Sentencia T-287 de 2004

T-287-04 SENTENCIA No Sentencia T-287/04 ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD BANCARIA-Procedencia ENTIDAD BANCARIA-Posición dominante ENTIDAD BANCARIA-Modificación unilateral reliquidación crédito hipotecario DERECHO DE PETICION FRENTE A ENTIDAD BANCARIA-Respuesta sobre condiciones exactas del crédito ENTIDAD BANCARIA-No debe abusar de su posición dominante DEBIDO PROCESO-Vulneración por Granahorrar al solicitar saldo después de expedido el paz y salvo ACTO PROPIO-Respeto por entidad financiera RELIQUIDACION DE CREDITO DE UPAC-Error cometido por Granahorrar no puede llevar a desconocimiento de principio de legalidad Referencia: expedientes T-828862, T-829482 Peticionarios: Carmen Luisa Jiménez de Navarro. Luis Jaime Sánchez Ramírez Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA Bogotá, D. C., veinticinco (25) de marzo de dos mil cuatro (2004). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente : SENTENCIA Los expedientes llegaron a la Corte Constitucional, por remisión que se hizo en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección número doce ordenó la selección de los mencionados expedientes por auto de 12 de diciembre de 2003, en el cual ordenó la acumulación de los expedientes en cuestión por presentar unidad de materia, para que sean fallados en una sola sentencia. I. ANTECEDENTES Expediente T-828862 La ciudadana Carmen Luisa Jiménez de Navarro impetró acción de tutela contra el Banco Granahorrar con el fin de obtener el amparo constitucional de sus derechos fundamentales, a su juicio, vulnerados por la entidad accionante, por los hechos que se resumen a continuación: 1. Aduce la actora que en el mes de agosto de 1995, la entidad accionada le otorgó un crédito hipotecario por un valor de $2.012.872.00 con financiación a quince años, gravando con hipoteca el inmueble adquirido, ubicado en la Calle 131B N° 50-41, apartamento 601, bloque 1. Agrega que inició pagando una cuota mensual de $42.000.00 y terminó pagando cuotas de $162.000.00, cuotas que pagó puntualmente. 2. Manifiesta que el 12 de agosto de 2001, le llegó por correo certificado el extracto de crédito hipotecario expedido por Granahorrar, en el cual se reflejaba un saldo a su favor por valor de $60.331.00. El 2 de mayo de 2001, se dirigió a la entidad accionada, siendo atendida por el personal de atención al público, quienes le ratificaron que su crédito hipotecario se encontraba totalmente pago y que le quedaba el saldo mencionado a su favor, razón por la cual en esa misma oportunidad presentó una carta solicitando la devolución del saldo en cuestión. El 8 de mayo de 2001, presentó solicitud de la minuta de cancelación de crédito hipotecario por pago total de la obligación, ante la oficina de cancelación de hipotecas de Granahorrar. 3. El día 23 de agosto de 2001, recibió una comunicación en donde se le informó respecto de una reliquidación de su crédito hipotecario, en virtud de la cual le adeudaba a la entidad financiera $1.615.244.00, lo que a su juicio resulta un verdadero abuso por parte de Granahorrar, porque después de haber emitido un extracto bancario, al cabo de tres meses y medio dan respuesta a una solicitud de cancelación de hipoteca “[a]rgumentando que por “algún error” de la entidad financiera se liquidaron alivios por mayor valor, pretendiendo de esta manera trasladar su responsabilidad. Sin fundamento jurídico alguno, perjudicando gravemente mi patrimonio económico y familiar, atentando contra los derechos tutelados por nuestra Constitución Política de Colombia”. Finalmente, expresa la demandante que la entidad financiera accionada en ningún momento le manifestó algún tipo de reliquidación y mucho menos de revisión de su crédito “y que el último extracto expedido por dicha entidad demuestra claramente que me encuentro a paz y salvo”. Fallo de instancia El Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá negó el amparo solicitado, aduciendo que en el asunto que se examina resulta claro que la demandante suscribió un contrato de mutuo con la entidad financiera, respaldado con garantía hipotecaria, de donde surge a todas luces que es a la jurisdicción ordinaria a quien corresponde resolver el conflicto que se plantea, pues éste no tiene relevancia constitucional. Manifiesta el juez constitucional que tratándose de reliquidación de créditos de vivienda a largo plazo, las diferencias que surjan con ocasión de esa reliquidación a la luz de la Ley 546 de 1999, deben ser resultas por la jurisdicción ordinaria, y no puede el juez constitucional arrogarse competencias que no le están atribuidas por la ley. Expresa que esta Corte en varias sentencias, ha señalado que cuando surjan diferencias por la reliquidación del crédito hipotecario por aplicación de la ley, las personas afectadas pueden acudir a la jurisdicción ordinaria a fin de que allí sean resueltas, por ser el juez competente. T-829482 El ciudadano Jaime Sánchez Ramírez demandó en acción de tutela al Banco Granahorrar, en busca de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, buena fe y el derecho a una vivienda digna, con fundamento en los supuestos fácticos que a continuación se resumen: 1. Manifiesta el demandante que en junio de 1993 adquirió un crédito hipotecario con la entidad accionada por un valor de $10.000.000, sobre el inmueble ubicado en la Calle 37 N° 63-34 apartamento 502, de la ciudad de Medellín. Aduce que después de haber presentado una queja ante la Superintendencia Bancaria el 30 de mayo de 2000, la entidad accionada el 14 de julio del mismo año, le comunicó que se le efectuaría un abono adicional a su obligación hipotecaria por un valor de $5.725.089.75, correspondiente a un ajuste en el monto de la reliquidación que inicialmente se le informó, lo que se traducía en que el monto real de la reliquidación era mayor al que se le había comunicado en anterior oportunidad. Así mismo, aduce que también se le informó que con la rectificación mencionada “[l]a Entidad había culminado el proceso de reliquidación de manera satisfactoria”. 2. Con base en la información suministrada, solicitó el saldo insoluto real de la deuda, el cual le fue certificado el 28 de julio de 2000, en donde se le informó que presentaba un saldo insoluto de $5.158.126.76, el cual una semana después era de $5.177.650, según información suministrada por pantalla. En consecuencia, procedió a pagar ese saldo según formato de consignación llenado por funcionarios de la entidad accionada, pago que fue realizado el 4 de agosto de 2000. El 18 de agosto de 2000 solicitó un paz y salvo de su crédito hipotecario, “[s]in embargo se me hizo entrega fue de un pantallazo de “consulta de estado de la obligación” en el cual aparece saldo de la cuenta (0000). Saldo intereses causados (0000). Demás conceptos (0000). Por tanto mi deuda efectivamente aparecía saldada. No obstante, expresa el actor que cuál no sería su sorpresa cuando el 17 de diciembre de 2001, es decir, más de un año después, recibió una comunicación de Granahorrar informándole que debido a un nuevo proceso de revisión, su crédito hipotecario no estaba a paz y salvo y que debía la suma de $3.432.195.03, más intereses por ese ajuste de $693.941.00. Posteriormente, y en igual sentido que la comunicación mencionada, el 28 de febrero de 2002 le fue informado que debía la suma de $2.923.329.89, más la suma de $693.941 por concepto de intereses. 