Sentencia T-297 de 2022

T-297-22 Sentencia T-297/22 PENSION DE SOBREVIVIENTES DE HIJO FALLECIDO-Negativa a su reconocimiento por aparente incumplimiento del requisito de dependencia económica viola derecho al mínimo vital (La entidad accionada) vulneró el debido proceso administrativo de la (accionante), al no profundizar la investigación en función de verificar la afirmación sobre la dependencia económica. ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Procedencia excepcional por afectación del mínimo vital de un adulto mayor DERECHO DE PETICION-Respuesta debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Para que se configure temeridad debe evidenciarse la mala fe en el actuar del peticionario ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Supuestos que facultan a interponer nuevamente una acción sin que sea considerada temeridad PENSION DE SOBREVIVIENTES-Naturaleza, finalidad y principios constitucionales PENSION DE SOBREVIVIENTES DE HIJO FALLECIDO-Requisito de dependencia económica frente al causante (…) la dependencia económica no solo se presenta cuando una persona demuestra haber dependido absolutamente del causante, pues la misma también se puede acreditar con una dependencia significativa que se demuestra con el hecho de que, a falta de la ayuda financiera del cotizante fallecido, ha experimentado una dificultad relevante para garantizar sus necesidades básicas. DEPENDENCIA ECONOMICA-Concepto/DEPENDENCIA ECONOMICA-Reglas para determinarla DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN MATERIA PENSIONAL-Derecho fundamental DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO AL MINIMO VITAL-Relación DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL Y DIGNIDAD HUMANA-Reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes a sujeto de especial protección constitucional ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR RETROACTIVO PENSIONAL-Procedencia excepcional (…) la acción de tutela no es el instrumento para reconocer los retroactivos pensionales. Sin embargo, cuando el conflicto puesto a consideración del juez constitucional versa en torno al reconocimiento de un derecho pensional, éste adquiere competencia para pronunciarse y amparar la pretensión de pago retroactivo de este derecho. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a Colpensiones reconocer y pagar pensión de sobrevivientes Referencia: Expediente T-8.578.372 Asunto: Revisión de sentencia de tutela proferida dentro del proceso promovido por Mercedes Torres de Vargas contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- Magistrado sustanciador: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022) La Sala Cuarta de Revisión, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente sentencia al revisar la proferida el 13 de abril de 2021 por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá (Cundinamarca) con sede en Soacha, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por Mercedes Torres de Vargas. I. ANTECEDENTES 1. Hechos relevantes Los hechos probados con base en el expediente se sintetizan así: 1. El 24 de julio de 2020, el señor Neftalí Vargas Torres falleció a los 58 años de edad por un diagnóstico de diabetes. Era hijo de la señora Mercedes Torres de Vargas. 2. El 16 de octubre de 2020, la señora Mercedes Torres de Vargas solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones) la pensión de sobrevivientes en su calidad de madre. Manifestó que: (i) el 24 de julio de 2020 su hijo falleció por un diagnóstico de diabetes; (ii) cumple los requisitos dispuestos en la Ley 797 del 2003 para acceder como beneficiaria de la mesada pensional en cuestión; (iii) dependía económicamente de su hijo; y (iv) al momento de su fallecimiento este se encontraba afiliado a Colpensiones y acreditó durante toda su vida laboral un total de 611 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones[1]. 3. Con ocasión del reclamo de la pensión por parte de la actora, Colpensiones adelantó, a través de la empresa COSINTE LTDA LTDA, la investigación administrativa número COLCO-272198, durante la cual entrevistó -de manera presencial- a la señora Mercedes Torres de Vargas el 23 de octubre de 2020, quien afirmó ser la madre del causante Neftalí Vargas Torres y cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes solicitada debido a que dependía económicamente de aquel[2]. 4. El 2 de diciembre de 2020, mediante Resolución No. SUB262300[3], Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por ausencia de dependencia económica[4]. En efecto, señaló que “[D]e acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, se logró confirmar que la señora Mercedes Torres de Vargas no dependía económicamente de su hijo Neftalí Vargas Torres, ya que no se realizó labores que permitan demostrarlo, tampoco se logra entrevistar a familiares (…)”[5]. Tal resolución fue notificada personalmente a la solicitante el día 14 de diciembre del mismo año. 5. El 21 de diciembre de 2020, la accionante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación[6]. Arguyó que Colpensiones adelantó la investigación de una forma “mal intencionada y carente de profesionalismo” en razón a que se “aprovecharon de [su] situación emocional” derivada del fallecimiento de su hijo Neftalí que “era [su] único apoyo.”[7] 6. El 1º de febrero de 2021, mediante Resolución No. SUB21942, Colpensiones resolvió el recurso de reposición y confirmó en su integridad la resolución SUB262300 de 2 de diciembre de 2020[8]. Reiteró que “[N]o se acreditó el contenido y la veracidad de la presentada por Mercedes Torres de Vargas (sic), una vez analizadas cada una de las pruebas apodadas (sic) en la presente investigación administrativa”[9]. 7. El 11 de febrero de 2021, mediante Resolución No. DPE894, Colpensiones resolvió el recurso de apelación y confirmó en su integridad la resolución SUB262300 de 2 de diciembre de 2020[10]. Señaló que “[N]o resulta procedente el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, debido a que no se acreditó el requisito de dependencia económica, como así mismo, no se evidencian nuevos elementos probatorios sobre los cuales resolver en contrario”. Tal resolución fue notificada personalmente a la señora Torres de Vargas el 26 de febrero del mismo año[11]. 2. La solicitud de tutela 8. La señora Mercedes Torres de Vargas presentó solicitud de tutela contra Colpensiones, en procura de la protección de sus derechos fundamentales “a la Seguridad Social, Mínimo Vital, Debido Proceso y Petición”, a “un adecuado nivel de vida” y “a la vida en conexidad con la salud y la seguridad social”. 9. A su juicio, tales derechos fueron desconocidos por la entidad al negarle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o bono pensional de aportes, que solicitó en calidad de madre dependiente económica de su hijo fallecido. 