Sentencia T-285 de 2025

T-285-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-285/25 DERECHOS DE PETICIÓN Y A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-Condiciones para flexibilizar los requisitos para la renovación de créditos educativos (...) el ICETEX y el Ministerio de Educación Nacional vulneraron los derechos fundamentales de petición y a la educación del accionante... al excluirlo de manera definitiva como beneficiario del programa Ser Pilo Paga versión 3, por el incumplimiento de ciertos requisitos del reglamento operativo, sin haber considerado que dicho incumplimiento obedeció a una condición médica grave, oportunamente informada y acreditada, ni haber analizado de forma sustantiva las solicitudes presentadas por el accionante para la aplicación del procedimiento excepcional previsto en el artículo 23 del reglamento operativo. Esta omisión impidió valorar adecuadamente la gravedad de su situación médica y las demás condiciones de vulnerabilidad en que se encontraba, que justificaban la interrupción de su programa académico. DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD-Implementación de ajustes razonables como garantía de permanencia (...) el ICETEX, además de adoptar una respuesta rígida y formalista, no ofreció mecanismos razonables de ajuste, ni información clara y precisa en sus respuestas, ni alternativas que le permitieran continuar con su proyecto educativo, lo que desconoció el deber reforzado de garantía que recae sobre las autoridades, cuando están comprometidos los derechos fundamentales de personas en situación de discapacidad psicosocial. DERECHO DE PETICIÓN-Vulneración por falta de respuesta oportuna y de fondo CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE-Configuración ACCIÓN DE TUTELA DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN-Procedencia excepcional cuando se vulnera derecho a la educación CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE-No impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y futuras violaciones DIÁLOGO O INTERACCIÓN SIGNIFICATIVA-Definición JUEZ CONSTITUCIONAL-Obligación de tomar medidas necesarias para proteger derechos fundamentales JUEZ DE TUTELA-Mediante sus órdenes debe solucionar la vulneración de derechos fundamentales JUEZ CONSTITUCIONAL-Rol transformador en su intervención para la efectiva protección de los derechos fundamentales (...) el juez constitucional puede ejercer un rol transformador sin discusiones sobre sus competencias y atribuciones, actuando como garante de soluciones concretas y sostenibles, particularmente frente a sujetos de especial protección constitucional. DERECHO A LA EDUCACIÓN-Contenido y alcance DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-Garantía del goce efectivo DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ACCESIBILIDAD Y FINANCIAMIENTO-Jurisprudencia constitucional DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-Obligación estatal de proveer mecanismos financieros que faciliten el acceso INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR-Objetivo ICETEX-Funciones PROGRAMA SER PILO PAGA-Requisitos DERECHO A LA EDUCACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO-Se extiende la protección a la educación superior DERECHO DE PETICIÓN-Alcance y contenido EXHORTO-Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL —Sala Sexta de Revisión— SENTENCIA T-285 DE 2025 Referencia: expediente T-10.777.080 Asunto: acción de tutela presentada por Gael en contra del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) Magistrado ponente: Miguel Polo Rosero Bogotá, D. C., dos (02) de julio de dos mil veinticinco (2025) La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, decide sobre el fallo proferido, en única instancia, por el Juzgado 053 Civil del Circuito de Bogotá[1]. I. ANTECEDENTES En este acápite la Corte realizará una aclaración preliminar y presentará la síntesis de esta sentencia, luego de lo cual hará referencia a algunos hechos anteriores a la tutela, a la solicitud de amparo, a las respuestas de las entidades accionadas y vinculadas, a la decisión judicial que se revisa y a las actuaciones que se adelantaron en sede de revisión. A. Aclaración preliminar 1. Este caso involucra la garantía de los derechos fundamentales de petición y a la educación, que se estiman vulnerados por el ICETEX y el Ministerio de Educación Nacional, en el contexto de una condición médica psiquiátrica diagnosticada al accionante, la cual fue ampliamente documentada en el expediente. En atención a la naturaleza sensible de la información allegada, y con el fin de proteger su derecho a la intimidad, esta Sala suprimirá de la presente providencia el nombre del tutelante, así como cualquier otro dato que permita su identificación directa, carga que se extenderá a cualquier publicación futura. Por ende, se elaborarán dos versiones de esta sentencia: una que contiene la información personal de aquél, y otra anonimizada, que será la que se publicará en la página web de esta Corporación[2]. B. Síntesis de la decisión 2. Gael interpuso acción de tutela contra el ICETEX, al considerar que la negativa a renovar su crédito condonable del programa Ser Pilo Paga versión 3 vulneró sus derechos fundamentales a la educación, la vida y la salud. La entidad argumentó que el actor incumplió el reglamento operativo, al suspender dos semestres consecutivos sin justificación, por lo que cabía la decisión adoptada por el comité técnico y la junta administradora del programa. Por su parte, el accionante alegó que dicha suspensión obedeció a una condición médica grave, documentada mediante múltiples derechos de petición dirigidos al ICETEX, en los que aportó certificados de incapacidad y hospitalización entre 2019 y 2023. La entidad negó reiteradamente sus solicitudes, señalando, en especial, que no se había allegado la historia clínica completa. 3. La Corte resolvió declarar la carencia actual de objeto por la ocurrencia de una situación sobreviniente, en la medida en que, en atención al rol catalizador que cumplió esta Sala de Revisión, el ICETEX satisfizo la pretensión que motivó la acción. En efecto, esta última entidad le informó a la citada Sala de la aprobación del reintegro del accionante al programa Ser Pilo Paga versión 3, decisión adoptada por su comité técnico y junta administradora. A pesar de lo anterior, se consideró necesario emitir un pronunciamiento de fondo en esta ocasión, por las funciones que cumple este Tribunal en sede de revisión. 