3. Expresa el accionante que siguiendo instrucciones de la entidad demandada, el 15 de marzo de 2002, presentó un derecho de petición en el cual solicitó la devolución del pagaré que suscribió con Granahorrar. No obstante, esa petición no le fue contestada, razón por la cual presentó una nueva queja ante la Superintendencia Bancaria, entidad que le dio traslado a Granahorrar, entidad que le contestó que definitivamente debía la suma de $2.923.329.89, más $693.941 de intereses, “[N]ótese la incongruencia de sumas supuestamente adeudadas”. Agrega que el 15 de julio de 2002, presentó un derecho de petición dirigido al Banco Granahorrar, regional Medellín, unidad de crédito y cartera, solicitando “...la devolución del pagaré que suscribí con esa Corporación al otorgarme el crédito hipotecario número 607500083241, el cual fue cancelado desde agosto 4 de 2000, según los comprobantes adjuntos...Así mismo y en consecuencia de lo anterior le solicito se levante el gravamen hipotecario que pesa sobre el bien inmueble objeto del crédito hipotecario, procediendo esa Entidad a ordenar o realizar los trámites normales respectivos para el levantamiento de dicha hipoteca...”. Añade que ante el silencio de la entidad accionada fue necesario interponer acción de tutela a fin de que la petición presentada le fuera contestada, acción que fue fallada a su favor por el Juzgado Cartorce Civil del Circuito de Medellín. Siendo ello así, la accionada respondió reiterando la supuesta deuda como razón para no proceder a levantar la hipoteca y devolverle el pagaré en cuestión. Con todo, manifiesta que la contestación de Granahorrar además de ser confusa, presentaba grandes inconsistencias “[y]a que no corresponde fielmente a la cronología de pagos y no aparecen en tales relaciones, pagos que realmente se realizaron por el suscrito. Pagos, tales como : En la cuota número 42 aparece un pago menor al realmente efectuado, según la colilla de pago de tal oportunidad. Así mismo, en otros casos como en las cuotas 50, 52 y 64, entre otras, aparece como si no se hubiesen cancelado. Hecho contrario a lo que demuestran las respectivas colillas de pago”. 4. Considera el actor, que la entidad accionada ha violado la seguridad jurídica de un pago total realizado hace casi dos años, bajo los precisos términos de Granahorrar y que ella misma detalló como cancelado, con lo cual se viola la buena fe contractual, además del derecho constitucional al debido proceso. Añade que además de que le está siendo cobrada una suma, sin que se indique la forma como se realizó la supuesta revisión, cobra por su propia equivocación unos intereses. Solicita en consecuencia, que se ordene a Granahorrar levantar el gravamen hipotecario que pesa sobre su inmueble, y que le sea devuelto el pagaré por él suscrito. Fallo de instancia El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, negó la protección solicitada, argumentando para ello que dentro de las varis características de la acción de tutela, se encuentran las de ser residual y subsidiaria, pues su procedencia depende de que no existan instrumentos constitucionales o legales distintos, para la protección de los derechos afectados o en peligro. Así las cosas, teniendo en cuenta que en la presente acción se pretende la declaración de validez de un pago y, de paso se cuestiona la forma como se aplicó el alivio a un crédito hipotecario “[l]a cuerda apropiada para ello ha de ser la del ordinario civil y no esta”. II. RESPUESTA DEL BANCO GRANAHORRAR EN LAS ACCIONES DE TUTELA QUE SE EXAMINAN EN ESTA SENTENCIA. El Banco Granahorrar manifiesta que es una sociedad de economía mixta del orden nacional, con régimen de empresa industrial y comercial del Estado, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y, por ello, maneja dineros del público y del Estado. Siendo ello así, la Superintendencia Bancaria al revisar y encontrar que el proceso de reliquidación no se ajusta a la metodología por ella ordenada, solicitó la realización de un proceso que se atenga plenamente a lo dispuesto en sus Circulares externas 007 y 048 de 2000, lo que forzosamente lleva a la reversión de las liquidaciones, teniendo el banco la obligación de someterse a lo dispuesto por el ente de control, de aplicar lo que en verdad le corresponde a cada crédito, en el caso de haberse cometido un error en la aplicación de la metodología orientada por la Superintendencia aludida. Considera la entidad accionada, que el hecho que se hubiera equivocado al efectuar la reliquidación y suministrara información errónea a los accionantes, no tiene la virtualidad de crear derechos en cabeza de ellos sobre dineros que son públicos. Por el contrario, añade que de no ser reversada la operación, podría dar lugar a un enriquecimiento sin justa causa y eventualmente a la comisión de un delito si tal situación no es corregida. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. La competencia Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991. 2. Los casos que se examinan. Posición de la Corte Constitucional frente a casos similares a los que se revisan. Aplicación del principio del respeto al acto propio como componente del derecho al debido proceso. Reiteración de jurisprudencia. 2.1. La Corte Constitucional al examinar los casos sometidos a revisión, encuentra que se dan las mismas circunstancias fácticas y jurídicas de asuntos similares presentados en contra de entidades financieras. En efecto, en los asuntos sub examine, la entidad demandada, exige el pago de la diferencia derivada de la reversión de las reliquidaciones de los créditos hipotecarios que para adquisición de vivienda adquirieron los accionantes, sin tener en cuenta que previamente a dicha reversión las obligaciones aludidas se encontraban canceladas, con fundamento en información suministrada por la entidad accionada, circunstancia que desconoce el derecho fundamental al debido proceso, en la modalidad del respeto a la actuación propia, entendida como la imposibilidad para quien actúa y genera con ello una situación particular y concreta, de desconocer su propia conducta, y vulnerar con ello los principios de buena fe y confianza legítima[1]. 2.2. Antes de proceder a reiterar la doctrina constitucional que en esta materia ha sentado la Corporación[2], se impone realizar un breve recuento de cada caso en concreto, a fin de establecer la similitud de los asuntos sub iudice, que dan lugar una vez más a reiterar la jurisprudencia constitucional en la materia que ahora se analiza. 