Sentencia T-306 de 1998

T-306-98 Sentencia T-306/98 Sentencia T-306/98 DERECHO DE PETICION FRENTE AL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Deber de resolver la solicitud Referencia: Expediente T-153490 Acción de tutela instaurada por Armando Sosa Pinto contra el Gobernador del Departamento de Boyacá. Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORÓN DÍAZ Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintitrés días (23) del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho(1998). Se revisan los fallos proferidos por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Tunja y la Sección Segunda del Consejo de Estado, al resolver sobre el asunto en referencia. I. INFORMACION PRELIMINAR El Señor Armando Sosa Pinto, presentó demanda de tutela contra el Gobernador del Departamento de Boyacá, por los siguientes hechos: Es educador departamental en el municipio de Sutatenza y en el mes de febrero del presente año fue notificado de un traslado que en su parecer es ilegal y arbitrario , por lo que interpuso recurso de reposición ante el Gobernador del Departamento. A la fecha de interponer la presente tutela habían transcurrido 8 meses sin obtener respuesta alguna. Manifiesta que le es urgente conocer el pronunciamiento del Gobernador al respecto, puesto que padece de limitaciones físicas y es necesario conocer en qué sitio puede laborar en condiciones que garanticen su rehabilitación. Apoyado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto al derecho de petición, considera que en su caso también se ha vulnerado dicha garantía constitucional, y la autoridad demandada ha incumplido con los deberes y obligaciones que le demanda su cargo. A. INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. Obrando en su calidad de Defensor del Pueblo e invocando la competencia que en materia de insistencia para la selección de los fallos de tutela le otorga el artículo 32 del decreto 2591 de 1991, José Fernando Castro Caicedo sostuvo: “En el asunto sometido a la decisión de la Corte, la situación fáctica se concreta en que al actor, no se le ha dado respuesta de fondo a su petición radicada bajo el número 01048 del 6 de febrero de 1997, mediante la cual interpuso el recurso de reposición contra el decreto que ordenó su traslado de lugar de trabajo al Municipio de Sutatenza. Al existir omisión por parte de la Administración de resolver el recurso interpuesto contra el citado Decreto se vulnera evidentemente el derecho invocado por el accionante, el cual no se satisface con la configuración del fenómeno jurídico conocido como el silencio administrativo negativo” II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante fallo de 31 de octubre de 1997, negó la tutela en mención, señalando que frente al silencio negativo de la Administración, el actor tiene la vía jurisdiccional para el reclamo de sus pretensiones. Esta providencia fue impugnada por en segunda instancia, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia de diciembre 7 de 1998, confirmó la sentencia del a-quo con iguales argumentaciones. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A. Competencia Esta Corte es competente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 241 de la Constitución, y el Decreto 2591 de 1991, para revisar los fallos de tutela en referencia. B. El silencio administrativo negativo no subsana violación del derecho de petición. La presente tutela revocará las decisiones de instancia, en tanto desconocieron la doctrina reiterada por esta Corporación desde 1993 en donde se ha sostenido que la configuración del silencio administrativo no remedia la violación del derecho fundamental del petente a “obtener pronta resolución”(Art. 23 C. P.), antes bien, sólo hace inobjetable la afirmación de que tal violación existe, y el deber del juez de tutela en esos casos es proferir la orden para que la autoridad morosa resuelva sobre el fondo de la petición desatendida en un plazo perentorio”(T-188 de 1997 ). En Sentencia T-242 de 1993[1], dijo la Corte: "...la obligación del funcionario u organismo sobre oportuna resolución de las peticiones formuladas no se satisface con el silencio administrativo. Este tiene el objeto de abrir para el interesado la posibilidad de llevar el asunto a conocimiento del Contencioso Administrativo, lo cual se logra determinando, por la vía de la presunción, la existencia de un acto demandable. Pero de ninguna manera puede tomarse esa figura como supletoria de la obligación de resolver que tiene a su cargo la autoridad, y menos todavía entender que su ocurrencia excluye la defensa judicial del derecho de petición considerado en sí mismo. De acuerdo con lo atrás expuesto, no se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución- con el contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquel y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no está en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.). Así las cosas, no es admisible la tesis según la cual el silencio administrativo negativo constituye un medio de defensa judicial por cuya presencia se haga improcedente la acción de tutela. Como se ha subrayado, se trata de un mecanismo para que la persona pueda accionar judicialmente. De no ser por la presunción establecida en la ley, ella tendría que esperar a que se produjera el acto expreso por el cual se negara o atendiera su petición para que la respectiva acción tuviera objeto. La figura en comento remueve este obstáculo y facilita la demanda, ya no contra el acto manifiesto y determinado de la administración -que precisamente no se ha producido en razón de la omisión mediante la cual se quebranta el derecho del peticionario-, sino contra el acto que la ley presume. Se impide así que el interesado quede expósito -en lo que atañe al contenido de la decisión que busca obtener de la autoridad-, y que deba aguardar indefinidamente la expedición de un acto susceptible de impugnación. La posibilidad así lograda de ejercer una acción judicial no significa que el derecho fundamental de petición haya dejado de ser vulnerado, ni que pierda relevancia jurídica tal vulneración, ni tampoco que se haga inútil o innecesaria la tutela como garantía constitucional respecto de aquel, sino precisamente lo contrario: el sistema jurídico, ante la negligencia administrativa que dio lugar a la violación del derecho de petición, ha tenido que presumir la respuesta para fines procesales referentes a la materia de lo pedido. En este orden de ideas, el silencio administrativo es un presupuesto para someter a la jurisdicción la contienda sobre dicha materia -que es el asunto litigioso objeto de la acción contenciosa- pero no un medio de defensa judicial del derecho de petición en los términos del artículo 86 de la Carta. En el campo del asunto que principalmente importa a los fines de este proceso, el silencio administrativo es la mejor demostración de que se ha conculcado el derecho de petición y el fundamento más claro para proceder a su tutela". Así se procederá en el presente caso a tutelar el derecho de petición, cuya prueba fehaciente de su vulneración, como lo ha dicho la jurisprudencia es la ocurrencia del silencio administrativo negativo. IV. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE Primero. REVOCAR los fallos proferidos por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá y por la Sección Segunda de la Sala contencioso administrativa del Consejo de Estado. Segundo. CONCÉDESE la tutela impetrada por Armando Sosa Pinto. El gobernador de Boyacá, si no lo ha hecho ya, deberá responder dentro del término de cuarenta y ocho horas (48 ) siguientes a la notificación de la presente sentencia, el recurso de reposición contra el decreto que ordenó el traslado del actor. Tercero. Dese cumplimiento al articulo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase FABIO MORÓN DÍAZ Magistrado Ponente ALFREDO BELTRÁN SIERRA Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] Reiterado en sentencias recientes T-369, T-294 y T-663 de 1997, y T-011, T-021 y T-291 de 1998.