Sentencia T-302 de 2019

T-302-19 Sentencia T-302/19 ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA O NIEGA TRASLADO DE SERVIDOR PUBLICO-Procedencia excepcional La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido, por regla general, que no procede la acción de tutela en contra de los actos administrativos de carácter particular y concreto, pues el debate en torno a su legalidad con ocasión de su aplicación o interpretación corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. No obstante, tratándose de actos administrativos de carácter particular y concreto que presuntamente lesionan los derechos de la carrera judicial, este Tribunal ha aceptado la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo definitivo, a fin de salvaguardar el principio del mérito, toda vez que “es el único criterio que debe regir el ingreso, la permanencia y el ascenso en la carrera judicial” SOLICITUD DE TRASLADO DE SERVIDOR JUDICIAL POR RAZONES DE SALUD-Requisitos La solicitud de traslado por razones de salud tendrá que ser dirigida y presentada a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial para el respectivo trámite y concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Dicho concepto debe contar con el cumplimiento de los siguientes aspectos, entre otros: (a) el diagnóstico médico sobre las condiciones de salud que se invocan, cuya fecha de expedición no puede superar los tres (3) meses salvo que se trate de enfermedades crónicas, progresivas, degenerativas o congénitas, en cuyo caso la vigencia del dictamen médico puede ser superior a los tres (3) meses sin sobrepasar los seis (6) meses, debe ser emitido por la entidad promotora de salud (EPS – IPS) o por la administradora de riesgos profesionales (ARP) a la cual se encuentre afiliado el servidor en el que se recomiende expresamente el traslado por la imposibilidad de continuar desempeñando el cargo del cual es titular; (b) la acreditación del parentesco cuando se trate de enfermedades del cónyuge, compañera o compañero permanente, descendientes, ascendientes en primer grado de consanguinidad o único civil; y (c) en caso de no ser atendida la prescripción médica, la Unidad de Administración de Carrera Judicial le ofrecerá las vacantes existentes al momento, a efectos de obtener el consentimiento expreso del servidor. TRASLADO DE SERVIDOR JUDICIAL POR RAZONES DE SALUD-Marco normativo SOLICITUD DE TRASLADO POR RAZONES DE SALUD DE MAGISTRADOS Y JUECES-Debe ser estudiada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Las peticiones de traslado deben ser estudiadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de Administración de Carrera Judicial–, entidad que debe valorar, cuando las solicitudes sean por razones de salud, documentos tales como los dictámenes médicos que acreditan el problema de salud del funcionario o de sus familiares y la recomendación de traslado, la existencia del certificado de vacancia definitiva del cargo al que se pretende el traslado y la manifestación expresa del deseo del funcionario de ser trasladado a la plaza que se encuentra vacante Referencia: Expediente T-7. 141.600 Acción de tutela interpuesta por Álvaro Vincos Urueña contra la Corte Suprema de Justicia – Sala Plena. Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil diecinueve (2019) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos proferidos el 10 de mayo y el 15 de noviembre de 2018 por la Corte Suprema de Justicia en sus Salas de Casación Penal y Civil, respectivamente, dentro del proceso de tutela promovido por el señor Álvaro Vincos Urueña contra la Corte Suprema de Justicia – Sala Plena. I. ANTECEDENTES A. LA DEMANDA DE TUTELA 1. El 3 de abril de 2018, el señor Álvaro Vincos Urueña, personalmente y actuando en calidad de Magistrado de la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, presentó acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia – Sala Plena al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, a la salud y al trabajo en condiciones dignas, toda vez que la autoridad judicial demandada negó el traslado solicitado para el cargo vacante de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Conforme con lo anterior, el accionante solicitó al juez de tutela que ordene a la Corte Suprema de Justicia – Sala Plena, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la sentencia, proferir el acto administrativo que le permita trasladarse al Magistrado Álvaro Vincos Urueña del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la vacante del doctor Orlando Muñoz Neira[1]. B. HECHOS RELEVANTES 2. El 5 de junio de 2017, el Magistrado de la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Álvaro Vincos Urueña, solicitó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura el visto bueno para el traslado a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, vacante desde junio de 2017, por razones de salud[2]. 3. El 27 de julio de 2017, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura otorgó concepto favorable al traslado requerido por el accionante y lo remitió a la Corte Suprema de Justicia mediante oficio CSO17-1957[3]. 4. El 22 de noviembre de 2017, el señor Vincos Urueña formuló petición ante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a fin de ser informado sobre el traslado solicitado[4]. 5. El 6 de diciembre de 2017, en respuesta de la solicitud mencionada, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia comunicó que, mediante plenaria celebrada el 28 de septiembre de 2017, se sometió a consideración el traslado requerido por el señor Vincos Urueña y luego de realizar la votación respectiva “no obtuvo los votos mínimos requeridos, por lo que se decidió no trasladarlo a la vacante de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”. Asimismo, se precisó que ningún otro funcionario aspiró al traslado de la misma vacante, que el Consejo Superior de la Judicatura no ha reportado una lista de elegibles para la vacante en mención y que, para ese momento, el cargo de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá estaba siendo ocupado por María Stella Jara Gutiérrez, en provisionalidad[5]. 6. Acorde con los documentos aportados al expediente, el señor Álvaro Vincos Urueña se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 6 de mayo de 2015 como Magistrado de la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal[6]. Padece de sinusitis y rinitis crónica, razón por la cual le ha sido recomendado un traslado de residencia y reubicación laboral a clima templado o frío[7]. C. