Sentencia T-309 de 2015

T-309-15 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-309/15 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia De conformidad con la jurisprudencia constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia PRECEDENTE JUDICIAL HORIZONTAL Y VERTICAL-Alcance y carácter vinculante DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL Para la jurisprudencia de esta Corporación el desconocimiento, sin debida justificación, del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe. CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL El precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad,(ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o(iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela. El desconocimiento del precedente constitucional, además de violar los derechos de las partes a la igualdad y al debido proceso, entre otros, vulnera el principio de supremacía constitucional, lo que constituye una razón de más que hace procedente la acción de tutela contra la providencia atacada. SUSTITUCION PENSIONAL DE LAS MUJERES QUE DECIDEN CONTRAER NUEVAS NUPCIAS-Reiteración de jurisprudencia La Corte Constitucional ha sostenido que la pensión otorgada a la cónyuge o compañera permanente es de “carácter vitalicio” y en tal virtud, esta prestación no se puede extinguir porque la viuda contraiga nuevas nupcias o haga nueva vida marital. De manera reiterada esta Corte ha protegido los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de los beneficiarios de pensiones de sobrevivientes que han optado, en ejercicio de su libertad, rehacer su vida marital, con independencia de la fecha en que lo hicieran. De manera que, no es de recibo para esta Sala de Revisión la interpretación otorgada por autoridades como la ahora demandada, de las sentencias de la Corte para suspender el pago de aquellas pensiones de sobrevivientes que ya habían sido reconocidas con anterioridad a la decisión de contraer nuevas nupcias o de iniciar nuevamente vida marital. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del precedente constitucional, en relación con la protección del derecho a la sustitución pensional de aquellas personas que contrajeron segundas nupcias o hicieron nueva vida marital A partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991 las disposiciones legales que contemplen cláusulas resolutorias en materia pensional, que hagan perder a la viuda el derecho a la pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas nupcias o conformar una nueva familia, se consideran abiertamente incompatibles con sus dictados. Referencia: Expediente T-4.682.444 Acción de Tutela interpuesta por Sofía Carvajal de Caballero contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Derechos fundamentales invocados: Libre desarrollo de la personalidad, mínimo vital, vida digna, seguridad social y acceso a la administración de justicia. Temas: Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; defecto sustantivo por desconocimiento de precedente; derecho a la sustitución pensional de las mujeres que contraen nuevas nupcias. Problema jurídico: Determinar si el Tribunal Superior de Bogotá vulneró los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, mínimo vital, vida digna, seguridad social y acceso a la administración de justicia de Sofía Carvajal de Caballero al desconocer el precedente de este Tribunal Constitucional relacionado con la protección del derecho a la sustitución pensional de aquellas personas que contrajeron segundas nupcias o hicieron nueva vida marital. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015). La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de la decisión de tutela adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el seis (6) de noviembre de dos mil catorce (2014), que confirmó el fallo proferido por la Sala Laboral de la misma corporación, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014), mediante el cual se negó el amparo solicitado en la acción de tutela de la referencia. 1. ANTECEDENTES 1.1 SOLICITUD Sofía Carvajal de Caballero, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y al acceso a la justicia. Sustenta su solicitud en los siguientes: 1.2 HECHOS Y ARGUMENTOS DE LA DEMANDA 1.2.1. La accionante señala que mediante resolución 04347 del 26 de julio de 1982 el Instituto de Seguro Social (ISS) reconoció a su favor pensión de sobrevivientes, derivada de la muerte de su cónyuge, German Caballero Piedrahita. 1.2.2. Señala que en julio de 1985, el ISS suspendió el pago de la pensión de sobrevivientes, argumentando que su retiro de nómina se daba en razón a que contrajo nuevas nupcias. La anterior decisión, dice, no se hizo mediante acto administrativo. 1.2.3. Como consecuencia de lo anterior, el 28 de agosto de 1997 solicitó el restablecimiento del pago de su pensión, petición que fue negada mediante oficio VP-GNAP 07912 del 16 de septiembre de ese mismo año. 1.2.4. En diciembre de 2011, indica que solicitó nuevamente el pago de su pensión, sin que se hubiera accedido a ello. En tal virtud, el 3 de mayo de 2012 se presentó nueva reclamación ante Colpensiones de conformidad con el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo. Frente a esta última petición, la entidad, mediante resolución 19949 del 28 de mayo de 2012 decidió negar su reingreso a la nómina de pensionados. 