Sentencia T-289 de 2021

T-289-21 Sentencia T-289/21 DERECHO A LA HONRA Y BUEN NOMBRE FRENTE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES-Denuncia de víctimas de violencia sexual es un discurso especialmente protegido ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESION EN REDES SOCIALES-Reglas de procedencia PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD FRENTE AL BUEN NOMBRE Y HONRA EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Personas naturales PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD FRENTE AL BUEN NOMBRE Y HONRA EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Parámetros para determinar relevancia constitucional DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Fundamental/DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Contenido y límites/DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Alcance LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Jurisprudencia constitucional DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA-Fundamental DENUNCIA DE VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO CONTRA LA MUJER-Discurso especialmente protegido DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Concepto/DERECHO AL BUEN NOMBRE-Alcance DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Tensión frente a la libertad de expresión ESCRACHE Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES-Discurso protegido de denuncia social sobre hechos de acoso o violencia sexual DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad e imparcialidad/LIBERTAD DE EXPRESION-No es un derecho absoluto/LIBERTAD DE EXPRESION-Restricciones (…), los principios de veracidad e imparcialidad que, por regla general, son exigibles a cualquier comunicación de información, deben entenderse flexibilizados respecto de quien comunica una vivencia propia y, en concreto, de quien manifiesta su condición de víctima de un delito, pues, para éste, se trata de un hecho objetivo. LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSU-Tipos de discurso protegidos (i) los de contenido político o sobre asuntos de interés público; (ii) los que involucran cuestionamientos a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos; y (iii) los que expresan elementos esenciales de la identidad o dignidad personales (por el vínculo que estos tienen con la dignidad humana, igualdad, libertad de conciencia y la autonomía de la persona). Referencia: Expediente T-8.067.840 Acción de tutela formulada por el ciudadano CESAR contra la ciudadana AMANDA. Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo dictado, en única instancia, por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Manizales -Caldas- el primero (01) de junio de dos mil veinte (2020), dentro de la acción de tutela promovida por el ciudadano CESAR contra de la ciudadana AMANDA. El expediente de referencia fue escogido para revisión mediante Auto del veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021) por la Sala de Selección Número Dos, conformada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, y asignado por reparto al Magistrado Alberto Rojas Ríos como sustanciador de su trámite y decisión. I. ANTECEDENTES El pasado 19 de mayo de 2020, el ciudadano CESAR interpuso acción de tutela en contra de la ciudadana AMANDA, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre, honra y presunción de inocencia. De acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, el actor sustenta sus pretensiones en los siguientes: 1. Hechos 1.1. El accionante afirma que entre él y la ciudadana Amanda existía una relación de amistad desde el año 2017 y que, con ocasión a ella, esporádicamente surgieron encuentros sexuales. 1.2. El actor señala que el 1 de agosto de 2019, se encontraron en la universidad en la que estudian y empezaron a consumir licor y sustancias psicoactivas, luego de lo cual, tras varias horas juntos, terminaron llegando a su casa y sostuvieron relaciones sexuales; cuestión que, afirma, ya había ocurrido en múltiples ocasiones anteriores. 1.3. El actor afirma que días después del encuentro sexual recién descrito, se encontraron nuevamente con la ciudadana Amanda y ella le realizó varios reproches por sus relaciones con otras mujeres y que, ante esa situación, él le respondió que ella era una mujer “mala” que era “conocida por su activa vida sexual”; motivo por el cual ella no tenía por qué hacerle ninguna clase de reclamos. Por lo anterior, asevera que la accionada le “advirtió” que se “arrepentiría por haberla tratado así”. 1.4. El actor indica que aproximadamente 2 meses después del impase referido[1] la accionada empezó a expresarle que no recordaba lo que había ocurrido el 1 de agosto pasado y que él la había violado y abusado de su estado de inconsciencia para accederla carnalmente, a lo que él respondió que las relaciones sexuales que sostuvieron ese día habían sido consensuadas y producto del estado de alteración psíquica en el que se encontraban ambos con ocasión al consumo de licor y sustancias psicoactivas; tal y como había ocurrido en ocasiones anteriores entre ellos. 1.5. El ciudadano Cesar manifestó que intentó hablar con la accionada con el objetivo de pedirle disculpas por haberla tratado mal y ofenderla, pero que la respuesta fue siempre negativa. 1.6. Afirma que, en enero de 2020, la ciudadana Amanda pegó unos “panfletos” en los muros de la universidad en la que estudian, denunciándolo públicamente como abusador sexual, motivo por el cual acudió a los directivos de la universidad, quienes se abstuvieron de involucrarse en el problema y le recomendaron acudir a las vías judiciales correspondientes. 1.7. El actor afirma que, a pesar de lo anterior, intentó nuevamente dialogar con la accionada, pues afirma que nunca fue su intención abusar sexualmente de ella y que, en su entendimiento de las cosas, se trató de una nueva relación consensuada que ocurría entre ellos. 1.8. A pesar de lo anterior, asevera que la accionada realizó una publicación en su perfil de Facebook el 18 de mayo de 2020, la cual permitía que fuera identificado plenamente, y, en ella, (i) lo denunció públicamente como un abusador del que las mujeres debían cuidarse y (ii) adujo que existen otras 6 mujeres que también fueron víctimas de sus “acosos”. Adicionalmente, expresó que en dicha publicación la ciudadana Amanda afirmó que había presentado una denuncia en contra de él ante la Fiscalía General de la Nación. 2. Solicitud de la acción de tutela El actor considera desconocidos sus derechos fundamentales, pues la accionada realizó publicaciones injuriosas en sus redes sociales, en las que cuestionó su buen nombre, imagen y honra, y, en virtud de las cuales, le acusa de abusador sexual, a pesar de que no existe ninguna prueba de dichas afirmaciones, ni mucho menos una sentencia que lo haya condenado penalmente por esos hechos. Destaca que si bien no niega la ocurrencia de las relaciones sexuales a las que hace referencia la accionada, lo cierto es que afirma que ellas ocurrieron de manera consensuada y, en ningún momento, forzó a la demandada a incurrir en acciones que ella no hubiera querido, ni que no hubieran ocurrido antes; motivo por el cual asevera que, con ocasión a las publicaciones realizadas se ha visto gravemente afectado, al punto de que ello le ha generado afectaciones psicológicas que lo han llevado a considerar quitarse la vida. Por lo anterior, solicitó al juez de tutela que (i) ordene a la accionada, a manera de medida cautelar, retirar la publicación en la que lo acusan de violador; y (ii) amparar sus derechos y se ordene a la accionada no solo eliminar la publicación en las que lo tildan como abusador sexual, sino también rectificar la falsa información publicada y pedirle disculpas públicas. 