2.3. En la acción de tutela instaurada por la señora Carmen Luisa Jiménez, se observa que la entidad demandada le otorgó un préstamo hipotecario por la suma de $2.012.872, en el mes de agosto de 1995, pagando las cuotas mensuales de dicho crédito, que comenzaron en una cuantía de $42.000.00 y terminaron en $162.000.00. Según extracto hipotecario que obra a folio 2 del expediente, el Banco Granahorrar le informa que tiene un saldo a su favor de $60.331.00. Ante dicha información, la actora solicitó la cancelación de la hipoteca el 8 de mayo de 2001 (fl. 1), obteniendo como respuesta a su solicitud por parte del banco accionado el 23 de agosto de 2001, que debido a una reliquidación de su crédito, adeudaba a esa entidad financiera la suma de $1.526.880.91. En efecto, en comunicación de 27 de octubre de 2003, enviada a la accionante, con ocasión de la acción de tutela por ella instaurada, el Banco Granahorrar le manifestó lo siguiente: “[e]l Banco Granahorrar acatando lo establecido en la Ley de Vivienda 546 de 1999, efectuó el proceso de reliquidación durante el año 2000 determinando un valor de $1.615.244.93 que se aplicó con retroactividad a enero 1 de 2000. No obstante, buscando obtener el correspondiente aval de la metodología utilizada durante el proceso en mención por parte de la Superintendencia Bancaria, éste Banco se comprometió con ese Organismo a ajustar el formato obteniendo un nuevo valor de alivio de $471.557.oo. Así las cosas, y la hallar diferencias durante los procesos en mención, el Banco Granahorrar realizó los ajustes correspondientes cargando al saldo de la deuda la suma de $1.143.687.93 junto con los intereses determinados por éste ajuste por valor de $201.237.oo, los cuales son cobrados en pesos sin ningún costo adicional por intereses. Lo anterior, para realizar el reintegro de dichos dineros a la Nación, como lo expresa el Decreto 712 de abril de 2001. Teniendo en cuenta que éste proceso se efectuó después de que la obligación se encontraba cancelada, la misma se reactivó y registra un saldo vigente de $1.526.880.91 el cual se encuentra congelado, es decir, no genera intereses y se somete únicamente a la variación de la UVR. En nombre del Banco Granahorrar presentamos nuestras más sinceras excusas por los inconvenientes presentados...” Negrillas fuera de texto. Se observa entonces, que a la accionante en el año 1995 se le otorga un crédito hipotecario por la suma de $2.012.872, posteriormente en el año 2001 la entidad financiera le informa que tiene un saldo a su favor de $60.331.00, y luego le comunica que debido a un error en la reliquidación registra un saldo de $1.526.880.91. 2.4. En el caso el ciudadano Luis Jaime Sánchez Ramírez, encuentra la Corte que el 14 de julio de 2000, el banco accionado le informó la aplicación de un abono adicional en su obligación hipotecaria, correspondiente a “un ajuste en el monto de la reliquidación inicialmente informada. Lo anterior significa que el monto real de su reliquidación es mayor a aquel que le comunicamos anteriormente. Con la rectificación mencionada hemos culminado el proceso de reliquidación de manera satisfactoria”. Como lo informa el actor, con fundamento en esa información solicitó certificación en relación con el saldo real de la deuda, certificación que fue expedida por Granahorrar el 26 de julio de 2000, en la cual se le comunicó la existencia de un saldo al 28 de julio de ese año, por valor de $5.158.126.76 (fl. 2 exp. T-829482). Una vez obtenido el saldo de la obligación crediticia, la misma fue cancelada el 4 de agosto de 2000, según aparece acreditado en el formato de consignación expedido por Granahorrar, en el cual se lee CANCELACIÓN CREDITO (fl. 23). El 18 de agosto del mismo año, el accionante solicitó un paz y salvo de su crédito hipotecario, y en respuesta le fue entregado un pantallazo, en el que se puede leer que el saldo de la obligación se encontraba en 0000, es decir, saldada (fls. 23 y 52). No obstante lo anterior, el banco accionado en comunicación de diciembre 17 de 2001, le informó lo siguiente: “[e]n la reliquidación inicial se abonó a su obligación un valor superior al que efectivamente le corresponde de acuerdo al proceso de revisión y aprobación de la Superintendencia Bancaria, la diferencia generada por el mayor valor abonado es de $.3.432.195.03 y será cargado al saldo de su obligación. Los intereses generados por ese ajuste son $693.941.00 y serán diferidos en el tiempo que resta para finalizar el pago de su obligación hipotecaria en cuotas fijas de $7.304.64 mensuales que obviamente no causarán nuevos intereses. El próximo extracto reflejará estas modificaciones. Agradecemos su atención y ofrecemos disculpas por los inconvenientes presentados al abonar a su obligación una suma superior a la que le correspondía...” Después de varias solicitudes en las cuales ha pedido la entrega el pagaré que suscribió con esa Corporación al momento de obtener el crédito hipotecario, así como la cancelación de la hipoteca ante el pago total de la obligación, con quejas inclusive ante la Superintendencia Bancaria, como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, Granahorrar se ha negado, aduciendo para ello el error en la aplicación de la reliquidación al crédito del actor. 2.5. Para la Corte, como se ha señalado en múltiples oportunidades, la forma utilizada por Granahorrar para corregir los errores en los que incurrió al adelantar los procedimientos de reliquidación de créditos hipotecarios en cumplimiento de un mandato legal, vulnera por completo el debido proceso de los usuarios de el sistema financiero pues, desconociendo que han suministrado información que los clientes presumen veraz, y a partir de la cual establecen si sus obligaciones crediticias se encuentran canceladas o, si por el contrario tienen un saldo pendiente, modifica intempestivamente sus anteriores decisiones unilateralmente, sorprendiendo con ello a la parte más débil de esa relación contractual en cuya virtud debe existir claridad en relación con las condiciones que rigen la relación en cuestión. Analizados los casos que ahora ocupan la atención de la Sala de Revisión, procede la Corte a reiterar la doctrina constitucional que en esa materia se ha establecido, pues los criterios allí elaborados han obedecido precisamente a actuaciones como las descritas en los asuntos examinados en esta sentencia, por parte de la entidad accionada. “Las acciones de tutela que ahora ocupan la atención de la Corte, se encuentran dirigidas contra el Banco Granahorrar S.A., porque a pesar de que los deudores hipotecarios cancelaron la totalidad de la obligación, la entidad demandada exige el pago de la diferencia derivada de la reversión de la reliquidación de los créditos hipotecarios que para adquisición de vivienda suscribieron cada uno de los ciudadanos demandantes, circunstancia que vulnera sus derechos al debido proceso, la vivienda digna y el buen nombre. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades en distintas acciones de tutela dirigidas contra la misma entidad que ahora se demanda, y, por hechos similares a los que dieron origen a las presentes acciones de tutela. En efecto, en las sentencias T-1085 de 2002, T-083 y T-141 de 2003, se reconocieron los derechos fundamentales de los usuarios de la entidad financiera demandada, que a juicio de esta Corporación resultaron vulnerados con la actitud unilateral asumida por Granahorrar, de exigir, una vez cancelada en forma total la obligación hipotecaria, el pago de unas sumas de dinero a consecuencia de un error en la liquidación del crédito que por concepto de los alivios ordenados por la Ley 546 de 1999, había realizado. Encuentra la Corte que frente a los casos que ahora se analizan, se dan las mismas circunstancias fácticas y jurídicas a las analizadas en las mencionadas sentencias, de donde se impone una misma solución frente al ordenamiento jurídico. Por esta razón, se reiterará la doctrina constitucional en ellas establecida. Con todo, previamente se hará un breve recuento de cada caso concreto, a fin de que quede establecido con claridad la similitud de los asuntos tratados, que dan lugar a que se reitere la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esa materia”. 