1.2.5. Alega que el 13 de febrero de 2013 presentó demanda ordinaria laboral, la cual fue admitida por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, despacho que en sentencia del 6 de agosto de ese mismo año condenó a Colpensiones al pago de la pensión de sobrevivientes desde mayo de 2009. En esta oportunidad, el juez se apoyó en la sentencia C-309 de 1996 pero indicó que si bien la corte en dicho fallo había modulado los efectos para los casos posteriores a 1991, los mismos se extendieron en la sentencia de unificación 1073 de 2012 a los hechos ocurridos con anterioridad a la expedición de la Constitución Política. 1.2.6. Al conocer la decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 30 de octubre de 2013, revocando el fallo cuestionado. Consideró que la sentencia C-309 de 1996 “tendría aplicación en caso que las nuevas nupcias se hubieran celebrado después del 7 de julio de 1991, y que como el caso de la Sra. Sofía Carvajal de Caballero fue antes de la Constitución Nacional, es decir en 1985, concluye que sus efectos no le son aplicables.” Señala que el Tribunal reconoció que en diversas acciones de tutela se habían protegido los derechos sin importar la fecha en que se contrajeron las nuevas nupcias, al ver afectado el mínimo vital de las accionantes. No obstante, para el Tribunal, en el caso de la señora Carvajal, no se logró demostrar tal afectación. 1.2.7. Explica que contra esta última decisión no se presentó el recurso de casación por considerarlo ineficaz, teniendo en cuenta la posición reiterada de la Corte Suprema de Justicia en casos similares al suyo y, además, por no hacer más gravosa su situación económica frente a una posible condena en costas. 1.2.8. Expone que en la actualidad cuenta con 68 años y atraviesa una situación económica grave que amenaza su mínimo vital y sus condiciones de vida digna. Señala que reside en los Estados Unidos y que su esposo padece de una enfermedad gravísima, denominada “Demencia de Lewy,” que le impide trabajar desde hace 3 años para aportar al hogar, situación que le demanda dedicación y cuidado de tiempo completo. Para demostrar lo anterior, anexa varias declaraciones ante notario público. 1.2.9. Indica que agotados los medios ordinarios, es evidente el perjuicio irremediable que la amenaza y por tanto, acude a la acción constitucional para defender sus derechos fundamentales. 1.2.10. Finalmente, manifiesta que la acción es procedente contra la decisión judicial atacada en la medida que no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional frente a este tema. Como consecuencia de lo anterior solicita que se revoque la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá y en su lugar, se ordene dar cumplimiento a la proferida por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá. 1.3 TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El 13 de agosto de 2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda y correr traslado al Tribunal accionado. En el mismo auto, ordenó vincular al Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes. 1.3.1. Juzgado 18 Laboral del Circuito El juez laboral, hizo referencia a la sentencia proferida el 6 de agosto de 2013 mediante la cual condenó a Colpensiones y accedió a todas las pretensiones de la demanda ordinaria, de conformidad con la jurisprudencia y las pruebas aportadas al proceso. Por lo anterior, solicita no tener como sujeto activo de la posible vulneración a dicho despacho. 1.3.2. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral El magistrado manifiesta que reemplazó a la ponente en el proceso ordinario el 11 de junio de 2014, por lo que no realizaría pronunciamiento alguno y se remitiría a las motivaciones expresadas en la sentencia de segunda instancia atacada, del 30 de octubre de 2013. 1.3.3. Colpensiones La Gerente Nacional de Defensa Judicial de la entidad, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por considerar que ya se habían agotado las vías adecuadas para reclamar la prestación económica. Además, señaló que la tutela era improcedente para obtener el reconocimiento de derechos laborales. 2. DECISIONES JUDICIALES 2.1. PRIMERA INSTANCIA: SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA En sentencia del 27 de agosto de 2014, la Sala de Casación Laboral, negó la tutela de los derechos fundamentales invocados. 2.1.1. Resaltó que en el caso objeto de estudio se desconocía el principio de inmediatez, en la medida que se superó el término de seis (6) meses reconocido por esa Sala de Casación como prudente para cuestionar los hechos que vulneren derechos fundamentales. Señala que la sentencia de segunda instancia atacada es del 30 de octubre de 2013 y la tutela se presentó el 8 de agosto de 2014, habiendo transcurrido poco más de nueve (9) meses. 2.1.2. Además, afirmó que tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad ya que la interesada no hizo uso de los medios de defensa judicial al no presentar el recurso extraordinario de casación. Al respecto, consideró que las razones aludidas por la accionante no resultan de recibo pues la “actora contaba con otras herramientas para requerir el subsidio de los gastos procesales como era, por ejemplo, el amparo de pobreza. 2.2. IMPUGNACIÓN Dentro del término legal, la apoderada de la accionante impugnó la decisión de primera instancia. 