10. En consecuencia, solicitó que le “sea otorgada la pensión de sobreviviente o bono de aportes (…) que corresponde a 611 semanas cotizadas de [su] hijo a Colpensiones”. 11. Lo anterior, porque “no [tiene] ninguna condición laboral, [es] adulta mayor de 77 años y [su] hijo era quien [la] sostenía en todo y vivía [con ella]”. Adicionalmente, que se ordene a la entidad “reembolsar el retroactivo desde el fallecimiento [de su hijo] hasta la fecha de cumplimiento de [la] tutela”. 3. Trámite procesal de instancia[12] 12. La solicitud de tutela correspondió por reparto al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá con sede en Soacha (Cundinamarca). Mediante Auto de 29 de marzo de 2021, resolvió, entre otros, admitirla y “requerir al Director o Representante Legal de la entidad accionada o quien haga sus veces”. 3.1. La oposición[13] 13. Colpensiones solicitó declarar improcedente el amparo pues, en su criterio, la accionante “pretende desnaturalizar la acción de tutela pretendiendo que por medio de un proceso caracterizado por la inmediatez y subsidiaridad (sic), sean reconocidos derechos que deben ser de conocimiento del juez ordinario competente a través de los mecanismos legales establecidos para ello”. Agregó que, “decidir de fondo las pretensiones del accionante y acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y su autodominio, pero además excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no se probó vulneración de derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno”. 14. Reiteró que, mediante Resolución No. SUB262300 de 2 de diciembre de 2020, la entidad negó la pensión de sobrevivientes solicitada por la accionante, indicando que: “No se acreditó el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por Mercedes Torres de Vargas, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente investigación administrativa. De acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, se logró confirmar que la señora Mercedes Torres de Vargas no dependía económicamente de su hijo Neftalí Vargas Torres, ya que no se pudo realizar labores que permitan demostrarlo, tampoco se logra entrevistar familiares, de igual manera los ingresos mensuales de la solicitante y lo mencionado como aporte del causante en relación a los gastos son mucho menores, y no hay justificación o evidencia alguna que pueda confirmar cómo hace para cubrirlos al mes”[14] (subrayado fuera de texto). 15. Añadió que “mediante Resolución No. SUB21942 del 01 de febrero de 2021, Colpensiones [resolvió] recurso de reposición y [confirmó] resolución No. 262300 del 2 de diciembre de 2020”. Asimismo, expuso que “mediante Resolución No. DPE 894 del 11 de febrero de 2021, Colpensiones [resolvió] recurso de apelación y [confirmó] resolución No. 262300 del 2 de diciembre de 2020”. 16. Concluyó que la accionada “le [resta] validez a actos emitidos con plena objetividad y dentro del marco legal aplicable al caso concreto, desconociendo el carácter subsidiario y residual que le asiste a la acción constitucional frente al reconocimiento de prestaciones económicas, entre las que se encuentran las de connotación pensional”. 4. Decisión judicial objeto de revisión 4.1. Primera instancia[15] 17. Mediante Sentencia de 13 de abril de 2021, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá (Cundinamarca), con sede en Soacha, declaró improcedente el amparo reclamado por Mercedes Torres de Vargas contra Colpensiones. 18. Fundó su decisión, por un lado, en que “no se observa que [la accionante] hubiese intentado acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, razón por la cual no puede usar [la tutela] de forma principal, pues ese actuar resulta desafortunado pues (sic) desquicia la naturaleza de la acción constitucional”. Por el otro, señaló que no se avizora un perjuicio cierto e irremediable, a pesar de las manifestaciones realizadas por la actora referentes a su edad, condición física, económica y de salud. 19. Advirtió que la actora “no expuso motivo para que no se hubiesen activado los mecanismos judiciales con los que ordinariamente se cuentan, por lo que esta hipótesis exceptiva tampoco puede pregonarse como establecida”. 5. Otras actuaciones llevadas a cabo por la Accionante 20. La Sala Cuarta de Revisión constató que el 4 de junio de 2021 la señora Mercedes Torres de Vargas elevó ante Colpensiones, nuevamente, petición de reconocimiento pensional con radicado 2021_6457412. Mediante la Resolución SUB208123 de 31 de agosto de 2021, Colpensiones concluyó que “no se demostró la dependencia económica de la señora Torres de Vargas Mercedes con el causante Vargas Torres Neftalí y en razón a ello se procede a negar el reconocimiento de la Pensión de Sobrevivientes solicitado”[16]. Contra dicha decisión, no interpuso ningún recurso contra la Resolución de la referencia[17]. 21. El 27 de septiembre de 2021, presentó nueva acción de tutela en la que solicitó[18]: “PRIMERO. REVOCAR las decisiones del JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ CON SEDE EN SOACHA de 14 de abril de 2021 en primera instancia respectivamente (sic), que declararon improcedente el amparado invocado. SEGUNDO. Tutelar los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social y a la protección reforzada de las personas de la tercera edad y en condiciones de debilidad manifiesta de la señora MERCEDES TORRES DE VARGAS base en los anteriores hechos (sic) promovió acción de tutela contra Colpensiones para la protección de sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas consagrados en la Constitución Política. TERCERO. Solicitar que se ordene a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes e igualmente su pago. Desde el momento que inició su proceso de fecha agosto 13 de 2020”[19]. 22. El 1º de octubre de 2021, el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Soacha, admitió la tutela y corrió traslado a Colpensiones. Mediante Oficio BZ2021_11577420-2498097 de 10 de octubre de 2021, la entidad señaló que llevó a cabo una nueva investigación administrativa en la que[20]: “(…) No se acreditó el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por Mercedes Torres de Vargas, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente investigación administrativa. De acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, no se logró confirmar que la señora Mercedes Torres de Vargas hubiera dependido económicamente de su hijo Neftalí Vargas Torres hasta el 24 de julio del año 2020 fecha del fallecimiento del causante: - La solicitud presenta inconsistencias en el monto del ingreso que le aportaba el causante ya que en el anterior informe refiere $200.000 y en la presente entrevista infiere $280.000. - Indicó que su hijo aportaba para el mercado, vestuario, sin embargo, luego refiere que su alimento lo recibía en un comedor, por lo cual no es clara en la