Sentencia T-287 de 2019

T-287-19 Sentencia T-287/19 PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS FUERZAS MILITARES-Derecho de sus miembros a seguir recibiendo atención médica integral por parte del sistema de salud, aunque hayan sido desvinculados de la respectiva institución EXAMEN DE RETIRO DE LA FUERZA PUBLICA-Imprescriptibilidad EXAMEN DE RETIRO DE LA FUERZA PUBLICA-Obligación del Ejército Nacional de practicarlo FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL-Obligaciones en materia de salud con quienes prestan el servicio militar PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS FUERZAS MILITARES-Vulneración por Ejército Nacional al omitir la práctica del examen médico de retiro al accionante DERECHO A LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA RETIRADOS DEL SERVICIO-Orden al Ejército Nacional convocar Junta Medico Laboral Militar para evaluar y definir la situación medico laboral del accionante Referencia: Expediente T-7.056.219 Acción de tutela presentada por Clemencia Jaramillo Ramírez, en calidad de agente oficiosa de su hijo Julio Cesar Varón Jaramillo, contra el Ministerio de Defensa Nacional -Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional -Dispensario Médico Número 6 de Ibagué (5175), con vinculación oficiosa del Comando General del Ejército Nacional Magistrada Ponente: DIANA FAJARDO RIVERA Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio dos mil diecinueve (2019) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos dictados, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué -Tolima, el 3 de agosto de 2018 y, en segunda instancia, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué -Tolima, el 31 de agosto de 2018, dentro de la acción de tutela promovida por Clemencia Jaramillo Ramírez, en calidad de agente oficiosa de su hijo Julio Cesar Varón Jaramillo, contra el Ministerio de Defensa Nacional -Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional -Dispensario Médico Número 6 de Ibagué (5175), con vinculación oficiosa del Comando General del Ejército Nacional. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por medio de Auto del 13 de noviembre de 2018, proferido por la Sala de Selección Número Once[1]. I. ANTECEDENTES El 19 de julio de 2018, el señor Julio Cesar Varón Jaramillo, por conducto de agente oficiosa, presentó acción de tutela para reclamar la defensa de los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, salud e igualdad. Considera que las autoridades castrenses accionadas violaron estos bienes constitucionales al disponer su desvinculación del Ejército Nacional sin practicarle previamente el examen médico rutinario de retiro, necesario para definir, de un lado, el acceso a la atención en salud por haber adquirido enfermedades durante la prestación del servicio activo y, de otro, el reconocimiento de prestaciones económicas en su beneficio. La parte accionante fundamentó su solicitud de tutela en los siguientes hechos. 1. Hechos 1.1. El señor Julio Cesar Varón Jaramillo cuenta con 36 años de edad y laboró al servicio del Ejército Nacional como oficial, en el grado de Capitán, durante aproximadamente 11 años[2]. En su carrera militar ejerció funciones en el área operativa y de combate, circunstancia que le exigió cargar constantemente “equipo bastante pesado sobre la espalda”[3] y someterse a fuertes presiones psicológicas. Esta situación, afirma, le originó enfermedades tales como “esquizofrenia paranoide, episodio depresivo grave, trastorno del disco lumbar con radiculopatia, trastorno del disco cervical con radiculopatia, síndrome del túnel del carpo”[4]; alteraciones por virtud de las cuales aduce haber sido ocasionalmente incapacitado por los galenos tratantes. 1.2. Mediante Resolución 1832 del 8 de abril de 2010[5], por razones del servicio y en ejercicio de la facultad discrecional, el Ministerio de Defensa Nacional ordenó su retiro temporal con pase a la reserva, informándosele, según sostuvo, que “tenía que esperar a que fuera llamado de nuevo para realizar y definir su situación médico laboral”[6], a través del examen médico rutinario de retiro. Posterior a ello, el ciudadano adelantó los trámites correspondientes a fin de lograr la realización de dicho examen, orientado a evaluar su estado de salud[7]. Sin embargo, “el mencionado proceso fue interrumpido debido a que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional desactiv[ó] los servicios médicos, motivo por el cual no se le pudo dar continuidad al tratamiento que estaba llevando a cabo por diferentes patologías”[8]. 1.3. Ante este panorama, indicó que presentó sendos requerimientos invocando “se le diera continuidad al proceso médico laboral”[9], pero el Ejército Nacional hizo caso omiso a lo solicitado. Lo anterior, en su criterio, en contravía de la obligación que le asistía de garantizarle la prestación de los servicios asistenciales requeridos para lograr la recuperación integral de su estado clínico, menguado con ocasión de la prestación del servicio activo, y de definir a través de la Junta Médico Laboral la situación de pérdida de capacidad psicofísica, determinante para establecer la existencia de derechos pensionales en su beneficio[10]. 1.4. Por estos hechos, a través de agente oficiosa, acudió al mecanismo de amparo, advirtiendo que permanece “postrado en una cama mientras su estado de salud se desvanece paulatinamente”[11]. Ello como consecuencia del hecho de que “la institución evadió la responsabilidad dejándolo en el abandono total sin mediar consecuencia alguna”[12], teniendo que asumir con dificultad la atención en salud que demanda su condición actual[13]. Así, invocó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, salud e igualdad y, en consecuencia, solicitó que se le ordene a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional (i) activar de manera inmediata los servicios médicos a fin de darle continuidad al tratamiento integral para aliviar sus dolencias y (ii) realizar el proceso médico laboral tendiente a definir su capacidad psicofísica. 2. Respuesta de las Entidades accionadas Una vez se avocó el conocimiento de la presente acción de tutela por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué -Tolima, el 23 de julio de 2018, el Despacho ordenó notificar a las autoridades accionadas para que ejercieran el derecho de defensa y contradicción. Igualmente, dispuso la vinculación del Comando General del Ejército Nacional[14]. Pese al requerimiento efectuado, ninguno de los vinculados emitió pronunciamiento. 