Sentencia T-300 de 2015

T-300-15 Sentencia T-300/15 ACCION DE TUTELA CONTRA RESGUARDO INDIGENA-Caso en que miembro de comunidad indígena es sancionado con expulsión de resguardo, la quema de su lugar de habitación y la puesta de sus enseres a las afueras del territorio que comparte la comunidad PRINCIPIO DE DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Protección constitucional PRINCIPIO DE DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Facultad de autodeterminación JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA-Elementos fundamentales que ha reconocido la jurisprudencia AUTONOMIA INDIGENA-Limitaciones Existen dos limitantes básicas para el ejercicio de la autonomía de la jurisdicción indígena: de una lado, la prohibición de generar situaciones que resulten verdaderamente intolerables por atentar contra los bienes más preciados del hombre, y, del otro, el respeto por el núcleo duro de los derechos fundamentales de los miembros de las comunidades indígenas. PENAS DE DESTIERRO Y CONFISCACION-Tratamiento jurisprudencial en el caso de comunidades indígenas La Corte Constitucional ha tenido oportunidad de analizar casos en los que comunidades indígenas, en ejercicio de su autonomía y dando aplicación a las reglas que rigen su convivencia, adelantan procesos sancionatorios que terminan con la imposición de las penas de expulsión del territorio del Resguardo y pérdida de derechos sobre los bienes colectivos, las cuales podrían llegar a ser asimilables al destierro y a la confiscación. En principio, la pena de expulsión del Resguardo que imponen las autoridades indígenas dentro de su autonomía jurisdiccional, no puede encuadrarse dentro de la prohibición constitucional prevista en el artículo 34 de la Carta Política, en particular, porque en esos casos no se trata de que se disponga la expulsión del indígena del territorio nacional, sino únicamente del lugar que habita la comunidad. Sin embargo, es innegable que, de manera general, esta sanción tiene una relevancia especial al implicar, de un lado, la separación del individuo del entorno que le es connatural, con el que comparte una misma visión y cultura, y, desde el punto de vista de la comunidad indígena, la pérdida de uno de sus miembros. En cuanto a la pena de confiscación, es posible concluir que, desde una perspectiva constitucional, en el ámbito de la comunidades indígenas y teniendo en cuenta el carácter colectivo de la propiedad, ella implica la prohibición de que se despoje al afectado de todos los derechos que tiene sobre los bienes que le han sido asignados, específicamente, de aquellos que surgen en razón de las mejoras que el afectado hubiere podido hacerle a los mismos, con lo cual se busca evitar que se vea abocado, tanto él como su familia, a una situación de “indigencia y de absoluto despojo”. PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Improcedencia por cuanto en la decisión de la sanción de destierro a indígena, no existió una vulneración al derecho al debido proceso del actor PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Se advierte a autoridades Indígenas que no pueden impedir o negar a la familia del accionante su entrada o permanencia en el territorio de la comunidad Referencia: Expediente T-4.694.633 Acción de tutela instaurada por José Ramiro Rojas González contra la Asamblea General del Resguardo Indígena Tamas Páez La Gabriela Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente, SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos de tutela emitidos por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Neiva, Huila, el 22 de julio de 2014, y por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la misma ciudad, el 27 de agosto del 2014[1], en el asunto de la referencia. I. ANTECEDENTES El Personero Municipal de Neiva, actuando en nombre del señor José Ramiro Rojas González, formuló acción de tutela contra la Asamblea General del Resguardo Indígena Tamas Páez La Gabriela, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, al trabajo, al debido proceso y al mandato constitucional que prohíbe las penas de destierro y confiscación, con fundamento en los siguientes, 1. Hechos 1.1. El señor José Ramiro Rojas González es indígena, miembro del Resguardo Tamas Páez La Gabriela, ubicado en el corregimiento del Caguán, municipio de Neiva. 1.2. En contra del señor Rojas González fue iniciado un proceso por parte de las autoridades del Resguardo Indígena, por la comisión de diversas faltas contra el Reglamento Interno de la comunidad, tales como su no asistencia a las asambleas, su falta de participación en actividades comunitarias de carácter obligatorio, su carácter conflictivo, las indebidas interferencias en las decisiones que corresponde a las autoridades del Cabildo −incluso acudiendo al empleo de la fuerza física−, y su comportamiento general, dirigido a obtener solo beneficios personales. 1.3. Luego de efectuar las deliberaciones del caso, la Asamblea General del Resguardo concluyó que las faltas imputadas tenían el carácter de graves e impuso como sanción definitiva la máxima pena que existe en su jurisdicción, esto es, el destierro del indígena infractor. 1.4. Contra esa decisión, el señor Rojas González interpuso acción de tutela, la cual fue concedida en primera instancia por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Neiva, pero revocada y negada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, al conocer de la impugnación[2]. 1.5. Reiniciado el procedimiento, el 23 de febrero de 2009 la Asamblea General del Resguardo decidió nuevamente calificar las faltas como graves y, por tanto, insistir en la sanción de destierro definitivo. Como parte de la motivación de esta decisión, se expuso lo siguiente: “Durante más de tres años, José Ramiro Rojas no asiste a las asambleas de la comunidad, no participa en ninguna actividad comunitaria, de carácter obligatorio para todos los miembros y que redundan en el beneficio de la parcialidad; a su vez, solo últimamente en algunas ocasiones asistió para generar conflicto en las asambleas. Esta es una evidencia de la violación del reglamento interno, pues es un deber asistir a las reuniones de las asambleas y participar de manera respetuosa; además la actividad de asistir a estas reuniones y asambleas no son (sic) una exigencia física que pueda acarrear daños en su salud, pues sus alegatos para defender su posición de no asistencia a las asambleas es su condición de enfermedad, lo cual no se evidencia pues a usted se le ve normalmente en todas sus actividades cotidianas, y cuando asiste a ciertos eventos lo hacen (sic) de manera muy normal y saludable, lo cual no justifica su reiterada (sic) fallas al Reglamento Interno. […] fuera de ello es conocido por todos que usted es un experto ‘tinterillo’, que se la pasa en Neiva casi todos los días ejerciendo actividades particulares, dedicando todas sus energías a actividades de lucro personal, pero ni una sola acción en favor de nuestra comunidad […]”. Además, se indica que “[…] es una persona que ha vivido siempre por fuera de la comunidad indígena, ha adquirido una pensión por parte de la Policía Nacional, fuera de ello tiene posesiones propias por fuera del Resguardo, es una persona que tiene formas de pervivencia autónoma, sus necesidades no las satisface con la comunidad, y además lo más gravoso es que no cumple con los compromisos comunales […]”. 