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN Decisión de primera instancia: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal[8] 7. El 10 de mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, integrada por conjueces, declaró improcedente la acción de tutela incoada por el señor Vincos Urueña al considerar que el oficio mediante el cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia denegó el traslado solicitado es un acto administrativo demandable ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. De otro lado, indicó que la acción de tutela no procedía como mecanismo transitorio toda vez que no se encontraba vigente el medio judicial ordinario, pues operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 6 de abril de 2018 al cumplirse el término de los cuatro (4) meses, desde la recepción del oficio, para controvertirse. 8. No obstante lo anterior, advirtió que la negativa de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia[9] no resultó caprichosa en tanto (i) se fundó en la naturaleza de las enfermedades que padece el actor, pues ni la sinusitis crónica ni la rinitis crónica comportan tal gravedad que hagan imprescindible el traslado a Bogotá; (ii) el accionante ingresó a la carrera judicial luego de participar en la convocatoria número 4528 de 2008 para el cargo de Magistrado de Sala Única y no de Sala Penal; y (iii) la documentación que el accionante allegó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial con el propósito de justificar el traslado se refiere a una enfermedad grave que padece su padre. 9. Igualmente destacó que la determinación de la Corte Suprema de Justicia no genera un menoscabo cierto, claro y directo de los derechos fundamentales del accionante pues, de acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses[10], así como por las clínicas Country y Santa Fe[11], no hay evidencia científica que demuestre con claridad que el traslado a un clima cálido o frío controle o disminuya tales enfermedades. De acuerdo con los expertos, estos padecimientos médicos pueden ser tratados con medicamentos y como medida de prevención sugieren evitar el humo del cigarrillo y el aire contaminado, razón por la cual la ciudad de Bogotá podría agravar el nivel de salud del accionante por su alto nivel de polución[12]. Impugnación 10. El 21 de mayo de 2018, el accionante impugnó la decisión de primera instancia. De manera preliminar señaló que, acorde con el Decreto 1983 de 2017, el asunto debió haberse sometido a reparto entre los jueces del circuito dado que no se cuestiona una decisión jurisdiccional, sino una decisión eminentemente administrativa. Por otra parte, afirmó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo judicial idóneo para tramitar su pretensión, comoquiera que tendría que permanecer de manera indefinida, hasta que se decida el medio de control, en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, vulnerando con ello el principio del mérito, pues se prolongaría el cargo de provisionalidad en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal. 11. Respecto del requisito de inmediatez de la acción de tutela, aseguró que han transcurrido seis (6) meses desde la adopción de la decisión controvertida, pues solo hasta el 6 de diciembre de 2017 tuvo conocimiento de la respuesta negativa de la solicitud de traslado por razones de salud. De otro lado, señaló que la respuesta negativa a su solicitud de traslado se originó en las enfermedades que padece, al no ser consideradas por los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia como graves pese a que tal calificación debía realizarla un médico especializado. En consecuencia, aun cuando el médico tratante viene ejecutando un procedimiento terapéutico para mejorar los síntomas de las enfermedades que aquejan al señor Vincos Urueña, explicó que se trata de una mejoría transitoria, ya que las condiciones climáticas del municipio de Yopal le obligan a estar expuesto al uso de ventiladores y aires acondicionados, los cuales debe evitar[13]. Decisión de segunda instancia: Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil[14] 12. El 15 de noviembre de 2018, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, integrada por conjueces, revocó la sentencia de tutela de primera instancia y, en su lugar, concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la salud del accionante. De manera preliminar, señaló que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es el medio judicial suficientemente eficaz frente al menoscabo de las garantías fundamentales invocadas, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no tendrá prontitud para proteger los derechos a la vida digna y a la integridad personal del funcionario judicial. Incluso, la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo no sería efectiva para evitar un perjuicio a la salud del servidor público, derivado de la permanencia en un entorno ambiental que altera sus condiciones de existencia digna. 13. Posteriormente, precisó que tanto el artículo 152 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, como el artículo 1º de la Ley 771 de 2002 aluden al traslado como una forma de provisión de cargos de carrera en la rama judicial y por tanto, su procedencia se encuentra limitada a que se presenten unos eventos, entre los cuales se advierte la reubicación por razones de salud debidamente comprobadas que imposibilitan mantener la continuidad en el cargo. 14. En este orden de ideas, destacó que el Acuerdo No. PSAA10-6837 de 2010 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura establece que el servidor público que solicite el traslado, en oportunidad, por problemas de salud deberá allegar un dictamen médico que refleje el diagnóstico de la patología y la recomendación de traslado por imposibilidad de seguir desempeñando el cargo expedido por la entidad promotora de salud o por la administradora de riesgos laborales a la que se encuentre afiliado. De manera que, a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial le compete emitir un concepto acerca de tal solicitud, el cual en caso de ser favorable es remitido a la autoridad nominadora (artículo 131 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia) para que adopte una decisión con base en criterios objetivos, concretos y razonados. 15. Con fundamento en los anteriores argumentos, sostuvo que la protección del accionante resulta procedente toda vez que la entidad demandada quebrantó sus garantías al debido proceso y al trabajo en condiciones dignas, pues la respuesta otorgada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia a la petición elevada por el señor Vincos Urueña, cuatro meses después de su remisión, carece de suficiente motivación dado que no relacionó ninguna explicación sobre los criterios objetivos y razonados que fundaron la negativa del traslado, sino que se limitó decidir conforme con la facultad que le asiste como autoridad nominadora. 