3. Decisiones que se revisan 3.1. Decisión de primera instancia El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué -Tolima, mediante providencia del 3 de agosto de 2018, “negó por improcedente”[15] el amparo. Para el Despacho no se satisfizo el requisito formal de inmediatez, ya que han transcurrido más de 8 años desde que se dispuso el retiro discrecional del oficial de las Fuerzas Militares[16]. Tampoco se acreditó el presupuesto de subsidiariedad en la medida en que el ciudadano pudo acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, “escenario idóneo para determinar la legalidad en el procedimiento adelantado por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional”[17]. Además no se evidenció la ocurrencia de un perjuicio irremediable pues el tutelante ha permanecido activo en el régimen contributivo de la EPS Coomeva desde el año 2011, es decir, “que su derecho a la salud se encuentra cubierto por una Entidad Prestadora de Salud desde hace más de 7 años”[18]. En todo caso, advirtió que las patologías padecidas por el agenciado no originaron el retiro ya que este se produjo en ejercicio de la facultad discrecional que le asiste al Ejército Nacional y fundado principalmente en el hecho de haberse probado la falta de liderazgo en su desempeño y actuar profesional, así como la inobservancia en la aplicación de la doctrina militar. Además, de la historia clínica aportada al proceso, que data de los años 2017 y 2018, “no se evidencia que [sus enfermedades se hubieran] generado para el año 2010, tiempo en el cual se [originó] el retiro temporal”[19] por lo que no existe relación alguna entre su situación de salud y la desvinculación ordenada. 3.2. Impugnación presentada por la parte accionante La anterior determinación fue impugnada por la parte accionante, mediante escrito del 10 de agosto de 2018, pidiendo revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de tutela[20]. La agente oficiosa advirtió que la pretensión principal de amparo es la práctica del examen de retiro, el cual “es obligatorio y no tiene tiempo de prescripción”[21]. Afirmó que desde la desvinculación de su hijo y hasta la fecha han esperado “el llamado para la práctica de los respectivos exámenes de retiro y nunca han dado aviso ni cumplimiento alguno”[22]. 3.3. Decisión de segunda instancia En segunda instancia la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué -Tolima, mediante providencia del 31 de agosto de 2018, confirmó la decisión de primera instancia. La autoridad judicial reiteró los argumentos expuestos en la primera instancia y aclaró que si bien el examen de retiro de las Fuerzas Militares es obligatorio “lo primero que debe acreditarse, antes de intentar la acción de tutela, es realizar una petición concreta, en ese sentido, ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. En este caso, el accionante no demostró haber presentado la solicitud para [su] práctica, ni tampoco que la entidad se hubiera negado a realizarlo”[23], por lo que se trata de una omisión atribuible al ciudadano, no subsanable por vía del mecanismo de amparo. 4. Actuaciones surtidas en sede de revisión La Sala Segunda de Revisión, a efectos de adoptar una decisión informada en el asunto de la referencia, requirió, por Auto del 31 de enero de 2019, al Ministerio de Defensa Nacional y a la agente oficiosa del señor Julio Cesar Varón Jaramillo para que suministraran información tendiente a conocer las razones que impidieron la práctica del examen médico de retiro al momento de la desvinculación del ciudadano del Ejército Nacional, su condición clínica durante la prestación del servicio activo y con posterioridad a ese momento, así como las actuaciones desplegadas por la parte accionante orientadas a lograr la realización de dicho examen, desde la salida del militar de la Institución Castrense y hasta la fecha, con indicación de los resultados obtenidos. Mediante Auto del 11 de febrero siguiente, se requirió, una vez más, a la Entidad pública referida y al extremo activo de la tutela para que dieran respuesta a la solicitud judicial formulada, pues a partir del primer requerimiento no se verificó su participación. Igualmente, se le solicitó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que allegara al proceso copia de la historia clínica del agenciado. El llamado de esta Corporación fue atendido por la parte accionante, quien informó que, mediante escrito del 2 de octubre de 2018, el Ejército Nacional le indicó que la realización del examen de retiro está sujeta a un término de prescripción que ya operó en su caso, lo que torna inviable su práctica actual. De manera extemporánea, la Dirección de Personal del Ejército Nacional se pronunció sobre el asunto materia de debate poniendo de presente algunos antecedentes que presuntamente están relacionados con el desempeño del accionante durante su carrera militar[24]. Advirtió que frente a la aptitud psicofísica del actor al momento de su retiro le “corresponde a la Dirección de Sanidad, absolver las inquietudes al respecto, sin embargo invadiendo competencias es necesario informar que se debe tomar en consideración el contenido del artículo 8 del Decreto Ley 1796 de 2000”[25]. La Dirección de Sanidad contestó el requerimiento judicial casi un mes después de realizado; indicó que “[a] la fecha y de acuerdo al Sistema Integrado de Medicina Laboral (SIMIL), el señor Julio Cesar Varón Jaramillo no registra ficha medica de retiro en la institución”[26]; y, aportó para el efecto el expediente médico laboral, advirtiendo que en su poder no obraba la historia clínica del actor[27]. Con todo, el contenido integral de la información recaudada será referida y analizada en detalle al momento de resolverse el asunto concreto[28]. iI. Consideraciones y fundamentos 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problema jurídico y análisis de procedencia de la acción de tutela 2.1. En relación con lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional debe determinar, en primer lugar, si la acción de tutela cumple con los requisitos formales de procedencia. De superarse dicho análisis, se deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿las autoridades castrenses accionadas (Ministerio de Defensa Nacional, Comando General del Ejército Nacional, Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional y Dispensario Médico Número 6 de Ibagué (5175)) vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y a la salud del señor Julio Cesar Varón Jaramillo al omitir practicar el examen médico de retiro al momento de la desvinculación y negarse ahora a ello invocando la configuración de la prescripción, pese a que el ciudadano afirma que se encuentra enfermo, presuntamente por patologías adquiridas en la prestación del servicio activo? 2.2. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, los requisitos de procedencia de la acción de tutela son: (i) legitimación por activa, la acción de tutela puede ser ejercida por todas las personas cuyos derechos fundamentales se encuentren vulnerados o amenazados. Aquellas podrán actuar por sí mismas o por conducto de un tercero que intervenga en su nombre[29]; (ii) legitimación por pasiva, el amparo procede contra las acciones u omisiones de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de particulares; (iii) subsidiariedad, la acción de tutela resulta procedente cuando no existen otros mecanismos de defensa judicial disponibles, cuando los mecanismos disponibles no resultan idóneos o eficaces a la luz de las circunstancias del caso concreto o, cuando aun siéndolo, se requiere evitar la consumación de un perjuicio irremediable, en cuyo caso se emplea la acción como mecanismo transitorio[30]; e (iv) inmediatez, no puede transcurrir un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado entre la actuación u omisión y el uso efectivo del amparo[31]. 