información de que (sic) gastos cubría su hijo ya que menciona que le hacía un aporte de $280.000. - Aunado indicó tener 3 hijos, no obstante en comunicación con los testigos familiares (hijos) indicaron que eran 6 hijos con vida. - En labor de campo se obtiene testimonio de que la solicitante no está viviendo en el lugar. - La solicitante indica que vive de la caridad, no obstante, la hija en su entrevista indica que ellos ayudan con el pago del arriendo y los servicios. - La solicitante aportó contacto de 3 familiares más, pero no fue posible la comunicación. Por lo tanto no se acredita la presente investigación administrativa debido a que no hubo evidencia fehaciente que confirmara una dependencia del causante en sus últimos años de vida (…). - Que en este orden de ideas y hechas las aclaraciones de conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos no se demostró la dependencia económica de la señora Torres de Vargas Mercedes con el causante Vargas Torres Neftalí y en razón a ella se procede a negar el reconocimiento de la Pensión de Sobreviviente solicitado (…)”[21]. 23. El 14 de octubre de 2021, el Juez profirió sentencia[22] en la que declaró improcedente la acción tutela[23]. Esgrimió que “dentro del caso de marras se tiene que la señora Mercedes Torres de Vargas cuenta con otros mecanismos de defensa judicial dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa, máxime cuando Colpensiones ya se ha pronunciado de fondo en dos oportunidades, mismas que resultaron nugatorios del derecho pensional solicitado”. Asimismo, agregó que “[F]rente a la vulneración a su mínimo vital o el perjuicio que se causa a aquel por la negativa de reconocer su derecho a la pensión de sobreviviente, existen serias dudas en las afirmaciones que hace la accionante, contrastadas con todos los hallazgos que se encontraron en las investigaciones administrativas realizadas por Colpensiones, debate que evidentemente concierne al juez natural, esto es, al juez contencioso administrativo pues es dentro de ese estadio que puede darse el debate probatorio que el caso requiere”[24]. 6. Actuaciones en sede de revisión 6.1. Selección y reparto del expediente 24. En Auto de 18 de marzo de 2022, la Sala de Tutelas Nro. 3 de la Corte Constitucional resolvió seleccionar el expediente de la referencia para su revisión y lo repartió a la Sala Cuarta de Revisión para su sustanciación. 6.2. La Solicitud de pruebas 25. En Auto de 4 de mayo de 2022, la Sala (i) decretó pruebas para mejor proveer[25]; e (ii) informó a las partes que, una vez recibidas, se pondrían a su disposición para que se pronunciaran sobre las mismas. En el mencionado Auto también se requirió información a las señoras Clemencia Duque Cadena y Adriana María González por solicitud expresa de la señora Torres de Vargas[26]. 26. Dentro de las pruebas decretadas se solicitó: (i) A la accionante, informar sobre: (a) la conformación de su núcleo familiar, (b) actividades económicas e ingresos, (c) gastos mensuales, (d) situación económica actual, (e) ayudas recibidas por parte del Estado, (f) aspectos de convivencia y situación económica relacionados con su hijo Neftalí Vargas Torres, (g) afiliación a EPS y estado de salud, (h) otros procesos judiciales adelantados para obtener la pensión de sobreviviente; (ii) A las señoras Clemencia Duque Cadena y Adriana María González, informar sobre aspectos familiares, sociales y económicos de la actora y su hijo Neftalí Vargas Torres, como testigos solicitados por la señora Mercedes Torres de Vargas; y (iii) A Colpensiones, informar sobre las entrevistas y demás medios de prueba obtenidos dentro de la investigación administrativa y enviar el expediente completo. 27. El 18 de mayo de 2022, la Secretaría General de la Corte Constitucional allegó al despacho del magistrado sustanciador el informe de ejecución del Auto de pruebas de 4 de mayo de 2022[27]. 6.3. Información aportada por la Accionante[28] 28. El 13 de mayo de 2022, la señora Mercedes Torres de Vargas señaló que: (i) “[tiene] cinco hijos vivos”; (ii) actualmente convive con uno de ellos que tiene problemas de alcoholismo; (iii) el único ingreso fijo que recibe se deriva del programa “Colombia Mayor” por un valor equivalente a $80.000; (iv) tiene diversos problemas de salud entre los que se destaca diabetes tipo dos, hipertensión, hipotiroidismo, desnutrición leve, “degeneración de la mucula (sic) y del polo posterior de los ojos”, además de un “aparente” problema renal; (v) trabajó ocasionalmente en casas de familia, pero en la actualidad, debido a su avanzada edad, no tiene ningún trabajo; (vi) sus gastos mensuales ascienden a $900.000, los cuales detalla de la siguiente manera: arrendamiento $200.000, pago de servicios $150.000, alimentación $450.000[29], gastos de transporte para asistir a las citas médicas $100.000; (vii) no es propietaria de ningún bien inmueble y en la actualidad paga arriendo; (viii) su situación económica actual es “decadente” debido a que su hijo Neftalí Vargas Torres era su “punto de apoyo”, y que si bien “dos de [sus] hijos aportan cada uno el monto de $100.000 para el pago de arriendo, y el [hijo] que vive con ella se hace cargo de pagar algunos servicios públicos (…) personas que [conoce] y [aprecia] [le] brindan ayudas de alimentos y para (sic) asistir a [sus] citas médicas”; (ix) convivió toda la vida con su hijo Neftalí hasta fallecer; (x) dependía “totalmente” del hijo fallecido quien se encargaba de cubrir los gastos relacionados con el arriendo, alimentación, servicios públicos, transporte, medicamentos y además“[le] regalaba ropa y zapatos”; (xi) no conoció que señor Neftalí tuviera hijos, cónyuge o compañera permanente; de hecho, reitera que “siempre vivió [con ella]”; (xii) no ha adelantado ningún proceso judicial ordinario tendiente a obtener la pensión de sobreviviente porque “no ha tenido el apoyo de nadie para hacerlo y como [pudo] a sus 77 años, [realizó] el trámite a Colpensiones (sic) donde ellos negaron (sic) por no ser dependiente económica de [su] hijo Neftalí”; y (xiii) pertenece al régimen subsidiado en salud[30]. 6.4. Información aportada por Colpensiones[31] 29. El 11 de mayo de 2022, tal como consta en oficio BZ2022_6049656, la directora de la Dirección Documental de Colpensiones adjuntó copia del “expediente administrativo” del señor Neftalí Vargas Torres, y mediante oficio BZ2022_5942409-1373653 de 16 de mayo de 2022, la directora (A) de la Dirección de Acciones Constitucionales de Colpensiones puso de presente que en el caso objeto de estudio hubo dos investigaciones identificadas con los números 272198 y 323260, respectivamente. 