16. Adicionalmente, aclaró que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no tiene la facultad para avalar o cuestionar la idoneidad del diagnóstico emitido por el médico tratante del solicitante, tal y como lo señaló esa corporación en la providencia STC2744 – 2018 del 28 de febrero de 2018. Indicó que no existe ningún impedimento para que el accionante, como Magistrado de la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal pueda ejercer el cargo de Magistrado de una Sala Especializada de Tribunal, ya que existe afinidad de funciones entre esos dos cargos; de hecho, precisó que también se vulneró el derecho a la igualdad del señor Vincos Urueña respecto de otros servidores judiciales que como él, ocupaban en propiedad el cargo de magistrado de Sala Única de Tribunal y que les fue concedido el traslado que solicitaron para cargos de magistrados de Salas Especializadas de Tribunal. En consecuencia, estimó que la nominadora fundó su negativa al traslado requerido por razones subjetivas y sobre aspectos ajenos a los que debían ser objeto de análisis y valoración, en la medida que tampoco ponderó las aptitudes de mérito e idoneidad profesional del demandante. Finalmente, destacó que tanto la salud del accionante como la de su progenitor, quien es un sujeto de especial protección constitucional por su edad, se encuentran en riesgo y que en razón de ello, la sentencia de tutela de primera instancia debió tener un enfoque diferencial bajo consideraciones humanitarias[15]. D. ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN 17. En desarrollo del trámite de revisión, el magistrado sustanciador con fundamento en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”, consideró necesario disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran esclarecer la situación fáctica del asunto sometido a estudio. Para ello ordenó: “PRIMERO.- Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE al señor Álvaro Vincos Urueña, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia informe al despacho su lugar de vinculación laboral actual. En caso de encontrarse ejerciendo el cargo de Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal, es necesario que aporte los documentos de nombramiento y posesión de tal cargo. SEGUNDO.- Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ubicada en la calle 12 No. 7 – 65 para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia informe al despacho si: (i) Para el momento en que el señor Álvaro Vincos Urueña presentó la tutela de la referencia o durante el transcurso de ésta, existió una lista de elegibles para suplir las vacantes de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. (i) Son equiparables las pruebas del concurso de mérito que se realizan para cubrir las vacantes de Magistrado Tribunal de Sala Única y Magistrado de Tribunal de Sala Especializada. En caso de ser afirmativa la respuesta, es necesario explicar la razón por la cual se hacen concursos de méritos distintos para proveer dichos cargos. (ii) Son equiparables las funciones de Magistrado de Tribunal de Sala Única y Magistrado de Tribunal de Sala Especializada. TERCERO.- Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE a la Unidad de Administración de Carrera Judicial ubicada en Carrera 8 N°12B-82 (Edificio de la Bolsa) y a la dirección electrónica: [email protected] para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia informe al despacho si: (ii) Son equiparables las pruebas del concurso de mérito que se realizan para cubrir las vacantes de Magistrado Tribunal de Sala Única y Magistrado de Tribunal de Sala Especializada. En caso de ser afirmativa la respuesta, es necesario explicar la razón por la cual se hacen concursos de méritos distintos para proveer dichos cargos. (iii) Son equiparables las funciones de Magistrado de Tribunal de Sala Única y Magistrado de Tribunal de Sala Especializada”[16]. “PRIMERO.- Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, ubicada en la calle 12 No. 7 – 65, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia informe al despacho si la vacante de magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal – Sala Única, que antes era ocupada por el señor Álvaro Vincos Urueña, actualmente se encuentra ocupada. En caso de ser afirmativa la respuesta, informe la fecha de la elección y el tipo de vinculación que ostenta la persona que ocupa dicho cargo (provisionalidad o propiedad), además del acta de posesión. SEGUNDO.- Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ubicada en la calle 12 No. 7 – 65 para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia informe al despacho si: (i) Si existe una lista de elegibles para suplir la vacante de la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. (iv) Si existe, además del cargo del señor Álvaro Vincos Urueña, otra vacante en la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal”[17]. 18. En respuesta de las pruebas solicitadas[18], se obtuvo la siguiente información: - El 22 de abril de 2019, el señor Álvaro Vincos Urueña informó que el 1° de febrero del año en curso tomó posesión en el cargo de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de acuerdo con el traslado en propiedad que se decidió en sesión ordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 29 de noviembre de 2018[19]. - El 23 de abril de 2019, la Unidad de Administración de Carrera Judicial señaló que, estando en curso la segunda instancia de la acción de la referencia, el 1° de octubre de 2018 fue publicada la vacante del cargo de Magistrado de Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dejada por el doctor Orlando Muñoz Ortiz, razón por la cual, mediante Acuerdo PCSJA18-11152 del 15 de noviembre de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura formuló ante la Corte Suprema de Justicia la lista de candidatos, de conformidad con la relación de aspirantes del registro de elegibles que optaron por esa sede, en virtud del concurso adelantado mediante Acuerdo PSAA13-9939 de 2013 cuya vigencia inició el 10 de julio de 2018. De otro lado, precisó que no son equiparables las pruebas del concurso de mérito que se realizan para cubrir las vacantes de Magistrado de Sala Única de Tribunal y las de Magistrado de Sala Especializada de Tribunal, pues los cargos corresponden a diferente especialidad, así como los asuntos y temas de estudio que en desarrollo de sus funciones deben atender. La estructura de las pruebas para estos cargos es diferente, toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura, al adelantar los distintos procesos de selección, fija el contenido, alcance y aspectos de cada una de las etapas del proceso concursal de conformidad con el perfil y funciones de cada cargo. En este orden de ideas, aun cuando en los ejes temáticos se aplica un componente común a todos los cargos, las pruebas aplicadas para las posiciones de magistrado de Sala Única de Tribunal Superior del Distrito Judicial y de magistrado de la