4. Solución de las acciones de tutela. Reiteración de jurisprudencia Como se dijo, en las tres acciones de tutela que ahora ocupan la atención de la Corte, existe un elemento común cual es, que los deudores hipotecarios del Banco Granahorrar S.A., al momento en que dicha entidad financiera les informa sobre un saldo insoluto resultante de una reliquidación posterior a la inicialmente aplicada a sus créditos, ya habían cancelado la totalidad de la obligación con fundamento en la información que para el efecto les suministró la entidad accionada. Ello significa, ni más ni menos, que legítimamente confiados en la información financiera suministrada por Granahorrar, cancelaron la totalidad de sus deudas a fin de liberar sus viviendas. Los principios constitucionales relativos a la financiación de vivienda, quedaron fielmente establecidos en la sentencia T-083 de 2003[3], en los siguientes términos: “1. El artículo 51 de la Carta Política reconoce a todos los colombianos el derecho a la vivienda digna, mandato constitucional que supera el carácter de pretensión programática y adquiere contenido concreto, traduciéndose en deberes a cargo del Estado enmarcados en la fijación de las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, entre ellas, la implantación de sistemas adecuados de financiación a largo plazo. La interpretación de la disposición citada sirvió de base para que la jurisprudencia de la Corte Constitucional estableciera las reglas que debe cumplir la legislación en materia de financiación de vivienda para que se ajustara al precepto superior. Dentro de esta perspectiva, las decisiones de esta Corporación parten de reconocer el desequilibrio existente entre las prerrogativas de las entidades financieras y los derechos de los usuarios del crédito de vivienda, hecho que fundamenta la concreción de medidas tendientes a restablecer las condiciones de cada una de las partes en un plano de igualdad material, presupuesto necesario para alcanzar el mandato de adecuación que la Constitución impone para esta clase de servicios financieros. En otras palabras, los sistemas de financiación en comento son, por expreso mandato de la Carta Política, objeto de un tratamiento preferencial que tiene como fin posibilitar la adquisición de vivienda. Tal tratamiento se traduce en medidas legislativas que contengan condiciones distintas a las de los créditos ordinarios y que permitan a los usuarios el pago en condiciones equitativas del valor de su inmueble. 2. El argumento expuesto es desarrollado en distintos fallos de la Corte. En la Sentencia C-252/98 (M.P. Carmenza Isaza de Gómez) se estimó que la prohibición supletiva a la voluntad de las partes del pago anticipado en el mutuo con intereses, contemplado en los artículos 2229 del Código Civil y 694 del Código de Comercio, era constitucional, con excepción de su aplicación en los créditos de vivienda, al considerar que éstas son obligaciones reguladas por normas específicas de intervención estatal derivadas de expresos mandatos constitucionales. Como se observa, en esta decisión la Corte reconoció el carácter exceptivo de los créditos de vivienda, excluyéndolos del régimen común de las demás obligaciones mercantiles y financieras. 3. En la Sentencia C-383/99 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), se declaró la inexequibilidad parcial del literal f) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, al considerarse que la determinación del valor en pesos de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) “procurando que ésta también refleje los movimientos de la tasa de interés de la economía” imponía una carga excesiva al deudor hipotecario y una ventaja correlativa para la entidad financiera. Ello era así porque se incluía dentro del cálculo de la UPAC no sólo aquellas variables que permiten la conservación del poder adquisitivo, sino también el costo del dinero reflejado en las tasas de interés, factor que tenía una evolución distinta a la del aumento de los ingresos de los usuarios del servicio financiero. Se establecía así una condición que, en últimas, imposibilitaba el cubrimiento de los créditos de vivienda, negándose el derecho contenido en el artículo 51 de la Carta y quebrantándose, además, el mantenimiento de un orden justo. 4. La naturaleza excepcional de los créditos a largo plazo para la adquisición de vivienda ha sido planteada por la jurisprudencia constitucional no sólo en razón de las características que debe poseer la relación contractual entre la entidad financiera y el usuario, sino también en virtud de la competencia para regular tales créditos. Este tópico es analizado en la Sentencia C-700/99 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), que declaró la inexequibilidad de algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero al estimar que la regulación del anterior sistema de financiación de vivienda, calculado a través de la UPAC, era una especie dentro del género de la actividad financiera relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Estos asuntos, en sus elementos generales, son determinados por el numeral 19 del artículo 150 de la Carta como propios de una “ley marco” expedida por el Congreso, lo que condujo a concluir la imposibilidad que el Ejecutivo, ante la carencia de dichas pautas generales, profiriera a través de Decreto Ley, disposiciones normativas que regularan de forma integral los mecanismos de crédito destinados a la adquisición de vivienda.[4] La decisión en cita, conservando la línea argumentativa de los fallos precedentes, insiste en la especificidad de los sistemas de financiación de vivienda destacando que cuando se trata de la financiación de vivienda a largo plazo, las pautas, directrices, criterios y objetivos que debe fijar el Congreso en cuanto a las actividades de captación, intermediación y aprovechamiento de recursos provenientes del público, no pueden ser las aplicables a todo el sistema financiero - hoy contempladas en la Ley 35 de 1993-, pues ellas “deben tener por objeto especial y directo, el que dicha norma constitucional prevé, es decir, la fijación de las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho que todos los colombianos tienen a una vivienda digna, y la promoción de planes de vivienda de interés social, “sistemas adecuados de financiación a largo plazo” (subraya la Corte) y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”. 