1.6. Las autoridades indígenas le otorgaron un plazo al señor Rojas González para que diera cumplimiento a la decisión adoptada. Sin embargo, comoquiera que éste no lo hizo voluntariamente, el 10 de abril de 2009 las autoridades del Resguardo adelantaron la diligencia de desalojo, ordenaron la quema del inmueble en el que vivía el indígena sancionado y llevaron los enseres que allí se encontraban a las afueras de su territorio. Este procedimiento se hizo constar en el libro de anotaciones de la Policía Nacional de la siguiente manera: “A la fecha y hora plasmada en la presente anotación se deja constancia del procedimiento de acompañamiento que se hizo a la comunidad indígena Tamas Paez, en el desalojo que se hiciera al señor José Ramiro Rojas González identificado con la cédula de ciudadanía […]. Es de anotar que el procedimiento fue realizado por el personal de la guardia indígena y el Gobernador Indígena de la Comunidad. En ningún momento se hizo uso de la fuerza. Se acompañó al señor José Ramiro hasta la salida de los predios del resguardo. Se deja constancia que se expulsó únicamente al señor José Ramiro tal y como se manifestaba en la parte del encabezado de la resolución allegada; se le recalcó al señor Gobernador de la comunidad Jorge E. Salazar, el buen trato con la familia del señor Ramiro Rojas, respetando la dignidad humana que establece nuestra Constitución Política […]. Al término de la diligencia, el señor José Ramiro Rojas entregó un escrito recalcando la seguridad de su familia así como sus bienes. Se deja constancia que el procedimiento de acompañamiento fue realizado por el personal de la Estación Caguán al mando del Comandante de Estación y los funcionarios de la Oficina de derechos humanos […]. De la constancia del buen trato recibido en el procedimiento firma con puño y letra el señor José Ramiro Rojas González […]”. 1.7. El 21 de abril de 2009, la Personería Delegada para Derechos Humanos de Neiva, en asocio con un delegado de la Defensoría del Pueblo y un Intendente de la Policía Nacional, visitó el Resguardo a fin de verificar las condiciones en las que se había presentado el desalojo, diligencia en la cual se encontró que “la vivienda donde vivía la familia Rojas, fue quemada y sus enseres se encuentran en la entrada de la comunidad, a un lado de la carretera, junto con los animales que están dentro”. 1.8. La Personería aduce que desde ese momento el señor Rojas González ha adelantado distintas actuaciones tanto frente al Cabildo como ante autoridades ajenas al mismo, a fin de que se le permita regresar a la comunidad. Sin embargo, todas ellas han sido infructuosas. 2. Argumentos en los que se funda la acción de tutela y pretensiones Con fundamento en los hechos atrás señalados, el Personero Municipal de Neiva, actuando en nombre del señor José Ramiro Rojas González, solicita la protección de los derechos fundamentales del indígena afectado. A su juicio, la decisión adoptada por la comunidad accionada comporta un desconocimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 34 de la Carta Política, de acuerdo con el cual están prohibidas las penas de destierro y confiscación. En ese sentido, considera que el Resguardo no podía ordenar el desalojo del señor Rojas González ni tampoco la destrucción de su lugar de vivienda, asunto sobre el cual cabe aplicar el precedente fijado en la Sentencia T-254 de 1994, en la que la Corte Constitucional analizó un caso similar al aquí planteado. Adicionalmente, aduce que se vulneró el derecho al debido proceso del afectado, entre otras razones, porque no se le permitió defenderse, no se recabaron pruebas que demostraran la comisión de las faltas endilgadas, se impuso una sanción desproporcionada y se procedió a hacerla efectiva de manera violenta, mediante la quema de la vivienda y el desalojo de sus enseres, los cuales fueron puestos a la intemperie a la orilla del rio Neiva. Todo lo anterior, con el agravante de que su familia fue incluida dentro de la decisión de destierro. El Personero afirma, además, que la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) dio cuenta de esta situación, en comunicaciones mediante las cuales solicitó tanto al Ministerio del Interior como a la Policía Nacional su intervención, a fin de apoyar la problemática del indígena desterrado. Finalmente, indica que el señor Rojas González se encuentra en una precaria situación económica, ya que actualmente está desempleado y se ha visto obligado a vivir en una zona con graves problemas de orden público. En consecuencia, solicita que se “orden[e al] RESGUARDO INDÍGENA TAMAS PAEZ LA GABRIELA acoger nuevamente en la comunidad indígena, bajo la responsabilidad de ésta, al actor y a su familia, mientras se procede nuevamente a tomar la decisión a que haya lugar por los hechos que se imputan al señor JOSE RAMIRO, sin que ésta última pueda involucrar a su familia dentro de un juicio que respete las normas y procedimientos de la comunidad, pero con estricta sujeción a la Constitución”. 3. Intervención del Resguardo Indígena Tamas Páez La Gabriela Adela Molano Soto, Gobernadora del Resguardo Indígena Tamas Páez La Gabriela y representante legal de la Asamblea General, solicitó que se niegue la presente solicitud de amparo, ya que tanto el proceso que se siguió en contra del señor Rojas González como el procedimiento de desalojo del mismo, se hicieron con apego a las normas de la comunidad y respetando las garantías fundamentales del afectado. 4. Pruebas relevantes aportadas al proceso a. Copia de la Resolución de destierro dictada por la Asamblea General del Resguardo Indígena Tamas Paez La Gabriela, del corregimiento del Caguán, Neiva, en contra del señor José Ramiro Rojas González.[3] b. Copia del libro de anotaciones de la Policía Nacional, donde se consignó la actuación de desalojo del señor Rojas González del Resguardo La Gabriela.[4] c. Copia del Acta de Visita al Resguardo Indígena, realizada por la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y la Personera Delegada para Derechos Humanos, el día 21 de abril de 2009.[5] d. Copia del Acta de entrega de bienes y enseres al indígena José Ramiro Rojas, de 20 de abril de 2009.[6] e. Copia de las comunicaciones remitidas por la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU, el 15 de abril de 2009 y el 17 de febrero de 2010, a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio de Defensa[7] y a la Policía Nacional[8], respectivamente. f. Copia de comunicación remitida por el señor Rojas González al Ministerio del Interior, el 19 de mayo de 2014, así como de la respuesta emitida por esa entidad el día 26 del mismo mes y año.