solicitar la protección de su derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, el cual consideró vulnerado por el EP Puerto Triunfo. Lo anterior, por cuanto las autoridades del establecimiento le exigieron entregar documentación que acreditara su afiliación religiosa como cristiano trinitario nazareno, y con miras a permitir llevar el pelo y la barba larga. De igual manera, el actor alegó que, las condiciones en que se encuentra privado de la libertad, no le permiten ejercer plenamente su creencia. En concreto, ya que la alimentación no es la adecuada y se encuentra “rodeado de vicio e inconversos” en el patio en el que lo tienen recluido. De ahí que, requiere que se le excepcione el cumplimiento del deber de higiene y presentación personal mencionado, así como que se le brinden todas las garantías para poder ejercer plenamente su culto. De los hechos narrados y probados en el expediente, es claro que el presente asunto presenta una tensión entre las restricciones que se imponen a un recluso (de acuerdo con los reglamentos penitenciarios) y el culto que éste aduce seguir. Como se observa, no se trata de limitaciones al ámbito espiritual del derecho a la libertad religiosa y de cultos, sino de restricciones que inciden en elementos que, según se alega, hacen parte de las formas como se exterioriza su creencia. Por eso, para solventar esta cuestión, como se indicó en las consideraciones anteriores de esta providencia, es necesario establecer, como presupuesto analítico, si la persona que promueve el amparo realmente se identifica con los mandatos de la orientación religiosa que afirma propugnar, a partir de una creencia profunda, fija y sincera. De igual manera, de dicha tensión se desprende otra problemática relacionada con la manera en que una persona privada de la libertad puede probar su creencia. Por esta razón, el análisis iniciará con algunas consideraciones acerca de la posibilidad o no con la que contaban las autoridades del EP Puerto Triunfo de solicitarle documentación al señor Villán Torrado a efectos de demostrar su credo. Luego, la Corte procederá a examinar si la creencia del accionante responde a los requisitos de ser una convicción profunda, fija y sincera. De agotar ese segundo estudio, la Sala ha de analizar si a partir del contexto en el cual se despliega la limitación, ésta cumple una finalidad legítima, resulta necesaria, es idónea y proporcional en estricto sentido. 4.6.2.1. Para conceder un beneficio u otorgar un trato diferenciado a una persona con ocasión de su creencia religiosa, el titular del derecho tiene un deber mínimo de presentar cualquier tipo de soporte que acredite o ratifique su convicción religiosa y que de ello pueda inferirse que su creencia es profunda, fija y sincera en los términos de la jurisprudencia constitucional. En esa medida, cuando una autoridad exige algún tipo de documentación, en principio, no resulta desproporcionado, por cuanto, precisamente, en casos como el que aquí se revisa, supondría dejar de aplicar una norma plenamente vigente y constitucional del ordenamiento jurídico. Así las cosas, resulta imperativo que las autoridades cuenten con elementos de juicio que les permitan adoptar la decisión que corresponda para hacer efectiva la libertad religiosa y de cultos en un establecimiento penitenciario, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso anotar que cuando las autoridades requieren este tipo de elementos de juicio, la única finalidad debe ser la de recopilar un sustento básico que les permita decidir sobre...