Sala Penal Tribunal Superior del Distrito Judicial son diferentes, pues mientras para el puesto de magistrado de Sala Penal se exige un conocimiento específico y amplio en materia penal, para el de magistrado de Sala Única, además del área penal, se requieren conocimientos en derecho laboral y en derecho civil. Asimismo, destacó que el curso de formación judicial de la Convocatoria 22, impartido por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, comprendía dos partes, una de formación general dirigida a todos los aspirantes, integrada por ejes temáticos transversales a todas las etapas, y otra de formación especializada dirigida a los aspirantes en ejes temáticos específicos acorde con la especialidad del cargo. De manera que, para efectos de impartir el curso de formación, los docentes fueron divididos en grupos, correspondiendo a distinto grupo el de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior y el de magistrado de la Sala Única del Tribunal Superior. Finalmente, aclaró que los Tribunales Superiores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 270 de 1996, son creados por el Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial. En consecuencia, las funciones de magistrado de Sala Única de Tribunal son diferentes a las funciones de magistrado de Sala Especializada de Tribunal, ya que los primeros conocen indistintamente de toda clase de procesos sin atender al criterio de especialización, contrario a lo que ocurre en las salas especializadas que, para el caso de las salas penales, es el Código de Procedimiento Penal el que determina en los artículos 33 y 34 los asuntos que conocen[20]. - El 2 de mayo de 2019, el señor Álvaro Vincos Urueña precisó que para la fecha de presentación, admisión y fallo de primera instancia de la tutela de la referencia no existía registro de elegibles para el cargo de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sino que la misma fue expedida al momento del fallo de segunda instancia. Por tanto, dicha prueba no fue conocida ni introducida en el proceso que se revisa. De otro lado, explicó que las pruebas de los concursos de mérito de magistrado de Sala Especializada de Tribunal Superior del Distrito Judicial y magistrado de Sala Única de Tribunal Superior del Distrito Judicial son equiparables, pues basta con mirar el cuadro remitido por la Secretaría de la Unidad de Administración de Carrera Judicial (folio 54 cuaderno principal) sobre los temas a presentar en las pruebas del componente o especialidad penal, para afirmar que son los mismos. La diferencia, afirma, radica en que el cargo de magistrado de Sala Única de Tribunal, además del componente específico penal debe presentar y pasar conocimientos específicos en laboral y civil, lo que supone una mayor carga que no puede interpretarse en su contra. Por último, destacó que las funciones de los magistrados de Sala Especializada y las de Sala Única de Tribunal son equiparables en el componente específico, que para este caso es materia penal, de acuerdo con los artículos 33 y 34 de la Ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal, la Ley 600 de 2000 y la Ley 1098 de 2006. De ahí que lo único diferente es la denominación del cargo[21]. - El 2 de mayo de 2019, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor Álvaro Fernando García Restrepo, indicó que para el momento en que la Sala Plena acató el fallo de segunda instancia de tutela, esto es, el 29 de noviembre de 2018, existía una lista de elegibles vigente para el cargo de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, la cual se materializó en el Acuerdo PCSJA18-11152 del 15 de noviembre de 2018 del Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, señaló que conforme con lo aclarado sobre las pruebas para los cargos de magistrado de Sala Especializada y Sala Única de Tribunal, en el presente asunto no había lugar a conceder el traslado solicitado por Álvaro Vincos Urueña. Por consiguiente, solicitó a la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional revocar la decisión de tutela proferida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia[22]. - El 7 de mayo de 2019, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia informó que la vacante de magistrado de la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal se encuentra ocupada por María Stella Jara Gutiérrez, quien fue nombrada en encargo/provisionalidad en sesión extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el 12 de marzo de 2019[23]. II. CONSIDERACIONES A. COMPETENCIA 19. Esta Corte es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto proferido el 28 de enero de 2019, por la Sala de Selección de Tutelas Número Uno de esta Corporación, que decidió seleccionar para revisión el proceso de la referencia. B. CUESTIONES PREVIAS – PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA 20. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional dictada en la materia[24] y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual solo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto. Así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, el accionante deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[25]. 21. Antes de realizar el estudio de fondo de la acción de tutela seleccionada, la Sala procederá primero a verificar si esta cumple los requisitos formales de procedibilidad. Procedencia de la acción de tutela – Caso concreto 22. Legitimación por activa: El artículo 86 de la Constitución ha previsto que cualquier persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de los derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados. El señor Álvaro Vincos Urueña, personalmente, como titular de los derechos fundamentales invocados interpuso la solicitud de amparo de la referencia, razón por la cual se encuentra acreditada la legitimidad para promover la misma (C.P. art. 86º, Decreto 2591/91 art. 1º y art.10°). 23. Legitimación por pasiva: El artículo 86 superior prevé que la acción de tutela es procedente frente a particulares cuando: (a) estos se encuentran encargados de la prestación de un servicio público; (b) la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo; o (c) el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular[26]. A su vez, el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. La demanda de tutela fue promovida en contra de la Corte Suprema de Justicia – Sala Plena, entidad pública a la que se le atribuye la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante. Por tanto, la Sala entiende acreditado el requisito de legitimación por pasiva. 