2.2.1. En el presente asunto la solicitud de amparo es procedente, por cuanto: (i) fue instaurada por la señora Clemencia Jaramillo Ramírez, en calidad de agente oficiosa de su hijo Julio Cesar Varón Jaramillo[32], y se dirige contra las entidades públicas que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante y que tendrían competencia para actuar, de constatarse dicha violación[33], concluyéndose que se configura el requisito de legitimación en la causa por activa y por pasiva. 2.2.2. También se satisface la exigencia de la subsidiariedad (ii), por los siguientes motivos. A través de la acción de tutela no se promueve un pronunciamiento sobre un acto definitivo, que haya resuelto una situación o posición de derecho concreta, como sería el expedido por el Ministerio de Defensa para disponer el retiro del servicio del señor Varón Jaramillo y contra el cual, en principio, se predicaría del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la idoneidad y eficacia de un mecanismo de defensa disponible en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ante la que es posible solicitar, incluso antes de la admisión de la demanda, la adopción de medidas cautelares con el fin de proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, planteamiento que acompañó la posición del juez de primera instancia en el trámite de la tutela. A diferencia de tal escenario en el que se busca controvertir la legalidad de una actuación, lo que se cuestiona, en esta oportunidad, es una omisión continuada por parte del Ministerio de Defensa, a través de sus autoridades competentes, frente a la cual no se encuentra, atendiendo también a las circunstancias del accionante, otro recurso judicial. En este sentido, por ejemplo, debe descartarse de plano la acción de cumplimiento, que puede interponerse por regla general en cualquier tiempo, dado que prevé una regla expresa de improcedencia en aquellos casos en los que está de por medio la satisfacción de un derecho fundamental[34], como ocurre con el debido proceso y la salud en este caso o, en otras palabras, aquél medio no resulta procedente en los eventos en los que, como el presente, la inactividad de la administración resulta ser la causa directa de la vulneración de garantías básicas tutelables. Aunado a lo anterior, es oportuno advertir que el actor manifestó que ha estado atento a la citación de la Entidad demandada para la práctica del examen de retiro, incluso que ha solicitado directamente su realización, afirmaciones que no fueron desvirtuadas por la Institución en el curso de esta acción constitucional, acreditando, por ejemplo, que pese al llamado realizado al señor Varón Jaramillo no asistió, o que no existe en sus archivos petición alguna, validándose de esta manera su diligencia en la satisfacción de la pretensión que aquí se invoca. Por último, parte de la valoración de la referida diligencia tiene como presupuesto el estado de salud del ex militar, que, conforme lo afirma su agente oficiosa y el dictamen médico allegado por un médico ajeno a la Institución Militar, lo ha llevado a encontrarse “postrado en una cama”[35], imposibilitándole su integración al mercado laboral[36]. En razón de dicha condición médica, vigente a la fecha, presenta dificultades económicas para asumir el tratamiento integral de las dolencias que, afirma, adquirió en el tiempo de pertenencia a las filas[37]. Así, se avizora la existencia de una presunta omisión estatal frente a un ciudadano en condición de debilidad manifiesta, que acudió al mecanismo constitucional por conducto de agente oficiosa, siendo la acción de tutela el mecanismo con la idoneidad y eficacia para valorar y resolver un debate constitucional que entraña el presunto incumplimiento de una obligación de atención médica a cargo del Ejército Nacional. 2.2.3. Por último, pese al tiempo transcurrido, la acción de tutela goza del requisito de inmediatez (iii), en razón a lo siguiente. El artículo 8 del Decreto 1796 de 2000[38] dispone que el examen para retiro tiene, para todos los efectos legales, carácter definitivo; por tanto, debe practicarse dentro de los 2 meses siguientes al acto administrativo que produce la novedad, con carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el retirado no se presenta en tal término, el examen se practicará en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía por cuenta del interesado[39]. Una interpretación literal de la referida disposición permite concluir que: (1) el Ejército Nacional tiene la obligación legal de requerir a quien es apartado de las filas y evaluar su estado de salud, a través de la realización de un examen que debe llevarse a cabo dentro de los 2 meses siguientes al acto administrativo que dispone la desvinculación. Se trata, en consecuencia, de una actuación oficiosa a cargo integral de las Fuerzas Militares, además de un derecho cierto en cabeza del personal en situación de desincorporación; (2) el plazo de 2 meses que establece la norma no alude a un término de prescripción del derecho del miembro de la Fuerza Pública retirado a que se le practique la valoración correspondiente, a partir de la cual se determina el eventual reconocimiento y pago de prestaciones económicas y/o la prestación de servicios asistenciales. Por el contrario, se trata de un término que vincula al Ejército Nacional para satisfacer el cumplimiento del deber ineludible a cargo de la Institución Castrense de adelantar con oportunidad y diligencia el respectivo examen. (3) Si el referido plazo se incumple por causas imputables al miembro desvinculado, la consecuencia es que deberá asumir el valor del examen, no la prescripción del mismo. Esto implica que la superación del periodo legal no genera, en modo alguno, la pérdida o fenecimiento del derecho de quien deja de pertenecer a las filas de ser examinado y calificado por las autoridades médicas competentes, pues se trata de una obligación definida normativamente a cargo de las Fuerzas Militares, en concreto de una valoración que no es optativa, que no tiene la vocación de desaparecer con el paso del tiempo y, por ende, su materialización procede en cualquier momento. 2.2.3.1. La Corte Constitucional no ha sido ajena a las discusiones que involucran la solicitud, en sede de tutela, de practicar el examen de retiro de los ex miembros de la Fuerza Pública, pese a haber transcurrido un término superior a los 2 meses. Para la jurisprudencia constitucional la obligación de requerir y evaluar a la persona radica en el Cuerpo Oficial, por mandato legal, y es imprescriptible. Por ejemplo, en la Sentencia T-948 de 2006[40] se analizó el caso de un miembro del Ejército Nacional que invocó la práctica del examen médico de egreso dado que, pese a haber transcurrido 3 años desde su desvinculación, no le había sido practicado. El argumento de la Institución Castrense era que el peticionario no definió su situación en el término establecido por la Ley, por lo que la oportunidad con la que contaba para ser valorado había fenecido. La Sala Sexta de Revisión recordó que “el examen cuando se produce el retiro es obligatorio como lo dice expresamente [el artículo 8 del Decreto 1796 de 2000]. Las Instituciones Militares no pueden exonerarse de esta obligación argumentando que el retiro