[9] g. Copia de la cédula de ciudadanía del señor José Ramiro Rojas González.[10] h. Copia del Acta de Posesión de Jesús Elías Meneses Perdomo como Personero de Neiva, de 15 de enero de 2012.[11] i. Copia del Acta de Posesión de la Junta Directiva del Cabildo Indígena Tama Paez La Gabriela, para el año 2014.[12] j. Copia de dos comunicaciones dirigidas por las autoridades del Cabildo al señor Rojas González, fechadas el 26 de octubre de 2008 y el 19 de abril de 2009, en las que se le informa que debe abandonar la comunidad.[13] II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN 1. Sentencia de primera instancia El 22 de julio de 2014, el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Neiva, Huila, decidió negar por improcedente el amparo tutelar solicitado. En criterio del a quo, el actor debió haber manifestado sus inconformidades dentro del proceso que siguieron las autoridades del Resguardo, lo cual no hizo. Adicionalmente, considera no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, ya que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial, ante la jurisdicción ordinaria, para efectos de dirimir el conflicto que mantiene con la comunidad indígena, sin que se haya demostrado que se está frente a la inminente configuración de un perjuicio de carácter irremediable. Por último, estima que tampoco se cumple con el requisito de inmediatez, puesto que ya han transcurrido más de cinco años desde el momento en que ocurrieron los hechos. 2. Impugnación Dentro del término previsto para el efecto, el señor José Ramiro Rojas González y el Personero Municipal de Neiva impugnaron la decisión de primera instancia. El primero, se limitó a consignar la palabra “IMPUGNO” en el oficio mediante el cual se le informó el sentido de la decisión. Por su parte, el Personero Municipal presentó un escrito en el que sostiene que, a pesar de que es cierto que ha transcurrido un tiempo considerable entre la decisión que se controvierte y la interposición de la acción, lo cierto es que la comunidad no podía imponerle las sanciones de destierro y confiscación al afectado, dado que ellas se encuentran proscritas por expreso mandato constitucional. Además, afirma que durante el tiempo que ha transcurrido, el señor Rojas González se ha dirigido a distintas autoridades para solicitar la protección de sus derechos, en particular, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior, de manera que no ha sido negligente en la defensa de sus derechos. 3. Sentencia de segunda instancia Mediante providencia de 27 de agosto de 2014, el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Neiva, Huila, confirmó la decisión impugnada, pero por argumentos distintos a los planteados por el a quo. En efecto, para el despacho el presente asunto no plantea un problema de inmediatez, ya que la violación de los derechos se ha mantenido en el tiempo. Sin embargo, analizado el tema de fondo, estima que la pena de destierro aplicada en este caso no tiene el alcance de la figura prevista en el artículo 38 de la Carta Política, en los términos precisados por la Corte Constitucional, ya que no implica su expulsión del territorio nacional sino únicamente del lugar que habita el Resguardo, de manera que no puede entenderse como contraria a los mandatos constitucionales[14]. De otro lado, considera que no se precisó en qué consistió supuestamente la vulneración del derecho al debido proceso del afectado, y que, de acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, al señor Rojas González no le fue impuesta la pena de confiscación, toda vez que sus muebles y enseres fueron retirados del Resguardo pero no apropiados por él. Finalmente, y en cuanto a la situación de la familia del indígena en cuestión, aduce, en primer lugar, que el Personero no manifestó obrar en su nombre ni individualizó a sus integrantes y, en segundo término, que si ellos abandonaron el Resguardo no fue como consecuencia de la sanción impuesta por la comunidad –en la cual únicamente se hace alusión al señor Rojas González–, sino de su propia voluntad. III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala de Selección número Uno, mediante auto de 27 de enero de 2015, dispuso seleccionarlo y repartirlo a la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional. 1. Competencia Esta Corte es competente para conocer de la revisión de los fallos proferidos en el trámite de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes. 2. Problema jurídico De acuerdo con lo descrito en el acápite de antecedentes de esta providencia, corresponde a esta Sala determinar si la Asamblea General del Resguardo Tamas Páez La Gabriela, al adoptar la decisión de expulsión del indígena José Ramiro Rojas González, excedió los límites constitucionales previstos para el ejercicio de la autonomía de las comunidades indígenas. Con tal propósito, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional en torno a (i) el principio constitucional de diversidad étnica y cultural; (ii) la jurisdicción especial indígena, y (iii) las penas de destierro y confiscación aplicadas en el marco de procesos de esa naturaleza, para luego, finalmente, efectuar el análisis del caso concreto. 3. El principio constitucional de diversidad étnica y cultural; reiteración de jurisprudencia. 3.1. De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política, “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria”, que se identifica por su condición democrática, participativa y pluralista y que se funda, según allí mismo se establece, en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la integran. El artículo 7 de la Carta Política establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Por su parte, el artículo 70 establece que la cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y que el Estado debe reconocer con igual dignidad todas las culturas que conviven en el país. En los mandatos constitucionales atrás señalados, encuentra sustento el denominado principio de diversidad étnica y cultural, el cual responde a la necesidad de concretar el carácter democrático, participativo y pluralista del Estado colombiano, a través de la aceptación de la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo. Lo anterior resulta especialmente importante si se considera que “la identidad nacional acogida por la Constitución Nacional es, entonces, una identidad pluralista. No presupone ni exige coincidencias. No implica homogeneidad. Todo lo contrario, se orienta a reconocer la riqueza de la diversidad. La Constitución de 1991 ofrece un espacio para la convivencia de distintos puntos de vista y de diferentes matices y cosmovisiones” [15]. Tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, en el caso de los pueblos indígenas o tribales el anotado principio implica el otorgamiento de un tratamiento especial, consecuente con sus valores culturales y con las particularidades propias de su condición[16]. Como parte de ese tratamiento especial se encuentran disposiciones constitucionales como, por ejemplo, aquellas que establecen el derecho de propiedad de resguardos y tierras colectivas, así como su condición de inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículos 63 y 329), la referida a la existencia de una jurisdicción especial para los pueblos indígenas (artículo 246), la relacionada con el derecho de estos últimos de gobernarse por sus propias autoridades según sus usos y costumbres (artículo 330), y las que consagran un régimen especial de representación en el Congreso de la República para las comunidades indígenas y los grupos étnicos (artículos 171 y 176). 