24. Inmediatez: Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de interponer la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales. Conforme a lo anterior, la Corte ha dispuesto que se debe presentar la solicitud de amparo dentro de un plazo razonable, el cual debe ser analizado caso por caso[27]. Los hechos que dieron origen a la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante ocurrieron el 6 de diciembre de 2017, día en el que la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia le comunicó que, mediante plenaria celebrada el 28 de septiembre de ese año, su solicitud de traslado le fue negada, toda vez que no obtuvo los votos mínimos requeridos para su aprobación. Por consiguiente, dado que la fecha de interposición de la presente acción fue el 3 de abril de 2018, es decir, a los tres (3) meses y veintisiete (27) días de haberse generado la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor, es un término que la Sala encuentra prudente y razonable para reclamar su protección. 25. Subsidiariedad: El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 establece que la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. De igual forma, se ha aceptado la procedencia definitiva del amparo de tutela en aquellas situaciones en las que, existiendo recursos judiciales, los mismos no sean idóneos o eficaces para evitar la vulneración del derecho constitucional fundamental. 26. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido, por regla general, que no procede la acción de tutela en contra de los actos administrativos de carácter particular y concreto, pues el debate en torno a su legalidad con ocasión de su aplicación o interpretación corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. No obstante, tratándose de actos administrativos de carácter particular y concreto que presuntamente lesionan los derechos de la carrera judicial, este Tribunal ha aceptado la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo definitivo, a fin de salvaguardar el principio del mérito, toda vez que “es el único criterio que debe regir el ingreso, la permanencia y el ascenso en la carrera judicial”[28]. 27. Así, mediante sentencia T-488 de 2004, la Sala Sexta de Revisión de la Corporación resolvió el caso de un señor que ocupó el primer puesto de la lista de elegibles para el cargo de Juez Promiscuo Municipal y no fue nombrado en dicha vacante, toda vez que la entidad nominadora aceptó el traslado de otro funcionario público a ese cargo. En dicha oportunidad, la Corte señaló que la acción de tutela procede en contra de los actos administrativos que provean vacantes dentro de la carrera judicial, pese a la existencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de evitar un perjuicio injustificado para quien sí le asiste el derecho a ser nombrado. Sobre el particular manifestó: “En suma, el acto administrativo mediante el cual una persona es nombrada en un cargo para el cual no tiene derecho, sea cual sea el sistema que se haya empleado para proveer la vacante (listado de elegibles, traslado o los dos), puede ser impugnado mediante el ejercicio de la acción de tutela para evitar el perjuicio que representaría, para quien sí asiste el derecho, el ser privado injustificadamente del nombramiento por el tiempo que tarda el agotamiento de las acciones contencioso administrativas ordinarias”. 28. En el mismo sentido, la Sala Primera de Revisión de este Tribunal, en sentencia T- 159 de 2017, analizó el caso de una funcionaria judicial a quien le negaron su solicitud de traslado por razones de salud, del Tribunal Administrativo de Bolívar al Tribunal Administrativo de Santander, por presentarse tal petición fuera del término previsto para ello. En esa ocasión, la Corte consideró que aun cuando la decisión que se cuestionaba podía recurrirse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y solicitar las medidas cautelares pertinentes para el efecto, la acción de tutela era el mecanismo judicial procedente para dejar sin efectos los actos administrativos que presuntamente lesionan derechos de carrera. Al respecto se precisó: “Si bien la accionante pudo acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en procura de perseguir la nulidad de los actos administrativos a los que les atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales, además del restablecimiento de los mismos, y solicitar las medidas cautelares pertinentes para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, conforme a los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011, la Corte ha aceptado que se acuda al mecanismo del amparo constitucional cuando se pretende dejar sin efectos actos administrativos que presuntamente lesionan derechos de carrera, como puede ocurrir en el presente caso con el derecho al traslado de un servidor judicial por razones de salud. Además, ha estimado que la acción de tutela proporciona una solución más integral, máxime cuando está en entredicho el derecho a la salud de quien acude a ella, por lo que se constituye en el mecanismo idóneo y eficaz para dar una protección inmediata y definitiva” (negrilla fuera del texto). 29. Conforme con lo expuesto en precedencia, procede de manera excepcional la acción de tutela contra actos administrativos que decidan el traslado de funcionarios judiciales por razones de salud, aun cuando los mismos podrían recurrirse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y ser objeto de las medidas cautelares previstas en los artículos 229 y 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en caso que el juez de tutela advierta que dicho acto presuntamente está afectando los derechos que se derivan de la carrera judicial. 30. Cabe destacar, que la Corte Constitucional ha señalado de manera general que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es idónea y efectiva para proteger derechos que puedan verse amenazados o vulnerados por actuaciones de la administración[29]. Igualmente, después de realizar un estudio de la manera como se encuentran reguladas en la Ley 1437 de 2011, ha señalado que las medidas cautelares que pueden solicitarse en el marco de los procesos iniciados con base en las acciones previstas en la mencionada ley tienen esas mismas características por su naturaleza preventiva, conservativa anticipativa o de suspensión[30]. Por esta razón, resulta en principio improcedente la acción de tutela contra actuaciones de la administración cuando no se ha presentado una acción contenciosa en la cual se pueden solicitar medidas cautelares. Al respecto, ha dicho que “[p]or regla general, es improcedente la acción de tutela contra actos administrativos, por cuanto los medios de control y las medidas cautelares establecidos en la Ley 1437 de 2011 se presumen idóneos y eficaces para adelantar el control de legalidad de dichos actos”[31]. Sin embargo, la Corte Constitucional también ha sostenido que cuando se discuten actos administrativos en el marco de un concurso de méritos, procede excepcionalmente la acción de tutela como mecanismo definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren de forma clara, grave y directa derechos fundamentales del actor o su núcleo fundamental[32]. 