4. Al resolver la problemática planteada en este asunto, la Sala hizo referencia al rol catalizador de la justicia constitucional, reiteró que el derecho a la educación es fundamental y autónomo, y que su afectación puede comprometer otros derechos conexos. En el caso concreto, concluyó que el ICETEX y el Ministerio de Educación Nacional vulneraron los derechos de petición y a la educación del accionante, al excluirlo del programa sin valorar de forma integral su situación médica, la cual fue oportunamente informada y acreditada, y cuya verificación daba cuenta de una situación personal de discapacidad psicosocial, que debía ser solventada en términos de inclusión, con la implementación de ajustes razonables. La actuación formalista de los entes demandados, los cuales omitieron tener en cuenta la situación descrita, condujo a desconocer el deber reforzado de garantía que existe frente a sujetos de especial protección constitucional, en los términos señalados en los incisos 2 y 3 del artículo 13 de la Constitución. C. Hechos anteriores a la tutela 5. Gael inició en agosto de 2017 estudios de derecho en la Universidad Amarillo de Bogotá, como beneficiario del programa Ser Pilo Paga versión 3[3]. Para estos efectos, le fue otorgado un crédito educativo 100% condonable por parte del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (en adelante, ICETEX). 6. En 2019, mientras cursaba cuarto semestre, fue diagnosticado con “trastorno afectivo bipolar y episodio maniaco con síntomas psicóticos”, lo que requirió tratamiento psiquiátrico y ocasionó hospitalizaciones e incapacidades médicas intermitentes durante 2019, 2020, 2021, 2022 y parte de 2023. Esta condición motivó la suspensión de sus estudios universitarios[4]. 7. Tras interrumpir, por razones médicas, los dos semestres académicos del año 2019, el crédito ofrecido por el ICETEX a Gael pasó en el sistema al estado de “inactivo” en 2020 y “bloqueado por superar número de aplazamientos” en 2021. 8. En este último año, el accionante radicó peticiones al ICETEX mediante las cuales solicitó la renovación de su crédito, debido a que la suspensión de las actividades académicas se había dado por razones médicas[5]. 9. Entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, el accionante presentó múltiples peticiones en las que reiteró la misma solicitud y anexó la documentación solicitada, en particular, las certificaciones de hospitalización y las incapacidades ambulatorias entregadas por el médico tratante[6]. 10. En el mismo periodo, mediante distintas comunicaciones, el ICETEX reiteró al accionante que, debido a que en este caso se había superado el límite de dos aplazamientos del periodo académico, se configuraba la causal de suspensión definitiva prevista en el literal b) del artículo 19 del reglamento operativo del programa Ser Pilo Paga versión 3 (en adelante, el reglamento operativo[7]), de acuerdo con la cual, se dispone que: “Artículo 19. Suspensión de los desembolsos de los recursos: (…) 2. Causales de suspensión definitiva: b. Suspender y/o abandonar los estudios por más de dos periodos académicos”[8]. Asimismo, el ICETEX solicitó de manera reiterada al accionante la remisión de los documentos previstos en el artículo 23 del reglamento operativo, que prevé un procedimiento para casos excepcionales[9]. 11. El 22 de agosto de 2023, en una de sus respuestas, el ICETEX le informó al accionante que su crédito estaba en “[e]studio de plan de amortización” y podía pasar al cobro[10]. En cuanto a la aplicación del procedimiento para casos excepcionales prevista en el artículo 23 del reglamento operativo, la entidad le solicitó que allegara la siguiente documentación adicional: “(…) 5) Certificado de la [Institución de Educación Superior] IES donde indique en qué semestre se encuentra actualmente, cuál es su promedio académico, y cuántos semestres se encuentran pendientes. 6) En el caso que después de este reingreso a la joven (sic), le queden semestres pendientes por cursar, a través de comunicación formal debe manifestar al ICETEX que cuenta con recursos para financiar los semestres restantes. 7) Certificado de admisión nuevamente a la IES, en este caso es necesario que se indique para que semestre desea su reingreso, y así mismo debe adjuntar recibo de matrícula para ese semestre”. 12. A propósito de este estudio, el comité técnico operativo[11] y la junta administradora del programa Ser Pilo Paga versión 3[12] resolvieron suspender definitivamente al beneficiario del programa, en aplicación de lo previsto en el literal b) del artículo 19 reglamento operativo. El primero, en acta del 10 de octubre de 2023[13], y el segundo, en las actas de los días 27 y 30 de octubre de 2023. 13. Posteriormente, en sus respuestas del año 2024, la entidad le exigió al accionante remitir documentos que permitieran “establecer una relación directa entre el tiempo en que ocurrieron dichas situaciones médicas y sus consecuencias en el estado del crédito condonable del beneficiario y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas frente al mismo con el ICETEX”[14]. 14. El 26 de julio de 2024, el accionante formuló una nueva petición, esta vez dirigida a la junta administradora del programa Ser Pilo Paga versión 3, en la que presentó exactamente la misma solicitud y adjuntó la documentación solicitada por la entidad[15]. 15. El 9 de agosto de 2024[16], el ICETEX le informó al peticionario que la obligación a su cargo había sido cedida a la Central de Inversiones S.A. (en adelante CISA) “como parte de un contrato de venta de cartera”[17]. Finalmente, el 7 de noviembre de 2024, el ICETEX le reiteró al accionante que la solicitud no podía ser tramitada por las mismas razones asociadas a la cesión de la obligación a CISA. D. Trámite de la acción de tutela (i) Presentación y admisión 16. Gael presentó demanda de tutela en contra del ICETEX, por la presunta vulneración de sus derechos a la educación, y a la salud en conexidad con el derecho a la vida. Lo anterior, con fundamento en la negativa de la entidad a renovar su crédito educativo, a pesar de haber solicitado la aplicación del procedimiento excepcional previsto en el reglamento operativo, por razones médicas. Para los citados efectos, solicitó que el ICETEX retomara la titularidad del crédito cedido a CISA, así como que se ordenara la renovación del crédito[18]. 17. Al momento de la presentación de la tutela, el accionante asistía a clases en la Universidad Amarillo, pero no se había realizado el pago de la matrícula. 18. El Juzgado 053 Civil del Circuito de Bogotá admitió la tutela y solicitó vincular al Ministerio de Educación Nacional, a la Universidad Amarillo, a la EPS Compensar, a la Clínica La Inmaculada, al Instituto Colombiano del Sistema Nervioso ICSN - Clínica Montserrat, a Remy IPS SAS, a Redes Médicas SAS IPS, a la Clínica Universidad de La Sabana y a CISA[19]. 19. En el trámite de la tutela, el juez solicitó la vinculación al proceso de la junta administradora del programa Ser Pilo Paga versión 3, y le solicitó al accionante entregar copia de las peticiones que informó haber radicado ante el ICETEX[20]. (ii) Respuesta de la accionada y vinculados 20. El ICETEX señaló que “(…) no es posible acceder a la pretensión” del accionante y solicitó denegar el amparo[21]. Adujo que, respecto de la administración de los recursos del programa Ser Pilo Paga versión 3, actúa en calidad de mandatario del Ministerio de Educación Nacional[22], para efectos de lo cual sigue las instrucciones que este define. Precisó que, conforme con el reglamento operativo del programa, su rol es el de administrador, con responsabilidad en la coordinación de la presentación, selección y adjudicación de los créditos otorgados, de allí que la eventual responsabilidad por las pretensiones de la demanda deba recaer en el Ministerio de Educación Nacional. 