30. En relación con la investigación administrativa Nro. 272198 señaló que: (i) el 23 de octubre de 2020, una de las investigadoras “entrevistó de manera presencial[32] a la señora Mercedes Torres de Vargas, quien afirmó ser la mamá del causante Neftalí Vargas Torres y acceder al proceso de solicitud de sustitución pensional por dependencia económica”; (ii) la señora Torres de Vargas proporcionó como testigos a entrevistar los contactos de Juan Vargas, Margarita Torres y Pedro Vargas pero los números telefónicos facilitados no correspondían a esas personas o se encontraban fuera de servicio; (iii) “para esta inicial investigación el concepto se fundamentó en las discrepancias entre lo dicho por la solicitante, esto es, que vivía sola y las evidencias observadas en cuanto a que el inmueble era habitado para ese momento por otras personas”; (iv) “se realizaron labores de vecindario, sin encontrar testigos que permitieran corroborar la información aducida sobre la dependencia”; y (v) “de los gastos aducidos por la solicitante, no se aportaron documentos que soportaran la necesidad de pago señalada”. 31. Por otro lado, en relación con la investigación administrativa Nro. 323260 señaló que: (i) el 17 de agosto de 2021, una de las investigadoras “entrevistó de manera presencial a la señora Mercedes Torres de Vargas, quien afirmó ser la mamá del causante Neftalí Vargas Torres por el proceso de solicitud de sustitución pensional por dependencia económica”; (ii) la señora Torres de Vargas proporcionó como testigos a entrevistar los contactos de Adriana González, Clemencia Duque, Henry Vargas, Tito Vargas y Fredy Vargas, pero no fue posible establecer comunicación con los señores Henry Vargas, Tito Vargas y Fredy Vargas; (iii) por información del guardia de seguridad, “se conoció que la señora Mercedes Torres de Vargas, para el momento de [la] investigación, no vivía en ese conjunto, lo cual, se corrobora con la inexistencia de un contrato de arrendamiento del cual, en muchas oportunidades se solicitó la evidencia”; (iv) “en las labores de campo desarrolladas con la finalidad de ampliar la investigación, la solicitante aportó testigos que confirmaran la presunta dependencia, sin embargo, se mantuvo latente la nula contactabilidad familiar y de testigos del vecindario”; (v) la señora Torres indicó “deber meses de arriendo”, sin embargo, no aportó el contrato de arrendamiento para corroborar temas de propiedad de inmueble, valor del canon etc.; y (vi) “en contacto con el señor Nelson Vargas Torres, hijo de la solicitante, se obtuvo información según la cual, la solicitante (sic) tiene seis (6) hijos y no tres (3) como indicó. Además, informó que la señora Mercedes convive con otro de sus hermanos de nombre Tito y que seguramente sus otros hermanos le aportan para su manutención”. 32. Finalmente, el 18 de mayo de 2022, mediante Oficio BZ2022_5942409-1413052, Colpensiones señaló que la afirmación contenida en la Resolución No. SUB262300 de 2 de diciembre de 2020 según la cual “(…) los ingresos mensuales de la solicitante y lo mencionado como aporte del causante en relación a los gastos son mucho menores (…) corresponde a una transcripción textual de la conclusión expresada en la investigación Administrativa COLCO- 272198 del 03 de noviembre de 2020”[33]. 6.5. Información aportada por la señora Clemencia Duque Cadena[34] 33. El 13 de mayo de 2022, la señora Clemencia Duque Cadena señaló que: (i) es vecina y amiga de la señora Mercedes Torres de Vargas; (ii) la conoce desde hace 12 años porque residen en el mismo conjunto; (iii) la señora Torres tiene cinco hijos vivos; (iv) el hijo que convive con la señora Torres “sale en la noches y llega borracho al otro día y así es todos los días”; (v) “algunos [hijos de la señora Torres] trabajan, pero no [sabe] en qué”; (vi) conoció al señor Neftalí Vargas Torres y le consta que “era el sustento y la compañía de la señora Mercedes mientras estuvo bien de salud”; (vii) el señor Neftalí Vargas Torres cubría todos los gastos de manutención de su madre pues suplía las necesidades de arriendo, alimentación y servicios; (viii) el señor Neftalí y la señora Mercedes vivían juntos porque aquel “no [tenía] esposa ni hijos”; (ix) las condiciones económicas de la señora Mercedes Torres de Vargas se vieron afectadas como consecuencia del fallecimiento de su hijo Neftalí porque “no cuenta con el apoyo de los otros hijos (…) que son desentendidos totalmente de la mamá y la consideran una carga”; (x) el señor Neftalí Vargas Torres “siempre [vivió] con la señora mercedes (sic) y nunca formó una familia”; (xi) la señora Mercedes es “dietética insunilodependiente (sic)”; y (xii) le consta que la señora Torres de Vargas pasa hambre y necesidades. En efecto, “se mantiene de la caridad de los vecinos, come en comedor comunitario y solo recibe 80 mil pesos por parte del Estado”. 6.6. Información aportada por la señora Adriana María González[35] 34. El 13 de mayo de 2022, la señora Adriana María González indicó que: (i) desde hace más de 10 años conoce a Mercedes Torres de Vargas porque ambas conviven en el mismo conjunto residencial; (ii) la señora Torres tiene 5 hijos vivos y 2 fallecidos; (iii) de esos cinco hijos vivos, dos son mujeres que “se dedican al hogar” y tres son varones de los cuales uno es pintor, otro se encuentra desempleado y otro “sale desde las mañanas y regresa a casa casi todos los días ebrio (sic), ya que padece de alcoholismo”; (iv) tiene conocimiento que entre dos de los hijos “cancelan el arriendo de Mercedes, cada uno con un aporte de $100.000”; (v) como vecina de la señora Torres Vargas “[veía] que [Neftalí] era quien cuidaba y protegía a la señora Mercedes, más porque ambos padecían de Diabetes tipo dos, y él era quien la llevaba al médico y al igual ella era su acompañante (sic)”; (v) conoció a Neftalí “poco tiempo después de empezar a tratar a la señora Mercedes hace casi 14 años”; (vi) al fallecer Neftalí “sintió la desprotección de [la señora Mercedes] por parte de sus hijos, familiares y del Estado (…) y por esa razón [colaboró] con sus PQRS, e incluso a interponer esta tutela”; (vii) ha acompañado a la señora Mercedes en sus diligencias médicas; y (viii) estuvo presente cuando la funcionaria de Colpensiones de manera “negligente y mediocre” entrevistó a la señora Mercedes Torres de Vargas porque “no se cumplieron con las consideraciones” que una persona de la tercera edad requiere. 6.7. Segundo Auto de Pruebas 35. En Auto de pruebas de 13 de mayo de 2022, se indicó que mediante comunicación fechada el 11 de mayo de 2022, con radicado número BZ 2022_6049656, Colpensiones allegó copia del expediente administrativo solicitado, pero omitió responder el cuestionario planteado. Así las cosas, la Sala (i) solicitó dar respuesta a las preguntas formuladas en el Auto de 4 de mayo de 2022, y (ii) responder otros interrogantes adicionales[36]. 