3. Material probatorio obrante en el expediente 3.1. Copia de las actuaciones penales surtidas al interior de la denuncia penal realizada por la ciudadana Amanda en contra del ciudadano Cesar por la comisión de un presunto “Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir” (artículo 207 del código penal). Dentro de estas actuaciones es posible individualizar: - Entrevista del 09 de octubre de 2019, en la que se recibe el relato de los hechos realizado por la denunciante. - Informe ejecutivo del 11 de octubre de 2019 en el que se concretan las actuaciones desplegadas inicialmente por la fiscalía y se hace un recuento de los posibles hechos. - Valoración del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad Básica de Manizales, del 11 de octubre de 2019, en la que se hace un examen de la condición física en la que se encuentra la denunciante. - Entrevista del 10 de diciembre de 2019, en la que se le solicitó a la denunciante profundizar en los hechos descritos. - Informe de investigador de campo del 30 de enero de 2020 en el que describen las actuaciones desplegadas hasta el momento y se da cuenta de la entrevista que se realizó a una de las profesoras de la denunciante, quien se afirmó tenía conocimiento de los hechos. - Historia Clínica de la denunciante. 3.2. Capturas de pantalla de las conversaciones que tuvieron lugar entre el accionante y la accionada y en virtud de las cuales (i) el actor afirma haber intentado conciliar amigablemente con la accionada, sin que fuera posible llegar a un acuerdo y (ii) la accionada afirma que reprochó al actor sus acciones y le reclama no reconocer su falta. 3.3. Publicación realizada por la accionada en la plataforma de Facebook, en la que denuncia públicamente que fue abusada sexualmente por el accionante y hace un llamado a que las demás mujeres, y la sociedad en general, tengan cuidado con el actor. Textualmente, el texto de la publicación correspondió a: “Esta publicación es tan incómoda para mí como para las personas implicadas, pero ya no puedo permitir que esto avance de una manera tan cínica. En agosto del año pasado fui víctima de abuso sexual por parte de (Cesar), fue una situación muy difícil para mi y mi salud mental y por miedo a muchas cosas me tardé dos meses en denunciarlo. Posterior a la denuncia fueron llegando de mi de forma tímida (SIC) testimonios de algunas mujeres las que él había acosado sexualmente (SIC)y otra con la que por poco hubo un intento de abuso sexual. Esto me pareció indignante cómo todas guardamos silencio creyendo que éramos las únicas, afectando así nuestra salud mental y emocional, por lo que hice un scrach (SIC) del sujeto al interior de la Universidad (…) con volantes pegados en los baños de las chicas ya que los testimonios anteriores me hicieron entender que seguramente habían mas mujeres violentadas por el mismo sujeto y viviéndolo en silencio. Él quitó todos los scrach (SIC) y ante su círculo social dijo que yo era una persona que le quería hacer el mal y que era una cobarde que no podía la cara para decir las cosas. Esto es mentira, antes del scrach (SIC) el sujeto me hablaba por Messenger y me pidió varias veces perdón por lo sucedido por medio de argumentos muy malos y tratando de persuadirme de que no le “quitara” tiempo con la denuncia y de que resolviéramos el asunto con una toma de yagé para él pedirme perdón ante “entidades superiores”. Obvio no acepté, pero no entiendo porqué decía sentirse tan arrepentido si luego ante los demás decía que yo era una mentirosa, si alguien se siente arrepentido lo mínimo sería reconocer su error ante los demás. Posterior al scrach (SIC), efectivamente llegaron a mi más testimonios sobre de acoso sexual (SIC), hasta la fecha somos 6 mujeres afectadas por él pero creo que solo mi caso está denunciado ante la fiscalía. Esta semana hice nuevamente un scrach (SIC) ya virtual pero no público, y el muy cínico me dijo que me iba a denunciar por hacerlo. Por eso hago esto público, porque el cinismo ya desborda límites y para invitar a las mujeres que han sido violentadas por él que denuncien por favor, no están solas, no son las únicas que les ha pasado, y necesitamos que ante la ley tenga una sanción, por favor no permitan que este hombre se crea con el derecho de arremeter contra las personas que quieran que la verdad se sepa. Adjunto imágenes de conversaciones con él en donde se evidencia un poco de lo dicho anteriormente.” 3.4. Constancia Secretarial del 01 de junio de 2020 en la que el Juzgado Noveno Civil Municipal de Manizales, Caldas, indicó que, tras revisar el perfil de Facebook de la accionada, fue posible constatar que la publicación realizada el pasado 18 de mayo de 2020 a las 10:48 de la mañana, fue objeto de 488 “me gusta”, 36 comentarios y se compartió 240 veces. 4. Trámite de la acción de tutela objeto de revisión Mediante auto del 19 de mayo de 2020, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Manizales -Caldas- admitió la acción de amparo, notificó a la accionada y se abstuvo de decretar la medida cautelar solicitada, pues consideró que lo pedido como medida cautelar era el objeto final del litigio y no se evidencia la inminente materialización de un perjuicio irremediable que justifique adoptar una orden de ese tipo en sede de admisión. Adicionalmente, ordenó a la accionada y a la Fiscalía General de la Nación que, respectivamente, allegaran (i) la publicación realizada en la que se denuncia al actor como violador y (ii) un informe en el que se certifique la existencia de un proceso penal en contra del actor por estos hechos y se aclare el estado en el que se encuentra. 4.1. Amanda A través de oficio del 22 de mayo de 2020, la accionada solicitó al juzgado de instancia denegar todas las pretensiones del ciudadano Cesar, pues consideró que “no se le puede exigir a la víctima de un delito” el respeto de la presunción de inocencia, pues ello implicaría revictimizarle, al impedirle expresar los hechos de los que sufrió y reclamar justicia para sí. Como primera medida aclara que los hechos que circunscriben el litigio no ocurrieron como los narró el actor. Por ello, hace las siguientes precisiones: - Aseveró que si bien acompañó al actor a la casa en donde vivía, ella inicialmente se rehusó a entrar y, solo lo hizo, por la presión que ejerció al insistirle que ingresara. Afirmó que, posterior a ello, él cerró la puerta con llave y le ofreció un whisky, el cual indica no haber podido ver cuando sirvió. Destacó que, luego de varios tragos, el actor se acercó a tocarle las piernas y que ella se sintió muy incómoda y le manifestó que deseaba irse y que no quería sostener relaciones sexuales con él ese día. No obstante, indicó que se sintió mareada y, ello, la llevó a quedarse dormida y, cuando despertó, él empezó