fue voluntario. Igualmente, si no se hace el examen de retiro no es posible alegar prescripción de los derechos que de acuerdo con la ley tiene quien se retire del servicio activo. La omisión del deber de realizar el examen impide la prescripción de los derechos que tiene la persona que prestaba servicio a las Fuerzas Militares. Por tanto, si no se le realiza el examen de retiro esta obligación subsiste por lo cual debe practicarse dicho examen cuando lo solicite el ex-integrante de las Fuerzas Militares. Por otra parte, las Fuerzas Militares deben asumir las consecuencias que se derivan de la no práctica del examen médico de retiro” (subrayas fuera del texto original). Siguiendo estos lineamientos se estimó que el Ejército Nacional incurrió en una omisión legal dado que, desde la desincorporación a la solicitud de amparo, no emitió autorización alguna para realizar el examen de egreso al tutelante, pese a estar probado, de un lado, que durante el servicio activo sufrió un accidente cuya ocurrencia no fue desvirtuada por la Institución Castrense y, del otro, que como consecuencia de tal suceso se originaron patologías de origen cerebral, que exigían tratamiento médico. En estas condiciones, explicó la Sala que el argumento de la prescriptibilidad de la valoración médico laboral era desacertado, pues la actuación médica es “de carácter obligatorio en todos los casos” y su prestación está a cargo exclusivo del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, en cualquier momento. Así pues, en aras de proteger los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, se ordenó a la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares la práctica del examen de retiro y, según sus resultados, la prestación de todos los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos requeridos para el manejo de su enfermedad. En la providencia T-020 de 2008[41], la Sala Primera de Revisión analizó el caso de un soldado profesional del Ejército Nacional que 2 años después de su desincorporación solicitó la realización del examen de retiro, petición que le fue negada bajo el argumento de la prescriptibilidad. La Sala recordó que conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 1796 de 2000, el personal de la Fuerza Pública en situación de desincorporación debe ser sometido a la realización de un examen de retiro a fin de determinar si tienen derecho a obtener el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, una indemnización o la prestación de servicios asistenciales y de salud con fundamento en los efectos que la labor desempeñada hubiere producido para su salud física y mental. De esta forma, dicho examen debe ser (i) ordenado por la Fuerza respectiva; (ii) realizado por su Dirección de Sanidad y (iii) su pago debe ser asumido por las Unidades Ejecutoras correspondientes en cada una de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, de lo que se desprende que “el Estado tiene la obligación de realizar el examen de retiro a quienes dejen de pertenecer a las instituciones de la Fuerza Pública”, con independencia de la causa que motivó la desvinculación. En aplicación de estas reglas, se encontró acreditada la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, vida digna y seguridad social del actor. Aunque en esta ocasión, la situación fáctica presentaba unas particularidades especiales -en relación con el asunto que ahora se analiza- dado que el accionante fue retirado del servicio en el año 2005 sin que se le hubiera practicado el examen de retiro, pues desde enero de 2004 se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Picota”, la Sala resaltó que este hecho había implicado una omisión a cargo del Ejército Nacional, primero, porque estaba demostrada la imposibilidad real del accionante para presentarse ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y, segundo, dado que ante el advenimiento de esta circunstancia, “la Entidad accionada tenía el deber de garantizar por todos los medios puestos a su alcance que el accionante se sometiera a dicho examen”, con ocasión del carácter imperativo de su realización. De esta manera, se dispuso como remedio constitucional la práctica del examen, a fin de determinar si el estado de salud actual del tutelante, esto es, su diagnóstico de esquizofrenia era consecuencia directa de los servicios prestados a la Institución Oficial y, por lo tanto, si le asistía el derecho a alguna prestación económica, así como a la atención en salud por parte del Ejército Nacional[42]. 2.2.4. Aplicando las reglas de decisión descritas al presente asunto es claro que, desde la decisión discrecional de retiro del año 2010, el Ejército Nacional se ha abstenido de cumplir con la obligación legal e imprescriptible de requerir al agenciado para realizar el examen de egreso. Dicha omisiva ha generado que el ex militar se enfrente a un escenario de incertidumbre en relación con la definición de la atención médica que requiere para mitigar su condición clínica que, aduce, se encuentra gravemente menguada. Ello a pesar de haber solicitado, según afirma, la realización de la valoración correspondiente y de haber estado pendiente y presto a cualquier llamado por parte del Ejército Nacional, en concreto por parte de la Dirección de Sanidad. Esta circunstancia no fue controvertida por el Ente accionado durante el curso de la acción de tutela, quién, ante la ausencia de participación en el marco de la solicitud de amparo y posterior intervención tardía en sede de revisión, no brindó ningún elemento de juicio para acreditar que hubiera requerido diligentemente al oficial, como era su deber, para la realización de la valoración clínica de rigor y que este, por ejemplo, a pesar de ello, se negara a asistir a tal convocatoria. Ante este panorama de desprotección continuo y permanente en el tiempo, agravado por las afecciones médicas que lo aquejan, el actor acudió al mecanismo constitucional entendiendo que la negligencia de la Entidad accionada frente al cumplimiento de un deber a su cargo ha frustrado la garantía de sus derechos, los que considera son objeto de vulneración presente[43]. Así, para evitar la prolongación de este escenario presentó, con posterioridad al mecanismo de amparo, una petición ante la Dirección de Sanidad de la Institución Castrense invocando la activación de los “servicios médicos permanentes para iniciar [el trámite de la] junta médica”[44] bajo la lógica de que, además, ello podía ser solicitado en cualquier tiempo, dada su naturaleza de imprescriptibilidad. La Entidad le indicó, en forma contraria, que dicho proceso está sujeto a un término de prescripción que ya operó en su caso, lo que explicó la inviabilidad del requerimiento. Así pues, la solicitud de tutela formulada por el actor no puede considerarse inoportuna, pues la obligación del Ejército Nacional de requerirlo y evaluarlo fue tan vinculante en el año 2010, esto es, al tiempo de su desincorporación, como lo es a la interposición de la presente acción de tutela, el 19 de julio de 2018, de lo que se deduce que la omisión del cumplimiento del mandato legal ya referido ampliamente, se constituye en el hecho vulnerador de garantías fundamentales que se invoca y pervive en la actualidad, y a partir del cual el actor ha sido sometido a una situación de desprotección permanente que no se corresponde con su condición de debilidad manifiesta, lo que hace apremiante que el juez constitucional intervenga para resolver, con carácter definitivo, la controversia iniciada hace más de 8 años[45]. Como se indicó en la Sentencia T-020 de 2008[46], “la prosperidad de la acción de tutela para obtener la realización del examen de retiro del servicio en cuestión, depende de que una omisión en este sentido, en efecto, haya producido una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales del actor.