5. Al asumir el examen de constitucionalidad del actual régimen de financiación de vivienda (Ley 546 de 1999), la Corte utilizó criterios similares a los antes expuestos para evaluar la armonía entre las estipulaciones legales relativas a los créditos de vivienda y las normas constitucionales, especialmente el mandato de adecuación del artículo 51 del Estatuto Superior. Así, en la Sentencia C-955/00 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) se estableció que un sistema especializado de financiación de vivienda debe, entre otros fines, (i) crear las condiciones necesarias para la democratización del acceso al crédito para todas las personas, aún las de menores ingresos; (ii) separar la determinación de las tasas de interés y las condiciones contractuales de la libre estipulación por parte de las entidades financieras estableciendo para ello métodos de intervención y vigilancia estatal sobre estos aspectos; (iii) prohibir la inclusión en los modelos de financiación y amortización de condiciones excesivamente gravosas para los deudores (capitalización de intereses, tasas irrazonables, cuotas por fuera del monto del ingreso del usuario del crédito) que lleven a la imposibilidad del ejercicio adecuado del derecho prestacional a la vivienda digna; y (iv) contener disposiciones que permitan la conservación del equilibrio económico entre las entidades financieras y los deudores dentro del contrato de mutuo con garantía hipotecaria destinado a la adquisición de vivienda. 6. En resumen, el análisis de los precedentes jurisprudenciales más representativos de la doctrina constitucional en materia de financiación de vivienda a largo plazo permite concluir que el mandato de adecuación contenido en el artículo 51 de la Carta sólo es posible si se reconoce, como lo ha hecho esta Corporación, que el ejercicio del derecho a la vivienda digna hace que sus sistemas de financiación posean una naturaleza excepcional a la de los demás servicios financieros. Esa naturaleza exige el establecimiento de mecanismos que reviertan la situación de desigualdad existente entre las entidades financieras y los usuarios. Esta tarea se concentra en la intervención del Estado tendiente al mantenimiento del equilibrio contractual a través de medidas que brinden protección y seguridad jurídica al usuario del crédito, que impidan la inclusión de cláusulas irrazonables y desproporcionadas que hagan imposible la amortización de los créditos en condiciones equitativas y que dificulten o imposibiliten el goce efectivo del derecho a la vivienda digna”. Ahora bien, indiscutiblemente la posición asumida por el Banco Granahorrar S.A., frente a los deudores de créditos hipotecarios como en los casos que ocupan la atención de la Corte, devine de la posición dominante que las entidades financieras han asumido frente al usuario del sistema financiero. Precisamente, respecto de esa posición dominante, la Sala Primera de Revisión de esta Corporación, en sentencia T-1085 de 2002[5], señalo: “[p]ara la Corte es claro que las entidades bancarias tienen una posición dominante frente a los usuarios del sistema financiero. En efecto, son ellas quienes fijan los requisitos y condiciones de los créditos, tasas de interés, sistemas de amortización etc. Son ellas las depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan, y sus actos gozan de la presunción de veracidad por parte de sus clientes. En el mismo sentido esta Corte se pronunció en sentencia T-661 de 2001: ‘En este orden de ideas, la acción de tutela procede tanto por la violación del derecho de petición como por las vulneraciones que puedan emanar de una relación asimétrica como es la que se entabla entre una entidad financiera y los usuarios, al tener los bancos atribuciones que los colocan en una posición de preeminencia desde la cual pueden con sus acciones y omisiones desconocer o amenazar derechos fundamentales de las personas. Independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta los bancos actúan con una autorización del Estado para prestar un servicio público por ello, los usuarios están facultados para utilizar los mecanismos de protección que garanticen sus derechos. (...) En relación con las obligaciones que emanan de los contratos bancarios si algo debe saber el usuario, sin ninguna duda en forma expresa, diáfana y clara, es cuánto debe y por qué concepto, máxime si la entidad financiera emite comunicados contradictorios e ininteligibles. (...) Si los clientes de las entidades bancarias no pueden preguntar sobre las condiciones exactas de sus créditos, ¿qué tipo de peticiones pueden entonces hacerse a los bancos y corporaciones de crédito? Se pregunta esta Corte. Los jueces de instancia desconocen abiertamente la doctrina de la Corte en un acto contrario al deber que tiene el juez en el Estado social de derecho, pero fundamentalmente su comportamiento constituye un acto de denegación de justicia al no proteger los derechos y garantías de las personas en situación de desequilibrio frente a un poder preeminente como el que tienen las entidades financieras”[6]. Los demandantes en las acciones de tutela que ahora se revisan, coinciden en alegar como vulnerados, entre otros, el derecho fundamental al debido proceso. En la sentencia T-083 de 2003, ya citada, se estableció la relevancia del principio de respeto del acto propio como componente del derecho fundamental al debido proceso. Se dijo al respecto en esa oportunidad[7] “7. Además de las condiciones específicas que la Carta impone a la relación entre las entidades financieras y los usuarios del crédito hipotecario para el cumplimiento del mandato de adecuación contenido en el artículo 51 C.P., también resulta relevante señalar que dentro de este vínculo contractual se incluyen, como es obvio, los demás derechos y garantías de carácter general que el ordenamiento impone para los distintos vínculos jurídicos, más aún si una de las partes ejerce una actividad de interés público y sometida a la intervención del Estado, en los términos del artículo 335 C.P. 8. La Banca, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, ejerce un servicio público en razón de la importancia que posee la actividad financiera en el marco de las relaciones económicas entre los distintos agentes del mercado. La captación de recursos del público y el suministro del crédito son labores indispensables para el desarrollo de múltiples actividades del conglomerado social, preeminencia que llevó al constituyente a consagrar la necesaria inspección y vigilancia estatal, junto con la necesidad de autorización previa para su ejercicio. Sobre el punto la Corte indicó[8]: “Ahora bien, pese a que no existe norma que de manera expresa así lo determine[9], en el derecho Colombiano es claro que la actividad bancaria es un servicio público, pues sus nítidas características así lo determinan. En efecto, la importancia de la labor que desempeñan para una comunidad económicamente organizada en el sistema de mercado, el interés comunitario que le es implícito, o interés público de la actividad y la necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su acción, indican que la actividad bancaria es indispensablemente un servicio público. Así mismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido el carácter de servicio público de la industria bancaria. Al respecto se dijo: "la actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, atendiendo a su propia naturaleza, reviste interés general y, por tanto, no escapa al postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses particulares (artículo 1º de la Constitución Política), lo cual se concreta