a tocarla de nuevo y, ante la situación de debilidad en la que se encontraba, se abstuvo de impedir que la accedieran sexualmente. Finalmente, aclaró que, contrario a lo afirmado por el actor, sus encuentros sexuales no fueron frecuentes, ni constantes, sino que, por mucho, ocurrieron 3 o 4 veces, contando la vez del abuso. - Respecto de la presunta amenaza realizada por ella (hecho 1.3.), afirmó que ello es falso, pues afirma que, después de los hechos que denuncia, ellos no volvieron a hablar hasta el mes de noviembre, momento en el que el actor le reclamó porque en la universidad se estaban escuchando rumores de que él la había violado. - Manifestó que, contrario a lo expresado por el actor, las relaciones sexuales que tuvieron el día objeto de la denuncia, no ocurrieron de forma “consensuada” pues, indica que ella específicamente le manifestó al actor que no quería tener relaciones sexuales con él ese día. Adicionalmente, aclara que es falso que ambos se encontraran en “igual” estado de alicoramiento, pues mientras ella no podía ni siquiera mantenerse en pie, él podía hablar y moverse perfectamente, al punto de que la accedió carnalmente. - Expresó que es falso que el actor le pidiera perdón por haberla “tratado mal”, pues, por el contrario, las excusas estaban dirigidas al abuso del que fue objeto, para demostrar esto, allega fotos de la conversación que tuvieron por chats en internet. Ahora bien, la accionada afirma que no le pueden exigir a ella, en su condición de víctima de un abuso sexual, que respete la presunción de inocencia y se abstenga de denunciar públicamente los hechos de los que fue víctima, pues es mucho más grave revictimizar a quien sufrió del delito y limitar su capacidad de expresarse y denunciar los hechos, que la posible afectación que se genera al buen nombre y honra del victimario, quien, en el caso de resultar procedente, podrá gestionar las sanciones e indemnizaciones que resulten pertinentes. De conformidad con lo expuesto, considera que mientras exista la denuncia penal y no haya un fallo judicial que determine la inocencia del presunto victimario, no le pueden exigir a la víctima del delito retractarse públicamente de sus denuncias. Por lo anterior, afirma que deben negarse las pretensiones de tutela invocadas. Aclara que las conversaciones que allega como anexas a su escrito, demuestran que no están en discusión los hechos que ella denuncia, pues lo que será objeto de debate en el trámite penal iniciado es si estos hechos pueden ser calificados como un delito en el ordenamiento jurídico colombiano o no. Así, considera que los postulados de buen nombre y presunción de inocencia no le son exigibles a ella, que, como víctima directa de las agresiones del actor, actúa con “consciencia de antijuricidad” al denunciar hechos que vivió y no simples afirmaciones o especulaciones y, por tanto, debe gozar de protección por parte de la Ley, al menos hasta que existe un pronunciamiento de la justicia penal ordinaria. Adicionalmente, expresa que sus manifestaciones están protegidas por la figura de la “legítima defensa” pues considera que las denuncias públicas se muestran como la única forma en la que puede evitar futuras agresiones para sí y para las demás mujeres que pueden llegar a ser víctimas de hechos similares. En este respecto, estima que la eventual afectación que se pueda causar al accionante jamás podrá ser proporcional a la agresión que generó y que es denunciada, pues siempre será inferior al daño causado. Finalmente, para sustentar sus afirmaciones, allegó fotografías de la publicación que realizó en contra del accionante, así como de las conversaciones que sostuvo con él y en las que funda sus pretensiones. 4.2. Fiscalía 23 Seccional Adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales -CAIVAS- de Manizales Mediante Oficio de 21 de mayo de 2020 informó que está adelantando una investigación penal en contra del accionante por la presunta comisión del delito de “Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir (art. 207 C.P.)” y este trámite se encuentra en etapa de indagación. A su oficio allegó copia de las actuaciones surtidas al interior del proceso penal referidas el numeral 3.1. de esta providencia. 5. Sentencia objeto de revisión 5.1. Primera Instancia El Juzgado Noveno Civil Municipal de Manizales, mediante sentencia del 1 de junio de 2020, decidió conceder el amparo ius-fundamental pretendido por el accionante y ordenar a la ciudadana Amanda que retire las publicaciones que dieron origen al presente debate constitucional. Por ello, le advirtió a la accionada que (i) se abstenga de incurrir en conductas similares en el futuro y que, (ii) en el caso de incumplir la orden otorgada, se impondrán las sanciones que resulten pertinentes y, si a ello hubiere lugar, se oficiará a la plataforma web correspondiente para que proceda a removerlas de la internet. Para sustentar su decisión, el juzgado de instancia indicó que se había afectado el buen nombre del actor comoquiera que, si bien fue denunciado penalmente por la accionada como autor del delito de acceso carnal violento o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, este trámite se encuentra en etapa de “indagación” motivo por el cual no existe una sentencia judicial que lo declare como culpable. Por ello, considera que el hecho de que la publicación de la actora lo muestre como culpable de los hechos, permite que se cree una sanción o reproche social sobre el actor, sin que se haya desvirtuado judicialmente su presunción de inocencia, cuestión que afecta en última medida los derechos del accionante. 5.2. Impugnación A pesar de que obtuvo una sentencia favorable a sus pretensiones, el actor presentó escrito de impugnación el 5 de junio de 2020, en el cual aseveró que la accionada seguía realizando publicaciones en la red social de Facebook y que éstas también debían ser objeto del pronunciamiento por parte del juez. Con todo, dicho recurso fue rechazado por extemporáneo. II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN Mediante Auto del 16 de abril de 2021, el Magistrado Ponente dispuso guardar la reserva de las identidades de las partes del litigio en relación con la totalidad del trámite de la presente acción, por considerar que los hechos que involucra tienen la virtualidad de afectar la intimidad de las partes. En aquella ocasión, el ponente también solicitó a las partes realizar un recuento actualizado de las actuaciones que han tenido lugar con ocasión a los hechos objeto de litis, desde la expedición de la sentencia de tutela, así como que informen el estado actual en el que se encuentra la denuncia penal iniciada por la accionada. En relación con este último aspecto, también se pidió información a la Fiscalía 23 Seccional Unidad CAIVAS de Manizales, que es la autoridad que adelanta el trámite. De otro lado, se ofició a (i) el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia; (ii) Women’s Link Worldwide; (iii) la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; (iv) la Procuraduría General de la Nación; y (v) a la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de que rindieran concepto en relación con la situación fáctica y jurídica que circunscribe el asunto. Adicionalmente, se les solicitó estas