[47] Es decir, el juez de tutela, con fundamento en las circunstancias particulares que rodean el caso puesto a su consideración, y teniendo en cuenta la finalidad del examen, esto es, el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, una indemnización, o la prestación de servicios asistenciales y de salud, deberá verificar si la omisión respecto de la realización del examen de retiro transgrede los derechos fundamentales del actor -tales como el mínimo vital, la vida digna, la salud, la integridad física y mental-, o si por el contrario constituye una afectación de su derechos de otra naturaleza”. 2.3. En este contexto, encuentra la Sala superado el análisis de procedibilidad. En consecuencia, el mecanismo se estudiará de manera definitiva y a continuación se pasará a resolver el problema jurídico que se advierte, en esta oportunidad. 3. Análisis de la jurisprudencia constitucional sobre la materia y solución del caso concreto 3.1. El deber de la Fuerza Pública de practicar el examen médico de retiro al personal que se separa del servicio activo 3.1.1. La obligación de la Fuerza Pública de realizar, a través de la Junta Médico Laboral, el examen médico de retiro y su relación con la garantía de los derechos fundamentales al debido proceso y a la salud La jurisprudencia constitucional ha reconocido expresamente que la Fuerza Pública integrada por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares (Armada, Fuerza Aérea y Ejército Nacional) tiene la obligación ineludible de realizar el examen médico laboral de retiro, con la misma rigurosidad prevista para el de ingreso, a quienes son separados o se apartan de la prestación del servicio activo[48]. La importancia de ello radica en que, a través de dicho examen y con independencia de la causa que dio origen al retiro[49], se valora de manera objetiva e integral el estado de salud psicofísico del personal saliente; se determina si su condición clínica presente es consecuencia directa del ejercicio propio de las funciones asignadas, las que, por demás, están sujetas a riesgos especiales; y, se establece si “les asisten otros derechos, tales como indemnizatorios, pensionales e incluso la [prestación o] continuación de la prestación del servicio médico después de la desvinculación”[50]. Así, su práctica resulta determinante para definir cualquier futura relación o responsabilidad que la Institución Policial o Militar pueda tener con el personal retirado, por lo que el examen no puede estar sometido a un término de prescripción ya que es un derecho que tienen todos los funcionarios de la Fuerza Pública, en condición de desacuartelamiento, orientado a asegurar que puedan reintegrarse a la vida civil en las óptimas condiciones de salud en las que ingresaron a la prestación del servicio[51]. Bajo estas circunstancias, se ha considerado que el examen tiene carácter definitivo para todos los efectos legales y su práctica es obligatoria en todos los eventos; por lo tanto, de acuerdo con la ley, debe adelantarse a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades que integran el Sistema de Salud de la Fuerza Pública, dentro de los 2 meses siguientes al acto administrativo que produce la correspondiente novedad[52]. Con todo, cuando sin causa justificada el retirado no se presentare dentro del término establecido, el examen deberá practicarse, por cuenta del interesado, en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía, según sea el caso[53]. En cualquier evento, los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para desincorporación, así como de la correspondiente Junta Médico Laboral Militar o de Policía deben observar completa continuidad[54]. En estas condiciones, se ha considerado que “si no se realiza el examen de retiro [dentro del plazo inicialmente estipulado] esta obligación subsiste por lo cual debe practicarse [cuando] lo solicite el exintegrante de las Fuerzas Militares [o de la Policía Nacional]”[55]. 3.1.2. La imprescriptibilidad del examen médico de retiro Entendiendo lo anterior, esta Corporación ha indicado que la regla de decisión en la materia es que cuando un ciudadano sale del servicio activo de la Fuerza Pública y se le niega o dilata injustificadamente en el tiempo la práctica del respectivo examen médico de retiro se le vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo e incluso a la salud y a la seguridad social[56]. No es constitucionalmente admisible la omisión respecto de su realización, ni siquiera bajo el argumento de que la desvinculación del individuo fue voluntaria, pues se trata de una obligación cierta y definida a cargo del Cuerpo Oficial y una garantía en favor de todo el personal en situación de retiro. Por consiguiente, el examen de retiro no está sujeto a un término de prescripción como se deriva de una interpretación del artículo 8 del Decreto 1796 de 2000, lo que implica que el mismo podría ser solicitado en cualquier tiempo y, en consecuencia, si del resultado que arroje su realización “se colige que el exmilitar [o ex policía] desarrolló una enfermedad durante o con ocasión del servicio prestado, se [les] debe garantizar la continuidad en la prestación del servicio médico, así como remitirlos a la Junta Médica Laboral [correspondiente] para que establezca su porcentaje de pérdida de capacidad laboral, de manera que se determine si [tienen] derecho al reconocimiento [de] la pensión por invalidez”[57]. 3.1.3. La obligación de la Fuerza Pública de garantizar que los integrantes de sus filas se reintegren a la vida social en óptimas condiciones de salud Tal mandato de protección debe ser entendido en virtud de los principios de dignidad humana y de solidaridad imperantes en un Estado social y democrático de derecho[58]. Ello por cuanto resulta reprochable que quienes han dedicado su vida a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional así como al mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas (artículos 217 y 218 Superior) vean en el Estado una respuesta negativa de abandono y exclusión cuando se produce su retiro de la Fuerza Pública. Esto adquiere particular relevancia sobretodo porque dichos sujetos ingresan a prestar sus servicios en óptimas condiciones pero ocurre que su capacidad productiva resulta, en algunas ocasiones, menguada como consecuencia de afecciones o lesiones adquiridas en el desarrollo propio de las funciones asignadas que, en todo caso, pueden persistir para el momento de la desvinculación y pueden poner en riesgo su salud, integridad personal e incluso su digna subsistencia de no prestarse la atención correspondiente en forma oportuna. El inmenso compromiso que asume la Fuerza Pública en el cumplimiento de fines esenciales (artículo 2 Superior) supone, inclusive, que los miembros de los Entes Militares y de Policía se expongan a grandes riesgos comprometiendo hasta su vida misma y, por tanto, es al Estado, a través de todas sus instituciones y funcionarios, a quien le asiste el deber de protegerlos integralmente, brindándoles la asistencia y el apoyo que resulte necesario cuando se enfrentan al advenimiento de circunstancias que los ubican en una posición desventajosa respecto de la generalidad de personas[59]. 