2.2.1. En primer lugar, aclaró que la acción de tutela se presentó el 21 de abril de 2014 y fue inadmitida por no allegar el poder otorgado por la señora Sofía Carvajal de Caballero. El escrito subsanando la tutela, se radicó el 30 de abril de 2014, pero la misma fue rechazada por considerar que no se había corregido en debida forma. Manifiesta que el desglose de la tutela se solicitó el 2 de julio de 2014 y se radicó nuevamente el día 8 de agosto de ese año. De acuerdo con lo anterior, señala que la Corte Suprema de Justicia se demoró aproximadamente tres (3) meses para la devolución del expediente por rechazo de la tutela, motivo por el cual, considera que la tardanza en la presentación del nuevo escrito no debe atribuírsele a la negligencia de la parte interesada. 2.2.2. En segundo lugar, señaló que no resulta aceptable que niegue la protección de los derechos invocados por no hacer uso del recurso de casación, ya que de conformidad con la sentencia de unificación 1073 de 2012, la Corte señaló que procede la acción constitucional si el citado recurso resulta ineficaz por la posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia y por no hacer más gravosa la situación de los accionantes. 2.2.3. En tercer lugar, resaltó que la accionante “generó una expectativa legítima, la cual era continuar recibiendo la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su esposo, de esta forma se le afecta su mínimo vital, ya que se ve obligada a disminuir la calidad de vida que llevaba y ahora agravado por la situación médica en la cual se encuentra su actual esposo que le impide a ella trabajar por ser una persona de la tercera edad”. Igualmente, indica que su esposo padece de Alzheimer con demencia severa con parkinsonismo. 2.3. SEGUNDA INSTANCIA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN PENAL Mediante sentencia del 6 de noviembre de 2014, la Sala de decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal, confirmó el fallo de primera instancia. 2.3.1. A juicio del ad quem, se desconoció el principio de inmediatez por haber transcurrido poco más de nueve (9) meses para acudir al juez constitucional en procura de defender sus derechos fundamentales, en la medida que la providencia atacada es de fecha 30 de octubre 2013 y la tutela se presentó el 8 de agosto de 2014. 2.3.2. De otra parte, consideró que se desconoció el principio de subsidiariedad al no utilizar el recurso de casación, el cual, “de haberlo interpuesto dentro del término legal, le hubiese permitido controvertir sus desacuerdos con el fallo del Tribunal, de ahí que la interesada no atacó por vía de casación su inconformidad y dejó vencer el término para interponer el recurso, no puede ahora, utilizar la acción de tutela como medio alternativo”. 3. PRUEBAS DOCUMENTALES Se encuentran en el expediente las siguientes pruebas documentales relevantes: 3.1. Discos compactos que contienen las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito y el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral (folio1, C.1). 3.2. Fotocopia de la traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo de 2014, rendida por el señor Nicolás Anaya Jr., ante el notario público para el Estado de Texas, E.U (folios 28-33 C. 1). 3.3. Fotocopia de la traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo de 2014, rendida por la señora Victoria Monzón Cochran ante el notario público para el Estado de Texas, E.U (folios 34-38 C. 1). 3.4. Fotocopia de la traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo de 2014, rendida por el señor Richard L. Cochran, ante el notario público para el Estado de Texas, E.U (folios 39-43 C. 1). 3.5. Fotocopia de la traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo de 2014, rendida por la señora Mara Pages Simmons, ante el notario público para el Estado de Texas, E.U (folios 44-48 C. 1). 3.6. Fotocopia de la traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo de 2014, rendida por el señor Max Allen Simmons, ante el notario público para el Estado de Texas, E.U (folios 49-53 C. 1). 3.7. Fotocopia de la Resolución 19949 del 28 de mayo de 2012, mediante la cual el Instituto de Seguro Social resuelve derecho de petición elevado por la accionante (folios 75 y 76 C.4). 4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 4.1. COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala Número Uno y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación. 4.2. PROBLEMA JURÍDICO Le corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el Tribunal Superior de Bogotá vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y al acceso a la justicia, al desconocer el precedente de este Tribunal Constitucional relacionado con la protección del derecho a la sustitución pensional de aquellas personas que contrajeron segundas nupcias o hicieron nueva vida marital. Para el efecto, reiterará la jurisprudencia sobre (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el defecto sustantivo por desconocimiento de precedente; el defecto por violación directa de la Constitución y, (iii) el derecho a la sustitución pensional de las mujeres que deciden contraer nuevas nupcias. En caso de cumplir los requisitos señalados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, se determinará si en el presente caso se estructura alguna causal especial de procedibilidad de la acción constitucional. 