6.8. Información aportada por Colpensiones en la segunda oportunidad[37] 36. Colpensiones señaló que mediante oficio BZ2022_5942409-1373653 de 16 de mayo de 2022 se brindó respuesta al cuestionario planteado en el Auto de 4 de mayo del mismo año. Aclaró que el 11 de mayo de 2022 envío a la Sala de Revisión el expediente administrativo del señor Neftalí Vargas y días después allegó el oficio ya referenciado. En relación con los interrogantes adicionales planteados en el Auto de pruebas de 13 de mayo de 2022, informó que: (i) “[D]esde la ciudad de Bogotá, se contactó telefónicamente a la señora Elizabeth Vargas, hija de la señora Mercedes Torres de Vargas, el 18 de agosto de 2021, cuya grabación fue aportada en el informe técnico documental entregado”; (ii) “la señora Elizabeth Vargas, afirmó que la señora Mercedes Torres de Vargas (solicitante) procreó 6 hijos, quienes le aportan para los pagos de arriendo y servicios, cuya grabación fue aportada en el informe técnico documental entregado”; (iii) “desde la ciudad de Bogotá, se contactó telefónicamente al señor Nelson Vargas, hijo de la Sra. Mercedes Torres de Vargas, el 18 de agosto de 2021. Cuya grabación fue aportada en el informe técnico documental”, y, (iv) “verificado el expediente administrativo no se observó que la señora Torres de Vargas hubiera presentado recurso alguno contra la resolución SUB208123 de 31 de agosto de 2021”. 37. Colpensiones allegó a la Sala de Revisión múltiples pruebas[38], entre las que se destacan: (i) audio de validación, por parte de funcionaria de Colpensiones y COSINTE LTDA, de la defunción del señor Neftalí Vargas Torres[39]; (ii) audios con las entrevistas presenciales realizadas a la señora Torres de Vargas (23 de octubre de 2020 y 17 de agosto de 2021); (iii) informes técnicos de investigación COLCO-272198 y COLCO-323260 realizados por COSINTE LTDA; y (iv) audios con entrevistas telefónicas -realizadas en el año 2021- al señor Nelson Torres (hijo), Elizabeth Vargas (hija), Adriana María González (vecina), Clemencia Duque (vecina) y guardia de seguridad del conjunto donde dice residir la señores Torres de Vargas. 7. La respuesta a las pruebas allegadas 7.1. Información aportada por la señora Mercedes Torres de Vargas 38. El 26 de mayo de 2022, la señora Mercedes Torres de Vargas allegó documento en el que objetó las pruebas aportadas por Colpensiones, y específicamente, el oficio BZ2021_11577420-2498097 de la misma entidad. Reiteró que: (i) es una señora de la tercera edad con múltiples enfermedades; (ii) es cierto que dos de sus hijos hacen un aporte mensual de $100.000 para poder pagar el arriendo; (iii) paga un arriendo de $200.000 por caridad del propietario del inmueble en razón a que desde hace 10 años no ha subido el canon de arrendamiento; (iv) el acuerdo al que se llegó con el arrendador fue verbal; (v) recibe un subsidio equivalente a $80.000 del programa “Colombia Mayor”; (vi) no tiene cuentas bancarias; (vii) nunca es visitada por sus hijos; (viii) vive con uno de ellos, pero aquel tiene problemas de alcoholismo y es sumamente agresivo; (ix) Colpensiones advierte una supuesta inconsistencia en el monto de ingresos de aportes en razón a que indicó que recibía $200.000 y luego $280.000, ignorando que los $80.000 restantes los recibe del programa “Colombia Mayor”; (x) Colpensiones advierte que indicó solo tener 3 hijos, sin embargo se refería a los tres que le ayudaron -incluyendo Neftalí Vargas-; (xi) con $280.000 no se puede vivir dignamente, ya que ese dinero no resulta suficiente “para cubrir los gastos de alimentación, servicios, vivienda, salud, transporte, medicamentos y demás”; (xii) “debe trasportarse del municipio de Soacha a la ciudad de Bogotá para acceder precariamente a lo poco que la EPS le cubre en cuanto a las afecciones médicas (sic)”; (xiii) “depende de insulina para mantener su enfermedad de diabetes a raya (sic) y que en la mayoría de ocasiones le toca suplicar por insulina de la cual depende vitaliciamente (sic)”; y (xiv)“inició un proceso de abandono por parte de sus hijos, pero que a fin de cuentas se sabe que ellos tampoco cuentan con ingresos estables (…) por tanto no tiene otra alternativa para subsistir”[40]. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 39. La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con fundamento en los artículos 86, inciso segundo, y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, es competente para revisar las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso de tutela de la referencia. 2. Delimitación del caso, problema jurídico y plan de decisión 40. Durante los meses de octubre y noviembre de 2020, Colpensiones, mediante la empresa COSINTE LTDA, llevó a cabo la investigación administrativa Nro. COLCO-272198 para determinar si la señora Mercedes Torres de Vargas dependía económicamente de su hijo Neftalí Vargas Torres por cuanto solicitó la asignación de la pensión de sobrevivientes. Con base en los resultados de dicha investigación, Colpensiones emitió las Resoluciones Nros. SUB262300 de 2 de diciembre de 2020, SUB21942 de 1º de febrero de 2021 y DPE894 de 11 de febrero de 2021 mediante las cuales negó la solicitud y resolvió los recursos de reposición y apelación oportunamente interpuestos. Contra las anteriores decisiones, la solicitante interpuso acción de tutela cuyo conocimiento correspondió por reparto al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá con sede en Soacha (Cundinamarca), quien, mediante sentencia de 13 de abril de 2021, declaró improcedente la acción por incumplir con el requisito de subsidiariedad. Proferida la anterior sentencia, la señora Mercedes Torres de Vargas radicó otra petición de reconocimiento pensional ante Colpensiones -que dio lugar a la Investigación Administrativa COLCO-323260- e interpuso una segunda acción de tutela que le correspondió por reparto al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Soacha. 41. La decisión que ahora se revisa es la proferida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá con sede en Soacha (Cundinamarca), y a ello se circunscribirá el presente análisis. 42. La accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, debido proceso, petición,“a la vida en conexidad con la salud y la seguridad social” y a “un adecuado nivel de vida”, presuntamente vulnerados con ocasión del trámite administrativo adelantado por Colpensiones porque “hizo la investigación correspondiente de una forma malintencionada y carente de profesionalismo (…) con una serie de preguntas que no se ajustaban a la finalidad”, y se aprovechó de su “situación emocional en la que me encontraba debido al fallecimiento de [su] hijo, que (...) era [su] único sustento” sin tener en cuenta que es “una persona la tercera edad, viuda y sin ningún apoyo”. 43. Si bien la señora Mercedes Torres de Vargas presentó solicitud de tutela contra Colpensiones en procura de la protección de sus derechos fundamentales “a la Seguridad Social, Mínimo Vital, Debido Proceso y Petición”[41], no se avizora vulneración al derecho de petición en tanto que la ciudadana recibió respuesta oportuna por parte de la entidad en relación con su solicitud. 44. Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si Colpensiones vulneró los derechos al debido proceso administrativo, a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante, al haber negado el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes reclamada por la supuesta falta de acreditación de la dependencia económica. 45. Previo al examen del problema jurídico descrito, la Sala explicará las razones por las que en este caso se descartará la temeridad (3), y pasará a demostrar que se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela (4). Para resolver el fondo del asunto, reiterará la jurisprudencia con relación a la pensión de sobrevivientes y el pago del retroactivo (5); recordará el contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso y el debido proceso administrativo (6); reiterará el alcance del derecho a la seguridad social y al mínimo vital como derechos fundamentales (7); para finalmente resolver el caso concreto (8). 3. Temeridad. Inexistencia de la conducta en el caso concreto 46. Cuando se promueve la misma acción de tutela ante diferentes operadores judiciales, bien sea simultánea o sucesivamente, se puede configurar la temeridad, conducta que involucra un elemento volitivo negativo por parte del accionante. Con el fin de identificar una posible situación constitutiva de temeridad, la jurisprudencia ha señalado que deben concurrir “(i) una identidad en el objeto, es decir, que ‘las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental’[42]; (ii) una identidad de causa petendi, que hace referencia a que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa[43]; y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan dirigido contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona jurídica, de manera directa o por medio de apoderado”[44]. A estos elementos se debe sumar (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista[45]. 47. Sin embargo, la Corporación ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de tutela no genera, per se, una conducta temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada en la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o en el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En términos de la Corte: “la institución de la temeridad pretende evitar la presentación sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que existen elementos materiales particulares para determinar si una actuación es temeraria o no. En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela aparentemente similares no hace que la tutela sea improcedente. A partir de esa complejidad, el juez constitucional es el encargado de establecer si ocurre su configuración en cada asunto sometido a su competencia”[46]. 48. Teniendo en cuenta que la Sala Cuarta de Revisión de la Corte conoce la tutela T-8.578.372 formulada por el ciudadana Mercedes Torres de Vargas, no se puede predicar que ésta haya sido interpuesta de forma temeraria o haciendo uso de un elemento volitivo negativo, que denote un propósito desleal o abuso del derecho. Lo anterior, porque (i) la señora Mercedes Torres de Vargas, se encuentra en un estado de indefensión propio de aquellas situaciones en las que los individuos acuden reiteradamente al amparo de tutela, ante la necesidad extrema de defender los derechos fundamentales. Además, se hace evidente (ii) que la demandante no contó con asesoramiento de algún profesional del derecho que la hubiera orientado y asesorado en la mejor forma de protección de sus derechos. Por demás, se resalta que la señora Torres de Vargas nunca negó que había interpuesto dos acciones de tutela; por el contrario, en la segunda acción de tutela, la ciudadana tiene como pretensión “revocar las decisiones del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá con sede en Soacha del 14 de abril de 2021 en primera instancia respectivamente (sic), que declararon improcedente en amparo invocado”[47]. 49. Ante las razones expuestas, se desvirtúa la presunta ocurrencia de temeridad, que deje al descubierto el abuso del derecho en la presentación del recurso de amparo que motiva el presente trámite de revisión. En consecuencia, y con base en los lineamientos expuestos en esta sentencia, no hay lugar a la declaratoria de temeridad en el caso que se examina. 4. Los requisitos generales de procedencia se cumplen en el caso concreto Legitimación en la causa 50. Por la vía activa. El artículo 86 superior establece que la acción de tutela es un mecanismo al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Por su parte, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispone que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante”. 51. La accionante actúa en nombre propio y es quien se ha visto directamente afectada con la negativa, por parte de Colpensiones, a reconocer la pensión de sobrevivientes como consecuencia del fallecimiento del afiliado, señor Neftalí Vargas Torres. 52. Por la vía pasiva. El mismo artículo 86 superior y los artículos 1º y 5 del Decreto Ley 2591 de 1991 establecen que la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública e incluso contra particulares. Así, la legitimación por pasiva se entiende como la aptitud procesal que tiene la persona contra la que se dirige la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o la amenaza del derecho fundamental, cuando alguna resulte demostrada. 53. En el caso objeto de análisis, la Sala advierte que la solicitud se dirige contra Colpensiones por ser la autoridad que negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora Mercedes Torres de Vargas con ocasión del fallecimiento del señor Neftalí Vargas Torres, mediante las resoluciones Nros. SUB262300[48], SUB21942[49] y DPE894[50]. En esos términos, la Sala considera que Colpensiones se encuentra legitimada por pasiva para actuar en este proceso. Inmediatez 54. La acción de tutela es un mecanismo expedito que busca garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares. Así, uno de los requisitos para evaluar su procedencia es la inmediatez. Lo anterior significa que, si bien la tutela puede formularse en cualquier tiempo, su interposición debe hacerse dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia[51]. 55. En el presente caso, la Sala tiene por satisfechas las exigencias de inmediatez en tanto la acción de tutela se presentó en el mes de marzo de 2021 contra la Resolución No. DPE894 de 11 de febrero de 2021 que resolvió el recurso de apelación y confirmó en su integridad la resolución SUB262300 de 2 de diciembre de 2020. Subsidiariedad 56. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política[52], el artículo 6º del Decreto-Ley 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia constitucional sobre la materia, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario. Por lo anterior, solo procede como mecanismo de protección: (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; o (ii) cuando existiendo, ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales invocados, a la luz de las circunstancias del caso concreto. Además, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, deberá ejercerse la acción ordinaria en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[53]. 57. Esta Corporación ha sostenido que el medio de defensa judicial resulta ser idóneo cuando es materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y efectivo, cuando está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados[54]. 58. De acuerdo con el sistema normativo colombiano, el recurso ordinario apto para ventilar las pretensiones de reconocimiento y pago de derechos pensionales es la acción laboral ante la jurisdicción ordinaria o la contencioso administrativa, según el caso[55], que resulta idónea y eficaz para la protección y garantía de los derechos involucrados en el trámite administrativo para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, la Corporación excepcionalmente ha admitido la procedencia de la acción de tutela, atendiendo a las circunstancias especiales y a la situación de cada individuo, que hace que la intervención del juez constitucional se haga necesaria e inminente. 59. Así, en diferentes pronunciamientos, con el fin de determinar la procedencia de la acción de amparo cuando median este tipo de pretensiones, se han ponderado aspectos como la edad del presunto afectado (menor de edad, adulto mayor), la situación económica, el estado de salud del solicitante y de su familia, el grado de afectación que tendrían sus derechos fundamentales ante la falta de pago de la prestación económica solicitada (mínimo vital), así como la actividad administrativa adelantada para obtener la protección de sus derechos[56]. En concreto, los presupuestos que se deben verificar son los siguientes: (i) que pertenezca a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia etc., (ii) que su falta de otorgamiento o su disminución genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular de su derecho al mínimo vital, (iii) que se haya iniciado cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener la salvaguarda de sus derechos, y (iv) que se acrediten las razones por las cuales el medio ordinario de defensa judicial es idóneo pero ineficaz o en caso contrario inidóneo, para lograr la protección integral de los derechos presuntamente afectados o, en su lugar, se está en presencia de un perjuicio irremediable[57]. 60. Adicionalmente, en sentencia T-836 de 2006 la Corte sostuvo que el excepcional reconocimiento del derecho pensional por vía de tutela se encuentra sometido, entre otras, a condiciones de tipo probatorio tales como “que en el expediente esté acreditada la procedencia del derecho, a pesar de la cual la entidad encargada de responder no ha hecho el mencionado reconocimiento o simplemente no ha ofrecido respuesta alguna a la solicitud”. En el mismo sentido, la sentencia T-479 del 2008 explicó que “resulta necesario que de las pruebas obrantes en el expediente se demuestre que se reúnen los requisitos necesarios para acceder al derecho a la pensión de sobrevivientes, sin importar que la entidad a cargo de la prestación niegue el reconocimiento o si la solicitud hecha por el interesado no se ha resuelto”. 61. En atención al anterior análisis, esta Sala encuentra que la señora Mercedes Torres de Vargas allegó documento de identidad en el que consta que tiene 77 años de edad en razón a que nació el 22 de diciembre de 1944[58]. Por otro lado, se evidencia, que tiene diabetes tipo dos, hipertensión, hipotiroidismo, entre otros. Asimismo, señala que solo recibe, de manera periódica, el subsidio correspondiente al Programa de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor-, equivalente a $80.000. De lo anterior se concluye que la señora Mercedes Torres de Vargas pertenece a un grupo de especial protección constitucional, que tal como lo señala la sentencia T-167 de 2011, “se constituye por aquellas persona que debido a su condición física, psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Así, ha considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran: los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza”. Al efecto, en sentencia T-836 de 2006 se subraya que “el juez de tutela debe mostrarse especialmente atento a estas amenazas cuando los beneficiarios de este derecho sean sujetos de especial protección, como miembros de la tercera edad, niños, población desplazada y madres cabeza de familia, pues en estos casos la lesión a sus derechos fundamentales tiene un efecto particularmente severo en la medida en que estos sujetos se encuentran previamente en una especial condición de desamparo, la cual se hace mucho más gravosa ante el no reconocimiento del derecho pensional”. 62. Así mismo, se pone de presente que el 16 de octubre de 2020 la señora Mercedes Torres de Vargas solicitó ante Colpensiones la pensión de sobrevivientes en su calidad de madre del señor Neftalí Vargas Torres; que el 21 de diciembre de 2020 la accionante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación ante la misma entidad contra la negativa al reconocimiento solicitado; que ante la confirmación de la negativa, la señora Torres de Vargas ejerció la acción de tutela que correspondió por reparto al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá con sede en Soacha (Cundinamarca). Así las cosas, resulta evidente que la demandante adelantó la actividad administrativa necesaria para obtener la salvaguarda de sus derechos. 63. Adicionalmente, la Sala estima que, conforme con el material probatorio que reposa en el expediente, la accionante se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, por su avanzada edad, por su estado de salud y la precaria situación económica en la que se encuentra. En efecto, la accionante alegó que cubre sus necesidades básicas con la caridad que recibe de sus vecinos y de lo poco que aportan sus hijos, por lo que la muerte del señor Naftalí la dejó en un desequilibrio económico y en una gran incertidumbre en su diario vivir. Por ello requiere de la intervención del juez de tutela para que valore las circunstancias personales por encima de exigirle cumplir con una carga procesal que no está en capacidad de asumir. 64. Finalmente, si bien el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por regla general, es el medio idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados en el procedimiento administrativo para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en el caso concreto el mecanismo ordinario no resulta eficaz teniendo en cuenta las características propias de la accionante quien necesita, de forma expedita, obtener la protección de los derechos que se encuentren vulnerados. 