21. Para los citados efectos, informó que el mandato se constituyó el 24 de enero de 2017, mediante la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 259 de 2017 con el Ministerio de Educación Nacional, cuyo objeto es “constituir el Fondo de administración denominado “SER PILO PAGA 3”, con recursos del Ministerio de Educación Nacional para “fortalecer las estrategias de financiación de la demanda de Educación Superior para fomentar la excelencia y calidad de la Educación Superior a jóvenes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas saber 11 de 2016”. 22. En relación con la situación concreta del estudiante, manifestó que al “abandonar sus estudios en los periodos 2019-1, 2019-2 y 2021-2” incurrió en una de las causales de suspensión definitiva de desembolsos contemplada en el literal b) del artículo 19 del reglamento operativo. Por tal razón, la junta administradora aprobó en la sesión efectuada los días 27 y 30 de octubre de 2023, la suspensión definitiva de desembolsos para el estudiante Gael. 23. Indicó que el Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia, potencia mundial de la vida”, aprobó un plan de alivios para los estudiantes que pertenecen a los grupos A, B, y C del Sisbén IV con la condonación de su crédito educativo. Por lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX transfirieron a favor de CISA la cartera derivada del crédito, con el objeto de que al estudiante no se le aplicara la recuperación de cartera. 24. El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación de la acción por falta de legitimación por pasiva y la declaración de improcedencia de la tutela, al no evidenciarse ninguna vulneración de los derechos del accionante. Respondió que estaba facultado para impartir directrices, orientaciones y fijar la política del sistema educativo, por lo cual lo relacionado con la administración de los programas de acceso al crédito educativo le correspondía únicamente al ICETEX, entidad que tenía independencia administrativa y financiera[23]. 25. La CISA solicitó su desvinculación del trámite de tutela, manifestando que no le constaban los hechos referidos en la misma, por estar fuera del ámbito de su competencia. Informó que, en virtud del contrato interadministrativo de cartera No. CM-044-2017, suscrito en diciembre de 2023 con el ICETEX, se perfeccionó el endoso del título valor correspondiente a la obligación a cargo del accionante, por lo cual manifestó ser el tenedor legítimo del pagaré y tener facultades para el cobro judicial y extrajudicial[24]. 26. La Universidad Amarillo afirmó que el accionante se matriculó en esa institución el 8 de mayo de 2017, para lo cual fue beneficiario del programa Ser Pilo Paga versión 3 y estudió hasta el periodo 2021-1. Informó que el estudiante solicitó su reintegro para los periodos académicos 2024-1 y 2024-2, y ambos fueron aprobados por la institución, lo cual le permitió al estudiante asistir a clases, aunque en ninguno de los dos semestres efectuó el pago de la matrícula correspondiente. Por último, manifestó que, para 2025, el estudiante deberá estar a paz y salvo[25]. 27. La Clínica Monserrat solicitó su desvinculación del trámite e indicó que brindó atención médica al accionante, debido a “trastorno mixto de ansiedad, depresión, intoxicación aguda, trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente con síntomas psicóticos y episodio mixto presente”[26]. 28. Redes Médicas IPS certificó que el accionante tuvo cuatro hospitalizaciones en el año 2022 y 10 incapacidades médicas en los años 2022 y 2023[27]. (iii) Decisión judicial que se revisa 29. El Juez 053 Civil del Circuito de Bogotá amparó el derecho a la educación de Gael, indicando que, en su caso, había una “situación excepcional de salud que el ICETEX debería tomar en consideración para la evaluación de la renovación del crédito”. Para estos efectos, le concedió a la entidad accionada cinco días para que se pronunciara “sobre la renovación del crédito del actor tomando en consideración su situación de salud, y atendiendo a los principios explicitados en esta decisión”. En relación con la pretensión de retrotraer la venta de la cartera por parte de la entidad a favor de CISA, precisó que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo, por lo cual rechazó las demás pretensiones[28]. 30. La decisión de no fue impugnada. (iv) Trámite de cumplimiento de la decisión de tutela 31. En atención a la sentencia del Juez 053 Civil del Circuito de Bogotá, el Ministerio de Educación Nacional indicó que, tanto esa entidad como el ICETEX, “cumplieron con el compromiso pactado de realizar los giros durante los semestres en los cuales se presentó la legalización y renovación del crédito condonable”. Reiteró que el 19 de noviembre de 2024 el comité técnico, tras revisar el caso del accionante, resolvió que “incumplió los requisitos estipulados en el Reglamento Operativo de Ser Pilo Paga 3, Art 19 y 22, al abandonar sus estudios en los periodos 2019-1, 2019-2, 2021-2, 2022-1, 2022-2, 2023-1, 2023-2 y 2024-1, […] por lo cual declara la suspensión definitiva de los desembolsos, en acta de Junta Administradora efectuada entre los días 27 y 30 de octubre de 2023”. Insistió en que la cartera fue vendida a CISA, en cumplimiento de lo establecido en el plan nacional de desarrollo, motivo por el cual al tutelante se le otorgó una condonación parcial del 70% de la cartera que tenía vigente. 32. En lo concerniente a la aplicación del procedimiento de casos excepcionales del artículo 23 del reglamento operativo, manifestó que “las solicitudes no cumplían con la documentación completa requerida”. De acuerdo con su respuesta: “a la fecha no ha remitido la historia clínica completa emitida por la EPS que permita establecer una relación directa entre el tiempo en que ocurrieron dichas situaciones médicas y sus consecuencias en el estado del crédito condonable para los periodos mencionados”[29]. 33. El ICETEX respondió que, en cumplimiento del fallo de tutela, el 19 de noviembre de 2024, el comité técnico se reunió para revisar la situación del accionante. Allí definió que ninguna de las solicitudes del estudiante cumplía con los requisitos exigidos por el reglamento operativo para la renovación del crédito en casos excepcionales. Para la entidad, “no se allegó la documentación completa requerida, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento Operativo”. Finalmente, señaló que las constancias adjuntadas a la tutela no son “los certificados emitidos por la EPS a la cual se encuentra afiliado”. Por ello, “hay imposibilidad de dar cumplimiento al fallo”[30]. E. Actuaciones realizadas en sede de revisión 34. En auto del 10 de marzo de 2025, el magistrado sustanciador solicitó información adicional al ICETEX, al Ministerio de Educación Nacional, al accionante Gael, a la Universidad Amarillo y a la EPS Compensar, con miras a recabar suficientes elementos respecto de algunos supuestos de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento para promover la solicitud de tutela, y garantizar la participación de las partes y terceros con interés[31]. 