4.3. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. 4.3.1. Después de varios años de decantar el concepto de vía de hecho[1], la Corte Constitucional consideró necesario replantearlo y ampliarlo a las “causales genéricas de procedibilidad de la acción”. Así, en la Sentencia C-590 de 2005[2], la Sala Plena de esta Corporación declaró inexequible la expresión “ni acción”, que hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 porque restringía el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio del recurso extraordinario de casación en materia penal. En esa oportunidad, se dejó claro que la tutela procede contra todas las providencias judiciales ejecutoriadas cuando se cumplen con los requisitos generales de la tutela y se prueba alguna de las causales específicas de procedibilidad de esta acción constitucional contra sentencias. 4.3.2. Esta sentencia, sistematizó los requisitos generales de procedencia de la tutela, de la siguiente manera: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.” 4.3.3. En cuanto a las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ese mismo fallo los resumió así: “Para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. [3] d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. i. Violación directa de la Constitución. Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales” 4.3.4. De manera que la acción de tutela procede contra decisiones judiciales, como las que ahora se acusan, siempre y cuando éstas cumplan los requisitos generales de procedencia, vulneren derechos fundamentales y con ello se demuestre al menos una de las causales especiales de procedibilidad de la acción constitucional. 4.4. EL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES Para efectos del presente capítulo, se hará referencia primero al desconocimiento del precedente como modalidad de defecto sustantivo y luego se procederá a analizar concretamente el desconocimiento del precedente constitucional como defecto autónomo. 4.4.1. Desconocimiento del precedente como modalidad de defecto sustantivo De conformidad con la jurisprudencia constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional “(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso[4]”.[5] Por precedente[6] se ha entendido, por regla general, aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.[7] La anterior noción, se ha adoptado en sentencias como la T-794 de 2011[8], en la que la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el precedente: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.”[9] Ahora, la Corte ha diferenciado dos clases de precedentes teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia previa: el horizontal y el vertical.[10] El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial. El segundo, se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción[11]. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.[12] De otra parte, el precedente además de ser criterio orientador resulta obligatorio para los funcionarios judiciales, por las razones que se indicaron de manera clara en la sentencia T-830 de 2012[13] y que a continuación se transcriben: “La primera razón de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción[14]. La segunda razón se desprende de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe[15]. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica[16], igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad[17] en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales[18]. En palabras de la Corte Constitucional: “La fuerza vinculante del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales debe ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84 C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico”[19]. La tercera razón es que la respuesta del precedente es la solución más razonable que existe hasta ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide apartarse debe tener unas mejores y más razonables razones que las que hasta ahora han formado la solución para el mismo problema jurídico o similares. En ese orden la doctrina ha establecido como precedente:“tratar las decisiones previas como enunciados autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para decisiones subsecuentes” y “exigir de tribunales específicos que consideren ciertas decisiones previas, sobre todo las de las altas cortes, como una razón vinculante”[20] (énfasis de la Sala).” De conformidad con las razones expuestas, para la jurisprudencia de esta Corporación el desconocimiento, sin debida justificación, del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe[21]. En efecto, en las sentencias como la T-934 de 2009[22], T-351 de 2011[23], T-464 de 2011[24] y T-212 de 2012[25], la Corte consideró que los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa desconocieron el precedente del Consejo de Estado, y en consecuencia, concedió los amparos solicitados por existencia de un defecto sustantivo, ya que en dichos casos, existía un precedente consolidado sobre la tasación de las indemnizaciones por daño moral, que había sido desconocida sin razones por las autoridades demandadas[26]. No obstante, la anterior regla no es absoluta ya que no puede ignorarse que el derecho es dinámico y que cada caso puede presentar elementos que no fueron concebidos con anterioridad en otros fallos judiciales; en esa medida, siempre que exista una justificación razonable y proporcional, las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención a su autonomía y a su independencia. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que: “(…) vale aclarar que la regla de vinculación del precedente no puede ser adoptada de manera absoluta (…) Por ello, siempre que se sustenten de manera expresa, amplia y suficiente, las razones por las cuales va a desconocer o cambiar una posición anterior, el operador judicial puede apartarse de ella. (…) el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes requisitos: (i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)”[27]. Así las cosas, los jueces tienen como deber de obligatorio cumplimiento el de acoger las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa o constitucional) cuando éstas constituyan precedentes, y/o sus propias decisiones en casos idénticos, por el respeto del trato igual al acceder a la justicia. Sin embargo, pueden apartarse de dicho precedente, en el caso de decisiones adoptadas por órganos de cierre sería la misma Corporación y en el caso del precedente horizontal los mismos jueces, siempre que cumplan la carga argumentativa antes descrita y construyendo una mejor respuesta al problema jurídico, so pena de incurrir en la causal de procedibilidad de la tutela por defecto sustantivo o material, que tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas partícipes del proceso respectivo, entre otros. 4.4.2. Desconocimiento del precedente constitucional como causal autónoma Este defecto se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia.[28] Se presenta generalmente cuando la Corte establece el alcance de un derecho fundamental o señala la interpretación de un precepto que más se ajusta a la Carta, y el juez ordinario al resolver un caso limita sustancialmente dicho alcance o se aparta de la interpretación fijada por esta Corporación. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[29] u otros mandatos de orden superior. La supremacía del precedente constitucional se deriva del artículo 241 de la Constitución Política, el cual asigna a la Corte Constitucional la función de salvaguardar la Carta como norma de normas – principio de supremacía constitucional[30]. En efecto, esta Corporación ha establecido que, como intérprete de la Constitución, sus decisiones son obligatorias tanto en su parte resolutiva como en su ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver la controversia.[31] Por esta razón, si se desconoce el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, se “genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.”[32] En este sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-656 de 2011[33] sostuvo lo siguiente: “(…) el deber de acatamiento del precedente judicial se hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia constitucional, en la medida en que la normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de fuentes del derecho, de modo que las decisiones que determinan su alcance y contenido se tornan ineludibles para la administración. No entenderlo así, resulta contrario a la vigencia del principio de supremacía constitucional”. De acuerdo con lo expresado por esta Corte en la sentencia T-351 de 2011[34] el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en común, que se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la Constitución como norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el intérprete autorizado de la Carta[35], y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por razones de igualdad. Respecto de las sentencias de control abstracto de constitucionalidad, la obligatoriedad de la jurisprudencia se desprende de los efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional. Así, cualquier norma que se declare inconstitucional por la Corte por ser contraria a la Carta, debe salir del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada por ninguna autoridad. Igualmente, la ratio decidendi de todas las sentencias de control abstracto de constitucionalidad –bien declaren o no inexequible una disposición-, debe ser atendida por todas las autoridades para que la aplicación de la ley sea conforme a la Constitución. En cuanto a los fallos proferidos en sede de control concreto de constitucionalidad, el respeto de su ratio decidendi es necesario no solo para lograr la concreción de los principios de igualdad en la aplicación de la ley y de confianza legítima -que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con decisiones o actuaciones imprevistas- sino para garantizar los mandatos constitucionales y la realización de los contenidos desarrollados por su intérprete autorizado. Por esta razón, la interpretación y alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los fallos de revisión de tutela deben prevalecer sobre aquella que se realiza por otras autoridades judiciales, incluyendo altos tribunales de cierre de las demás jurisdicciones.[36] En este punto es importante aclarar que en el caso de las sentencias de unificación de tutela y de control abstracto de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, es suficiente una providencia para que exista un precedente, “debido a que las primeras unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos, y las segundas, determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política[37]”.