3.1.4. El principio de continuidad en la prestación del servicio de salud de los ex miembros de la Fuerza Pública Este deber especial de protección y cuidado a cargo del Estado se traduce en ocasiones en la necesidad de brindarles a quienes ya no hacen parte de las filas de la Fuerza Pública la atención en salud que requieran. Si bien esta Corporación ha sostenido que en materia de atención en salud la regla general es que aquella debe brindarse con carácter obligatorio mientras la persona se encuentra vinculada a la institución castrense o policial es posible que, en ciertos casos, la obligación se extienda más allá del momento en que se produce el desacuartelamiento[60]. El fundamento constitucional de este deber deriva del hecho de reconocer que quienes ingresan a prestar sus servicios en óptimas condiciones a la Fuerza Pública pero en el desarrollo de su actividad sufren un accidente, se lesionan, adquieren una enfermedad o ella se agrava y esto trae como consecuencia que se produzca una secuela física o psíquica, tienen derecho a que los establecimientos de sanidad les presten el servicio médico que sea necesario, pues de no hacerlo puede ponerse en riesgo su salud, vida o integridad afectadas por el ejercicio propio de la actividad militar o policial[61]. Sobre ello, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que una vez el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional constate que hubo una afectación del derecho a la salud de sus miembros, con ocasión del servicio prestado “tiene el deber de brindar la atención a la salud del servidor cuando así lo requiera, debido a que las enfermedades progresan, la salud se deteriora y la obligación de brindar atención médica persiste, incluso cuando se efectuó el retiro de la institución de quien se vio afectado por causa del servicio. Por otra parte, se debe tener en cuenta que esos riesgos los debe asumir en la medida en que el régimen jurídico en materia de salud de los militares y policías es distinto del Sistema General de Salud, puesto que deben amparar mayores riesgos especiales y afectaciones de la salud que no cesan al momento del retiro de los servidores”[62]. Bajo estas premisas, se ha entendido que existe la obligación de la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de seguir prestando asistencia médica al personal retirado hasta que se logre su recuperación física o mental, dado que suspender el servicio de salud a una persona, que se encuentra por ejemplo en tratamiento médico, es violatorio de sus derechos fundamentales[63]. En estos casos, la persona tiene derecho a ser asistida médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéuticamente mientras se logra su recuperación en las condiciones científicas que el caso requiera, sin perjuicio de las prestaciones económicas a las que pudiera tener derecho[64]. Con todo, “se puede concluir que para que pueda extenderse la cobertura del servicio en salud a los [miembros de la Fuerza Pública] aún después de su desacuartelamiento, cuando han sufrido accidentes o lesión física o mental durante la prestación del servicio, es requisito fundamental la realización del examen de retiro”[65]. 3.2. El Ejército Nacional vulneró los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la salud del señor Julio Cesar Varón Jaramillo al omitir la práctica del examen médico de retiro tras su desvinculación de la Institución Castrense 3.2.1. De conformidad con los hechos narrados en la acción de tutela - corroborados con las pruebas aportadas- y siguiendo de cerca las consideraciones previamente esbozadas se tiene que en el presente asunto se acreditan los requisitos jurisprudencialmente establecidos para garantizar la protección de los derechos fundamentales del señor Julio Cesar Varón Jaramillo, conforme a lo siguiente. El señor Julio Cesar Varón Jaramillo ingresó a las Fuerzas Militares en el año 2002[66]. Se desempeñó como oficial, en el grado de Teniente del Ejército Nacional, hasta el año 2010 cuando, por razones del servicio y con fundamento en la facultad discrecional, el Ministerio de Defensa Nacional dispuso su retiro temporal de la Institución Castrense con pase a la reserva[67]. En ese momento, sostuvo, se le informó que “tenía que esperar a que fuera llamado de nuevo para realizar y definir su situación médico laboral”[68] por medio del examen rutinario de retiro. El ciudadano afirmó que adelantó los trámites correspondientes para proceder con ello, sin embargo, asegura que, “el mencionado proceso fue interrumpido debido a que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional desactiv[ó] los servicios médicos, motivo por el cual no se le pudo dar continuidad al tratamiento que estaba llevando a cabo por diferentes patologías”[69]. En virtud de lo ocurrido, presentó algunos requerimientos invocando que “se le diera continuidad al proceso médico laboral”[70], actuación que no arrojó resultado favorable, encontrándose, en la actualidad, a la espera de que ello ocurra, sin obtener “aviso ni cumplimiento alguno”[71], mientras su salud continúa afectada, conforme a las valoraciones médicas aportadas al proceso[72]. Durante el periodo de revisión, la Sala le pidió al agenciado que explicara las razones puntuales por las que, afirmó, el examen de retiro nunca le fue realizado ni al momento de la desincorporación ni a la fecha, y que aportara copia de las solicitudes incoadas ante la Institución Castrense requiriendo su práctica, así como las respuestas brindadas[73]. También se gestionó ante el Ministerio de Defensa Nacional para que informará “las razones precisas, de hecho y de derecho, que condujeron al retiro temporal con pase a la reserva del Capitán del Ejército Nacional”[74] e indicara el trámite que se había adelantado para proceder con su desvinculación, en particular si se había llevado a cabo el respectivo proceso médico laboral tendiente a determinar la presencia de lesiones e incapacidad psicofísica. Igualmente se requirió para que señalara si en su poder reposaban solicitudes presentadas por el ciudadano tendientes a que se efectuara el examen médico de retiro así como su historia clínica. Frente al requerimiento probatorio, la Dirección de Sanidad, Entidad con competencia directa para absolver las inquietudes formuladas en la materia, conforme lo indicó la misma Dirección de Personal del Ejército Nacional, inicialmente guardó silencio, actuación que, por demás, también tuvo lugar durante el trámite de la acción de tutela. Posteriormente, en particular, casi un mes después de ser requerido decidió pronunciarse pero sin referirse de fondo a la problemática esbozada. No obstante, el