3.2. Una de las manifestaciones del principio de diversidad étnica y cultural es la facultad que tienen estas comunidades y grupos de autodeterminarse; ésta, comprende el derecho de establecer “[…] sus propias instituciones y autoridades de gobierno; a darse o conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o proyecto de vida; y de adoptar las decisiones internas o locales que estime más adecuadas para la conservación o protección de esos fines”[17]. 3.3. El respeto por la autonomía de las comunidades indígenas, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, comprende, al menos tres ámbitos de protección; así, en la Sentencia T-973 de 2009[18], esta Corporación los delimitó de la siguiente manera: i) El primero, relacionado con la posibilidad de que estas comunidades participen en las decisiones que los afectan, lo cual “supone que en las relaciones entre estos pueblos y el Estado, la consulta previa a las comunidades indígenas juega un rol necesario […], para asegurar que las aspiraciones culturales, espirituales y políticas de los pueblos indígenas sean consideradas en el ejercicio de las demás atribuciones y competencias de la Administración. Por lo tanto, estos pueblos tienen el derecho a ser consultados previamente con relación a las decisiones que los afecten, en los términos que determine la Constitución y la ley.”[19] ii) El segundo, relativo a la garantía de que las comunidades indígenas tengan participación política en el órgano de representación popular, esto es, en el Congreso de la República. En este sentido “las comunidades indígenas tienen el derecho de participar en la circunscripción especial electoral prevista para ellas, de acuerdo con la Constitución. En la sentencia T-778 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), se precisó sobre el particular, que en materia de representación política, existe norma constitucional expresa que proyecta la diversidad cultural fuera de los territorios indígenas y concede una protección a las comunidades, a fin de asegurarles un mínimo de representación a nivel nacional (C.P. arts.171 y 176). Las disposiciones constitucionales correspondientes, se erigen entonces como un estatuto especial de representación política indígena, que protegen y reconocen su diversidad étnica y cultural y su derecho a la participación, lo que contribuye a la materialización de la democracia participativa y el pluralismo del Estado en su conjunto.”[20] iii) Y, finalmente, un tercer ámbito relacionado con la posibilidad de decidir sus propias formas de gobierno y las reglas jurídicas que regirán las relaciones al interior de los pueblos indígenas. Como lo señaló esta Corporación en la sentencia a la que se viene haciendo referencia, “[e]llo supone el derecho de las comunidades, (i) a decidir su forma de gobierno (CP art. 330); (ii) el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (C.P. art. 246) y (iii) el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios, con los límites que señale la Constitución y la ley”[21], lo cual resulta ser un instrumento de reafirmación de la identidad de las comunidades indígenas, las cuales, al ejercer sus prácticas tradicionales, avanzan en el fortalecimiento de sus autoridades internas y en el auto-reconocimiento de sus espacios de expresión colectiva[22]. Los dos primeros ámbitos se relacionan con asuntos externos de la comunidad, mientras que el tercero está llamado a desplegarse al interior de la misma. El asunto que ahora ocupa la atención de la Sala, se relaciona con el último de estos ámbitos, específicamente, con la posibilidad de darse unas propias reglas y administrar justicia dentro de su respectivo territorio. 4. La jurisdicción especial indígena; jurisprudencia constitucional. 4.1. El artículo 246 de la Constitución Política prevé la existencia de la jurisdicción especial indígena en los siguiente términos: “[l]as autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. Al analizar el alcance de la citada disposición, la Corte Constitucional ha determinado que su contenido normativo comprende los siguientes elementos: “[i] la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, [ii] la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, [iii] la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, [iv] y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional”[23]. Los dos primeros, conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas, mientras que los dos últimos, constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional. De esta manera, por expreso mandato constitucional, las comunidades indígenas que cuenten con autoridades judiciales y procedimientos propios, tienen autonomía para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Tal y como lo ha sostenido esta Corporación, aun cuando el constituyente previó la necesidad de que el legislador expidiera una ley en la que se establecieran las formas de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional, en la práctica esta tarea ha resultado particularmente difícil, ya que ella supone “un acuerdo sobre cómo decidir las controversias acerca de si se presentan o no los elementos necesarios para el ejercicio de la jurisdicción especial indígena; y esos mecanismos deben ser apropiados para todas esas comunidades, y aceptables desde su forma de ver el derecho”[24]. Ello podría explicar por qué, para este momento, dicha norma no ha sido aún expedida. No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que la existencia de esa ley no puede ser una condición necesaria para el ejercicio de la jurisdicción por parte de las autoridades tradicionales, sobre todo al existir un reconocimiento constitucional de su autonomía en esta materia. 4.2. Ahora bien, en la práctica, el funcionamiento de este tipo de jurisdicción ha generado tensiones y conflictos por la necesidad de garantizar, de un lado, la autonomía de estas comunidades, y, por el otro, principios de rango constitucional. Para dar solución a esta problemática, esta Corporación ha fijado unos criterios relevantes para la interpretación de los derechos de los pueblos indígenas y la solución de las controversias que pudieren surgir entre éstos y los derechos individuales de sus miembros. Dichos criterios son: “11.2. Principio de ‘mayor autonomía para la decisión de conflictos internos’: la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que el respeto por la autonomía de los pueblos indígenas es más amplia cuando se trata de conflictos que involucran únicamente a miembros de una comunidad, que cuando afectan a miembros de dos culturas diferentes (o autoridades de dos culturas diferentes), pues en el segundo caso deben armonizarse principios esenciales de cada una de las culturas en tensión, como lo ha explicado la Corte (Sentencia T-496 de 1996 ). 