35. El 28 de marzo de 2025, el despacho del magistrado ponente recibió el informe realizado por la Secretaría General de esta Corporación, en el que se señaló que, cumplido el término de pruebas del auto del 10 de marzo de 2025, se recibieron las respuestas del Ministerio de Educación Nacional y del ICETEX. La Secretaría General también informó que luego del traslado de las pruebas ordenado en el precitado auto, se recibió comunicación de la EPS Compensar y de la Universidad Amarillo. 36. En auto del 31 de marzo de 2025, el magistrado sustanciador insistió en la solicitud de información al accionante, por tratarse de una persona con interés directo en el proceso. El accionante remitió su respuesta ante este segundo llamado. 37. El 25 de febrero de 2025, por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, se recibió también una solicitud de acceso al expediente de la referencia, presentada por Temblores ONG. En su escrito, la organización manifestó interés de intervenir en calidad de amicus curiae, con el objeto de “[c]ontinuar con el reconocimiento de las violencias que viven los estudiantes universitarios, aportando nuestro conocimiento legal y experiencia en el terreno, ofreciendo una perspectiva integral y representativa para el análisis del caso en cuestión”[32]. En auto del 4 de abril de 2025, el magistrado sustanciador aceptó la intervención y autorizó, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, el acceso parcial al expediente, reservando todas las partes que pudieran contener información sensible. 38. Luego del traslado de pruebas realizado por la Secretaría General de esta Corporación, el 14 de abril de 2025 se recibió comunicación del ICETEX, en la que complementó el escrito previamente allegado. Manifestó lo siguiente: “la historia clínica aportada se encuentra completa, y con ello se encuentra debidamente acreditada la situación de salud por la cual atravesó el joven Gael, por lo cual se procedió a realizar la revisión integral de la misma, concluyendo que era necesario solicitar el estado académico actual del joven Gael ante la Universidad Amarillo”. Informó, además, que corrió traslado de la información al Ministerio de Educación Nacional y que cuando se reciba la información de la institución universitaria, procederá la fijación de fecha para la sesión del comité técnico en el que se realizará un “nuevo análisis del caso con la documentación completa”. 39. El 30 de abril de 2025 se recibió nueva comunicación del ICETEX, mediante la cual informa que: “(…) mediante acta del 25 de abril de 2025, la Junta Administradora del Fondo decidió aprobar el reingreso del estudiante Gael (…), al programa de Ser Pilo Paga 3. // (…) teniendo en cuenta la documentacion allegada, específicamente, la historia clínica del estudiante, con la cual se demostró que la situación de salud en la que se encontraba durante varios semestres académicos, constituyó la causa de discontinuidad en los estudios del accionante”[33]. II. CONSIDERACIONES A. Competencia 40. Esta Sala de Revisión es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en el inciso segundo del artículo 86 y artículo 241.9 de la Constitución, en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. B. Examen de procedencia de la solicitud de tutela 41. La Sala encuentra cumplidos los requisitos de procedencia de la solicitud de tutela: (i) legitimación en la causa, por activa y por pasiva, (ii) subsidiariedad, e (iii) inmediatez. (i) Legitimación en la causa por activa 42. El artículo 86 de la Constitución establece que la tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. El artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991[34] señala que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante”. Este requisito se acredita, entonces, cuando la tutela “la ejerce el titular de los derechos fundamentales, de manera directa, o por medio de (i) representante legal […]; (ii) apoderado judicial; (iii) agente oficioso, cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, o (iv) [por conducto de] los personeros municipales”[35]. 43. En el caso concreto, la Sala encuentra satisfecho este requisito, porque la solicitud fue presentada por el señor Gael, quien actúa por sí mismo para la reclamación de los derechos fundamentales que considera vulnerados. (ii) Legitimación en la causa por pasiva 44. El artículo 86 de la Constitución y los artículos 1° y 5 del Decreto Ley 2591 de 1991 disponen que la solicitud de tutela procede contra cualquier autoridad y contra los particulares, en este último caso en las hipótesis excepcionales previstas en el artículo 42 de la normativa en mención. Así, la legitimación por pasiva se entiende como la aptitud procesal que tiene la persona contra la que se dirige la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o la amenaza de los derechos, cuando alguna resulte demostrada. 45. En el asunto de la referencia se encuentra acreditado este requisito en relación con la entidad accionada, es decir, el ICETEX. Esto es así, porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 2 de la Ley 1002 de 2005[36], el ICETEX es una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, que –como autoridad– tiene por objeto: “(…) el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros” (énfasis añadido). 46. En desarrollo de lo anterior, el artículo 27 de la Ley 1450 de 2011 dispuso que es competencia del ICETEX administrar los recursos de la nación destinados a becas o créditos educativos universitarios[37]. Tal es el caso de los recursos para la financiación del programa Ser Pilo Paga versión 3, transferidos a dicha entidad en virtud del convenio interadministrativo No. 259 de 2017, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX, al que se hizo referencia en los “antecedentes” de esta providencia. 47. Con sustento en lo anterior, le corresponde al ICETEX administrar los recursos del fondo Ser Pilo Paga versión 3, atendiendo las orientaciones que para el efecto defina el Ministerio de Educación Nacional. Dado que aquello que se pretende en esta oportunidad tiene relación con un crédito condonable otorgado a un beneficiario del fondo Ser Pilo Paga versión 3, es claro que le corresponde al ICETEX, en calidad de administrador, atender las peticiones que se le presenten, y, en caso no hacerlo debidamente, debe asumir las consecuencias que se siguen de la vulneración de los derechos fundamentales del accionante. De allí que se encuentre acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva. 48. Por otra parte, si bien es cierto que el Ministerio de Educación Nacional tiene a su cargo la formulación, implementación y evaluación de la política nacional de educación y, en tal sentido, imparte lineamientos, orientaciones y directrices para la prestación de este servicio, también lo es que en el caso de la implementación del programa Ser Pilo Paga versión 3, es el mandante del fondo que administra el ICETEX. En consecuencia, está encargado de determinar los lineamientos y las reglas de funcionamiento del programa. Asimismo, el ministerio hace parte de las instancias de gobierno del programa creadas en el convenio interadministrativo No. 259 de 2017, dispuestas en su reglamento operativo, a saber, del comité técnico operativo[38] y de la junta administradora[39], instancias encargadas de tomar la decisión que en el caso sub judice se debate. Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que también está acreditada la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional. (iii) Subsidiariedad 49. En los términos del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En desarrollo de esta disposición, los artículos 6 y 8 del Decreto Ley 2591 de 1991 disponen, en su orden, que la existencia de otros medios de defensa judicial “será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”, y que, “[a]un cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 50. Con fundamento en lo anterior, la tutela procederá cuando: (i) el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o, cuando existiendo, (ii) aquel no sea idóneo ni eficaz para otorgar un amparo integral, o (ii) resulte necesario acudir al amparo como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 51. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que el juez constitucional debe determinar cuál es la naturaleza de la actuación que presuntamente ha transgredido los derechos, con el fin de determinar si existe o no un mecanismo judicial idóneo y eficaz para resolver el problema planteado. 52. En esta oportunidad, la actuación administrativa que podría vulnerar los derechos fundamentales alegados por el accionante está materializada en la decisión del comité técnico operativo y luego confirmada por la junta administradora del programa Ser Pilo Paga versión 3, de suspender definitivamente los beneficios del crédito condonable que le fue otorgado, así como todos los actos anteriores que llevaron a la toma de esa decisión. 53. Por regla general, el medio de control del cual dispondría el accionante para controvertir este acto administrativo, sería el de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Los artículos 233 y 236 de este código facultan al demandante para solicitar una medida cautelar, incluso innominada, desde la presentación de la demanda. 54. Para la Sala, son dos las razones por las cuales se satisface la exigencia de subsidiariedad en el presente asunto, asociadas a la falta de eficacia del citado medio de control, “atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”, en los términos del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991. 55. En primer lugar, si bien la actuación administrativa que se censura tiene como fundamento el presunto desconocimiento del deber de resolver de fondo las peticiones presentadas por el accionante ante el ICETEX, al no haber valorado en su integridad las pruebas que presumiblemente habrían demostrado una circunstancia excepcional para renovar su crédito educativo, este punto de partida deja de lado otros elementos relevantes del caso, necesarios para valorar la eficacia del citado mecanismo de control judicial. 56. De un lado, que el derecho de petición se ejerció como medio para proteger el derecho fundamental a la continuidad en la educación superior, asociado a la necesidad del accionante de mantener el beneficio del crédito condonable que le fue otorgado. Y, del otro, que esta situación se presentó durante un periodo de cuatro años: entre 2021 y 2024, como se indicó en el acápite de “antecedentes”[40]. Esta excesiva dilación en el trámite administrativo supuso, prima facie, una afectación al proyecto de vida del accionante, en el sentido de impedir la continuidad de su proceso educativo, dado que dependía de una respuesta de fondo sobre si su situación se encontraba amparada o no por la continuidad del crédito. En consecuencia, dado que el actor lleva más de cuatro años intentando reactivar su crédito condonable, un litigio contencioso adicional puede tornar en nugatorio el objeto del proceso educativo, si se tiene en cuenta, en especial, que el Programa Ser Pilo Paga versión 3, se rige por reglas temporales y cuenta con recursos limitados. Así, una eventual decisión favorable en sede contenciosa podría carecer de efectos útiles, afectando de manera irremediable el acceso a la educación superior. La tutela, en este contexto, no solo busca revertir una decisión administrativa, sino evitar la consolidación de un daño permanente que afecta un derecho fundamental con proyección en otros, como el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad material[41]. 57. En segundo lugar, este impacto se agrava si se considera que el actor no solo hace parte de un grupo poblacional de especial protección constitucional por su situación socioeconómica (entre otras, supuesto acreditado para acceder al programa Ser Pilo Paga), sino que, además, presenta una condición de salud mental documentada –trastorno afectivo bipolar– que le impidió continuar con sus estudios de manera regular. Esta última condición evidencia que el caso involucra a una persona en situación de discapacidad psicosocial. Esta circunstancia exige del juez constitucional un control más estricto sobre las cargas procesales y las condiciones de acceso a los medios de defensa, a fin de evitar que se conviertan en barreras injustificadas a la administración de justicia. Así, exigirle al actor que promueva una acción judicial compleja, con alta carga probatoria, técnica y económica, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin garantías de celeridad ni enfoque diferencial, al tratarse de mandatos procesales de carácter general, contravendría el principio de igualdad material y el deber de trato preferente que debe otorgar el Estado a estas personas, en los términos de los incisos 2 y 3 del artículo 13 de la Constitución. (iv) Inmediatez 58. La acción de tutela está instituida como un mecanismo expedito que busca garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de particulares. Esto significa que, si bien el amparo puede formularse en cualquier tiempo, su presentación debe hacerse dentro de un término razonable, a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia. 59. En el caso concreto, la solicitud de tutela cumple con este requisito, ya que fue presentada el 4 de noviembre de 2024, luego de las sesiones del comité técnico operativo y de la junta administradora del programa Ser Pilo Paga versión 3, que mediante actas del 10 de octubre, y del 27 y 30 de octubre de 2023, respectivamente, resolvieron suspender definitivamente al beneficiario del programa. Posteriormente, el accionante presentó el 27 de diciembre de 2023, el 22 de enero, el 22 de marzo y el 26 de julio de 2024, peticiones a la entidad accionada en las que solicitó se adoptara una decisión distinta, en atención a los nuevos medios de prueba allegados. Es decir, que entre la última solicitud de este tipo y la presentación de la tutela transcurrió un plazo razonable inferior a cuatro meses. En estas condiciones, no se configura un desinterés del tutelante por la defensa de sus derechos, sino una actuación diligente y continua para evitar una afectación mayor a su proyecto educativo. 