en el carácter de servicio público"[10] En idéntico sentido, la Corte Suprema de Justicia[11] y el Consejo de Estado[12] reconocieron el carácter de servicio público para la actividad bancaria, antes de la promulgación de la actual Carta. No obstante, su carácter no se discute en la doctrina del derecho administrativo. Sin embargo, cabe anotar que, al tenor del artículo 56 superior, es diferente una actividad de prestación de servicio público y una actividad dirigida a prestar un servicio público esencial, esta última requiere de expresa disposición legal que así lo determine. La Corte Constitucional ha dejado en claro que si un particular asume la prestación de la actividad bancaria adquiere una posición de supremacía material -con relevancia jurídica- frente al usuario; es decir, recibe unas atribuciones especiales que rompen el plano de igualdad referido, y que, por ende, en algunos casos, sus acciones u omisiones pueden vulnerar un derecho constitucional fundamental que requiere de la inmediata protección judicial[13]. Por consiguiente, las personas jurídicas que desarrollan la actividad bancaria, independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta, actúan en ejercicio de una autorización del Estado para cumplir uno de sus fines, que es el de la prestación de los servicios públicos, por lo cual gozan de algunas prerrogativas propias de la actividad, pero igualmente se obligan a cumplir condiciones mínimas de derechos de los usuarios.”. El precedente citado permite concluir que las entidades financieras, en las actuaciones frente a sus usuarios, tienen una posición privilegiada que las erige como verdaderas autoridades ante ellos, condición que, a la vez que les otorga prerrogativas superiores a la de los particulares, las obliga a ejercer las acciones necesarias para garantizar el libre y adecuado ejercicio de los derechos fundamentales de sus clientes y, entre ellos, el del debido proceso. 9. El derecho fundamental al debido proceso comprende, como lo ha señalado esta Corporación[14], no sólo las garantías del artículo 29 de la Carta, sino también otro cúmulo de valores y principios de la misma raigambre constitucional que hacen que vaya más allá del cumplimiento de los requisitos que la ley procesal impone (debido proceso legal), a través de la irrestricta observancia de los demás derechos que permitan la vigencia de un orden justo. Dentro de estos valores y principios, a juicio de la Sala, resulta especialmente relevante para el análisis del problema jurídico planteado, el de respeto del acto propio. 10. El principio de respeto del acto propio opera cuando un sujeto de derecho ha emitido un acto que ha generado una situación particular, concreta y definida a favor de otro. Tal principio le impide a ese sujeto de derecho modificar unilateralmente su decisión, pues la confianza del administrado no se genera por la convicción de la apariencia de legalidad de una actuación, sino por la seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a través de un acto que creó situaciones particulares y concretas a su favor. De ello se desprende que el respeto del acto propio comprende una limitación del ejercicio de los derechos consistente en la fidelidad de los individuos a las decisiones que toman, sin que puedan revocarlas por sí mismos, más aún cuando el acto posterior se funde en criterios irrazonables, desproporcionados o extemporáneos[15]. El principio de respeto del acto propio resulta aplicable cuando (i) se ha proferido un acto que contenga una situación subjetiva concreta y verificable que conceda confianza a su beneficiario de la titularidad de una posición jurídica determinada, esto es, que la disposición sea eficaz y jurídicamente vinculante; (ii) la decisión sea revocada unilateralmente por su emisor sin que esté autorizado por el ordenamiento para ello y con base en parámetros irrazonables o desproporcionados y (iii) exista identidad entre el sujeto que emite la decisión y su beneficiario tanto en la disposición inicial como en la posterior que la modifica, a la vez que ambos actos regulen la misma situación jurídica subjetiva.[16]” El argumento aducido por Granahorrar en todas las acciones de tutela que se revisan, para justificar su actitud frente a los deudores hipotecarios, no sólo en las que ahora se analizan, sino en las anteriores oportunidades en las que la Corte se ha pronunciado en acciones contra la misma entidad, se centra en el error en la aplicación de la metodología, circunstancia que “obligó” a esa entidad financiera a reversar las reliquidaciones inicialmente aplicadas. De ahí, manifiesta la entidad demandada, que si existe inconformidad al respecto, los afectados cuentan con las acciones legales pertinentes ante la jurisdicción ordinaria. Al respecto, la posición de la Corte ha sido la siguiente: “No se discute la posibilidad que se haya cometido un error en la reliquidación del crédito, error que en caso de ser cierto, es imputable a Granahorrar, entidad que cuenta con toda la infraestructura técnica y humana requerida para ese tipo de labores. Con todo, independientemente de que tal error se haya o no presentado, lo que es absolutamente claro es que se trata de una entidad crediticia que está sujeta a la Constitución y a la ley y que está en la necesidad de agotar los mecanismos jurídicos que tiene a su alcance si lo que pretende es el reconocimiento de sumas adicionales a aquellas que fueron pagadas por el actor y que le llevaron a certificar la extinción de la obligación. Ello es así por cuanto en una sociedad civilizada nadie cuenta con la atribución de administrar justicia por propia mano; esto es, de generar a su arbitrio obligaciones a cargo de quien fue deudor en razón de un vínculo jurídico ya extinto; de determinar la fecha en la cual tal obligación se hizo exigible y a partir de la cual se deben reconocer intereses moratorios; de promover cobros prejurídicos; de coaccionar para la constitución de títulos ejecutivos para garantizar la obligación así constituida y de negarse a la cancelación de una garantía hipotecaria constituida en razón de una obligación diferente, anterior y ya extinta. Eso no puede ser así pues en un Estado de derecho tales pretensiones se deben plantear ante la administración de justicia, para que, con citación de la contraparte, se surta una actuación con total reconocimiento de las garantías constitucionales de trascendencia procesal; se decida si se declara o no la existencia de una obligación y sólo ante tal reconocimiento, y ante el incumplimiento del deudor, es posible promover una ejecución forzada. Lejos de ello, en el caso presente, el banco, pese a haber declarado extinguida la obligación, por su propia voluntad y sin intervención alguna de la administración de justicia, decidió que la obligación seguía vigente, exigió su pago, convocó al actor sin fórmula de juicio para la suscripción de nuevos títulos ejecutivos contentivos de esas obligaciones, promovió un cobro prejurídico y se negó a cancelar la hipoteca. Es decir, por sí y ante sí, pretendió agotar el proceso declarativo y el proceso ejecutivo consagrados en la ley. En ese marco, la revocación del acto proferido por la entidad financiera, aunque aparentemente se funda en una circunstancia lícita, cual era la de disminuir el monto del alivio reconocido al deudor, en realidad desborda el marco jurídico aplicable pues extiende las consecuencias de su propio error a la reliquidación del crédito y revive los efectos de una obligación extinta. Sostener lo contrario, esto es, que la entidad financiera está facultada para cobrar sumas adicionales con posterioridad a la extinción de la obligación, configura la imposición de una carga especialmente gravosa e irrazonable al deudor. 