11.3. Principio ‘a mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía’. Este principio fue formulado por primera vez en la sentencia T-254 de 1994, en los siguientes términos: ‘La realidad colombiana muestra que las numerosas comunidades indígenas existentes en el territorio nacional han sufrido una mayor o menor destrucción de su cultura por efecto del sometimiento al orden colonial y posterior integración a la "vida civilizada" (Ley 89 de 1890), debilitándose la capacidad de coerción social de las autoridades de algunos pueblos indígenas sobre sus miembros. La necesidad de un marco normativo objetivo que garantice seguridad jurídica y estabilidad social dentro de estas colectividades, hace indispensable distinguir entre los grupos que conservan sus usos y costumbres - los que deben ser, en principio, respetados -, de aquellos que no los conservan, y deben, por lo tanto, regirse en mayor grado por las leyes de la República, ya que repugna al orden constitucional y legal el que una persona pueda quedar relegada a los extramuros del derecho por efecto de una imprecisa o inexistente delimitación de la normatividad llamada a regular sus derechos y obligaciones’. En la sentencia T-514 de 2009, la Corporación consideró pertinente efectuar algunas aclaraciones sobre su alcance, a raíz de la experiencia acumulada desde 1994 en el estudio de casos concretos, y de la constatación de que una interpretación inadecuada de ese principio podría llevar a concebirlo como una autorización para desconocer la autonomía de las comunidades con bajo nivel de conservación cultural, lo que resultaría incompatible con los mandatos de igualdad entre culturas y no discriminación. (Artículos 70 y 13 de la Constitución Política). En tal fallo, se estableció que el principio no puede concebirse como una prescripción dirigida a los jueces para dar mayor protección a la autonomía de ciertos grupos indígenas (los de mayor conservación o aislamiento), sino como una descripción sobre el estado actual de los usos y costumbres de los pueblos originarios, que tiene como consecuencia la mayor o menor necesidad de ‘traducción de los sistemas jurídicos tradicionales en categorías occidentales o viceversa’.”[25] Además de estos dos principios de interpretación, los cuales deben ser analizados por el operador judicial al momento de resolver conflictos entre los derechos de comunidades indígenas y los de sus miembros individualmente considerados, la jurisprudencia constitucional también ha fijado unos límites a la autonomía de estos pueblos, los cuales están dados por los siguientes aspectos: “Según la jurisprudencia de la Corte […], la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, determina que los límites susceptibles de ser impuestos a la autonomía normativa y jurisdiccional de tales comunidades, sólo sean aquellos que se encuentren referidos ‘a lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre’. En primer lugar, tales bienes están constituidos por el derecho a la vida (C.P., artículo 11), por las prohibiciones de la tortura (C.P., artículo 12) y la esclavitud (C.P., artículo 17) y por la legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas (C.P., artículo 29). En efecto, como lo ha manifestado la Corte, (1) sobre estos derechos existe verdadero consenso intercultural; (2) los anotados derechos pertenecen al grupo de derechos intangibles que reconocen todos los tratados internacionales de derechos humanos y que no pueden ser suspendidos ni siquiera en situaciones de conflicto armado (Pacto de Derechos Civiles y Políticos [Ley 74 de 1968], artículo 4-1 y 2; Convención Americana de Derechos Humanos [Ley 16 de 1972], artículo 27-1 y 2; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [Ley 78 de 1986], artículo 2-2; Convenios de Ginebra [Ley 5 de 1960], artículo 3°; Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 15-1 y 2); y, (3) con relación al derecho a la legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas, el artículo 246 de la Constitución hace expresa referencia a que el juzgamiento se hará conforme a las ‘normas y procedimientos’ de la comunidad indígena, lo cual supone la preexistencia de los mismos respecto del juzgamiento de las conductas En segundo término, la Corporación ha aceptado que se produzcan limitaciones a la autonomía de las autoridades indígenas siempre que estas estén dirigidas a evitar la realización o consumación de actos arbitrarios que lesionen gravemente la dignidad humana al afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad.”[26] Así las cosas, existen dos limitantes básicas para el ejercicio de la autonomía de la jurisdicción indígena: de una lado, la prohibición de generar situaciones que resulten verdaderamente intolerables por atentar contra los bienes más preciados del hombre, y, del otro, el respeto por el núcleo duro de los derechos fundamentales de los miembros de las comunidades indígenas. 5. Las penas de destierro y confiscación; tratamiento jurisprudencial en el caso de comunidades indígenas. 5.1. El artículo 34 de la Constitución Política establece: “ARTICULO 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.” De manera general, el destierro se define como la “expulsión del territorio del estado, de manera temporal o permanente, de una persona que ha cometido un delito, generalmente de carácter político”[27]. Por su parte, la confiscación, consiste en “el apoderamiento arbitrario de todos los bienes de una persona por el Estado, sin compensación alguna y bajo la apariencia de una sanción, cuando en la realidad se trata de una represalia generalmente por parte de quienes detentan el poder”[28]. 