extremo activo de la solicitud de amparo se manifestó ante el llamado judicial y, en este contexto, la Sala se enfrenta al siguiente escenario probatorio. Al proceso se aportó, por cuenta de la parte accionante, copia de la respuesta brindada por la Institución Castrense a la solicitud del agenciado de activar los “servicios médicos permanentes para iniciar [el trámite de la] junta médica”[75]. Mediante escrito del 2 de octubre de 2018, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional le indicó que en esa dependencia no obraba ficha médica radicada a su nombre y que el examen habitual de retiro, del que puede derivarse una obligación de prestación asistencial, tiene un término de prescripción, conforme “los tiempos establecidos en el Decreto 1796 de 2000”[76] que, en su caso, ya había operado teniendo en cuenta la fecha de desvinculación[77]. A fin de sustentar dicha postura, la Entidad pública advirtió que “si bien es cierto, que las Fuerzas Militares están en la obligación de prestar los servicios de salud a los miembros de la Fuerza, así como está en el deber de definir la situación de sanidad del personal que se retira del servicio activo, lo anterior establecido por el Decreto 1796/2000, y por lo cual, esta Gestión realiza la activación de los servicios médicos con el fin de que sean valoradas las patologías y afectaciones de salud adquiridas durante el servicio; de la misma manera, se debe tener en cuenta, que es interés del usuario al momento de retirarse de la institución, el presentarse en los tiempos establecidos por el mencionado Decreto, para definir su situación de sanidad, a través de la realización de Junta Médico Laboral, realizar la ficha médica de retiro y los posteriores conceptos médicos hasta culminar con la valoración de la respectiva Junta Médica, con la cual, se define la disminución de la capacidad laboral”[78]. A continuación, dado el contexto advertido, se efectuará un análisis integral del caso siguiendo de cerca las reglas probatorias que guían el trámite de tutela, en particular, la presunción de veracidad y los criterios de la sana crítica. La primera figura procesal está contemplada expresamente en el Decreto 2591 de 1991. De un lado, en su artículo 19 se regula lo relacionado con el informe que puede requerírsele a la parte accionada dentro del proceso de tutela y a su obligación de pronunciarse sobre la petición de amparo, aportando inclusive elementos de juicio concretos. Por su parte, el artículo 20 establece que, “[s]i el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”. La norma referida contempla entonces la obligación de las entidades accionadas de rendir los informes que les sean solicitados por los jueces constitucionales y prevé que de llegarse a desatender la orden judicial, o incluso, el término conferido para cumplirla, se tendrán por ciertos los hechos y se resolverá de plano la solicitud de amparo. Ello por cuanto la presunción de veracidad “fue concebida como instrumento para sancionar el desinterés o la negligencia de las entidades accionadas y se orienta a obtener la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales”[79]. Su aplicación encuentra sustento en “la necesidad de resolver con prontitud sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio derechos fundamentales, y en la obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se pueden desatender sin consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas servidores o entidades públicas [17]. Hecha la anterior precisión, la Corte ha establecido que la consagración de esa presunción obedece al desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela, y se orienta a obtener la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes que la Carta Política ha impuesto a las de autoridades estatales (Artículos 2, 6, 121 e inciso segundo del artículo 123 C.P.)”[80]. Ahora bien, la presunción de veracidad puede aplicarse ante tres escenarios -que no son excluyentes-, a saber: (i) cuando la autoridad o particular accionado omite completamente dar respuesta a la solicitud elevada por el juez constitucional; (ii) cuando se requiere cierta información y la misma no es allegada dentro del plazo respectivo o (iii) cuando la autoridad o particular da respuesta a la solicitud, pero esta se hace meramente formal, pues en el fondo no responde al interrogante planteado por el funcionario judicial[81]. La Sala estima que esta figura tiene aplicación directa en el asunto objeto de revisión por cuanto particularmente la autoridad accionada competente, debidamente notificada dentro del presente trámite, omitió dar respuesta informada y oportuna a las solicitudes probatorias elevadas por el juez constitucional pese a los requerimientos planteados. La desatención a una orden judicial necesariamente tiene consecuencias, dada la trascendencia de los intereses jurídicos objeto del litigio. Por ende, un comportamiento omisivo de esta naturaleza lleva consigo especiales implicaciones que, en este caso, se traducen en la necesidad de tener por ciertas las circunstancias fácticas debidamente acreditadas por la parte accionante y de valorarlas en contraste con aquello que fue efectivamente afirmado por el extremo activo de la tutela, pero no desvirtuado por los demandados, en esta oportunidad, de un lado, la presentación de solicitudes por parte del actor para lograr la práctica de la valoración médica y, del otro, la inexistencia de un llamado por parte del Ejército Nacional al accionante para la realización de la misma y, consecuentemente, la ausencia de una conducta reprochable o de negligencia del tutelante[82]. Esta labor de armonización busca asegurar “el más certero y eficaz razonamiento”[83]. El juez no puede precipitarse a fallar dando por verdadero todo lo que afirma el accionante pues su labor está orientada por la pretensión de “llegar a una convicción seria y suficiente para fallar en derecho”[84], a la luz de las circunstancias de cada caso en concreto. Por ello, el arribo a convencimientos razonables y soluciones plausibles debe lograrse a partir de una apreciación del caso “con arreglo a la sana razón”[85], es decir, bajo los lineamientos de una actividad probatoria sujeta a criterios objetivos, racionales, serios y responsables, aspectos que guiarán el norte de la exposición en los siguientes párrafos. 