entidades que, desde el ámbito general de su experticia o sus funciones legales y constitucionales, informen: (a) ¿cuál es el alcance del derecho a la libertad de expresión, en sus modalidades de libertad de información y de opinión, en casos en los que se denuncia la presunta comisión de conductas delictivas sin que exista previamente una sentencia condenatoria?; (b) ¿dicho estándar cambia o tiene algún matiz en los eventos en los que es la víctima del delito denunciado es quien hace la publicación?; y (c) ¿resultaría pertinente hacer alguna distinción cuando quien realiza la denuncia es una mujer víctima de delitos sexuales? En sede de revisión, se recibieron las siguientes intervenciones: Fiscalía Veintitrés Seccional Caldas de la Unidad de Delitos Sexuales CAIVAS Por medio de escrito del 26 de abril de 2021, informó a esta Corporación que el trámite penal por la denuncia de la ciudadana Amanda se encuentra actualmente en etapa de “indagación”. Women’s Link Woldwide A través de documento allegado a esta Corporación el pasado 23 de abril de 2021, informó que no cuentan con el conocimiento técnico requerido para participar en el caso objeto de estudio. Red de Acceso a la Justicia, El Veinte. Mediante oficio del 6 de mayo, informó que, si bien desea participar del presente trámite, en esta ocasión opta por realizar un pronunciamiento general y despegado de la situación fáctica del caso concreto, pues desconoce las particularidades del expediente, en razón a que el mismo es objeto de reserva. Expone que la violencia sexual es un tipo de violencia contra las mujeres y, como tal, tiene como finalidad perpetuar la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres con respecto a los hombres, e impide el goce efectivo de los derechos de las víctimas. Así, considera que este tipo de violencia es reflejo del arraigo que las prácticas machistas tienen en la cultura. En este contexto, pone de presente que las víctimas suelen preferir guardar silencio cuando son víctimas de este tipo de hechos, pues las leyes y los procedimientos judiciales se han mostrado ineficientes y revictimizantes; y, adicionalmente, porque la sociedad ha tendido a estigmatizar a quienes denuncian. Por ello, considera que este tipo de manifestaciones deben ser entendidas como una forma de visibilizar este fenómeno social y permitirles así a las mujeres expresar su inconformismo con respecto a el contexto social actual. Considera que las redes sociales son escenarios válidos para realizar este tipo de manifestaciones, las cuales no pueden estar sujetas a criterios de veracidad que impliquen la demostración judicial de los hechos. Destaca que, si bien las alegaciones que hagan deben estar fundadas en elementos que, demuestren indiciariamente la factibilidad de la ocurrencia del hecho, lo cierto es que no debe exigírseles certeza y contundencia en sus denuncias, pues el temor de las víctimas a revivir esos episodios, así como a sufrir cuestionamientos públicos, impide que en muchas ocasiones puedan demostrar la ocurrencia precisa de los hechos. De ahí que, con ocasión a las dificultades probatorias que se derivan de demostrar episodios de violencia sexual, debe ajustarse este parámetro de veracidad al contexto de delitos complejos. Por lo expuesto, considera que la imposición de sanciones por la presunta extralimitación a la hora de realizar denuncias públicas en casos de violencia sexual contra las mujeres debe tener en cuenta la posibilidad de que tales restricciones desencadenen en un efecto intimidatorio o inhibitorio en otras mujeres interesadas en denunciar hechos similares. Procuraduría General de la Nación Por medio de oficio del 6 de mayo de 2021, solicitó que se revoque la decisión del juzgado de instancia y, en su lugar se niegue el amparo otorgado, pues, al ordenar el retiro de la publicación, silenció injustificadamente la denuncia pública la accionada y su protesta frente al abuso sexual y la violencia que sufrió contra su condición de mujer. Asevera que, dada la naturaleza del derecho a la libertad de expresión, es necesario entender que cuando quiera que éste entre en tensión con algún otro derecho, como la honra o el buen nombre, “debe realizarse un ejercicio de ponderación'' en el que se tenga en cuenta que, dada la primacía de la prerrogativa en estudio, solo será admisible su restricción en casos excepcionales. En este contexto, frente a la posibilidad de realizar denuncias públicas sobre delitos, si bien la libertad de expresión encuentra un límite claro cuando se trata denuncia de conductas delictivas, pues ello afectaría la presunción de inocencia, lo cierto es que en la Sentencia SU-274 de 2019, la Corte Constitucional precisó que las personas "tienen derecho de denunciar públicamente los hechos y actuaciones irregulares de los que tengan conocimiento (...), por lo que no están obligadas a esperar a que se produzca un fallo para informar de la ocurrencia de un hecho delictivo". Destaca adicionalmente que, en lo relativo a delitos sexuales en contra de mujeres, la denuncia pública es un “discurso protegido” por su importancia para la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que no puede censurarse en ningún caso, máxime cuando se trata de expresiones frente a las que media una denuncia penal sobre los hechos. El Ministerio Público considera que el derecho de las mujeres a denunciar judicialmente la violencia sexual que hayan sufrido es tan importante como la prerrogativa de denunciarlos públicamente. Adicionalmente, considera que este tipo de denuncias públicas no pueden estar supeditadas a una condena penal, pues muchas veces ello nunca ocurre en razón a la ausencia de denuncias por temor o pena, la demora en los trámites propios del proceso o por la impunidad que caracteriza esta clase de criminalidad. Estima que, si el denunciante es la víctima directa del delito, no puede restringirse su derecho a manifestar su inconformidad con lo sucedido, pues ello constituye un ejercicio legítimo de la garantía de las víctimas a ser escuchadas. En este sentido, reconoce que existe una tensión entre los derechos de la mujer denunciante y aquellos del presunto agresor; con todo, considera que los segundos deben ceder, pues a pesar estar protegidos en el ordenamiento constitucional, es necesario entender que prima la libertad de expresión de las mujeres, como grupo especialmente protegido y en situación de vulnerabilidad. Por lo expuesto, considera que exigir la eliminación de una publicación donde se denuncie un abuso sexual o, en un escenario más extremo, ordenar la retractación y el perdón público de la mujer a su presunto victimario, implicaría que el Estado estaría agravando la desprotección y vulnerabilidad de las mujeres, y, así, abriría aún más la brecha de discriminación que existe en contra de ellas. Defensoría del Pueblo A través de oficio del 6 de mayo de 2021 indicó que el derecho a la libertad de expresión tiene una gran preponderancia en el ordenamiento jurídico interno y debe ser garantizado de la manera menos restrictiva posible; considera que cualquier intervención que se haga sobre él, debe ser sumamente excepcional y, por ello, cuando resulte necesario limitarlo, las restricciones a imponer no pueden censurar el contenido de lo