5.2. La Corte Constitucional ha tenido oportunidad de analizar casos en los que comunidades indígenas, en ejercicio de su autonomía y dando aplicación a las reglas que rigen su convivencia, adelantan procesos sancionatorios que terminan con la imposición de las penas de expulsión del territorio del Resguardo y pérdida de derechos sobre los bienes colectivos, las cuales podrían llegar a ser asimilables al destierro y a la confiscación. De esta manera, en la Sentencia T-254 de 1994[29], la Sala Tercera de Revisión analizó la acción de tutela interpuesta por el señor Ananías Narváez contra el Cabildo Indígena de El Tambo, municipio de Coyaima, departamento del Tolima, como consecuencia de la decisión que las autoridades tomaron de ordenar su expulsión del Resguardo, junto con su familia, y la privación de la parcela donde tenía algunos cultivos sembrados, todo esto, como consecuencia de la comisión del delito de hurto. En esa oportunidad, la Sala sostuvo que “[b]ajo una perspectiva antropológica, la pena de destierro comprende la sanción de extrañamiento de un miembro de la colectividad que conlleva la pérdida de su identidad cultural y la separación física del resto de la comunidad. Esta práctica de condenar al ostracismo al infractor de las normas internas de la comunidad es frecuente en las organizaciones sociales en las que la defensa de la colectividad prevalece sobre los derechos individuales”. Pero, como quiera que, según allí se afirmó, desde el punto de vista político y jurídico el destierro “sólo se refiere a la expulsión del territorio del Estado y no a la exclusión de las comunidades indígenas que habitan un espacio de dicho territorio pero que no exhiben el carácter de Naciones”, en la ponencia se indica que en este caso no podía aducirse que se había actuado desconociendo la prohibición prevista en el artículo 34 de la Carta Política. Por su parte, y en relación con la supuesta confiscación de la que habría sido víctima el actor, se adujo que, de manera general, dicha sanción “supone la apropiación, a título de pena, por parte del Estado de parte o la totalidad de los bienes de una persona, sin el pago de contraprestación alguna”. Bajo ese entendido, se afirmó que aun cuando en las comunidades indígenas la propiedad tiene carácter colectivo, en la medida en que sus usos y costumbres permitan el reconocimiento de mejoras, ello debe tener lugar, de manera que no es posible despojar de manera absoluta al afectado de los bienes que tenía, máxime si se considera que ella genera consecuencias no solo para el condenado sino también para su familia. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Corte encontró que las sanciones impuestas resultaban desproporcionadas, ya que trascendieron la persona del infractor y afectaron a su familia, con la particularidad de que la expulsión del miembro de una comunidad indígena “acarrea la completa ruptura de su entorno cultural y la extinción de su filiación antropológica; de otro lado, la consiguiente y forzosa inserción en un marco cultural diferente, supone la alteración radical de su modo de vida y la necesidad de interactuar en condiciones de inferioridad. Desde el punto de vista de la comunidad indígena, la pérdida de miembros, vista su condición minoritaria, no contribuye a su objetiva conservación”. En consecuencia, la Sala decidió ordenar a los miembros del Cabildo accionado acoger nuevamente en la comunidad al actor y a su familia, mientras adoptaba nuevamente una decisión, dentro de un juicio respetuoso de las normas y procedimientos de su etnia pero con estricta sujeción a los mandatos constitucionales, sin que pudiera involucrarse a su familia. Posteriormente, en la Sentencia T-523 de 1997[30], la Sala Cuarta de Revisión se ocupó del caso de un indígena Paéz que interpuso acción de tutela contra el Cabildo Indígena de Jambaló y contra el Presidente de la Asociación de Cabildos de la Zona Norte del Departamento del Cauca, quienes habrían vulnerado sus derechos fundamentales en el proceso que se siguió por la muerte de uno de los miembros de la comunidad, y que terminó con la imposición de las sanciones de fuete, expulsión y pérdida del derecho a elegir y ser elegido en cargos públicos y comunitarios. Luego de hacer un recuento de la tradición de la comunidad Paéz, a fin de establecer el marco dentro del cual debían entenderse las decisiones adoptadas, la Sala consideró que la comunidad había sido respetuosa del debido proceso del accionante, no en contraste con las instituciones propias que rigen para el resto del país, sino en relación con las formas establecidas por ese pueblo indígena. En cuanto a las penas impuestas, la Corte sostuvo que la expulsión impuesta al actor no podía entenderse como un destierro en los términos del artículo 38 de la Constitución Política. Además, resaltó el hecho de que “no es compatible con el principio de la diversidad étnica y cultural imponerles a las comunidades indígenas las sanciones o castigos que la tradición occidental ha contemplado (como parecen sugerirlo los jueces de tutela). Una interpretación en contrario, plantearía un razonamiento contradictorio que podría expresarse así: ‘La Constitución propende a la recuperación de su cultura, pero sólo en aquellas prácticas que son compatibles con la cosmovisión de la sociedad mayoritaria’. Es claro que un razonamiento de este tipo respondería a una hegemonía cultural incompatible con el pilar axiológico del pluralismo que, entre otras, permite a las comunidades aborígenes la materialización de sus costumbres, siempre y cuando no violen el núcleo duro de lo que ‘verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre’. Pero además, desconocería los mismos preceptos constitucionales que, al reconocer la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas, posibilitan, dentro del marco del Estado, la recuperación y reinterpretación de los símbolos y tradiciones culturales propias”. En consecuencia, la Sala negó la solicitud de amparo formulada. 5.3. Los fallos señalados muestran que, en principio, la pena de expulsión del Resguardo que imponen las autoridades indígenas dentro de su autonomía jurisdiccional, no puede encuadrarse dentro de la prohibición constitucional prevista en el artículo 34 de la Carta Política, en particular, porque en esos casos no se trata de que se disponga la expulsión del indígena del territorio nacional, sino únicamente del lugar que habita la comunidad. Sin embargo, es innegable que, de manera general, esta sanción tiene una relevancia especial al implicar, de un lado, la separación del individuo del entorno que le es connatural, con el que comparte una misma visión y cultura, y, desde el punto de vista de la comunidad indígena, la pérdida de uno de sus miembros. Ahora, en tanto el fundamento de la protección de la autonomía de los pueblos indígenas se encuentra precisamente en el reconocimiento de la existencia de una cosmovisión distinta, la expulsión de un integrante de una de esas comunidades adquiere una connotación mucho más sensible cuando se trata de etnias que mantienen en mayor medida unos usos y costumbres propios. En efecto, en pueblos que conservan en más alto grado su cultura, la pena de destierro puede tener repercusiones mucho más graves, puesto que significa un verdadero desarraigo del afectado del mundo que le es propio y el confinamiento a un espacio que le resulta por completo extraño. De manera que, a mayor grado de conservación de las costumbres, mayormente gravosa resultaría la sanción de destierro señalada. Por esa razón, la Sala estima que, aun cuando es cierto que la expulsión de un indígena solo tiene efectos en el territorio de su jurisdicción, es posible que ella adquiera la connotación y efectos de un verdadero destierro por comportar una exclusión definitiva del contexto que constituye el espacio vital de un individuo o de su familia, especialmente en aquellos casos en los que se trata de comunidades indígenas que conservan en mayor grado unos usos y costumbres propios. En estos eventos, la decisión sancionatoria bien podría estar comprendida dentro de lo que resulta realmente intolerable por atentar contra los bienes más preciados del ser humano, de manera que la acción de tutela resultaría procedente como mecanismo de protección inmediata de los derechos del afectado. Para la Sala, esta regla de decisión permite acompasar, de un lado, el respeto por la autonomía reconocida en favor de las comunidades indígenas y, del otro, la necesidad de asegurar la vigencia de las garantías mínimas fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, incluidos los miembros de estos pueblos. 