3.2.2. Así, para la Sala el panorama probatorio descrito con anterioridad evidencia un incumplimiento en los estándares de protección jurisprudencialmente establecidos en la materia, inaceptable a la luz de la Carta Política. Como se observa, la Dirección de Sanidad consideró inviable la práctica del examen de retiro por cuanto, en su entendimiento, la normativa vigente consagra un término específico para su realización, por fuera del cual no es jurídicamente exigible. Las razones invocadas resultan inadmisibles, pues con ellas se desconoce que la Fuerza Pública tiene un deber especial de protección en beneficio del personal en situación de desincorporación, que se traduce, principalmente, en la obligación de realizarles un examen médico laboral de retiro, del cual pueden derivarse prestaciones asistenciales y económicas. Por ello, “si no se hace el examen de retiro no es posible alegar prescripción de los derechos que de acuerdo con la ley tiene quien [sale] del servicio activo”[86]. Bajo estas consideraciones, en el año 2010, momento en el que se produjo la baja del servicio del señor Varón Jaramillo, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional tenía el cometido ineludible de adelantarle el examen de egreso, con independencia de la causa que había originado el retiro. Tal mandato de acción no fue debidamente atendido por la autoridad pública, quien desactivó los servicios médicos del actor y no valoró ni esclareció su estado de salud, impidiendo de esta forma que la Junta Médico Laboral Militar, de darse los supuestos para ello, procediera también de acuerdo con sus propias competencias[87]. Dicha omisión ha perdurado hasta la fecha, esto es, por espacio de más de 8 años, periodo durante el cual el Ente estatal se ha negado a asumir, pese a los pedimentos del ciudadano, la responsabilidad a su cargo, con fundamento en argumentos que desconocen las reglas jurisprudenciales específicas relacionadas con el asunto. En esta medida, es claro que ha existido una desatención a un deber superior, imputable al Ejército Nacional que, por demás, se ha prolongado irrazonablemente en el tiempo y que ahora no puede desencadenar en la pérdida de una prerrogativa que le asiste al ciudadano desvinculado. Esta negligencia advertida de la Entidad accionada comporta una vulneración de los derechos fundamentales del peticionario y entraña la existencia de responsabilidad constitucional a su cargo, la cual se juzga necesario resaltar dado que los elementos de juicio obrantes en el proceso evidencian que el Sistema Médico de las Fuerzas Militares tenía la obligación precisa de evaluar y definir con oportunidad las condiciones médicas del agenciado, tras su desvinculación, además de dispensar en su beneficio, de ser procedente, la atención en salud que resultara necesaria. Esta situación representa un escenario de desprotección que es actual y encuentra sustento en los siguientes aspectos fundamentales. La jurisprudencia constitucional ha entendido uniformemente que la Fuerza Pública tiene el deber de asegurar que quienes cumplieron con la labor militar o policial, en este caso por espacio de casi 8 años, se reintegren a la vida civil en las óptimas condiciones de salud en las que ingresaron a ejercerla. Este último aspecto es razonablemente previsible pues “el ingreso a la actividad militar y de policía implica la realización de un examen sicofísico [integral y exhaustivo], que se ejecuta con el fin de determinar si las condiciones del aspirante son aptas para el desarrollo de la mencionada actividad, configurándose dicha cualidad [cuando este] ingresa a la institución, ya sea de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional (artículo 2° y 3° del Decreto 1796 de 2000)”[88]. En estas condiciones y teniendo en cuenta que es un requisito indispensable y necesario para la incorporación a las filas una capacidad psicofísica apta, que implica un conjunto integral de habilidades, destrezas y potencialidades de orden físico y psicológico que le permitan al ciudadano desarrollar normal y eficientemente las funciones de defensa y seguridad nacional, “entonces se ha de presumir que quien ingresa a prestar el servicio [se] encuentra en [adecuadas] condiciones de salud física y mental”[89], es decir, que, bajo la lógica anterior, no reporta inhabilidades ni incompatibilidades determinantes para el desempeño de actividades especiales o, por lo menos, no en el momento del ingreso[90]. Bajo este entendimiento, es ciertamente previsible que el señor Julio Cesar Varón Jaramillo se incorporó a la carrera militar en apropiadas condiciones de salud. Con todo, en esta ocasión, no se registraron en el proceso documentos de evaluación médica en los que consten afecciones detectadas al tiempo de su ingreso a las filas de la Institución Oficial, con la potencialidad de haberle impedido la ejecución adecuada del oficio castrense[91]. Empero, contrario a lo afirmado, por ejemplo, por la autoridad judicial de primera instancia en el trámite de la tutela, existen serias evidencias médicas de que su sana condición clínica no perduró en el tiempo, pues presentó algunas enfermedades después de la incorporación, esto es, durante la vigencia de la prestación del servicio activo con la capacidad de deteriorar y afectar considerablemente su estado clínico inicialmente advertido. En estas condiciones, la práctica del examen médico de retiro constituía un deber ineludible para el Cuerpo Estatal, máxime cuando reposa un antecedente clínico que merecía ser evaluado con precaución. Se encuentra en el expediente de tutela historial médico del ciudadano procedente del Dispensario Central del Ejército Nacional donde consta que fue atendido por el área de urología ante la presencia de una dolencia denominada “varicocele izquierda”[92] la cual, según se desprende del citado documento, tuvo una evolución desde el año 2003 y fue mitigada y controlada a través de la práctica del procedimiento conocido como varicocelectomia, llevado a cabo en el año 2005, es decir, mientras permanecía activo en las filas de las Fuerzas Militares[93]. También, reposa en el proceso historia médica suscrita por el médico psiquiatra Jairo Novoa Castro, el 16 de julio de 2018, quien le diagnosticó al actor “esquizofrenia paranoide F200”[94] y advirtió que dicho cuadro clínico inició “hace nueve años [esto es, en el 2009 cuando aún estaba en el servicio] con ideas delirantes [paranoides,] persecutorias, afirmando que un [oficial] del ejército lo iba a matar, alucinaciones auditivas, transmisión del pensamiento, [aislamiento,] socila, soliloquios”[95]. En aquella ocasión, el citado galeno precisó que desde hace 8 años, en concreto, en el 2010, fecha del retiro discrecional, le fueron formulados los medicamentos fluoxetina y alprazolam para hacer frente al padecimiento[96], “persistiendo [no obstante,] la sintomatología”[97]. Igualmente, se allegó al trámite concepto médico emitido por el profesional fisiatra Julio Ernesto Giraldo Valencia, el 16 de julio de 2018, en el cual evidenció la presencia de un “trastorno del disco lumbar con radiculopatia M511, trastorno del disco cervical con radiculopatia M501 y síndrome del túnel del carpo G560”[98]; patologías crónicas que, adujo, presentaban “varios años de evolución”[99] y que, según afirmó el agenciado, fueron originadas como consecuencia directa de las labores operativas y de combate que ejerció en la Institución Castrense, en particular, por el hecho de cargar constantemente equipo pesado sobre la espalda[100]. Por estas dolencias, le fueron prescritos algunos medicamentos, ordenados ciertos procedimientos médicos y sugerido algunas restricciones, a fin de no agravar su condición clínica presente[101]. Siguiendo de cerca estas consideraciones es evidente que al momento de la desvinculación del señor Varón Jaramillo su estado de salud se encontraba menguado por la presencia de algunas dolencias que, al parecer, se tiene noticia, se hicieron visibles mientras permaneció vinculado en una relación no solo al servicio de la “defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del terri...