31. En este orden de ideas, esta Sala considera que la tutela de la referencia cumple con el requisito de procedibilidad toda vez que el demandante está cuestionando el acto administrativo por medio del cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de ente nominador, negó el traslado por razones de salud de la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y en su lugar, prefirió mantener en dicha vacante a un funcionario en provisionalidad, afectando con tal decisión, presuntamente, los derechos que se derivan de la carrera judicial. Además dicha decisión afectó, presuntamente, el derecho fundamental a la salud del señor Vincos Urueña al no permitir, en atención a su padecimiento médico, el traslado a una ciudad de clima frío como Bogotá, pese a la recomendación emitida por su médico tratante. C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN 32. Acorde con los fundamentos fácticos señalados en la Sección I anterior de esta providencia, le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de ente nominador, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, a la salud y al trabajo en condiciones dignas del señor Álvaro Vincos Urueña al negarle el traslado por razones de salud que solicitó para el cargo vacante de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, pese a que (a) contaba con una recomendación médica; y (b) con el concepto favorable de la Unidad de Administración de Carrera Judicial. 33. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá al régimen legal y jurisprudencial de los traslados por razones de salud en la Rama Judicial (sección D) y sobre la base de este análisis, resolverá el caso concreto sometido a estudio (Sección E). D. RÉGIMEN LEGAL Y JURISPRUDENCIA DE LOS TRASLADOS POR RAZONES DE SALUD EN LA RAMA JUDICIAL 34. El artículo 29 de la Constitución consagra la protección del debido proceso y dispone que este derecho consiste “en el respeto a las formas previamente definidas, en punto de las actuaciones que se surtan en el ámbito administrativo y judicial, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad”. Este derecho ha sido concebido por la jurisprudencia constitucional como una reunión de etapas establecidas por la ley, que tienen como finalidad que las autoridades administrativas las cumplan y, a su vez, brinden a los administrados seguridad jurídica, así como el correcto funcionamiento de la administración y la certeza de la validez de sus actuaciones[33]. 35. Acorde con el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, modificado por el artículo 1 de la Ley 771 de 2002, “Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial” y procede, entre otras razones, según el numeral 1 de tal artículo, cuando el interesado lo solicite por razones de salud debidamente comprobadas, que le hagan imposible continuar en el cargo o por estas mismas razones se encuentre afectado o afectada su cónyuge, compañera o compañero permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el funcionario y medie su consentimiento expreso[34]. En desarrollo de lo anterior, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo PSAA10-6837 de 2010[35], mediante el cual se reglamentó el régimen de traslados de los servidores judiciales. 36. Posteriormente, la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura el 18 de septiembre de 2017 emitió el Acuerdo PCSJA17-10754 “Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras disposiciones en la materia” el cual reproduce de manera idéntica lo atinente a los traslados de los servidores judiciales por razones de salud contenido en el Acuerdo PSAA10-6837 de 2010. Respecto de éste último su artículo séptimo dispone: “ARTÍCULO SÉPTIMO.- los servidores judiciales en carrera, tienen derecho a ser traslados por razones de salud, debidamente comprobadas, a otro despacho judicial, cuando las mismas le hagan imposible continuar en el cargo o por éstas se encuentre afectado o afectada su cónyuge, compañero o compañera permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil” (negrilla fuera del texto). 37. En este orden de ideas, es claro que para aquellos servidores judiciales que pretendan un traslado, por razones de salud, estos deberán presentar su solicitud dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, de acuerdo con las publicaciones de vacantes definitivas que efectúe la Unidad de Administración de la Carrea Judicial o las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales, a través de la página web de la Rama Judicial[36]. 38. Respecto de los Magistrados de Tribunal y Consejo Seccional, la solicitud de traslado por razones de salud tendrá que ser dirigida y presentada a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial para el respectivo trámite y concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Dicho concepto debe contar con el cumplimiento de los siguientes aspectos, entre otros[37]: (a) el diagnóstico médico sobre las condiciones de salud que se invocan, cuya fecha de expedición no puede superar los tres (3) meses salvo que se trate de enfermedades crónicas, progresivas, degenerativas o congénitas, en cuyo caso la vigencia del dictamen médico puede ser superior a los tres (3) meses sin sobrepasar los seis (6) meses, debe ser emitido por la entidad promotora de salud (EPS – IPS) o por la administradora de riesgos profesionales (ARP)[38] a la cual se encuentre afiliado el servidor en el que se recomiende expresamente el traslado por la imposibilidad de continuar desempeñando el cargo del cual es titular; (b) la acreditación del parentesco cuando se trate de enfermedades del cónyuge, compañera o compañero permanente, descendientes, ascendientes en primer grado de consanguinidad o único civil; y (c) en caso de no ser atendida la prescripción médica, la Unidad de Administración de Carrera Judicial le ofrecerá las vacantes existentes al momento, a efectos de obtener el consentimiento expreso del servidor. 39. Una vez realizado el concepto, será remitido a la entidad nominadora junto con la lista de aspirantes para el cargo vacante, si a ello hubiere lugar, a efectos de que decida sobre el traslado por razones de salud[39]. En todos los casos las autoridades nominadoras deberán informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior – Unidad de Administración de Carrera Judicial, de manera inmediata, según la normatividad vigente, sobre la decisión del traslado o listas de elegibles, para que se realicen las anotaciones respectivas y se ejerza el adecuado control de movimiento de personal[40]. 