[38] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela[39]. De conformidad con lo expuesto, y con independencia del tipo de defecto en el que se clasifique –como defecto autónomo o como modalidad de defecto sustantivo-, el desconocimiento del precedente constitucional, además de violar los derechos de las partes a la igualdad y al debido proceso, entre otros, vulnera el principio de supremacía constitucional, lo que constituye una razón de más que hace procedente la acción de tutela contra la providencia atacada. 4.5. EL DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL DE LAS MUJERES QUE DECIDEN CONTRAER NUEVAS NUPCIAS. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA 4.5.1. Esta Corporación ha precisado la finalidad y la razón de ser de la sustitución pensional, como mecanismo de protección de los familiares del trabajador pensionado ante el posible desamparo en que pueden quedar por razón de su muerte, pues al ser beneficiarios del producto de su actividad laboral, traducida en ese momento en una mesada pensional, dependen económicamente de la misma para su subsistencia. En la sentencia T-190 de 1993[40] definió el contenido y los alcances de ese derecho prestacional, de la siguiente manera: “La sustitución pensional, de otra parte, es un derecho que permite a una o varias personas entrar a gozar de los beneficios de una prestación económica antes percibida por otra, lo cual no significa el reconocimiento del derecho a la pensión sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho. Los beneficiarios de la sustitución de las pensiones de jubilación, invalidez y de vejez, una vez haya fallecido el trabajador pensionado o con derecho a la pensión, son el cónyuge supérstite o compañero (a) permanente, los hijos menores o inválidos y los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado (Ley 12 de 1975, art. 1º y Ley 113 de 1985, art. 1º, parágrafo 1º). La sustitución pensional tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia retributiva y de equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del status laboral del trabajador fallecido.”. 4.5.2. De igual forma, la Corte Constitucional ha sostenido que la pensión otorgada a la cónyuge o compañera permanente es de “carácter vitalicio” y en tal virtud, esta prestación no se puede extinguir porque la viuda contraiga nuevas nupcias o haga nueva vida marital. En efecto, tanto en sede de control abstracto como de control concreto, esta Corporación se ha pronunciado sobre la afectación de derechos fundamentales tales como el libre desarrollo de la personalidad o a la igualdad, en aquellos casos en los que se sustrae al viudo o viuda del disfrute de su derecho a la pensión de sobrevivientes por el hecho de contraer nuevas nupcias o empezar una nueva vida marital, aún con posterioridad a la Constitución Política de 1991. 4.5.3. En una primera ocasión, este Tribunal estudió una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 2 (parcial) de la Ley 33 de 1973.[41] No obstante demandarse una sola norma, consideró necesario conformar “unidad normativa con la frase “por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital”, que contiene el artículo 2 de la Ley 126 de 1985, disposición ésta que continúa vigente en estos términos en virtud de lo ordenado en el artículo 279, parágrafo 3, de la Ley 100 de 1993. La norma a la que se extendería, de producirse, el fallo de inexequibilidad, se refiere al derecho a la pensión vitalicia en favor del cónyuge supérstite, compañera o compañero permanente, de los funcionarios o empleados que murieron como consecuencia del asalto al Palacio de Justicia el día 6 de noviembre de 1985, sin haber cumplido el tiempo requerido para adquirir el derecho a la pensión de jubilación. De igual manera, la unidad normativa debería extenderse a la siguiente frase del artículo 2 de la Ley 12 de 1975. "o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital".” Frente al asunto sometido a su conocimiento, concluyó en sentencia C-309 de 1996[42] lo siguiente: “No se requieren de muchas elucubraciones para concluir que la condición resolutoria, viola la Constitución Política. La mujer tiene iguales derechos a los del hombre y no puede verse expuesta a perder sus beneficios legales como consecuencia del ejercicio legítimo de su libertad (C.P. arts. 16, 42 y 43). No puede plantearse una relación inequívoca entre la conformación de un nuevo vínculo y el aseguramiento económico de la mujer, menos todavía hoy cuando la consideración paritaria de los miembros de la pareja no se ajusta más a la antigua concepción de aquélla como sujeto débil librada enteramente a la protección masculina. La norma legal que asocie a la libre y legítima opción individual de contraer nupcias o unirse en una relación marital, el riesgo de la pérdida de un derecho legal ya consolidado, se convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto que vulnera el libre desarrollo de su personalidad, sin ninguna justificación como quiera que nada tiene que ver el interés general con tales decisiones personalísimas.” En consecuencia, declaró inexequibles las expresiones "o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital" contenidas en el artículo 2 de la Ley 33 de 1973; "o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital" del artículo 2 de la Ley 12 de 1975; y "por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital" del artículo 2 de la Ley 126 de 1985. Adicionalmente, la Corte moduló los efectos temporales de la decisión haciendo referencia únicamente a la protección de los derechos fundamentales de aquellas mujeres que contrajeron nuevas nupcias con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Carta Política. Sin embargo, ello no puede interpretarse como una desprotección por parte del Alto Tribunal a aquellas mujeres que hubieren contraído nuevas nupcias con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. 