comunicado. Destaca que cuando una persona denuncia la comisión de un delito, en el fondo, busca generar una discusión social sobre la injusticia de la que afirma haber padecido y, así, prevenir a otras personas respecto de la situación de la que afirma haber sido víctima. Adicionalmente, pone de presente que las denuncias que se hagan de una conducta delictiva deben ser comprendidas como un discurso protegido, pues se trata de la expresión de un elemento esencial de la identidad o dignidad de la persona. Considera que no es proporcional limitar la expresión de una persona que afirma haber sido víctima de un delito, pues ello implicaría desconocer que es competencia del juez de la causa (penal), determinar si en efecto se configuró la conducta denunciada o si se trata de una denuncia falsa. Pone de presente que la Corte Constitucional en ocasiones anteriores se ha pronunciado sobre la necesidad de aplicar la perspectiva de género en casos en los que está de por medio la violencia contra la mujer y que, en este caso, se requiere de una valoración que tenga en cuenta que las mujeres están más expuestas que los hombres frente a riesgos a su integridad sexual; cuestión que se ve agravada por el contexto social de impunidad que vive el país en relación con este tipo de conductas y en virtud del cual es muy difícil denunciar y lograr que esas denuncias sean efectivamente escuchadas y tramitadas. Estima que este tipo de denuncias en redes sociales muchas veces son la única herramienta con la que cuenta una persona para ser escuchada, motivo por el cual estima irrazonable limitar estas expresiones. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) Por medio de oficio del 13 de mayo de 2021 indicó que actualmente no cuenta con la capacidad para participar en el presente trámite. Ciudadano Cesar Mediante correo electrónico del 15 de junio de 2021 el actor se pronunció en relación con los hechos objeto del litigio y, en específico, respecto de las intervenciones realizadas en sede de revisión. Sobre el particular, indicó que le parecen preocupantes las posturas adoptadas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en virtud de las cuales se carga sobre él, el maltrato que cultural e históricamente se ha hecho en contra de la mujer y lo perjudican por el simple hecho de ser hombre. Recuerda que, con ocasión a la publicación realizada por la accionada, su vida se vio muy afectada, pues fue objeto de numerosos insultos, amenazas y malos tratos; afirma que estuvo en riesgo de perder sus prácticas institucionales y tuvo muchos problemas para graduarse. Destaca igualmente que también ha sufrido afectaciones a nivel familiar e incluso personal, pues aduce que ahora tiene miedo de llegar a intimar con otras mujeres, pues considera que puede ser denunciado y condenado públicamente, en cuanto, en estos eventos, el hombre cuenta con una presunción de culpabilidad en su contra. En ese sentido, el actor reclama que, tanto la Procuraduría, como la Defensoría, desconocen que, si bien la discriminación y el abuso del que han sido víctimas las mujeres en general, existe en Colombia, lo cierto es que, en el presente caso, corresponde valorar la situación particular y concreta que lo circunscribe a él y a la accionada, y no cabe traer a colación fenómenos “históricos sociales” que superan el debate del caso en concreto. En igual sentido, afirma que no comprende porqué “se debe estudiar el presente caso con enfoque de género, puesto que estamos en una disputa ante iguales, esto por cuanto no soy una entidad, un gremio o una persona si quiera medianamente poderosa, como para que tenga que brindarse una protección con enfoque especial a una mujer por el simple hecho de tener en contraposición a un hombre”. Así, en su criterio los jueces deben evitar adoptar una postura “activista”, pues en el presente caso se trata de una discusión entre iguales y no resulta adecuado dar ninguna prelación a alguna de las partes. Adicionalmente, el actor reprocha que la Procuraduría y la Defensoría, en sus intervenciones, afirmaran que (i) se está censurando a la accionada; (ii) que él puede acudir ante Facebook para reclamar que la supresión de la publicación objeto de debate; y (iii) que debe respetarse la presunción de buena fe de la accionada, incluso, cuando, en su criterio, ello implica saltarse su presunción de inocencia. Por todo lo anterior, solicita que se confirme la decisión de instancia pues afirma que, de lo contrario se avalaría que las personas tomen justicia de mano propia en las redes sociales. III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 6. Competencia La Corte Constitucional es competente para pronunciarse en sede de revisión en relación con el presente fallo de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política de Colombia, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes. 7. Planteamiento del caso y problema jurídico El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales (i) al buen nombre, (ii) a la honra y (iii) a la imagen, con ocasión a una publicación realizada por la accionada en la que afirma que fue víctima de abuso sexual por parte del actor; cuestión que estima falsa y carente de fundamentos, pues si bien no niega la ocurrencia de las relaciones sexuales entre las partes, estima que estas fueron consensuadas, tal y como afirma que había ocurrido en ocasiones anteriores. De acuerdo con los hechos descritos, en primera medida, y a manera de análisis preliminar al estudio de fondo de las pretensiones invocadas, corresponde a la Sala Novena de Revisión determinar si: ¿la acción de tutela es procedente para obtener la supresión de una publicación en la que se le imputa públicamente a una persona, en redes sociales, haber cometido un delito sexual en contra de quien publica? Así, una vez superado este análisis, y solo en el evento en el que se verifiquen los supuestos de procedencia, se estudiará si ¿la denuncia pública realizada en la plataforma social de Facebook por la señora Amanda en contra del ciudadano Cesar, en su calidad de presunta víctima de un delito sexual, vulneró los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la imagen del actor en razón a que no existe una sentencia condenatoria en su contra o, por el contrario, se encuentra amparada en el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión? 8. Procedencia de la acción de tutela para proteger los derechos a la honra y buen nombre, con ocasión a un presunto exceso en el ejercicio de la libertad de expresión[2] La acción de tutela se caracteriza por ser un mecanismo informal de protección judicial de derechos fundamentales, pues se trata de una acción pública a la que puede acudir cualquier persona sin necesidad de técnicas y conocimientos especializados. A pesar de ello, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia de unos requisitos mínimos de procedibilidad que deben verificarse a efectos de que sea posible que el juez constitucional entre a resolver el fondo de la litis que ante él se plantea. Por ello, el juez de tutela se encuentra en la obligación de esclarecer, antes de analizar la situación fáctica que le ha sido planteada, la configuración de los siguientes requisitos: (i) la legitimación para hacer parte del proceso por