60. Una vez verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, la Sala evaluará si se configura una carencia actual de objeto y, de ser preciso, emitirá un pronunciamiento de fondo conforme con las exigencias que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para esta figura. C. El fenómeno de la carencia actual de objeto 61. Del artículo 86 de la Constitución Política se desprende que la acción de tutela busca ofrecer a “toda persona” un mecanismo judicial “preferente y sumario” para la defensa inmediata de sus derechos fundamentales, frente a su vulneración o amenaza por parte de autoridades públicas o particulares, en los supuestos previstos por la ley. Así, el fin de la tutela es facultar al juez constitucional para que, cuando lo considere necesario, imparta las órdenes requeridas para que cesen las conductas u omisiones que afectan los derechos reclamados. Por ello, la vulneración o la amenaza deben ser actuales e inminentes, dado que la tutela tiene un carácter eminentemente protector y no indemnizatorio. 62. Durante el trámite de la acción de tutela pueden surgir situaciones en las que el hecho vulnerador o la amenaza desaparezcan o se atenúen, o bien las circunstancias del accionante se modifiquen hasta el punto de eliminar el interés o la necesidad de lo solicitado. En tales casos, la tutela carece de propósito y cualquier decisión del juez resulta ineficaz. Este fenómeno es lo que la jurisprudencia constitucional denomina “carencia actual de objeto”[42]. 63. El fenómeno de la carencia actual de objeto puede abarcar múltiples y distintas situaciones que la jurisprudencia constitucional clasifica en tres eventos: (i) el hecho superado; (ii) el daño consumado; y (iii) la situación sobreviniente. 64. El hecho superado se presenta cuando, antes de dictarse la decisión definitiva en cualquier instancia, la pretensión de la tutela ha quedado satisfecha de manera voluntaria por la autoridad o el particular demandado, de modo que ya no es necesario que el juez profiera orden alguna ni que la acción persiga el cese de la conducta vulneradora. Para constatar esta figura, la sentencia SU-522 de 2019 exige demostrar dos elementos: (i) que se cumplió íntegramente lo solicitado mediante la tutela, y (ii) que la entidad demandada corrigió su actuación motu proprio. Pese a ello, el juez puede, si lo considera oportuno, incluir en la sentencia los llamados de atención o advertencias previstos en el artículo 24 del Decreto Ley 2591 de 1991, sin que dicha medida sea de carácter obligatorio en todos los casos[43]. 65. El daño consumado se presenta cuando el perjuicio que la acción de tutela pretendía evitar se materializa antes del fallo judicial, lo que impide adoptar órdenes de restablecimiento. A diferencia del hecho superado, no obedece a una actuación del accionado, sino al paso del tiempo y a la concreción del daño. En estos casos, la jurisprudencia ha señalado que el juez debe justificar la configuración del daño, pronunciarse sobre el fondo para verificar la existencia de la vulneración, y, si lo estima pertinente, emitir advertencias para evitar la repetición de los hechos, informar respecto de las acciones jurídicas disponibles para reclamar la reparación del daño, y compulsar copias a las autoridades competentes, en caso de ser necesario. 66. A su turno, el hecho sobreviniente constituye una modalidad residual de carencia actual de objeto reconocida por la jurisprudencia constitucional, para agrupar aquellos eventos que, sin corresponder estrictamente al hecho superado ni al daño consumado, surgen con posterioridad a la presentación de la acción de tutela y transforman sustancialmente el escenario fáctico, al punto de tornar inocua la pretensión formulada. Esta figura no se encuentra prevista en el Decreto Ley 2591 de 1991, sino que fue desarrollada por la Corte, entre otras, en la sentencia T-585 de 2010, y ha sido consolidada en pronunciamientos más recientes, como las sentencias T-431 de 2019 y SU-109 de 2022. 67. Conforme con dichos precedentes, para que se configure una situación sobreviniente es necesario demostrar: (i) una modificación relevante en los hechos que dieron lugar a la acción de tutela; (ii) que dicho cambio conlleve la pérdida de interés del accionante en la obtención de lo solicitado; o (iii) que la pretensión no pueda ser satisfecha por causas ajenas a la voluntad del juez o del accionado. La Corte ha identificado varios ejemplos, entre ellos, (a) que el propio actor asuma la carga que correspondía al demandado, (b) que fallezca el accionante cuando el derecho invocado es estrictamente personal y no es susceptible de ser heredado, o (c) que un tercero cumpla voluntariamente lo solicitado en la demanda. Dado su carácter abierto, esta categoría admite la inclusión de otros supuestos que, como condición necesaria, no se pueden sujetar a los parámetros del hecho superado o del daño consumado, pero sí deben afectar de forma determinante la finalidad de la acción. 68. La configuración de una carencia actual de objeto no excluye la posibilidad de que el juez constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto, particularmente cuando ello resulta necesario para desarrollar el alcance de un derecho fundamental o prevenir la repetición de los hechos que dieron origen a la tutela. Esta facultad cobra especial relevancia en el contexto de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en sede de revisión, dada su función de cierre del ordenamiento constitucional y su papel pedagógico. En esa línea, la jurisprudencia ha reconocido que la Corte, aun ante la ausencia de objeto, puede proferir un fallo de fondo con el fin de: “(…) a) llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho fundamental.”[44] 69. En el presente caso, la Sala observa que no se configura una carencia actual de objeto por hecho superado, dado que la decisión del ICETEX de reintegrar al estudiante al programa Ser Pilo Paga versión 3, que era la pretensión principal de la acción de tutela, no obedece a una actuación autónoma, voluntaria o motu proprio de la entidad accionada. Por el contrario, esta había advertido previamente al juez de primera instancia sobre la “imposibilidad de dar cumplimiento al fallo”[45] y, en sede de revisión, reiteró ante la Corte que no acataría la orden judicial en los siguientes términos: “(…) no le corresponde a esta Entidad analizar la historia clínica, ni los documentos soporte, pues dicha decisión recae exclusivamente en la Junta Administradora del fondo en cabeza del Ministerio de Educacion Nacional”[46]. 70. Por su parte, el Ministerio de Educacion Nacional informó al juez de primera instancia que negó las solicitudes del accionante porque “(…) no cumplían con la documentación completa requerida”[47], y en sede de revisión mantuvo dicha postura, al indicar que no tenía “injerencia respecto de las decisiones que se adoptan respecto de la administración del programa Ser Pilo Paga versión 3”[48]. 