4.5.4. Posteriormente, en la sentencia C-182 de 1997[43] se examinaron los artículos 188 (parcial) del Decreto 1211 de 1990[44], 174 (parcial) del Decreto 1212 de 1990[45], 131 (parcial) del Decreto 1213 de 1990[46] y 125 (parcial) del Decreto 1214 de 1990[47], todos relacionados con el régimen pensional de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que establecían como condición resolutoria de la pensión el hecho de que el viudo o la viuda contrajera nuevas nupcias o hiciera vida marital. En el citado fallo, la Corte concluyó lo siguiente: “Así entonces, la condición resolutoria aludida, contenida en los preceptos acusados resulta contraria al ordenamiento constitucional, pues coloca sin razón válida en una situación de desventaja y desfavorable a los destinatarios del régimen excepcional consagrado en los decretos mencionados, frente a aquellos cobijados por la Ley 100 de 1993, para quienes no se extingue por dicha circunstancia la pensión de sobrevivientes. (…) la expresión acusada no se ajusta al ordenamiento constitucional por cuanto vulnera los mencionados derechos fundamentales, consagrando un tratamiento discriminatorio e inequitativo con respecto a las personas que durante su vigencia - desde 1990 hasta la fecha - perdieron el derecho a la pensión sustitutiva o de sobrevivientes, y desconociendo la libre opción al desarrollo que todas las personas tienen de conformar un vínculo natural o jurídico.” 4.5.5. Esta posición, fue reiterada más adelante en las sentencias C-653 de 1997[48] que analizó la constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 (parcial) del Decreto 1305 de 1975[49] y C-1050 de 2002[50], que estudió la constitucionalidad de la expresión “o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital”, contenida en el parágrafo primero del artículo 49 del Decreto 2701 de 1988[51]. 4.5.6. Posteriormente, en la sentencia C-464 de 2004[52] esta Corporación estudió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 140 del Decreto 3220 de 1953, 109 de la Ley 126 de 1959, 136 del Decreto 3071 de 1968, 140 del Decreto 2337 de 1971 y 156 del Decreto 612 de 1977. En esa ocasión, consideró que, “dado que las disposiciones ahora acusadas contienen la misma condición resolutoria que fue encontrada inexequible en varios pronunciamientos anteriores, las expresiones parcialmente acusadas correspondientes deben igualmente ser retiradas del ordenamiento por inconstitucionales”. 4.5.7. En la sentencia C-1126 de 2004[53] la Corporación analizó una norma anterior a la Constitución de 1991, que impedía el acceso a la pensión de sobrevivientes de las compañeras permanentes. En esta oportunidad, tuvo en cuenta el precedente fijado en la sentencia C-309 de 1996 y extendió los alcances de esa decisión bajo los siguientes argumentos: “Al respecto cabe precisar que unos son los efectos de la sentencia respecto de los titulares del derecho a solicitar la sustitución pensional, los cuales empiezan a surtirse de manera retroactiva desde el 7 de Julio de 1991, y otros son los efectos patrimoniales de esta sentencia, los cuales empiezan a correr desde la notificación de la misma, decisión que se adopta atendiendo al eventual impacto de la sentencia y siguiendo los precedentes anteriormente citados. “La retroactividad de los efectos de la sentencia obedece, además, a que fue a partir del 7 de Julio de 1991 que la Constitución reconoció de manera expresa la igualdad de derechos de las compañeras y compañeros permanentes, por lo cual desde esa fecha nació el deber de no discriminar en su contra. “La fijación de los efectos patrimoniales de la sentencia a partir de la notificación de la misma obedece, además, a que las mesadas prescriben en tres años, según la legislación vigente (Ley 776 de 2002, art. 18) y a que sería desproporcionado que los efectos patrimoniales de la sustitución, en cada caso, sólo empezaran a surtirse después de que en cada evento particular quedara ejecutoriado el acto correspondiente, puesto que ello representaría trasladar al eventual beneficiario la carga de la demora en la expedición de dicho acto, además de haber soportado la discriminación de la cual fue objeto mientras estuvo en vigor la norma acusada. Por lo tanto, cuando se verifique la sustitución pensional, las mesadas que se pudieren haber causado desde la notificación de esta sentencia, habrán de ser expresamente reconocidas y pagadas al beneficiario. “En consecuencia, los compañeros y compañeras permanentes de empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional pensionados o con derecho a pensión, que con posterioridad al 7 de julio de 1991 y el 23 de diciembre de 1993, hayan tenido derecho a solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y no lo hubieren obtenido porque el artículo 34 del Decreto 611 de 1977 o el artículo 49 del Decreto 2701 de 1988 los excluía, podrán, en virtud de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, solicitar que les sea reconocida dicha pensión, en caso de reunir las demás condiciones de ley”. 