13. Para la Sala es claro que semejante proceder conculca el derecho fundamental al debido proceso pues bastó el solo abuso de la posición dominante en que se halla una entidad financiera para constituir una obligación contra el actor, pretender el reconocimiento de intereses moratorios y negar la cancelación de la garantía prestada en razón de una obligación diferente. A una persona a la que se le había generado certeza sobre la extinción de una obligación y que se hallaba amparada por el principio de respeto del acto propio, en este caso emitido por Granahorrar , se la sorprendió no sólo con la imputación de una nueva deuda, sino con su cobro prejurídico pese a que no existía título alguno en el que tal obligación constara. Ese comportamiento restringe el disfrute del derecho a la vivienda digna pues se trata de un derecho que merece atención en todas las etapas del proceso que se debe agotar para adquirir vivienda mediante el sistema de crédito a largo plazo, mucho más si en un contexto como el nuestro son pocos los que pueden acceder a una vivienda sin suscribir créditos hipotecarios que comprometen sus ingresos de muchos años. De allí que en los supuestos en los que se vulnere el derecho fundamental al debido proceso y se limite ilegítimamente el derecho a la vivienda digna, haya lugar a la protección de aquél indistintamente del momento de que se trate, esto es, desde la concesión del crédito, durante el pago de las cuotas periódicas, en la extinción de la obligación y en el levantamiento de las garantías constituidas por el deudor. En el caso presente, el derecho al debido proceso se ha vulnerado en el momento del levantamiento de las garantías pues, procediendo contra la Constitución y la ley, se pretende desconocer la extinción de una obligación, constituir unilateralmente una nueva y garantizarla haciéndole extensiva una garantía constituida en relación con aquella obligación ya extinta. En situaciones como éstas, puede comprometerse también el derecho al buen nombre si el supuesto deudor moroso, tan particularmente constituido, es reportado a las centrales de información financiera. Ello es así porque ninguna persona puede ser reportada como deudora morosa con ocasión del incumplimiento de una obligación constituida unilateral y directamente por el acreedor. No obstante, como en este caso no está acreditado que el actor haya sido reportado sobre su supuesta calidad de moroso a alguna central de información, no se tutelará tal derecho. (...) De otro lado, quien tenía a su disposición los mecanismos judiciales ordinarios para obtener el pago de las sumas probablemente canceladas de más por el error en la reliquidación del crédito, era la misma entidad financiera. No obstante, abusando de su condición de preeminencia, exigió, más de un año después de la cancelación del crédito, el pago de la diferencia generada por su propio yerro y lo hizo mediante la revocatoria unilateral de su propio acto y extendiendo los efectos de una garantía constituida para una obligación distinta, proceder con el que se abrogó para sí facultades que sólo reposan en la jurisdicción. En relación con la naturaleza de recursos públicos de los alivios que sirvieron de base para reliquidar los créditos hipotecarios, la Corte no desconoce la necesidad que se conserve de manera estricta su destinación legal y las consecuencias penales y disciplinarias que genera el desvío de esta clase de rubros. Pese lo anterior, no puede compartirse la tesis según la cual, para el caso que ocupa a la Sala, exista la “necesidad objetiva” de cobrar la diferencia causada por la reversión de la reliquidación, sin que antes medie una decisión judicial. Esta conclusión se funda, de un lado, en la naturaleza vinculante del acto emitido por la entidad financiera y con el que extinguió la obligación, y de otro, en la imposibilidad de que el error de la entidad financiera sirva de base para la afectación desproporcionada de la situación jurídica de que es titular el accionante, a partir del instante en que canceló la obligación hipotecaria pagando el monto que le indicó el acreedor. Aunque el cobro de la diferencia ocasionada por la reversión de la reliquidación responde a un fin constitucionalmente legítimo (la protección del erario), los medios para su concreción no pueden servirse de actuaciones que vulneren los derechos fundamentales del actor”[17]. En la última de las sentencias proferidas por la Corte en contra de Granahorrar, también se dijo: “4.3. Observa la Corte, que el Banco Granahorrar al obrar en la forma que queda descrita vulneró los derechos del actor, como quiera que por su propia decisión modificó en forma unilateral la reliquidación del crédito hipotecario, cuando tenía a su disposición otros medios para el efecto. Es claro que en virtud de esa relación contractual entre acreedor y deudor, con la anuencia de éste, podría haberse convenido una reliquidación del crédito a propuesta del acreedor si consideraba que en la primera existía un error. El mutuo consentimiento, como se sabe, es una de las formas en que pueden modificarse las obligaciones contractuales. No obstante, si el deudor no otorga su consentimiento, el ordenamiento jurídico le otorga a la entidad financiera la posibilidad de acudir al juez competente para dirimir la controversia así suscitada en torno a las obligaciones contractuales. Pero en este caso, Granahorrar ni obtuvo el consentimiento del deudor para la modificación de la cuantía de la obligación, ni tampoco acudió a la jurisdicción del Estado para dirimir la controversia. No, por el contrario en forma que por ello resulta arbitraria optó por imponer su decisión para manifestar luego que si el otro contratante no la acepta es a él al que le corresponde acudir ante los jueces. Tal situación equivale a administrar justicia por su propia cuenta, lo que resulta inaceptable por cuanto es claro que de esta manera la entidad financiera desconoció en forma diáfana el ordenamiento jurídico. Ello es así, por cuanto el mundo civilizado, desde antaño, tiene proscrita la autotutela de lo que se considera ser su derecho por una de las partes, así como igualmente tiene establecido que si no existe autocomposición del litigio debe entonces acudirse al proceso, sin que sea admisible que primero se produzca la autotutela de lo que se considera ser su derecho por una de las partes y perpetrado así el atropello a la otra parte, se le responda que si lo quiere acuda entonces el agraviado a iniciar un proceso, que ha debido ser promovido por la otra parte. Granahorrar sencillamente, al percatarse de su yerro impuso su posición dominante frente al usuario, obligándolo a acogerse a la voluntad unilateral de éste, no teniendo el deudor alternativa distinta que la de aceptar so pena de verse avocado a los juicios judiciales pertinentes, con la posibilidad de perder su vivienda pues, precisamente la entidad financiera por ostentar una posición más fuerte y tener a su alcance la posibilidad de un mecanismo de defensa apto como es un proceso ejecutivo hipotecario, impone su voluntad sin tener el más mínimo reparo en la situación particular y concreta del usuario. Es justamente ahí en donde resulta vulnerado el debido proceso pues se impone una carga unilateral sin contar con la anuencia del usuario, alegando que se trata de un contrato cuyas controversias han de ser resueltas por la jurisdicción competente, sin tener en cuenta que los contratos se rigen por el principio de la buena fe, que el demandante también considera vulnerada”.