65. En consecuencia, la Sala se aparta del juez de primera instancia respecto al incumplimiento del requisito de subsidiariedad, y procederá a conocer de fondo el asunto, pues “la carga procesal de acudir al medio ordinario de defensa se torna desproporcionada debido a la condición de la persona que invoca el amparo, bien sea por el riesgo de que su ciclo vital se extinga antes de que termine el proceso judicial, o porque la extensión del trámite la lleve a una situación incompatible con la dignidad humana”[59]. 5. La pensión de sobrevivientes. Reiteración de jurisprudencia 66. La pensión de sobrevivientes “[T]iene por objeto garantizar una renta periódica a los miembros del grupo familiar de quien[es] dependían económicamente, como consecuencia de su muerte y de haber realizado, en vida, cotizaciones al sistema de seguridad social. Su finalidad es no dejar en una situación de desprotección o de abandono a los beneficiarios del afiliado o pensionado que fallece”[60]. 67. Esta figura, se encuentra regulada en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003[61], en el numeral primero del artículo 47 de la misma ley, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003[62], y en los artículos 48 y 49 ibídem. 68. El artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, estableció dos modalidades para acceder a esta prestación económica: la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes. La sustitución pensional surge cuando el fallecido ya había accedido a la pensión, es decir, que ya el causante estaba pensionado; mientras que, la pensión de sobrevivientes se da cuando la persona que fallece aún no ha cumplido los requisitos para ser titular del derecho. Así, aunque las dos figuras tienen origen en la misma fuente normativa, la diferencia radica en el momento en que ocurre el fallecimiento. El numeral segundo del artículo 46 reguló lo concerniente a la pensión de sobrevivientes, y estableció que se reconoce a los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre y cuando se demuestre que el causante cotizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha del fallecimiento. 69. Por su parte, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, determinó como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los padres del causante en la medida en que faltaren el cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, sin que sea necesario acreditar la dependencia económica absoluta respecto del causante, en los términos de la sentencia C-111 de 2006[63]. 70. Por tanto, la pensión de sobrevivientes es una prestación que tiene la finalidad de proteger la condición de vulnerabilidad en que quedan quienes dependían económicamente del causante. Para que el peticionario acceda a este reconocimiento debe: (i) cumplir los requisitos de tiempo de cotización por parte del afiliado; (ii) demostrar inexistencia de beneficiarios con mejor derecho que la accionante y (iii) evidenciar una dependencia económica de forma total o parcial frente al causante. 5.1. Pago de retroactivo en materia de pensión de sobrevivientes 71. Por regla general, la acción de tutela no es el instrumento para reconocer los retroactivos pensionales[64]. Sin embargo, cuando el conflicto puesto a consideración del juez constitucional versa en torno al reconocimiento de un derecho pensional, éste adquiere competencia para pronunciarse y amparar la pretensión de pago retroactivo de este derecho, excepcionalmente[65], cuando (i) hay certeza de la configuración del derecho pensional y (ii) se hace evidente la afectación al mínimo vital al constatarse que la pensión es la única forma de garantizar la subsistencia del accionante y que por una conducta antijurídica de la entidad obligada, los medios económicos para vivir han estado ausentes desde el momento en que se causó el derecho hasta la fecha de la concesión definitiva del amparo. Estas dos circunstancias hacen que el conflicto que por naturaleza es legal y que posee medios ordinarios para su defensa, mute en uno de índole constitucional, en donde los medios ordinarios se tornan ineficaces para el amparo de los derechos vulnerados o amenazados[66]. 72. El fundamento constitucional para ordenar el pago retroactivo de la pensión de sobrevivientes radica en que el juez constitucional debe reconocer los derechos a partir del momento exacto en que se cumplen los presupuestos fácticos y jurídicos que dan lugar a su configuración. Por lo tanto, cuando ordena el pago retroactivo, ha debido verificar que el supuesto de hecho de la disposición jurídica se ha consumado y, de esa manera, queda autorizada a realizar la calificación jurídica, con el fin de reconocer el derecho desde el momento mismo en que se hayan cumplido los requisitos para su configuración[67]. 73. La Corporación ha ordenado el pago retroactivo en materia pensional en varias oportunidades. Así a manera de ejemplo, en sentencia T-098 de 2005 se dispuso el reconocimiento de la indexación de la mesada pensional y el pago retroactivo de las mesadas adeudadas; en sentencia T-268 de 2009 se ordenó el reconocimiento y el pago retroactivo de una pensión de vejez; en sentencia T-425 de 2009 se ordenó el pago retroactivo de la primera mesada pensional. Más reciente en sentencia T-677 de 2014 o T-225 de 2018, entre otras, la Corte ordenó a Colpensiones, reconocer y pagar al actor el retroactivo pensional el cual tenía derecho. Por lo tanto, ordenar el pago retroactivo de una pensión de sobreviviente está dentro del camino que ha trazado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, siempre y cuando se cumplan los requisitos excepcionalísimos anteriormente expuestos (f.j. 70). 6. Contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso. Reiteración de jurisprudencia 74. El artículo 29 de la Constitución Política dispone, entre otras cosas, que el debido proceso “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”[68]. Al respecto, se recuerda que el alcance de este derecho fundamental ha sido fijado por la jurisprudencia de esta Corporación que lo define como aquel conjunto de garantías señaladas en el ordenamiento jurídico, a través de las que se procura la “protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”[69]. 75. En cuanto al contenido del debido proceso, la Corte ha identificado las garantías que lo conforman. Así, en la sentencia SU-274 de 2019, esta Corporación, reiteró la jurisprudencia en la materia y señaló que hacen parte del derecho al debido proceso: “(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) El derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) El derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) El derecho a la indep...