quienes en él se encuentran inmiscuidos, ya sea de quien incoa la tutela (accionante -legitimación por activa-)[3] o de quien se predica la presunta vulneración ius-fundamental (el accionado -legitimación por pasiva-)[4]; (ii) la inmediatez[5] con que se acudió a este excepcional mecanismo de protección; y (iii) la inexistencia de mecanismos ordinarios de protección o, que éstos no sean idóneos y/o eficaces para garantizar la protección (subsidiaridad)[6]. Ahora bien, en materia de acciones de tutela en las que está en discusión la efectividad de los derechos a la libertad de expresión en relación con la honra y el buen nombre de una persona, esta Corte ha interpretado los requisitos existentes de una manera particular, motivo por el cual se harán las precisiones que corresponden, en los términos desarrollados en la Sentencia SU-420 de 2019. En lo relativo a la legitimación por pasiva esta Corte ha precisado que, si bien la acción de tutela está pensada para hacer frente a las afectaciones a los derechos fundamentales causadas por las autoridades públicas, existen eventos excepcionales en los que puede proceder en contra de particulares. En concreto, se han reconocido tres eventos en los que la tutela puede ser procedente, esto son: (i) cuando el particular presta un servicio público; (ii) cuando la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo y, (iii) cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular[7]. En relación con el último de los supuestos recién referidos, la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que se configura el estado de indefensión cuando se evidencia una relación de dependencia de una persona respecto de otra y, con ocasión a ella, la primera se encuentra en un estado de debilidad manifiesta en virtud del cual, le es imposible defenderse ante la agresión de sus derechos. En específico, en lo relativo a los casos en los que se discute una eventual afectación con ocasión a publicaciones realizadas en redes sociales, se ha considerado que, para efectos de determinar el estado de indefensión en el que puede encontrarse una determinada persona, corresponde al juez, en primera medida, verificar la posibilidad de que el afectado pueda “reportar” el contenido que se reprocha como inadecuado al interior de los canales internos de la plataforma en la que se hizo la publicación. Se destaca que las plataformas no suelen inmiscuirse en disputas sobre afectaciones al buen nombre y honra. En concreto, en Sentencia SU-420 de 2019 se refirió que, en el caso de plataformas como Facebook, éstas únicamente actúan cuando se dan incumplimientos a las “normas de comunidad”, las cuales comprenden limitaciones en relación con publicaciones que traten sobre: (i) violencia y comportamiento delictivo, que incluye violencia creíble, personas y organizaciones peligrosas, promocionar o publicar la delincuencia, organizar actos para infligir daños, artículos regulados; (ii) seguridad que se refiere a suicidio y autolesiones, desnudos y explotación sexual de menores, explotación sexual de adultos, bullying, acoso, infracciones de privacidad y derechos de privacidad de las imágenes; (iii) contenido inaceptable como el lenguaje que incita al odio, violencia y contenido gráfico, desnudos y actividad sexual de adultos, contenido cruel e insensible; (iv) integridad y autenticidad referente a spam, representaciones engañosas, noticias falsas, cuentas conmemorativas; (v) propiedad intelectual en donde se hace alusión a las solicitudes de usuarios y medidas adicionales de protección para menores. A la luz de lo expuesto, en los eventos en los que la afectación aducida por el accionante no concuerda con el tipo de contenido restringido al interior de la plataforma, se hace necesario entender que el afectado se encuentra en una situación de “indefensión” al no contar con un medio directo de reclamo ante la plataforma[8]. En concreto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Sentencia SU-420 de 2019, concluyó: “En suma, la situación de indefensión en estos casos se evidencia cuando se realizan publicaciones que afectan la honra o buen nombre de las personas a través de las distintas redes sociales sobre las cuales el demandante o afectado no tiene la posibilidad de denunciar al interior de la plataforma por conculcarlas (sic) normas de la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, para la Sala Plena, corresponderá al juez constitucional en cada caso concreto examinar la situación de indefensión del accionado, a fin de determinar si la tutela se torna procedente, atendiendo las circunstancias del caso concreto, las personas involucradas, los hechos relevantes y las condiciones de desprotección, que pueden ser económicas, sociales, culturales y personales.” (negrillas fuera del texto original) En lo relacionado con el requisito de subsidiaridad, se ha reconocido que ante eventuales afectaciones a la honra y al buen nombre que surjan con ocasión a una publicación realizada por una persona natural, el afectado carece de medios ordinarios a los cuales acudir siempre y cuando se hayan agotado los siguientes requisitos: “i) Solicitud de retiro o enmienda ante el particular que hizo la publicación. Esto por cuanto la regla general en las relaciones sociales, y especialmente en las redes sociales, es la simetría por lo que la autocomposición se constituye en el método primigenio para resolver el conflicto y la acción de tutela es el mecanismo residual. ii) Reclamación ante la plataforma donde se encuentra alojada la publicación, siempre y cuando en las reglas de la comunidad se habilite para ese tipo de ítem una posibilidad de reclamo (supra f. j. 64). iii) Constatación de la relevancia constitucional del asunto, aun cuando existen la acción penal y civil para ventilar este tipo de casos, no se predica su idoneidad y eficacia cuando así lo demuestre el análisis de contexto en que se desarrolla la afectación.”[9] (negrillas fuera del texto original) Sobre el particular, en la Sentencia SU-420 de 2019 se precisó que el requisito referido a la reclamación que se exige ante la plataforma, debe ser estudiado a la luz de si ésta puede tener la virtualidad de salvaguardar efectivamente el derecho presuntamente vulnerado, pues, como se indicó en el acápite relativo a la legitimación por pasiva, las políticas de la plataforma pueden carecer de la idoneidad requerida para lograr la supresión del contenido que se considera difamatorio (cuestión que deja al actor sumido en un estado de indefensión) y, por tanto, exigirle al ciudadano acudir a estos canales, puede terminar por prolongar injustificadamente la solución de su situación jurídica particular. Finalmente, para efectos de determinar la “relevancia constitucional” recién referida, esta Corte, en la Sentencia SU-420 de 2019, estimó indispensable que el juez constitucional valore: (i) ¿quién comunica?; (ii) ¿respecto de quien se comunica?; y (iii) ¿cómo se comunica? Así, en lo relativo al sujeto que realiza la publicación, se ha de examinar, en primera medida, si se trata de alguien que se expresa de forma anónima o que está plenamente identificado, y, en el segundo de los casos, si se trata de un a) particular, b) funcionario público, c) persona jurídica, d) periodista, o e) alguien