5.4. Finalmente, y en cuanto a la pena de confiscación, a partir de lo previsto en la Sentencia T-254 de 1994 es posible concluir que, desde una perspectiva constitucional, en el ámbito de la comunidades indígenas y teniendo en cuenta el carácter colectivo de la propiedad, ella implica la prohibición de que se despoje al afectado de todos los derechos que tiene sobre los bienes que le han sido asignados, específicamente, de aquellos que surgen en razón de las mejoras que el afectado hubiere podido hacerle a los mismos, con lo cual se busca evitar que se vea abocado, tanto él como su familia, a una situación de “indigencia y de absoluto despojo”. En ese sentido, en tanto, generalmente, en estos pueblos la propiedad es un bien colectivo y no tiene carácter individual, sin duda es la comunidad la primera llamada a disponer sobre la suerte de sus bienes, incluso cuando ellos han sido asignados a determinado indígena para ser trabajados. Sin embargo, ello no puede ser usado de forma tal que, de manera abrupta e intempestiva, un miembro de la comunidad pueda verse expuesto a un despojo absoluto de sus pertenencias. En todo caso, y de acuerdo con la sentencia en cuestión, por regla general la acción de tutela no será procedente para obtener el pago de las mejoras o el reconocimiento de derechos sobre los bienes despojados, por lo que el afectado deberá acudir a los procedimientos previstos por la propia comunidad indígena para tales efectos. Hechas las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar el caso concreto. 6. Caso concreto 6.1. El Personero Municipal de Neiva, actuando en nombre del señor José Ramiro Rojas González, interpuso acción de tutela contra la Asamblea General del Resguardo Indígena Tamas Páez La Gabriela, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, al trabajo, al debido proceso y al mandato constitucional que prohíbe las penas de destierro y confiscación. Esa vulneración deviene, según aduce, del hecho de que la Asamblea le impuso al señor Rojas González como sanción por haber incurrido en faltas contra el Reglamento Interno de la comunidad, la pena de expulsión del resguardo, la quema de su lugar de habitación y la puesta de sus enseres a las afueras del territorio que comparte la comunidad, con lo cual se violó el artículo 34 de la Constitución Política, el cual prevé la prohibición de las penas de destierro y de confiscación. Adicionalmente, se afirma que se vulneró su derecho al debido proceso, toda vez que no se le permitió defenderse, no se recabaron las pruebas que demostraran la comisión de las faltas endilgadas, se impuso una sanción desproporcionada –con el agravante de que se hizo de manera violenta-, y se terminó incluyendo dentro de la misma a su familia. En relación con dicha controversia, el Resguardo sostiene que el proceso que se siguió en contra del indígena afectado fue respetuoso de su derecho al debido proceso, así como el procedimiento a través del cual, con el acompañamiento de la Policía Nacional, fue desalojado de la vivienda que le había sido asignada. Los jueces que conocieron de este asunto negaron el amparo solicitado. El que falló en primera instancia, por considerar que no se cumple con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez en la interposición de la acción de tutela; y la autoridad judicial que lo hizo en segunda instancia, por estimar que las penas impuestas no son contrarias a la Carta Política, que el accionante no precisó en qué consistieron las violaciones del derecho al debido proceso y que tampoco se demostró que las sanciones aplicadas hubieran tenido como destinatarios, también, a la familia del señor Rojas González. 6.2. Pues bien, en relación con este asunto, la Sala encuentra necesario referirse, en primer lugar, a la supuesta falta de cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez en la interposición de la presente acción de tutela, en particular, porque esta fue la razón por la cual el juez de primera instancia decidió negar el amparo solicitado. 6.2.1. En primer lugar, y en relación con el supuesto incumplimiento del requisito de inmediatez, debe señalarse que, en los términos previstos en el artículo 86 de la Constitución Política, “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, [...] la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales […]”. Como lo dispone la norma constitucional, la acción de tutela puede ser impetrada en cualquier tiempo, premisa bajo la cual esta Corporación declaró inexequibles dos disposiciones del Decreto 2591 de 1991 que habían establecido un término de caducidad para el ejercicio de la acción. En esa oportunidad, la Corte Constitucional indicó: “[…] la caducidad corresponde a un término que se otorga para realizar un acto o para hacer uso de un derecho, generalmente por razones de orden público, con miras a no dejar en suspenso por mucho tiempo el ejercicio del derecho o la ejecución del acto de que se trata. Como se observa, aplicado a las acciones, el término de caducidad es el que -señalado por la ley- una vez transcurrido, aunque no debe confundirse con la prescripción extintiva, impide que la correspondiente acción se ejerza. Lo cual significa que prever un tiempo de caducidad para el ejercicio de la acción de tutela implica necesariamente que tan solo dentro de él puede tal acción interponerse. […] resulta palpable la oposición entre el establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede intentarse ‘en todo momento’, razón suficiente para declarar, como lo hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991.” [31] Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha precisado también que, atendiendo a su naturaleza especial, la acción de tutela debe ser formulada en un plazo razonable a partir del cual sea posible inferir que realmente se está frente a una situación que exija de la intervención inmediata y urgente del juez constitucional a fin de proteger los derechos fundamentales que están siendo amenazados o vulnerados. En ese sentido, esta Corporación ha indicado que “[…] si bien a la pretensión de amparo constitucional no le es aplicable término alguno de caducidad y si bien de acuerdo con la ley ella procede ‘en cualquier tiempo’, la índole misma de la acción y su contextualización en el sistema constitucional de que hace parte, imponen que se interponga en un término razonable.”