40. Adicionalmente, es importante destacar que el artículo 24 del Acuerdo PCSJA17-10754 incorpora una tabla de afinidades para decidir sobre las peticiones de traslado, a fin de determinar si existe similitud entre el cargo de origen y el cargo de destino. “ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Tabla de afinidades. Para decidir sobre las peticiones de traslado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se deberá observar la siguiente tabla de afinidades. Afinidades Cargo de Origen en Propiedad Cargo Destino del Traslado Juez Promiscuo Municipal. Juez civil municipal/ pequeñas causas y competencia múltiple/ pequeñas causas laborales/ penal municipal (con función de Control de garantías, función de conocimiento o mixto) / penal municipales de adolescentes de control de garantías. Juez Promiscuo Circuito. Juez civil circuito/ penal circuito/ laboral circuito/ civil circuito restitución de tierras. Juez Civil Circuito con Conocimiento en Laboral. Juez civil del circuito/ laboral del circuito. Juez Penal del Circuito y Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Juez penal del circuito / ejecución de penas y medidas de seguridad. Juez Promiscuo de Familia Juez de familia / penal del circuito de adolescentes. Magistrado(a) Sala Civil – Familia Magistrado(a) Sala Civil / Magistrado(a) Sala Familia Magistrado(a) Sala Única Magistrado(a) Sala Única Parágrafo. Cuando el servidor judicial haya participado y aprobado una convocatoria dentro de la cual fue escalafonado en una determinada especialidad y luego solicite traslado según la tabla de afinidades, con posterioridad a ello también podrá regresar a la especialidad para la cual concursó y aprobó, como se desprende del artículo 164 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia” (negrilla fuera del texto). 41. Sobre el trámite de traslados de funcionarios judiciales por razones de salud, la Corte Constitucional mediante sentencia T-159 de 2017 precisó que “las peticiones de traslado deben ser estudiadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de Administración de Carrera Judicial–, entidad que debe valorar, cuando las solicitudes sean por razones de salud, documentos tales como los dictámenes médicos que acreditan el problema de salud del funcionario o de sus familiares y la recomendación de traslado, la existencia del certificado de vacancia definitiva del cargo al que se pretende el traslado y la manifestación expresa del deseo del funcionario de ser trasladado a la plaza que se encuentra vacante”. Igualmente, la Corporación precisó que “[e]l concepto favorable emitido no es vinculante pues la decisión final sobre quién ocupará el cargo vacante compete al ente nominador. Sin embargo, sin el aludido concepto, la hoja de vida del funcionario que solicita el traslado no podrá ser valorada por el ente nominador, pues sí es un requisito para que el funcionario sea tenido en cuenta a la hora de elegir quien ocupará la vacante a proveer”. 42. Por su parte, el Consejo de Estado – Sección Primera en sentencia proferida el 11 de abril de 2018[41] resolvió la acción de tutela presentada por un magistrado del Tribunal Administrativo del Chocó al que no le fue emitido un concepto favorable frente a su solicitud de traslado por razones de salud al Tribunal Administrativo del Tolima. En esa ocasión, el alto tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siguiendo las reglas previstas por la sentencia T-159 de 2017, precisó que el mérito es el único criterio que debe regir el ingreso, la permanencia y el ascenso en la carrera judicial, pues es con base en éste, exclusivamente, que las entidades nominadoras deben elegir a los servidores que ocuparán las vacantes que surjan en sus respectivas jurisdicciones, sin importar el sistema que se emplee para la provisión de los cargos. No obstante, indicó el Consejo de Estado que dicha regla encuentra una excepción en materia de traslados por razones de salud al considerarse que, en estos casos, es necesario ponderar el derecho a la salud y la vida del funcionario o de sus familiares frente al derecho a acceder a cargos públicos en igualdad de condiciones. 43. En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha señalado que, en materia de traslados por razones de salud de funcionarios de la rama judicial[42], son aplicables las reglas del derecho de petición en caso de elevarse solicitudes tendientes a conocer la decisión de traslado. De manera que, dicha respuesta debe emitirse dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la petición y resolver de fondo, de manera clara y de forma congruente a lo pedido, sin que ello implique una respuesta afirmativa. 44. De otro lado, la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia de tutela del 12 de diciembre de 2018[43], resolvió el caso de una solicitud de traslado por razones de salud, cáncer de colón, de una magistrada del Tribunal Superior del Distrito. En esa oportunidad, el amparo fue concedido toda vez que el ente nominador no tuvo en cuenta la gravedad de la enfermedad padecida por la accionante y la imposibilidad de tratarla en la ciudad de Sincelejo. No obstante, en dicha providencia, con base en las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, a saber, las sentencias T-488 de 2004 y T-947 de 2012, la Sala de Casación Civil aclaró que si bien es cierto que constitucional y legalmente la autoridad nominadora puede denegar la petición de traslado a pesar del concepto favorable que avaló su procedencia, esa decisión debe basarse en criterios objetivos, concretos y razonados, para evitar la arbitrariedad y el quebranto de los derechos de los funcionarios y empleados. En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia[44] ha señalado que se vulnera el debido proceso administrativo cuando existe falsa motivación en la respuesta frente a la solicitud de traslado por razones de salud, pues dichas solicitudes no pueden negarse con base en aspectos personales dado que ello desconoce el principio del mérito como criterio de ingreso en la carrera judicial. 