perteneciente a un grupo históricamente discriminado. Pues, dependiendo de la calidad de quien publica, deberá entenderse más o menos gravosa la publicación y, por tanto, más evidentes los efectos nocivos que puede tener sobre el afectado. En igual sentido, habrá de valorarse la afectación correlativa que puede sufrir quien comunica en el evento de que sus expresiones sean restringidas y los efectos que ello puede generar a nivel individual y social. En lo relacionado con el sujeto respecto del que se hace la publicación, se ha considerado que corresponde evaluar si se trata de particulares, de servidores públicos o de sujetos con relevancia pública pues, en principio, los primeros cuentan con un mayor grado de protección que quienes se encuentran socialmente expuestos. Con todo, se ha entendido que ello no significa que estas personas carezcan de la posibilidad de reclamar una afectación en el sentido objeto de análisis, sino que debe entenderse que les es exigible un mayor grado de tolerancia a la crítica. Finalmente, en lo atinente a la forma en la que se realiza la publicación, incumbe al juez de tutela examinar: - El contenido del mensaje: Es decir, que se trate de una expresión que, indistintamente de la forma en la que sea presentada, esto es, de forma oral, escrita o expresada por signos o conductas, tenga la capacidad de comunicar un mensaje que pueda causar un daño sobre el actor. Se ha aclara que este “daño” no puede ser comprendido desde la subjetividad de quien lo recibe, sino que debe ser valorado de forma objetiva y neutral por parte del juez. - El medio o canal a través del cual se publica: corresponde verificar la modalidad a través de la cual se realizó la expresión, esto es, a través de artículos, libros, videos, audios, pinturas, entre muchos otros, pues cada uno de ellos plantea sus propias complejidades que repercuten en el alcance de la libertad de expresión y en el impacto que aquella tenga sobre los derechos como el buen nombre, la honra o la intimidad - El impacto que genera o tiene la capacidad de generar: concierne examinar (i) la capacidad del mensaje de ser difundido en una cantidad indeterminada de receptores y de poner efectivamente en riesgo los derechos del afectado, es decir, la facilidad que existe de buscar y encontrar la publicación e internet; así como (ii) el impacto que ha tenido, esto es, la cantidad de veces que ha sido visto, sido reaccionado o compartido. En este respecto, también se ha estimado relevante valorar si las publicaciones han sido reiteradas o constantes, para efectos de determinar si existe alguna forma de acoso o persecución. Todo lo anterior, permite al juez constitucional evaluar la idoneidad y eficacia de la acción penal y la civil para poder hacer frente a la presunta afectación a la honra y al buen nombre planteada en sede de tutela y, así, establecer si proceder hacer un examen de fondo en relación con la situación particular. 9. Alcance y límites de la Libertad de Expresión en las redes sociales El derecho fundamental a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política colombiana[10], se constituye en una prerrogativa de especial trascendencia en un Estado Democrático como el colombiano y, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de difundir públicamente la información que estime relevante, así como cualquier clase de pensamiento, opinión o idea que tenga. La libertad de expresión ha sido reconocida como un derecho con múltiples facetas. De un lado, debe ser concebido como una libertad individual de carácter negativo, que permite a todas las personas, individualmente consideradas, expresarse sin que puedan ser sujetos a escarnios o reproches[11] y, de otro lado, cuenta con una dimensión colectiva, y en virtud de la cual no solo debe respetarse el derecho de cada persona a expresarse, sino que también debe garantizarse la posibilidad de que los demás puedan recibir o acceder a las opiniones e informaciones de otros, de manera que se permita una adecuada circulación de las ideas. La libertad de expresión es un pilar fundamental del modelo constitucional que rige en Colombia, por al menos, las siguientes razones: (i) permite un debate propiamente democrático, en virtud del cual se creen espacios de discusión y de contradicción de las ideas; (ii) es condición de posibilidad de una verdadera autonomía individual (del libre desarrollo de la personalidad), en cuanto garantiza que las distintas opciones y modelos de vida sean conocidos por la generalidad de la población, así como enriquecidos tras su construcción colectiva[12]; y (iii) permite materializar un verdadero Estado Democrático y Participativo en el cual exista control al poder político y, además, se permite la formación de una consciencia informada sobre las situaciones que afectan a la comunidad. Es de destacar igualmente que la libertad de expresión es un derecho que contiene otras prerrogativas particulares como la libertad de información, la cual está relacionada con la libre búsqueda, transmisión y recepción de información cierta e imparcial sobre todo tipo fenómenos (hechos objetivos) y la libertad de opinión[13], que comprende la posibilidad de poder difundir o divulgar, a través de cualquier medio de comunicación, las propias ideas y opiniones (pensamientos subjetivos). Ahora bien, la libertad de expresión, como todos los derechos subjetivos, encuentra igualmente límites, entre los cuales han sido reconocidos: (i) la promulgación de contenidos o expresiones “prohibidas” o que han sido concebidas como excluidas del campo de protección de la libertad de expresión[14]; o (ii) las inevitables tensiones en las que suele entrar con derechos fundamentales de igual jerarquía como la honra, el buen nombre, la imagen y la dignidad humana de terceros que, con su ejercicio, puedan verse afectados. En relación con este último supuesto se ha considerado que, si bien por su especial importancia, el derecho a la libertad de expresión, en principio, prima sobre los demás derechos al momento de ser ponderado, lo cierto es que corresponde al juez constitucional examinar esta situación, caso a caso, para, así, impedir que el núcleo esencial de cualquier derecho pueda verse afectado al punto de que se pueda ver suprimido en la situación particular. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha exigido que, cuando quiera que se pretende realizar una manifestación o publicación de información de una persona es necesario que ésta se ajuste a un cierto estándar de veracidad, el cual, por lo menos en lo atinente al procedimiento de tutela, no exige que previo a la realización de la publicación exista certeza científica del hecho que se quiere expresar, o que exista una condena penal en el caso de denuncias de delitos, sino que quien publica haya desplegado un esfuerzo diligente por verificar, constatar y contrastar razonablemente las fuentes en las que se funda. Así, corresponde al juez evaluar que las manifestaciones o expresiones realizadas se ajusten a los derroteros de los principios de veracidad y de imparcialidad que deben permear toda comunicación de información; pero bajo el entendido de que la “veracidad” hace referencia a hechos o a enunciados de carácter fáctico y no cobija opiniones. De ahí que, se vulnera el principio de veracidad siempre que (i) el dato comunicado es contrario a la realidad, y (ii) la información se hubiere publicado por negligencia o imprudencia del emisor. Igualmente, la Corte ha establecido que es inexacta, y en consecuencia en contra del principio de veracidad, la información que en realidad corresponde a un juicio de valor u opinión y se presenta como un hecho cierto y definitivo. En concordancia con lo expuesto, esta Corporación en Sentencia T-082 de 2019, recordó que el papel preponderante de la libertad de expresión se ha hecho manifiesto en la jurisprudencia con ocasión a reconocimientos como: “(i) la prohibición expresa de censura previa; (ii) la protección de toda forma de manifestación, salvo que, por ejemplo, haga parte de los discursos de odio, o que, en cada caso, se demuestre de manera suficiente que existe una justificación para limitar su ejercicio por medio de la ponderación con otros principios constitucionales; (iii) el hecho de que, ante una antinomia normativa que involucre este derecho con otro de igual envergadura, la libertad de expresión tiene, en principio, mayor peso, salvo que ésta primacía se desvirtúe tras el estudio de cada caso en concreto; y (iv) existe una sospecha, a priori, de inconstitucionalidad en las medidas que restringen o limitan esa libertad”. Vale la pena destacar que, a partir de los actuales avances tecnológicos que han permitido la integración de la población global, en concreto, el internet, la Corte Constitucional ha reconocido que la libertad de expresión en medios cibernéticos o virtuales es equivalente a la que se ejerce en la presencialidad y a través de medios físicos. Por ello, a cualquier expresión o manifestación que se realice en internet, le es aplicable el mismo nivel de protección, al igual que los mismos límites. Con todo, también se ha reconocido que estas herramientas tecnológicas potencian las posibilidades de comunicación de cualquier mensaje y, si bien ello suele significar una mayor posibilidad de que las personas difundan sus opiniones e informaciones, ello también ha implicado que, en razón a la facilidad con la que se difunden los mensajes de manera masiva la Corte haya considerado que, en ocasiones, las manifestaciones en internet pueden llegar a generar mayores riesgos frente a los derechos de otras personas[15]. En este contexto, se ha considerado que ciertas expresiones que denotan una intención injustificada de causar un daño y pueden llegar a generar una afectación desproporcionada respecto de los derechos de quienes se predican y pueden llevar a que, si bien no pueda realizarse una censura previa, pueda ordenarse la supresión de contenidos, la rectificación de la información o la habilitación de una opción de réplica. Ello, al punto de que en Sentencia SU-420 de 2019 se reconoció que: “se activa un límite a la libertad de expresión cuando lo divulgado no se identifica con un fin constitucional legítimo, ni siquiera contribuye a un debate en específico, sino simplemente conlleva una intención dañina o insultante respecto del hecho que se quiere comunicar.” Con todo, ello debe ser entendido como la excepción, en cuanto solo una afectación que pueda tildarse de “desproporcionada” habilitaría un pronunciamiento en ese sentido. Por tal motivo, en Sentencia C-442 de 2011, la Corte precisó que están cobijadas por el derecho a la libertad de expresión: “las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono”. 10. El derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia y su relación con el derecho fundamental a la libertad de expresión La Corte Constitucional ha desarrollado el derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia y lo ha analizado en diversos escenarios constitucionales[16], debido a que son víctimas de este tipo de conductas en múltiples ámbitos de la cotidianidad. Por tal motivo, la Corte Constitucional ha establecido que el derecho a una vida libre de violencia es indivisible e interdependiente respecto a otros derechos fundamentales[17]. Ello, al punto de que su garantía se erige como un parámetro en el examen de las relaciones sociales en las que las mujeres están involucradas, el cual permite evidenciar, constatar y reprochar todos aquellos actos que conllevan una discriminación hacia ellas[18]. Una de las manifestaciones de protección de este derecho se materializa en la libertad de expresión. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -Comisión IDH- ha insistido en que el “silencio es el mejor aliado para perpetuar los abusos y las desigualdades a los que se encuentra sujeta la mujer en todo el hemisferio”[19]. En ese sentido, en determinados escenarios, las restricciones que existan a la posibilidad de que las mujeres puedan expresarse libremente deben ser entendidas como manifestaciones mismas de violencia. Así, el silencio, o la ausencia de comunicación, denuncia o reclamo por parte de las mujeres, no significa que éstas se encuentren conformes con el estado actual del tratamiento que reciben en la sociedad, pues, por el contrario, en muchas ocasiones ese silencio hace manifiesto el miedo que generalizadamente sienten a denunciar las violencias de las cuales han sido víctimas. Por tal motivo, el silencio se ha convertido en una herramienta a través de la cual se refuerza el sistema patriarcal y, con él, la supremacía del hombre frente a las mujeres. En consecuencia, para la Corte, así como es violento con las mujeres realizar expresiones sobre la manera en la que deben comportarse[20], también lo es forzarlas a “callar” cuando hacen legítimo ejercicio de sus derechos, para protestar o reclamar su efectiva garantía. En este contexto, el silencio, como herramienta y como consecuencia de la hegemonía patriarcal, ha servido también para ocultar diferentes formas de violencia de género; motivo por el cual la libertad de expresión de las mujeres tiene un valor fundamental agregado en su protección y en virtud del cual, éste no solo implica la posibilidad de expresar hechos u opiniones libremente, sino también la posibilidad de denunciar las conductas discriminatorias de las que han sido sujetas. Así, la libertad de expresión en las mujeres se convierte en un mecanismo de defensa y denuncia contra actos que atentan contra su dignidad y que de las que son víctimas debido a su condición de mujeres. Para la Comisión IDH, la libertad de expresión de las mujeres permite su participación activa en la denuncia de abusos y en la “búsqueda de soluciones que resultarán en un mayor respeto a todos sus derechos fundamentales”[21]. En ese sentido, aun cuando todas las formas de violencia contra las mujeres son condenables y reprochables, cualquier restricción que se imponga a la comunicación que hacen de haber sido víctimas de este tipo de violencias, debe ser considerada como una conducta que, en sí misma las revictimiza. Así, la violencia no finaliza con la consumación del acto que atenta contra la mujer, sino que se perpetúa al negarles la posibilidad de expresar y denunciar estos hechos. Debido a lo anterior, esta Corporación en Sentencia T-239 de 2018 concluyó que los discursos en los que las mujeres ponen en evidencia prácticas machistas y de violencia de género constituyen discursos de interés pú...