71. En consecuencia, se descarta que la pretensión haya sido satisfecha por iniciativa propia de los accionados, pues, para la Sala, de no haberse iniciado este trámite, no habrían modificado de manera autónoma su actuar. Para la Sala, lo que sí se configura es un supuesto de carencia actual de objeto por la ocurrencia de una situación sobreviniente, al haberse satisfecho la pretensión con posterioridad y por causas externas al comportamiento autónomo del accionado, con algunas particularidades, relacionadas con el rol catalizador que cumplió la Corte en el presente asunto. 72. Al momento en que este asunto fue seleccionado para revisión por parte de la Corte, la pretensión principal aún no había sido resuelta de manera favorable al accionante. Así, la satisfacción del derecho se produjo principalmente a partir de la actividad probatoria desarrollada durante el trámite de revisión, en particular con la recolección y traslado de la información médica remitida por las instituciones prestadoras de servicios de salud y la EPS Compensar, que permitió acreditar la incapacidad médica del accionante y justificar la suspensión de sus actividades académicas. 73. Como ya se indicó, en escritos presentados por el ICETEX a la Corte el 25 de marzo[49] y el 10 de abril[50], la entidad se mantuvo en la imposibilidad de acceder a la pretensión del accionante. No obstante, tras el traslado de las pruebas, en especial, la historia clínica allegada por la EPS Compensar a solicitud de esta Sala, el ICETEX remitió a la Corte las comunicaciones fechadas el 14[51], 21[52] y 22[53] de abril de 2025, en las que informó su cambio de postura, como consecuencia del análisis de dicha prueba y los trámites administrativos que estaba adelantando para la reconsideración de la decisión inicial. Finalmente, el 30 de abril de 2025[54], comunicó a este Tribunal la aprobación del reintegro del accionante al programa Ser Pilo Paga versión 3, decisión adoptada por el comité técnico y la junta administradora. 74. Una vez satisfecha la pretensión que motivó esta acción de tutela, cualquier orden que pudiera proferir la Corte respecto de los derechos fundamentales invocados carecería de efecto útil, razón por la cual se declarará la carencia actual de objeto por la ocurrencia de una situación sobreviniente. A pesar de lo anterior, la Sala considera necesario emitir un pronunciamiento de fondo, en esta ocasión, por las funciones que cumple este Tribunal en sede de revisión. En particular, se advierte, como se precisa en el análisis del caso, que la actuación de las entidades accionadas desconoció de manera grave el derecho fundamental de petición en su dimensión instrumental, para el acceso efectivo al derecho a la educación superior, en especial tratándose de una persona en situación de discapacidad psicosocial, titular de una protección constitucional reforzada. 75. Por estas razones, la Corte procederá a pronunciarse sobre el fondo del asunto con el fin de: (i) llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que dio origen a la presente acción de tutela y adoptar medidas orientadas a evitar su repetición; (ii) advertir sobre la inconveniencia de que se reiteren hechos similares; y (iii) avanzar en la comprensión del alcance del derecho fundamental de petición en su dimensión instrumental, para la garantía del derecho a la educación superior de las personas con discapacidad, conforme con lo señalado en la sentencia SU-522 de 2019. D. Planteamiento del problema jurídico y tesis de la Sala 76. Si bien el accionante solicita el amparo de sus derechos a la educación, a la salud y a la vida, del análisis de los antecedentes y del estudio de procedencia de la acción de tutela, se desprende que los derechos realmente comprometidos son, de una parte, el derecho de petición, en su dimensión instrumental para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema de educación superior; y, de otra, el derecho a la educación como derecho fundamental autónomo. Esta conclusión se justifica en la medida en que la presunta omisión del ICETEX y del Ministerio de Educación Nacional de valorar integralmente las pruebas allegadas para acreditar una circunstancia excepcional –asociada a una condición médica psiquiátrica– habría impedido injustificadamente la continuidad del proyecto educativo y profesional del actor[55]. 77. Es claro, como se precisó en el apartado anterior, que la pretensión material de la acción de tutela fue satisfecha durante el trámite, lo que genera una carencia actual de objeto por la ocurrencia de una situación sobreviniente. Sin embargo, por las razones que allí se indicaron, la Sala emitirá un pronunciamiento de fondo. En relación con este, el problema jurídico que resolverá la Corte es el siguiente: ¿vulneraron el ICETEX y el Ministerio de Educación Nacional los derechos fundamentales de petición y a la educación del accionante, beneficiario del programa Ser Pilo Paga versión 3, al excluirlo por incumplimiento reglamentario, sin valorar de manera sustantiva la incidencia de una situación de discapacidad psicosocial en el citado incumplimiento? 78. Para resolver el problema jurídico propuesto, la Sala hará referencia, en primer lugar, al rol catalizador de la justicia constitucional en el presente caso, y al derecho a la educación, marco conceptual en el que se encuadra la problemática del asunto. E. El rol catalizador de la justicia constitucional 79. En la sentencia T-209 de 2019, la Corte adoptó un rol activo en sede de revisión, promoviendo lo que denominó un “proceso de interacción significativa” o “diálogo significativo”. Este enfoque desbordó el análisis meramente retrospectivo de los fallos de instancia, y se configuró como un auténtico remedio judicial, centrado en la garantía efectiva de los derechos fundamentales comprometidos, no para promover una decisión, per se, axiológicamente correcta, sino eficaz, en términos de garantía de los derechos. En dicha decisión, la Corte precisó que el rol del juez constitucional como catalizador de dicha interacción debía estructurarse a partir de los siguientes cinco elementos fundamentales: 80. (i) Generación de interacción y recolección de información: el juez puede ordenar la práctica de pruebas orientadas a propiciar una interacción efectiva entre las partes, así como con las autoridades competentes, con el fin de esclarecer integralmente los hechos del caso y habilitar soluciones fundadas. 81. (ii) Participación directa de los afectados: la intervención activa de los titulares de los derechos en el proceso garantiza su facultad de ser escuchados, y fortalece el contenido material de los derechos que se pretende proteger. 82. (iii) Finalidad dialógica de la interacción: el análisis de la faceta prestacional de los derechos no es exclusiva del juez, pues las partes, los titulares de los derechos y los obligados a su garantía o protección están en una posición privilegiada para identificar su nivel de satisfacción y el mecanismo más adecuado para su realización, teniendo en cuenta las limitaciones normativas y fácticas. Esta participación, además, refuerza la legitimidad de las decisiones judiciales y su impacto en la formulación de políticas públicas. 