[32] Tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional, la tarea de determinar si el plazo transcurrido entre el momento en que ocurrió el hecho vulnerador y la fecha en la que se interpuso la acción de tutela es razonable, corresponde al juez, quien, para tales efectos, deberá atender a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se presentan en cada caso, y a la verificación de si existen o no motivos que justifiquen la aparente inactividad del afectado.[33] Ahora bien, la jurisprudencia constitucional también ha señalado que puede resultar admisible que transcurra un lapso considerable entre el hecho que generó la vulneración y la presentación de la acción de tutela, cuando quiera que se demuestre “la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, [lo cual] convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”[34], o el hecho de que la afectación permanece en el tiempo[35]. Sobre lo primero, ha indicado esta Corporación que “existen situaciones especiales en las que el análisis de procedencia de la acción debe desatarse de manera más amplia y permisiva, en atención a la especial naturaleza de las personas que solicitan la protección de sus derechos constitucionales fundamentales”[36]. De esta manera, cuando se ven involucrados los derechos de sujetos de especial protección constitucional ­­como los niños, las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad o los miembros de una minoría, es necesario flexibilizar los parámetros del examen general de procedibilidad de la acción de tutela. Sobre lo segundo, la Corte Constitucional ha sostenido que la demora o tardanza en el ejercicio de la acción de tutela, estaría justificada en aquellos casos en los que se logre demostrar que “la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual”[37]. Pues bien, aplicadas estas reglas al presente caso, se encuentra que, en primer lugar, en este asunto se ven involucrados los derechos de un miembro de una comunidad indígena, el cual, tal y como lo ha establecido esta Corporación, es sujeto de especial protección constitucional: “[…] los pueblos indígenas, al igual que las personas con identidad étnica indígena, son sujetos de protección constitucional reforzada, en atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución, especialmente en sus incisos 2º y 3º, que ordenan a todas las autoridades prodigar un trato especial (favorable) a grupos y personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad o en situación de debilidad manifiesta”[38]. Esta circunstancia lleva a que el análisis de cumplimiento del requisito de inmediatez, deba efectuarse a partir de una valoración más flexible. Adicionalmente, es claro que de llegarse a establecer que con la decisión sancionatoria se vulneraron los derechos fundamentales del señor Rojas González, se estaría frente a un evento de daño continuado en el tiempo, ya que la sanción sigue aplicándose y produciendo efectos. Por último, debe indicarse que si bien es cierto que entre el momento en que sucedieron los hechos y aquél en el que se interpuso la acción de tutela ha transcurrido un tiempo considerable, en el expediente se muestra que el indígena ha adelantado distintos trámites y gestiones a fin de lograr la protección de los derechos que estima vulnerados. Así, el accionante ha acudido a entidades como la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior, con el objetivo de que alguna de ellas, en el ejercicio de sus competencias, actuara en pro de sus intereses. Lo anterior, demuestra que la actitud del señor Rojas González no ha sido negligente, sino que, por el contrario, desde que le fueron impuestas las sanciones por su comunidad, ha intentado agotar distintas instancias antes de acudir a la acción de tutela. En consecuencia, a pesar del tiempo transcurrido entre el hecho que se alega como vulnerador y el momento en que se interpuso la presente acción de tutela, la Sala estima que en este caso sí se cumple con el requisito de inmediatez en el ejercicio de la acción de tutela, como presupuesto de procedencia de la misma, en atención a que: (i) se ven involucrados sujetos de especial protección constitucional; (ii) se trata de un evento en el que, de establecerse que se produjo una vulneración de los derechos fundamentales del indígena José Ramiro Rojas González, ésta se mantiene en el tiempo; y (iii) el afectado ha ejercido distintas acciones tendientes a garantizar el respeto de sus intereses. 6.2.2. Ahora bien, en relación con el supuesto incumplimiento del requisito de subsidiariedad, debe indicarse que, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución de 1991, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario de defensa judicial, cuyo objetivo principal es “la protección inmediata de [los] derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, o por la de los particulares en los casos que determine la ley. En los términos del mandato constitucional en cuestión, “esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En ese sentido, la acción de tutela tiene un carácter subsidiario y residual, de manera que ella solo procede cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial, o cuando, existiendo ese otro medio, la acción se ejerce como mecanismo transitorio ante la existencia o inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio, a partir de los lineamientos de la jurisprudencia constitucional, debe ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; urgente, lo que significa que implica la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; e impostergable, es decir, se debe acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales[39]. Adicionalmente, y con fundamento en lo previsto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela también será procedente cuando quiera que los recursos judiciales de defensa resulten ineficaces para el caso concreto, de manera que no permitan brindar una protección inmediata frente a la vulneración de los derechos involucrados. En este caso, la tutela procede como mecanismo principal y definitivo de defensa, ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por otra vía[40]. De esta manera, los supuestos en los cuales la acción de tutela resulta procedente han sido establecidos por la Corte Constitucional de la siguiente manera: “(i) Cuando no existe otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo, el mismo no resulta idóneo para resolver el caso concreto, eventos en los que la tutela procede como mecanismo principal de defensa ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por otra vía. Y (ii) cuando ésta se promueve como mecanismo transitorio, debiendo acreditar el demandante que el amparo constitucional es necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos temporales, sólo hasta el momento en que la autoridad judicial competente decida en forma definitiva el conflicto planteado.”[41] Conforme lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, ante la...