[18] Se dijo también en la sentencia T-141/03, acabada de citar, que: “Alega el Banco que como entidad estatal maneja recursos públicos y por lo tanto debe exigir el pago de lo debido, razón por la cual frente al error cometido se ve en la “necesidad objetiva” de reliquidar el crédito a fin de proteger esos dineros del Estado. No cabe duda que las entidades del Estado están en la obligación de proteger los recursos del Estado en beneficio mismo de toda la colectividad, pero ello no puede ser utilizado como justificación para imponer su voluntad a los usuarios de los servicios públicos, sorprendiéndolos con decisiones unilaterales que van, como en este caso, en detrimento de su patrimonio, pues son precisamente las entidades estatales las que se encuentran en la obligación constitucional de procurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, y son las autoridades de la República las que están instituidas para proteger a la población en su “vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (C.P. art. 2). Tanto el Banco como la Superintendencia Bancaria aducen la existencia de una relación contractual, arguyendo que es el juez del contrato quien deberá fijar el monto de los perjuicios. Olvidan las entidades que el principio de la buena fe, elevado a partir de la Carta de 1991 a rango constitucional (art. 83), debe presidir el tráfico jurídico en general, pues como lo establece el Código Civil Colombiano “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella”. Aceptar como lo pretende que el “error” en la aplicación de la metodología fijada para el efecto por la Superintendencia Bancaria debe ser soportado por el usuario, iría en contra de los principios, valores y derechos que rigen la Constitución Política, entre los últimos, el derecho a tener una vivienda digna (art. 51 C.P.). Así lo sostuvo recientemente la Corte en la sentencia T-1085 de 2002 ya citada, cuando expresó “[p]or supuesto que la Corte no puede avalar ese tipo de comportamientos, es decir, el cambio unilateral en las reglas de juego que las entidades financieras imponen a sus clientes abusando de su posición dominante, máxime cuando estas entidades son las que tienen la información exacta sobre cada crédito y pueden realizar las verificaciones previas que estimen convenientes, no pudiendo endilgarle a sus usuarios los efectos negativos de sus propios yerros, tal como ocurre en el presente caso”. 4.5. Finalmente, si bien es cierto a la Superintendencia Bancaria no le corresponde decidir controversias contractuales como afirma esa entidad en su escrito de respuesta a la acción de tutela, no lo es menos que dentro de sus atribuciones constitucionales y legales le compete ejercer la vigilancia y control de las entidades financieras, a fin de evitar abusos por parte de éstas en relación con los usuarios. Por ello, observa la Corte que dado el aumento de las acciones de tutela en contra de S.A., por casos similares al que ahora se decide, resulta necesario solicitar a la Superintendencia Bancaria que en ejercicio de la plenitud de sus funciones constitucionales y legales, adopte las medidas correctivas o sancionatorias a que haya lugar, con el fin de prevenir que asuntos como el planteado en la presente acción de tutela, sigan teniendo ocurrencia.” 3. De conformidad con lo expuesto, la Corte revocará las sentencias proferidas por los juzgados de instancia, en las acciones de tutela interpuestas por la señora Carmen Luisa Jiménez Navarro y Luis Jaime Sánchez Ramírez y, en consecuencia, concederá el amparo solicitado. Siendo ello así, ordenará al Banco Granahorrar que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, inicie los trámites necesarios para levantar los gravámenes hipotecarios que recaen sobre los inmuebles de los demandantes a saber: en el caso de la señora Jiménez Navarro, el crédito identificado con el número 100400480510. En el caso del señor Sánchez Ramírez, el crédito identificado con el número 607500083241. IV. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá, el 4 de noviembre de 2003, en la acción de tutela instaurada por la señora Carmen Luisa Jiménez de Navarro contra el Banco Granahorrar S.A. Segundo: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, el 1 de noviembre de 2002, en la acción de tutela instaurada por el señor Luis Jaime Sánchez Ramírez contra el Banco Granahorrar S.A. Tercero: ORDENAR al Banco Granahorrar S.A., que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, inicie los trámites necesarios para levantar el gravamen hipotecario que recae sobre el inmueble de propiedad de la señora Carmen Luisa Jiménez de Navarro, cuyo crédito hipotecario se identifica con el número 10040048510. Cuarto: ORDENAR al Banco Granahorrar S.A., que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, inicie los trámites necesarios para levantar el gravamen hipotecario que recae sobre el inmueble de propiedad del señor Luis Jaime Sánchez Ramírez, cuyo crédito hipotecario se identifica con el número 607500083241. Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALFREDO BELTRAN SIERRA Magistrado MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Magistrado JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Magistrado IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO Secretario General (e) [1] Sent. T-544/03 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa [2] Al respecto se pueden consultar: T-661/01, T-1085/01, T-1085/02, T-083/03, T-141/03, T-323/03, T-346/03, T-423/03, T-546/03, T-705/03, T-727/03, T959/03, T-987/03, T-079/04, T-060/04. [3] Magistrado ponente : Jaime Córdoba Triviño [4] Las razones de la decisión contenida en la sentencia C-700/99 son reproducidas en el fallo C-747/99 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), providencia que declaró la inexequibilidad del numeral 3º del artículo 121 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con base en la falta de competencia del Presidente para regular materias propias de una ley marco, como son las pautas generales relativas a los créditos de financiación de vivienda a largo plazo. Igualmente, la Sentencia aludida declaró inexequible la disposición del mismo Estatuto que autorizaba el uso del instrumento de la capitalización de intereses para operaciones de largo plazo, entre ellas los créditos de vivienda, prescripción que impedía la configuración de un sistema adecuado de financiación en los términos del artículo 51 de l...