83. (iv) Evaluación razonada de las propuestas: en un escenario de diálogo, durante el trámite de tutela o de revisión, el juez debe valorar la razonabilidad de las alternativas de solución planteadas por las partes para la protección de los derechos involucrados. Si estas superan dicho estándar, pueden ser adoptadas como contenido del fallo. 84. Y, (v) orden de continuidad del diálogo institucional: el juez puede ordenar que las entidades accionadas continúen este proceso dialógico para garantizar la materialización progresiva de los derechos afectados. 85. Aunque en apariencia este modelo podría asemejarse a la tradicional práctica probatoria en sede de revisión, responde a una lógica de construcción conjunta de soluciones, pues esta Corporación no está obligada a practicar pruebas, y aun así, decide hacerlo de manera oficiosa. Ahora bien, la Corte ha señalado que este rol no puede reducirse a la simple validación de las propuestas de las partes, sino que exige del juez constitucional una intervención activa y sustantiva orientada a la protección efectiva de los derechos, incluso mediante la adopción de órdenes distintas a las sugeridas, si ello resulta necesario para cumplir con los mandatos constitucionales. 86. En el presente caso, la Sala desempeñó un papel catalizador que detonó el cambio de posición del ICETEX durante el trámite de revisión. La actuación judicial no buscó simplemente declarar una vulneración, sino promover una solución eficaz, y para ello la Corte no se limitó a ordenar diligencias, sino que asumió una función catalizadora deliberada, y orientada a propiciar una justicia efectiva en el caso concreto. Al momento de ser seleccionada la tutela para revisión, existía una controversia no resuelta entre las partes: el accionante invocaba la protección de su derecho a la educación tras haber sido excluido del programa Ser Pilo Paga versión 3; a pesar de que el juez de única instancia concedió el amparo, la entidad accionada manifestó su imposibilidad de cumplir el fallo. Esta negativa fue reiterada en sede de revisión, hasta que, una vez practicadas pruebas adicionales, en particular, el traslado de la historia clínica del accionante, el ICETEX reconsideró su postura y, mediante comunicaciones fechadas el 14, 21 y 22 de abril de 2025, y, finalmente, del 30 de abril, informó la decisión de reintegrar al estudiante, adoptada por su comité técnico y junta administradora. 87. Este giro fue producto del impulso catalizador generado por esta Sala, en ejercicio de su competencia de revisión, que sirvió para poner en evidencia la flagrante vulneración del derecho de petición ante la ausencia de una respuesta de fondo por parte de las entidades accionadas, y, como consecuencia de ello, del derecho a la educación. El despacho no buscó simplemente sustituir la valoración de la Administración, sino confirmar, a partir de una práctica probatoria dirigida y con enfoque garantista, la existencia de una vulneración constitucional y, al tiempo, su remedio. 88. Se trató, por tanto, de un escenario en el que la intervención constitucional no solo identificó una vulneración a los derechos fundamentales de educación y de petición, este último en su dimensión instrumental para el acceso al sistema educativo superior, sino que, además, propició un remedio razonable y eficaz. Este caso ilustra, en suma, cómo el juez constitucional puede ejercer un rol transformador sin discusiones sobre sus competencias y atribuciones, actuando como garante de soluciones concretas y sostenibles, particularmente frente a sujetos de especial protección constitucional. F. El derecho fundamental a la educación 89. El derecho a la educación, previsto en el artículo 67 de la Constitución Política, ha sido considerado como fundamental por su íntima relación con la dignidad humana, particularmente, con la dimensión referida a la autonomía individual materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección; y con la dimensión de condiciones de vida cualificadas, referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida[56]. 90. La citada disposición prescribe que la educación “es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”. La norma determina, además, que su ejercicio busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura, lo cual, como lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es punto de partida para el desarrollo integral de la personalidad. De esta manera, el derecho a la educación es presupuesto básico para el ejercicio de otros derechos y libertades, en particular, la libertad de escoger profesión u oficio, y tratándose de educación superior, podría serlo del derecho al trabajo y al mínimo vital. Así lo sostuvo la Corte en la sentencia T-236 de 1994: “Como derecho, la educación supone la oportunidad que tiene la persona humana de acceder a la variedad de valores que depara la cultura, que le permiten adquirir conocimientos para alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad, los cuales la colocan en la posibilidad real de participar, en igualdad de condiciones, en el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el del trabajo, que son condición para lograr una especial calidad de vida. La educación, de otra parte, habilita al ser humano para conocer y apreciar racionalmente los principios y valores democráticos y de participación ciudadana previstos en la Constitución”. 91. En ese sentido, puede afirmarse que el derecho a la educación posee un carácter fundamental, ya que constituye un pilar esencial para el desarrollo integral de la persona y su proyección en la vida en comunidad. Su ejercicio no solo habilita el acceso al conocimiento, sino que también viabiliza la construcción autónoma del proyecto de vida, la participación activa en la sociedad y la realización plena de la dignidad humana, entendida como un valor transversal que se materializa en condiciones reales de autonomía, bienestar y respeto. 92. Ahora bien, se desprende del mandato constitucional del artículo 67, que el derecho a la educación tiene una naturaleza dual: es, al mismo tiempo, un derecho fundamental y un servicio público. Esta doble dimensión impone al Estado obligaciones concretas que se traducen en una faceta prestacional con cuatro componentes esenciales: (i) asequibilidad, entendida como la obligación de garantizar la existencia de instituciones educativas suficientes y adecuadas a las necesidades de la población; (ii) aceptabilidad, que exige ofrecer una educación de calidad, pertinente y respetuosa de los derechos de los educandos; (iii) accesibilidad, que implica eliminar barreras para el ingreso y la permanencia en el sistema educativo, asegurando la igualdad de oportunidades sin discriminación; y (iv) adaptabilidad, que ordena ajustar la oferta educativa a las condiciones particulares de los estudiantes, con especial atención a quienes integran grupos en situación de...