4.5.8. Posteriormente, en la sentencia C-101 de 2005[54] al analizar el artículo 1134 del Código Civil que imponía la condición a la mujer de permanecer soltera o viuda so pena de perder la asignación testamentaria, la Corte resaltó su posición respecto de normas que amenazan perder derechos consolidados con condiciones que afectan el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual se encuentra amparado no sólo por nuestra Carta Política sino por instrumentos de orden internacional como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto señaló: “4.3. La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad de varias normas legales que sancionaban a la mujer o a los hijos con la pérdida de un derecho pensional, por el hecho de contraer matrimonio o hacer vida conyugal, bajo el argumento de que una medida legislativa no puede desconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad que implica la libre y legítima opción individual de contraer nupcias o unirse en una relación marital, so pena de perder un derecho legal ya consolidado, pues ello se convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto que viola el derecho fundamental aludido[55]. Es claro para la Corte que el principio de la autonomía aplicado a los actos jurídicos patrimoniales, encuentra como límite necesario la Constitución Política y los Tratados Internacionales sobre los derechos humanos a ella incorporados por ministerio del artículo 93 de la Carta. Así, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 16, establece que “[L]os hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en el artículo 17 que “[S]e reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención”. 4.4. De las consideraciones expuestas en esta sentencia, encuentra la Corte que la igualdad entre sexos, el derecho a conformar una familia y a optar por un determinado estado civil, son intereses jurídicos que no se pueden sacrificar en aras de garantizar la autonomía del testador a imponer condiciones testamentarias, pues ese derecho se encuentra sujeto a límites, uno de ellos y de gran significación, el derecho a autodeterminarse en la vida según sus propias convicciones. 4.5.9. En la sentencia C-121 de 2010[56] se estudió una demanda contra varios artículos del Decreto Ley 613 de 1977, “por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y suboficiales de la Policía Nacional”. Luego de analizar las diversas providencias sobre la inconstitucionalidad de normas que fijaban una condición resolutoria a la viuda para continuar disfrutando de la pensión de sobrevivientes, esta Corporación sostuvo: “24. Las sentencias anteriores permiten asegurar que, a través de las providencias de tutela, la Corte ha generado una línea jurisprudencial que afirma que el derecho de las personas al restablecimiento de los derechos pensionales que les han sido extinguidos por causa de haber contraído nuevas nupcias se aplica también a los casos en los que esas personas se casaron nuevamente antes de 1991. Con ello, la Corte completa los contenidos normativos de las subreglas dispuestas en la sentencia C-309 de 1996 – y en las demás sentencias que la reiteraron -, para referirse a las personas que habían perdido su derecho a la pensión de sobreviviente porque habían contraído nuevas nupcias antes de 1991. (…) Por consiguiente, en esta providencia se reiterará la línea jurisprudencial creada a partir de la Sentencia C-309 de 1996. Pero, para armonizarla con la jurisprudencia de tutela que se ha venido forjando a partir de la sentencia T-702 de 2005, se eliminará cualquier referencia al momento en que se hayan celebrado las segundas nupcias. Además, se precisará que las personas beneficiadas con el fallo de constitucionalidad podrán reclamar el restablecimiento de las aludidas mesadas, que se causarán a partir de la notificación de esta sentencia.” 4.5.10. De conformidad con lo expuesto, se puede concluir que la mayoría de las sentencias dictadas en sede de constitucionalidad, la Corporación contempló los casos de aquellas personas que habían contraído nuevas nupcias con posterioridad a la Constitución de 1991, sin hacer referencia a la situación de las viudas y viudos que lo habían hecho antes de 1991 y que, como consecuencia de ello, habían perdido la pensión reconocida a su primer cónyuge. No obstante, es a partir de la sentencia C-121 de 2010, que la Corte Constitucional, elimina la referencia al momento en que se celebran las segundas nupcias, para hacerla coherente con las providencias dictadas en sede de control concreto que se relacionan a continuación. 4.5.11. Ya en sede de tutela, este Tribunal estudió casos que regulan hipótesis de personas que contrajeron nupcias con anterioridad a 1991, los cuales se resolvieron con base en las reglas fijadas en la sentencia C-309 de 1996. 4.5.12. En efecto, en la sentencia T-702...