45. Acorde con lo expuesto en precedencia, las solicitudes de traslado por razones de salud de magistrados de Tribunal (Superior del Distrito Judicial o Administrativos) deben tramitarse de conformidad con lo previsto en el PCSJA17-10754 de 2017 expedido por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, que reproduce las disposiciones previstas en el PSAA10-6837 de 2010, según el mismo sea modificado, el cual supone el cumplimiento de términos para la presentación de tales solicitudes y la valoración de unos requisitos, a efectos de que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pueda emitir un concepto sobre dicha solicitud, este último requisito sin el cual el funcionario judicial no puede ser evaluado para la vacante. Cabe destacar que, aun cuando tal concepto no obliga al ente nominador, la decisión de negar o aceptar el traslado solicitado debe basarse en criterios objetivos, concretos y razonados, a fin de no vulnerar el principio del mérito y el acceso a cargos públicos. Una vez decidida, deberá informarse al interesado, o podría ser requerida la información sobre la decisión por el solicitante mediante escrito de petición a la entidad nominadora, el cual debe contestarse dentro de los 15 días hábiles siguientes de forma clara, de fondo y congruente. E. SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO 46. En el caso estudiado por la Sala en esta oportunidad, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de ente nominador, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, a la salud y al trabajo en condiciones dignas del señor Álvaro Vincos Urueña al negarle el traslado por razones de salud que solicitó para el cargo vacante de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, pese a que (a) contaba con una recomendación médica; y (b) el concepto favorable de la Unidad de Administración de Carrera Judicial. 47. Conforme con los elementos probatorios visibles en el expediente, la Sala advierte que (i) el 6 de mayo de 2015, Álvaro Vincos Urueña se posesionó en propiedad en el cargo de Magistrado de la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal[45]; (ii) el 5 de junio de 2017, ante la Unidad de Administración de Carrera Judicial elevó solicitud de traslado por razones de salud, para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en reemplazo del Doctor Orlando Muñoz Neira[46] y anexó copia de su historia clínica, específicamente, la consulta de control del día 8 de febrero de 2017 en la que se indica que el accionante padece de sinusitis y rinitis crónica, y “al paciente se le ha sugerido traslado de residencia y reubicación laboral a clima templado o frío”[47]; (iii) el 27 de julio de 2017, la Unidad de Administración de Carrera Judicial emitió concepto favorable de traslado por razones de salud a la solicitud del señor Vincos Urueña. Al respecto señaló: “teniendo en cuenta que el diagnóstico relaciona una patología de carácter crónico y existe una recomendación clara y expresa por parte del médico tratante, en la cual se expresa la necesidad de traslado de residencia y reubicación laboral a un clima templado o frío como lo es la ciudad de Bogotá, se hallan los presupuestos necesarios para la viabilidad del traslado”. 48. El 22 de noviembre de 2017, el señor Vincos Urueña presentó petición al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, a efectos de que le fuera informada la decisión sobre su solicitud de traslado[48]; (v) el 6 de diciembre de 2017, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia respondió a dicha solicitud del accionante, precisando que las razones objetivas por las cuales no fue aceptada su solicitud de traslado obedecieron a que “el asunto fue sometido a consideraciones de la plenaria y en virtud de que la solicitud no obtuvo el número de votos favorables requeridos para ser aprobada, no fue trasladado”. 49. De manera preliminar, se puede concluir que el accionante presentó su solicitud de traslado por razones de salud conforme con lo previsto en el Acuerdo PSAA10-6837 de 2010, vigente para el momento de los hechos, toda vez que elevó su petición ante la Unidad de Administración de Carrera Judicial el día 5 del mes de junio del 2017, a fin de que se efectuara el concepto requerido para que su solicitud fuera evaluada por el ente nominador. Así mismo, adjuntó como anexo en su petición de traslado un certificado médico de su padre con un padecimiento, sin embargo, la solicitud de traslado se fundamentó exclusivamente en su propia condición de salud, sin profundizar o poner en conocimiento la necesidad de ser trasladado por razones de salud de su padre, como tampoco señaló las motivaciones que conllevarían a que fuese necesario el traslado para que el funcionario judicial pudiese estar al lado de su padre. Por lo cual, entiende la Sala que la verdadera motivación del accionante fue la de solicitar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial el visto bueno para el traslado, por razones de su propia condición. 50. Ahora bien, con ocasión de las pruebas solicitadas por el juez constitucional, se pudo constatar que el accionante fue nombrado en propiedad en el cargo de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el día 1° de febrero de 2019. 51. No obstante, la Sala no comparte lo decidido en las sentencias de instancia impugnadas, por cuanto, dichos fallos se apartan de los postulados de la Constitución. En este sentido, es preciso destacar que acorde con la jurisprudencia constitucional el concepto que emite la Unidad de Administración de Carrera Judicial no tiene el carácter de vinculante para el ente nominador, toda vez que hace parte de su facultad discrecional decidir sobre los traslados por razones de salud. No obstante, la Corte también ha reconocido que las razones que nieguen el traslado deben atender a motivos objetivos, concretos y razonados, a fin de preservar el principio del mérito y el acceso a los cargos públicos. 52. Ahora bien, de conformidad con los medios de prueba aportados en sede de revisión, es posible concluir que las razones por las cuales la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia negó el traslado solicitado por el señor Vincos Urueña, pese al concepto favorable emitido por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, no se refirieron a motivos subjetivos, sino que, por el contrario, aluden a razones objetivas, concretas y razonadas inspiradas en el respeto por el principio del mérito y la carrera judicial, pues el punto central de la discusión giró en la imposibilidad de permitir el traslado entre cargos distintos, dado que el señor Vincos Urueña ostentaba la calidad de Magistrado de la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y pretendía su nombramiento como Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, es decir, una sala especializada. Adicionalmente, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia también advirtió mediante oficio remitido en sede de revisión que la enfermedad padecida por el demandante no tiene la gravedad suficiente para imposibilitarlo en el ejercicio de sus labores en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. Llama la atención la Sala al hecho que las solicitudes de petición que le sean formuladas, diferentes a aquellas que se refieran al ejercicio de las funciones jurisdiccionales[49], deben cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal, a saber, (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva. 53. En este sentido vale la pena traer a colación la intervención, en sede de revisión, de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, pues en ella se resaltó que las pruebas para el concurso de méritos que se r...